Es muy pronto para saber si el plan de paz para Michoacán que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum funcionará. Pero definitivamente fracasará si no contempla la decisión de excluir de la solución, de manera terminante, la cohabitación con los grupos de autodefensa, que provocaron que un plan prácticamente idéntico que anunció en 2014 el presidente Enrique Peña Nieto para ese estado, naufragara. Este punto, que ni se incluye ni se excluye en el plan de Sheinbaum, es quizás el elemento más importante si se quiere tener posibilidad de éxito, por ser la lucha más sórdida de la narcopolítica en el estado, que le costó la vida a Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan.
Manzo, con base en la información que han recolectado las áreas de seguridad federal desde el sexenio pasado, quedó atrapado en la disputa entre Los Viagras, que nacieron de los grupos de autodefensa impulsados por el gobierno de Peña Nieto en 2013 –algunos ligados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva–, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que nació de la evolución del Cártel del Milenio, una escisión del Cártel de Sinaloa, encabezado por los hermanos Valencia. Los primeros controlan la extorsión de limoneros y aguacateros; los segundos tienen bajo su control Uruapan, la capital mundial del aguacate.
Los Viagras tienen relación orgánica con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de acuerdo con la información de inteligencia del gobierno federal, y forman parte de Cárteles Unidos –tres de sus familiares forman parte de esa organización–, que en las elecciones de 2021 trabajaron a su favor para que llegara al poder estatal. Los Viagras, con Ramírez Bedolla detrás, están buscando el restablecimiento formal de los grupos de autodefensa, que les daría la cobertura legal para retomar el control en las regiones que controlan. En la actualidad, la ley no les permite operar como grupos armados autónomos, ni fuera del marco de las fuerzas de seguridad federales, al que se tuvieron que someter en 2014, cuando comenzó el desarme de las policías comunitarias.
En la búsqueda de ese objetivo, Manzo era un estorbo, porque no tenía vínculos con ninguna organización criminal y buscaba que el gobierno federal entrara en su apoyo para combatirlos. El gobierno de Sheinbaum no lo hizo; lo abandonó. Sin embargo, Manzo no se detuvo, y su presencia estaba creciendo más allá de Uruapan. En la última encuesta sobre preferencias electorales para la gubernatura que se pondrá en juego en 2027, elaborada por la empresa Encuadra, Manzo tenía 44 por ciento de apoyo, contra 24 por ciento de Alfonso Martínez, el alcalde priista de Morelia, y 19 por ciento del senador de Morena Raúl Morón, cuya candidatura a la gubernatura en 2021 fue cancelada por el Tribunal Electoral por violaciones a la ley.
Manzo iba avanzando territorialmente. Se había planteado que su Movimiento del Sombrero tuviera representación en cada uno de los 113 municipios de Michoacán, y se estaba perfilando para ser el siguiente gobernador. Ramírez Bedolla era su enemigo porque quiere imponer a Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano, como la candidata de la continuidad y su sucesora. Butanda no figura en las preferencias, como tampoco Gabriela Molina, secretaria de Educación, a quien respalda Lázaro Cárdenas, jefe de la Oficina de la Presidencia. Morón, enemigo de Ramírez Bedolla, está fuertemente apoyado por Leonel Godoy, diputado y también exgobernador, cuyo hermano Julio César, que desapareció en 2009, tenía lazos con La Familia Michoacana, cuyos remanentes fueron absorbidos por Cárteles Unidos. Los dos tenían una campaña contra Manzo.
En la ecuación político-electoral-criminal, el alcalde ejecutado no cabía. Su eventual gubernatura significaba un problema para todos los cárteles en su lucha por controlar los negocios criminales en Michoacán, cuyo mapa delictivo se divide en tres grandes regiones: la costa del Pacífico y los linderos con Colima, donde se ubica el contrabando de minerales, controlado por Cemeí Verdía Zepeda, que fue el coordinador de las autodefensas en Aquila, Cahuayana y Chimicuila, que también quiere que resurjan las policías comunitarias. En la región limonera, cuyo corazón es Apatzingán, Los Viagras tienen el dominio. Y en la aguacatera, donde todo gravita alrededor de Uruapan, está el CJNG, que tiene sus talleres de fabricación de drones en esa zona, manejados por Miguel Ángel Gallegos, El Migueladas, con viejos vínculos con las autodefensas de Tierra Caliente.
El asesinato de Manzo opacó por completo otro crimen que se cometió en la madrugada de ese mismo día. Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado menos de 48 horas después de haber llegado a La Ruana, en Tierra Caliente, donde en 2013 se levantó en armas su tío al establecer el primer grupo de autodefensa. Mora fue asesinado en 2023, cuando le retiró el apoyo federal el expresidente Andrés Manuel López Obrador –principal apoyo de Ramírez Bedolla. Su sobrino y su esposa fueron ejecutados dentro de su casa.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán, informó que Torres Mora había sido abatido tras agredir a balazos a agentes de la Guardia Civil y del Ejército en La Ruana. Familiares de Torres Mora y vecinos, señalaron que habían sido asesinados dentro de su casa por Los Viagras, que también habían ejecutado a Hipólito Mora. Personas que conocen la evolución de la narcopolítica en Michoacán, sugirieron que los dos crímenes estaban conectados.
Al desaparecer Manzo del mapa electoral para 2027, quién capitalizará el apoyo que tenía es algo que no puede anticiparse. Lo que sí puede hacerse, y es importante que se haga, es que el gobierno de la presidenta Sheinbaum impida que las fuerzas criminales y políticas que están empujando por la legalización de las autodefensas como mecanismo para contener la violencia y lograr la pacificación del estado, no es la salida sino la vía rápida al fracaso. El gobierno de Peña Nieto estimuló el surgimiento de los grupos de autodefensa para aniquilar a Los Caballeros Templarios, surgida de las cenizas de La Familia Michoacana, y ni la violencia se contuvo, ni la paz llegó. El gobierno de López Obrador, por sus acciones, fortaleció al crimen organizado en Michoacán. Sheinbaum quiere hacer las cosas diferente. La principal que podría hacer en esta primera fase, es impedir la construcción del camino para el resurgimiento de los grupos de autodefensa, que empoderaría a Los Viagras a costa de su derrota.

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Las protestas en Michoacán por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, han ido en aumento. Comenzaron en ese municipio, gozne entre Tierra Caliente y la región purépecha, se extendieron a Morelia, luego a Apatzingán, después a Pátzcuaro y ahora a Lázaro Cárdenas. En zonas controladas por los cárteles de las drogas, fue más grande la indignación que el miedo. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla no lo está entendiendo: si la gente encara a las armas, enfrentarlo es lo de menos. No sirve a sus gobernados, pero sigue estorbando.
Las protestas han sido una amalgama de cuerpos sociales. Las clases medias, los universitarios, los campesinos, los transportistas, los productores, las asociaciones comerciales y las patronales, convirtiendo el coraje de los uruapenses, en rabia nacional. Javier Tejado escribió en su columna de El Universal que en solo 48 horas el volumen de mensajes sobre el asesinato de Manzo sumaba el 70 por ciento de los registrados en 21 días por el campo de exterminio en Tehuchitlán: 1.6 millones, 65 por ciento de ellos negativos, y solo 2 por ciento positivos. Definitivamente, como concluyó, “es la peor crisis mediática y digital” del gobierno de Claudia Sheinbaum.
¿Será acaso el asesinato de Manzo el catalizador de una revuelta ciudadana contra la inseguridad y las autoridades? Su crimen ha sido un galvanizador social en Michoacán, pero es muy pronto para saberlo. Sin embargo, cuando la indignación rebasa al miedo, es porque el costo de callar se vuelve más alto que el de actuar. Es cuando el ciudadano deja de temerle al castigo, a la cárcel, al desprestigio o incluso a la muerte, porque el hartazgo ya lo anuló. Eso es lo que representa Manzo, el crimen político –en las condiciones en que vivimos en México, la política está intrínsicamentente mezclada con la delincuencia organizada– de mayor impacto desde el de Luis Donaldo Colosio, en 1994.
Parece una contradicción, porque la ejecución de Manzo fue por negarse a callar, por gritar y exigir al gobierno que lo apoyaran, porque él no transaría con el crimen organizado. Pero lo que mostró es que fue la voz de quienes optaron por el silencio y de aquellos a los que no escuchaban. Su muerte mostró los síntomas de hastío y les contagió su valor para que en Michoacán, un estado del que se han apropiado las organizaciones criminales, salieran a las calles mostrando, por ahora, que su desesperación por el abandono de las autoridades, es más grande que el miedo.
Y cuando el miedo deja de ser un freno, se convierte en gasolina. En ese instante, se rompe dentro de la persona y dentro del sistema el equilibrio entre autoridad y obediencia. Lo estamos viendo en Michoacán, donde hace 20 años el gobernador Lázaro Cárdenas solicitó el apoyo del gobierno porque La Familia Michoacana se estaba apoderando del estado y comenzó lo que hoy se conoce como “la guerra contra las drogas”. Fue sangrienta, pero en mayo de 2011 comenzaron sus resultados: la violencia comenzó a bajar. De esto nadie parece acordarse, pero lo que es inocultable es que Cárdenas no murió. Manzo, que pidió lo mismo pero se lo negaron, terminó asesinado.
El miedo es un instrumento de control. Los gobiernos lo saben y lo administran. Pero cuando ese miedo se desgasta y deja de funcionar, el poder entra en crisis. ¿En cuántos estados está pasando? O quizás la pregunta adecuada es en cuántos no. Cuando la represión, la amenaza y la mentira pierden eficacia, la sociedad empieza a moverse sola, sin líderes, sin permisos ni temor. Sinaloa es el mejor ejemplo del último año; Michoacán ya enseñó sus intenciones.
El punto en que la indignación rebasa el miedo no se anuncia; se va gestando. Se acumula en silencio: en la injusticia impune, en la humillación cotidiana, en la corrupción descarada, hasta que un hecho, como una muerte, actúa como detonante. Entonces, lo que parecía resignación se transforma en rabia organizada. Esa es la verdadera alarma para cualquier gobierno. No el grito, sino el silencio que lo precede, porque cuando la gente deja de tener miedo, el poder deja de tener control. Y a partir de ahí, todo puede pasar.
Lo vimos el domingo, cuando Ramírez Bedolla fue al velorio de Manzo en Uruapan, una señora lo abofeteó. Esa línea se ha cruzado varias veces aquí. Cuando los normalistas de Ayotzinapa salieron a las calles para ser escuchados por la desaparición de sus 43 compañeros. Cuando ante la indiferencia del Estado, las madres buscadoras cavan con sus propias manos en el enorme cementerio clandestino en el que se ha convertido México. Cuando comunidades enteras se arman para defenderse del crimen, como en Guerrero y Michoacán. En todos esos casos, la indignación venció al miedo, no por valentía, sino por desesperación.
La violencia no surge de la nada. Es hija de la impotencia. Nace cuando la palabra ya no sirve, cuando las instituciones fallan, cuando la justicia no llega y cuando la autoridad no escucha. México vive atrapado en esa espiral desde hace años. El ciudadano que enfrenta la burocracia sin respuesta, el joven que no encuentra oportunidades, los trabajadores a los que ignoran, la comunidad que denuncia sin ser atendida. Todos comparten un sentimiento: la sensación de que nada cambia. Y cuando nada cambia, algunos optan por hacer que cambie a golpes.
En el fondo, la violencia es una forma de desesperación. Es el grito de quienes ya no creen en nada ni en nadie. Y más grave, es un síntoma de que el sistema político ha dejado de ser un espacio de resolución de conflictos. Cuando la gente recurre a la fuerza, es porque siente que las vías institucionales están cerradas. La responsabilidad primaria es de los gobiernos que, con su ineptitud y su soberbia, incuban la ira social. En un país donde la justicia tarda años y la impunidad es la regla, nadie puede sorprenderse que la gente explote. Y mientras el poder siga actuando como si no pasara nada, seguirá cosechando lo que sembró: frustración, resentimiento y rabia.

Nota: En la columna de ayer, se identificó al general Héctor Francisco Morán como comandante de las 21 Zona Militar, con sede en Morelia. El general fue relevado recientemente por el general Juan Bravo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum reflejó ayer de cuerpo completo lo fuerte del golpe a su gobierno y a su estrategia de seguridad por el asesinato de Carlos Manzo, el valiente alcalde de Uruapan que le pidió reiteradamente apoyo para enfrentar el crimen organizado y que se lo negó. Y producto de la confusión o los cinturones que la aprietan, la emprendió contra medios y periodistas a los cuales llamó “carroñeros”. Increíble. Se enoja con nosotros, pero no contra los criminales. Tampoco le reclama al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que le dejó el tiradero de país en el que chapotea todos los días.
¿Por qué no se indigna con la Guardia Nacional a quien le mataron a Manzo bajo su vigilancia? ¿Por qué no se molesta con el secretario de Seguridad y Protección, Omar García Harfuch, cuyo aparato de inteligencia no detectó el plan para asesinarlo? Si la presidenta empezara a pedir explicaciones a su gobierno, o su gabinete de seguridad fuera en verdad transparente, las cosas podrían ser diferentes. Pero la salida fácil de este régimen, como la de gobiernos pasados y de otros en el mundo, es dispararle al mensajero. Cuidado, no sea el mensajero la próxima víctima.
La propaganda sin resultados, es un búmeran. La autocrítica, sin embargo, no se le da a Sheinbaum. De hecho, una característica del régimen obradorista es siempre victimizarse. Abusa, también la presidenta de la verborrea política para cerrar los ojos. Por eso es inmune a realidades encima de la mesa. ¿De qué sirve que el gabinete de seguridad esté “indignado” por el asesinato? No son actores ajenos a los acontecimientos. ¿Por qué no demostraron el coraje desplazando a cientos de fuerzas federales para cazar a los asesinos?
García Harfuch dijo que la pistola que mató a Manzo había sido utilizada en dos actos criminales, uno de ellos el 23 de octubre, donde un grupo armado atacó a una pareja en un bar de Uruapan. Tendría, por lo tanto, una primera hipótesis sobre la autoría material del crimen. Pero no hicieron nada. Ni siquiera han atraído el caso por el alto impacto del crimen. Lo han dejado en el ámbito local, y como el homicidio es un delito del fuero común, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, que no ha mostrado eficiencia, es la que lleva el caso.
García Harfuch dijo que el ministerio público ya interrogó a los escoltas y policías de Uruapan para deslindar responsabilidades, pero no informó nada de los 14 elementos de la Guardia Nacional que estaban a cargo de la seguridad periférica, como la llamó el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Ellos son parte importante de la investigación. La seguridad perimetral tiene protocolos, tanto para que en casos de alto riesgo, como era el de Manzo, y los comisionados a su seguridad debieron haber sido sometidos a pruebas extraordinarias de confianza. Su papel, también, era mantener contacto estrecho y permanente con la escolta. ¿Dónde estaban? A saber.
En ninguno de los videos que tomó la gente tras la ejecución, se ve a algún elemento de la Guardia Nacional. Cuando yacía caído, no estaban ahí. Cuando le dieron los paramédicos los primeros auxilios, estaban ausentes. Ayer en la mañanera, uno de los periodistas de verdad le preguntó en dónde estaban en el momento del asesinato. El general no respondió. No se puede pensar otra cosa salvo que está escondiendo un fragmento importante de esta tragedia. El general Trevilla, que entiende el valor de la información, ha ocultado su proceder ante los ojos de todos.
Los militares, como lo son en la Guardia Nacional, están entrenados para registrar minuto a minuto lo que hacen y lo que sucede. Es inadmisible, por imposible, que el general oculte la información que existe una bitácora que ayude a construir la verdad de lo que sucedió en Uruapan. El general Héctor Francisco Morán, comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, la debe tener. Pero de qué tamaño podrá ser la verdad para preferir el general pasar como desinformado o que no tiene control sobre las áreas bajo su responsabilidad.
La desviación de las cosas de fondo ha sido notable en las últimas 48 horas. El spin de comunicación desde el domingo –eliminando la basura de la retórica que salió de Palacio Nacional–, es el énfasis de la seguridad perimetral, para atajar las críticas de que el gobierno federal dejó a Manzo a su suerte, como sucedió en los hechos, de acuerdo con las peticiones públicas que hacía reiteradamente en las últimas semanas. En el gabinete de seguridad prefirieron curarse en salud por encima de que se les considere incompetentes y emerjan las fallas que tuvieron.
Uno, a la vista de todos, es la seguridad de Manzo. El alcalde llegó a la presidencia municipal en Uruapan, el principal centro aguacatero y paso crítico del tráfico de metanfetaminas, con la promesa de no pactar con criminales, y que ante las extorsiones a los agricultores, comenzó a pedir ayuda al gobierno federal y a emplazar a Sheinbaum y García Harfuch para que fueran a Uruapan y vieran que su estrategia de seguridad, ahí, no servía. Manzo era una persona de alto riesgo, que requería atención especial, sobre todo tras el asesinato del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, hace dos semanas, que debió haber elevado aún más las alertas. No fue así. Lo abandonaron.
Michoacán es un laboratorio de pruebas de la militarización policial y de la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra las extorsiones. Al ser el microcosmos de la estrategia de seguridad, el trabajo de inteligencia debió haber tenido en Manzo una prioridad. Pero el Centro Nacional de Inteligencia, controlado por García Harfuch, no detectó ninguna amenaza en su contra, a menos que como la Secretaría de la Defensa, esté ocultando información.
Qué tanto saben la presidenta y el gabinete de seguridad del asesinato, es un misterio. Pero resolver las cosas de fondo, como nuevamente prometen, no es costumbre de la casa. Los crímenes de alto impacto se quedan en la epidermis y para que nadie rasque o pida explicaciones, disparan la escopeta para que la atención se vaya hacia otra parte, como ayer.

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El sábado primero de noviembre de 2025 quedará marcado como la noche en que la fiesta del Día de Muertos en Uruapan se transformó en un escenario de ejecución política. El asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo se estrelló en la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gabinete de seguridad, que ignoraron, se burlaron incluso de sus insistentes llamados a que hicieran algo, lo que fuera, pero algo, para frenar el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio, el segundo más poblado de Michoacán, y el dinamo de la industria del aguacate.
Michoacán, el laboratorio de la militarización de la seguridad, es el nuevo símbolo del fracaso de la política del gobierno, exitosa en la palabrería de los partes policiales diarios, que nadie sabe qué tan ciertos son, pero que no reflejan el freno a la violencia, a los asesinatos rampantes, a las masacres y a las guerras entre los cárteles. Sheinbaum, cuya empatía es discrecional –pronta y eficaz en los lugares que le permitan ganar votos–, tardó más de 12 horas para condenar el “vil” asesinato de Manzo. En Washington, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ofreció sus condolencias a la familia y amigos de Manzo una hora antes que ella.
El asesinato, no obstante, le preocupó, y convocó al gabinete de seguridad a una reunión de emergencia en Palacio Nacional, que duró unas dos horas y media. Sus integrantes llegaron a las 7 de la mañana con rostros desencajados. Había porqué: si como dijo Sheinbaum, Manzo tenía protección federal, se lo asesinaron en sus manos. ¿Cómo lo explican? Con retórica hueca y esquiva.
Manzo fue ejecutado mientras convivía con su pueblo en la Fiesta de las Velas, tomándose fotos con su hijo y encendiendo la llama simbólica de la celebración. Las balas que lo mataron pusieron en evidencia algo mucho más profundo que un simple asesinato. Fue la derrota de las autoridades frente al crimen organizado. Sheinbaum dijo que no habrá impunidad. ¿Cómo creerle? Todos los asesinatos de alto impacto en los últimos años los abriga la impunidad. ¿Quién mandó asesinar a Ciro Gómez Leyva? ¿Quién a Ximena Guzmán y José Muñoz? ¿A David Cohen? No fue Fuenteovejuna, seguro.
Manzo no era un alcalde cualquiera. Tomó posesión en septiembre del año pasado con la promesa de “romper el pacto tácito” con el crimen organizado. Afirmó que no haría tratos con ellos; se puso chaleco antibalas y patrulló carreteras y bosques. “No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”, dijo hace unos días. Pero no se echó para atrás. Hoy, ante la evidente impotencia de las autoridades, la descalificación pública que hizo de él Sheinbaum con esa demagogia de latón, su frase retumba como epitafio.
El alcalde sorprendió a muchos por su valentía, administrando el miedo, como reconoció tener, pero con una posición indómita en su cruzada contra el crimen organizado. Muy pocos deben haber pensado que lo iban a ejecutar en medio de cientos que fueron a la Fiesta de las Velas, ante tantos ojos. La visiblidad del evento del sábado por la noche parecía un escudo, olvidando que este solo funciona si el Estado muestra su músculo, no solo micrófonos. El alcalde fue abandonado por el gobierno estatal y por el federal. No hay justificación que valga. Un sicario cambió su vida por la del alcalde y ya estuvo: los criminales y el gobierno, por consecuencia, eliminaron una piedra incómoda en su camino.
No fue una acción concertada entre esos dos entes, pero en el abandono al que sometió el Estado a Manzo, se volvió cómplice involuntario de los criminales, que probablemente sintieron que su protagonismo y activismo en los medios para llamar la atención del gobierno federal –porque el estatal no sirve para nada– y provocar una acción, calentaría demasiado la plaza. Se ampararon quienes lo mandaron matar en la balandronada presidencial de siempre, cuando rechazó sus peticiones de ayuda: “No vamos a regresar a la guerra contra el narco”. Nadie pide eso. Se exigen acciones, no boletines de prensa. ¿Dónde estaba la protección federal que dijo Sheinbaum tenía? En ninguna imagen del crimen se vio.
Las estadísticas optimistas, reales para algunos y maquilladas para otros, no sirven para nada cuando se trata de proteger a quienes solos, como Manzo, tratan de cambiar el estado de cosas. En un país donde la frontera entre autoridad y crimen es difusa, Manzo se propuso dibujarla de nuevo. Por eso lo ejecutaron en frente de tantos. Como escarmiento.
El alcalde de Uruapan llegó al poder sin partido, como un candidato independiente con una promesa tan elemental como temeraria, gobernar sin pactar con el crimen organizado. En Michoacán, tierra donde los cárteles regulan desde el precio del aguacate hasta el número de patrullas que pueden circular en una colonia, su declaración fue más que una postura: fue una provocación. Había tocado una herida profunda: el control económico del crimen en ese municipio, ciudad estratégica para el comercio del aguacate y la producción de metanfetaminas.
Lo que queda tras su muerte es el recordatorio de la advertencia que en Michoacán, el asesinato de alcaldes se volvió un patrón: entre 2018 y 2025, más de una docena fueron ejecutados. Ninguno de esos crímenes ha tenido una sentencia firme. El mensaje es simple: quien rompe las reglas del miedo, muere, y quien los hace pagar su desafío, goza de impunidad.
Manzo arriesgó todo. En un sistema donde la supervivencia depende del silencio, eligió hablar. Su muerte es la síntesis del drama que vive el país, una nación donde el valor individual no basta para derrotar al poder armado, donde la honestidad no garantiza protección y donde el crimen se impone no solo con balas, sino con la resignación inconfensable de quienes lo toleran.
La ejecución del alcalde de Uruapan resuena como una réplica del viejo patrón de impunidad obscena que ha marcado el fenómeno de la violencia durante los siete últimos años. Los grupos criminales no dejan de enviar el mismo mensaje cada vez que ejecutan a una autoridad local: “No mandan ustedes, mandamos nosotros”. En Palacio Nacional sigue la cabeza fría de la indiferencia, escondida dentro de numeralias sin sentido y, por lo que estamos viendo en el país, sin resultados reales.

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Simón Levy, el empresario que trabajó en el gobierno de la Ciudad de México hace varios años tiene dos órdenes de aprehensión: una por no acudir a audiencias para declarar sobre una acusación por presuntas violaciones en la construcción de un edificio, y otra por amenazas y daño doloso en propiedad ajena. Casos muy importantes para las personas afectadas y víctimas de los supuestos atropellos, pero de ninguna manera un asunto de Estado. Sin embargo, esta es la forma como el gobierno federal lo está tratando.
Los presuntos delitos en los que incurrió Levy son del ámbito local, y las afectaciones limitadas a las personas directamente relacionadas con la obra y los daños en la propiedad. No rebasaron ese ámbito de particulares ni hubo afectaciones para el resto de la sociedad. No obstante, durante dos días consecutivos, irrumpieron en la jurisdicción local el gabinete de seguridad federal, para reforzar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre su solicitud para que lo extraditen, y la presidenta Claudia Sheinbaum le dedicó largos minutos durante su conferencia matutina para decir lo mismo.
En la calle, mientras tanto, seguía la efervescencia social con bloqueos y toma de casetas que han afectado a cientos de personas directamente, y a miles de manera indirecta. Los piperos, que reclaman que el gobierno del Estado de México les impida robarse el agua, son atendidos no como delincuentes, sino como grupos de interés con quienes hay que negociar. Decenas de miles de personas en el Valle de México quedaron estranguladas en sus actividades cotidianas y en sus trabajos por los bloqueos que realizaron. Las acciones disruptivas de campesinos en 22 estados que protestaban por los precios de garantía, no se han quitado en su totalidad, argumentando que el acuerdo anunciado con la Secretaría de Agricultura, fue una imposición.
Sigue supurando Tabasco y la mente no abandona lo que hizo el senador Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador. Ayer se informó que Arturo Leyva, que fue director de la Policía de Tabasco, fue detenido por ser “integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de drogas y homicidios” en ese estado, en donde fue uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, que desde su cargo de secretario de Seguridad –nombrado por Hernández López–, fundó y dirigió el grupo criminal La Barredora, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La presidenta tiene el águila sobre el pecho y es la más poderosa en México, siempre y cuando de esta ecuación se excluya a Morena.
En Sinaloa, la guerra sigue. En Culiacán, epicentro de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, una facción bombardea la capital histórica del narcotráfico en México, Badiraguato, la tierra de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, con explosivos transportados por drones, se dan enfrentamientos en la zona metropolitana, incendian casas de seguridad y los muertos continúan. En Michoacán, los grupos criminales no respetaron los buenos oficios del gabinete de seguridad que viajó a Apatzingán para ver cómo le hacían para frenar el asesinato de limoneros y la extorsión de aguacateros, y siguieron extorsionando y matando.
La percepción de inseguridad de la población mayor de 18 años, se disparó casi seis puntos, y llegó al 63 por ciento de los habitantes, que tienen miedo de vivir en sus propias ciudades, el punto más alto desde marzo de 2023. Se ha perdido toda la certidumbre, para viajar de noche en carreteras por los asaltos, y para viajar de día, porque no se sabe cuándo una toma de casetas o un bloqueo carretero arruinará todos los planes. Hay ciudades donde el poder lo tienen los criminales y los gobiernos, en sus tres niveles, no existen.
El gobierno de Donald Trump sigue pegándole en la cabeza a México: cancela vuelos actuales y amenaza con futuros desde el aeropuerto de la venganza, el “Felipe Ángeles”, en la base de la Fuerza Aérea en Santa Lucía, y poco después de que Sheinbaum aseguró, como respuesta, que México no era una piñata, el Pentágono asesina a cuatro personas más en otra embarcación donde dice que llevaban drogas, que navegaba en el Océano Pacífico desde las costas sudamericanas, cuyo destino siempre son las tierras mexicanas. La frontera sigue cerrada al ganado exportado desde México, y Trump continúa pactando acuerdos comerciales, pero con el gobierno de Sheinbaum no concreta nada.
La economía se veía mal, pero hoy pinta peor. El Inegi reportó ayer que la caída de la actividad industrial en el tercer trimestre del año, arrastró al PIB, que se situó en 0.5 por ciento, cayendo por primera vez en 2025. No es que estuviera bien, pero el deterioro es mayor de lo que esperaba la Secretaría de Hacienda, que previó un crecimiento de 1.5 por ciento para este año, lo que es prácticamente imposible. La economía está estancada y aumentan los riesgos de una recesión. Lo agrava la incertidumbre por el acuerdo comercial y que las promesas de inversión sean solo palabras, mientras que los hechos sobre desindustrialización sean concretos, como la escasez de semiconductores que amenazan la cadena de suministro de la industria automotriz, que alcanzó esta semana a Honda, porque la reactivación planteada por Sheinbaum, no está dando resultados.
El porvenir se ve aciago, pero las mañaneras del pueblo, como rebautizó Sheinbaum el espacio de gobierno heredado e impuesto por López Obrador, se ha vuelto, como antaño, en una carpa donde se habla de todo y de nada. Sobre todo esto último, la insólita conversación catapultada por ella misma sobre Simón Levy. Es la forma de gobernar: esconder ante su base la realidad en el país, disparando verdades, mentiras, puyas y realidades alternas que son magnificadas por sus plumas en los medios y las granjas en las redes.
Sheinbaum acompaña esta estrategia con la administración de expectativas, que es el ABC del gobernante. El problema es que para que no sea un ciclo de corto plazo, tiene que dar resultados. Pero en un año no ha tenido logros reales. Ha navegado de manera inercial y reactiva. Su popularidad es robusta, pero su gestión mediocre. El aparato de propaganda no ha logrado que, pese al silencio en Palacio Nacional, los temas del México profundo sigan cada mañana al pie de su cama.

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Un exabrupto al más alto nivel por la falta de avances en los procesos contra factureros del viejo régimen. Una necesidad imperiosa de la Fiscalía General por mostrar algo. Y un favor de Estados Unidos. Aritmética política pura cuya suma dio la captura hace casi dos meses en Miami de Víctor Manuel Álvarez Puga, que fue retenido en un centro de migración. Se le acabó, por el momento, la libertad a uno de los dos grandes factureros del pasado, que sirvieron de símbolo de que se estaban ordenando las cosas en el esquema de facturaciones falsas para evadir impuestos. Pero las cosas no son tan claras como parecerían.
El caso de Álvarez Puga, su esposa, la celebridad Inés Gómez Mont, y su hermano Alejandro, estalló en la opinión pública a finales de septiembre de 2021, cuando un juez ordenó la captura de varios funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de los tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong, por el presunto delito de desvío de más de tres mil millones de pesos. La Fiscalía presumía que se habían quedado con recursos destinado al equipamiento de cárceles, a través de las factureras de Álvarez Puga.
Acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la Fiscalía solicitó a Interpol una ficha de notificación –la ficha roja–, para localizarlo y detenerlo con fines de extradición. Interpol lo localizó pero no pasó nada. Álvarez Puga se fue primero a Bahamas con su familia y de ahí regresó a Miami, donde tiene varias propiedades. Vivía, si no tranquilo, sin ser molestado, hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum explotó recientemente por la falta de resultados en las investigaciones. México le pidió a Estados Unidos que lo detuviera, y se lo cumplió.
Porqué razón no lo arrestó con fines de extradición, es algo que está haciendo el gobierno estadunidense en los casos de narcopolítica y corrupción que involucra a políticos en México. Lo detuvo por irregularidades en su estatus migratorio y no se sabrá hasta el 12 de noviembre si el juez en Miami que revisará su caso lo extradita o, como sucedió en Texas con el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, le otorga la libertad y deja que siga su solicitud de asilo político. El favor fue limitado.
A diferencia de Treviño, la personalidad de Álvarez Puga permite conjeturar que podría llegar a un acuerdo con la Fiscalía General y pagar alguna suma con la cual el gobierno sienta que hay reparación del daño. Le conviene a él y le conviene al gobierno. Si el camino fuera el de testigo cooperante, podría destapar otra cloaca, como la que provocó el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tamaulipas, por el involucramiento del facturero con varios miembros del régimen y muy cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, como su exconsejero jurídico, Julio Scherer, que también fue pieza central en conseguir financiamiento y tejer vínculos políticos para que Sheinbaum llegara a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y recolectar recursos privados para su campaña presidencial.
La investigación contra Álvarez Puga la llevó el fiscal Alejandro Gertz Manero con gran sigilo por la vinculación de Scherer con López Obrador. El fiscal especializado en delincuencia organizada, Alfredo Higuera Bernal, que paradójicamente vive bajo la sospecha de Gertz Manero por su vieja amistad con Scherer, fue acumulando evidencias con secrecía para evitar que se enterara el entonces consejero jurídico, que le llevó a Álvarez Puga un abogado de su entera confianza, Guillermo Barradas, para que lo blindara de las investigaciones que había empezado la Fiscalía en su contra.
La investigación comenzó en vísperas de que Scherer renunciara a la consejería jurídica, el 30 de agosto de 2021, y se giró la orden de aprehensión sin que él o Barradas se enteraran. La orden de aprehensión –para entonces ya estaba en Bahamas– fue un golpe para Scherer, pero también cimbró redes de complicidades en el viejo régimen que involucraba a políticos del centro y sur del país –algunos que están hoy en Morena–, empresarios y artistas.
Los hermanos Víctor Manuel y Rafael Álvarez Puga, chiapanecos de origen, vendían tortas frente a la estación de autobuses en Tapachula, y por recomendación de un amigo suyo, empezaron a trabajar con el fiscalista oaxaqueño, Sergio Castro, que a principio de los ‘90 fue contratado por Pemex para que revisara sus costos laborales y encontró la forma de reducirlos mediante un sistema de subcontratación. Castro ideó, a partir de hoyos en las leyes y la normatividad, la posibilidad de hacer negocios con gobiernos estatales y empresas, creando el outsourcing, del cual es su padre en México.
Castro empezó a reclutar en el sureste y centro del país a personas que le ayudaran a expandir su negocio, estrechando la relación con Víctor Manuel Álvarez Puga, quien era utilizado también como su cara pública. Gradualmente amplió la ingeniería fiscal del outsourcing y lo llevó a lo que eventualmente se volvió un delito federal, las factureras, que eran básicamente empresas fantasma a través de las cuales se canalizaban transacciones y financiamientos sin tener presiones fiscales. El negocio daba utilidades multimillonarias, libres de impuestos, para todos.
También estaban vinculados dos exgobernadores de Chiapas (el hoy senador verde Manuel Velasco y el cónsul en Orlando, Juan Sabines), otros dos de Oaxaca, y de Puebla, además de políticos al más alto nivel del aliado del régimen en el Verde (con varios de sus líderes), y en el PAN (con la familia de Santiago Creel). La esposa de Álvarez Puga es sobrina de Fernando Gómez Mont, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón.
Días antes de que saliera la orden de aprehensión, Álvarez Puga le habló a Barradas, que le aseguró que tenía todo controlado y no había nada en su contra. Cuando salió la orden de aprehensión, hubo una nueva llamada que, dijeron cercanos a él, estuvo llena de insultos. Barradas no sabía que la salida de Scherer de la Presidencia había cambiado la correlación de fuerzas con sus clientes y también su destino. Tampoco sabía que Gertz Manero e Higuera Bernal iban por la recuperación del espacio jurídico y político. Eso es lo que hoy está buscando Sheinbaum, aunque este caso puede quemarle también las manos.

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Hace tiempo que nada se sabe de la investigación del contrabando de combustible cuya red criminal se fraguó en los más altos niveles de la Marina y operaba bajo la sombra del secretario, el almirante Rafael Ojeda. El gobierno ha tratado de que este caso se evapore de la opinión pública y contener el acto de corrupción más grande en la historia de México en los sobrinos políticos del exsecretario, el almirante Manuel Roberto Farías Lagunas y el contralmirante Fernando Farías Laguna. Pero sería un error de la presidenta Claudia Sheinbaum pensar que la gangrena de la corrupción institucional la va a poder frenar con el olvido.
La estructura criminal que fue descubierta casi al azar por la necesidad de apaciguar al presidente Donald Trump y echar agua a su amenaza de imponer aranceles, quedándose en el nivel en el que buscan congelarla, es la afrenta más grande a la presidenta Sheinbaum, porque el enorme paraguas de protección que tenía la red y la red de complicidades en los tres niveles de gobierno la desafió. Se sintieron tan poderosos los criminales, que durante casi el primer semestre de su joven gobierno, siguieron contrabandeando combustible disfrazado de aceite. No lo lograron porque detrás de ella, para bien y para mal, estaba la Casa Blanca.
Las presiones de Estados Unidos a México para proceder penalmente contra funcionarios y políticos de Morena, derivó en el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, resultado de la investigación solitaria de un almirante inicialmente soslayada por el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, que abrió, sin saberlo en su momento, la cloaca que ahora quieren tapar. Lo que ha encontrado la Fiscalía General, es una telaraña del horror en las entrañas del gobierno de López Obrador, ahogados en la corrupción militares, funcionarios federales, agentes aduanales, abogados, contadores, y empresas legalmente establecidas que ganaron ilícitamente cientos de miles de millones de pesos.
La anatomía del contrabando de combustible está trazada en la orden de aprehensión en contra de 13 miembros de la Marina, incluidos los Farías Lagunas, que en ese momento estaban en activo. Se trata de un documento de 512 páginas originado en la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, que señala que es una organización con estructura definida, encabezada por los hermanos Farías Lagunas, cuya “organización criminal” se encuentra implicada en el ocultamiento de hidrocarburos a su entrada al país, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Esta red, de acuerdo con la orden de aprehensión, es un “conglomerado criminal” gestado por lo menos desde hace dos años y “vigente aún”, que se encuentra dividido en “subcélulas”, que tienen perfectamente definidas sus funciones, dentro de las que hasta el momento han sido identificadas, hay “células” de servidores públicos, “células” de servidores públicos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y un método para la cooptación de autoridades y el transporte de hidrocarburos. La telaraña construida en el gobierno obradorista sigue vigente y es altamente peligrosa, de acuerdo con la Fiscalía General, que advierte atentados contra quienes la enfrenten.
“Existe un riesgo para las víctimas, testigos y la comunidad, toda vez que estamos en presencia de una organización criminal que a la fecha se encuentra operando, la cual despliega conductas para su protección y continuar funcionando”, advierte la Fiscalía General en la orden de aprehensión. Entre las “circunstancias que rodean el hecho delictivo de manera periférica”, agrega, se encuentran los secuestros con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Este gran caso ha causado el asesinato de dos personas que estaban investigando el contrabando de combustible. Uno, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, fue asesinado poco despúes de haber denunciado institucionalmente la red de corrupción. La orden de aprehensión incluye un diagrama que dibujó de la red huachicolera, en cuyo centro ubicó al capitán de corbeta, Miguel Ángel Solano Ruiz, el Capitán Sol, que era intermediario entre los hermanos Farías Laguna y una veintena de oficiales, encargado de comunicaciones y sobornos.
La Fiscalía General armó la estructura de mando criminal, encabezada por los hermanos Farías Laguna: Fernando, el frente de los negocios criminales –que está prófugo–, y Manuel Roberto, responsable de la administración y las finanzas de la red –que está detenido. El segundo piso lo ocupaban Solano Ruiz, excoordinador externo de Aduanas, el capitán de navío, Climaco Aldape Utrera, enlace entre los titulares de las aduanas, y el capitán de navío Humberto Enrique López Arellano, director de Supervisión de Aduanas Marítimas. En el tercer piso estaban el civil Francisco Javier Antonio Martínez, gerente de Administración y Finanzas de la Administración Portuaria de Tampico, y el capitán de navío Víctor Hugo Perry Pérez, titular de la aduana en Ensenada.
Las revelaciones sobre el contrabando de combustible no empezaron con las denuncias del contralmirante Guerrero sino meses antes, cuando comenzó a circular un panfleto donde se denunciaba a los sobrinos políticos de Ojeda y a varios mandos navales. El secretario se indignó y buscó chivos expiatorios, pero no la destruyó. Al contrario, la solapó y encubrió, como hizo el gobierno de López Obrador. Era un gran negocio que alimentaba la maquinaria de Morena y llenaba los bolsillos de algunos próceres del movimiento. Entre 2019, cuando empezó el contrabando de combustible y 2023, solamente el tráfico de diésel generó más de 71 mil millones de pesos en impuestos no pagados.
Demasiado dinero para que alguien tratara de acabarlo y demasiados involucrados para dejar cabos sueltos. Las muertes de Abraham Jeremías Pérez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, que oficialmente se suicidó, y del capitán Adrián Omar Ángel Zúñiga, encargado del puerto de Manzanillo, que oficialmente murió durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora, siguen siendo un misterio.
Las muertes extrañas han parado, coincidiendo con el interés de topar la investigación en los hermanos Farías Laguna. Pero nada está dicho. El negocio continúa y las ganancias también. “Un poco menos”, dijo recientemente la presidenta, reconociendo que no han podido erradicarlo. Tampoco los riesgos, ante la capacidad de fuego considerable de los grandes beneficiarios de esta red criminal.

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El atentado contra el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch que fracasó porque cuando dispararon contra su casa-oficina en la colonia Polanco no estaba ahí, no requiere que públicamente sea confirmado por el gobierno, pero si necesita ser aclarado internamente porque es un asunto de seguridad nacional. Es el más grave que ha enfrentado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus casi 13 meses de gobierno que, además, tiene la importancia reforzada: es su colaborador más cercano, el de mayor confianza, y de quien depende el diseño de la estrategia de seguridad. En este caso, la impunidad es inaceptable.
García Harfuch evadió responder las preguntas sobre el intento de atentado durante su reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y más tarde respondió a la prensa que no había “recibido” un ataque, lo que técnicamente es cierto, porque no se materializó. El atentado frustrado fue narrado en sus detalles generales en este espacio el lunes pasado, en donde se mencionaron las dos hipótesis sobre el pretendido ataque portadas por distintas fuentes de información del más alto nivel, que lo confirmaron. Ninguna de ellas, la primera que había sido realizada por un francotirador, y la segunda que había sido desde alguna posición que miraba de abajo hacia arriba la terraza de la casa donde suele estar García Harfuch, sugiere que hubiera sido la acción del crimen organizado, cuya tipología es muy distinta. Dos botones de muestra:
1.- El ataque que sufrió García Harfuch de un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación en 2020, fue planeado con información de inteligencia para conocer sus rutinas, y el día que decidió asesinarlo, tenía tres células de vigilancia en los tres domicilios en distintos puntos de la Ciudad de México, donde dormía. Participaron al menos 28 personas en el ataque donde quedó herido, gracias a que sus escoltas, que murieron, reaccionaron en su defensa y resistieron los poco más de cinco minutos para que llegaran refuerzos y repelieran a los agresores.
2.- En este espacio se informó en 2005 que el Cártel de Sinaloa quiso asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos con una bazuca que le dispararían al salir de su casa en la alcaldía Magdalena Contreras. Fallaron los asesinos porque la velocidad a la que iba su camioneta evitó que la impactaran sus misiles. El gobierno no confirmó el atentado, que saltó a la luz pública en 2018 durante el juicio en Brooklyn contra Joaquín El Chapo Guzmán.
La planeación del nuevo atentado contra García Harfuch no requirió de un grupo grande de sicarios para llevarla a cabo. Tampoco fue un acto audaz de un asesino solitario que esperó a que se descuidaran sus escoltas, como sucedió en 2008 con el asesinato de Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, a quien un sicario pagado por Arturo Beltrán Leyva, lo esperó agazapado dentro de una casa a la que iba ocasionalmente –exhibiendo una traición interna–, mientras sus escoltas lo esperaban fuera de la residencia.
En estos casos, la planeación fue extensa y contaban con información de inteligencia sobre sus movimientos. Lo mismo sucedió con el reciente atentado frustrado contra García Harfuch, porque aunque esa casa-oficina no es del conocimiento general, tampoco es secreta. A diferencia de estos atentados, donde tenían la certeza de que los iban a cazar, en el reciente contra el secretario hubo una falla en la inteligencia –sin un topo que les diera la última información precisa–, o por razones fortuitas hubo un cambio de planes en el último minuto y no estuvo en la reunión con sus colaboradores, programada para la noche en vísperas del Grito.
No obstante, la planeación fue importante. El atentado que se frustró, por la información que ha trascendido, fue ejecutado por una persona con entrenamiento para disparar a distancia, que formaba parte de un complot bien diseñado. Como efecto distractor, a la hora en que se realizaron los disparos, un grupo de niños estaban lanzando cohetes al aire. El tronido de los cohetes pudo amortiguar el ruido, pero nada más. La casa-oficina, aunque se encuentra en una calle secundaria, tiene cámaras de seguridad, al igual que varios edificios y casas en la cuadra donde se encuentra.
Esto lleva a dos preguntas:
1.- Si los tiros fueron realizados por un francotirador, no habrá imagen de él o ella. Lo que sí debería de haber es un estudio para ver la trayectoria que siguió el disparo que impactó en la terraza, donde suele caminar y determinar de qué edificio salió el tiro, para así haber buscado evidencias y huellas que permitiera saber algo del autor material.
2.- Si los tiros fueron realizados de abajo hacia arriba, el momento del disparo debió haber sido captado por alguna de las cámaras de seguridad en la cuadra, para permitir algún tipo de identificación que pudiera dar con él.
Se desconoce si se realizaron los peritajes en cualquiera de los dos casos, y si las cámaras de seguridad y eventualmente del C-5, pudieron arrojar algún tipo de información. Lo que sí quedó al descubierto es que el sistema de contrainteligencia falló. Eso es inadmisible.
Pocos nombres tienen un peso tan simbólico y funcional en el gobierno como el de García Harfuch. No es sólo un colaborador cercano de la presidenta, ni un operador eficaz en materia de seguridad. Es un componente estratégico de legitimidad, estabilidad y poder dentro del nuevo régimen. También es el rostro de la eficacia en un gabinete donde predominaban los cuadros ideológicos y la obediencia política, y encarna algo todavía más valioso para Sheinbaum, la confianza social. Es, de facto, el equilibrio entre los intereses políticos de Morena y las presiones de los cuerpos de seguridad civil y militar, donde no sólo cuida la seguridad, sino sobre todo la gobernabilidad. García Harfuch, al igual que Sheinbaum, son los únicos nombres de políticos mexicanos que interesan en Washington. El secretario, con el amplio respaldo de la presidenta, es la figura técnica que proyecta credibilidad ante inversionistas, aliados extranjeros y una ciudadanía que exige orden más que discursos. Su verdadero valor estratégico no radica en lo que dice, sino en lo que representa: una promesa de control en medio de la incertidumbre.

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Desde junio de 2020, Omar García Harfuch no había estado en un riesgo tan alto como en vísperas del Grito del 15 de septiembre pasado, cuando un nuevo intento de atentado contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal se frustró porque el ataque a una casa en Polanco donde suele despachar cotidianamente, se realizó cuando no estaba. Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza, donde suele estar.
No hay detalles de este ataque, que se mantiene con enorme secrecía, que fue confirmado por diversas fuentes muy cercanas a García Harfuch. Varias versiones circularon sobre el atentado frustrado. Una de ellas era que se había dado durante una cena en la terraza y que una de las esquirlas había alcanzado a uno de los invitados. La otra señala que García Harfuch no estaba en la casa cuando sucedió, donde más tarde del ataque, hacia las ocho y media de la noche, se iba a llevar a cabo una junta. En la primera versión los disparos habían sido de una posición de mayor altura de la casa. En la segunda, los tiros se realizaron de abajo hacia arriba.
La casa que ocupa en Polanco es de su propiedad y fue utilizada desde el periodo de la transición. No es ostentosa y la vigilancia es muy discreta. No es un lugar donde duerma. De hecho, desde que un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación trató de matarlo hace cinco años, García Harfuch no duerme en el mismo lugar de manera regular, cambiando de casa para pernoctar por razones de seguridad.
García Harfuch ha sido un objetivo de grupos criminales desde hace tiempo. Durante el periodo de transición, el Centro Nacional de Inteligencia descubrió que había un complot para matarlo, por lo que se decidió que se fuera de México. Estuvo alrededor de un mes en España, oficialmente, de vacaciones.
No hay información sobre quién o quiénes pudieron haber intentado matarlo hace unas semanas, pero el abanico de potenciales autores intelectuales se ha abierto de manera significativa desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El cambio de estrategia en la seguridad, que ha producido cientos de detenciones de alto impacto, el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas y los decomisos de fentanilo, lo vuelven un blanco posible de los cárteles de las drogas, que han visto mermadas sus utilidades, y lo colocan como un funcionario que está afectando significativamente los negocios criminales. La expulsión de líderes narcotraficantes a Estados Unidos es otra ventana de riesgo cuyos antecedentes están en Colombia, cuando los narcos crearon el grupo de Los Extraditables para luchar con violencia contra las extradiciones a ese país.
Este año, sin embargo, se abrió otro canal de alto riesgo: el combate al contrabando de combustible. Si bien este delito se empata o cruza con la delincuencia organizada, está lastimando severamente las finanzas de grupos políticos poderosos que crecieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas utilidades por esta vía superaban en muchos casos a cualquier droga. Las investigaciones que involucran a altos mandos de la Marina, al almirante exsecretario Rafael Ojeda, la red de huachicol fiscal que encabezaba el empresario Sergio Carmona cuyo dinero financió campañas para ocho gubernaturas de Morena, y el entramado criminal tejido desde Tabasco y Chiapas, hacen que el número de interesados en cobrar venganza por sus pérdidas, se tengan que contar con varias manos.
Se desconoce si se abrió una carpeta de investigación para saber quiénes fueron los autores materiales del ataque a la casa de García Harfuch, que eventualmente permitiera saber el universo dentro del cual se pudiera haber dado.
Lo que sucedió, en todo caso, no puede quedar sin resolverse. Es un asunto de seguridad nacional, que eleva su nivel de gravedad por ser la cabeza del gabinete de seguridad, quien lleva la parte toral de la lucha contra el crimen organizado, la persona de mayor confianza de la presidenta Sheinbaum y la única en México a la cual las autoridades estadunidenses le comparten información de inteligencia de alta calidad.
Las acciones de García Harfuch conllevan necesariamente, como hipótesis de trabajo, a las resistencias por el cambio de status quo en la relación con criminales y las complicidades dentro del régimen. Perniciosamente, el intento de atentado se empalmó con las diferencias dentro del gabinete de seguridad, en particular entre el secretario de Seguridad y el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla.
Tras el ataque a la casa, desde las áreas de inteligencia militar se buscó sembrar internamente que había sido un “auto atentado”, pero al no prender la hipótesis, se ha buscado descalificarlo como “un drama”.
García Harfuch tiene enemigos fuera y dentro del régimen. El caso más doloroso para él fue el asesinato el año pasado de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Ciudad de México, que era su brazo derecho cuando encabezaba la Secretaría de Seguridad capitalina, y que iba ser pieza clave en el equipo que estaba formando para el nuevo gobierno. El presunto autor material fue detenido en septiembre, pero nada se sabe públicamente del autor intelectual. En su equipo, no obstante, se maneja que fue una ejecución interna porque estaba investigando corrupción de mandos policiales.
Ni el atentado hace cinco años, ni las amenazas de muerte el pasado septiembre han frenado a García Harfuch, quien, al contrario, podría criticársele desde un punto de vista estratégico, ha combatido todos los delitos y enfrentado todas las organizaciones criminales en 360 grados, abriendo flancos con enemigos que sí matan.
Ha trabajado estrechamente con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero quien en la actividad cotidiana se arriesga, es él. Anularlo de alguna forma, amedrentarlo, o lograr que la presidenta Sheinbaum, para cuidarlo, lo cambie de responsabilidad, puede argumentarse, sería una victoria para muchos de sus enemigos, viejos y nuevos, a quien está afectando seriamente sus intereses.
García Harfuch es el ejemplo de que el gobierno de Sheinbaum, que sigue muy acotada por las cuñas que le colocó el expresidente López Obrador, quiere hacer cosas diferentes para la pacificación del país. La seguridad, la principal preocupación nacional, necesita los anclajes que le está poniendo García Harfuch para tener éxito. Pero antes que ello, es su propia seguridad. No podrá alcanzarse el objetivo de Sheinbaum si la única persona en el gabinete que parece totalmente comprometida en ello, queda eliminada en el esfuerzo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que el caso penal que se le sigue en México al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, es político. Hace unos días, de manera ligera pero ponzoñosa, dijo en su conferencia matutina que “al parecer”, Treviño seguía preso en Estados Unidos, y que, si se producía más información a lo largo del día, darían a conocer su estatus. El día pasó. La semana terminó, y no informó nada. En el imaginario colectivo quedó que Treviño está preso, bajo la idea colectiva que se debía a la petición de deportación que solicitó la Fiscalía General. La realidad es totalmente diferente: está libre y no lo deportaron. Sigue en el proceso de asilo político que le pidió al gobierno de Estados Unidos. Pero en este país de imágenes, la palabra es más fuerte que la verdad.
Treviño es un caso singular del régimen. Cuando lo detuvieron en agosto, la presidenta expresó a su equipo su preocupación por lo que pudiera declarar en Estados Unidos, sin ir más allá en sus temores. Su caso fue heredado a Sheinbaum por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inventó acusaciones contra múltiples funcionarios de anteriores administraciones para apuntalar su lucha contra la corrupción, que ha terminado en un fracaso, sin detenidos y con solicitudes para asilo político por persecuciones en México. Pese a los yerros, ha servido como herramienta de propaganda y desviación de problemas y crisis del régimen.
El caso penal contra Treviño empezó temprano en el sexenio de López Obrador, cuando el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, acordó con Emilio Lozoya, el defenestrado primer director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que imputara a varios exfuncionarios donde el árbol que allanara el camino a la cárcel del expresidente y de su antecesor Felipe Calderón fuera Treviño. Lozoya aceptó y el fiscal Alejandro Gertz Manero fue el operador de la trama.
Lozoya hizo un acuerdo con Gertz Manero para inculpar a dos excandidatos presidenciales, a figuras del PAN y a exsecretarios de Hacienda y exdirectores de Pemex, y señalarlos de haber recibido millones de pesos de sobornos de Odebrecht. La gran motivación que alegó para su acusación, escrita por quien era entonces el brazo derecho de Gertz Manero, el fiscal Juan Ramos –quien murió como consecuencia de una operación en 2023–, era que los sobornos fueron entregados para aprobar la reforma económica del presidente Enrique Peña Nieto. En el equipo del expresidente, había intereses cruzados. Scherer quería darle a López Obrador la cabeza de Calderón; Gertz Manero, ser el primero en meter a la cárcel a un expresidente.
Lozoya fue el peón de Scherer, primero, y de Gertz Manero después, que fastidiado de sus mentiras y falta de soporte en sus acusaciones contra dos decenas de personas, lo mantiene bajo proceso penal. No obstante, la Fiscalía General, que no pudo ir contra Peña Nieto, ni contra Calderón, ni contra los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González, porque no pudieron probarles nada, mantiene forzadamente la acusación contra Treviño por corrupción, en particular por su presunta participación en el caso de la planta Etileno XXI, operada por Braskem, una filial del conglomerado brasileño Odebrecht.
La Fiscalía General no lo detuvo porque Treviño se fue del país. Le pidió a Interpol una ficha de notificación para que lo ubicaran y lo detuvieran. Treviño se defendió. Presentó un alegato en la Comisión de Archivos de Interpol para que le quitaran la notificación, sobre la base de que era un perseguido político en México, al igual que su abogado Óscar Zamudio. En marzo de 2023, la Comisión le dio la razón y determinó que, por violaciones procesales y por tratarse de una fabricación donde se violaron sus derechos fundamentales, se cancelaba la notificación y la borró de los archivos de la Interpol. No obstante, la Fiscalía General persiste. En la actualidad, Treviño está esperando la revisión de un amparo que le negaron contra las imputaciones, en un tribunal colegiado.
Cuando detuvieron a Treviño a mediados de agosto en Texas, la presidenta Sheinbaum dijo que era consecuencia de la solicitud de extradición presentada hacía cinco años, y “en los próximos días”, anunció, sería deportado para enfrentar en México su juicio por el caso Odebrecht. Nunca sucedió eso. Treviño fue detenido cuando iba al banco en Frisco, un próspero suburbio de Dallas, por agentes migratorios.
La narrativa de Sheinbaum no se sostuvo. Treviño tuvo su día en la Corte. Sus abogados cuestionaron la acción de los agentes de migración y probaron que tenía permiso para residir y trabajar, que no había cometido ningún delito en ese país, que no tenía antecedentes ni era un riesgo ni una amenaza para Estados Unidos, y que estaba en proceso su solicitud de asilo político, que confirmó el Departamento de Estado. El juez que escuchó su caso lo dejó en libertad, mediante una fianza de 75 mil dólares, que recuperará cuando concluya el trámite de asilo político. Nada más. No hubo brazalete electrónico ni tener que firmar semanalmente en el tribunal. La fiscal que lo acusó, no apeló.
Esta información es del conocimiento del gobierno de México, pero la presidenta Sheinbaum optó por la desinformación y la mentira. Treviño vive en Prosper, un suburbio de Dallas, donde vive y trabaja, con todos sus documentos en regla y pendiente su solicitud de asilo. Paradójicamente, el pronunciamiento de la presidenta esta semana ayuda a los abogados del exdirector de Pemex para documentar la persecución del gobierno mexicano, por la forma sistemática como ha hablado de él en las mañaneras, sin importarle la vulneración del debido proceso, con fines políticos.
La narrativa del combate a la corrupción ha perdido fuerza y credibilidad. En la última encuesta sobre la aprobación de Sheinbaum publicada por El Financiero, el 75 por ciento reprobó su gestión en este rubro y su aprobación continuó en picada. Los escándalos de la familia López Obrador y de varias de las figuras más representativas del régimen son la causa de ello. Insistir en Treviño no revertirá la tendencia, pero quizás le ayude a convertirse en el primer asilado político de su gobierno.

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