El conflicto con Estados Unidos está generando un problema de gobernabilidad en México: amagos militares en los linderos del espacio aéreo mexicano. Insinuaciones sobre cuáles y dónde se encuentran los objetivos. Endurecimiento del discurso público en Washington. Extrañamientos y exigencias en privado. Donald Trump le dio una vuelta a la perilla de la estufa mexicana y habló de narcopolíticos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se puede alegar que estamos viviendo el momento más delicado en un siglo de relaciones bilaterales. ¿Y en Palacio Nacional?
Sheinbaum está atrapada en el choque entre el presidente de Estados Unidos y el expresidente de México que gira en torno al elefante en la sala: la economía criminal alterna que de acuerdo con las investigaciones estadunidenses, construyó Andrés Manuel López Obrador con tres pivotes: el general Audomaro Martínez, el senador Adán Augusto López Hernández, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota. Aquí no creen en ese tipo de pecados criminales, pero allá, sobre la base de testigos, intervenciones telefónicas y electrónicas, no tienen duda alguna. También, no pretenden, y no le han dicho, que se los entregue para que los juzguen allá; lo que piden es que no haya impunidad y que los juzguen aquí.
La presidenta Sheinbaum enfrenta múltiples dilemas: cómo evitar acciones de fuerza unilaterales que no la lleven a una situación extraordinaria donde su discurso soberano y su cabeza fría se licuen ante la realidad; cómo desmantelar la red criminal en donde los políticos juegan una parte central, sin que el ala radical de Morena –los más, porque están en el poder, pero no los únicos– se levante en su contra; cómo mantener la protección que exige López Obrador para los suyos sin continuar la dinámica desgastante con Estados Unidos, que son para los que pide que no haya impunidad; y como evitar un colapso del acuerdo comercial norteamericano, contaminado por lo anterior.
La tensión con Estados Unidos está comprometiendo la capacidad del gobierno para tomar decisiones autónomas, evidenciando su debilidad institucional –la postergación de la reforma electoral, según funcionarios mexicanos, estuvo directamente relacionada con las presiones de Washington de la última semana– y su improvisación diplomática. El ejemplo más claro fue que la llamada telefónica con Trump no corrió por los conductos normales, sino por una petición directa de la presidenta al embajador Ron Johnson. ¿Es el nivel de interlocución al que le alcanza a la presidenta? Si es así, estamos en problemas.
Sheinbaum está sintiendo la intensidad y, por lo que se vio la semana pasada, su agenda estuvo enfocada prácticamente a la relación con Estados Unidos tras la conversación telefónica con Trump, que de acuerdo con trascendidos en la prensa mexicana, fue ríspida. La presidenta negó que así haya sido, lo que llevaría esa discusión a un terreno subjetivo: ¿cómo definir ríspido? Es ocioso discutirlo. La conversación, sin embargo, según personas que conocieron aspectos generales de ella, tuvo momentos incómodos, pero no de choque, y reclamos directos, sin sobresaltos, como el tono de Trump a una especie de extrañamiento que le hizo sobre el envío de petróleo a Cuba y la presencia de médicos cubanos en México. Públicamente, Sheinbaum dijo que de ese tema no habían hablado y Trump no la desmintió.
Es cierto, como reveló la presidenta, Trump le dijo que no habría una acción como la realizada en Venezuela, que reforzó lo que días antes le habían dicho por teléfono: acción militar no. ¿Un ataque quirúrgico? Ni en Washington, ni en algunas secretarías de Estado en México, lo han descartado. Este escenario sería borrado si, como volvió a pedirle Trump, acepta que sus fuerzas especiales militares y de la CIA –que tiene grupos paramilitares–, apoyan a las fuerzas de seguridad mexicanas en el combate a los cárteles. En este punto la presidenta no se ha movido: nada de apoyo externo, lo resuelven internamente.
El problema es que, como lo han señalado en Estados Unidos públicamente, no la creen capaz. Sobre todo, porque para la Administración Trump los cárteles no son el final del camino, sino la red de protección institucional que se expandió durante el sexenio de López Obrador, en donde también se integraron altos funcionarios y políticos del régimen como parte orgánica del crimen organizado. Trump se lo tocó a la presidenta en la conversación, según las personas que conocieron de la plática, durante la cual reforzó lo que varios de sus diplomáticos le han pedido: firmeza para actuar contra políticos ligados al narco.
La presidenta mencionó en varios momentos la soberanía mexicana, que ha sido su línea continua, política y retórica, pero ese discurso solo sirve para consumo interno, en donde la mayoría no ve la contradicción entre el principio y la realidad: ¿en cuánto del territorio mexicano no hay soberanía del Estado? De acuerdo con el Pentágono, al menos en el 35% que controlan las organizaciones criminales. Muchas carreteras y autopistas en la noche están al libre albedrío de los criminales, que suplen funciones de seguridad, fiscales y económicas del Estado. La soberanía tendría que empezar en casa, pues de otra forma, esa justificación pierde su valor principista.
La soberanía, como la no intervención que siempre antepone Sheinbaum ante los estadunidenses no tiene valor real allá, donde algunos sectores la ven como una manipulación ideológica. Una fuente estadunidense ironizó que cómo puede hablar de ello cuando el gobierno de López Obrador intervino en varias elecciones latinoamericanas y ella misma ha sido declarada persona non grata en dos países por intervencionista. No es un tema de soberanía por lo que la presión no haya sido mayor, sino porque el riesgo de tomar acción sin considerar el efecto en la población que podría desatarse por miedo, podría provocar una migración masiva mexicana a Estados Unidos, que desestabilizaría, cuando menos, todo el sur de esa nación.
La dialéctica en la que se está desarrollando la relación bilateral está generando un problema de gobernabilidad, porque las presiones internas y externas son excluyentes y ralentizan o paralizan la conducción presidencial. La salida de sus dilemas no es fácil ni indolora. La presidenta deberá definir qué país quiere entregar en 2030, y decidir si apuesta por el statu quo y enfrenta a Estados Unidos, o al revés, con lo que ello signifique en su relación con López Obrador.

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Claudia Sheinbaum es una presidenta que le gusta desperdiciar oportunidades. Con una cosmogonía diferente a la de su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, se pensaba que ella, verdaderamente de izquierda aunque dogmática, pero entendedora de cómo funcionaba el mundo, lo recorrería para vender un país donde podían invertir. Pronto mostró lo equivocado que muchos estaban. Tiene una visión tan aislacionista como su antecesor, pero a diferencia de él, no tenía condiciones socioeconómicas tan apremiantes como hoy en día. Aquel se encerró en el mundo y no pagó mucho. Ella le sigue la corriente en un mundo totalmente diferente al de su antecesor, que la hace ver pequeña y torpe en sus decisiones. Además, contradictoria.
Apenas en octubre recibió a 60 directores ejecutivos del Foro Económico Mundial de Davos, representantes de empresas de 17 países, que escucharon qué quería de ellos con el Plan México. La escucharon con atención, tomaron nota y la invitaron a la reunión anual en el destino alpino de Davos en los alpes suizos, que comenzará el próximo lunes. Había anticipado que no iría y el miércoles confirmó que se quedaría en México. Parecería que es más importante para ella, estratégicamente hablando, recibir lisonjas en las mañanera, acusar a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de los males endémicos del país e irse de gira, que es lo que ha sucedido de manera regular en sus 15 meses y medio de gobierno.
Como representantes del gobierno irán la empresaria Altagracia Gómez, su amiga íntima, que dirige el Plan México, que no tiene ninguna representación legal, acompañada de la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que participará en mesas donde se hablarán de temas que no están en la agenda central de los participantes, convocados para reflexionar, como señala el lema de la reunión, en “El espíritu del diálogo”. Bárcena acudirá más para cabildear su candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas –que cada semana se ve más lejos–, y Gómez jugará un papel periférico. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prefirió quedarse en México preparando el relanzamiento de las negociaciones del acuerdo comercial norteamericano, que está respirando con un RCP.
Qué forma de desaprovechar un evento donde la coyuntura, por razones, estas sí estratégicas, recomendaba asistir bajo cualquier supuesto. El presidente Donald Trump viajará con una buena parte de su gabinete, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, que se reunirá en febrero con él en la Casa Blanca, decidió viajar a Davos –el año pasado canceló por problemas económicos, que no han cambiado en este año– y tener una primera plática con él frente a frente. El darling de Washington, el presidente argentino Javier Milei, incluso dará un discurso especial. En este “momento crucial” para la cooperación global, como señaló el Foro, 65 jefes de Estado y de gobierno, incluidos seis de los líderes del G7, 850 de los pricipales cabezas de la industria mundial y cerca de tres mil empresarios de 130 países, se darán cita en las montañas suizas. Sheinbaum los verá a casi 10 mil kilómetros de distancia.
López Obrador tenía una aversión, quizás reforzada por su monolingüismo, a viajar. Ella no tendría ningún pretexto pero, así estamos, en la realidad de una presidenta que quiere abrir el país a la inversión privada extranjera, pero no hace nada por atraerla. Davos le representaba una oportunidad dorada para explicar que la reforma al Poder Judicial no generará incertidumbre jurídica y que no teman a expropiaciones o despojos como los hizo López Obrador.
Sheinbaum, una mujer de izquierda auténtica, no como el impostor anterior, tiene un problema de dogma. Ser de izquierda no significa pensar que lo de hoy son Marx y Engels, una economía cerrada y la sustitución de importaciones, que es como actúa. El modelo económico en el mundo es solo uno hoy en día: capitalista. Guste o no, eso es lo que mueve a todas las naciones. Lo que está a discusión es qué tipo de capitalismo se quiere tener.
El de Estado, como el chino; el corporativo como los de Japón y Corea del Sur; el de una economía social de mercado, como Alemania y Francia; el liberal como el que practican Estados Unidos y el Reino Unido, o el de alta libertad económica como Singapur y Hong Kong. El capitalismo mexicano, porque eso es lo que tenemos, se parece más al capitalismo de “amigos” de Rusia, que es un sistema híbrido, donde los principales beneficiados son, precisamente, los amigos del presidente. De ahí parte de las desconfianzas en invertir en México y la percepción de que el régimen obradorista está empapado de corrupción.
No es sorpresa que la presidenta Sheinbaum muestre una falta de visión estratégica. Es parte de las características del régimen obradorista que hoy encabeza ella en la parte institucional. Lo que sorprende es que en este difícil momento en el que se encuentra la relación bilateral con Estados Unidos, de quien depende de México en más de un 85 por ciento de su economía, no alcance a ver que una buena parte de la soberanía que tanto le gusta mencionar, pasa por la forma como un país que no es potencia, puede manejar la asimetría en su beneficio.
La soberanía dejó de ser un principio de convivencia entre iguales y se transformó en un instrumento de afirmación nacional frente a un sistema internacional fragmentado y crecientemente competitivo. La soberanía dejó de ser absoluta y se convirtió en capacidad de maniobra. Una de las formas como se puede fortalecer la soberanía es la diversidad de dependencias económicas y volverse indispensable para Estados Unidos como, por ejemplo, ofrecerle un corredor logístico seguro y confiable.
Davos, que se fundó en 1971, tendrá su reunión en un momento que quizás solo se asemeja en cuanto a cambio de paradigmas a su encuentro en 1990, cuando todos los ojos voltearon a Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín para invertir. En aquella ocasión, el presidente Carlos Salinas se dio cuenta de lo que el mundo estaba cambiando y para subirse al tren de la modernidad, propuso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esta, Sheinbaum ni siquiera se ha dado cuenta de lo que está sucediendo ante sus ojos.

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Lo que hasta hace pocos meses se apreciaba como grieta, hoy se está viendo como una fractura pública en la cima del poder de la cuatroté. Ya no hay simulaciones. Ya se quitaron las máscaras. No es una redefinición de proyecto, sino cuáles son los alcances, los límites, las necesidades cupulares y, al final del camino, quién se queda como cabeza del régimen. Las dos corrientes que existían, los puristas de Andrés Manuel López Obrador y los claudistas de Claudia Sheinbaum, se han atomizado al grado que grupos antes homogéneos, han entrado en conflicto.
La fractura se aprecia como derivada de tres noticias que, en sí, son espectaculares: la creencia dentro de una ala del gobierno de la presidenta Sheinbaum de perseguir y eventualmente entregar a funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado, como reveló The New York Times; la discusión en el gabinete sobre qué hacer ante las “exigencias insostenibles” de Estados Unidos que incluyen la captura de políticos supuestamente relacionados con el narcotráfico, como abundó The Wall Street Journal, y la censura a una entrevista de la dramaturga Sabina Berman en el Canal 14 al radical activista Eduardo Verástegui.
Las dos primeras tienen como su mayor valor, no que exista la petición, que ya alcanzo el nivel de queja, de altos funcionarios de la Administración Trump que durante meses le han solicitado al gobierno mexicano que procese a políticos, principalmente de Morena, vinculados al narcotráfico, que se ha venido detallando en la prensa mexicana, sino el hecho de que sean miembros del gabinete de Sheinbaum quienes, por primera vez, hablan del tema con preocupación e incertidumbre sobre qué se hará y las consecuencias que podría haber si no hay una acción punitiva, como hasta ahora.
No son muchos los funcionarios de Sheinbaum que son buscados por los medios estadunidenses y hablan regularmente con ellos, que tienen como común denominador que no son considerados como nativos de la cuatroté, y que tienen vasos comunicantes importantes con la Administración Trump. Si decidieron sacar la cabeza, aunque sea de manera anónima –algo muy común en todo gobierno cuando se habla de temas delicados y buscan evitar represalias–, es porque están viendo y sintiendo la creciente presión de Washington sobre un tema que la presidenta ha buscado evadir. Todavía ayer negó esas peticiones, aunque la última precisa fue el sábado pasado por teléfono y en reuniones previas le han dado nombres específicos de con quién pudiera empezar.
El caso del affaire Berman-Verástegui y la censura que le impusieron en el Canal 14, uno de los entes bajo la responsabilidad de Jenaro Villamil, director interino del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a su vez, pieza estratégica de Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria propagandista del régimen y coordinador de asesores de Sheinbaum, a la entrevista que le hizo al activista de extrema derecha, no hubiera sido tema de debate si el exactor no lo hace público. Berman, que es una de las plumas más sofisticadas del régimen –y de las que lograron transitar en el último relevo del establo de intelectuales orgánicas–, debió sentirse atrapada en la contradicción de alegar que no hay censura en la cuatroté y ser víctima de ella, e hizo público, en respuesta a Verástegui, que la decisión de transmitir la entrevista no fue de ella, sino del Canal 14.
Lo que vino después fue un reproche de varias de las plumas en la nómina de Ramírez Cuevas, a quienes se sumaron otros intelectuales orgánicos del régimen en su severa crítica a la censura. Aunque algunos de ellos deslizaron que su ulterior motivo no era escuchar voces que piensan diferente, sino que iba a dar municiones a los críticos de la cuatroté, lo que exhibió es una molestia que se venía anidando hace meses contra Villamil, por la manera como ha ejercido un control sobre los medios públicos imponiendo una línea rígida que responda al espíritu estalinista de los puros de López Obrador.
Pero el conflicto no es entre puros y moderados, o entre obradoristas nativos y simpatizantes que se sumaron al proyecto una vez consolidado. También se está dando al interior del ala radical, donde además de Ramírez Cuevas su cara más visible es Rafael Barajas, el monero de La Jornada apodado El Fisgón, que es el responsable de la capacitación de cuadros políticos de Morena. Los puros del régimen no han chocado por desviaciones del proyecto de López Obrador, sino por el control y la disposición de los recursos presupuestales.
Hace varios años, el periodista, investigador y escritor Humberto Musacchio, decía que los periódicos en México no morían, sino que se pudrían por dentro. Aquella frase podría aplicarse a lo que está comenzando a suceder al interior del régimen, sin que quienes podrían frenarlo, Sheinbaum o López Obrador, lo estén haciendo.
La presidenta, una líder con un poder absoluto como no había tenido México probablemente en casi un siglo, es terriblemente débil hacia el interior del régimen, donde no le hacen caso, le juegan las contras y no tiene forma de tomar las riendas de lo que sucede al interior de la cuatroté. Incluso, que algunos miembros de su gabinete estén revelando intimidades político-estratégicas del gabinete, no debió haber sido de su agrado. Quien pudiera meter orden, López Obrador, como el caudillo y hombre fuerte del movimiento, no lo está haciendo porque, proyectado en las posiciones de sus principales voceros, vive con miedo desde hace tiempo por la eventualidad de que pudieran capturarlo los estadunidenses, no ha dado más señales que preocuparse de su futuro y el de su entorno inmediato.
Problemas en los gobiernos siempre hubo. Algunos trascendieron, y muchos otros se dirimieron intramuros. Aunque algunos fueron temprano en el sexenio, nunca significó una epidemia de régimen, como la que está empezando a darse en este gobierno. Estamos viendo el estallamiento de conflictos diversos que muestran una falta de control y disciplina interna que merman la credibilidad de la Presidencia en un momento de cohesión indispensable –aunque, por acciones de Sheinbaum, solo sea hacia el interior del movimiento–, a solo, no hay que olvidar, 15 meses y medio de haber iniciado su gobierno, e iniciando un año que probablemente defina el rumbo y destino de la cuatroté.

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Guadalajara se prepara para recibir al mundo. La Copa del Mundo es el escaparate perfecto: un estadio remodelado, obras de infraestructura y movilidad, en el aeropuerto, en la ciudad, en las arterias que conecten los puntos más importantes para un millón de turistas directos que esperan. Veintrés mil millones de pesos de presupuesto para vestir la capital y dejar huella entre los tapatíos, discursos de hospitalidad, spots de seguridad y autoridades repitiendo que todo está bajo control. Pero, debajo de esa escenografía a 148 días de que arranque el torneo, hay una verdad incómoda que nadie quiere mostrar en la transmisión oficial: Jalisco es también la capital de los desaparecidos y un territorio sembrado de fosas clandestinas.
Hábilmente, el gobernador Pablo Lemus hizo una jugada estratégica: cabildear y lograr que la importante Serie del Caribe de beisbol, que se canceló por las condiciones en las que se encontraba Venezuela, tenga en Guadalajara, la primera semana de febrero, su sede. Un ejercicio político y de relaciones públicas con el propósito implícito, se puede conjeturar, de lavar la cara de inseguridad y violencia en el estado.
Jalisco está en la mira de las autoridades estadunidenses, quizás como ninguna otra sede mundialista. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la razón. Es un objetivo estratégico, nacido en el estado pero que se extendió a la entidad prioritaria de Washington, Michoacán. El Departamento de Estado mantiene a Guadalajara en el nivel 3 de sus alertas, que recomomienda “reconsiderar” viajar a Jalisco, pero en las áreas de inteligencia hay más preocupación. Existen los temores de que ese grupo criminal intente un ataque terrorista durante la Copa, que ha llevado a considerar que un incidente de alto impacto más en Guadalajara –como el reciente secuestro de agentes de inteligencia–, los llevaría a buscar que se cancelara la capital tapatía como sede.
El esfuerzo de Lemus, sobre quien hay investigaciones abiertas en Washington, tiene que ser más intenso. Obtener la Serie del Caribe no ocultará que el Mundial de Futbol no llega a un estado en calma. Llega a uno que lleva años conviviendo con la violencia como si fuera parte del paisaje. En Jalisco, la desaparición de personas no es una anomalía, es una estadística cotidiana. Y Guadalajara, la joya turística, no es ajena a esa realidad.
La violencia no está en la periferia lejana, sino a unos minutos del estadio que será sede de partidos mundialistas. Las fosas clandestinas localizadas en zonas cercanas al inmueble no son un accidente ni una exageración periodística. Son el síntoma más brutal de un Estado que perdió el control de partes de su territorio y aprendió a administrar el silencio. No es que no se sepa lo que pasa, es que se decidió mirar hacia otro lado mientras el crimen organizado convertía predios, brechas y desarrollos inconclusos en cementerios ilegales.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como Guerreros Buscadores de Jalisco, que descubrieron el horor en Teuchitlán, han reportado sistemáticamente la localización de cientos de bolsas con restos humanos en distintos puntos de Zapopan, dentro de un radio aproximado de 10 a 20 kilómetros del Estadio Akron, donde se jugarán los partidos. Hasta finales del año pasado, el conteo superaba las 450 bolsas recuperadas en varios sitios, que incluían cuerpos completos, fragmentados y osamentas, de fechas distintas –algunos de años anteriores y otros más recientes, lo que indica sitios activos de entierros clandestinos durante largo tiempo, de acuerdo con información en fuentes públicas.
Las autoridades locales han tratado de enmarcar el problema de las desapariciones como una problemática más amplia que no debe focalizarse únicamente en la cercanía del estadio, argumentando que los sitios no están “tan cerca” del inmueble y que la crisis es nacional. En la prensa del mundo, eso no importa porque, en realidad, el que sea un problema nacional, no lo hace menos trágico. La Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han reconocido que trabajan en el procesamiento de restos humanos y fosas clandestinas en Zapopan, incluyendo sitios alrededor de Estadio Akron.
Las desapariciones es un problema que toca todo el país, donde a veces parece que estamos parados sobre un enorme cementerio clandestino. Jalisco es uno de los estados con más personas desaparecidas del país, figurando entre los primeros lugares con más de 15 mil desaparecidos o no localizados hasta la primavera del año pasado. No es un problema nuevo, pero en los dos últimos años se ha acelerado y agravado, revelando que Jalisco, con sus casos de alto impacto, es un estado con una crisis de desapariciones tan intensa como la de entidades con fuerte presencia criminal.
La paradoja es grotesca: mientras el gobierno estatal habla de flujos turísticos, ocupación hotelera y derrama económica, colectivos de búsqueda excavan la tierra con sus propias manos para encontrar restos humanos. Dos realidades coexistiendo en el mismo espacio, separadas apenas por un discurso oficial que insiste en que no pasa nada. La narrativa es conocida, como la intentada para decir que los hechos no están “tan cerca” del estadio, que la violencia es focalizada, que los turistas no serán afectados.
Es el mismo guion que se ha repetido en cada crisis de seguridad del país, y que siempre termina igual: la realidad alcanza al discurso. La inseguridad no se mide solo en balas. También en miedo, en zonas que sus propios habitantes evitan, en advertencias que circulan de boca en boca, y recomendaciones extraoficiales para no salir de noche ni desviarse del camino “seguro”. Ese ambiente también lo perciben los visitantes, aunque nadie lo mencione en las conferencias de prensa.
El problema no es que Guadalajara sea sede del Mundial. El problema es que se pretenda que la copa tape lo que ocurre en Guadalajara y que el balón ruede sobre una alfombra construida con negación, mientras debajo siguen los desaparecidos sin nombre y las fosas sin justicia. El futbol dura 90 minutos; la violencia en Jalisco, lleva años. Y cuando se apague la fiesta, cuando se vayan las cámaras y los turistas regresen a casa, el estado seguirá ahí, con sus ausencias y sus preguntas sin respuesta. Esconder visualmente la realidad es un insulto. Si no pueden resolver el problema, lo menos que pueden hacer las autoridades es mostrar respeto.

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Preguntas retóricas para iniciar una conversación: ¿Se ha dado cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum de la solidez del piso en el que encuentra su relación con Washington? ¿Está viendo lo que están haciendo algunos gobiernos de izquierda en América Latina con Estados Unidos? ¿Ajustó este fin de semana su estrategia? O, en síntesis, ¿sabe realmente en dónde está parada? Respuesta a partir de sus declaraciones: no. La presidenta sigue sin entender el momento. Está aferrada a lo que ya no existe y no se ha dado cuenta. La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, a la que ya no se refieren en Palacio Nacional como “secuestro” sino como “extracción” –que puede ser sinónimo de “captura”–, la tomó por sorpresa.
Su gabinete le había informado, a partir de sus “análisis”, que era improbable una intervención militar estadunidense en Venezuela, y que era posible que hubiera una negociación con Maduro para una salida pacífica negociada. La falta de información directa del gabinete de Sheinbaum es sorprendente. Ni siquiera leen periódicos extranjeros, donde podrían haber visto señales de que la negociación que pensaban, se había agotado hace varios meses. No alcanzan a ver en Palacio Nacional que mientras siguen hablando de la no intervención como un mantra principista, el nuevo gobierno en Venezuela se está arreglando con Washington.
Sheinbaum autorizó, tras la captura de Maduro, el envío de petróleo a Cuba, como una señal orgullosa de soberanía, luego de que el presidente Donald Trump había declarado que Cuba era el siguiente régimen en caer –el domingo advirtió “cero” crudo para Cuba. Escudarse en la soberanía en el contexto actual es tirarse a un pozo. El gran téórico de la guerra, Carl von Clausewitz, advirtió en su obra clásica De la guerra sobre actuar sin claridad, porque decisiones precipitadas tomadas con información deficiente, podrían tener consecuencias irreversibles. Esto es lo que está haciendo la presidenta de México.
No está analizando el entorno. Dejando a un lado el pragmatismo del chavismo venezolano para buscar darle viabilidad a sus líderes y a ese país, el presidente colombiano Gustavo Petro leyó el invierno que se le venía y llamó a Trump como control de daños y demorar una decisión militar sobre su país. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anuló su decisión de cancelar el Tratado de Extradición con Estados Unidos. El presidente Miguel Díaz Canel, volvió a hablar sobre la profunda crisis económica que vive Cuba, creando condiciones de opinión pública para cualquier decisión que se tome en La Habana. Sheinbaum apretó el acelerador, pero con indecisiones. Emitió un comunicado conjunto con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva repudiando la acción militar en Venezuela, pero fue hasta en una segunda llamada telefónica con él, porque en la primera no había aceptado.
Trump escaló el jueves la amenaza de atacar a los cárteles en territorios extranjeros –mensaje directo a México y Colombia–, y hasta el día siguiente, en la mañanera que se ha convertido en una anomalía para la reacción gubernamental, Sheinbaum dijo que le iba a pedir al canciller Juan Ramón de la Fuente comunicarse con el secretario de Estado, Marco Rubio. Hablaron el domingo, y Rubio criticó el combate al narcotráfico, al subrayar que querían “resultados tangibles” y reforzar la cooperación para enfrentar a los cárteles. Fue una llamada de cortesía, porque desde el viernes la Casa Blanca ya les había aceptado una llamada con Trump.
La llamada puede interpretarse también de mantenimiento diplomático. Duró alrededor de 15 minutos –la más breve de las nueve que han sostenido– en donde, para la complejidad por la que atraviesa la relación bilateral, no debió haber nada de sustancia sino de reafirmaciones que, para el momento actual, no valen nada. Sheinbaum insistiendo lo mucho que han hecho contra los cárteles; Trump repitiendo que no es suficiente y ofreciendo una vez más ayuda militar, y Sheinbaum diciendo gracias pero no, gracias.
La palabra de Sheinbaum, de acuerdo con un funcionario estadunidense, es irrelevante para Washington. “Se acabó el tiempo de las simulaciones”, agregó, reflejando el ánimo prevaleciente con ella en la Administración Trump. Este fin de semana, de manera directa, recibió varias llamadas de altos funcionarios estadunidenses para sugerirle que no hablara sobre el tema de Venezuela hasta tener información oficial de Washington, que vino poco después. El caso contra Maduro, le dijeron, estaba bien sustentado con información de inteligencia y con testimonios de los jefes del Cártel de Sinaloa detenidos en aquel país.
En una de esas llamadas le informaron que la DEA está investigando a una serie de políticos mexicanos en gobiernos estatales mayoritariamente gobernados por Morena, por sus vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a los que de acuerdo a lo que le dijeron, están facilitándoles el tráfico de fentanilo y cocaína a Estados Unidos. Esta investigación se desconocía, y aunque tenga coincidencia con las listas que han elaborado en Washington sobre qué políticos están metidos con el narcotráfico, puede tener vasos comunicantes y es paralela a lo que ya tienen procesado.
La revelación sobre el papel de la DEA en este momento debe haber causado sorpresa en la presidenta y su equipo –si tienen memoria–, porque estaban convencidos de que el papel de esa agencia había perdido fuerza y estaba relegada en la Administración Trump. No es así y valdría la pena que recordaran que el actual jefe de la DEA, Terry Cole, vivió en México, donde elaboró la primera lista de narcopolíticos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Es la segunda vez en una semana que funcionarios estadunidenses le hablan sobre políticos mexicanos metidos en el narcotráfico, en el contexto de una creciente presión para que actúe judicialmente en su contra. Le aseguraron en privado que no se tiene planeado en México ninguna intervención militar como la realizada en Venezuela, pero no está interpretando correctamente la gran fotografía. No habrá una acción como contra Maduro y el núcleo de poder venezolano porque aquí no necesitan desmantelar el centro de operaciones ruso-chino-iraní-cubano contra Estados Unidos. Pero eso no significa que Morena esté fuera de la ecuación del combate a los cárteles, ni que, como dejó abierto un funcionario estadunidense, realice acciones quirúrgicas contra las organizaciones criminales en México.

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Hay metáforas que explican mejor la política que cien discursos. El llamado paradigma de la rana –esa historia en la que el animal no salta cuando el agua se calienta poco a poco y termina hervido– describe con inquietante precisión la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump. No es que no vea el fuego. Es que lo siente tibio. Trump no llega con una amenaza frontal. Llega con insinuaciones –como atacar terrestremente a los cárteles–, con mensajes ambiguos y decisiones graduales que parecen manejables –como los aranceles–. Ella vive en la negación.
Un tuit hoy, una exigencia mañana, una advertencia envuelta en negociación pasado mañana. Nada que amerite, en apariencia, un salto brusco. Y ahí está el riesgo: cuando el aumento es incremental, la reacción se aplaza. Sheinbaum ha optado por una estrategia de contención silenciosa. Evitar el choque, administrar el daño, ganar tiempo. En el corto plazo suena razonable; en el largo, puede ser letal. El problema del paradigma de la rana no es la falta de inteligencia, sino la normalización del peligro.
Cada concesión parece menor porque la anterior ya se aceptó. Desde Palacio Nacional se lee a Trump como un actor predecible en su imprevisibilidad. Se apuesta a que el cálculo económico lo contenga, a que los mercados lo disciplinen, a que la interdependencia norteamericana frene sus impulsos. Pero Trump no gobierna con termómetro; gobierna con instinto. Y cuando decide subir la flama, lo hace sin avisar.
La rana también enfrenta un dilema político interno. Saltar de la olla implica costos: confrontar a Trump, endurecer el discurso, asumir riesgos económicos y romper con la narrativa de estabilidad. Permanecer, en cambio, permite vender calma, control y responsabilidad. El problema es que la historia enseña que la calma prolongada ante una amenaza creciente suele confundirse con pasividad. El ala radical del régimen, que la tiene bien medida, la ignora sistemáticamente, como ha sucedido con el tono sobre Venezuela y Nicolás Maduro.
Sheinbaum ha vendido mercadológicamente la moderación y el no engancharse en discusiones estériles con Trump, porque su voz siempre será más sonora por el altoparlante de la Casa Blanca, y eso empieza a sugerir que en el fondo hay algo más que prudencia en su actuar. ¿Por qué cuando Trump habló de atacar territorialmente a los cárteles no tomó el teléfono y la pidió clarificación, como hizo el presidente colombiano Gustavo Petro cuando le subió la temperatura a la hornilla? Petro dice que neutralizó un ataque contra su país. Sheinbaum no tuvo esos arrestos y dijo que le pediría a su canciller hablar con el secretario de Estado, y que si fuera necesario –como si la situación no lo ameritaba–, hablaría con Trump.
La calidad de la información que le llega a Sheinbaum, definitivamente es deficiente por cuanto a oportunidad y gestión. Por un lado está la inaceptable incapacidad sistémica del gobierno, revelada en el hecho que se enteró de los sucesos en Venezuela y la captura de Maduro hasta que la despertó su equipo de redes sociales; estaban dormidos la cancillería y los servicios de inteligencia civiles y militares. Por el otro, el gabinete no responde al interés del Estado, sino a complacer a su jefa para que no se enoje.
Tampoco tiene quién le aconseje en Palacio Nacional. La llamada telefónica de Petro a Trump fue iniciativa de los colaboradores del colombiano. A Sheinbaum nadie le recomendó nada hasta que ella tomó la iniciativa. No tiene un gabinete articulado, ni método para actuar en situaciones de emergencia. Carlos Salinas tenía seis gabinetes temáticos que se reunían regularmente, de gran calidad técnica que, además, servían para desahogar tensiones y conflictos internos. Cuando había eventualidades, como la invasión a Panamá en enero de 1989 para capturar al presidente Manuel Antonio Noriega, se integraba un gabinete de emergencia para discutir opciones para la toma de decisiones.
Ernesto Zedillo, metódico y de rápida ejecución, tenía un protocolo de crisis porque tenía mucha conciencia del valor del tiempo en ese tipo de eventualidades, y tenía un Cuarto de Situación –inspirado en el que existe en la Casa Blanca– de manera permanente, donde no participaba el presidente pero había un mecanismo muy ejecutivo para la operación de las acciones y recomendaciones para la toma de decisiones. Calderón tenía un modelo similar al de Salinas, donde en casos de emergencia se integraba un gabinete con las personas directamente involucradas en la solución del problema (la crisis de Ciudad Juárez) que se reunía en el Cuarto de Situación en el sótano de Los Pinos –había otro igual en Palacio Nacional–, pero en situaciones extraordinarias, como la pandemia del A1H1, formó un gabinete específico durante la crisis.
El régimen obradorista no tiene gabinetes. Andrés Manuel López Obrador nunca tuvo ese método, y el gabinete de seguridad era en los primeros años una romería donde llegaban a participar 80 personas, por lo que los secretarios de Defensa y Marina dejaron de hablar en esas reuniones. Sheinbaum, que hizo de ese gabinete un espacio real de información y tiene reuniones semanales en algunas áreas como la de salud, carece de un gabinete de emergencia o de revisión permanente de los conflictos, y resuelve de manera coyuntural, generalmente a botepronto, con la asesoría externa de Eduardo Cervantes, un ministro sin portafolio ni atribuciones legales, más importante que cualquier secretario o secretaria de Estado.
Sheinbaum heredó una relación bilateral tensada por años de pragmatismo extremo. López Obrador apostó a la cercanía personal con Trump y, en el proceso, acostumbró a México a ceder sin dramatizar. Esa normalización dejó el agua a una temperatura incómoda, pero no insoportable. Sheinbaum entró a la olla sin haberla encendido, pero tampoco la apagó. El verdadero riesgo no es Trump, sino el autoengaño. Creer que el aumento gradual del calor siempre permitirá una salida ordenada, o que habrá tiempo para reaccionar cuando el punto de ebullición esté cerca, es una salida falsa.
En política, como en la fábula de la rana, el momento de saltar rara vez se anuncia. La pregunta que queda no es si Sheinbaum entiende el peligro, sino cuándo decidirá que el agua ya está demasiado caliente. Porque en la relación con Trump, quedarse quieto puede ser la decisión más cómoda, pero también, la más peligrosa.

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Transparente y sin dobleces, Estados Unidos le está diciendo a México en dónde se encuentra su primera estación tras el golpe asestado en Venezuela: Cuba. Las cartas se abrieron a finales del año pasado con las críticas de varios diputados republicanos de Florida –donde se reescribe la política exterior para América Latina– a la presidenta Claudia Sheinbaum, por estar apoyando, dijeron, a la dictadura cubana. Sheinbaum respondió que el abastecimiento de crudo a Cuba eran decisiones soberanas de México, y por razones humanitarias. El tema volvió a salir tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que la dejó atrapada en el reacomodo geopolítico en la región.
El petróleo venezolano se convirtió en un tema fundamental, pero colateral del reordenamiento estadunidense del modelo de seguridad nacional hemisférico, que tiene dos vertientes. La primera, de índole bilateral, el control de la industria petrolera venezolana desde Estados Unidos y la compensación de 12 mil millones de dólares exigida por las petroleras Exxon Mobil y ConocoPhillips, por el cambio de reglas por parte del presidente Hugo Chávez. La segunda, geoestratégica, donde en el objetivo de Trump de asfixiar a Cuba sin petróleo venezolano, se cruzó México.
Tras la captura de Maduro, Trump declaró que no sabía si Cuba iba a poder sobrevivir porque todo su ingreso provenía del petróleo venezolano. “Parece que Cuba está lista para caer”, subrayó. A mediados de diciembre, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, había reconocido que el país atravesaba por una severa crisis económica, con escasez de alimentos, apagones, inflación y descontento popular.
Lo que no contaba Trump, cuando menos públicamente, era que México se había convertido en el principal exportador de petróleo a Cuba, proporcionando el 44 por ciento del total de su crudo, como reveló el diario británico Financial Times. Sheinbaum reaccionó recordando que no había nada ilegal en ello y que era una política mexicana de largo tiempo. Es cierto.
La relación entre México y Cuba es histórica. En 1980, los presidentes José López Portillo y Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, suscribieron el Acuerdo de San José para suministrar hasta 160 mil barriles de petróleo diario a los países de América Central y el Caribe, con créditos blandos a largo plazo. Todos los presidentes siguientes renovaron el acuerdo con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y Enrique Peña Nieto, además, condonó la deuda de Cuba con Pemex. La ayuda se redujo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero lo retomó Sheinbaum, que incrementó en 56 por ciento el volumen de exportaciones de su antecesor, según el Financial Times. Sheinbaum no reconoce el incremento, ni tampoco ha quedado claro si el crudo ha sido gratis, por “razones humanitarias”. En un reporte a la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, Pemex informó que las exportaciones de crudo de enero a septiembre del año pasado, que equivalieron a 400 millones de dólares, se habían realizado mediante contratos, dejando entrever que sí se pagaron.
La mayoría de los presidentes apoyaron a Cuba sin dar sorpresas a Estados Unidos, y algunos de ellos, como cortesía diplomática, les comentaron lo que iban a hacer. Sheinbaum no ha tenido ese cuidado diplomático o conocimiento de cómo se manejan las relaciones internacionales, ni tampoco una postura consistente, que provoca incertidumbre con sus interlocutores pues hace cosas que luego deshace.
Jorge Piñón, director del Centro Internacional de Política Energética y Ambiental de la Universidad de Texas en Austin, le dijo a la agencia de noticias AP que México redujo a 15 mil los 22 mil barriles diarios de petróleo que estaba enviando a Cuba, luego de la visita a Palacio Nacional del secretario de Estado, Marco Rubio, en septiembre, con lo que se puede conjeturar que atendió una protesta o un extrañamiento. Duró poco. En los últimos tres meses del gobierno de Maduro, México exportó a Cuba 35 mil barriles de crudo diarios, agregó Piñón.
Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum no dejaron sola a Cuba en sus momentos más difíciles de los últimos cinco años. En julio de 2021, tras las protestas por la crisis sanitaria de la Covid-19, la escasez y el racionamiento de los alimentos y medicinas, López Obrador envió 100 mil barriles de crudo para que Díaz Canel pudiera estabilizar al país, que logró con una represión, que nunca cuestionaron. En octubre de 2024, recién instalada Sheinbaum, le envió 400 mil barriles de crudo por los apagones causados por la falta de combustible.
El suministro de petróleo a Cuba ha sido un tema recurrente, público y privado con políticos y funcionarios estadunidenses. En el último encuentro que tuvieron en diciembre la presidenta y el embajador Ron Johnson, se trató de manera amplia el apoyo que se le estaba dando al régimen de Díaz Canel, al que se le entrega petróleo, alimentos perecederos, enseres domésticos, refacciones militares y recientemente, libros, además de financiarlo con la contratación de médicos en México, que ha sido motivo de críticas severas en el Capitolio porque consideran que La Habana los explota laboralmente.
Como le han explicado a Sheinbaum, su postura produce un mal ambiente para su gobierno en Washington, no solo de republicanos sino también de demócratas, que está agrietando la relación bilateral y abriendo la posibilidad de que Trump haga un posicionamiento público. Estas observaciones fueron hechas antes de la captura de Maduro y que se revelara que el sostén de Cuba en estos momentos es México. Su discurso nacionalista sobre la soberanía y la no intervención, carece de valor y peso en Washington, y ha generado comentarios sobre los costos políticos y sociales de seguir apoyando a la dictadura cubana sin atender los problemas más críticos que enfrenta su gobierno, como el de la seguridad y la economía.
Sheinbaum se encuentra en una situación delicada. A diferencia de sus predecesores, enfrenta un reordenamiento brutal, por el uso de la fuerza y la imposición del nuevo designio de Trump, que la obliga a redefinir el concepto de soberanía, con modernas categorías de análisis que construyan un discurso acorde con este tiempo, respaldado por un trabajo político interno y externo que encuentre el consenso que no tiene y le permita entender el nuevo orden en el que está gobernando, para mantener la soberanía no de palabra, sino en los hechos.

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Las principales voces del radicalismo que encarna Andrés Manuel López Obrador, están haciendo llamados para prepararse a empuñar las armas ante lo que ya imaginan como una intervención militar de Estados Unidos en México. Rafael Barajas, el monero de La Jornada apodado El Fisgón, jefe de formación de cuadros de Morena, giró instrucciones al Consejo Nacional del partido para que cierren filas, digan que en Venezuela solo hay intereses ocultos del presidente Donald Trump, y que quien pida una invasión de Estados Unidos a su país, es un traidor a la Patria.
Barajas hizo un llamado a preparar a las bases del partido para hacer frente a una acción externa, que ha sido redondeado por el videógrafo de López Obrador, Epigmenio Ibarra, que escribió ayer al recordar la lucha del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, que “aquí tenemos mucha montaña, mucha selva, mucha presidenta, y sobre todo, mucho pueblo”. El tono panfletario, característico de sus manifiestos, evocan lo que su jefe político dice en privado: “Si vienen por mí, el pueblo se va a levantar”.
Hay miedo en la élite del régimen cuatroteísta. No es resultado de la intervención en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa el sábado. Aunque se ha verbalizado públicamente y socializado como consecuencia de esa acción de fuerza de la Administración Trump, viene de atrás. Incluso, en lo que podría ser el secreto mejor guardado aquí en este momento, fuentes estadunidenses revelaron que se ha instalado un sistema antidrones y radares en la finca del expresidente en Palenque, para proteger el espectro aéreo de la finca y las casas contiguas que ocupa el staff que se llevó de Palacio Nacional.
La resistencia del régimen, idealizada y retórica hasta este momento, se comenzó a planear desde el año pasado, aunque originalmente con objetivos distintos a lo que se están sugiriendo ahora. A fines de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional restableció el Servicio Militar Nacional obligatorio para todos los hombres a partir de este año. Inicialmente se diseñó como un mecanismo de control social de la Generación Z, aquellos nacidos en este siglo que piensan en Palacio Nacional que no están con el régimen y que pueden ser reclutados políticamente por la oposición, otorgándoles una capacidad organizativa que no han mostrado tener.
Pero el Servicio Militar, en un caso extraordinario, serviría para movilizarlos y mostrar un músculo en las calles que, probablemente, en ese tipo de situaciones no existe lo que piensan que puedan mover, porque no es lo mismo acarrear beneficiarios de programas sociales o contingentes corporativos de sindicatos para ir al Zócalo a mítines de la presidenta Claudia Sheinbaum, que convocarlos a la defensa de la patria, que es lo que están planteando Barajas e Ibarra, las voces más significativas de la cuatroté en este campo. El pueblo que Ibarra dice se va a levantar, no lo ha hecho. La protesta en la Embajada de Estados Unidos por la acción en Caracas el sábado, reunió a un puñado de personas, algunas disfrazadas de venezolanos, encabezadas por Barajas.
Fueron agitadores utilitarios de Morena. El rabioso y vociferante senador Gerardo Fernández Noroña, se atrincheró en la primera línea de batalla de X para mostrar su valentía. Pero como observó un funcionario estadunidense, “no veo que ningún líder de Morena esté ofrendando a sus hijos para defender a la patria”. Eso difícilmente va a suceder. No se trata de valentía o cobardía, sino de sentido común. Este sentido está en déficit en estos momentos en el Zócalo, aunque no todos los puristas del régimen están pensando como los aventureros voceros de la lucha armada.
Plantear un escenario bélico en esos términos, es perder el tiempo por su inviabilidad objetiva. Los juegos de guerra del Ejército están diseñados para un conflicto con Guatemala, donde en caso de ir perdiendo, se pide la ayuda de Estados Unidos. El Ejército de hoy no es el de antaño: sus liderazgos fueron corrompidos por López Obrador metiéndolos a actividades ajenas a su doctrina, formación y capacidades, para obtener dinero fácil. La Marina tuvo en 2025 su colapso, por las mismas razones. Hablar de la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, sirve para un análisis que deberían hacer en el régimen antes de formular declaraciones temerarias, que tenga como espejo lo que sucedió la madrugada del sábado en el Fuerte Tiuna, la base militar más importante de Venezuela, donde se cree estaba Maduro.
En el cálculo del ataque, de acuerdo con personas que tienen detalles de la operación, estaba considerado que si lo dirigieran contra los jefes militares en el Fuerte Tiuna, no iba a haber una respuesta de fuego, porque el dinero que habían amasado los militares con negocios durante el chavismo y del narcotráfico con Nicolás Maduro, era más importante que ofrecer su vida por la Patria. El diagnóstico era correcto: no hubo contraataque y sí decenas de personas huyendo de la base militar. Una élite corrompida, quedó claro, es altamente vulnerable.
Pero más allá de estas posiciones poco objetivas –la de Ibarra es preparase para una guerra de guerrillas–, declaraciones de personeros influyentes en la cuatroté que siguen teniendo acceso a Palacio Nacional, no le ayudan a Sheinbaum. Si existen probabilidades que haya acciones militares contra México como en Venezuela, como lo dice Trump y varios de sus asesores en la Casa Blanca, es porque el gobierno de López Obrador lo provocó. Sheinbaum, comprometida con el proyecto, no tiene por qué estar en la misma línea de acción que todos aquellos que, a diferencia de ella, no tienen nada que perder. Reproducir el discurso o manifestar un nerviosismo delirante, como acusar al periodista Ciro Gómez Leyva de “antipatriota” por no decir “invasión” a la intervención estadunidense en Venezuela, no contribuye a su causa, si por esta entendemos que es la de ser jefa del Estado mexicano.
Los enemigos de Sheinbaum no se encuentran afuera de la cuatroté, sino adentro. Si continúa sin entenderlo, no saldrá del laberinto en el que se encuentra. Sus verdaderos ad-versarios no son los gomezleyva de México, sino los protegidos por Palenque. México necesita una presidenta que vele por los intereses nacionales, no por un grupo de facinerosos que la han puesto, nos han puesto, en esta situación.

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Tan pronto como Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, en Palacio Nacional comenzaron a hacer cuentas alegres. Personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum estaban de plácemes. No querían que ganara Kamala Harris, porque decían que la relación sería muy complicada. En cambio, con Trump, que creían era amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que decían conocer de su primer cuatrienio, las cosas correrían tersamente. La realidad tocó la Puerta Mariana el primer día de la nueva administración, al declarar terroristas a los cárteles de las drogas. Y de ahí en adelante, todo ha sido cuesta arriba.
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, metabolizó las embestidas de Trump contra México y, por primera vez en casi un año, sus amenazas intervencionistas para aniquilar a los cárteles, fueron procesadas por el régimen como una opción real. Sheinbaum ha reiterado que esa no es una opción para México, lo que es cierto, y que no hay razones para pensar en ello porque la colaboración con Estados Unidos ha sido buena, lo que es parcialmente verdad, porque si bien ha actuado en el tema de la seguridad como se lo han pedido, cuando se trata de actuar judicialmente contra políticos o funcionarios de Morena con vínculos al crimen, ha sido refractaria.
Durante siete meses, que es cuando aterrizó en México el nuevo embajador Ron Johnson, un coronel retirado y operador de campo de la CIA, el gobierno mexicano ha experimentado una presión sin precedente para que actúe, con peticiones específicas y extrañamientos no para que entregue a nadie que no sea un narcotraficante declarado, sino para que aplique la ley y proceda contra quienes dentro de la cuatroté se ligaron con criminales.
En todo este tiempo, Washington le ha enviado mensajes y aportado información para que ejecute. Sheinbaum lo ha hecho de manera general, como aceptar la petición de luchar contra las extorsiones, sobre todo en Michoacán contra los productores de aguacate y cítricos, y contra el robo y contrabando de combustible, aunque esto último se estancó en terceros niveles de responsabilidad, que ha provocado fricciones en la relación bilateral y creciente exasperación por la forma como, estiman, está protegiendo a políticos y funcionarios del régimen vinculados a López Obrador. “Todos los caminos conducen a Palenque”, dijo un funcionario estadunidense, “pero (la presidenta) ya dejó de dar la pelea interna. Nosotros, sí la daremos”.
Desde las primeras semanas de haber llegado Johnson, le pidieron combatir de manera coordinada la venta ilegal de hidrocarburos, y le dijeron que habían detectado una red de empresas y empresarios ligados a Morena que se habían enriquecido durante el gobierno de López Obrador. Pronto comenzaron a saltar las quejas de que si bien reconocían los esfuerzos, eran insuficientes y, sobre todo, había pocos detenidos, de bajo perfil, y no veían acciones contra el desmantelamiento de las redes de complicidades dentro del gobierno, las gasolineras y las cámaras del ramo.
En otoño, volvió a haber quejas directas, cuestionando que cómo una investigación que les decían llevaba años, no había producido resultados para frenarlo –hasta hoy sigue floreciendo–, y que debería haber llegado hasta los más altos niveles del crimen organizado, en donde, por la información que les habían proporcionado, involucraba a miembros de alto rango de la Marina.
Estados Unidos le proporcionó a México una lista de personas cercanas a López Obrador, involucradas, por omisión o comisión, en ese delito, entre quienes figuraban el senador Adán Augusto López Hernández, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y los exdirectores de Aduanas, Ricardo Peralta y Horacio Duarte. Funcionarios estaduniden-ses dijeron que esa información no produjo nada, y lo interpretaron como un blindaje político. Una de las formas como dejaron ver su molestia, fue haber filtrado a la prensa la fotografía del empresario Miss Universo Hugo Rocha en el hotel más lujoso de Francia, el Ritz de París, acusado de contrabando de combustible, para mostrar una perla de impunidad.
No fueron los únicos señalados por los estadunidenses que no produjeron las acciones esperadas. Una lista de 12 altos funcionarios entregada en Estados Unidos a un secretario de Estado, quedó archivada. Otra lista de 55 funcionarios y políticos de Morena involucrados con el crimen organizado, también. “No pasa nada”, agregó un funcionario estadunidense. “Todo se lo traga Palenque”.
Lo mismo sucedió con uno de los escándalos del sexenio, el del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de crear y dirigir al grupo criminal La Barredora. Los estadunidenses informaron a Sheinbaum que era factible que pidieran a los mexicanos juzgar o extraditar a políticos o funcionarios de alto nivel involucrados directamente con el crimen organizado, mencionando específicamente a Bermúdez Requena, y a quien lo nombró, el entonces gobernador López Hernández, pero no pasó nada. No creyeron en Palacio que hablaban en serio.
Tampoco escucharon cuando en los primeros meses de Trump en la Casa Blanca, le envió un mensaje donde decía creer que por colusión, asociación o vinculación, las autoridades mexicanas se encontraban rebasadas y no actuaban contra los cárteles de las drogas, por lo que esperaba una mayor apertura para una mayor colaboración con las agencias estadunidenses. Sheinbaum tomó nota, pero lo soslayó. Trump se lo repitió varias veces por teléfono, pero rechazó que esa colaboración significara el envío de tropas a México. Como resultado de ello, además de las declaraciones de que México está gobernado por los cárteles y que había que “hacer algo”, como lo dijo el domingo, la CIA y el Pentágono comenzaron a recopilar información de inteligencia sobre territorio mexicano de manera unilateral.
Otras áreas de inteligencia están actuando en México y lo sabe la presidenta. Por ejemplo, fue informada que tenían identificada y mapeada toda la red criminal de Hernández Requena, y que estaban bajo investigación del Departamento de Justicia, por presuntos delitos conexos, además de López Hernández el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez.
Tras la captura de Maduro, Sheinbaum ha estado insistiendo en la soberanía mexicana. Funciona-rios estadunidenses dicen que sus palabras no significan nada porque todo ya está fuera de sus manos, sugiriendo que la decisión sobre actuar está tomada, aunque el momento aún no está definido.

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El tono del régimen obradorista contra Estados Unidos por la acción militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro se ha elevado. Es clara la cohesión en la cuatroté, que ha llevado a alinear todas las voces, incluida la de la presidenta Claudia Sheinbaum, a las de su líder moral y político, Andrés Manuel López Obrador, que, se puede confirmar hoy, es un objetivo de la justicia estadunidense por sus presuntas relaciones con los cárteles de las drogas y actos a favor de gobiernos enemigos de ese país, que afectan su seguridad nacional.
Hablar en estos términos no significa avalar la intervención militar y las acciones de fuerza en Venezuela, que los mexicanos conocemos de sobra, sino de tratar de entender que el contexto actual obliga a la presidenta a actuar con más inteligencia, condenando, pero sin tomar partido por Maduro y su régimen dictatorial orgánicamente estructurado con el crimen orga-nizado. El presidente Donald Trump está jugando simultáneamente en dos campos: quitar el control de América Latina, que había sido la plataforma de su hegemonía, a rusos y chinos, y descabezar regímenes que se involucraron con los cárteles de las drogas, que es algo que Sheinbaum debería procesar y entender.
En Venezuela, si bien no les gustaba que Hugo Chávez fuera presidente, no hubo una acción para derrocarlo o detenerlo porque no involucró al régimen con el narcotráfico. Maduro sí lo hizo, como fue el caso de Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, a quien capturaron tras una intervención militar similar a la que recientemente vimos en Venezuela. Esa es la razón, según los estadunidenses, por la que quieren a Gustavo Petro fuera del poder –la guerrilla del M-19, a la que perteneció, recibía dinero de Pablo Escobar, el jefe del Cártel de Medellín–, y por la que pretenden llevar a proceso a López Obrador.
Para Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios, México es la joya de la corona y el país que está en la prioridad más alta de la seguridad nacional por una sencilla razón: aparece en prácticamente todas las acusaciones que ha formulado el Departamento de Justicia contra gobernantes, políticos y narcotraficantes en la región, como pieza fundamental en el trasiego de drogas a ese país. La acusación contra Maduro, su esposa Cilia Flores, el ministro del Interior, Diosdado Cabello y otras personas, está llena de referencias a México, como lo está la del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Las referencias abarcan cuatro sexenios, pero no hay un interés, al menos por ahora, de procesar a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque consideran que si bien hubo corrupción y funcionarios ligados al crimen organizado, no crearon como gobierno una economía paralela criminal, como afirman sí lo hizo López Obrador. No fue coyuntural.
Por diseño, cubanos y rusos infiltraron gobiernos democráticos en la región para democratizarlos, y más adelante, con el apoyo de los chinos, los fueron utilizando para inundar de drogas a los hambrientos consumidores estadunidenses y mermando sus capacidades y recursos. Los servicios de inteligencia estadunidenses, como parte de su contraofensiva, infiltraron a los cárteles para reclutar a sus líderes y con su información descabezar a los gobiernos que se prestaron a ello, que no casualmente, habían fortalecido sus relaciones con esas tres naciones.
En función de los resultados, en este momento los frutos los está recogiendo Washington, que utilizó a Ismael El Mayo Zambada y a Los Chapitos para documentar la complicidad de Maduro y los líderes del Cártel de los Soles, con el Cártel de Sinaloa. Ahora, como pieza final del rompecabezas, quieren que Maduro documente la complicidad de López Obrador, la cúpula política de su movimiento y empresarios que estiman se coludieron con el narcotráfico.
Esto será, adelantó un funcionario, una parte importante de las preguntas que le harán los fiscales a Maduro, cuyo cuestionario será mucho más amplio y sobre países que les interesa neutralizar. La información que pueda dar Maduro a los fiscales no producirá acciones judiciales en el corto plazo. Su acusación fue producto de un trabajo de casi una década, aunque fue con Trump que se tuvo la decisión política de ir por él. En efecto, es ahora cuando los términos políticos de la relación de Washington con América Latina han cambiado, que es algo que la presidenta Sheinbaum no parece comprender a cabalidad o lo entiende, pero se niega a actuar en consecuencia.
La forma como se ha elevado el tono por las acciones militares, en donde ella, que también lo hizo, es la figura más relevante, la coloca en una situación incómoda, aunque no se haya dado cuenta. Su discurso de coordinación y la existencia de comunicación con la Administración Trump sirve para fines domésticos, pero no es un antídoto. En Washington, por el contrario, la exasperación va creciendo, como se puede apreciar por la reiteración belicosa de Trump, que en estos días ha ido de “algo tendrá que hacerse con México” a sugerir acciones similares a las de Venezuela en este país.
Es cierto, como dice, que ha mejorado sustancialmente la coordinación –les han hecho caso en el combate a la extorsión y el huachicol–, pero les ha dado largas en la petición de fondo que le han hecho: iniciar procesos judiciales contra figuras políticas de Morena presumiblemente relacionadas con el crimen organizado. Sheinbaum dice públicamente que no le han dado pruebas, lo que técnicamente es cierto. Diversos funcionarios le han dado nombres de políticos de Morena ligados a los cárteles, pero se han negado a entregarle el soporte documental porque, se lo han dicho, desconfían que se vaya a filtrar.
El nombre de López Obrador nunca se lo han puesto sobre la mesa, hasta donde se sabe, pero hay otros en los que son insistentes, sobre todo Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado. Maduro, Venezuela, Cuba y Nicaragua, conectan con la élite de la cuatroté, según las investigaciones en Estados Unidos, y algunos de los presuntamente implicados trabajan muy cerca de Sheinbaum. Las señales que ha mandado, particularmente en estos días, no es lo que esperaban en Washington de ella: una posición mesurada y una actitud que deje de ser pasiva y que combata la narcopolítica.

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