El asesinato de la tía y la prima del secretario de Educación, Mario Delgado, es una prioridad en la estrategia de seguridad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin pacificar Sinaloa, la estrategia de seguridad será un fracaso, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al arrancar el gobierno. La incidencia delictiva va bajando; hay menos homicidios dolosos, reportan cada semana. La otra cara es que el gobierno está metido en serios problemas: sus estadísticas son cuestionadas por manipulación –reclasificación de delitos y silencio sobre desaparecidos– y, aún si se otorgara el beneficio de la duda, la calidad de la violencia va creciendo, acercándose a la cima del poder.
Lo último es el asesinato de los familiares del secretario de Educación en Colima, directo en su casa en el centro de la capital, donde un grupo armado las ejecutó. Su tía y su prima eran pasteleras, alejadas de la política y sin problemas con delincuentes, salvo los de muy baja estofa, que según el hermano del secretario, Felipe Delgado, diputado federal del Verde, solo en algunas ocasiones personas de un picadero cercano se había cruzado por la azotea de su casa.
Los reportes preliminares del crimen no apuntan a un asesinato circunstancial, sino uno premeditado al entrar a su casa, en el centro de la capital, bien entrada la madrugada y dispararles repetidamente. Los asesinos huyeron y la policía, alertada por los vecinos del tiroteo, actuó con una rapidez que no se había visto en otros crímenes de alto impacto y que pocas horas después localizaron el vehículo en el que presuntamente se trasladaron los sicarios, enfrentándose con ellos y abatiendo a tres.
Si esto es cierto y no un montaje para desviar los móviles reales del crimen, el asesinato fue ejecutado por un comando, aunque llama la atención que hubiera sido en la madrugada y no a cualquier hora del día, como suelen hacer los sicarios de los cárteles. La diferencia de método abre la probabilidad de que este crimen no haya sido cometido directamente por una organización criminal, sino que se trate de un atentado político, con un mensaje para el secretario de Educación, que está perfilado para ser el candidato a gobernador en Colima.
Informes del gobierno federal elaborados desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador dan sustento a la hipótesis, que mencionan que Colima era controlado –su descripción es “gobernado”–, por un priista influyente que es muy cercano a la gobernadora de Morena, Indira Vizcaíno, que tiene lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla el puerto de Manzanillo, desde donde maneja el tráfico de cocaína desde Colombia –un importante número de contenedores con la droga que llegan ahí, termina en España–, y que es la principal puerta de entrada de los precursores químicos para fabricar metanfetaminas y del fentanilo chino que termina en el mercado estadunidense.
Colima es la entidad con mayor número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. El estado cerró el año pasado con una tasa de alrededor de 50 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, por encima de los estados más calientes del país, como Sinaloa, Guanajuato, Jalisco o Baja California, aunque en números absolutos ocupe el lugar 17. La violencia está directamente asociada con el control del Puerto de Manzanillo, que pelean grupos como el Cártel Independiente de Colima, una escisión del Jalisco Nueva Generación, y el Cártel de Sinaloa, que nunca ha podido apoderarse de esa puerta marítima de entrada estratégica para el narcotráfico.
La eventual llegada de Delgado a la gubernatura, en la hipótesis basada en el informe sobre las vinculaciones del Jalisco Nueva Generación con las más altas esferas de poder fáctico en el estado, es una amenaza para el control histórico que tienen sobre Manzanillo, porque el secretario de Educación ha sido vinculado en investigaciones de la DEA y la Marina mexicana como un operador electoral que benefició y se benefició políticamente del Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones federales en México y Estados Unidos señalan que Delgado manejó exitosamente siete elecciones de gubernaturas para Morena en 2021 con dinero del Cártel de Sinaloa, a través del empresario Sergio Carmona, que operaba una red de huachicol en Tamaulipas, que fue asesinado a finales de aquel año en una peluquería en San Pedro Garza García, Nuevo León. Tras el crimen, su hermano Julio se convirtió en testigo protegido y ha seguido aportando información relacionada con la narcopolítica de Morena.
El hecho que el método de ejecución no se asemeje a la tipología de los cárteles, no elimina los cruces entre política y crimen. Todo lo contrario. Si el origen del asesinato, siguiendo con la hipótesis basada en los informes confidenciales del gobierno, viene del sector político colimense, este se encuentra vinculado con el Nueva Generación, para quienes un gobernador con ligas a Sinaloa no es conveniente para sus fines. El asesinato, en este contexto, sería un aviso político-criminal para Delgado.
No se sabe a dónde llevarán las investigaciones, y menos aún en lo que se concluirá para consumo público. Hemos visto el encubrimiento de asesinatos de alto impacto para evitar que escalen lo que fueron en realidad, crímenes políticos; silencios para que las investigaciones se olviden, o disimulos en tragedias que llevarían a las más altas esferas del régimen, culpando a chivos expiatorios. La expectativa de justicia y esclarecimiento del crimen que reclamó el secretario de Educación, es retórica. Sabe el enjuague del régimen al que pertenece y los costos que tienen las ambiciones políticas hoy en día.

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Las fotografías de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional en sus dos últimas conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump muestran quién tenía la urgencia de hablar con su contraparte. En la penúltima, el 12 de enero, ante las amenazas de intervención militar en México tras la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, Sheinbaum necesitaba disipar el humo y clarificar cosas, por lo que aceptó –por razones desconocidas– comunicarse a través del equipo encriptado del gobierno de Estados Unidos. La última, ayer, lo que sugiere que era Trump quien tenía ahora la urgencia de hablar con ella fue otro símbolo: el equipo de comunicación utilizado fue el mexicano.
No sería para menos. La captura de Bryan Weeding, perseguido por Estados Unidos durante una década por delitos de narcotráfico, se realizó sin informar a las autoridades consulares de Canadá, de donde es súbdito, por un acuerdo secreto entre los dos países cuyo manejo público llevó a una situación, que debieron evaluar, podría quebrarse, agravado por el protagonismo de la fiscal Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel, que aseguraron que Wedding había sido capturado por una unidad de élite suya, desnudando al gobierno mexicano, que repite que no hay operaciones conjuntas en su territorio.
En sus comunicaciones personales sobre la llamada, Sheinbaum y Trump no dijeron nada al respecto. La presidenta buscó recuperar legitimidad ante la opinión pública apoyándose en el mensaje de su contraparte, que la volvía a empapar de miel. En la suya, Sheinbaum fue menos específica sobre los puntos tratados, pero por su lenguaje de cuerpo, que suele ser más claro que su palabra, se veía contenta. No volvieron a hablar de participación militar de Estados Unidos en México, resaltó, buscando sellar con ello cualquier duda sobre acciones conjuntas, cuya negación, al menos pública, es un mantra del régimen.
No se sabe si el arreglo de la llamada fue antes o después de que anoche el periódico The Wall Street Journal, revelara que la captura de Weeding fue una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad mexicanas y la Unidad de Rescate de Rehenes del FBI, que volvió a poner en entredicho a Sheinbaum y a la cooperación entre los dos países. La presidenta, apelando a un acto de fe de quien la escuchara, hizo una negación selectiva a partir del encabezado del diario que hablaba de una “redada” del FBI, pero sin desmentir la sustancia de la revelación, sino confirmando que fue conjunta con los mexicanos. Su versión que se había entregado en la Embajada, quedó 50 metros bajo tierra. Su dicho que no sabía cómo había sido la detención de Wedding, enterrado todavía más.
La llamada de Trump parece un control de daños, porque Patel había ido más allá de sus instrucciones. Sheinbaum lo recibió por petición del secretario de Estado, Marco Rubio, y el propósito era concretar un protocolo de intercambio de información para detener a los líderes restantes de los cárteles, y que de paso fuera testigo de primera mano de cómo la cooperación estaba dando frutos, con la detención de César Alejandro Sepúlveda, El Botox, líder del grupo criminal en la zona limonera de Michoacán, y de Weeding.
Patel y su jefa Bondi tensaron la relación con México, luego que la presidenta había aceptado finalmente, permitir operaciones conjuntas no militares contra criminales en territorio mexicano, que se mantendrían en secreto porque es algo muy costoso frente al ala radical del régimen.
Sheinbaum mantuvo su silencio y negación sobre lo que acordó en privado, y ayer reiteró que el único nivel de cooperación es sobre intercambio de información, volando sin ver el párrafo 14 del despacho del Journal –del que tampoco nadie le preguntó en la mañanera–, que el FBI estaba mapeando otros objetivos en territorio mexicano para realizar operaciones conjuntas con las fuerzas nacionales. El lunes pasado en este espacio se mencionaron tres objetivos sobre los cuales hay planes de acción.
Los acuerdos a los que llegaron los dos gobiernos tienen como contexto la inevitabilidad de que el rechazo mexicano los contuviera. Hace poco más de dos semanas, en comunicaciones informales, les dijeron que habían incrementado los vuelos sobre territorio mexicano a alturas que no alcanzan a registrar sus radares, con el propósito de que estuvieran enterados. A los funcionarios mexicanos les dolió, pero no protestaron. La opción fue autorizar, al menos en forma, que se realizaran.
Funcionarios estadunidenses dijeron que la mayoría de los vuelos de aviones militares y civiles tienen como propósito recolectar información e intervenir las comunicaciones de los grupos criminales, que algunos de ellos realizan a alturas que puedan ser “vistos” por los rastreadores comerciales de aviones. Un ejemplo se dio en la última semana, al ser “visto” por la aplicación Flightradar24 un Poseidón, un Boeing P-8A, que es un avión artillado de reconocimiento y con gran capacidad para recolectar información de inteligencia, sobrevolando desde aguas internacionales las penínsulas de Baja California y Yucatán.
El P-8A Poseidón ha convertido la península de Baja California es una zona de constante recolección de información e intervención de comunicaciones permanente, desde el primer vuelo que se registró en febrero del año pasado, días después de asumir Trump la Presidencia. Salvo en una ocasión conocida, el 3 de febrero pasado, ninguno ha volado sobre territorio mexicano. El viernes anterior voló en la zona de Tijuana –antes llegaba hasta San Quintín, mientras que en la otra punta del país una nave similar voló por Coatzacoalcos, la zona petrolera y Mérida. El martes hubo otro vuelo por Tijuana y uno más en el Golfo hasta Martínez de la Torre, Veracruz.
Los vuelos, que subirán su frecuencia, son las primeras autorizaciones de la presidenta Sheinbaum por las presiones del gobierno de Trump. Con esto, el jefe de la Casa Blanca no tiene que seguirla presionando para que acepte acciones militares en territorio mexicano, porque en la práctica, ya las permitió, aunque no para el combate de criminales, como quiere él, sino para recoger información que les permita a unidades civiles, como la que participó en la captura de Weeding, actuar en este país.
La presidenta Sheinbaum ya no tiene espacio de maniobra, y está cediendo lo menos por más, en términos de interés nacional: dar criminales para salvar el acuerdo comercial norteamericano.

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A la pregunta de cómo describir una mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, con las contradicciones, omisiones, frases inentendibles y zigzagueos como ha caído en los últimos días la conferencia matutina en Palacio Nacional, el ChatGPT, que procesa la información pública que circula en el universo digital, respondió con una sátira, ironías, repeticiones, muletillas, pausas discursivas y el ritmo circular característico del formato:
“Buenos días, buenos días, buenos días. Antes que nada, agradecerle al pueblo de México, porque el pueblo es mucha pieza, porque el pueblo es sabio, porque el pueblo está consciente, aunque hoy no tengamos tiempo para preguntas incómodas, pero mañana, pasado mañana, o cuando sea necesario.
“Vamos a hablar de dos cosas que no son dos cosas distintas, sino la misma cosa: que todo va bien… aunque claramente no todo va bien.
“Porque miren, en la Cuarta Transformación las contradicciones no son contradicciones, son procesos dialécticos de profundización histórica. Es decir: si ayer dijimos A y hoy decimos no-A, en realidad seguimos diciendo A, pero con mayor conciencia. Y eso, compañeras y compañeros, se llama coherencia transformadora”.
La presidenta heredó una liturgia, no un formato. La mañanera no es una conferencia de prensa: es un altar. Es un espacio sagrado donde los datos se bendicen, las gráficas se purifican y las preguntas se exorcizan. Pero, a veces se olvida, los altares funcionan mientras la fe es suficiente o, cuando el púlpito lo ocupa un personaje como Andrés Manuel López Obrador, cínico, vago, con una legitimidad tan sólida que cualquier cosa, por más inverosimil y falsa que fuera, se le resbalaba.
Sheinbaum no es López Obrador; de hecho, nadie en la memoria de los presidentes mexicanos puede llenar la horma de él. La inventó como gobernante de la Ciudad de México, para que no hubiera vacíos de información y que las noticias que llenaban los noticieros de radio matutinos en 2000 de robos a personas y cajeros automáticos, no dañaran la imagen de su autoridad. La volvió plataforma de interloción nacional, y cuando llegó a la Presidencia la volvió una herramienta de propaganda y una hoz para cortarle la cabeza a quien se le atravesara. El modelo se lo impuso a Sheinbaum, sin entender que ella o cualquier otro, no podría manejar una lancha si solo podía conducir un automóvil.
Los resultados lo demuestran. El modelo de comunicación, copia casi pura del obradorista, se ha ido agotando aceleradamente, proporcionalmente, se puede argumentar, al incremento de presiones del gobierno de Donald Trump y al nuevo orden que está dibujando, produciendo un caos sin que la presidenta pueda ordenar su propio caos.
Durante meses, la presidenta ha repetido que México tiene una relación “inmejorable” con Estados Unidos. También ha dicho que hay tensiones e igualmente ha afirmado que no hay tensiones. Luego ha matizado que son tensiones normales, pero después aclara que no son tensiones, sino diferencias de enfoque. Todo al mismo tiempo, como sucedió cuando confirmó sin confirmar que se habían suspendido la ayuda petrolera a Cuba, explicando que la mecánica de la decisión era que “así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió, y en otro tiempo no se envió”.
No es esquizofrenia política. Es la nueva física cuántica del obradorismo tardío: México está bien y mal simultáneamente, hasta que Washington abre la caja de tuercas. Con Trump de regreso al escenario político, la mañanera entró en una zona que no sabe operar: la del poder que no escucha. La mañanera nació para responder a críticos domésticos, no a imperios con aranceles. El gobierno habla con lenguaje mañanero, y Trump responde como potencia.
Sheinbaum dice “no aceptamos presiones”, después cambia a “estamos en diálogo permanente”, y luego sostiene que “no vamos a modificar nuestra política”, para concluir que “estamos revisando mecanismos de cooperación.” La traducción es: no cedemos, salvo cuando cedemos, pero no es ceder es coordinar.
La mañanera, diseñada como monólogo, hoy enfrenta un mundo que exige negociación. Y el monólogo, cuando choca con la realidad, se vuelve eco. Antes, el presidente hablaba y el país discutía. Hoy, la presidenta habla y se mete en problemas. La centralización de la palabra oficial, que le funcionó a López Obrador, hoy no sirve. Aquel era un vago; ella es una profesional. El vago resolvía las cosas toreando todo y riéndose de todo. La científica es una técnica que necesita un equipo que le aporte información de calidad para que tome las mejores decisiones en el contexto en que se encuentre.
No lo tiene. Lo vimos cuando naufragó en las explicaciones inexplicables sobre el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuya tripulación es militar, que hizo un vuelo de rutina a México no para servir de taxi a personal de la Secretaría de Seguridad Pública como le informaron, sino para descargar la valija diplomática y equipamiento para su nueva Embajada en México.
La vimos caer más en la imagen pública cuando para probar que el canadiense Ryan Weeding se había entregado en la embajada estadounidense para enfrentar acusaciones de narcotráfico, se apoyó en una fotografía de él entrando a la misión, que resultó que era producto de la inteligencia artificial, que la obligó a reconocer que su gobierno no tenía idea de cómo había terminado en manos de los fiscales enviados por Washington.
La fórmula se agotó. Las mismas preguntas a modo. Los mismos villanos reciclados. Las mismas gráficas con flechas hacia arriba. Los mismos “vamos muy bien”. Pero afuera de Palacio Nacional, hay una guerra civil entre criminales en Sinaloa y muchos muertos todos los días. Los inversionistas dudan y Trump amenaza. Su partido está partido. La mañanera ya no es un tema de rating y popularidad. Es de credibilidad. Nació como instrumento de control del relato. Hoy es evidencia del descontrol del contexto.
La mañanera dejó de ser instrumento de poder para convertirse en un espacio donde el gobierno se dice a sí mismo que todo está bien. No lo creen ni ellos. La realidad enmoheció la herramienta, pero Sheinbaum, que quiere ser presidenta del futuro sigue optando por un instrumento del pasado. La mañanera fue el corazón del obradorismo, como la conocemos, ha entrado a su fase final, aunque en el régimen no se quiera admitir.

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El sábado pasado, la agencia Reuters informó que el gobierno mexicano estaba analizando si seguiría enviando petróleo a Cuba ante los crecientes temores de represalias de Estados Unidos. El lunes, la agencia Bloomberg reportó que Pemex había suspendido su cargamento de crudo a ese país, sin precisar, porque la empresa y la Secretaría de Energía optaron por el silencio. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó cuidadosamente –no hay registro en sus palabras que admitiera la decisión, o términos como se pospuso, paró o canceló– que, como difundió la prensa extranjera, el crudo mexicano ya no llegará a Cuba, cuando menos por ahora.
Sheinbaum subrayó que era una decisión soberana y que Pemex tomaba sus decisiones a partir de sus propias definiciones y contratos, matizando la justificación de que lo hacía su gobierno por razones humanitarias, con que estas se emplean “en determinadas circunstancias”. Estas circunstancias no fueron precisadas, lo que una vez más, ante las lagunas de información, correrán todo tipo de interpretaciones y señalamientos, sobre todo, por el contexto actual, como un nuevo acatamiento a exigencias del presidente Donald Trump. En este caso, sin embargo, hay información que da la razón a Sheinbaum.
El envío de petróleo a Cuba, así como la contratación de maestros y médicos cubanos en México, ha sido motivo de queja del gobierno de Estados Unidos desde hace varios meses. Haber reforzado los carga-mentos de crudo al régimen de La Habana tras la captura negociada del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principio de año, provocó mucha molestia en el Departamento de Estado y críticas encendidas de legisladores, principalmente los republicanos de Florida que tienen una importante ascendencia en la política de Washington hacia América Latina.
No obstante, la presidenta tenía otras señales. Durante su conversación telefónica con Trump el 12 de enero, el jefe de la Casa Blanca le dijo que como socios estratégicos deberían de mantener políticas alineadas en seguridad, democracia y libertades políticas, que son ajenas a Cuba, por lo que los envíos de petróleo y la presencia de médicos cubanos en México, no era algo con lo que simpatizara, sin que existiera algo más de este extrañamiento, y mucho menos una sugerencia o petición de que se suspendiera lo que estaba haciendo. Las presiones para suspender los envíos existen, pero en otros niveles.
Desde esa conversación telefónica, se comenzó a recalibrar la relación bilateral con ajustes en el tema de la seguridad, la política exterior y la gobernabilidad interna. En materia de seguridad, se intensificó la cooperación con Estados Unidos, que incluyó la autorización para el incremento en los sobrevuelos de naves recolectoras de inteligencia sobre territorio mexicano, que subió de 1 a 2 por mes en promedio, a 4-5 en cada una de las últimas tres semanas. En política exterior se redujeron las posiciones de apoyo irrestricto con el régimen chavista de Venezuela, y reconsideraciones sobre qué posición tomarán cuando, como le dijo Trump en la llamada, tomen acciones en Cuba y Colombia. Por lo que respecta al tema de la gobernabilidad interna, se empezó a revisar a políticos y funcionarios de Morena que podrían ser sujetos de un proceso penal en México, que ha sido la exigencia de Washington. En todos estos temas se busca un trípode estratégico: soberanía, estabilidad política y cooperación.
Dentro de estos nuevos parámetros que han regido los análisis de la presidenta desde mediados de enero, se discutió el tema de los envíos de petróleo a Cuba, a fin de reducir las fricciones existentes con el Departamento de Estado, de los legisladores de Florida cercanos al secretario Marco Rubio, y de filtraciones en los medios que le cierran espacios de maniobra. Resultado de esas deliberaciones fue la decisión presidencial de suspender los cargamentos.
La presidenta tomó, quizás por primera vez, una decisión a favor del país y no de la agenda de Morena. Si bien tenía suficientes razones políticas para ello, también hay una razón económica de fondo. Estados Unidos, como dijo en su momento el secretario de Energía, Chris Wright, como secuela de la conversación telefónica de Trump con Sheinbaum, que no existía una petición formal de su gobierno para que México dejara de enviar petróleo a Cuba, jugando con un doble discurso que, al final del camino, perjudicaría a México y a ella la pondría en aprietos internos.
Estados Unidos selló a Cuba para que no pudiera recibir ningún barco con petróleo del mundo, salvo de México. Hace unos días desvió el buque cisterna Mia Grace cargado con petróleo crudo que salió el 19 de enero de Lomé, la capital de Togo en el Golfo de Guinea en África, con destino a La Habana, hacia al puerto de Haina en la República Dominicana. El crudo mexicano Cuba no era suficiente para satisfacer la demanda cubana –solo resuelve, máximo, el 40 por ciento de sus necesidades–, con lo que se profundizaría la merma en Pemex por miles de millones de dólares, que necesita Sheinbaum para otras prioridades políticas, como programas sociales.
En unas cuantas semanas, Pemex estaría más hundido que hoy, su calificación, pegada a la soberana, estaría en riesgo, y la explicación doméstica del por qué seguía otorgando una “ayuda humanitaria” a Cuba a costa de necesidades urgentes en México, como medicinas, golpearía su popularidad, que aunque va en picada no se refleja en las encuestas porque un pool de casas demoscópicas están al servicio de Palacio Nacional.
La decisión de Sheinbaum fue estratégica. Paradójicamente, alineando los intereses a Estados Unidos, también se separó de sus planes. Funcionarios estadunidenses sostienen que el cambio de régimen en Cuba estaría cocinado para fin de año, y la razón de ese plazo tiene que ver con las acciones para lograr un cambio, quizás pactado, pero sobre todo pacífico. México, sin saberlo Sheinbaum, tenía un rol a jugar: darle el aire suficiente a la sociedad cubana para evitar una crisis social. Era un tanque de oxígeno, porque como dijo un funcionario estadunidense, “el caos necesita orden”. Sin darse cuenta, le estaba haciendo el trabajo sucio a Washington.
Eso, al menos por ahora, no va a suceder. Washington tendrá que encontrar como darle un cauce al descontento sin deshidratar a la sociedad por completo, y México, con esta decisión, se quita presiones, alinea políticas y mantiene la soberanía.

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El Partido del Trabajo, el PT, está enviando señales a la presidenta Claudia Sheinbaum de lo que son capaces si no le cumple sus deseos de entregarle las candidaturas a las gubernaturas de Baja California Sur y Zacatecas que se jugarán en 2027. Este domingo se movilizó en Oaxaca para impulsar la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, cuyos resultados lo mantienen en vilo cerca del 30 por ciento de los votos computados. El músculo que mostró el PT debe ser visto como parte de una estrategia para imponer condiciones en la reforma electoral, un chantaje que se hace inaceptable.
El PT es un dolor de cabeza para la presidenta que le puede crecer porque su presencia política está preocupando en Washington. Que no se reduzcan o desaparezcan diputaciones, una de las propuestas, es una cosa; que ese partido se quede con las gubernaturas, es otra. La negociación con el PT, para hablar con mayor claridad, no las debería de hacer Morena, sino el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que debería sentarse en la mesa con los expedientes de sus líderes, y en especial, quien está cabildeando las gubernaturas, el diputado José Narro Céspedes.
Narro Céspedes es figura central en una de las investigaciones más importantes que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la narcopolítica en México, por sus presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En México está protegido por la impunidad que se le construyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la desaparición en 2022 de dos marinos que formaban parte de su escolta.
Los marinos eran oficiales de inteligencia que lo estaban investigando, y cuya desaparición aún sigue sin aclararse. El exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, nunca hizo nada por resolverlo; el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, investigó y encubrió. El actual secretario de la Marina, almirante Pedro Raymundo Morales, se mantiene callado.
La investigación de las agencias de inteligencia estadunidenses se enfocan en la forma como a través del PT se está dando, consideran, una redistribución de poder entre los dos cárteles más poderosos del mundo. La investigación, aunque involucra a algunos de sus líderes –varios legisladores en la actualidad–está centrada en Narro Céspedes, con documentos que prueban que entregó una credencial del partido a Óscar Medina, apodado El Panu, que fue asesinado en un restaurante de la Zona Rosa en la Ciudad de México en diciembre.
El Panu fue señalado por las autoridades como un operador de Los Chapitos, pero de acuerdo con la investigación, era mucho más que eso: compadre de Iván Archivaldo Guzmán, el heredero de su padre Joaquín El Chapo Guzmán, en el Cártel de Sinaloa que vive una guerra fratricida, responsable del aparato militar de esa facción, y de las rutas de drogas hacia los puertos de Amberes en Bélgica, Lisboa en Portugal, y Rotterdam, el principal puerto de Europa, en Países Bajos.
Narro Céspedes aspira a la candidatura del PT a la gubernatura de Zacatecas, que es la línea de contención entre Los Cabrera, que forman parte de la facción de Ismael El Mayo Zambada, dentro del implosionado Cártel de Sinaloa, que tienen su centro de operaciones en Durango. En Zacatecas los estadunidenses tienen intereses en la mina de oro más grande de México, operada por Fresnillo pic., que está incorporada en el Reino Unido, aunque la preocupación principal es que consideran que la llegada del diputado a la gubernatura, tendría como deriva el control del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado y en las rutas de distribución hacia el norte y este del país.
La relación del diputado es con diversos grupos criminales, según la investigación estadunidense. Así como en Zacatecas se inclina por el Nueva Generación, en otras partes del país lo hace por Los Chapitos, a quienes también entregó, como a El Panu, credenciales de metal del Senado, de las cuales tienen fotografías. La otra pieza que busca el PT es Baja California Sur, que pelean las dos facciones del Cártel de Sinaloa, aunque Los Cabos, un destino turístico del jet set internacional, es territorio único de Los Chapitos.
El PT está perfilando a la gubernatura al presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, hijo del exgobernador Narciso Agúndez. Detrás de él, su pilar es el oficial mayor del municipio, Carlos Beltrán, que repitió en el cargo. Beltrán, de acuerdo con la investigación en Estados Unidos, fue piloto de Los Chapitos hace unos seis años, aunque no trasladaba drogas sino personas, y es parte estructural del crimen organizado, una imputación que públicamente sólo ha surgido en mantas, que han sido ignoradas por las autoridades locales.
La investigación en Estados Unidos señala abiertamente que el PT es el vaso comunicante con el crimen organizado por lo que, de acuerdo con un funcionario, sus posiciones como parte de la negociación sobre la reforma electoral, solo escalaría el conflicto con la Administración Trump. Las relaciones oscuras del partido con el crimen organizado no son nuevas. Por ejemplo, abanderaron a Ana Karen Val Medina para que fuera presidenta municipal de Elota, Sinaloa, que adquirió notoriedad cuando en un evento con alcaldes el expresidente López Obrador la persiguió hasta tomarse una foto con ella. Val Medina es esposa de René Bastidas, el Doble 00, señalado en la prensa como un lugarteniente de Los Chapitos.
El PT es el primer partido al que las investigaciones en Estados Unidos ubican como instrumento del crimen organizado, sin que esto signifique que todos sus miembros estén involucrados o que sepan de esas relaciones peligrosas. García Harfuch, de acuerdo con fuentes estadunidenses, tiene expedientes sobre Narro Céspedes y otros líderes del partido presuntamente relacionados con los cárteles, algunos generados por la inteligencia mexicana y otros por la de ese país.
La reforma electoral se ha convertido en un tema prioritario en estos momentos para la Administración Trump por la forma en que detectaron la complicidad de líderes del PT, en particular, para abrirle la puerta a los cárteles al poder en Zacatecas y Baja California Sur, dejando entrever el conflicto con Washington que para la presidenta Sheinbaum signi-ficarían las concesiones al PT , lo que probablemente no alcance a ver todavía.

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La notificación de la Administración Federal de Aviación por una “situación potencialmente peligrosa” en aguas del Pacífico y Centroamérica por operaciones militares e interferencia del GNSS, las siglas en inglés de Sistema Global de Navegación por Satélites –que incluye geolocalizadores GPS estadunidenses, el Beidou chino, el Galileo europeo y el GLONASS ruso–, no es como la advertencia que hizo Estados Unidos antes de atacar a Venezuela.
Aquel hablaba de operaciones aéreas sobre territorio venezolano, especialmente en la zona del aeropuerto de Caracas; el reciente se refiere a acciones desde aguas marítimas internacionales, con una tecnología que provoca interferencias en las comunicaciones, utilizadas en conflictos armados, como en Ucrania.
La notificación, en el contexto de las amenazas de acciones militares de Estados Unidos contra objetivos en México, provocó ansiedades y miedos en este país, respondidos con aclaraciones de las autoridades mexicanas señalando que era únicamente para aerolíneas estadunidenses. Es cierto, pero no significa que las operaciones militares estadunidenses pudieran respetar naves de otros países. De acuerdo con funcionarios estadunidenses, confirmado por mexicanos, esas acciones sí son preámbulo de ataques sobre objetivos específicos en nuestro territorio, con conocimiento y aprobación, incluso cooperación, del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Los funcionarios estadunidenses dijeron que hay tres objetivos en México: en Baja California, sin especificar dónde; en Mazatlán, Sinaloa, y en otro punto no determinado donde supuestamente se encuentra Nemesio Oceguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los primeros dos objetivos, según funcionarios de ambos países, son diferentes al abatimiento de un jefe criminal, pero con un alcance estratégicamente crucial: desmantelar la red de lavado de dinero de los cárteles de las drogas que está utilizando la criptomoneda, USDT, emitidas por la empresa Tether Limited.
De acuerdo con los funcionarios mexicanos, los estadunidenses llegaron a esos objetivos en México dentro de sus investigaciones globales sobre esa moneda digital que está respaldada por el llamado dinero Fiat, reconocido como legítimo para el intercambio de bienes y servicios, que no depende del respaldo de un bien físico como el oro, sino de la aceptación para ser utilizada para pagos. El USDT mantiene un valor de un 1.1 dólares o su equivalente en activos, que tiene como propósito reducir la volatilidad de otras monedas digitales.
Las autoridades estadunidenses, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Inteligencia, entraron al mercado de esa criptomoneda al encontrar que es la que estaban utilizando grupos terroristas y cárteles de las drogas, y le pusieron un cebo digital para lograr su trazabilidad. De esa forma, precisó un funcionario mexicano, detectaron dos de los principales nodos para las operaciones criminales, en Baja California y en Mazatlán. Los expertos estadunidenses descubrieron que las transacciones se estaban realizando a través de un popular videojuego, en donde no jugaban, pero utilizaban sus micrófonos para hablar y negociar porque no podían ser intervenidos.
De acuerdo con la información de las operaciones, los ingresos de negocios criminales los radicaban en USDTs, creadas originalmente para transacciones transfronterizas, que se convirtieron en un método de operación criminal por el anonimato de quienes las realizan, y que eran enviados a una billetera fría de criptomonedas que, al no conectarse a la red de internet ni actuar con los llamados smart contracts, los contractos inteligentes que facilitan y aceleran las transacciones, no eran potenciales víctimas de hackeos.
Las billeteras frías solo se utilizan para el envío y recepción de activos. De la billetera fría, en cuestión de segundos, se colocan en una billetera caliente, que sí está en línea y permite realizar contratos inteligentes a través de plataformas que se conocen como “Exchange”, mediante la cual se compran, venden o intercambian criptomonedas. Las autoridades de ambos países tienen una lista de mexicanos, varios de ellos de la comunidad judía, que manejan los “Exchange” que son utilizadas por las organizaciones criminales, y que son parte de lo que quieren neutralizar y acabar los estadunidenses.
Según una fuente estadunidense, la notificación de la FAA alertó a las aerolíneas comerciales estadunidenses –que deberían de tomar en cuenta las mexicanas y de otros países que vuelen por la zona señalada– porque comenzaron la operación para atacar los nodos en un momento no determinado, pero por lo que anunciaron tienen una ventana de 60 días. No ha trascendidio el papel que está jugando el gobierno mexicano en esta primera parte de la operación contra las redes de financiamiento y lavado de dinero de las organizaciones criminales.
La segunda parte de la operación tiene como objetivo El Mencho, líder de la organización criminal que más preocupa a Estados Unidos y México, de la que existen también indicios de que tiene pensado actos terroristas durante el Mundial de Futbol este verano. No se ha precisado en dónde se encuentra Oceguera, pero funcionarios estadunidenses habían advertido hace dos semanas que estaba definido un ataque con drones en Michoacán, sin especificar en qué zona.
El jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido muy elusivo. En 2021, gracias a un pitazo de la Guardia Nacional, logró evadir un operativo federal en los límites de Guanajuato con Jalisco, y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la inteligencia de la Marina lo ubicó en el municipio de El Grullo, al suroeste de Jalisco, pero cuando pidió autorización para capturarlo, el expresidente la negó y solo permitió que lo mantuvieran bajo vigilancia. Esa fue, aparentemente, la mejor oportunidad que se tuvo para detenerlo. En el gobierno de Sheinbaum los operativos contra esa organización criminal se han incrementado, alineando los intereses estratégicos con Estados Unidos para una operación que logre neutralizarlo.
Los ataques contra los tres objetivos en México fueron diseñados de manera unilateral en Washington, pero se han sumado, en conocimiento, información y posiblemente operación, las autoridades mexicanas. El grado de participación y funciones que pudieran tener las fuerzas de seguridad de México se desconoce, pero no las han mantenido los estadunidenses en la oscuridad, como en otros momentos.
Sería difícil hacerlo, y colocaría Estados Unidos al gobierno de Sheinbaum en un problema más grave que la captura de Ismael El Mayo Zambada, porque significaría un ataque en territorio mexicano donde sin existir una colaboración, sería una violación flagrante de la soberanía que obligaría a la presidenta a tomar acciones de retaliación en perjuicio de los dos países.

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Oxfam, la confederación de organizaciones en el mundo que lucha contra la desigualdad y la pobreza, volvió a sacudir las conciencias con un nuevo reporte dado a conocer esta semana. En el último año, la riqueza de los multimillonarios subió 16 por ciento con respecto a 2024, y creció tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años, como nunca lo había hecho en su historia. Su riqueza ha crecido 81 por ciento desde 2020, mientras en el mundo que co-habitan, con más de ocho mil millones de personas, una de cada cuatro no tienen que comer y casi la mitad viven en la pobreza. La desigualdad es insultante y alarmante.
El reporte Resistiendo el gobierno de los ricos; defendiendo la libertad, menciona el choque entre la crítica a la forma como viven los ricos y la réplica de que los motiva la envidia. “Sin embargo”, subraya, “mucha menos gente estaría en desacuerdo con que cuando un multimillonario usa su riqueza para comprar a un político, influir en un gobierno, ser dueño de un periódico o una plataforma de redes sociales, o para proscribir a la oposición para asegurarse de estar por encima de la ley, estas acciones socavan el progreso y la justicia”.
Este poder, resaltó Oxfam, otorga a los multimillonarios el control sobre nuestro futuro, socavando la libertad política y los derechos del resto de nosotros. Las nuevas cifras de la organización sobre las disparidades son monumentales. Las transferencias de la riqueza pública a la privada en 50 años –carreteras, vivienda, hospitales y escuelas, por ejemplo–, ocasionaron que el 1 por ciento de los más ricos tengan 300 por ciento más dinero que el resto del mundo, y que si la brecha creció de 36 billones de dólares en 1975, a casi 435 billones en 2024, en 50 años habrá aumentado a casi 900 billones, que para ver gráficamente lo que significan, basta con ponerlo en cifras: 900,000,000,000,000.
El reporte de Oxfam fue dado a conocer durante el Foro Económico Mundial en Davos, y en su agonía al finalizar esta semana, dio a conocer una encuesta con tres mil 900 multimillonarios en los países del G20, que son las 20 economías más fuertes del mundo, entre las cuales se encuentra México, donde los 14 más ricos concentran el 8 por ciento de la riqueza nacional. La encuesta fue encargada a la empresa Survation for Patriotic Millonaires, fundada por un grupo de estadunidenses ricos que luchan por un sistema fiscal justo, salarios que le permitan el bienestar a la clase trabajadora de su país, y por un acceso al poder político mediante condiciones de competencia equitativas.
Los resultados son sorprendentes en sus percepciones sobre cómo pesan e influyen los multimillnarios sobre los políticos, y por ende, las políticas públicas, las decisiones y el futuro de miles de millones de personas. El 71 por ciento de ese grupo piensa que con su riqueza pueden influenciar los resultados de las elecciones, pensando probablemente, por la batería de preguntas que se les formularon sobre Donald Trump, en este empresario que se abrió el camino a la Casa Blanca en dos ocasiones.
El 81 por ciento de los encuestados estimó que quienes más tienen, más posibilidades tenían de acceder a políticos por la vía del dinero, mientras que el 77 por ciento cree que junto con ello, podían “comprar” influencia política. Aunque no lo señala la encuesta –porque no fue una pregunta que se formulara–, la suma de los dos resultados sugiere que la forma como se logra es mediante sobornos y prebendas. Esto sucede y varios presidentes y primeros ministros han caído por corrupción, como los latinoamericanos Luis Inazio Lula da Silva, Cristina Fernández y Alberto Fujimori, o los franceses Jacques Chirac, Nicolás Sarkozy, el austriaco Sebastian Kurst y el portugués Antonio Costa. En Asia también hay casos, aunque Corea del Sur, con tres líderes depuestos por corruptos, encabeza la lista global con el mayor número de gobernantes tocados por el dinero.
Los resultados de la encuesta parecen apuntar hacia una especie de remordimiento. Por ejemplo, en una escala de más del 60 por ciento, los multimillonarios encuestados consideraron que la extrema riqueza es dañina para la democracia y afecta negativamente la vida de miles de millones en el mundo, y el 69 por ciento sostiene que su influencia sobre los políticos prevé que tomen acciones para abatir la desigualdad, lo que sugiere cómo frenan acciones regulatorias, laborales y fiscales.
El 62 por ciento, o seis de cada 10 encuestados, consideraron que la riqueza extrema, por el mal uso que se le ha dado, es perjudicial para la democracia, para los medios de registro y para la confianza social. Al mismo tiempo, el 60 por ciento admite que le impide a la gente tener una vida “decente”, y 71 por ciento piensa que le da ventajas a sus hijos, por encima del resto, lo que es un determinante de vida, porque esto significa salud, alimentación, educación y ruedas para que incursionen al mercado laboral sin mayor problema y con los privilegios de esa clase de élite.
Ocho de cada 10 estuvieron de acuerdo en limitar cuánto dinero podrían recibir los políticos y los partidos políticos de individuos, aunque la pregunta se enmarcaba en la disposiciones legales en cada país, y no en el dinero sucio para los políticos. Al mismo tiempo, seis de cada 10 creen que los políticos tendrían que hacer mucho más por encontrar formas para reducir la desigualdad, como subir impuestos a los más ricos (65 por ciento) para que con esos recursos hubiera inversiones públicas que redujeran el costo de la vida. Solo el 17 por ciento se opone a esta idea.
Sin embargo, esta mea culpa, por sí sola, no produce los cambios que aceptarían llevar a cabo. Amitabh Behar, un indio experto en derechos humanos, desigualdad, democracia y rendición de cuentas gubernamental, actual director ejecutivo de Oxfam, describió el reporte como “una dura acusación” de lo absurda que es la actual brecha entre los oligarcas y el resto de la humanos. “Los gobiernos deben implementar impuestos a los superricos ya, y priorizar la reducción de la desigualdad”, agregó. “El mundo no puede continuar en esta trayectoria obscena”.
Para esto se necesita algo muy simple, pero que representa para muchos líderes, una enorme muralla para escalar: voluntad política para cambiar este destino que hoy se antoja manifiesto.

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Es muy triste verlo, pero es una realidad: en el momento de las grandes definiciones y decisiones, la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo chiquita. En el concierto de líderes, que en el Foro Económico Mundial en Davos están dando la batalla política, diplomática y narrativa contra Donald Trump, nuestra presidenta parece como si hubiera optado por esconderse para que no la viera nadie, ni la extrañara, ni alterara, principalmente, el humor del jefe de la Casa Blanca. Cambió Davos, donde se discute el futuro del mundo, por su mañanera, para discutir el mundo, pero asegurándose de que nadie la oyera.
El tamaño de nuestra presidenta, porque lo es de todos los mexicanos, se vio muy contrastado ante un espejo cercano, el de Mark Carney, el primer ministro de Canadá y el tercer socio comercial norteamericano, que pronunció un discurso el miércoles que al terminar, en algo que rara vez se ha visto en los 55 años de historia del Foro de Davos, fue aplaudido de pie por los líderes y presidentes de las más importantes empresas del mundo. Sheinbaum, en la más grande metáfora de sus contradicciones, elogió el mensaje de Carney.
“Las potencias medianas deben actuar unidas porque si no estamos en la mesa (de las negociaciones), estamos en el menú”, dijo Carney, mientras aquí, Sheinbaum pagaba un nuevo tributo a Trump para que no se enoje con ella: 37 narcotraficantes de tercera división desterrados a cárceles estadunidenses. Ya van 92 en un solo año y, al tiempo que se le están acabando criminales de relevancia para entregar, sigue cediendo ante sus exigencias. Lo único a lo que se resiste, todavía, es a iniciar un proceso contra alguna de las figuras de Morena vinculadas al narcotráfico, porque no quiere y, también porque no puede por la molestia que podría causar en Palenque.
De la cabeza fría de la que tanto se habló en el mundo y aquí se sigue presumiendo, ya pocos se acuerdan. Vistos los resultados, no sirvió para evitar aranceles ni amenazas, aunque sí para que no la insultara públicamente. La ha humillado, pero no con gritos como a muchos otros, aunque debe sentirse incómodamente tranquila –sus paleros siempre resaltan las palabras de Trump sobre ella–, porque expresiones similares ha hecho sobre Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, que hoy es un títere del presidente estadunidense, y María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, a quien también ha maltratado.
Carney, que como su antecesor Justin Trudeau enfrentó a Trump, está luchando por darle viabilidad a Canadá como nación soberana, sabiendo de los costos a su persona. Ayer mismo, Trump le dedicó unas líneas de su discurso para decirle que su país recibía muchas prebendas de Estados Unidos por lo que debería ser agradecido. “Recuerda”, agregó, “Canadá vive gracias a Estados Unidos”. Le dolió a Trump que le dijeran las cosas directas, pero Carney, a diferencia de Sheinbaum, está tomando decisiones. Llegó a Davos desde China, a donde no se había parado un primer ministro canadiense en 23 años, donde firmó un acuerdo comercial estratégico. Carney no ha parado. Ha realizado 60 viajes internacionales para fortalecer las relaciones comerciales. En tanto, Sheinbaum recorre México ofreciendo cosas que no va a poder cumplir porque no habrá dinero, y poniendo en riesgo la viabilidad del régimen en el largo plazo.
Trump trata casi igual a Sheinbaum que a Carney, denostando a quienes lo confrontan y a quienes se callan. Davos ha mostrado que la última frontera de un líder es la dignidad contra la sumisión. “cada día nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad de los grandes poderes”, dijo el canadiense en su discurso. “El orden basado en las reglas se está desvaneciendo, donde el poderoso puede hacer lo que quiera y el débil debe sufrir lo que deba”. Sus palabras debieron haber resonado en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, pero no parece que como parte de un ejercicio de autocrítica.
Carney, que no mencionó a ningún líder por nombre, criticó a muchos por no defender los intereses nacionales de su país. “Hay una fuerte tendencia de algunos países de avanzar de la mano y llevarse bien, para acomodarse, evitar problemas, esperando que la obediencia les comprará seguridad. No lo hará”. Mejor experiencia de la que vivimos en México para entender las palabras del primer ministro, puede no haber en el mundo. La justificación de los voceros de Sheinbaum es que por más que se haga, Trump es incontenible.
Es cierto. Es un búfalo que corre y embiste a la velocidad del sonido. Es cierto que la asimetría de México con Estados Unidos no se parece a la de Canadá. Pero la lucha que han hecho Trudeau y Carney por acomodarse y sobrevivir en un nuevo orden internacional, como el que ha planteado Trump, está muy lejos de la postura de Sheinbaum que no está buscando acomodarse a esta realidad de nuevos arreglos y ajustes geopolíticos, sino aceptar los designios del jefe de la Casa Blanca y buscar si aún le quedan espacios de maniobra antes de entregar la plaza sin pelear.
Sheinbaum no fue a Davos, que en este espacio se criticó la semana pasada por dejar escapar una oportunidad política y de negocios, y con lo que está sucediendo en el Foro, hubiera sido contraproducente. No tiene argumentos para defender su posición. El discurso de soberanía le sirve localmente para la gradería, pero no funciona ante los líderes en Davos, que defendiendo su soberanía le hablaron a Trump con dignidad, entereza, y dispuestos a plantear su diálogo como en el juego de la gallina de la Teoría de Juegos sobre confrontaciones de alto riesgo.
Su actitud ante Trump hacía imposible que saliera de Davos con credibilidad. Sheinbaum no tiene un mensaje que concilie sus palabras con sus acciones, ya no como el de Carney, sino de otros líderes que con retórica menos encendida, han expuesto sus diferencias con Trump sin romper con él. Tampoco tiene el arrojo y la determinación. Una jefa de Estado acotada dentro y débil fuera. Sin consenso interno, ni siquiera en su partido, ni fuerza afuera. Qué triste y lamentable en momentos cruciales para el futuro de todos, porque parafraseando a Carney, México ya es parte del menú de Trump.

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A finales de la semana pasada la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, cesó al ministro de Industria, Alex Saab, a quien la fiscal chavista Luisa Ortega, forzada a exiliarse por una persecución del régimen de Nicolás Maduro, acusó en 2017 de haber tenido “contratos turbios y jugosos” con el despuesto presidente. Fue la primera gran sacudida en ese régimen tras la intervención de Estados Unidos a principio de año, para beneplácito de la Administración Trump y gran preocupación, si existe noción de la realidad, para empresarios mexicanos y al menos dos miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Saab fue sancionado en 2019 por el Departamento del Tesoro por haberse beneficiado de orquestar una vasta cadena de corrupción que facilitó que Maduro y su régimen se enriquecieran de importaciones de alimentos con contratos a sobre precio para el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social que inició Hugo Chávez. Una de las empresas mexicanas que participó en la venta de alimentos para las llamadas Claps fue el Corporativo Kosmos, el grupo familiar que maneja Jack Landsmanas Stern, y que hasta hace muy poco, a través de sus relaciones personales con altos funcionarios del gobierno de Sheinbaum, se había convertido en uno de los empresarios favoritos del régimen. Ya no.
Landsmanas está en la mira de los gobiernos de México y Estados Unidos. Aquí, desde los últimos meses de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General, se abrió una investigación en donde el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe Gallo, había incluido por su presunta complicidad a la actual secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, que trabajó en el corporativo; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a quien el padre del empresario veía como un hijo.
La familia Landsmanas monopolizó durante años la distribución de alimentos en las cárceles mexicanas, pero en los últimos años, a través de sus contactos con el régimen obradorista, expandieron sus negocios. Gertz Manero, de acuerdo con funcionarios consultados, nunca detalló en Palacio Nacional los alcances de la investigación, que produjo una denuncia en donde no figuraba Scherer –que es persona de interés en Estados Unidos–, pero estaba incluido el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, con quienes el fiscal y Gallo tenían viejas cuentas pendientes.
La denuncia es por financiar al terrorismo, que es la categoría bajo la cual el gobierno estadunidense están investigando a Landsmanas, por su relación con el régimen de Maduro a través de Saab. El vínculo entre Landsmanas y Saab no es necesariamente una relación personal, ni una sociedad directa formalmente establecida entre ambos, sino que aparecen mencionados en la misma investigación sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos del programa CLAP. Otras empresas mexicanas también vendieron alimentos a Venezuela dentro de las cadenas de suministro que organizó Saab a través de intermediarios offshore, pero no hay información de estar sujetas a investigación en México o Estados Unidos.
Landsmanas ha negado cada vez que su nombre resurge en el tema de los CLAP tener una relación con Saab o estar en negocios ilícitos. Pero la imputación en su contra es resultado de la designación del Cártel de los Soles venezonalo en noviembre del año pasado, como organización terrorista, en donde se precisa que quien haya tenido o tenga relación de cualquier tipo con una entidad clasificada como tal, también es sujeto de investigación y proceso.
Aunque no se ha especificado, la destitución de Saab vuelve a abrir el caso contra personeros del régimen madurista y sus relaciones en América Latina, que es la segunda fase que esperan en Estados Unidos obtener de las declaraciones del expresidente. Luego que Saab, colombiano de nacimiento, fue acusado por la exfiscal Ortega, su abogado radical de derecha y cuya familia estuvo relacionada con grupos paramilitares en Colombia, Abelardo de la Espriella, le sugirió que comenzara a hablar con la DEA. Así lo hizo y prometió que entregaría información sobre el régimen de Maduro y sus negocios y conexiones criminales. De la Espriella es el principal candidato de la oposición colombiana para la Presidencia.
Saab, de acuerdo con fuentes estadunidenses, estuvo posponiendo la entrega de la información hasta que Washington dio otro paso: la CIA infiltró a su piloto, que les informó que viajaría a Irán, con escala en la Isla de Sal, donde se encuentra el aeropuerto de Cabo Verde, un archipiélago en el Atlántico africano, donde Interpol lo detuvo en 2020 por el delito de lavar dinero para Maduro, y fue extraditado a Estados Unidos, donde junto con su socio, el también colombiano Álvaro Pulido, fue acusado de operar la cadena que proveía de alimentos para el programa CLAP del régimen venezolano.
Aquella red de operaciones de compra y venta de alimentos con sobreprecios y triangulaciones financieras entre empresas offshore y proveedores locales en México, detonó una investigación de la Fiscalía General en 2019 contra 23 empresas por lavado de dinero, vinculadas a las Claps. Un año antes, la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto, dijo que habían encontrado un esquema fraudulento con operaciones inusuales de empresas mexicanas –que no identificó–, que vendieron productos de baja calidad a sobre precio a Venezuela.
El esquema se frenó, pero como reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción en 2021, una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los dos primeros años del gobierno de López Obrador, que se frenó abruptamente cuando Estados Unidos desmanteló el mecanismo de lavado de dinero que involucraba a Saab con empresarios mexicanos.
Saab era tan importante para el régimen de Maduro, que negoció con Estados Unidos a finales de 2023 que lo regresaran a Caracas a cambio de 10 estadunidenses encarcelados. Maduro lo hizo ministro de Industria y la red criminal que construyó con México parecía olvidada. No lo fue. Por razones desconocidas, Landsmanas y el Grupo Kosmos se colocaron en la mira del gobierno de Sheinbaum tiempo antes de imaginarse lo que iba a suceder en Venezuela. Los estadunidenses, empero, tenían apuntadas sus baterías desde antes, contra él y los secretarios mexicanos.

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Es público que la clase política de Morena dejó de viajar a Estados Unidos. Aunque las recomendaciones para evitar viajes no necesarios a ese país surgieron en el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la preocupación y el miedo se materializó con las primeras cancelaciones de visas a políticos, comenzando con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en mayo del año pasado. Hasta hoy, más de 100 mil visas a funcionarios y políticos mexicanos y mexicanas han sido canceladas. Y seguirán creciendo.
Hay más visas canceladas de personas que sin estar en la política, tienen relación con figuras públicas. Personas que vivieron ese tránsito han descrito cómo al llegar a Estados Unidos han sido llevados a un cuarto en el aeropuerto donde agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Interna los han interrogado sobre sus relaciones con funcionarios y exfuncionarios a los que tienen bajo investigación. En algunos casos los interrogatorios han durado seis horas, al término de los cuales han sido deportados. En otros, en particular del círculo familiar de López Obrador, les han permitido la entrada pero han tenido que acudir a oficinas del FBI en Dallas, particularmente, para interrogatorios informales.
Las visas, comentó un funcionario estadunidense, se han convertido en un certificado de honestidad para los mexicanos. En ese sentido, la recomendación que le hizo a López Obrador el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, que se le hizo extensiva a varios miembros del gabinete, líderes de Morena y gobernadores, indirectamente reconocía que en sus filas había deshonestos que podrían tener problemas si buscaban entrar a Estados Unidos. El número de visas que cancelaría el Departamento de Estado ascendía a 300, entre funcionarios y exfuncionarios en los tres niveles, así como miembros de partidos, sindicalistas y personas en general, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. El temor entre funcionarios y políticos, notoriamente de Morena, se deriva de que están viendo acciones concretas en la cancelación de visas, que solo en un número reducido de suspensiones se ha hecho público. La revocación de visas se realiza de manera discrecional por parte del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Interna que se establece caso por caso, de acuerdo con la proclamación del presidente Donald Trump que restringe la entrada de “ciertos” extranjeros para prevenir “amenazas de seguridad nacional y de salud pública”.
La cancelación de visas es resultado de un proceso iniciado en el gobierno de Trump donde se han revisado los antecedentes de cientos de figuras públicas y sus relaciones con el crimen organizado, que en el pasado, aunque existía la información, no se había tomado la decisión política de actuar, como señaló una fuente estadunidense. En la clase política del régimen, públicamente minimizan, niegan o caricaturizan que existan listas negras en Washington, pero en los hechos, han optado por no viajar a Estados Unidos. Diplomáticos estadunidenses han entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum varias listas de miembros de su partido vinculados con los cárteles de las drogas, y le han pedido que actúe, pues de otra manera, el Departamento de Justicia podría hacer pública una imputación y pedir la extradición.
Entre los nombres de las principales figuras en las listas que han entregado se encuentran gobernadores, legisladores, secretarios de Estado y líderes de Morena. La cancelación de las visas no ha tenido como objetivo central imputarlos, sino que ha servido como una advertencia de que se encuentran bajo investigación. No todos aquellos o aquellas a quienes se les ha revocado la visa, han recibido notificación de ello, por lo que no se sabe cuántos de esos 100 mil que ya no la tienen, están conscientes de su situación.
La cancelación de visas en Estados Unidos no es un trámite administrativo menor ni un gesto burocrático rutinario. Es, en la práctica, un instrumento de poder. Silencioso, discrecional y profundamente político. Cuando Washington cancela una visa, no necesita explicarse; el mensaje va implícito y el destinatario lo entiende con claridad quirúrgica.
Sheinbaum ha sido interrogada varias veces sobre la política de Trump, y ha señalado que es una atribución única y soberana de Washington. Al menos dos gobernadores mexicanos, reveló un funcionario estadunidense, lograron evitar la cancelación de sus visas o lograron condiciones extraordinarias durante un año a cambio de que les proporcionaran información. Los gobernadores, muy cercanos al expresidente López Obrador, se convirtieron en informantes informales de las autoridades estadunidenses.
Varias secretarías de Estado en Washington están involucradas en el monitoreo y seguimiento de la información que tienen, pero el Departamento de Estado está haciendo un seguimiento permanente de figuras públicas en México como nunca lo habían hecho. De este seguimiento pueden derivarse revocaciones de visa, incluidas personas que no tengan relación con el crimen organizado, pero que han tenido posiciones contrarias a las políticas de la Administración Trump o utilicen un lenguaje que pueda ser considerado de odio, que es una de las razones por las que, de acuerdo con la proclamación de Trump, pueden ser sujetos a la cancelación de su permiso para entrar a Estados Unidos.
Pero para un político o funcionario, la cancelación de su visa significa la pérdida de interlocución, margen de maniobra y, sobre todo, credibilidad. Ser persona non grata al norte del río Bravo tiene consecuencias prácticas inmediatas. El daño no es solo personal; es reputacional, institucional y, en algunos casos, letal para una carrera pública. La gobernadora de Baja California, la figura de mayor jerarquía a la que le revocaron la visa, es un ejemplo de ello, aunque la presidenta Sheinbaum haya salido a arroparla. La cancelación de visas es realmente, en el fondo, una forma de diplomacia punitiva. No busca humillar públicamente, sino corregir conductas sin escalar conflictos. La gobernadora procedió a su divorcio, para tirar lastres. Otro gobernador negoció que su familia se quedara a vivir en Estados Unidos. Uno más acudió a la Embajada de Estados Unidos para neutralizar los daños sobre una investigación en curso en su contra.
Durante años se cultivó la idea de que la relación con Estados Unidos podía administrarse desde la retórica nacionalista sin consecuencias reales. Se acabó. Esa ficción empezó a resquebrajarse cuando las visas comenzaron a revocarse.

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