El tono del régimen obradorista contra Estados Unidos por la acción militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro se ha elevado. Es clara la cohesión en la cuatroté, que ha llevado a alinear todas las voces, incluida la de la presidenta Claudia Sheinbaum, a las de su líder moral y político, Andrés Manuel López Obrador, que, se puede confirmar hoy, es un objetivo de la justicia estadunidense por sus presuntas relaciones con los cárteles de las drogas y actos a favor de gobiernos enemigos de ese país, que afectan su seguridad nacional.
Hablar en estos términos no significa avalar la intervención militar y las acciones de fuerza en Venezuela, que los mexicanos conocemos de sobra, sino de tratar de entender que el contexto actual obliga a la presidenta a actuar con más inteligencia, condenando, pero sin tomar partido por Maduro y su régimen dictatorial orgánicamente estructurado con el crimen orga-nizado. El presidente Donald Trump está jugando simultáneamente en dos campos: quitar el control de América Latina, que había sido la plataforma de su hegemonía, a rusos y chinos, y descabezar regímenes que se involucraron con los cárteles de las drogas, que es algo que Sheinbaum debería procesar y entender.
En Venezuela, si bien no les gustaba que Hugo Chávez fuera presidente, no hubo una acción para derrocarlo o detenerlo porque no involucró al régimen con el narcotráfico. Maduro sí lo hizo, como fue el caso de Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, a quien capturaron tras una intervención militar similar a la que recientemente vimos en Venezuela. Esa es la razón, según los estadunidenses, por la que quieren a Gustavo Petro fuera del poder –la guerrilla del M-19, a la que perteneció, recibía dinero de Pablo Escobar, el jefe del Cártel de Medellín–, y por la que pretenden llevar a proceso a López Obrador.
Para Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios, México es la joya de la corona y el país que está en la prioridad más alta de la seguridad nacional por una sencilla razón: aparece en prácticamente todas las acusaciones que ha formulado el Departamento de Justicia contra gobernantes, políticos y narcotraficantes en la región, como pieza fundamental en el trasiego de drogas a ese país. La acusación contra Maduro, su esposa Cilia Flores, el ministro del Interior, Diosdado Cabello y otras personas, está llena de referencias a México, como lo está la del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Las referencias abarcan cuatro sexenios, pero no hay un interés, al menos por ahora, de procesar a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque consideran que si bien hubo corrupción y funcionarios ligados al crimen organizado, no crearon como gobierno una economía paralela criminal, como afirman sí lo hizo López Obrador. No fue coyuntural.
Por diseño, cubanos y rusos infiltraron gobiernos democráticos en la región para democratizarlos, y más adelante, con el apoyo de los chinos, los fueron utilizando para inundar de drogas a los hambrientos consumidores estadunidenses y mermando sus capacidades y recursos. Los servicios de inteligencia estadunidenses, como parte de su contraofensiva, infiltraron a los cárteles para reclutar a sus líderes y con su información descabezar a los gobiernos que se prestaron a ello, que no casualmente, habían fortalecido sus relaciones con esas tres naciones.
En función de los resultados, en este momento los frutos los está recogiendo Washington, que utilizó a Ismael El Mayo Zambada y a Los Chapitos para documentar la complicidad de Maduro y los líderes del Cártel de los Soles, con el Cártel de Sinaloa. Ahora, como pieza final del rompecabezas, quieren que Maduro documente la complicidad de López Obrador, la cúpula política de su movimiento y empresarios que estiman se coludieron con el narcotráfico.
Esto será, adelantó un funcionario, una parte importante de las preguntas que le harán los fiscales a Maduro, cuyo cuestionario será mucho más amplio y sobre países que les interesa neutralizar. La información que pueda dar Maduro a los fiscales no producirá acciones judiciales en el corto plazo. Su acusación fue producto de un trabajo de casi una década, aunque fue con Trump que se tuvo la decisión política de ir por él. En efecto, es ahora cuando los términos políticos de la relación de Washington con América Latina han cambiado, que es algo que la presidenta Sheinbaum no parece comprender a cabalidad o lo entiende, pero se niega a actuar en consecuencia.
La forma como se ha elevado el tono por las acciones militares, en donde ella, que también lo hizo, es la figura más relevante, la coloca en una situación incómoda, aunque no se haya dado cuenta. Su discurso de coordinación y la existencia de comunicación con la Administración Trump sirve para fines domésticos, pero no es un antídoto. En Washington, por el contrario, la exasperación va creciendo, como se puede apreciar por la reiteración belicosa de Trump, que en estos días ha ido de “algo tendrá que hacerse con México” a sugerir acciones similares a las de Venezuela en este país.
Es cierto, como dice, que ha mejorado sustancialmente la coordinación –les han hecho caso en el combate a la extorsión y el huachicol–, pero les ha dado largas en la petición de fondo que le han hecho: iniciar procesos judiciales contra figuras políticas de Morena presumiblemente relacionadas con el crimen organizado. Sheinbaum dice públicamente que no le han dado pruebas, lo que técnicamente es cierto. Diversos funcionarios le han dado nombres de políticos de Morena ligados a los cárteles, pero se han negado a entregarle el soporte documental porque, se lo han dicho, desconfían que se vaya a filtrar.
El nombre de López Obrador nunca se lo han puesto sobre la mesa, hasta donde se sabe, pero hay otros en los que son insistentes, sobre todo Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado. Maduro, Venezuela, Cuba y Nicaragua, conectan con la élite de la cuatroté, según las investigaciones en Estados Unidos, y algunos de los presuntamente implicados trabajan muy cerca de Sheinbaum. Las señales que ha mandado, particularmente en estos días, no es lo que esperaban en Washington de ella: una posición mesurada y una actitud que deje de ser pasiva y que combata la narcopolítica.

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La primera frase que pronunció Nicolás Maduro al llegar al cuartel general de la DEA en Nueva York, esposado y con dos agentes tomándolo de los brazos, fue “buenas noches, Feliz Año Nuevo”. No fue el comportamiento de un guerrero, ni de quien está dispuesto a terminar de inmolarse, desde la derrota, ante su enemigo histórico. Lo que mostró Maduro es algo que debió sosprender y preocupar a sus simpatizantes, pero sobre todo a sus socios –en el sentido cubano de la palabra– en América Latina, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo que sucedió en realidad: no fue una captura, revelaron fuentes estadunidenses, sino una entrega negociada.
López Obrador salió de su autoexilio para describir la acción contra Maduro como un “secuestro”, y calificar las acciones militares en Caracas el sábado como un “prepotente atentado contra la soberanía del pueblo de Venezuela”. El mensaje, que hasta donde se sabe no fue consultado con la presidenta Claudia Sheinbaum –como correspondería a una cortesía necesaria ante tan delicado asunto–, no gustó en Palacio Nacional como reveló Milton Merlo en La Política Online, y provocó un nuevo elemento de fricción al interior de Morena. Muy probablemente no será el único que tengan en este año que comienza de manera amenazante para el régimen y que podría llegar a ser, incluso, el principio del fin de la cuatroté.
Los análisis que reciba Sheinbaum deberán estar vacunados contra la propaganda y los enfoques reduccionistas. Una primera observación tendría que incluir la explicación de lo que fue una operación exitosa, que esperaban en estado de alerta en Venezuela desde hace semanas, con un número de bajas limitado. Una segunda, en orden cronológico, la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, que estaba en comunicación con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sobre el periodo de transición que encabezaría Estados Unidos.
En seguida, que tras las primeras declaraciones de Rodríguez reconociendo a Maduro como presidente, asumió el cargo de manera interina y horas después, las Fuerzas Armadas, que habían sido el sostén de Maduro, la reconocieron como su líder. Observaciones colaterales en el análisis es que no hubo acciones contra ciudadanos estadunidenses, ni contra las instalaciones de Chevron, la petrolera estadunidense. De manera relativamente pacífica el régimen venezolano asumió los hechos y más allá de las declaraciones, no pidió, por ejemplo, una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las reacciones de Rusia, China, Irán y Cuba, también fueron contenidas.
La operación terminó con dos años de negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para un cambio de régimen. La persona que llevó la negociación fue Jorge Rodríguez, que trabajó con Maduro y Hugo Chávez, que fue vicepresidente, líder de la Asamblea Nacional y, muy importante en este contexto, hermano de la presidenta interina. Los Rodríguez están más cercanos del chavismo que del madurismo; es decir de la vieja élite que buscaba un nuevo acuerdo con Estados Unidos para proteger sus negocios, contra la nueva élite construida por el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, que fue la que fundó el Cártel de los Soles y vinculó al régimen con el narcotráfico. Maduro terminó optando por la entrega negociada, en donde la única persona que exigió saliera con él, fue su esposa, Cilia Flores, acusada también, al igual que Cabello, de narcotráfico.
Maduro, que todo este tiempo se negó a aceptar los términos que exigía Estados Unidos, recibió el tiro de gracia judicial con las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos, que detallaron su relación con el Cártel de Sinaloa, como se documenta en la acusación del Departamento de Justicia, y el espacio legal, aunque altamente controvertido, para actuar contra él, fue que con la información en sus manos, declararon al Cártel de los Soles una organización terrorista y a Maduro y sus cercanos como los jefes de ella.
Si López Obrador sabía o no que no había sido un “secuestro” o una entrega negociada, en estos momentos no importa: todo lo que suceda está fuera de sus manos. Estados Unidos quiere de Maduro, entre otras cosas estratégicas en la recomposición del nuevo orden mundial, de seguridad nacional estadunidense y de seguridad nacional hemisférica, que les “entregue”, como definieron funcionarios estadunidenses, a sus cómplices políticos mexicanos, cubanos y nicaraguenses.
La victimización que hizo López Obrador en su mensaje sobre la captura de Maduro, tiene fundamento. Su relación con Maduro nunca fue un accidente diplomático ni un malentendido ideológico. Fue una decisión política consciente, sostenida y defendida desde Palacio Nacional bajo el disfraz de la “no intervención”, un principio que invocó selectivamente para justificar lo injustificable.
Desde el inicio de su sexenio, López Obrador optó por normalizar a un régimen señalado internacionalmente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución política, encarcelamiento de opositores y el desmantelamiento de cualquier vestigio democrático. Mientras América Latina tomaba distancia de Caracas, México se ofrecía como escudo político y oxígeno diplomático.
La afinidad no fue retórica: fue operativa. México se negó a reconocer a la oposición venezolana, bloqueó resoluciones críticas en foros internacionales y ofreció su territorio como sede de diálogos que nunca tuvieron como objetivo una transición democrática, sino ganar tiempo para Maduro. Cada mesa de negociación auspiciada por el gobierno mexicano terminó igual: con el dictador más fuerte y la oposición más debilitada.
López Obrador insistió en presentar a Maduro como víctima de un “bloqueo imperialista”, ignorando deliberadamente que el colapso venezolano fue resultado directo de un modelo autoritario, corrupto e incompetente. La defensa abierta de Maduro tras elecciones cuestionadas, el silencio ante la represión sangrienta de protestas y la narrativa calcada sobre “conspiraciones extranjeras” no fue casual. Entre los dos regímenes había lazos más profundos, ligados con negocios criminales.
No puede equivocarse Sheinbaum: en Venezuela no se realizó una acción militar contra Maduro y el régimen para restablecer la democracia o meramente para quedarse con sus recursos naturales, sino para la restauración del orden de Estados Unidos, estemos de acuerdo o no con sus acciones coercitivas, en seguridad nacional. Las acciones no son contra la izquierda, ni las acusaciones a Maduro son por razones ideológicas o electorales. Son por narcotráfico. Qué tanto puede ello alcanzar a López Obrador, dependerá de Maduro y los fiscales en la corte federal de Brooklyn.

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La presidenta Claudia Sheinbaum sigue hablando de las elecciones en Chile y sigue sin entender lo que pasó allá –una lectura que la ilustraría es la de Otto Granados en Este País, “¿Qué pasó en Chile? Cuando el éxito no basta”–, porque le permitiría leer mejor el presente mexicano en el cual se encuentra atrapada, no solo ella, sino también Morena y, en particular, el ala más dura del obradorismo. Sheinbaum no deja de pensar en esa contradicción, aunque prefiere la salida contrafactual y mentirosa de que lo que sucedió en la nación andina no pasará aquí porque, entre otras razones, hay unidad en el movimiento cuatroteísta. Todo lo contrario.
A la vista de todos, pero no extrañamente sin que muchos lo vean, hay una fuerte lucha al interior de las elites de Morena, donde hay dos agendas confrontadas: la que está intentando llevar a cabo la presidenta para estabilizar el país y lograr la gobernabilidad, y la de los puros, los incondicionales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que están impulsando una purga de críticos y opositores al régimen, mientras debilitan a la mandataria saboteando sus estrategias y golpeando a personas muy cercanas a ella.
Por momentos, Sheinbaum gobierna; por otros, administra una herencia incómoda. La confrontación que hoy asoma –cada vez menos soterrada– entre la presidenta y el ala dura de López Obrador no es un pleito de egos ni un ajuste menor de estilo. Es una disputa por el poder real, por el control del relato y, sobre todo, por el futuro de Morena, que significa candidaturas, presencia terrotorial, presupuestos, control legislativo y la subordinación de quien salga derrotado.
Sheinbaum llegó a Palacio Nacional con una legitimidad electoral indiscutible, pero con un margen político estrecho. Su triunfo no fue sólo suyo: fue el último acto de una obra escrita por López Obrador. Ahí está el problema. El ala dura del obradorismo, –la que confunde lealtad con obediencia y continuidad con inmovilidad–, no concibe a una presidenta con agenda propia. La quiere administradora del legado, no autora de un nuevo capítulo.
Lo hemos visto en los últimos días. Primero con la filtración de los contratos millonarios que otorgó su gobierno a Minsa, la empresa familiar que maneja una íntima amiga suya, frecuente visitante de Palacio Nacional, Altagracia Gómez. Luego, con haber hecho trascender que se había judicializado la carpeta de investigación contra María Amparo Casar, cabeza de Mexicanos Contra la Corrupción, por haber recibido por años la pensión de su esposo, funcionario de Pemex, que murió al caer de una ventana de la torre petrolera en 2004. Fueron dos golpes quirúrgicos contra Sheinbaum, que la pusieron a la defensiva.
La revelación de la judicialización provocó críticas encendidas y acusaciones contra la Fiscalía de estar actuando por consigna. Godoy le echó la culpa a su antecesor, Alejandro Gertz Manero. De la mano de Sheinbaum empezó a caminar hacia el desestimiento de la demanda, ante lo que el ala radical del obradorismo reaccionó con una campaña de linchamiento contra Casar, cuestionando a la presidenta de ceder ante los adversarios.
Desde el arranque de su gobierno, Sheinbaum ha intentado marcar diferencias: un tono menos incendiario, señales de racionalidad fiscal, guiños a la inversión privada y una política exterior más cuidadosa. Nada de eso pasa inadvertido para los radicales, que leen cada gesto como una traición. Para ellos, gobernar es resistir; para ella, gobernar es funcionar. El choque era inevitable. La confrontación no se da en discursos frontales sino en filtraciones, presiones internas, activismo legislativo y campañas de deslegitimación desde los márgenes del propio movimiento. El mensaje es claro: el poder sigue teniendo dueño, aunque ya no esté en la boleta.
López Obrador, desde su retiro estratégico, no necesita intervenir de manera explícita. Su silencio pesa más que cualquier mensaje en las redes. El ala dura actúa convencida de que interpreta su voluntad. Si en política la convicción suele ser más peligrosa que la instrucción directa, los puros no dudan en cerrar sus espacios de maniobra para evitar desviaciones.
En esa lógica se encuentra la otra filtración: los contratos multimillonarios para la empresa de su íntima amiga Altagracia. La presidenta no la dejó sola y ganó un poco de tiempo. Pero las filtraciones no pararán y los puros han encontrado su línea de flotación. Pero no todo corre en una dirección. Es la forma como pelean en el régimen. En esta ocasión ella fue la víctima, pero días atrás, sus cercanos le dispararon el obús que sacó a Gerz Manero de la Fiscalía.
Desde Palacio Nacional han exhibido los excesos pequeñoburgueses de los izquierdistas, Andrés Manuel junior, el senador Adán Augusto López, el diputado Ricardo Monreal y el secretario de Educación, Mario Delgado. Pero los duros no tienen aliados ni espíritu de cuerpo. El senador se queja de filtraciones de la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, y resiente la guerra cibernética del ex vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, que también tiene cuentas pendientes con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El dilema de Sheinbaum en este lodazal es profundo. Si cede, se convierte en rehén de un pasado que no termina de irse. Si confronta de lleno en medio de la debilidad en la que se encuetra frente a su antecesor, arriesga la frágil cohesión de Morena y acelera la guerra interna que puede paralizar su gobierno. Hasta ahora, la presidenta ha optado por una tercera vía: avanzar sin romper y resistir sin provocar. Pero esa cuerda no es infinita.
Lo que está en juego no es sólo la relación entre una presidenta y su mentor político. Es la posibilidad de que México tenga, por primera vez en siete años, un gobierno que no dependa del caudillo para tomar decisiones. El ala dura lo sabe y por eso aprieta. Sheinbaum también lo sabe y por eso mide cada paso. En política, las sombras no desaparecen solas. O se enfrentan, o terminan por engullir a quien camina delante. La pregunta no es si habrá confrontación. Ya existe. La pregunta es cuándo decidirá Sheinbaum si gobierna con la sombra detrás, o a plena luz, aun a costa de quemarse.

 

Muy extraña fue la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum ayer cuando le preguntaron su opinión sobre los resultados de la elección presidencial en Chile, donde el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, aplastó a la candidata de izquierda, Jeanette Jara, en el giro político-ideológico más radical desde las elecciones de 1990, que marcó el fin de la dictadura militar. “Eso no se va a dar en México”, afirmó Sheinbaum como preámbulo de la contestación. ¿Por qué no se limitó a hablar solo de Chile? ¿Por qué puso a México en el espejo chileno? ¿Es que acaso lo que tiene es temor a una sorpresa en las elecciones intermedias de 2027 o en las presidenciales de 2030?
Sheinbaum enumeró tres razones por las cuales, dijo, no seguiría los pasos del presidente Gabriel Boric que la llevaran a entregar el poder a la oposición: porque “hay mucho apoyo popular al gobierno”, porque están cumpliendo y no han traicionado a lo que se comprometió ella y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador; porque hay resultados, la disminución de la pobreza y las desigualdades, además de que “la mayoría” de la ciudadanía está de acuerdo con la transformación que emprendieron; y porque hay unidad en el movimiento que da resultados, como, subrayó, la honestidad.
Katz, que perdió ante Boric en 2021, abandonó el discurso más conservador que polarizó a una parte del electorado que lo mostró como un riesgo para la estabilidad democrática y social, que limitó sus posibilidades para atraer a votantes moderados o de centro derecha, para enfocarse en los dos asuntos que más preocupan hoy a los chilenos, la migración y la inseguridad, que consideran es consecuencia de lo primero. Ganó por 16 puntos, con lo cual la ola derechista que está recuperando poder en América Latina, siguió su fuerte marcha.
¿En dónde vio Sheinbaum que aparecía México en el mapa chileno? En lo que han mencionado varios analistas, la ineficiencia del gobierno de Boric para atender los principales problemas de los chilenos. Boric se convirtió en un líder legítimo pero poco eficiente, que lo llevó a presidir una democracia débil. Sheinbaum, como López Obrador, tiene alta legitimidad, pero también es profundamente ineficiente. Lo que sí se puede argumentar es que sus explicaciones del porqué lo sucedido en las elecciones chilenas “no se va dar en México”, son muy pobres y limitadas.
Hay una disminución de la pobreza y las desigualdades, pero los indicadores económicos apuntan que será un logro efímero. No hay ni habrá crecimiento porque no hay incentivos para ello, y el famoso “humanismo mexicano” donde no importa el crecimiento sino el bienestar, sirve para engañar, pero tiene vida corta. La caída en la aprobación de los apoyos sociales registrada en la última encuesta de El Financiero, refleja insatisfacción y lanza alertas, porque los sondeos son el combustible de su poder. Las protestas en el campo hablan de la crisis en el sector, y la debilidad en el crecimiento del empleo y el repunte de la informalidad, solo traen malos vaticinios. Lo que sobra es violencia, inseguridad y corrupción, y escasea honestidad.
Morena no ha estado a a altura de lo que prometió a los mexicanos. Los ha traicionado. El nuevo régimen llegó al poder montado en una promesa simple y contundente: ser distinto. Y en ese adjetivo deliberadamente ambiguo, cabía todo: honestidad, justicia social, cercanía con el pueblo, fin de la corrupción, respeto a la ley. Hoy, a siete años de haber tomado el control del Estado, lo único distinto es la profundidad de la decepción.
La traición no fue un acto único ni espectacular. No hubo un golpe dramático, ni una ruptura visible. Fue una traición administrada, cotidiana, normalizada. Morena traicionó a los mexicanos cuando decidió que el poder importaba más que las causas; cuando convirtió la moral en discurso y la ley en obstáculo; cuando sustituyó instituciones por lealtades y técnica por obediencia. Desarmó la escalera por la que subieron hasta Palacio Nacional.
Prometió combatir la corrupción y la hizo selectiva. No se erradicó: se administró políticamente. El corrupto dejó de serlo si se afiliaba, si callaba o si servía. Los expedientes se convirtieron en armas y la justicia en escenografía. El mensaje fue devastador: la corrupción no se castiga, se perdona si es útil. Todos los días nos da prueba de ello. Prometió pacificar al país y lo entregó a la violencia. El “abrazos, no balazos” no fue una política de Estado, sino una renuncia del Estado. Se retiró la autoridad de amplias zonas del territorio, se debilitó a las fuerzas civiles y se normalizó que el crimen organizado fuera un actor más del paisaje nacional. No fue ingenuidad: fue negligencia ideológica.
Prometió respetar la democracia y trabajaron para vaciarla. Atacó al INE, al IFAI, a todos los órganos autónomos. Presionó al Poder Judicial, desacreditó a la prensa crítica y convirtió la conferencia mañanera en tribunal político. No eliminó la democracia, pero la erosionaron todos los días, convencidos de que la legitimidad electoral justifica cualquier exceso. Llevó a México de un país de incipiente democracia, a una regresión rumbo al autoritarismo.
Prometió gobernar para los pobres y usaron a los pobres como escudo. Los programas sociales se transformaron en instrumentos de control político. No construyó movilidad social, sino dependencia. No empoderaron ciudadanos, administraron beneficiarios. El asistencialismo sustituyó a la política pública. Y finalmente, traicionó algo más profundo: la esperanza. Morena no solo falló en cumplir lo que ofreció; redefinió el fracaso como virtud y el error como conspiración. Ha gobernado con soberbia y petulancia, sin autocrítica, sin corrección y sin responsabilidad. Todo lo malo fue culpa del pasado, del neoliberalismo, de los adversarios, de los medios, de Estados Unidos, de todos menos de ellos.
El espejo chileno no refleja a México, porque al México del nuevo régimen el espejo le queda chico. Esto, sin embargo, no es un prólogo de la derrota de Morena en las próximas elecciones, ni aventura tal vaticinio. Es una pincelada que muestra al México de la cuatroté en peores condiciones de las que tenía el Chile de Boric, que no tenía los instrumentos clientelares que permiten a la cuatroté aspirar a continuar con el control del país, al menos por el momento.

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Las investigaciones en Estados Unidos sobre la narcopolítica en México no tienen exclusivamente el sello del régimen que instauró Andrés Manuel López Obrador. De hecho, una de las averiguaciones más avanzadas es en Chihuahua, donde el crimen organizado ha penetrado los más altos niveles del gobierno de Maru Campos. El Departamento de Estado canceló recientemente la visa a un funcionario de primer nivel, y otro, todavía de mayor rango, está próximo a perderla. Por omisión o comisión, incluso la gobernadora podría ser la segunda mandataria estatal a quien el gobierno de Donald Trump le revoque la visa.
Las investigaciones no son nuevas. Comenzaron con el repunte de extorsiones a los migrantes, que tuvieron alza espectacular por la política de fronteras abiertas de López Obrador y del presidente Joe Biden, que detonó un negocio criminal estimado en 100 millones de dólares mensuales, muy superior a las ganancias por tráfico de cocaína. Al bajar la migración en la parte final del gobierno de Biden y el inicio de la administración Trump, las extorsiones y los secuestros se volcaron hacia los mexicanos, con una crueldad para forzar a pagos rápidos que incluyó la difusión de videos de las víctimas en tiempo real, que mostraban cuando las torturan y mutilan.
Las pesquisas en Chihuahua se revigorizaron luego de que Trump clasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca. La orden ejecutiva de Trump le dio al Departamento de Seguridad Nacional las operaciones contraterroristas en las zonas fronterizas en Estados Unidos y en México, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, directora Nacional de Inteligencia, que la convierte en la principal asesora del presidente y del Consejo Nacional de Seguridad en la materia.
Las operaciones contratrerro-ristas se están manejando desde Fort Bliss, en El Paso, donde se encuentra la principal base militar para Texas y Nuevo México, y alberga el Centro de Inteligencia de El Paso, desde donde desde hace 50 años la DEA coordina información sobre el narcotráfico en todo América Latina. El contraterrorismo, sin embargo, no es una tarea de la DEA.
Participan, como en el caso de Chihuahua, el área de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, responsables de la captura de Ismael El Mayo Zambada el año pasado en Culiacán, con la ayuda de Joaquín Guzmán López, además el Servicio de Marshalls, que decodificaron las comunicaciones interceptadas por la CIA que sirvieron para la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, en 2016, en la llamada Operación Cisne Negro, que encabezó la Marina.
Las investigaciones, apoyadas por dos testigos protegidos del FBI, narran con detalles escalofriantes cómo fue la emboscada y asesinato de cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, en 2022. De acuerdo con lo que se ha podido conocer de sus declaraciones, los dos testigos señalaron que una abogada de narcos vinculada con un alto funcionario de la Fiscalía Estatal, fue la que puso a los agentes, informando –porque mantuvo la comunicación con ellos todo el tiempo– en el momento que llegarían al punto donde planeaban atacar, consecuencia de sus investigaciones sobre la extorsión a migrantes.
La extorsión a migrantes la maneja La Línea, que se escindió del Cártel de Juárez y se ligó al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese grupo, que se calcula controla el 80% del crimen en el estado, tiene subordinada a La Empresa, que comenzó con cholos mexicano-norteamericanos en ambos lados de la frontera, que manda en el 20% restante. Los testigos protegidos estuvieron presentes cuando se decidió el asesinato de los agentes ministeriales y de Migración, que para poder ser emboscados fueron convocados a Chihuahua por un alto funcionario de la Fiscalía estatal, con el pretexto de revisar sus trabajos.
Los secuestros y las extorsiones, de acuerdo con las investigaciones, son controlados desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, que constantemente se ve involucrado en temas de violencia. El criminal que las manejaba era Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, líder de la banda de Los Mexicles, también de origen mexicano-estadounidense, que se escapó de esa cárcel a finales de 2022 para morir días después en un enfrentamiento. Su muerte no eliminó el control desde el Cereso 3, sino pasó a manos de La Línea, que ha crecido sus negocios criminales y expandido desde su origen en Ciudad Juárez.
Los ceresos, que antes eran responsabilidad de la Fiscalía, ahora lo son de la Secretaría de Seguridad, pero antes, como en la actualidad, se genera tensión y motines cuando se pretende mover a los reos de la prisión, porque se desarticula el entramado criminal. Pero el cambio de mando en la responsabilidad no eliminó las sospechas sobre la vinculación institucional en Chihuahua con el crimen organizado. Al contrario, de lo que ha trascendido de las investigaciones en Estados Unidos, hay molestia contra la gobernadora Campos porque no ha hecho ningún ajuste en los cargos relevantes de la administración y procuración de justicia.
La investigación del gobierno de Trump en Chihuahua tienen una carga subjetiva adicional y un tono de venganza contra Biden. Se pudo notar públicamente a fines de octubre, cuando Gabbard habló de la detención de Martha Alicia Méndez, La Diabla, señalada de operar una red transfronteriza de tráfico de bebés, manejada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y dijo que era parte del “horror” que prosperó durante el gobierno de Biden.
La gobernadora Campos no pa-rece haber comprendido los embates estadunidenses contra la narcopo-lítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha: que dinero sucio sea inyectado en las campañas para la gubernatura en 2027. En la medida que avancen los tiempos sin acciones, el gobierno de Chihuahua se irá metiendo en más problemas, porque los estadunidenses, para estos momentos, están eliminando los límites para enfrentar a los cárteles.

NOTA: En relación a una afirmación en este espacio el viernes pasado, el director de Desarrollo de Texas Ribs, Juan Carlos Perezcano, afirmó que la cadena de restaurantes no pertenece al facturero Raúl Beiruty, sino que ha sido propiedad de la familia Perezcano desde su fundación en 2004.

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En el gobierno de Claudia Sheinbaum se han detectado al menos 184 empresas identificadas como “factureras” y alrededor de 530 contribuyentes que pueden entrar en la misma clasificación. La cruzada contra esas empresas es importante, porque generan pérdidas al fisco por unos mil 400 millones de pesos. Sirve también como herramienta de la propaganda, como es el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, uno de los dos símbolos del factoraje evasor, que iba a servir para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostrara su disposición para acabar con los delincuentes de cuello blanco del viejo régimen. Pero no hizo nada de fondo.
Haberlo hecho hubiera involucrado a funcionarios muy cercanos a él, que lo habían financiado cuando no tenía dinero, que habían hecho negocios con Álvarez Puga. Pero ahora, con la necesidad de conseguir recursos de donde sea, Sheinbaum quiere que lo extraditen y repare lo obtenido. Álvarez Puga, sin embargo, es el chivo expiatorio de los factureros, viejos y nuevos. Hay una red de factureros que se tejió alrededor del senador Adán Augusto López, que está inmune a investigaciones sobre ese mecanismo evasor. Tampoco se ha tocado la operación de factoraje que se maneja desde el SAT –como también lo hizo en su tiempo la finada hermana del senador López–, y que tiene vinculaciones fuertes con la familia del expresidente.
Pero el caso madre de los ataques selectivos contra los factureros lo da Raúl Beyruti, llamado “el rey facturero”, a quien investiga la Fiscalía General de la República desde 2021, por haber dispersado más de mil 300 millones de pesos a través de su empresa GINGroup. La Secretaría de Hacienda interpuso denuncias penales contra Beyruti y la Unidad de Inteligencia Financiera detectó desde 2021 recursos no reportados de GINGroup, que generaron las órdenes de aprehensión. En total, se abrieron seis carpetas de investigación en la UIF, cuando la encabezaba Santiago Nieto, en el SAT cuando estaba Raquel Buenrostro, y en el IMSS, bajo el mando de Zoé Robledo.
Álvarez Puga, cuando no pu-dieron ayudarlo sus amigos en el go-bierno de López Obrador se fue de México. Beyruti no. Pese a todas las órdenes de aprehensión, nunca salió del país. Lo que hizo, de acuerdo con personas que conocieron de sus movimientos, fue repartir más de 45 bienes inmuebles entre sus cinco exesposas y una docena de hijos, que le ayudaron a ocultarlas para evitar su aseguramiento.
“Siempre ha operado en el filo de la navaja simulando operaciones a través de más de 800 empresas con estrategias fiscales agresivas”, dijo una persona que lo conoce bien. “Además de estas, triangula recursos a través de restaurantes de su propiedad como el Texas Rib, Garuma, Corazón de Alcachofa, así como mediante franquicias de Carl’s Jr. y Wendy’s, y centros deportivos y clínicas que aprovechaba para ofrecer servicios de esparcimiento y de salud a los empleados que administraba”.
Beyruti invirtió en medios de comunicación –todos lo acusaron de incumplimiento de sus compromisos en el campo de inversión y publicidad–, a través de los cuales pensaba originalmente promoverse. Las acusaciones no han tenido mayor merma en él. Actualmente, dijeron las personas que lo conocen, se sigue dedicando al mismo negocio, utilizando varias marcas y una consultoría, que las manejan sus hijas, su hijo y su yerno.
“El rey facturero” no parece tener miedo a que lo detengan. Como antes, sigue alardeando su fortuna y se pasea regularmente por los mejores restaurantes de Polanco y en los grandes centros comerciales del poniente de la Ciudad de México, particularmente en Interlomas y Santa Fe. Sigue en el negocio inmobiliario, adquiriendo propiedades mediante contratos privados de compra-venta que los usa para rentar. Una de esas propiedades en Lomas Verdes, donde se encuentra su corporativo, es emblemático. El edificio se lo compró a una multinacional farmacéutica a la que no le terminó de pagar, por lo que sus empleados tienen que batallar con cortes de agua y otros servicios. Actualmente existe un alto número de exempleados que lo han demandado por diversas causas que van desde lo laboral hasta el fraude.
Adicionalmente, existe un grupo formado por decenas de trabajadores y socios a los que a pesar de jactarse del dinero que tiene, les debe grandes sumas. Desde hace tiempo la intención de este grupo es solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para que interceda por ellos a través de la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía General para que les pague. Hace unos días le preguntaron a la presidenta sobre Álvarez Puga y los factureros, y dijo que eran asuntos que llevaba la Fiscalía.
La lucha contra los factureros, como lo demuestra el trato diferenciado entre Álvarez Puga y Beyruti es desigual, por razones que se desconocen. El primero, en el centro de la arena pública es tratado como una persona de una fortuna incalculable, aunque en la actualidad, de acuerdo con personas que lo conocen, no tiene el dinero que le adjudican, ha tenido que recurrir a préstamos para mantener los gastos de su familia. El segundo no tiene esos problemas. Al contrario. Sigue en sus negocios operando en la zona metropolitana de la Ciudad de México, sin que nadie lo moleste.
Las acciones contra Álvarez Puga, sin embargo, no son ilegales ni ilegítimas. Sí fue un facturero importante del poder y hubo evasión de impuestos. La presidenta sí quiere que regrese a México, pero extraditado desde Miami, donde se encuentra recluido en un centro migratorio, para que sea detenido a su llegada y comience la negociación para que repare el daño. Las acciones contra Beyruti tampoco son ilegales ni ilegítimas, pero parece haber salido del radar de las autoridades, colocándolo en un lugar cercano a los factureros del régimen, sobre los cuales no hay denuncias, ni investigaciones, ni órdenes de aprehensión.
La forma como se ha hecho la campaña contra los factureros pierde credibilidad cuando se hace de manera selectiva, donde a unos se castiga y a otros se premia al no voltearlos a ver. Es la forma como se ha tratado la justicia, no solo de la cuatroté, sino del PRI y el PAN en el pasado, que parece que no importa qué, no va a cambiar.

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Esta semana, el periódico The New York Times publicó una segunda entrega del espionaje ruso en México, con señalamientos muy graves: el gobierno de Joe Biden le entregó a México una lista con más de 20 nombres de agentes rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se rehusó a expulsarlos del país. No actuaban contra México, sino contra Estados Unidos con el respaldo del gobierno. López Obrador, sugiere el reportaje, optó por Moscú por encima de Washington. Esta nueva fase de la Guerra Fría provocó algo que debería preocupar al gobierno de Claudia Sheinbaum: la creación en la embajada de Estados Unidos de un nuevo puesto, “observador de Rusia”, que verá también las ligas de la cuatroté con el Kremlin.
Nunca había sido necesario ese puesto, porque nunca antes ningún gobierno mexicano, incluidos algunos que son modelo para la cuatroté, como el de Luis Echeverría, un presidente de izquierda consecuente –sin juzgar en sus méritos sus acciones y políticas–, no un impostor como lo fue López Obrador, se habían decantado por la Unión Soviética, que tras colapsarse se convirtió en lo que es hoy, un régimen híbrido autoritario. López Obrador, y ahora Sheinbaum, están al lado de los intereses del Kremlin en los hechos, aunque no necesariamente responden a los intereses mexicanos.
Geopolíticamente, las revelaciones del Times, que citó como fuentes a funcionarios y exfuncionarios de la CIA, son muy delicadas. Sin embargo, esta y otras revelaciones sobre la creciente presencia rusa en México que desde 2023 ha documentado Dolia Estévez, la experimentada corresponsal en Washington, han caído en el silencio total y en ataques a los mensajeros de los propagandistas obradoristas, algunos conscientemente de lo que significa una exposición sistemática de sus ligas con Moscú, otros por ignorancia supina y muchos más, probablemente, porque no comprenden la dimensión de lo que esto significa y las consecuencias que pueda haber.
El despacho del Times hace una denuncia clara: “Cuando Estados Unidos y sus aliados expulsaron a decenas de diplomáticos y espías rusos en los últimos años por la invasión a Ucrania y un envenenamiento en el Reino Unido, dejaron a algunos de los agentes más experimentados de Rusia si ningún lugar a dónde ir. En los países europeos y en Estados Unidos, donde las agencias de espionaje y los sistemas de vigilancia eran sólidos, había demasiados ojos sobre ellos. Pero México brindó una oportunidad ideal… Muchos de esos experimentados rusos fueron trasladados a México para aprovechar la cercanía del país a Estados Unidos”.
Una vez más la Ciudad de México, como en los 60 y 70, se volvió en el campo de batalla en la Guerra Fría. En aquellos años, todos los servicios de inteligencia comunistas operaban en México y realizaban acciones encubiertas contra Estados Unidos. La CIA hacía lo mismo contra esos países, y tenía un puesto de observación permanente frente a la Embajada rusa en el barrio de Tacubaya, desde donde fotografiaban a todos quienes entraban y salían de la misión; y en coordinación con la policía política mexicana, revisaban las fotografías de todos los pasajeros que llegaran al aeropuerto Benito Juárez. En esos años, la CIA tenía en México su estación más grande después de Viena, la puerta de entrada de Occidente al mundo comunista.
En un país como México, donde se confunde inteligencia con espionaje, y se piensa que los espías se reducen a los estereotipos de James Bond o de misiones imposibles, estos temas de seguridad nacional son ignorados y desechados en automático. El problema no es que la gente los vea superficialmente, sino que el gobierno aborde con displicencia e irresponsabilidad esta realidad que algunos tratan como caricatura. En el despacho del Times hay un llamado de atención: las preocupaciones estadunidenses “cayeron en saco roto” en el gobierno de López Obrador, que “repetidamente frustró los esfuerzos de acabar con las actividades de espionaje ruso en el país”.
La primera advertencia que vino del norte fue en marzo de 2022, cuando en una audiencia en el Comité de Fuerzas Armadas del Senado en Washington, el general Glen VanHerck, en ese entonces jefe del Comando Norte y del sistema Norteamericano de Defensa Aérea, afirmó que Rusia estaba utilizando a México como un centro para enviar espías, particularmente militares, a Estados Unidos, utilizando las relaciones estrechas entre López Obrador y el presidente Vladimir Putin. Poco después, en el primer periodo de Donald Trump en la Casa Blanca, un alto diplomático estadunidense le reclamó al presidente que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, le hubiera facilitado a la inteligencia rusa todos los nombres de los agentes estadunidenses en México. Como respuesta, López Obrador lo desestimó, con la insensatamente frívola frase de que no importaba porque “todos se conocían”.
El gobierno de Sheinbaum no parece entender tampoco la dimensión de este tema y sigue permitiendo acciones políticas a favor de Rusia. En una nueva revelación de Estévez esta semana en Eje Central, afirmó que el embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, estaba trabajando para “trazar una estrategia coordinada” entre rusos y mexicanos que “recupere la posición de México como destino predilecto de los rusos”. Esta “posición” se cayó poco después de la invasión a Ucrania, cuando se canceló el vuelo directo Moscú-Cancún por el cierre del espacio aéreo occidental, y Turkish Airlines suspendió indefinidamente la venta de boletos para que pudieran llegar los rusos a México, vía Estambul, que fue una decisión tomada entre Estados Unidos y Turquía.
El “observador de Rusia” en México, por definición, también estará atento a las acciones de Sheinbaum y su gobierno, que son prioritarias para la Casa Blanca, como mostró en la Estrategia de Seguridad Nacional difundida el jueves en Washington. La presidenta no tiene porqué responder a lo publicado en el Times o en otros medios, pero sí prestarle atención a lo que han difundido porque entra, junto con la lucha contra los cárteles –algunos ya con asesoría indirecta rusa–, en el orden de preocupaciones superiores en Washington, con México, así lo ven, aliándose con sus peores enemigos políticos y sociales, los criminales y los rusos. Abrir un nuevo frente con Estados Unidos por negligencia o ignorancia, no es una buena idea.

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Desde que Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República, la dependencia, como dijo uno de los voceros del régimen, se avispó. Mostró reflejos rápidos, como dijo otro de los panegiristas, para atraer la investigación de la explosión de un vehículo en Michoacán, perseguir inmediatamente a políticos del PRI y del PAN a los que acusa de corruptos, y elevar la presión fiscal y penal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego. Las acciones se dispararon, ciertamente, pero si uno se detiene a ver con detenimiento lo que está pasando, se verá una estrategia de ocultamiento y encubrimiento.
La estrategia es vieja y no es un producto Hecho en México, pero ha sido muy útil para varios gobiernos en el mundo –de manera sobresaliente el de Estados Unidos desde hace décadas–, el sobrecargar la agenda informativa con el propósito de mantener ocupados a los medios procesando todo lo que va apareciendo, y abrumar al receptor con datos, hasta que pierden ambos, la capacidad humana de investigar los primeros, y la capacidad de filtrar de ambos a la velocidad con la que surgen nuevas revelaciones-señuelo, con lo cual la autoridad controla la narrativa, un claro ejercicio de propaganda, y que la información crucial se pierda en el ruido.
Se fue Gertz Manero y llegó Ernestina Godoy, saltando de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y del círculo más cercano de amigas de la presidenta Claudia Sheinbaum. De inmediato se pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala autorización para emprender nuevas acciones penales en contra de los exgobernadores César Duarte de Chihuahua, y Javier Duarte de Veracruz, debido a que habían sido extraditados por delitos específicos. Consiguieron el permiso de los dos países para juzgarlos por otros delitos y actuaron: metieron al primero al Altiplano, y al segundo le notificaron la nueva causa en el penal.
Para acompañar el paquete, dos morenistas denunciaron al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta responsabilidad en el delito de contrabando de combustible. De la nada, ¡voilà!, los ojos se fueron al PRI y al PAN. En el olvido quedó el caso del contrabando de combustible de los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, y las investigaciones por el mismo delito y otros de delincuencia organizada en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena y del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.
El ruido opacó el cálido abrazo de la presidenta Sheinbaum al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por Ismael El Mayo Zambada, que fue jefe del Cártel de Sinaloa, de ser cómplice de la organización. La explosión del vehículo en Michoacán escondió los informes que recibió la presidenta sobre los vínculos criminales del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Todo se plancha en beneficio del régimen. Una revelación puntual de Reforma ayer sobre los conflictos de interés de Altagracia Gómez, su amiga íntima –va casi todos los días a Palacio Nacional–, enlace con los empresarios y a quien le ha dado poderes plenipotenciarios para hablar con funcionarios estadunidenses sobre comercio e inversiones, que recibió contratos a favor de su empresa de maíz, Minsa, en lo que va del sexenio por 346 millones de pesos  –contra 369 millones en todo el sexenio pasado–, fue minimizado por la presidenta y declarada inocente de todo.
Como se apuntaba ayer en este espacio, lo que antes fue escándalo, hoy es rutina; lo que antes provocaba renuncias y procesos penales, hoy son aplausos mañaneros y sonrisas cómplices. En este régimen, la honestidad estorba, pero cada vez es más difícil tapar el sol con un dedo. Pero no hay esfuerzo pequeño. Dos meses antes que saliera Gertz Manero, la presidenta le pidió que cancelara las investigaciones sobre el contrabando fiscal, que involucraban además de los marinos al hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, y al director de Infonavit –antes de Pemex–, Octavio Romero Oropeza. Se mantuvo activa hasta su salida. Ya no.
Cualquier paso en firme que conecte la corrupción con el régimen y su cabeza, Andrés Manuel López Obrador, es terreno prohibido. El expresidente, siguiendo consejos de sus asesores cubanos, corrompió a las Fuerzas Armadas y las hizo cómplices de la corrupción, por lo que seleccionó como titulares de la Defensa y la Marina a quienes menos relaciones internas tenían y menos adoctrinamiento sobre la institucionalidad. El huachicol fiscal en la Marina y el uso de combustible robado en el Tren Maya y el aeropuerto “Felipe Ángeles”, son consecuencia de ello, como el blanqueo de dinero que los militares hicieron a través de una de las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos.
Pero no todo es cosa del pasado. Brincó lo de Gómez, y ayer mismo Carlos Loret deslizó en El Universal el nombre de Jack Landsmanes como persona de interés del gobierno de Estados Unidos. Landsmanes, ligado a Julio Scherer, ex consejero jurídico de López Obrador y recaudador de fondos para la campaña de Sheinbaum, tiene una vieja relación con la secretaria de Energía, Luz Elena González, que goza de la confianza presidencial, es uno de los principales distribuidores de medicinas, favorecido por otro de los cercanos a Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Los hijos mayores de López Obrador siguen en sus negocios, con más bajo perfil, pero con intensa actividad.
Pareciera que donde se apriete en la cuatro té, sale un acto, una anécdota de corrupción. De ahí la recurrencia a la vieja práctica de la caja china, que en política significa una estrategia de distracción mediática con un escándalo secundario. Gertz Manero lo intentó con el Caso Colosio, inventando un segundo asesino. Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunciando exenciones de tenencias. Se recurrió a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, pero después de una embestida, se frenaron las filtraciones ante el riesgo de que escalaran hasta Palenque.
El régimen está en una carrera para producir escándalos que nos los afecten y que ayuden para dejar a buen resguardo a sus personajes más conspicuos manchados por la corrupción. El circo distractor que hemos visto en los últimos días continuará hasta que el sol no sea demasiado grande para ocultar la vida ilegal de algunos personeros insignes del régimen.

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Como cada inicio de mes El Financiero ha publicado sus encuestas de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México –el segundo de mayor peso político detrás de la jefa de Estado–, Clara Brugada, en donde comparten la paradoja del régimen que encabezan: como militantes fundadoras del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que cabalgó sobre las denuncias de corrupción del PRI y del PAN hasta la silla presidencial, están pagando los negativos de la rampante corrupción en la que incurrió su círculo más íntimo, cuyos números van creciendo casi mes con mes.
Más del 80% de las personas encuestadas reprobaron su lucha contra la corrupción. Se puede explicar. La corrupción en Morena tiene un singular talento: siempre encuentra cómo disfrazarse de épica popular. Y durante siete años, el partido en el poder ha repetido el mantra de la “honestidad valiente” –una frase que acuñó López Obrador– como un escudo inquebrantable. Pero el escudo ya tiene demasiadas grietas, y por ellas se escapa el olor rancio de los mismos vicios que prometieron erradicar.
La 4T, como pomposamente llaman a la “cuarta transformación”, se proponía, en palabras de López Obrador, erradicar de raíz la corrupción y moralizar la vida pública, terminar los lujos del gobierno y el “Estado corrupto”, consignando su arenga favorita de que “nada ha dañado más a México que la corrupción política”. Los electores le compraron la pureza de su narrativa y votaron por él en las elecciones de 2018 y por su imposición en las de 2024. Hace siete años, en otro contrasentido que la realidad ha expuesto, 68% consideraban que el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto había fomentado la corrupción. Quién lo iba a decir.
Un sexenio y un sexto del segundo piso del obradorismo han demostrado que la corrupción en la 4T no desaparece con discursos, ni con campañas de linchamiento desde el púlpito presidencial. La corrupción se combatía en México, como en el resto del mundo democrático con controles, instituciones y vigilancia ciudadana, que es donde Morena cambió el juego, eliminando a los árbitros para que nunca marcaran sus faltas. Los casos se acumulan como expedientes ocultos en un cajón que nadie quiso abrir.
Programas sociales convertidos en maquinarias electorales; contratos asignados en lo oscurito a empresas recién creadas, muchas notoriamente al abrigo de los hijos de López Obrador; desmantelamiento de los mecanismos anticorrupción y nombramiento de porteros en las áreas que investigan esos delitos para sepultar cualquier averiguación que afecte al discurso. Y cuando alguien osaba preguntar, la respuesta era automática: “Es un ataque de los conservadores”.
Esa narrativa ha sido útil para justificar que lo que antes era escándalo, hoy sea rutina. Antes, un video de dinero en sobres provocaba renuncias y procesos penales. Hoy, provoca aplausos en la mañanera y una sonrisa cómplice. El problema, nos dicen, no es el dinero ilegal, sino quién lo exhibe. Lo más inquietante no es que haya corrupción, sino la impunidad garantizada desde la cúpula. Los viejos priistas fueron maestros del cinismo, pero al menos tenían claro que la corrupción era un delito que se debía esconder. Morena, en cambio, la convirtió en una virtud revolucionaria.
López Obrador dividió al país en “pueblo sabio” y los otros, los neoliberales conservadores, reaccionarios y de extrema derecha que buscaban salvaguardar sus privilegios. Pero ese discurso ya no produce resultados homogéneos, y una parte al menos de ese “pueblo bueno”, les está cobrando las facturas. Las encuestas de El Financiero lo muestran. En marzo, el 60% de los entrevistados decía que Sheinbaum no estaba combatiendo la corrupción, y solo el 29% aprobaba sus esfuerzos. En julio, el 66% la reprobaba y el 25% consideraba buena su política. En noviembre, brincó 12 puntos y 80% vieron la corrupción como uno de sus males, y un terrible 12% consideraba que la estaba combatiendo.
Brugada no estuvo mejor. En marzo, el 64% veía la corrupción como uno de sus déficits, mientras el 24% la respaldaba. Para julio, la desaprobación escalaba a brincos; 78% decía que no la estaba combatiendo, contra 16% que seguían apoyándola. Para noviembre, como se vio ayer en la última encuesta, siguió hundiéndose, con el 83% considerando que no luchaba contra del fenómeno, y apenas una persona de cada 10 pensaba lo contrario. Como referencia, cuando Sheinbaum dejó la jefatura de Gobierno capitalina, solo el 2.8% en las encuestas mencionó la corrupción como un problema. Hoy es totalmente diferente.
El mensaje que han enviado consistentemente los electores en este año, es claro: en la 4T, la honestidad estorba. Lo que están ahora viendo en México, en el mundo ya se estaba registrando desde el gobierno de López Obrador. Transparencia Internacional, la organización global que mide la percepción de corrupción, colocó a México en el puesto 140 de 180 países en su ranking de 2024, con una puntuación de 26 sobre 100, donde 0 es igual a “peor corrupción”, y 100 es igual a  “transparencia ideal”, que es la calificación más baja que había tenido hasta ese momento. El retroceso de 19 puntos desde 2014, dejó a México en el penúltimo lugar entre las 20 economías más poderosas del mundo, solo arriba de Rusia.
Morena llegó al poder como la gran promesa de regeneración. Y durante un tiempo, millones creyeron que era posible un país distinto. Pero la realidad se ha encargado de mostrar que el cambio no se mide por el color de la boleta, sino por la rendición de cuentas. Y cuando el poder se considera moral por decreto, inevitablemente se corrompe.
La sociedad mexicana ha sufrido muchos fraudes, electorales, económicos y  culturales incluso. Pero el más cruel es el de la esperanza. Morena pretende seguir jugando con los mexicanos, ocultando lo que sabía López Obrador y conoce Sheinbaum, que los más corruptos son de casa. Las encuestas van demostrando que las acusaciones selectivas de corrupción están agotando su ciclo y es posible que terminen convertidos en lo que juraron destruir. Podrán seguir disfrazándose de movimiento popular, repetir que luchan contra los privilegios y culpar al pasado todo lo que quieran, pero hay una verdad que tarde o temprano los alcanzará a todos en el poder: la corrupción nunca muere, solo cambia de camiseta.
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En enero, el periódico The New York Post, propiedad de Rupert Murdoch, amigo de Donald Trump, publicó una portada donde mostraba las nuevas fronteras estratégicas que deseaba el entrante presidente, con Canadá como estado 51, la apropiación de Groenlandia, el control sobre el Canal de Panamá, y la colonización simbólica del nombre del Golfo de México. El Post jugueteó, como siempre lo hace con sus titulares y encabezó: “La Doctrina Donroe, la visión de Trump para el Hemisferio”. Ahí quedó todo hasta el jueves por la noche, cuando la Casa Blanca publicó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Fue una redefinición radical de prioridades. Adiós China como la principal amenaza de Estados Unidos. Adiós el Medio Oriente como prioridad. Adiós a los europeos como el pesebre de los mejores aliados. Bienvenida América Latina, de la que dice sin ambages: “Después de años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y reforzará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia norteamericana en el Hemisferio Occidental”. Es un “corolario” a la Trump a esa Doctrina que, 200 años después de haber proclamado “América para los americanos”, la plantea como de “sentido común y potente restauración del poder y las prioridades”, consistente con sus intereses de seguridad.
El objetivo habla de relaciones bilaterales con fines comunes, donde habrá “amigos” que bailen la música que les van a tocar: controlar la migración, frenar el narcotráfico y fortalecer la estabilidad y la seguridad por tierra y mar; o sea, sellar fronteras de acuerdo a lo que les indiquen en Washington. La meta, aunque no lo precise por nombre, es eliminar la fuerza económica de China y neutralizar políticamente a Rusia y a sus proxys, como Cuba e Irán, para lo que evalúan aumentar su presencia militar, que no es menor: tres bases en Centroamérica y el Caribe, y 80 instalaciones menores operadas por el Comando Sur.
La estrategia se publicó en la víspera de la reunión del viernes de Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en medio del sorteo de grupos para el mundial de futbol. No fue planeado así, pero no dejó de ser irónico. En vísperas del viaje, Sheinbaum le pidió a su asesor externo, Eduardo Cervantes, un análisis de cuáles podrían ser los temas y escenarios que, si se daba una reunión de trabajo, pudiera plantear Trump. Sheinbaum no sabía con precisión qué es lo que iba a pasar, a diferencia de los canadienses que sabían que los tres líderes hablarían sobre el acuerdo comercial norteamericano de manera general.
La estrategia explica que la reconsideración de la presencia militar en América Latina tiene como propósito enfrentar “las amenazas más urgentes”, que a la vez, por el contexto actual, son todavía más urgentes para Venezuela y México, al incluir “despliegues específicos” para reforzar la seguridad en su frontera sur y “derrotar a los cárteles, incluida cualquier fuerza letal necesaria para remplazar “la estrategia fallida centrada únicamente en la aplicación de la ley”, lo que muestra que los convenios internacionales y las acusaciones de intervencionismo no son variables que le preocupen a Trump, y menos aún que lo detengan. Las rutas de tráfico humano y drogas son parte central de estas acciones; es decir, considera potenciales operaciones en territorio mexicano.
Estados Unidos no actuaría solo, únicamente con la fuerza de sus cañoneras. El documento señala que “enlistará” –eufemismo para un abanico de significados, desde persuadir y presionar hasta reclutar–, a gobiernos que los ayude a crear una “estabilidad tolerable” en la región, incluso más allá de sus fronteras, y trabajará para “premiar y estimular” a los gobiernos de la región, a los partidos políticos y a los movimientos (políticos y sociales en esos países) para que se alineen con la estrategia y sus principios.
El proceso de realineamiento lleva meses construyéndose. En cinco países de la región fueron derrotados en las urnas candidatas y candidatos de izquierda desde que asumió Trump la jefatura de la Casa Blanca hace menos de un año, y otros tantos lo hicieron en los meses previos, instalando a figuras conservadoras o de extrema derecha. En las próximas elecciones en Chile, dentro de dos semanas, existe la posibilidad de que el gobierno de izquierda sea remplazado por uno de extrema derecha, y que ese sea el mismo camino que siga Colombia en sus comicios del próximo año.
La influencia de Trump ha sacudido la región, en donde quiere frenar la penetración económica china mediante el fortalecimiento de las cadenas de suministro para reducir sus dependencias e incrementar la presencia de las empresas de Estados Unidos. Pero no solo eso. Sin mencionar a China, la estrategia plantea el control de puertos e infraestructura con activos estratégicos -los chinos los tienen en Panamá, Perú y Brasil, pero también en los mexicanos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, por donde entran los precursores para las metanfetaminas y el fentanilo, y Veracruz, uno de los centros del contrabando de combustible-.
Estados Unidos, dice la estrategia, ha tenido éxito en disminuir la influencia externa a la región en América Latina, al demostrar los costos ocultos de la ayuda que reciben los países, como las “trampas de deuda” -de los chinos, con sus créditos aparentemente a muy bajo costo-, la ciberseguridad -también los chinos a través de sus plataformas de telecomunicaciones y semiconductores, donde desde la Administración Biden ha habido fuertes presiones a México para que reduzca su relación con Beijing-, y el espionaje -en donde están inmiscuidos rusos, iraníes y cubanos, en varios países, incluido México-.
La estrategia no es una ocurrencia de Trump. Es un llamado a la definición de cada país. “La elección que enfrentan los países es si quieren vivir en un mundo de países soberanos encabezado por los estadounidenses y de economías libres, o en uno paralelo en donde están influenciados por países del otro lado del mundo”. Ahí está el dilema. Para Sheinbaum, con un país dependiente en más de 85% del aparato productivo estadounidense, la decisión es mucho más compleja que la que enfrentan otros líderes, al balancearse entre el futuro económico -y lo que significa para el régimen-, sus convicciones ideológicas y las complicidades de su antecesor con los enemigos de Washington.

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