aEn solo unos cuantos días, la presidenta Claudia Sheinbaum pasó de indiferencia a todo lo que tenía que ver con la Copa del Mundo, donde México no solo será uno de los anfitriones sino sede de la inauguración del campeonato, a confirmar su asistencia al sorteo de grupos en Washington. Sin embargo, el drama de ir pateando para el día siguiente la confirmación del viaje, sugiere que lo que realmente estaba esperando, una vez convencida de que era más costoso no ir que ir, era buscar un encuentro cara-a-cara con el presidente Donald Trump. Todo indica, salvo que Trump decida otra cosa de última hora, que no habrá tal. Por lo pronto, no tuvo tiempo para ella ni tampoco para el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que también asistirá al sorteo.
De cualquier forma, no es una pérdida de tiempo, porque al no haberse visto ni sentido nunca antes, el primer contacto será útil para para poder establecer un rapport. No obstante, debe ser un poco decepcionante para Sheinbaum, porque se frustra por segunda vez una reunión con él. Se iba a dar en Canadá en junio durante la cumbre del G-7, donde iba como invitada, pero su poco apto y limitado jefe de Ayudantía, Juan José Ramírez, le diseñó un viaje guajolotero que para cuando finalmente llegó a su destino, Trump iba de regreso a Washington por razones que llamó urgentes. Herida en su orgullo, ya no quiso hacer ningún otro viaje en donde pudiera cruzarse con Trump, hasta ahora.
Trump platicará “brevemente” con Sheinbaum y Carney en el Kennedy Center, donde será el sorteo, aunque la brevedad no fue explicada por ninguno de los dos. Si se mantiene lo que se anticipó, será un encuentro de cortesía en donde el común denominador entre los tres es el acuerdo comercial que deberá revisarse el próximo año, con el antecedente inmediato de la declaración de Trump este miércoles de que dejaría expirar el tratado porque, dijo, había agotado su ciclo transicional. No es la primera vez que Trump dice lo mismo, pero es la primera vez que, como anticiparon fuentes canadienses, se da en vísperas de la primera reunión trilateral. El tema comercial, consideraron, podría ser lo único de lo que tengan tiempo de hablar.
Como está planteado hasta hoy, antes del encuentro a orillas del Potomac, la reunión cara-a-cara entre Sheinbaum y Trump pinta para ser solo un encuentro diplomático protocolar. No hay detalles si para registrar el momento la Casa Blanca tendrá solo un espacio para lo que le llaman “photo opportunity”, donde dejan entrar a las cámaras y un pequeño grupo de periodistas preseleccionados. Trump tiene costumbres un tanto excéntricas, como permitir que sus reuniones de gabinete, donde todos hablan, sean transmitidas en vivo, por lo que, si fuera así, cualquier cosa puede pasar.
Cada gesto, cada pausa y cada frase calculada revelaría más de lo que los comunicados oficiales puedan hacer cuando los envuelvan en celofán técnico, permitiendo que la interpretación y las subjetividades vean lo que quieren ver. En la superficie no habría que esperar más que cortesía diplomática, pese a que la imagen de Trump emboscando al ucraniano Volodimir Zelenzky, y al sudafricano Cyril Ramaphosa, han opacado muchas otras reuniones –incluso con Zelensky mismo–, donde su comportamiento ha sido cuidado sin alevosía ni groserías. Pero en el subsuelo hay intereses, temores y pruebas de fuerza que no parece que emergerán hoy.
El gobierno de México no tiene muchos amigos en Washington, pese a que las declaraciones públicas del secretario de Estado, Marco Rubio, siempre van acompañadas de miel, y que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, siempre busca matizar las tronantes declaraciones de Trump. Su agresividad contra México por años de tolerancia a los cárteles, la ha hecho transexenal, aunque la molestia es creciente. Por un lado, indignación con ansia de venganza contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que piensan se burló no solo del expresidente Joe Biden, sino de Estados Unidos. Y por el otro, el enojo con Sheinbaum porque no están viendo avances en la lucha contra la narcopolítica.
Recientes reuniones de altos funcionarios mexicanos en Washington no han sido buenas, aunque la última que tuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, parece haber subsanado una previa que fue realmente mala. Esto no borra el mal ambiente contra México, donde el tema de los narcopolíticos de Morena y la penetración criminal en el régimen, sigue acumulando evidencias, como la cancelación de la visa al director general de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh, por un seguimiento sobre sus presuntas actividades criminales.
Sheinbaum llega al encuentro con el peso de una transición aún frágil y la necesidad de estabilizar una relación bilateral que se ha vuelto la columna vertebral del gobierno mexicano. Trump, por su parte, entrará como suele hacerlo: dueño del escenario, confiado en que su estilo de presión directa es suficiente para doblar a cualquiera que necesite algo de Estados Unidos. Para él, México no es un socio; es una ecuación utilitaria. Si la traza o no durante la reunión, será un misterio hasta que veamos el desarrollo del encuentro. Si habrá una batalla por controlar la agenda, es otro enigma a resolver.
El riesgo para Sheinbaum no está en la foto, sino en la narrativa que Trump construirá a partir de ella. Él juega para su audiencia, para su base electoral y para los algoritmos de las redes. Y si necesita poner a México contra la pared para obtener un titular, lo hará sin dudar. Lo ha hecho antes. La presidenta no debe olvidar que ningún presidente mexicano que se haya sentado frente a Trump –Enrique Peña Nieto y López Obrador–, han dejado de pagar un costo político interno. Sheinbaum, sin embargo, no es pasivo como Peña Nieto ni cínica como López Obrador. Pero es prudente. Este encuentro será un punto de partida, incierto en estos momentos, porque Trump tiene las herramientas de presión y Sheinbaum la obligación de demostrar que no se dejará conducir por el mismo carril que sus antecesores. La gran apuesta es que, aunque breve, no sea un desastre. Victoria no habrá para ella, Trump o Carney, aunque en política exterior el tono del primer encuentro marcará el resto del camino.

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En las mesas de seguridad trilaterales de los anfitriones para la Copa del Mundo del próximo año, la gran pregunta es: ¿cómo puede un país inseguro proveer seguridad? La inquietud tiene que ver exclusivamente con México, en el entendido que un cambio de sede está fuera de discusión. El foco no está en la Ciudad de México ni en Monterrey, sino en Guadalajara, el epicentro de la inquietud trinacional. Los escenarios tomarán tracción después del viernes, cuando se decida qué países juegan en los grupos cuyas sedes serán esas ciudades, aunque sin importar que países estarán concentrados en Guadalajara, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha elevado su capacidad de fuego de manera cualitativa con la utilización regular de drones.
Si bien los drones han estado siendo utilizados por los cárteles mexicanos por algún tiempo para transportar drogas a Estados Unidos, no fue sino hasta la guerra en Ucrania donde la utilización de estos vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) por parte de Rusia, cambiaron las reglas de combate conocidas hasta ese mo-mento, para inaugurar lo que hoy se conoce como “guerras eléctricas”. La utilización de drones, de manera sistemática por parte del CJNG y de forma menos regular por el Cártel de Sinaloa, los han convertido en herramientas de una guerra asimétrica que ha tomado al gobierno mexicano de sorpresa y, tecnológicamente, rebasado.
En las reuniones que han sostenido los tres países, existe el convencimiento, aunque aún sin evidencias para ello, de que el CJNG intentará ataques terroristas durante el Mundial en México, y particularmente en Guadalajara. Parte de esta creencia tiene sustento en la creciente utilización en Michoacán de drones modelo FPV, que transmiten en tiempo real las imágenes que toman, para ataques de precisión. Normalmente un cártel nunca realiza ataques en sus bastiones o plazas, por lo que parecería un sinsentido que el CJNG quisiera hacerlo en Guadalajara. Sin embargo, esa organización ha tenido influencia externa reciente.
En agosto pasado se detalló en este espacio que Estados Unidos ha realizado sobrevuelos en la región de Tierra Caliente, que comprende Michoacán, Guerrero y el Estado de México, con un dron MQ-9B, de la familia del MQ-9 Reaper, que es una de las naves no tripuladas de combate e inteligencia más eficaces de ese país. El modelo, que no portaba armas, es operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y suele utilizarse más en la vigilancia marítima que en tierra firme, como es el caso de la operación en México.
La utilización de esos drones fue parte de una investigación de los servicios de inteligencia estadu-nidenses –en cooperación con las autoridades mexicanas–, que se intensificó por las alertas en Estados Unidos cuando detectaron a un colombiano y un venezolano que habían llegado a capacitar al CJNG directamente desde Ucrania. Los sudamericanos pelearon con la 76.ª División Aerotransportada de la Guardia de Rusia, que forma parte de las fuerzas de élite aerotrans-portadas rusas, conocidas por su capacidad de despliegue rápido y movilidad excepcional, y se suma-ron a una fuerza criminal que cuenta con mexicanos y extranjeros que han estado en guerras en Europa y Asia, pero con una capacidad muy distinta: el manejo de drones sin necesidad de radiodifusión.
Este tipo de información es la que advirtió Steven Willoughby, director interino de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas del Departamento de Seguridad Interior, que el 22 de julio dijo ante el Comité Judicial del Senado que los cárteles de la droga mexicanos estaban realizando una vigilancia “hostil” casi diaria, de los cuerpos de seguridad estadunidenses. Willoughby recor-dó en su testimonio que en Ucrania y el Medio Oriente se están utili-zando los drones para ataques cinéticos, que son aquellos que con fuerza física y violencia dañan o destruyen objetos y sistemas. “Es solo cuestión de tiempo para que (los cárteles mexicanos) ataquen a estadounidenses o a las fuerzas de seguridad”, subrayó.
La utilización de drones con fines terroristas ha sido un punto central en las preocupaciones de los tres países, que en agosto tuvieron su primera Reunión Trilateral de Alto Nivel en Nueva York para ha-blar de las amenazas a la Copa del Mundo. Aunque el comunicado de la reunión no lo señaló, los par-ticipantes expresaron la necesidad de desarrollar estrategias conjuntas para enfentar las amenazas de los drones. El gobierno estadunidense pidió un presupuesto de 500 millones de dólares para sistemas de detección e interferencia de drones para proteger a los jugadores, aficionados y estadios durante el Mundial, al que espera integrar a México y Canadá bajo un protocolo único.
La semana pasada, durante una reunión con 180 expertos en el Departamento de Guerra en Washington para hablar sobre la amenaza de drones, el general Brigadier Matt Ross, comandante de una fuerza de tareas contra la amenaza de esos vehículos manejados a control remoto en Estados Unidos, subrayó que la defensa nacional debe incluir la frontera con México, donde el Comando del Norte reportó tres mil incursiones con drones en el último año y otros 60 mil que sobrevolaron la frontera, aunque no la cruzaron.
Canadá ha estado desarrollando e instalando tecnología para enfrentar la amenaza de los drones, para lo cual presupuestó el año pasado 33 mil millones de dólares. El gobierno mexicano no ha tomado plena conciencia de lo que está pasando en su territorio, donde más se están utilizando drones (criminales) sin contar la guerra en Ucrania. El año pasado se presupuestaron 45 millones de dólares para esa tecnología, y para este, de fuertes reducciones presupuestales para la Secretaría de la Defensa, ni siquiera aparece como un apartado independiente.
México está desprotegido frente a la amenaza político-criminal que preocupa a los equipos de seguridad norteamericano de cara al Mundial del próximo año, a cuya estrechez de miras y displiscencia, debe añadírsele la irresponsabilidad. En las reuniones del gabinete de seguridad y en la mañanera se habla de drones, pero de manera cuantitativa en los partes policiales, o de naves extranjeras. Pero no los tocan en el contexto en que deberían abordarlo, entendiendo lo que es México hoy, el laboratorio de pruebas de narcoguerras electrónicas.

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Ismael El Mayo Zambada, Ovidio y Joaquín López Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que llevan meses hablando con fiscales estadunidenses, pusieron los últimos clavos  en el ataúd de Nicolás Maduro. Según fuentes de inteligencia, describieron los negocios que hacía el presidente de Venezuela con el Cártel de Sinaloa, que dio como resultado que el Departamento de Estado designara el 24 de noviembre pasado al Cártel de los Soles, que afirmaron encabeza Maduro, como una organización terrorista internacional.
La designación fue el último paso para un ataque contra Maduro y quienes junto con él, de acuerdo con fuentes estadunidenses, controlan esa organiza-ción criminal: Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa. La sociedad del Cártel de Sinaloa con los venezolanos, agregaron las fuentes de inteligencia, reforzó los planes en Estados Unidos para preparar, mediante negociación o intervención, la caída de Maduro y sus cómplices.
El diario Miami Herald y la agencia de noticias Reuters revelaron que el presidente Donald Trump le había dado un ultimátum a finales de noviembre y que Maduro aceptó salir del país, pero no solo con su familia inmediata, como se lo propuso, sino con amnistía total para él, su familia y cercanos, así como la cancelación de las sanciones por abusos de derechos humanos, narcotráfico y corrupción. Trump rechazó la contrapropuesta, y los planes de intervención militar están listos desde hace semanas. Puede ser con un comando que lo secuestre, un bombardeo quirúrgico con drones, o un F-35 que se encuentra en una base militar en Malambo, en el caribe colombiano, cuyas bombas lo separan 17 minutos de Caracas.
Una acción intervencionista en Venezuela tendrá implicaciones en Mé-xico, por la estrecha relación ideológica, política, económica que endosó a la presidenta Claudia Sheinbaum Andrés Manuel López Obrador. La presidenta se encuentra en una situación extrema-damente delicada. No está claro si sabe o no, que la captura o derrocamiento de Maduro sería preámbulo de una eventual acción contra López Obrador, de quien Washington tiene información sobre los vínculos de su entorno con los cárteles de los Soles y de Sinaloa. En cualquier caso, está siendo arrastrada a un conflicto en donde difícilmente podría mantenerse neutral ante una eventual intervención.
De acuerdo con fuentes estadunidenses, el pantano en el que se encuentra por el tema venezolano está detrás de la visita de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a México, en xvísperas de las elecciones presidenciales en su país y que hubiera permanecido aquí por 72 horas. Las fuentes deslizaron la posibilidad de que viajó para informarle sobre los movimientos inusuales que se están viendo en la Base Aérea “José Enrique Soto Cano”, en Comayagua, a unos 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa, desde donde operan unidades del Comando Sur de Estados Unidos, y pedirle su respaldo. Esa base, conocida también como “La Palmerola”, fue utilizada para entrenar a la contra antisandinista en los 80.
Castro tiene razones de sobra para estar preocupada. Un video obtenido por la publicación especializada Insight Crime, muestra que narcotraficantes hondureños se comprometieron a finan-ciar parte de su campaña presidencial en un encuentro con el entonces diputado Carlos Zelaya, hermano de su esposo, Manuel Mel Zelaya, que la antecedió en la Presidencia. No hay información pública que vincule a Mel Zelaya con narcotraficantes mexicanos, pero en Washington lo han relacionado con El Chapo Guzmán.
Se desconoce la cantidad de infor-mación que sus hijos y El Ma-yo pudieron haberle dado a las autori-dades estadunidenses sobre las rela-ciones comerciales y criminales del Cártel de Sinaloa con presidentes latinoamericanos, pero las revelaciones de su vinculación a Maduro y el Cártel de los Soles propició la escalada final de Trump contra el régimen venezolano.
Ni López Obrador se distanció de Maduro, ni Sheinbaum se ha alejado del venezolano, como tampoco lo ha hecho con otros gobiernos de la región o exgobernantes vinculados a actividades criminales. “Para tomar una decisión sobre Venezuela”, dijo una fuente esta-dunidense, “México tiene que estar más estable por los intereses rusos, cubanos y chinos involucrados”. Sheinbaum se encuentra en la periferia de un conflicto geopolítico, pero cada vez se acerca más y más al núcleo de tensión.
Ayer sostuvo una reunión en Palacio Nacional con varios miembros del gabinete, para revisar el viaje a Washington el viernes para asistir al sor-teo de la FIFA que definirá los grupos del mundial de futbol que se llevará a cabo el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. Una asistencia al evento, sin una reunión bi-lateral con Trump, no sería políticamen-te conveniente, particularmente en las condiciones actuales que impactan la relación bilateral de manera directa.
No son únicamente temas conocidos como la narcopolítica, la inseguridad en México, comerciales y de degradación del Estado de derecho, sino fenómenos adicionales que se han sumado en los últimos meses. El de mayor relevancia es quién manda en México, si Sheinbaum o López Obrador, como lo están registrando en Washington. “En Estados Unidos nadie duda que quien manda es Trump”, dijo una fuente estadunidense. “El embajador (Ron Johnson) le ha dicho a Sheinbaum que no se pierda el sentido de unidad y mando en el país”.
Dejar que la herencia de López Obrador la siga colocando en un terreno que no es benéfico para México, como en el caso venezolano, sino un error que los estadunidenses están viendo cómo se ha estado repitiendo en otros diferendos con países latinoamericanos. Pero la prioridad de política exterior, en el contexto de la relación con Estados Unidos, es Venezuela, y lo que tarde o temprano, por todas las señales en el ambiente, sucederá. La ola expansiva llegará a varios países y a México de manera particular. Quienes contribuyeron a darle la puntilla a Maduro son los mismos miembros del cártel con el que López Obrador fue más tolerante y laxo, a cuyas familias les hizo favores, como a la del Chapo Guzmán.
Zambada considera que las más altas esferas del régimen lo traicionaron al inclinarse por los hijos de Guzmán, y Los Chapitos, como lo registraron en las redes sociales, también piensan que les dieron la espalda cuando Estados Unidos aumentó la presión. Sheinbaum no las debe, pero de acuerdo a lo que haga, lo pagará o no.
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Un mes después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el peligro no ha pasado en el corazón mundial del aguacate. Las extorsiones continúan y las células del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona subieron las cuotas a los comerciantes y productores, pese al operativo federal en la región. Pero lo más grave, de acuerdo con información de inteligencia, es que ese cártel ya decidió asesinar a cuatro personas muy cercanas a Manzo, lo que muestra que los acuerdos políticos-criminales en Michoacán no se rompieron, y que continuarán eliminando los obstáculos que se crucen con sus negocios.
La lista de la muerte la encabeza el diputado local Carlos Bautista Tafoya, muy cercano a Manzo y uno de los principales asesores de su viuda, Grecia Quiroz, que lo sustituyó en la presidencia municipal de Uruapan. Bautista Tafoya es parte del Movimiento del Sombrero y está tomando la bandera de Manzo contra el crimen organizado. Tras el asesinato denunció amenazas, y dijo en una entrevista de radio que había escuchado a personal de la Fiscalía michoacana decir que “ya deberían de chingarse a este presidente”. Sucedió.
En la relación se encuentra Esteban Constantino –quien resultó herido en el atentado–, fue diputado federal por Morena y Manzo, como alcalde electo, lo nombró –fue el primero de su gabinete–, secretario de Obras y Movilidad de Uruapan. Ese puesto es estratégico desde el punto de vista criminal, por ser un área que han infiltrado para controlar los permisos de construcción y cuáles son las empresas que pueden proveer de los materiales, así como el control de los transportes para el trasiego de drogas o aguacates controlados por los cárteles. Ahí se tejen fuertes redes de corrupción al mover dinero, contratos, permisos y control territorial, y es una de las dependencias municipales que suelen tener uno de los mayores presupuestos y menor supervisión pública.
Tercero en la lista es Omar Hernández, el director de Patrimonio Municipal de Uruapan, cuyas tareas incluyen evitar que los negocios operen sin licencias y cumplan los horarios establecidos. Pero sobre todo, la dependencia a su cargo tiene una lógica estratégica, al ser la responsable de administrar la tierra, los permisos y la legalización de las propiedades, que son activos cruciales para el crimen organizado para lavar dinero, registrar propiedades con prestanombres, inflar o subvaluar predios para justificar ingresos, y adquirir terrenos sin dejar rastro real del dueño. Empata con la Secretaría de Obras y Movilidad porque controlan quién puede comprar, construir, vender o llegar a vivir en un territorio.
La cuarta en esa lista es la diputada federal por el Distrito 9 de Uruapan, Guadalupe Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias, la única congresista independiente por Michoacán. Su candidatura representó una ruptura con los partidos tradicionales como parte del Movimiento del Sombrero, y su trabajo se asocia con promesas de transparencia, combate a la corrupción, atención a víctimas de violencia, defensa de derechos, y un giro contra las estructuras tradicionales del poder. Su perfil independiente, crítico al statu quo, la coloca como un agente con potencial de cambio real en el estado, y representa, por ende, una amenaza para el crimen organizado. Tras el asesinato de Manzo, Arias denunció desde el pleno del Congreso que “organizaciones criminales, políticos y adversarios” estuvieron detrás del crimen para frenar ese proyecto.
Los cuatro son las figuras más visibles de un proyecto opuesto al control narco-político, con una narrativa de justicia social que puede romper dinámicas de colusión entre política, poder local y crimen organizado, lo que implicaría pérdidas para quienes lucran con esas redes. Por encima de ellos está la alcaldesa Quiroz, pero la información de inteligencia a la que se tuvo acceso no la incluye en la lista de la muerte. Nadie del Movimiento del Sombrero, sin embargo, está seguro.
Manzo, que se está consolidando como el símbolo de un político que sacrificó su vida por luchar contra el crimen organizado ante el desamparo del gobierno federal, se había convertido en una figura central en el esfuerzo de los gobiernos de México y Estados Unidos, acompañados de los empresarios aguacateros, para desarrollar un modelo de seguridad por fuera de los circuitos político-criminales que han dominado a Michoacán por dos décadas.
El asesinato de Manzo no solo fue el del alcalde de Uruapan, sino de quien se perfilaba para ser el próximo gobernador de Michoacán que amenazaba con acabar con las redes de corrupción del crimen organizado. En una columna publicada en este espacio después de su asesinato, se citó una reciente encuesta de la empresa Encuadra que daba a Manzo el 44% de preferencia electoral, contra el alcalde de Morelia, el priista Alfonso Martínez, y 19% del senador de Morena, Raúl Morón, que parece el candidato natural del régimen.
La encuesta confirmaba lo que unos siete meses antes había encontrado un estudio pedido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a la empresa Berumen, que le daba 46% a Manzo y 34% a Morón, mientras su candidata, Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano, quedaba muy atrás. Ramírez Bedolla estaba en una encrucijada. Por un lado, Manzo era la amenaza para el andamiaje de control en Michoacán, pero Morón, que había roto con ellos, era de alto riesgo para él. Incluso, lo llegó a mencionar como su “kriptonita”.
En Michoacán está en juego mucho más de lo que nos podemos imaginar. Ahí se está dando la primera disputa por el poder del país, pero no entre partidos, sino entre la alianza de políticos con el crimen organizado, y las fuerzas que se oponen a ese consorcio criminal que se quiere reproducir en el resto del país. El avance del Movimiento del Sombrero que tiene como motor a Manzo, es veneno para los espacios de corrupción, extorsión y control de contratos públicos, al romper las sociedades informales con las autoridades. Si avanza el proyecto será disruptivo para los negocios ilegales, como la extorsión, control territorial y los negocios lícitos. La lista de la muerte pretende acabar de tajo esa posibilidad. El problema es que si el asesinato de Manzo dejó muy herida a la presidente Claudia Sheinbaum y todavía más al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, otros cuatro crímenes, es impensable hasta donde los puede tirar.

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Las últimas 48 horas de Alejandro Gertz Manero como fiscal general fueron una demostración de fuerza, pero no de la presidenta Claudia Sheinbaum o del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sino de Andrés Manuel López Obrador, cuya mano no se apreciaba en un principio, pero que fue quien ordenó el sacrificio de quien había sido su aliado. Paradójicamente, la crisis la detonaron funcionarios leales al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien considera López Obrador un enemigo. Grupos enfrentados se unieron, por diferentes razones, para tumbar a Gertz Manero.
Ocho fuentes consultadas durante el fin de semana que tuvieron acceso a información de primer nivel en los centros de toma de decisión, permiten construir una nueva aproximación a lo que sucedió entre el miércoles y el jueves, donde se decidió no solo la suerte de Gertz Manero, sino que se cerró una puerta que peligrosamente se había abierto con la investigación contra Raúl Rocha, el empresario regiomontano que es dueño del certamen Miss Universo, por delitos de narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible, que tocaba a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, que es su socio en varios negocios, y al exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
La crisis se detonó el miércoles, cuando Abel Barajas en Reforma y Carlos Loret en X dieron a conocer la investigación de la Fiscalía contra Rocha, y que le habían otorgado el criterio de oportunidad. La presidenta habló con el fiscal para reclamarle la filtración, pero no por la investigación en sí misma, sino por hacerlo testigo cooperante. Sheinbaum se quejó que no le hubiera consultado a ella o al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, del beneficio a Rocha, que además seguía siendo contratista de Pemex.
De acuerdo con dos fuentes, había preocupaciones adicionales en el reclamo, que no se hubiera informado previamente a Estados Unidos por el tipo de delitos, y que se estableciera una relación de Rocha con López Beltrán y Romero Oropeza. En Washington, sin embargo, ya sabían de esa relación de su sociedad. Son socios de restaurantes en Nueva York –como también en la colonia Condesa de la Ciudad de México–, lo que para la justicia estadunidense, al tener negocios en ese país y haber utilizado su sistema financiero, pueden ser juzgados y sentenciados, si se les descubre un delito, en sus cortes.
En Palacio Nacional y en la Secretaría de Seguridad Pública había mucha molestia por las filtraciones de la Fiscalía, y en las primeras horas de la crisis señalaron que ni el Caso Colosio ni la investigación de Rocha, las habían presentado en la Mesa de Judicialización, donde se revisan los temas de alto impacto. Los textos de Barajas y Loret aportaban información que golpeaba a García Harfuch y a César Oliveros, a quien había colocado en la fiscalía especial para la Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), al señalar que algunos de sus colaboradores habían sido reclutados por el crimen organizado y le estaban vendiendo información a Rocha.
García Harfuch tenía razones para haber explotado contra Gertz Manero, y cuando cayó, se adjudicó su salida de la Fiscalía, revelando implícitamente que la crisis la había detonado su equipo, sin saber cuáles serían las consecuencias finales. La persona de su equipo que tenía la información de la Fiscalía era Oliveros, que desde el principio fue su carta fuerte para ocupar la FEMDO, y quien tras la caída del fiscal, fue nombrado en ese cargo por la interina, Erestina Godoy. Otro incondicional de García Harfuch, Héctor Elizalde, con quien ha trabajado desde que estuvieron en la Policía Federal hace 20 años, fue nombrado titular de ese organismo, como también quería el secretario desde el inicio del sexenio.
No obstante la molestia de Sheinbaum, no le pidió la renuncia a Gertz. En Palenque, la reacción fue muy diferente. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien es el enlace entre Sheinbaum y López Obrador, visitó personalmente a Gertz Manero a quien le transmitió el mensaje de que tenía que renunciar. Lo importante, dijo un funcionario, no era el mensaje, sino la mensajera, porque le decían que había caído de la gracia del expresidente. Por razones que aún son un misterio, porque Gertz Manero siempre había jugado del lado de López Obrador, se negó a cancelar las investigaciones.
El senador Adán Augusto López fue llamado a la acción. El miércoles de las filtraciones, fue a Palacio Nacional –a la vista de todos–, para hablar con la presidenta. El senador tenía prohibida la entrada a Palacio y únicamente podía ingresar acompañado de legisladores y en temas relacionados con la cámara. El senador le fue a informar el plan para eliminar al fiscal. Internamente, López le dijo a miembros de la Junta de Coordinación Política que actuaría contra Gertz Manero porque era inminente que actuara penalmente contra él por el tema de La Barredora. Pero había sido un señuelo.
El senador convocó el miércoles a una sesión ordinaria para el jueves a las 10 de la mañana donde se conocería, presumían, la carta de renuncia de Gertz Manero. A esa hora no había movimiento en el Senado, pero el fiscal estaba atrincherado en su oficina. Mario Maldonado escribió en El Universal que funcionarios del Senado recogieron la carta en Palacio Nacional para llevársela a Gertz Manero para que la firmara. Una fuente dijo que la carta la llevó directamente la secretaria de Gobernación, pero no se logró una confirmación independiente. De haber sido así, habrían sido dos veces las que López Obrador le envió el mensaje a Gertz que tenía que irse.
La salida de Gertz Manero no fue bien vista en Washington, porque pese a sus antecedentes, no había sido un dique en la cooperación bilateral, como lo fue en el sexenio de López Obrador, y temen que las investigaciones en curso, se cancelen. La preocupación es correcta. Gertz Manero no había cerrado los casos contra los hijos de López Obrador, el senador López o el huachicol fiscal, como se lo había pedido la presidenta, pero con la llegada de Godoy garantizará su conclusión. Hay muchos contentos por este desenlace, sobre todo en Palenque.

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Alejandro Gertz Manero decía durante la transición que él no saldría de la Fiscalía General salvo con los pies por delante. O sea, muerto. La metáfora era un desafío para la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que en ese entonces pensaba sustituirlo en los primeros dos meses de su gobierno por su exfiscal en el gobierno de la Ciudad de México y consejera jurídica, Ernestina Godoy. Hasta hace unas semanas, parecía que lograría su objetivo, pero dos filtraciones a la prensa, sobre el Caso Colosio y del dueño del certamen Miss Universo, reactivaron y aceleraron la decisión de destituirlo.
Las deliberaciones en Palacio Nacional fueron sobre el cómo. Hubo quienes lo llamaron senil, pero ir por esa vía era maltratarlo. Le pedirían la renuncia. Un enemigo político de la presidenta, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, convencido que Gertz Manero estaba listo para procesarlo por el tema de la organización criminal La Barredora en Tabasco, fue el operador y verdugo. Preparó el entramado legal en el Senado para que este jueves a las 10 de la mañana, se conociera la renuncia de Gertz Manero. No llegó a esa hora y comenzaron seis horas críticas donde el fiscal había decidido que no renunciaría.
Esta es la batalla más fuerte dentro del mismo grupo en el poder que se recuerde, desde que el equipo económico del presidente Carlos Salinas se partió durante la transición al gobierno de Ernesto Zedillo, cuando el secretario de Hacienda saliente, Pedro Aspe, casi llegó a los golpes con el entrante, Jaime Serra Puche, por diferencias sobre quién debía devaluar el peso para sortear una crisis. Gertz Manero peleó por su vida pública hasta el final, luego de haberse enfrentado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al senador López Hernández, entre quienes no hay amistad, complicidad o alianza.
López Hernández también pensaba que el fiscal era la fuente de las filtraciones que lo involucraban penalmente con La Barredora, lo cual no era cierto, y comenzó a filtrar desde el miércoles la salida de Gertz Manero. Pero las filtraciones sobre sus presuntos actos criminales salieron de Palacio Nacional, autorizadas por la presidenta para debilitarlo y forzarlo a pedir licencia, porque Sheinbaum no podìa neutralizarlo. El caso de García Harfuch era distinto. Ambos habían construido una buena relación profesional, dejando atrás agravios incubados hace siete años, cuando Gertz Manero era su jefe.
El punto de quiebre, de acuerdo con personas que conocen la ruta del choque, fue cuando García Harfuch, dentro de su estrategia para alinear todas las áreas de combate al contrabando de combustible bajo su control, colocó en mayo pasado a César Oliveros como fiscal especial para la Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos. El nombramiento había sido parte de un acuerdo en donde, a cambio, seguiría controlando las fiscalías especializadas en Control de Competencia y de Derechos Humanos. En qué momento ese acuerdo se rompió, no está claro, pero coincidió con las críticas por las filtraciones. Lo que sorprendió fue que la emprendiera contra el secretario más leal y cercano a la presidenta.
Por eso, la filtración sobre el criterio de oportunidad otorgado a Raúl Rocha, dueño del concurso Miss Universo, para librar una orden de aprehensión por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible, provocó un terremoto en el Zócalo. No era Rocha el centro del enojo, sin que en el pliego de consignación del empresario figuraba la ministerio público federal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, que supuestamente vendió información a Rocha sobre las investigaciones de robo de combustible en dos millones de pesos.
Colaboradores de la presidenta desmintieron que existiera una orden de aprehensión contra Rocha y que había pedido el criterio de oportunidad, para ocultar la gravedad de lo que había sucedido. Empujaron la versión de que apenas lo estaban investigando, para que pasara desapercibida la captura de Ramírez Rodríguez hace 10 días y su ingreso al penal femenil de Morelos. La ministerio público dependía de Oliveros, y la línea directa llegaba a García Harfuch. La carpeta de investigación que produjo las detenciones fue integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General, a cargo de Miguel Leyva, incondicional de Gertz Manero.
El fiscal había colocado una mancha de corrupción sobre García Harfuch y su equipo contra el robo y contrabando de combustible, que es uno de los puntos más sensibles en la relación de seguridad con Estados Unidos. Golpeándolo a él, lastimaba a la presidenta. Gertz Manero probablemente no hizo los cálculos necesarios, o pensó que los expedientes en sus manos que involucraban criminalmente a las más importantes figuras del régimen, evitarían que le cortaran la cabeza.
Al no ver esa reacción en Palacio, comenzó su batalla. Desde temprano el jueves circuló de manera extraoficial que Gertz Manero renunciaría y que Godoy sería su relevo. Se citó a sesión ordinaria en el Senado a las 10 de la mañana para conocer su dimisión, pero una hora después, una persona con información directa, dijo que la renuncia se estaba “cayendo”. Senadores dijeron que el fiscal tenía un ultimátum: si a las 2:30 no la presentaba, pedirían su remoción a la presidenta. Gertz Manero se atrincheró en la Fiscalía a piedra y lodo, mientras que en el Senado, algunos miembros del ala radical, como Alejandro Esquer, brazo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ejercía presión para que se cancelara la renuncia.
Las especulaciones de que era López Obrador quien se oponía al relevo, se fueron disipando. Esquer no hablaba por el expresidente, que parece haber estado al margen de la crisis de 48 horas que se vivió. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Gertz Manero aceptó su derrota, negociando una salida digna, como embajador y que hoy empiecen los remplazos en la Fiscalía. Fue una pérdida doble. Ni llegó al final de su gestión en 2028, y lo sustituirá quien menos deseaba, Godoy. Pero no solo perdió él. Es un golpe indirecto para López Obrador y a su entorno envuelto en sospechas criminales, porque perderá el control de la Fiscalía General en momentos delicados, y quedará en manos de la presidenta, a través de García Harfuch, que tiene gran incidencia sobre Godoy.

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No podía haber caído en mejor momento para desviar la atención de las crisis múltiples que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum: Raúl Rocha, a quien arrolla un huracán categoría 5 por la controversia internacional sobre la integridad del certamen Miss Universo, la Fiscalía General de la República decidió sacrificarlo para que se llevara los reflectores a otro lado. Abrió la caja del silencio y filtró a la prensa que le otorgaron un criterio de oportunidad para evitar ser procesado y encarcelado por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. Rocha se fue a Tailandia a meterse en otro problema con el concurso, y de regreso a México se encontró que, aunque no iría a la cárcel, su fama pública había terminado de hacerse pedazos.
Rocha se convirtió en una pieza desechable para efectos de opinión pública, pero la filtración en sí misma, un claro control de daños –se puede conjeturar–, para dar oxígeno a Palacio Nacional, tiene alas para convertirse en un escándalo mayor, como sucedió cuando para apaciguar al presidente Donald Trump, la Marina se sacó de la manga una investigación sobre contrabando de combustible en Tamaulipas, que no sabía, ni tampoco la presidenta, que iba a escalar a las alturas del poder del régimen.
La orden de aprehensión que solicitó la FGR menciona a una decenas de personas que presuntamente operaron los delitos imputados, pero como subordinados de Rocha, o como Jacobo Reyes León, director de Seguridad de Acolman, un municipio mexiquense pegado a Ecatepec, a quien le pagaba, según el documento, por darle información de la FEMDO. El criterio de oportunidad exige que aporte información “esencial y eficaz” para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, donde por su naturaleza, no puede darla sobre personas subordinadas a quien lo obtiene, sino de aquellas que por sus funciones entran en el supuesto.
Este es el punto donde el Caso Rocha puede volverse, como el de los marinos involucrados en el huachicol fiscal, en un asunto tan caliente que la presidenta decida meter el freno y pararlo en un nivel que no permita escalar a alturas que comprometa al régimen. De acuerdo con reportes de inteligencia, Rocha tiene vínculos con el Grupo Virreyes, que está siendo investigado por la FGR porque una de sus empresas, Mada Energy, con sede en Querétaro, operaba gasolineras en Tamaulipas cuyo combustible compraba a pipas de origen desconocido, que vendía en 19 pesos el litro de gasolina regular, cuando en el mercado local el litro estaba en 21.69 pesos, poco después del aseguramiento de un barco con huachicol, que detonó la investigación con los marinos.
El Grupo Virreyes que encabeza Mario Giordano, tiene relaciones abiertas con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y con el expresidente de Morena, Mario Delgado, que han sido señalados en investigaciones en México y Estados Unidos, como parte de las redes del contrabando de combustible. Los reportes de inteligencia señalan que además de Rocha, altos funcionarios en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabajaban con él en Palacio Nacional, también tenía una relación estrecha con ese grupo.
La investigación, cuyos generales fueron publicados ayer en la prensa, inició el 29 de noviembre del año pasado a partir de una denuncia anónima. Esa investigación derivó en la causa penal 307/2025 del 7 de agosto de este año, en donde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó una orden de aprehensión en contra de 13 personas, entre las que se encontraba Rocha, por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. La jueza a la que le pidieron la orden de aprehensión, en el estado de México, la rechazó por carecer de legal competencia por cuestiones de territorio –fuera de su jurisdicción– y seguridad, porque las autoridades dijeron que los delitos se habían realizado en Querétaro y la Ciudad de México.
La FEMDO llevó el caso a Querétaro, donde se abrió el 15 de noviembre la causa penal 495/2025, que es lo que se filtró a la prensa. En ella aparecen al menos ocho de las 13 personas imputadas en la causa penal inicial de agosto, en donde figuran la fiscal especial de Investigación de Delitos en materia de Hidrocarburos, Mari Carmen Rodríguez; el comandante de la FEMDO, Raúl Manrique Miranda, y una jueza federal, Elizabeth Muzquiz Pineda, adscrita a San Juan del Río, en Querétaro. No aparece en la orden que publicó la prensa, Jorge Alberts Ponce, que sí figura en la causa penal del 6 de agosto. Alberts Ponce dirige una empresa que le daba servicio de vigilancia a Banobras en el sexenio pasado, y es socio del Grupo Aura, donde cuatro de sus cinco accionistas están vinculados a una red de corrupción de Segalmex, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.
Según lo que publicó la prensa, la denuncia anónima presentada en la FGR detonó la investigación el 29 de noviembre del año pasado, dos semanas después de que el gobernador de Tabasco, Javier May dijo que sus predecesores Adán Augusto López y Carlos Merino, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, “deberán responder por la violencia” en el estado.
May inició una investigación contra La Barredora, que manejaba el exdirector de Seguridad del gobierno estatal, Hernán Bermúdez Requena, nombrado por el senador López, que era un brazo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que operaba una ruta de contrabando de combustible desde la frontera con Guatemala hasta Tamaulipas. La denuncia que involucra a Rocha, lo imputa con la misma organización criminal y con su aliada en la capital federal, la Unión Tepito, que tenía tratos con los oficiales de la Marina Fernando y Manuel Farías Lagunas, sobrinos políticos del exsecretario, el almirante Rafael Ojeda. La investigación contra ellos por el huachicol fiscal, que destapó la cloaca en el olimpo de la cuatroté, está congelada. La de Bermúdez Requena también. Los exgobernadores de Tabasco tampoco están siendo investigados. Todas las investigaciones por el contrabando de combustible, de manera extraña, están paradas. El Caso Rocha podría seguir el mismo camino, una vez que cubra y haga olvidar las múltiples crisis de la presidenta.

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Del norte llegó una borrasca que descobijó al gobierno de Claudia Sheinbaum. The New York Times publicó una información manejada en México por varios periodistas sobre la presencia rusa en este país, pero que al ser retomada con nueva información del Departamento de Estado y en el aparador del periódico más influyente del mundo, el tema cobró otra dimensión. El reportaje tiene un título provocador, “La desinformación de Rusia llega a México, Buscando romper los vínculos con Estados Unidos” y, en su cuerpo, cita al responsable del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Jenaro Villamil, como uno de los principales diseminadores de esa propaganda.
Villamil es producto del ala radical que públicamente encabeza Jesús Ramírez Cuevas, y que como vocero del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ungió como el jefe de ese sistema, desde donde controla todos los medios públicos, federales y estatales, a los cuales ha impregnado de propaganda y de municiones para disparar contra todo aquel y aquello que tenga un pensamiento crítico. Los medios públicos, que deberían de ser los más abiertos, son los más cerrados, convertidos hoy en un instrumento de propaganda, similar a la que Villamil disemina todos los días.
El despacho del Times menciona un cable diplomático estadunidense enviado por la Embajada en México en abril de 2024, sobre la “expansión repentina y espectacular” de RT –antes Russian Television– en este país. La decana de los corresponsales mexicanos en Washington, Dolia Estévez, fue la primera que dio la voz de alerta sobre la creciente presencia de espías rusos en México en marzo de 2023, más de un año antes que se transmitiera el memorando diplomático, y le dio seguimiento a cómo también RT iba aumentando su presencia en este país.
El cable de la Embajada en México precedió a una investigación del Departamento de Justicia dada a conocer en septiembre del año pasado, donde se informó que habían desarticulado una operación rusa llamada coloquialmente “Doppelgänger” –que en alemán significa el cuerpo de influencia maligna que vive dentro de una persona–, no solo contra Estados Unidos, sino contra varios de sus aliados, entre los que estaba México. Según una declaración jurada de 277 páginas, la campaña buscaba “fomentar el sentimiento antiestadunidense y exacerbar la confrontación entre Estados Unidos y México”, como en un documento de la Agencia de Diseño Social, un frente de compañías rusas, para emprender una campaña con el tema “México no perdona”.
México no era el aliado que creía Estados Unidos tener en el gobierno de López Obrador, que para entonces estaba alineado con el eje de enemigos de Estados Unidos, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. Anclado en la Guerra Fría, lo motivaba la ideología comunista, que arrastraba desde sus tiempos de funcionario del gobierno de Tabasco en los 80, sin haberse percatado –o ignorado, o no entendido– que la Unión Soviética había colapsado en 1991 y que el régimen de Vladimir Putin no tiene nada que ver con aquellos tiempos, sino con un gobierno autoritario, de culto a la personalidad, que construyó un capitalismo de amigos y caminó de una economía de mercado a la cleptocracia.
Si bien había notables similitudes entre los regímenes de Putin y López Obrador, en su entorno el universo era ideológico. Ramírez Cuevas, un propagandista históricamente desfasado, abrió las puertas en ese campo, pero otros, como el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, lo hizo con los espías rusos, a quienes proporcionó la lista de agentes encubiertos de Estados Unidos en México, que provocó un choque en los últimos días de Christopher Landau como embajador en México.
El reporte del periódico neoyorquino cita un reciente bestudio de la Alliance for Securing Democracy, una iniciativa del Fondo Alemán Marshall, que analiza, expone y desarrolla estrategias para contrarrestar la manipulación de información extranjera e interferencias en democracias, que señala que el Club de Periodistas en México, tiene una fuerte relación con RT y funciona como “un vocero de Rusia y Cuba”. El exposé del Club de Periodistas lo hizo meses antes Estévez, en abril del año pasado, y señaló que podría ser la primera institución cooptada por Rusia. “Entrega más premios a propagandistas, ideólogos y conspiranoicos rusos que a cualquier otro grupo extranjero”, apuntó. “Es la ‘asociación civil’ que más replica la desinformación del Kremlin y los discursos de Vladímir Putin en sus redes sociales y publicaciones”.
El informe de la Alliance afirma que el Club, a través de su agregador de noticias y de su revista Voces del Periodista, “actúa como un conducto de propaganda pro-Kremlin y anti-occidente, lavando (colocando contenido de su fuente original en una plataforma diferente para ocultar de dónde proviene la información) casi dos terceras partes de su contenido desde abril de 2025 de RT en español, Sputnink Mundo y la agencia estatal cubana Prensa Latina”.
El Club tiene financiamiento del Senado, que controlan allegados a López Obrador, y el respaldo de Ramírez Cuevas, que como lo hace la Embajada rusa en México, cada vez que se establece la relación de Rusia con López Obrador y el régimen, salen las camisas negras del régimen a contrarrestar con ataques en las redes sociales acompañados por insultos. No fue extraño que el tema fuera pasado por alto ayer por la presidenta y que la maquinaria de propaganda no buscara descalificarlo, con lo cual evitó magnificarlo. Pero el lograr que fuera ignorado en México, no significa que se evapore.
El mensaje fue transmitido, aunque no está claro si se entendió en Palacio Nacional, toda vez que en las últimas semanas se ha visto que la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera línea de la maquinaria propagandista del régimen, se están peleando contra molinos de viento con visiones absurdas y fantasiosas. Su problema no está en México, donde tiene control de todo: el Ejército, las cúpulas empresariales, el Congreso, el Senado, la Suprema Corte, una buena parte de los medios y lo que usted quiera añadirle, porque no va a errar. El problema está fuera, específicamente, en Washington. Si no lo ve en su vastedad, no está entendiendo el fondo de donde está metida y, por lo tanto, sin instrumentos para enfrentar lo que se le viene.

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Dos mujeres son de alto interés para el régimen: la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la parlamentaria española, Cayetana Álvarez de Toledo. Rojo de la Vega le preocupa al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum porque no logran neutralizarla sin pagar un precio político, y porque su figura alimenta tres narrativas que al oficialismo más le duelen: inseguridad, persecución política y corrupción. En el caso de Álvarez de Toledo, porque el régimen la considera una voz de derecha punzante y una amenaza para sus aliados del partido español Podemos de Pablo Iglesias, que desvió miles de euros para financiar campañas políticas de Morena.
Contra las dos se dieron instrucciones presidenciales para desbarrancarlas políticamente y bloquearlas. No hay límites en lo que se pueda hacer contra ellas, pero el objetivo es el mismo: que no sigan representando un obstáculo para los objetivos políticos del régimen, y que no se conviertan en voces que puedan persuadir a quienes forman parte del electorado volátil mexicano y, aunque una de ellas sea súbdita española, se conviertan en referencia para los inconformes en México, que por lo que se ha podido apreciar en las últimas semanas, están creciendo rápidamente.
Las elecciones intermedias en 2027 son la primera estación. La intención para descarrilarlas es que se concrete en los próximos meses. El domingo pasado, el columnista de El Universal, Claudio Ochoa, reveló que a través del SAT se han realizado diversas auditorías contra Rojo de la Vega, que no se limitan a ella o a su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc, sino a su padre y hermano, por presunto lavado de dinero en una cadena de gimnasios de alto rendimiento y en la venta de sumplementos alimenticios. Asimismo, agregó Ochoa, el SAT está investigando otras empresas de su madre y su hermana y de su exesposo. O sea, un tratamiento total contra ella, su familia y cercanos.
Aunado a ello, la presidenta Sheinbaum, tras reclamarle airadamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que no ha podido impedir el crecimiento de Rojo de la Vega y que ya esté siendo considerada como la adversaria más fuerte que tiene Morena en la capital federal, le ordenó utilizar cualquier recurso para anularla. La alcaldesa, que constantemente denuncia corrupción y abusos del gobierno capitalino, se ha vuelto un dolor de cabeza permanente en Palacio Nacional, porque consideran que amenaza un control político cuidadosamente construido en esta capital por su creciente aceptación. La última encuesta de la empresa Gobernarte reveló que es la mejor evaluada entre todos los alcaldes en zonas metropolitanas.
La preocupación del gobierno por Rojo de la Vega puede explicarse por factores políticos clave, no porque tenga un peso nacional, sino porque representa una amenaza narrativa y electoral en un espacio que el gobierno considera estratégico: simboliza un desafío directo en un territorio incómodo para el oficialismo, cuya visibilidad estorba el monopolio narrativo del régimen en la capital –su bastión electoral–, y ha construido una narrativa de mujer independiente que combate la corrupción que, a la vez, va fortaleciendo la percepción que los ataques en su contra son persecusión y represalia del poder.
Álvarez de Toledo es otra roca en el zapato del régimen por diferentes razones. La diputada del conservador Partido Popular, con raíces aristocráticas y doctora en Historia por la Universidad de Oxford, ha sido una articulada crítica del populismo y el legado de Andrés Manuel López Obrador, a quien ha llamado un “burro de Troya” por haber llegado al poder por los cauces democráticos, y una vez instalado, debilitó la democaracia. No ha sido crítica directa de Sheinbaum, pero le ha pedido que rompa con su mentor y enfrente el acuerdo, sostiene, entre el régimen y los cárteles de las drogas.
Sheinbaum, sin embargo, no había dado señales de una molestia real con ella, pero recientemente instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que explorara si podrían impedir que Álvarez de Toledo pudiera seguir siendo invitada a foros y dar conferencias en México para cancelarla y evitar que personas de la derecha tengan voz en este país. No hace falta hurgar mucho. Ningún tratado internacional contempla lo que pretende la presidenta, y el artículo 33 constitucional, que prohíbe a extranjeros participar en los asuntos políticos de México, que podría estirarse para aplicárselo, chocaría con las obligaciones internacionales de proteger la libertad de expresión –con énfasis en los extranjeros–, siempre que no se trate de pronunciamientos que sugieran ilícitos.
La razón de esta instrucción presidencial es inquietante. Surgió de una petición que le hizo Pablo Iglesias, fundador de Podemos, un partido español de izquierda de poder efímero, que llegó a México a instalar con el apoyo del coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, Canal Red América Latina, junto con Inna Afinogenova, que formó parte de la maquinaria de propaganda rusa. Iglesias es protegido del núcleo duro de López Obrador, como lo es otro de los ideólogos de Podemos, Juan Carlos Monedero, que es uno de los cerebros detrás de Morena.
El origen del conflicto de Iglesias con Álvarez de Toledo es personal, no solo ideológico. La parlamentaria lo ha llamado “hijo de un terrorista”, Francisco Javier Iglesias, miembro del extinto Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, que ejercía la violencia revolucionaria, aunque no hay acusaciones directas contra él. Esa confrontación personal tiene una carga simbólica fuerte: no solo es política, sino también moral e histórica, y permite afirmar, como lo hizo Monedero en una visita de la parlamentaria a México, que representa intereses de la “derecha global”.
Parte de las denuncias de Sheinbaum de la participación de la extrema derecha en la manifestación del 15N y de las delirantes acusaciones de que está fraguando un golpe, han sido tejidas en el entorno de ese pensamiento español, que se acomoda al enemigo externo que está construyendo la presidenta para lograr la cohesión interna. En este contexto, la voz de Álvarez de Toledo le estorba, al igual que la de Rojo de la Vega, que ve como parte del mismo eje y que son, finalmente, figuras disruptivas que erosionan su narrativa, incomodan al aparato y alimentan la idea de que una alternancia de poder es posible.

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El escándalo por las acusaciones de corrupción en Miss Universo 2025 no reventó solo por el concurso. Estalló porque la victoria de la tabasqueña Fátima Bosch Fernández encontró el epicentro político del momento –México– demasiado cerca, y porque el clima nacional convirtió un certamen de belleza en un plebiscito emocional sobre el poder, la narrativa oficial y la sombra que Morena arrastra tras años acumulando desgaste. Fátima y un concurso internacional, cuestionado de haber sido arreglado un día antes incluso de que se conocieran los resultados, viajó de manera instantánea 15 mil kilómetros entre Bangkok –donde se llevó a cabo–, y México, para iniciar una nueva batalla contra la corrupción del régimen.
Las acusaciones de corrupción contra funcionarios de Morena, sus liderazgos parlamentarios y del partido, y de manera particular sobre los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no han sido motivo de investigaciones sino de exoneraciones, han sembrado un terreno fértil para la sospecha donde cualquier chispa prende. Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso es un recordatorio incómodo, sin necesidad de estar implicado, por los muros de impunidad que ha levantado. No hay pruebas de que haya intervenido en el concurso, pero tampoco hay una cultura de transparencia que despeje dudas. Y en política, el vacío siempre se llena con sospechas.
El escándalo, retomado por los medios más influyentes del mundo, comenzó antes de comenzar la final, detonado por uno de los jueces, el músico libanés Omar Harfouch –hasta el apellido contribuye a la ironía–, al denunciar que el resultado estaba arreglado, y señalar quiénes serían las finalistas, porque así se lo había sugerido uno de los propietarios del concurso, el mexicano Raúl Rocha, por razones de negocio. A su denuncia se han hecho públicas otras similares, de jueces y mises. De ahí, quizás, que cuando se anunció a la ganadora en la arena en un suburbio de Bangkok, no solo hubo confusión sino gritos de que “el especáculo había sido cocinado”.
Cuando estallaron las denuncias de supuestos favoritismos, presiones y arreglos informales en torno al certamen, la primera reacción internacional fue de sorpresa. La segunda, casi en automático, fue mirar hacia México. No por casualidad: este país se ha vuelto sinónimo de escándalos porque la política ha tocado espacios que antes se consideraban neutros. Y ahí es cuando el gobierno obradorista entró en escena, no porque hubiera estado sentado en la mesa del jurado ni porque funcionarios aparecieran firmando contratos del concurso, sino porque los propios oficialistas convirtieron la controversia en un termómetro más del desgaste del régimen.
La tracción en México se la dio la denuncia de Rodrigo Goytortúa, que fue el director ejecutivo del Concurso Miss Universo cuando Rocha adquirió el 50% de las acciones al grupo tahilandés JNK, cuando enfrentaba la bancarrota, en 2023. Goytortúa, que fue despedido por Rocha el año pasado, acusó a Bernardo Bosch, padre de Fátima, de haber pagado a Rocha 50 millones de dólares para que su hija ganara el concurso. No aportó ninguna prueba de esto, pero la prensa rápidamente identificó el probable contrato de marras, otorgado por Pemex Exploración y Extracción en enero de 2023 a Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha, por 745 millones de pesos.
En ese contrato no aparece la firma de Bosch, que en ese entonces trabajaba en esa filial de Pemex, como asesor en exploración y producción, que es un cargo sin estructura, ni capacidad de decisión. Años antes fue investigado por un presunto desvío de recursos que lo habría inhabilitado por 10 años, pero no encontrarron nada y lo resintalaron. Bosch, que estuvo en Tailandia para el concurso y deberá regresar este lunes a su trabajo, fue nombrado recientemente subdirector en otra área de Pemex, relacionada con la seguridad, la salud y la gestión ambiental. Contactado de manera indirecta, negó toda las imputaciones que se le han hecho.
El escándalo no va a parar. Las revelaciones de Harfouch continuarán impactando a Rocha y al certamen, y seguirán siendo combustible en México, donde la disputa adquirió el tono familiar de un país donde el discurso anticorrupción se desgastó al mismo ritmo que la credibilidad que lo sostenía. Pero lo que realmente escaló el escándalo no fueron las acusaciones del concurso, sino la desconfianza estructural de un país donde muchas decisiones suelen mezclarse con intereses políticos, patrocinios opacos y operadores del régimen que están construyendo el segundo piso de la supervía de corrupción.
Se le han sumado, para mostrar conflictos de interés y corrupción, videos de Fátima hablando bien de Sheinbaum como prueba de colusión –¿no tendría ella plena libertad de expresar sus opiniones políticas?– y fotografìas de Rocha con López Obrador. Esto no tiene ningún anclaje, pero imprudencias como las publicaciones de Pemex celebrando la victoria de la tabasqueña solo abonan a la controversia como hicieron las plumas del régimen, aunque quizás con la tarea de desviar la atención de los problemas que ahogan a Sheinbaum.
La caída de un certamen de belleza en el pantano de la sospecha no sería, en circunstancias normales, más que un episodio menor en la industria del entretenimiento. Pero 2025 no es un año normal, y México, con Morena al mando, tampoco es un país inmune a la tormenta. Bastó que las acusaciones de corrupción en Miss Universo 2025 tocaran fibras mexicanas para que el escándalo dejara de ser un asunto de pasarelas y se convirtiera en un problema político. México apareció otra vez en el perímetro de un escándalo internacional donde los factores de opacidad, influencia política y poder económico se entrecruzan.
Miss Universo terminó siendo otra metáfora del país: un espectáculo que presume meritocracia, empañado por una conversación que gira en torno a poder, influencia y control. México se convirtió en protagonista no por la belleza del certamen, sino por la fealdad de sus sospechas. La pregunta es ¿por qué el sistema político mexicano es tan vulnerable a que cualquier acusación, por menor que sea, prenda fuego tan rápido? Porque cuando el gobierno confunde discurso con resultados, termina atrapado en su propia retórica. Miss Universo 2025 solo encendió el reflector, pero la crisis ya estaba ahí.

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