La peor crisis

Dos momentos enmarcan la peor crisis del gobierno de Claudia Sheinbaum: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la manifestación convocada por la Generación Z para reclamar seguridad y que combata la corrupción. En un lapso de apenas 15 días quedó al descubierto el poco talento político del equipo de la presidenta y su errática conducción, tomando decisiones equivocadas –victimizarse y pensar que las cosas solo pasan para afectarla– y reduciendo al campo de la polarización política el hartazgo de mucha gente que está pidiendo una vida en paz.
Vive la peor crisis política de su administración, que no tiene ni 14 meses completos de haber iniciado, con un deterioro en las condiciones sociales y económicas, y un entorno internacional adverso. El asesinato de Manzo galvanizó la frustración y la impotencia, y provocó que la gente perdiera miedo al miedo y saliera a las calles a pedir la paz en donde hay guerra. La manifestación del 15N sacó lo peor de ella, en cuanto a su capacidad analítica para entender lo que estaba pasando desde sus causas, no por las personas, para poder distinguir entre los reclamos legítimos y los interesados. A su alrededor tampoco hubo el consejo frío e inteligente, y se subió al vagón del macartismo de la cuatroté, que la empujó todavía más abajo.
Lo que se vio en estas dos semanas fue una paliza a la presidenta y al régimen en el principal ecosistema de la política actual, las redes sociales. Parte de los habitantes en ese espacio digital, se han ido a las calles.
El análisis en las redes sociales durante los 10 días después del asesinato de Manzo fue creciendo hasta llegar a tener un volumen de casi cuatro millones de interacciones, con un alcance de cinco mil millones de personas. La manifestación convocada por la Generación Z, cuya conversación sociodigital analizó MW Group, explican por qué una semana después que el aparato de propaganda del gobierno insistió que estaba manipulada por la extrema derecha internacional y mexicana, sigue con la misma táctica. Pero si no funcionó como esperaban, ¿por qué piensan que ahora sí? Probablemente es parte de la ceguera de taller de Sheinbaum, que olvida el refrán que dice que una “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.
MW Group encontró que de las principales narrativas en la conversación, el 34 por ciento señaló y denunció agresiones que vivieron los asistentes a la marcha por parte de policías, granaderos y grupos de choque. La parte más intensa de la conversación fue el sábado al mediodía, en las horas de la confrontación violenta, y tuvo un millón 943 menciones con un alcance de más de 179 millones de personas. El ánimo social se puede apreciar en los hashtag utiizados: #GeneracionZ, que tuvo 781 mil 447 menciones; @MarchaNacional, que alcanzó las 764 mil 898; el de #FueraMorena topó en 85 mil 607, y #OposicionMoralmenteDerrotada, una frase acuñada por el régimen, dos mil 768.
La narrativa no era la que quería Sheinbaum. El 19 por ciento compartió imágenes y videos de manifestantes a la marcha en la capital y distintas ciudades del país, con letreros que expresaban rechazo al gobierno y exigían un alto a la violencia, y el 14.8 por ciento dijeron estar en contra del gobierno federal y responsabilizar a Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador por la situación de violencia. El 6.1 por ciento se burló de la presidenta por haber dicho que eran bots, y solo el 4.4 por ciento señaló que quienes participaron en la marcha fueron manipulados por el “PRIAN”, y que no eran jóvenes, sino personas mayores. En el mundo, la cobertura fue aplastante contra el régimen, y la polarización que intentó el gobierno para deslegitimiar la manifestación, pasó casi desapercibida.
La continuidad de los esfuerzos para cambiar la conversación y reforzar la idea del enemigo externo, siguen cayendo en el error de ignorar a la gente y sus reclamos legítimos. Tras la violencia el sábado en el Zócalo, originada y animada por el llamado bloque negro, que cobra en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y poicías vestidos de civil infiltrados entre la multitud, el régimen arropó a la presidenta. Morena, los gobernadores y la Suprema Corte –enseñando así su dependencia orgánica–, difundieron desplegados donde le decían “¡no estás sola!”, ratificando que el régimen es lo que es: excluyente.
¿Por qué el grito no para ella sino para la gente que no quiere violencia en sus casas ni corrupción cínica e impune ante sus ojos? Pero el “¡no están solos!” dedicado a los gobernados, no tiene espacio en su imaginación. Sheinbaum se victimizó, aunque no es la figura central de todas las cosas. Hay otras más grandes que ella, como el devenir del país, que tampoco lo está viendo.
El maltrato y desdén a los jóvenes ha trazado analogías con el comportamiento del presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968, cuya mala administración del conflicto, y el choque entre secretarios de Estado que buscaban definir la sucesión presidencial, llevó a la matanza de Tlatelolco. Las condiciones políticas y económicas actuales hoy, empero, son muy distintas a las de hace 57 años. Hay efervescencia social, como productores agrícolas, piperos, y transportistas que no aparecieron en 1968, y que ahora se sumaron a la marcha, y los maestros disidentes que cansados de promesas incumplidas, anunciaron movilizaciones durante el Mundial de Futbol el próximo año.
Hay más apatía de los jóvenes hoy que en ese entonces, donde los baby boomers estaban buscando aperturas políticas. Pero la Generación Z está en otro nivel, el del futuro oscuro, la violencia, crisis e incertidumbre. La frustración es combustible y la arrogancia del poder la mecha. Puede encender en cualquier momento. Sheinbaum no lo está viendo, y por la forma como los radicales que la tienen copada, ven las cosas, la temporada decembrina enfriará todo y 2026 será otra historia. Puede ser, pero también puede no ser, porque la violencia no va a parar, la corrupción seguirá de la mano de la impunidad, y entraremos a un año, previo a elecciones intermedias y revocación de mandato, con problemas económicos y fuerzas dominantes de Morena que pelearán los puestos de elección popular, preparando el terreno para la sucesión presidencial.

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Halcones morenos

Es cierto, como dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, muchas manifestaciones por la democracia, contra los fraudes electorales, la defensa de Pemex, por la seguridad y contra los secuestros, fueron pacíficas y transcurrieron sin violencia. En aquellas marchas, muchas de ellas encabezadas por Andrés Manuel López Obrador durante los últimos 30 años, no hubieron provocaciones ni enfrentamientos, porque las tres variables que cambiaron aquel estado de cosas no se habían dado: López Obrador no se había radicalizado por su derrota en la elección presidencial en 2006, había una estrategia para desestabilizar al gobierno de Enrique Peña Nieto, y una vez conquistado el poder, el proyecto era mantenerlo a toda costa.
La violencia en las manifestaciones, cuya violencia destaca solo en las que se realizan en la Ciudad de México, son un fenómeno relativamente reciente, con la aparición del llamado Bloque Negro alrededor de 2012, como un grupo anarquista inspirado en el Black Bloc que surgió de las protestas en Europa en los 80’s, que no era una organización, sino una táctica de movilización que escaló su violencia a nivel global durante la conferencia fundacional de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, en 1999. Se vestían de negro, llevaban cubiertas las caras para evitar ser reconocidos y protegerse de los gases lacrimógenos, portaban cascos e iban armados con bombas molotov.
En México, el Bloque Negro ha ido incrementando su protagonismo en las manifestaciones, pero con objetivos distintos. Durante el gobierno de Peña Nieto salió a las calles para generar caos, teniendo siempre el Zócalo como la arena del conflicto. Lo enfrentó desde su toma de posesión, y lo hizo vivir momentos críticos, como en noviembre de 2014, cuando los encapuchados prendieron fuego a la Puerta Mariana de Palacio Nacional tras una manifestación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el gobierno de López Obrador salieron para provocar violencia y desorden durante la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, como hicieron el sábado pasado en la marcha convocada por la Generación Z contra la violencia y la corrupción del obradorismo.
Sus acciones violentas durante el gobierno de Peña Nieto fueron siempre acompañadas por una estrategia en redes y medios de figuras que emergerían tiempo después como jefes del aparato de propaganda de López Obrador. Sus actos violentos durante ese gobierno y el de Sheinbaum han sido acompañados por la maquinaria de propaganda del régimen, pero para desacreditar las protestas.
El Bloque Negro actúa sincronizadamente con el aparato porque, revelaron personas que conocen su evolución, es un grupo de choque que nació en las entrañas del ala radical del obradorismo que ha sido financiado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. No lo maneja una persona en específico, sino que se administra desde el poder cuatroteísta. No todos quienes se han sentado en esa silla en este siglo, los han utilizado. López Obrador, por ejemplo. Cuando se dio la gigantesca marcha por la seguridad en 2005, la quiso descalificar pero no la saboteó. No existía el Bloque Negro, ni controlaba a los anarquistas enquistados en el auditorio “Che Guevara” de la UNAM, ni guardaba rencores de su derrota en 2006.
El Bloque Negro fue utilizado de manera intensa desde que López Obrador llegó a la Presidencia, para disuadir y desviar las razones de las protestas. Contó con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que infiltró las marchas, en particular la feminista del 8M, para desacreditarlas. Es lo mismo que sucedió el sábado pasado, cuando la manifestación convocada por la Generación Z, a la cual se sumaron personas y grupos de diferentes segmentos e intereses de la sociedad, fue infiltrada por policías vestidos de civil, que no actuaron hasta que llegaron al Zócalo, donde se unieron con el Bloque Negro que desató la violencia.
La manifestación del sábado no tuvo una violencia orgánica y fue hasta el Zócalo cuando empezaron los enfrentamientos. “El ambiente era pacífico, indignado y decidido”, apuntó Alberto Capella, un experimentado policía, en unos apuntes que han circulado ampliamente. “Durante más de tres horas, desde Reforma hasta Eje Central, el flujo fue un río humano ininterrumpido”.
Lo que no vieron ojos inexpertos, él lo registró. El primer impacto para los manifestantes, dijo, fueron episodios de violencia “exactamente donde ingresaba” la gente, por la avenida 5 de Mayo, donde “lo primero que encontramos fue a un grupo de jóvenes atacando las vallas en la lateral de la Catedral, justo en el punto donde entraba la ciudadanía pacífica”. Eran personas vestidas de negro y encapuchadas, con herramientas para destruir las vallas de metal con la cual habían blindado Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. “Vi humo, golpes, antimotines resistiendo, gritos, confusión, (y) rostros llenos de miedo”, agregó Capella. “Miles de personas se detuvieron o se regresaron”.
El gobierno les había tendido una trampa, preparada días atrás con el análisis de redes que difundieron en la mañanera donde denunciaron una conspiración internacional, apoyada por mexicanos, en contra el régimen. Descalificar los motivos de la protesta y esconder el hartazgo que se vio, llevó incluso al sacrificio de decenas de policías de la Ciudad de México, que resistieron la violencia provocada y la enajenación colectiva.
Sheinbaum, paradójicamete, abrazó el mismo discurso que utilizó el presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968 para descalificar al Movimiento Estudiantil, que concluyó con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco: el enemigo externo y el complot internacional, el comunismo en ese entonces, la extrema derecha hoy. La matanza de Tlatelolco definió la sucesión presidencial a favor de Luis Echeverría, que como presidente, autorizó que un grupo paramilitar conocido después como “Los Halcones”, pagado por el gobierno de la Ciudad de México, reprimiera una marcha estudiantil el Jueves de Corpus en 1971. Echeverría sofocó de tajo el descontento y, al mismo tiempo, se deshizo de un enemigo, el entonces regente de la capital federal, Alfonso Martínez Domínguez.
Pensábamos que “Los Halcones” eran cosa de aquellos tiempos oscuros y siniestros, pero el Bloque Negro, el reventador de manifestaciones contra el régimen, es su nueva versión. En aquellos tiempos el secretario de Gobernación y luego presidente, utilizó la represión para fortalecerse. En el sexenio pasado, López Obrador asfixiaba todo. Sheinbaum lo ha seguido: no quiere que nadie la opaque, se le atraviese, la cuestione o la enfrente. El pasado regresó.

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Expedientes ¿para López Obrador?

En vísperas de iniciar su gira por Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene una fijación con los “comentócratas”, desmintió sus interpretaciones de que se iba a reunir con Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no iría a Palenque, donde el expresidente el viernes celebró con funciona-rios federales, del gobierno de la Ciudad de México y muchos otros, su cumpleaños. No se sabe si lo vio o no, pero en vísperas de partir, solicitó los expedientes de su círculo más cercano para revisar los casos de corrupción en los que están involucrados.
Sheinbaum visitó el sábado Macuspana –la tierra de López Obrador– y Jonuta, dejando para el domingo Villahermosa. No muy lejos de donde vive el expresidente, a quien no ha visto personalmente desde el 8 de octubre, cuando platicó con él durante dos horas por la noche en la casa de una periodista muy cercana al expresidente. Lo que se filtró de ese encuentro fue que llegaron a acuerdos a los cuales les iba a dar seguimiento Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que por la confianza de ambos con ella, es el enlace directo entre ellos.
Desde entonces, Rodríguez ha mantenido informado a López Obrador, presuntamente sobre lo acordado, lo que coincide con el freno de algunas acciones que tenían previstas en Palacio Nacional para seguir exhibiendo las irregularidades y excesos del senador Adán Augusto López Hernández. Ninguna reunión con López Obrador o conversación telefónica ha trascendido a la opinión pública, pero internamente no son un secreto herméticamente guardado.
Los encuentros cara a cara entre Sheinbaum y López Obrador, o sus conversaciones telefónicas, que son al menos tres en lo que va del año, son conocidas en un sector no del todo pequeño. Pero sobre el contenido específico de lo que han hablado, la información es escasa. Lo más detallado fue una conversación telefónica que sostuvieron cuando estalló el escándalo de La Barredora y su jefe, Hernán Bermúdez Requena, donde López Obrador le pidió que cuidara al senador López Hernández.
El coordinador de Morena en el Senado es una de las imposiciones que le dejó López Obrador, y una de las muchas que la han desgastado porque no le responden a ella, sino a él, una rebeldía institucional que solo es posible porque tienen al expresidente detrás de ellos. La última, que provocó uno de los grandes enojos recientes de la presidenta, fue la declaración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, donde cínicamente, dijo que no había ganado la encuesta del partido para la candidatura, pero por decisión de López Obrador se la quitaron a quien ganó todas las encuestas, el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que ya expulsaron de Morena.
Rocha Moya es uno de los grandes dolores de cabeza de Sheinbaum, pero no el mayor en estos momentos. Previo al viaje, la presidenta solicitó memorandos sobre el estado de los casos e investigaciones del hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, del senador López Hernández, y del principal caso de corrupción del sexenio anterior, Segalmex, que dirigía un viejo amigo de López Obrador, Ignacio Ovalle, que fue exonerado a priori de cualquier ilegalidad por él. Junto con ellos hay dos expedientes más de militantes en la periferia, el senador Gerardo Fernández Noroña, a quien trae atravesado la presidenta, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, a quien investigan por presuntas irregularidades en el manejo de 898 millones de pesos destinados a obras públicas por la devastación de Otis, con recursos públicos en 2023. No se sabe cuál fue la razón de ello, si tenía pensado un encuentro con él, o si le enviaría los documentos con un propio.
Previamente la presidenta ya había enviado mensajes indirectos a López Obrador sobre los abusos y excesos de varias de sus herencias, como fue la filtración desde Palacio Nacional de las fotografías de López Beltrán, el secretario de Educación, Mario Delgado, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en sus lujosas vacaciones en Asia y Europa. Sin embargo, la intención de los mensajes no tuvo el efecto esperado. López Obrador se molestó con su hijo, pero no lo frenó. López Beltrán sigue en sus negocios de siempre.
Todas las herencias de López Obrador, hasta ahora, son intocables. Asimismo, los márgenes de autonomía en los que se movía Sheinbaum ante el expresidente, se han ido reduciendo en la medida en que los problemas se han acrecentado. Su propia retórica se ha endurecido en las últimas semanas con respecto a cómo inició el sexenio y en relación con el discurso de López Obrador, mostrando un corrimiento hacia el ala más radical del régimen.
Lo que se ve hacia fuera de Palacio Nacional tiene como destinatarios a las audiencias ajenas a sus clientelas políticas y electorales, como a los que peyorativamente llama “comentócratas”, mostrando que su piel es cada vez más sensible a las críticas sobre su mala gestión, especialmente sobre los crecientes señalamientos de tolerancia a narcopolíticos, y de omisión e inacción ante las corruptelas galopantes del sexenio anterior. Enemigos externos es lo que necesita para la cohesión interna, especialmente del ala dura del obradorismo.
La imagen de subordinación ante López Obrador es motivo de preocupación en la presidenta que, sin embargo, no puede –o quiere– hacer nada por evitarlo porque su fortaleza depende en buena medida de él. Haber establecido un mecanismo para revisar los acuerdos entre ambos no habla de independencia, sino de dependencia, quizás coyuntural, quizás efímera, quizás sexenal. No puede tomar decisiones autónomas porque algunas de ellas, como el contrabando de combustible de los marinos golpea al círculo íntimo del expresidente o, como en el caso de Rocha Moya y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, actuar contra ellos por sus presuntos vínculos con los cárteles de las drogas, cree que golpearía en Palenque, dañaría al movimiento y afectaría su gobierno.
Las reuniones y conversaciones que han tenido los dos desde el cambio de estafeta fueron coyunturales, pero desde la que tuvieron en octubre, se volvió parte de un mecanismo de gestión. Plantear que existe en México un cogobierno, puede ser prematuro, pero de mantenerse el statu quo, así podrá identificarse más adelante si no hay cambio alguno.

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La batalla que va perdiendo

La manifestación del sábado pasado tuvo un interlineado altamente polarizado, que desató una intensa guerra de narrativas en el mundo digital, entre la deslegitimación y descalificación por la composición sociopolítica de quienes protestaron para declarar su fracaso, y la lectura de victoria por las miles de personas que en las condiciones actuales salieron a las calles a enfrentar a un régimen que buscó desacreditar la protesta, impedir que hubiera un paso libre al Zócalo de la Ciudad de México, y una policía que actuó con violencia –pagando como siempre, su cuota de golpes– con un cambio de órdenes: aguantar, pero responder y realizar aprehensiones.
La narrativa oficial para minimizar la manifestación nacional desde que comenzó la marcha tuvo como razón de fondo la preocupación y el miedo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo cercano, que la repercusión que pudiera tener la protesta generara la percepción de ingobernabilidad y la llevara a la crisis mediática insalvable en la que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa metió al expresidente Enrique Peña Nieto. Los temores se cumplieron.
Aunque con diferentes ángulos editoriales, la manifestación, la violencia y la condena del gobierno por los enfrentamientos, dominó informativos de radio y televisión el sábado, y se publicó en la mayoría de los medios impresos de la capital el domingo. Pero las dos visiones encontradas no alcanzaron a matizar la información en el extranjero, donde la violencia en la manifestación impactó en todo el mundo –el buscador de Google arrojó casi 52 millones de búsquedas sobre la marcha–, donde el enfoque sobresaliente fue el descontento con el gobierno por la inseguridad, y las acusaciones de complicidad con los cárteles de las drogas.
La manifestación tuvo una composición ecléctica que sintetizó sus críticas en un fuerte reclamo contra la inseguridad y la violencia, y contra Morena y gobernantes del régimen obradorista. En varias manifestaciones de las decenas que hubo en el país, el grito por la revocación del mando a Sheinbaum fue una constante. En la Ciudad de México se añadió a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; en Sinaloa al gobernador Rubén Rocha Moya; en el Estado de México a Delfina Gómez, y en Baja California, a Marina del Pilar Ávila.
A Sheinbaum no le importaban las gobernadoras y los gobernadores, sino ella. Pese a la copia de los lineamientos y la mañanera que le heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la narrativa de Sheinbaum no ha funcionado. Desde que inició su gobierno hace 14 meses, han registrado en Palacio Nacional rendimientos decrecientes porque el mensaje en ella no ha persuadido. Pero no fue sino hasta el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el primero de noviembre, cuando el descrédito se aceleró. Sheinbaum reaccionó lanzando un plan para la paz y justicia en Michoacán, pero no le ayudó a su imagen.
Un análisis de redes realizado durante 48 horas por la empresa Dinamic, arrojó una conversación de casi tres millones y medio de personas y un total de impresiones de más de 97 millones. De ese total, el 70% fueron opiniones negativas, por la reacción tardía de la presidenta y su falta de empatía, así como por ineficiencia y falta de estrategia de seguridad. Solo el 15% respaldó el plan. Más importante, de ese total de usuarios solo el 1.74% de los que comentaron, “(tenían) comportamiento de bots”.
Sheinbaum pidió con antelación un análisis del comportamiento de las redes sociales de la convocatoria a la marcha de la Generación Z, que se dio a conocer el jueves de la semana pasada, en donde denunció que era una conspiración de la ultraderecha internacional a través de varias personas y colectivos en México. El documento, interesante y profundo por la dinámica que muestra en las redes, no aportaba ninguna causalidad para establecer la hipótesis –menos aún soportar la acusación concreta– de una conspiración internacional. Internamente se vio que los esfuerzos realizados por la presidenta para deslegitimar la marcha, no tuvieron los resultados esperados.
La denuncia no desanimó la convocatoria para la marcha, sino que en algunos casos incluso, la estimuló. Tampoco fue un ángulo principal en la cobertura internacional, quedándose reducida a una discusión doméstica. En este contexto, sin embargo, habría que ubicar un mensaje en X que colocó Barron Trump, quien convenció a su padre, Donald Trump, que en la campaña presidencial se acercara a los jóvenes a través de las redes sociales, el sábado al mediodía:
“AHORA los mexicanos han dicho basta y están literalmente asaltando el Palacio Nacional, gritándole a Sheinbaum ‘Narco Presidenta’. Están tirando las barricadas. Están hartos de que los títeres de los cárteles gobiernen su país. Esto es increíble de ver: una revuelta total contra la corrupción, explotando en tiempo real”.
Tras la manifestación se espera que la Presidencia realice un análisis del descontento social que se vio el sábado, y un diagnóstico de hasta dónde pudiera llegar. En las vísperas de la manifestación se realizaron varios ejercicios analíticos sobre el impacto que habían tenido protestas de la Generación Z en otros países y las consecuencias que causaron, que motivó la estrategia muchas veces recurrida por su jefe político del enemigo interno. Pero la estrategia para desacreditar la inconformidad social mostró su incapacidad para comprender que la estabilidad, que tanto le preocupa, no se construye silenciando a adversarios, sino incorporando los disensos.
Lo que no hubo en todas esas reflexiones y análisis sobre la manifestación fue la segunda derivada de la inseguridad y la violencia: la corrupción en el régimen. Fue una omisión deliberada o ceguera, porque las manifestaciones de la Generación Z en el mundo tienen como su motor la corrupción del gobierno. La referencia de Sheinbaum sobre la ingobernabilidad y la crisis mediática de la que no se puede salir es Peña Nieto y Ayotzinapa, pero olvida y no le han detallado, que la crisis de Ayotzinapa no fue una caída en popularidad súbita, sino que fue cayendo gradualmente, hasta que cerca de un mes después se dio a conocer la casa blanca de Angélica Rivera, en ese entonces esposa del expresidente, que fue el detonante. La corrupción fue el catalizador social que hundió a Peña Nieto, que no la atacó como ella tampoco quiere hacerlo.

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Desestabilización

Todo líder, en algún momento, ha utilizado al enemigo externo para buscar la cohesión interna, fortalecerse y esconder sus verdaderas intenciones. El presidente James Polk utilizó a México para expandir Estados Unidos y se fue a la guerra de anexión de 1847-48. Woodrow Wilson utilizó la primera guerra contra Alemania para lograr la aprobación del Acta de Sedición y Espionaje que silenció a críticos, sindicalistas y socialistas. José Stalin alegó la amenaza del capitalismo, para justificar purgas e imponer un control totalitario. Mao se valió de Estados Unidos y “los poderes imperialistas” para sellar la unidad ideológica y esconder sus fracasos en el gobierno. Leopoldo Galtieri se fue a la Guerra de las Malvinas para desviar la atención del colapso económico en el que estaba Argentina.
Cada quien inventó sus fantasmas para manipular a sus gobernados. Aquí, Porfirio Díaz legitimó la represión de la oposición para enfrentar la amenaza de “los anarquistas extranjeros” y ahora Claudia Sheinbaum, por razones que la cercanía en el tiempo hace imposible identificar con certeza, reveló ayer una conspiración internacional de la ultraderecha, con personajes mexicanos unidos en sus críticas al gobierno, para decir que están promoviendo la manifestación de la Generación Z con el propósito de desestabilizar a México. Los voceros del régimen desplegaron rápidamente sus voces para urgir la unidad ante los traidores de la Patria.
De esa forma, sugiere su racional, ese grupo de conspiradores en donde se encuentran el empresario Ricardo Salinas y el Frankenstein de todos los moles, Claudio X. González, la poderosísima alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y los peligrosos comunicadores Fernanda Familiar y Manuel San Martín, son usados para causarle daño y, como repite desde el sexenio pasado el aparato de propaganda del régimen, promover un golpe blando para destituirla. Con Andrés Manuel López Obrador no sucedió y tampoco pasará con Sheinbaum, que tiene alineadas a las Fuerzas Armadas y a las élites empresariales, garantes de su estabilidad y fortaleza.
En esa denuncia de la desestabilización se encuentra el mensaje para descalificar y deslegitimar la anunciada movilización de la Generación Z para protestar contra la violencia, la inseguridad y sus políticas, convocada en el Zócalo de la Ciudad de México para mañana. Es un fantasma digital. Como dijo el diputado de Movimiento Ciudadano Gibrán Ramírez durante una mesa en Radio Fórmula con Azucena Uresti, ahora resulta que lo importante es la República de Twitter y no la República Mexicana. La paranoia de la presidenta tiene de referencia cómo la Generación Z logró el cambio de gobierno en Nepal y Madagascar, y cómo metió en problemas a gobiernos corruptos en Asia.
Las condiciones internas entre aquellas naciones y México son muy diferentes, y mucho menos claras. Detrás de la denuncia de la conspiración de la “ultraderecha” internacional, se asoma una preocupación que arrastra hace varias semanas y que le preocupa: Estados Unidos. Sheinbaum ha visto con suspicacia las declaraciones de la Business Roundtable –equivalente al Consejo Coordinador Empresarial– y de 100 diputados demócratas que criticaron la ley de amparo, cuestionaron el Estado de derecho y solicitaron al presidente Donald Trump que renegocie con mano dura el acuerdo comercial con México para garantizar su cumplimiento, que también ha sido exigido por miembros de su administración.
Sheinbaum vinculó estas presiones con las imparables declaraciones de funcionarios estadunidenses por el control de los cárteles de las drogas en México, y las filtraciones en la prensa norteamericana sobre los planes de la Casa Blanca para mandar tropas y agentes de la CIA a México para aniquilar narcotraficantes, que nunca fue desmentido por la vocera de Trump. La petición que hizo la presidenta al secretario de Estado, Marco Rubio, cuando se entrevistó con ella en Palacio Nacional en septiembre, para que pararan esas declaraciones, no tuvo efecto.
Este frente externo que ella planteó hace poco más de dos semanas a su gabinete, coincide con su corrimiento hacia el ala dura del obradorismo, acercándose cada vez más a la gestión de crisis del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Proyectar sus temores en un pequeño grupo de personas sin posibilidad alguna de afectarla, no resuelve el proceso que observa está llevando a cabo el gobierno de Trump, que no busca desestabilizar –de haberlo querido, podría haberlo hecho con facilidad–, sino que procese a los políticos de Morena vinculados con el narcotráfico, que ha sido una demanda reiterada y desoída por ella. Tampoco le abre espacios de maniobra interna, donde parece estar acosada, en efecto, pero no por la oposición externa, sino la interna.
La expresión pública más reciente que puede argumentarse, es el extraño papel que empezó a jugar ayer la CNTE, la disidencia magisterial, que se movilizó a la Ciudad de México con cuatro meses al menos de antelación a lo que históricamente ha sido su estrategia de presión, realizando acciones violentas de provocación. La CNTE se moviliza en primavera, no en otoño, y comienza con plantones y marchas mientras negocia sus demandas. Ayer no hubo plantón, sino grupos de choque que con barras de hierro quisieron tiras las vallas metálicas que cerraban el paso a la calle de Moneda, el principal acceso a Palacio Nacional.
La CNTE, controlada por la Sección 22 de Oaxaca, no se ha mandado sola desde el sexenio pasado. López Obrador logró su control y en varias ocasiones ha sido quien les ha instruido como actuar. En la primavera pasada, López Obrador fue consultado por algunos de sus líderes antes de tomar decisiones, por lo que no podría desecharse de manera automática que lo que sucedió ayer en Palacio Nacional, haya tenido, su aprobación o, incluso, su recomendación. El expresidente no está muy contento con su sucesora porque hay varias políticas, principalmente en materia de seguridad, que lo exhiben y fortalecen la idea de que los cárteles crecieron en México bajo su cobijo.
Sheinbaum se encuentra en una situación muy vulnerable, atacada políticamente desde frentes distintos. Es una presidenta muy poderosa en el papel, pero muy débil en la práctica ante los dos grandes poderes fácticos que enfrenta: López Obrador y Estados Unidos. Su situación es delicada y políticamente precaria, donde lo que le queda es atacar a quienes sabe no le podrían hacer nada, aún si quisieran, esos conspiradores de la ultraderecha internacional. Es lo más fácil, y lo más inútil.

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Presidencia bajo sitio

Siguiendo la estrategia de su mentor Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó ayer insultos, desprecio y ataques a quienes piensan participar en la manifestación convocada a nombre de la Generación Z el próximo sábado. Afuera del Salón de la Tesorería, donde dirigió sus epítetos a quienes llamaron a la protesta en contra de sus políticas, el Palacio Nacional, sede del gobierno y su residencia, amaneció abrazado por vallas metálicas de tres metros, un laberinto que cubrió la Catedral Metropolitana y el Palacio del Ayuntamiento, cabecera del gobierno capitalino.
Varias cuadras más fueron resguardadas con tal premura que decenas de automóviles estacionados dentro de Palacio Nacional, quedaron atrapados varias horas. Fue como el Muro de Berlín, que el ejército ruso levantó una alambrada provisional en una noche para dividir la capital alemana. No durará ese sitio de la Presidencia los 28 años de aquel en Alemania, para consolidar su territorio una de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, Sheinbaum actuó por miedo, aunque sus arranques retóricos destilen desdén.
La convocatoria le ha provocado temor. Sheinbaum, como su jefe político, tiene aversión a las protestas en su contra y prefiere ni verlas, ni oírlas. En este caso, el espanto va acompañado de la creencia que puede haber un asalto a su Palacio de Invierno y que las puertas de madera sean quemadas. La presidenta dijo que las vallas son para proteger la vida de las personas, aunque lo que protegen son lugares –salvo la Catedral–, donde no entra fácilmente la gente. Pero también para proteger a los manifestantes, porque como recordó, hay “bloques negros” o provocadores que utilizan artefactos incendiarios y generan enfrentamientos.
Sheinbaum tiene razón, pero no dice todo. Varios contingentes de “bloques negros” han sido financiados, por lo menos en este siglo, por funcionarios capitalinos o federales del régimen, que no buscan sabotear las protestas, sino generar conflicto para que, por medio de la desestabilización, obtengan raja política. Si quiere evitar las confrontaciones, para eso está el trabajo de inteligencia: que haga uso de él y, antes del sábado, neutralice a los saboteadores. No serían los únicos que podrían hacerlo. En un entorno de tanta polarización, atizado ayer por la presidenta, todo puede suceder. Ojalá no.
Con Sheinbaum a la cabeza, la narrativa oficialista ha sido que es una marcha convocada por la extrema derecha, como si la protesta estuviera limitada por posiciones ideológicas. Seguramente habrá quien se encuentre en ese lado de la geometría política, como se encuentran en las antípodas los funcionarios que han financiado por años a los grupos de choque que revientan las protestas contra el gobierno. Dentro de Palacio Nacional señalan al argentino Fernando Cerimedo, dueño del 50 por ciento del portal de noticias La Derecha Diario y ex jefe de la campaña presidencial digital de Javier Milei, como el cerebro de la convocatoria. No tienen pruebas más allá que las circunstanciales, pero ayuda a la retórica de Sheinbaum.
Los convocantes no tienen cara. Son muchas las organizaciones que han estado sumándose bajo el paraguas de Generación Z, como se define a quienes nacieron entre 1997 y 2012, marcados por la recesión financiera global de 2008-2009 y por la pandemia de la Covid-19. Crecieron en la era del iPhone y de la crisis terminal del modelo económico neoliberal que no fue justo para todos, produjo más ricos y dejó más pobres, que en los últimos años, utilizaron como bandera el popular anime japonés One Piece, la cara de un pirata con sombrero de paja, como símbolo de desafío y lucha contra la corrupción. En Nepal y Madagascar, la Generación Z tumbó a los gobiernos; en Indonesia participaron en sangrientas protestas y en Filipinas se levantaron contra la rapacidad del régimen.
En México, quienes han expresado su interés por la protesta del sábado, rompen las líneas generacionales. Sheinbaum, arrogante, los llamó “chavorrucos”, pero es más que esa descripción superficial. Hay grupos, algunos influidos por Morena, del Frente Anti Gentrificación de la Ciudad de México, aliado del Frente por la Vivienda Joven. Han mostrado su interés el Frente Antiespecista, que lucha por la liberación total de los animales, y el Frente Memero Subversivo, un proyecto de comunicación polìtica para radicalizar la conciencia social a través del humor. El colectivo ha señalado que la manifestación es apartidista, pero sería raro que no se sumaran fuerzas políticas de oposición o algunos sectores que se sienten agraviados por las políticas de Sheinbaum, como los productores del campo.
La presidenta ha sido enfática en saber quiénes están detrás de la marcha, porque en efecto, certeza de que haya un liderazgo específico y una conducción estratégica de alguien en particular, no tiene. En este momento se encuentra en un túnel oscuro, sin saber orígenes, dinámicas o resultado de la convocatoria. No puede ya descalificarla, como intentó su maquinaria de propaganda señalando que los llamados habían sido reproducidos y magnificados por robots. El 57 por ciento de quienes han replicado la convocatoria viene de un tráfico orgánico.
Las vallas metálicas, transmitiendo sus temores a la gente que genuinamiente ha pensado acudir a la marcha, también ha sido acompañada de algo que parece una estrategia: el plantón que anunció la Coordinadora magisterial, la CNTE, para este viernes y sábado. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para pedirle mantenerse en el diálogo. ¿Alguien sabía que en este noviembre estaban litigando algo? Nunca antes la CNTE se había movilizado en esta fecha. De hecho, no lo hacen hasta que empiezan a calentar motores en las primeras semanas del año para comenzar su estrategia histórica, que concluye el 25 de mayo, Día del Maestro, para sacar dinero y mantener sus privilegios: negociación-presión-receso. La CNTE responde a los intereses de López Obrador, de quien suele recibir instrucciones tácticas, y pareciera que la han movilizado para que ocupen la plaza y sirvan como esquiroles. O un grupo de choque adicional.
El sábado todo puede suceder. Y también puede no suceder nada. Pero las condiciones sociopolí-ticas en el país, con su micro-cosmos en la Ciudad de México recomienda prudencia y evitar provocaciones. No se trata de tener tanto miedo, como refleja la presidenta, cuya oficina y casa se encuentra sitiada, aunque ese día, según lo previsto hasta ayer, estará lejos de Palacio.

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Porqué es Súper Adán

No hay forma política posible que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda hacer a un lado al senador Adán Augusto López Hernández. Ni siquiera ha tenido la fuerza para que escuche su petición de controlar al senador Gerardo Fernández Noroña para que sus ridiculeces no sigan afectando al régimen. El poder de Hernández López sobre la presidenta radica en que el pilar que lo sostiene es Andrés Manuel López Obrador. Y hay razones muy sólidas: López Hernández financió la carrera beligerante, provocadora y antisistema de López Obrador, que lo puso en la ruta de la cima del poder. Eso no puede olvidarse.
Difícilmente habría llegado a la Presidencia, o trascendido a la política nacional, como comenzó a figurar a finales de los 90 como líder del PRD, de no haber sido respaldado económicamente por López Hernández en momentos cruciales, que le permitió instrumentar las estrategias que copió del líder social más importante en la historia de Tabasco, Eulogio Méndez Pérez, fundador del Pacto Ribereño, quien comenzó la industria de la reclamación que tantos frutos le dio al expresidente.
Sin él detrás, con la chequera, López Obrador se hubiera desvanecido en la política local, que en aquellos años era su máxima aspiración. López Obrador se había caído al pelearse con el gobernador Enrique González Pedrero, que lo había nombrado coordinador de las zonas petroleras en la costa de Tabasco, donde los ejidatarios se quejaban de la contaminación de Pemex a sus tierras.
López Obrador, que entonces dirigía el PRI estatal, chocó con los presidentes municipales de la región por las presiones para que transfirieran recursos a los “comités comunitarios” que estaba creando, lo que propició el encontronazo con González Pedrero, un hombre de izquierda, que le reclamó: “Andrés, Tabasco no es Cuba”. Lo movió de puesto y lo hizo oficial mayor, pero nunca tomó posesión y se fue a la Ciudad de México a trabajar en el gobierno.
Mientras López Obrador buscaba apoyo para que lo hicieran candidato del PRI en su natal Macuspana, tras las turbulencias en el gobierno de Salvador Neme Castillo ocasionadas por la sucesión, Manuel Gurría Ordoñez asumió como gobernador interino, y tuvo que atender la recomendación 100/1992 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la indemnización a los ejidatarios de ocho municipios petroleros de Tabasco afectados por Pemex. El organismo responsable de pagar era la Comisión Interinstitucional para la Atención Respectiva (CIAR), a través de la secretaría técnica que encabezaba la Subsecretaría de Gobierno, cuyo titular era López Hernández. La recomendación de la CNDH mencionaba que de los 11 mil millones de pesos que destinó el gobierno en 1984 para indemnizaciones, no les habían entregado ni el 10%.
López Hernández fue designado para reparar las fallas, que los ejidatarios señalaban como corrupción, y reorganizar la distribución de los recursos, que era prácticamente dinero a la palabra. Este proceso se dio a mediados de los 90, cuando, recuerdan amigos de juventud, el estilo de vida de López Hernández se modificó significativamente. Compró una casa en una zona de clase media alta, luego de haber vivido todos sus años en una zona de menores ingresos, adquirió automóviles llamativos, hacía viajes y se hizo de una notaría, la 23, independiente de la 13 que logró su padre, Payambé López, el notario que certificó al PRD estatal cuando lo fundó López Obrador, que para entonces ya había regresado a Tabasco.
A principios de los 90, López Obrador había integrado un expediente negro sobre López Hernández –en cuya casa vivió años antes–, reveló Armando Guzmán, corresponsal de Proceso y director del diario digital @reporterosdelsur, en el libro Tabasco, política, petróleo y negocios, donde lo señalaban como socio del empresario Carlos Cabal Peniche, que estuvo en la cárcel por un desfalco de seis mil millones de pesos a su propio banco, Cremi-Unión. También, de haber operado “turbias ventas” de propiedades del gobierno y rematar bienes del estado para favorecer a Cabal Peniche.
En una de las entrevistas que realizó Guzmán para el libro, el ex líder del PRD en Tabasco, Audárico Hernández, dijo que la fortuna de López Hernández se había originado desde la Subsecretaría de Gobierno. En los expedientes negros se señalaba que se había quedado con “millones” de pesos de los que repartió la CIAR a los ejidatarios, que tenía un presupuesto de casi 3 mil millones de pesos. “A un año de asumir la gubernatura en sustitución de Salvador Neme Castillo, en enero de 1992, recuerda Guzmán, “ya se documentaba la escandalosa corrupción y tráfico de influencias en el gobierno de Gurría Ordoñez, operada desde la Subsecretaría de Gobierno que ocupaba Adán Augusto López Hernández”.
López Obrador, sin embargo, se olvidó del expediente negro de López Hernández. Durante su paso por la CIAR, el senador, recuerdan sus amigos en Tabasco, se volvió rico, pero también comenzó a financiar las movilizaciones de López Obrador en la región petrolera de La Chontalpa, y salieron los recursos para comprar la finca “La Chingada” en Palenque, en la frontera de Chiapas con Tabasco, que el expresidente ha dicho le fue heredada por sus padres.
De acuerdo con las personas que conocen la trayectoria de López Hernández y su relación con López Obrador, la transferencia de recursos por debajo de la mesa al entonces líder social y presidente del PRD estatal, le permitió financiar el bloqueo de 51 pozos petroleros en Tabasco en 1996 –cuando el senador había dejado de ser funcionario–, que sería el momento más crítico de su carrera y definitorio para su futuro, porque significó su salida de Tabasco, negociada políticamente con el presidente Ernesto Zedillo, a cambio de que no fuera a la cárcel por los daños causados a la nación. Ahí comenzó a subir la escalera hacia Palacio Nacional.
Cuánto dinero transfirió López Hernández a López Obrador en los 90, nadie puede calcularlo, pero inyectó combustible a su movimiento, cuya fuerza fue modificando sus objetivos. Por cuanto al senador, sus viejos amigos siguen recordando hoy una frase del discurso de Neme Castillo en la campaña para gobernador en 1988: “En Tabasco nos conocemos por nuestros nombres y nuestros apodos. En Tabasco no podemos esconder ni una gran fortuna ni una discreta pobreza, como tampoco la forma en la que arribamos cada uno a esas situaciones”.

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El problema es Ramírez Bedolla

El plan para la paz y la justicia que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo para Michoacán, no va a ir a ningún lado. Lo anunció rodeada por la mayor parte de su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, para proyectar determinación y músculo para “no dejar solos a los michoacanos”, pero en realidad se burló de ellos y de los mexicanos, indignados por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La cuchufleta presidencial se escondió detrás de las imágenes de lo que en otro momento se podría interpretar como un Estado sólido, que lo único que demostró es que está al frente de un gobierno débil donde no puede cortar el cáncer porque políticamente está impedida.
Sheinbaum sabe que el principal obstáculo es el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, habiendo recibido hace no mucho los pormenores de su involucramiento con los grupos criminales en Michoacán, contenidos en un informe de inteligencia donde se advierten todos sus vínculos. Otro gobernador en situación idéntica, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, tampoco ha sido tocado por ella. Sus razones, adoctrinada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es que si salieran del gobierno las críticas serían para ella y afectaría el movimiento cuatroteísta.
Como López Obrador, es más importante blindar al régimen que luchar por la paz. Rocha Moya, imputado como cómplice del Cártel de Sinaloa por su exlíder, Ismael El Mayo Zambada, que reconoció en Palacio Nacional que aún después de que fuera capturado en Estados Unidos mantuvo comunicación con sus fieles y con Los Chapitos –embarcados en una guerra fratricida desde hace 14 meses– hasta hace unos meses, está libre y sin presiones de la presidenta. Ramírez Bedolla, igual. En ambos casos, de acuerdo con el informe de inteligencia producido por las áreas que le reportan al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no son parte del problema, como se discute públicamente, sino el problema.
Ramírez Bedolla tiene una relación orgánica con Los Viagras, un grupo criminal muy violento que forma parte del paraguas de Cárteles Unidos, que surge de las cenizas del Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva en los municipios de Tierra Caliente donde surgieron a principios de 2013 los grupos de autodefensa. Uno de sus líderes fundadores fue Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, que fue pareja de Anabel Bedolla, tía del gobernador.
Comparán Rodríguez y Fructuoso Comparán Bedolla, primo hermano del gobernador, fueron juzgados por un Gran Jurado en Florida en 2021, de introducir metanfetaminas a Estados Unidos, por la frontera con Texas, y sentenciados a 10 años de prisión –porque se declaron culpables– en la Corte del Distrito Sur de Miami en 2023. Comparán Rodríguez fue alcalde de Aguililla al mismo tiempo que el gobernador de Michoacán era Leonel Godoy, cuyo hermano Julio César, era miembro del cártel de La Familia Michoacana, que fue absorbido más adelante por Cárteles Unidos. Esta organización se fortaleció para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación, que en el realineamiento de las organizaciones criminales en México, ha ido penetrando comunidades e instituciones en Michoacán.
El informe de inteligencia vincula a Ramírez Bedolla con toda esta estructura criminal, lo que no parece afectarle a la presidenta Sheinbaum por ser militante de Morena. El gobernador es el indiscutible ganador del plan para la paz en Michoacán que presentó Sheinbaum el domingo, en una ceremonia en Palacio Nacional donde lo colocó a su derecha en la ceremonia en Palacio Nacional, junto al secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Parece un sinsentido, inexplicable incluso para una sociedad kafkiana como la mexicana, que una persona identificada por el gobierno como vinculada al crimen organizado, pueda siquiera estar en un espacio privilegiado como el del domingo.
No es la única ironía. Al incorporarlo de lleno a la ceremonia y obligar a su gabinete legal y ampliado a trabajar con él, le otorgó un blindaje legal y un salvoconducto sin fecha de caducidad, para que ni la Fiscalía General solicite una orden de aprehensión, ni la Guardia Nacional o elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo detengan. La declaración del secretario Omar García Harfuch en el evento de que no habría impunidad para los delincuentes, es una tomadura de pelo porque, si este fuera un país de leyes, habrían incurrido en un delito por omisión de responsabilidad. Y no es todo.
El plan ayuda también a las organizaciones criminales con las que, de acuerdo con el reporte de inteligencia, se vincula al gobernador. El general Trevilla anunció el domingo que el Ejército y la Guardia Nacional sellarían todo el estado para que no pudieran salir ni entrar criminales. Esta estrategia sin precedente parece tener dedicatoria al Cártel Jalisco Nueva Generación, el único que no es originario de Michoacán, lo que no significa que no actuarían contra los demás. Sin embargo, si cesan los enfrentamientos entre esa organización y el resto de las michoacanas, que son aliados, no habría violencia, ni nadie a quién perseguir. Es decir, se construiría la pax narca.
Si bien lo que está sucediendo en Michoacán es una anomalía política, por describirlo de alguna manera, no es extraño. López Obrador tejió relaciones sospechosas con el Cártel de Sinaloa, en particular con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y cuando hubo señalamientos directos contra políticos de Morena de estar aliados al narco, los defendió y acusó a sus enemigos de siempre, de una campaña para atacarlo. Sheinbaum está siguiendo su libreto.
Ramírez Bedolla no es un topo en el régimen. Opera bajo la complacencia de la presidenta, que conoce los pormenores de sus vinculaciones. Lo considera también un político inepto que está rebasado. Pero es su inepto y su presunto delincuente. Las razones ideológicas y políticas para protegerlo, como sucede con Rocha Moya, son más grandes que la ley y su necesidad de marginarlos para evitar su toxicidad nuclear.
La violencia y la inseguridad en Michoacán, como en Sinaloa, se lo han dicho personas en quienes confía en el tema de la seguridad, no podrá resolverse a menos que Ramírez Bedolla sea sacado del juego; es decir, que se inicie un proceso de desafuero para que deje de gobernar. No sucederá. La impunidad para los miembros de Morena es la impronta del régimen.

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Primero López Obrador, luego el país

La respuesta a la crisis política que vive la presidenta Claudia Sheinbaum por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aclara, por lo menos hasta este momento, que está dispuesta a sacrificar al país para salvar a su jefe y mentor, Andrés Manuel López Obrador. El plan de paz y pacificación que anunció ayer para Michoacán es una salida rápida al aprieto en que se encuentra, pero no pretende una solución de fondo. El plan busca cubrir haber dejado a su suerte a Manzo, contra quien una campaña indigna que impulsó para minimizar el crimen y dejar que se deslizara la justificación de que era permisible por tener una agenda de extrema derecha –lo que en sí era mentira–, que había alimentado las críticas de “libertarios” y radicales de oposición.
Desviar el foco de López Obrador, a costa incluso de ella. De ahí insistir en las bondades de la estrategia de “abrazos, no balazos” de López Obrador que dejó más de 200 mil muertos y un país entregado al crimen organizado. La devoción de Sheinbaum por López Obrador es auténtica, y se muestra dispuesta a defenderlo hasta la ignominia, porque eso, quiera o no, es lo que está sucediendo. Una vez más parece, hasta este momento, haber llegado al tope de lo que está dispuesta a hacer. Prueba pública es su respaldo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, e intramuros, sus diferencias con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por profundizar investigaciones criminales que le han provocado fricciones con el obradorismo.
La crisis metió en contradicciones al régimen y dividió a los cuatroteístas moderados de los radicales, que emergieron la semana pasada, llena de equívocos en Palacio Nacional, de sacrificar a sus voceros para que defendieran la miserable posición de que más importante que la ejecución de Manzo era que había sido utilizado por la oposición y los medios para atacar al gobierno. La gente no es imbécil, como lo demostraron los michoacanos en sus manifestaciones de repudio al gobierno de Ramírez Bedolla y la condena a Sheinbaum por abandonar a Manzo. No hay forma de darle la vuelta salvando a López Obrador, porque la realidad no se lo permite. Pero la presidenta no ceja en protegerlo.
Timará a sus clientelas electorales e incluso a simpatizantes genuinos, criticando al pasado. Se sacó de la manga un plan de paz para Michoacán, casi idéntico –aunque menos ambicioso, 100 acciones contra 250 de su antecesor–, que el que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en 2014, inspirado en el del presidente Felipe Calderón para Ciudad Juárez. Sheinbaum –como su jefe político–, le ha echado las culpas de la violencia, pero los datos la contradicen: la guerra contra las drogas de Calderón dejó un saldo de homicidios dolosos en Michoacán de 4 mil 170; el número de homicidios dolosos con el plan de Peña Nieto se estima entre 5 mil 800 y 7 mil, mientras que con López Obrador rondó entre 12 mil y 13 mil –más que sus dos antecesores juntos.
Los homicidios dolosos en Michoacán durante 12 meses del gobierno de Sheinbaum se estiman entre mil 200 y mil 450, que casi duplican los que se cometieron en promedio por año durante la guerra de Calderón. Las estadísticas desnudan al régimen, que apuesta a la narrativa golpeadora, difamadora y mentirosa para respirar. Uno de los argumentos más distorsionadores de la realidad que empleó la propaganda del coordinador de asesores presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, fue equiparar a Manzo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha pacificado a su país a costa del Estado de derecho y las libertades individuales. Manzo nunca planteó violentar la ley, ni tampoco podía: los recursos para enfrentar a los criminales los tiene el gobierno federal. Morderse su propia cola quedó evidenciado con el hecho que uno de sus principales voceros, el diputado de Morena, Arturo Ávila, proveedor de equipo para el Ejército en el sexenio de Peña Nieto, vendió vehículos militares al gobierno de Bukele, de acuerdo con revelaciones de Mexicanos Contra la Corrupción.
La hipocresía es la esencia del régimen. También los argumentos tramposos. El viernes, por ejemplo, la presidenta dijo que “la derecha” criticó la estrategia de “abrazos, no balazos” porque decían que eran “abrazos a la delincuencia”. Nadie planteó nunca eso, agregó, lo que es cierto. Ni López Obrador, con el cinismo y la cara dura que tiene, se atrevió a declarar tal insensatez, pero en los hechos, así fue. Al terminar su sexenio, casi la mitad del país –mil 225 municipios–, se los había entregado al crimen organizado, porque esa política desmanteló la institucionalidad y regaló la gobernanza a los cárteles de las drogas.
Sheinbaum hablaba directamente del enfoque de López Obrador de atender las causas de la violencia, que se centraba, como lo hace ella, en los sectores más pobres de la población, criminalizando a quienes viven en la marginalidad. Pero la forma como lo hizo, provocó una tragedia nacional: no se “atendieron” las causas, proporcionaron financiamiento adicional a jóvenes criminales. Antes de López Obrador, la edad promedio de los sicarios se estimaba alrededor de los 24 años. El presunto asesino de Manzo tiene 17, como el presunto asesino del abogado David Cohen en la Ciudad de México. Informes recientes de diversas instituciones, señalan que la edad de los sicarios se encuentra entre los 12 y los 16 años.
Según el desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y el CIDE, no hay pruebas contundentes que el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro” que creó López Obrador, redujera el reclutamiento criminal entre los jóvenes. Les dio más dinero, encontró el Instituto Belisario Domínguez del Senado, pero no logró su inserción al mercado laboral. El programa “Sembrando Vida” tampoco modificó la dinámica rural de violencia.
Los programas sociales son necesarios para el largo plazo. Los incluyeron en sus estrategias Calderón y Peña Nieto, pero fueron insuficientes. López Obrador solo repartió dinero, y ya vimos lo que resultó: subieron mucho los muertos. Para que funcionen los programas sociales se requieren el disuasivo de enfrentar a los criminales para forzarlos a encontrar otras alternativas de vida. Sheinbaum arrancó por el camino correcto, pero ya puso freno poque estaba afectando a López Obrador. No podía permitirlo. Por ahora, primero él que el país.

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La crisis del sargento Matute

Esta semana ha sido la peor que ha vivido la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. No porque hayan sucedido eventos de envergadura mayor a los que ha venido arrastrando durante todo su sexenio, sino porque dos acontecimientos de alto impacto marcarán a su gobierno: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la forma como una persona pudo acercarse tanto a la presidenta que se convirtió en acoso y tocamientos inaceptables, como mujer y por su investidura. Ambos mostraron huecos y fallas en su estrategia de seguridad.
Los incidentes pudieron haberse evitado, pero la desesperada búsqueda para encontrar la culpa en Felipe Calderón y Genaro García Luna, a 13 años de haber terminado su gobierno, refleja el reconocimiento implícito que su estrategia de seguridad está haciendo agua. Y continuará hundiéndose, aunque pese a las fallas evidentes, no hay responsables ni sanciones. La incapacidad se premia con el perdón y el olvido.
La presidenta vivió por unos segundos la vulnerabilidad que viven miles en México, y la manera como la vida puede irse en un pestañeo. Fue fortuito que una persona llena de malas costumbres y que arrastra lo peor de nuestra cultura machista, hubiera estado tan borrado que cuando se le acercó y acosó sexualmente, no tenía otra intención que abusar de una mujer. Pero la forma como se le aproximó por la espalda, no es un tema menor, como lo ha minimizado y encapsulado en el legítimo tema de lo que viven a diario miles de mujeres.
Lo que sucedió como hecho-riesgo, para efectos prácticos, fue el momento más difícil que ha vivido un presidente mexicano desde que el EPR intentó secuestrar a Ernesto Zedillo a mediados de los 90. No pasó al ámbito de una crisis de seguridad nacional lo que sucedió con Sheinbaum, porque no había intención de causarle un daño físico con implicaciones políticas, pero si lo vemos de manera contrafactual, el ataque/asesinato de un jefe de Estado provoca un severo impacto político y económico, con consecuencias directas para el país y sus gobernados.
Diferentes variables pueden suceder, incluso todas a la vez: inestabilidad política y, en países sin robustez, crisis institucional; inestabilidad por el vacío de poder que se crea; devaluación de la moneda y fuga de capitales, acompañada de la pérdida de confianza en los mercados y de los inversionistas, que llevan a una crisis económica, contracción del PIB y alteración en los mercados. En una situación tan polarizada, como se apreció en la sociedad política con este episodio donde el debate era si había sido un momento real o un montaje, el proceso legal de sustitución sería una carnicería donde la incertidumbre nos ahogaría a todos.
Lo que sucedió no fue culpa de ella, pero sí su responsabilidad. No estamos hablando de lo que le sucedió como mujer, que tiene distinta interpretación donde ella es víctima. Hablamos de su responsabilidad como jefa de Estado, porque a diferencia de Manzo, que estaba en la intemperie, Sheinbaum sí tenía en las manos los instrumentos para evitar que una eventualidad se convirtiera en un problema nacional.
Sheinbaum heredó del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el invento de una “ayudantía” de chocolate que remplazó al Estado Mayor Presidencial, aduciendo que mantenerlo era tirar el dinero. Incluso, el director de la “ayudantía” también se quedó con ella, Juan José Ramírez, subordinado de Daniel Asaf. El modelo de este grupo de improvisados era un conjunto de personas que proveen la seguridad. López Obrador tuvo problemas y situaciones difíciles, pero nunca como Sheinbaum.
La espalda de la presidenta nunca estuvo protegida por uno o dos, mejor, elementos de seguridad, para evitar precisamente lo que sucedió, una aproximación por atrás, sin que ella se diera cuenta y pudiera reaccionar –hasta que lo tuvo encima. Ramírez, que es quien se ve en el video tomando fotografías o videograbándola, era el único de la “ayudantía” cerca de ella, pero fue incapaz de reaccionar como lo haría una persona entrenada, saltar y taclear a la persona que se acercaba a ella por la espalda. En lugar de ello, siguió videograbando con una mano mientras que con la otra trataba de separarlo. Sheinbaum, con sus recursos y manos, fue quien se deshizo del acosador.
Ramírez no fue el único que mostró su incompetencia, sino el grupo de la Sección Octava del Ejército que tienen la seguridad periférica de la presidenta. Ninguno de ellos detectó que había una persona borracha o con comportamientos raros, cercana a la presidenta, para impedir que la siguiera y se le acercara. No lo vigilaron. Pasó enfrente o entre ellos, sin problema. Si Ramírez debió haber sido cesado por incapaz, los militares tienen otras normas: tendrían que estar encarcelados por haber puesto en riesgo la seguridad de la presidenta.
Fueron dos fallas consecutivas de los militares. La primera fue el sábado, cuando Manzo, que estaba bajo su vigilancia, fue asesinado. El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, dijo que 14 guardias nacionales tenían su seguridad periférica, porque la personal la tenía una escolta seleccionada por el alcalde. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo el domingo que la protección federal se había elevado, que solo se hace tras una evaluación sobre los riesgos que corre. Como autoridades federales, si sabían que su vida estaba en peligro, debieron haber impedido que fuera a un evento público donde protegerlo era casi imposible. Tampoco sabemos si también había policía estatal protegiéndolo, como sería normal como parte de un segundo anillo de seguridad.
No funcionó el aparato de inteligencia de García Harfuch al que le pasó de noche la planeación del crimen, pese a que dos semanas antes habían asesinado en Apatzingán al líder de los limoneros, Bernardo Bravo, que no estaba marcado como objetivo de alto riesgo como Manzo. Desconocemos si hubo cadena de custodia del arma, o detalles de los peritajes, si al asesino lo mataron los escoltas de Manzo mientras disparaba o ya estaba sometido, y dónde estaban los militares.
Estamos en la oscuridad. Lo único que informan es el parte policial del día, de los muchos detenidos, de los decomisos, para presumir eficiencia, aunque cuando la situación está en un nivel crítico, como en la última semana, el sargento Matute fracasa estrepitosamente.

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