El atentado contra el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch que fracasó porque cuando dispararon contra su casa-oficina en la colonia Polanco no estaba ahí, no requiere que públicamente sea confirmado por el gobierno, pero si necesita ser aclarado internamente porque es un asunto de seguridad nacional. Es el más grave que ha enfrentado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus casi 13 meses de gobierno que, además, tiene la importancia reforzada: es su colaborador más cercano, el de mayor confianza, y de quien depende el diseño de la estrategia de seguridad. En este caso, la impunidad es inaceptable.
García Harfuch evadió responder las preguntas sobre el intento de atentado durante su reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y más tarde respondió a la prensa que no había “recibido” un ataque, lo que técnicamente es cierto, porque no se materializó. El atentado frustrado fue narrado en sus detalles generales en este espacio el lunes pasado, en donde se mencionaron las dos hipótesis sobre el pretendido ataque portadas por distintas fuentes de información del más alto nivel, que lo confirmaron. Ninguna de ellas, la primera que había sido realizada por un francotirador, y la segunda que había sido desde alguna posición que miraba de abajo hacia arriba la terraza de la casa donde suele estar García Harfuch, sugiere que hubiera sido la acción del crimen organizado, cuya tipología es muy distinta. Dos botones de muestra:
1.- El ataque que sufrió García Harfuch de un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación en 2020, fue planeado con información de inteligencia para conocer sus rutinas, y el día que decidió asesinarlo, tenía tres células de vigilancia en los tres domicilios en distintos puntos de la Ciudad de México, donde dormía. Participaron al menos 28 personas en el ataque donde quedó herido, gracias a que sus escoltas, que murieron, reaccionaron en su defensa y resistieron los poco más de cinco minutos para que llegaran refuerzos y repelieran a los agresores.
2.- En este espacio se informó en 2005 que el Cártel de Sinaloa quiso asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos con una bazuca que le dispararían al salir de su casa en la alcaldía Magdalena Contreras. Fallaron los asesinos porque la velocidad a la que iba su camioneta evitó que la impactaran sus misiles. El gobierno no confirmó el atentado, que saltó a la luz pública en 2018 durante el juicio en Brooklyn contra Joaquín El Chapo Guzmán.
La planeación del nuevo atentado contra García Harfuch no requirió de un grupo grande de sicarios para llevarla a cabo. Tampoco fue un acto audaz de un asesino solitario que esperó a que se descuidaran sus escoltas, como sucedió en 2008 con el asesinato de Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, a quien un sicario pagado por Arturo Beltrán Leyva, lo esperó agazapado dentro de una casa a la que iba ocasionalmente –exhibiendo una traición interna–, mientras sus escoltas lo esperaban fuera de la residencia.
En estos casos, la planeación fue extensa y contaban con información de inteligencia sobre sus movimientos. Lo mismo sucedió con el reciente atentado frustrado contra García Harfuch, porque aunque esa casa-oficina no es del conocimiento general, tampoco es secreta. A diferencia de estos atentados, donde tenían la certeza de que los iban a cazar, en el reciente contra el secretario hubo una falla en la inteligencia –sin un topo que les diera la última información precisa–, o por razones fortuitas hubo un cambio de planes en el último minuto y no estuvo en la reunión con sus colaboradores, programada para la noche en vísperas del Grito.
No obstante, la planeación fue importante. El atentado que se frustró, por la información que ha trascendido, fue ejecutado por una persona con entrenamiento para disparar a distancia, que formaba parte de un complot bien diseñado. Como efecto distractor, a la hora en que se realizaron los disparos, un grupo de niños estaban lanzando cohetes al aire. El tronido de los cohetes pudo amortiguar el ruido, pero nada más. La casa-oficina, aunque se encuentra en una calle secundaria, tiene cámaras de seguridad, al igual que varios edificios y casas en la cuadra donde se encuentra.
Esto lleva a dos preguntas:
1.- Si los tiros fueron realizados por un francotirador, no habrá imagen de él o ella. Lo que sí debería de haber es un estudio para ver la trayectoria que siguió el disparo que impactó en la terraza, donde suele caminar y determinar de qué edificio salió el tiro, para así haber buscado evidencias y huellas que permitiera saber algo del autor material.
2.- Si los tiros fueron realizados de abajo hacia arriba, el momento del disparo debió haber sido captado por alguna de las cámaras de seguridad en la cuadra, para permitir algún tipo de identificación que pudiera dar con él.
Se desconoce si se realizaron los peritajes en cualquiera de los dos casos, y si las cámaras de seguridad y eventualmente del C-5, pudieron arrojar algún tipo de información. Lo que sí quedó al descubierto es que el sistema de contrainteligencia falló. Eso es inadmisible.
Pocos nombres tienen un peso tan simbólico y funcional en el gobierno como el de García Harfuch. No es sólo un colaborador cercano de la presidenta, ni un operador eficaz en materia de seguridad. Es un componente estratégico de legitimidad, estabilidad y poder dentro del nuevo régimen. También es el rostro de la eficacia en un gabinete donde predominaban los cuadros ideológicos y la obediencia política, y encarna algo todavía más valioso para Sheinbaum, la confianza social. Es, de facto, el equilibrio entre los intereses políticos de Morena y las presiones de los cuerpos de seguridad civil y militar, donde no sólo cuida la seguridad, sino sobre todo la gobernabilidad. García Harfuch, al igual que Sheinbaum, son los únicos nombres de políticos mexicanos que interesan en Washington. El secretario, con el amplio respaldo de la presidenta, es la figura técnica que proyecta credibilidad ante inversionistas, aliados extranjeros y una ciudadanía que exige orden más que discursos. Su verdadero valor estratégico no radica en lo que dice, sino en lo que representa: una promesa de control en medio de la incertidumbre.

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Desde junio de 2020, Omar García Harfuch no había estado en un riesgo tan alto como en vísperas del Grito del 15 de septiembre pasado, cuando un nuevo intento de atentado contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal se frustró porque el ataque a una casa en Polanco donde suele despachar cotidianamente, se realizó cuando no estaba. Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza, donde suele estar.
No hay detalles de este ataque, que se mantiene con enorme secrecía, que fue confirmado por diversas fuentes muy cercanas a García Harfuch. Varias versiones circularon sobre el atentado frustrado. Una de ellas era que se había dado durante una cena en la terraza y que una de las esquirlas había alcanzado a uno de los invitados. La otra señala que García Harfuch no estaba en la casa cuando sucedió, donde más tarde del ataque, hacia las ocho y media de la noche, se iba a llevar a cabo una junta. En la primera versión los disparos habían sido de una posición de mayor altura de la casa. En la segunda, los tiros se realizaron de abajo hacia arriba.
La casa que ocupa en Polanco es de su propiedad y fue utilizada desde el periodo de la transición. No es ostentosa y la vigilancia es muy discreta. No es un lugar donde duerma. De hecho, desde que un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación trató de matarlo hace cinco años, García Harfuch no duerme en el mismo lugar de manera regular, cambiando de casa para pernoctar por razones de seguridad.
García Harfuch ha sido un objetivo de grupos criminales desde hace tiempo. Durante el periodo de transición, el Centro Nacional de Inteligencia descubrió que había un complot para matarlo, por lo que se decidió que se fuera de México. Estuvo alrededor de un mes en España, oficialmente, de vacaciones.
No hay información sobre quién o quiénes pudieron haber intentado matarlo hace unas semanas, pero el abanico de potenciales autores intelectuales se ha abierto de manera significativa desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El cambio de estrategia en la seguridad, que ha producido cientos de detenciones de alto impacto, el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas y los decomisos de fentanilo, lo vuelven un blanco posible de los cárteles de las drogas, que han visto mermadas sus utilidades, y lo colocan como un funcionario que está afectando significativamente los negocios criminales. La expulsión de líderes narcotraficantes a Estados Unidos es otra ventana de riesgo cuyos antecedentes están en Colombia, cuando los narcos crearon el grupo de Los Extraditables para luchar con violencia contra las extradiciones a ese país.
Este año, sin embargo, se abrió otro canal de alto riesgo: el combate al contrabando de combustible. Si bien este delito se empata o cruza con la delincuencia organizada, está lastimando severamente las finanzas de grupos políticos poderosos que crecieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas utilidades por esta vía superaban en muchos casos a cualquier droga. Las investigaciones que involucran a altos mandos de la Marina, al almirante exsecretario Rafael Ojeda, la red de huachicol fiscal que encabezaba el empresario Sergio Carmona cuyo dinero financió campañas para ocho gubernaturas de Morena, y el entramado criminal tejido desde Tabasco y Chiapas, hacen que el número de interesados en cobrar venganza por sus pérdidas, se tengan que contar con varias manos.
Se desconoce si se abrió una carpeta de investigación para saber quiénes fueron los autores materiales del ataque a la casa de García Harfuch, que eventualmente permitiera saber el universo dentro del cual se pudiera haber dado.
Lo que sucedió, en todo caso, no puede quedar sin resolverse. Es un asunto de seguridad nacional, que eleva su nivel de gravedad por ser la cabeza del gabinete de seguridad, quien lleva la parte toral de la lucha contra el crimen organizado, la persona de mayor confianza de la presidenta Sheinbaum y la única en México a la cual las autoridades estadunidenses le comparten información de inteligencia de alta calidad.
Las acciones de García Harfuch conllevan necesariamente, como hipótesis de trabajo, a las resistencias por el cambio de status quo en la relación con criminales y las complicidades dentro del régimen. Perniciosamente, el intento de atentado se empalmó con las diferencias dentro del gabinete de seguridad, en particular entre el secretario de Seguridad y el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla.
Tras el ataque a la casa, desde las áreas de inteligencia militar se buscó sembrar internamente que había sido un “auto atentado”, pero al no prender la hipótesis, se ha buscado descalificarlo como “un drama”.
García Harfuch tiene enemigos fuera y dentro del régimen. El caso más doloroso para él fue el asesinato el año pasado de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Ciudad de México, que era su brazo derecho cuando encabezaba la Secretaría de Seguridad capitalina, y que iba ser pieza clave en el equipo que estaba formando para el nuevo gobierno. El presunto autor material fue detenido en septiembre, pero nada se sabe públicamente del autor intelectual. En su equipo, no obstante, se maneja que fue una ejecución interna porque estaba investigando corrupción de mandos policiales.
Ni el atentado hace cinco años, ni las amenazas de muerte el pasado septiembre han frenado a García Harfuch, quien, al contrario, podría criticársele desde un punto de vista estratégico, ha combatido todos los delitos y enfrentado todas las organizaciones criminales en 360 grados, abriendo flancos con enemigos que sí matan.
Ha trabajado estrechamente con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero quien en la actividad cotidiana se arriesga, es él. Anularlo de alguna forma, amedrentarlo, o lograr que la presidenta Sheinbaum, para cuidarlo, lo cambie de responsabilidad, puede argumentarse, sería una victoria para muchos de sus enemigos, viejos y nuevos, a quien está afectando seriamente sus intereses.
García Harfuch es el ejemplo de que el gobierno de Sheinbaum, que sigue muy acotada por las cuñas que le colocó el expresidente López Obrador, quiere hacer cosas diferentes para la pacificación del país. La seguridad, la principal preocupación nacional, necesita los anclajes que le está poniendo García Harfuch para tener éxito. Pero antes que ello, es su propia seguridad. No podrá alcanzarse el objetivo de Sheinbaum si la única persona en el gabinete que parece totalmente comprometida en ello, queda eliminada en el esfuerzo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que el caso penal que se le sigue en México al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, es político. Hace unos días, de manera ligera pero ponzoñosa, dijo en su conferencia matutina que “al parecer”, Treviño seguía preso en Estados Unidos, y que, si se producía más información a lo largo del día, darían a conocer su estatus. El día pasó. La semana terminó, y no informó nada. En el imaginario colectivo quedó que Treviño está preso, bajo la idea colectiva que se debía a la petición de deportación que solicitó la Fiscalía General. La realidad es totalmente diferente: está libre y no lo deportaron. Sigue en el proceso de asilo político que le pidió al gobierno de Estados Unidos. Pero en este país de imágenes, la palabra es más fuerte que la verdad.
Treviño es un caso singular del régimen. Cuando lo detuvieron en agosto, la presidenta expresó a su equipo su preocupación por lo que pudiera declarar en Estados Unidos, sin ir más allá en sus temores. Su caso fue heredado a Sheinbaum por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inventó acusaciones contra múltiples funcionarios de anteriores administraciones para apuntalar su lucha contra la corrupción, que ha terminado en un fracaso, sin detenidos y con solicitudes para asilo político por persecuciones en México. Pese a los yerros, ha servido como herramienta de propaganda y desviación de problemas y crisis del régimen.
El caso penal contra Treviño empezó temprano en el sexenio de López Obrador, cuando el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, acordó con Emilio Lozoya, el defenestrado primer director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que imputara a varios exfuncionarios donde el árbol que allanara el camino a la cárcel del expresidente y de su antecesor Felipe Calderón fuera Treviño. Lozoya aceptó y el fiscal Alejandro Gertz Manero fue el operador de la trama.
Lozoya hizo un acuerdo con Gertz Manero para inculpar a dos excandidatos presidenciales, a figuras del PAN y a exsecretarios de Hacienda y exdirectores de Pemex, y señalarlos de haber recibido millones de pesos de sobornos de Odebrecht. La gran motivación que alegó para su acusación, escrita por quien era entonces el brazo derecho de Gertz Manero, el fiscal Juan Ramos –quien murió como consecuencia de una operación en 2023–, era que los sobornos fueron entregados para aprobar la reforma económica del presidente Enrique Peña Nieto. En el equipo del expresidente, había intereses cruzados. Scherer quería darle a López Obrador la cabeza de Calderón; Gertz Manero, ser el primero en meter a la cárcel a un expresidente.
Lozoya fue el peón de Scherer, primero, y de Gertz Manero después, que fastidiado de sus mentiras y falta de soporte en sus acusaciones contra dos decenas de personas, lo mantiene bajo proceso penal. No obstante, la Fiscalía General, que no pudo ir contra Peña Nieto, ni contra Calderón, ni contra los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González, porque no pudieron probarles nada, mantiene forzadamente la acusación contra Treviño por corrupción, en particular por su presunta participación en el caso de la planta Etileno XXI, operada por Braskem, una filial del conglomerado brasileño Odebrecht.
La Fiscalía General no lo detuvo porque Treviño se fue del país. Le pidió a Interpol una ficha de notificación para que lo ubicaran y lo detuvieran. Treviño se defendió. Presentó un alegato en la Comisión de Archivos de Interpol para que le quitaran la notificación, sobre la base de que era un perseguido político en México, al igual que su abogado Óscar Zamudio. En marzo de 2023, la Comisión le dio la razón y determinó que, por violaciones procesales y por tratarse de una fabricación donde se violaron sus derechos fundamentales, se cancelaba la notificación y la borró de los archivos de la Interpol. No obstante, la Fiscalía General persiste. En la actualidad, Treviño está esperando la revisión de un amparo que le negaron contra las imputaciones, en un tribunal colegiado.
Cuando detuvieron a Treviño a mediados de agosto en Texas, la presidenta Sheinbaum dijo que era consecuencia de la solicitud de extradición presentada hacía cinco años, y “en los próximos días”, anunció, sería deportado para enfrentar en México su juicio por el caso Odebrecht. Nunca sucedió eso. Treviño fue detenido cuando iba al banco en Frisco, un próspero suburbio de Dallas, por agentes migratorios.
La narrativa de Sheinbaum no se sostuvo. Treviño tuvo su día en la Corte. Sus abogados cuestionaron la acción de los agentes de migración y probaron que tenía permiso para residir y trabajar, que no había cometido ningún delito en ese país, que no tenía antecedentes ni era un riesgo ni una amenaza para Estados Unidos, y que estaba en proceso su solicitud de asilo político, que confirmó el Departamento de Estado. El juez que escuchó su caso lo dejó en libertad, mediante una fianza de 75 mil dólares, que recuperará cuando concluya el trámite de asilo político. Nada más. No hubo brazalete electrónico ni tener que firmar semanalmente en el tribunal. La fiscal que lo acusó, no apeló.
Esta información es del conocimiento del gobierno de México, pero la presidenta Sheinbaum optó por la desinformación y la mentira. Treviño vive en Prosper, un suburbio de Dallas, donde vive y trabaja, con todos sus documentos en regla y pendiente su solicitud de asilo. Paradójicamente, el pronunciamiento de la presidenta esta semana ayuda a los abogados del exdirector de Pemex para documentar la persecución del gobierno mexicano, por la forma sistemática como ha hablado de él en las mañaneras, sin importarle la vulneración del debido proceso, con fines políticos.
La narrativa del combate a la corrupción ha perdido fuerza y credibilidad. En la última encuesta sobre la aprobación de Sheinbaum publicada por El Financiero, el 75 por ciento reprobó su gestión en este rubro y su aprobación continuó en picada. Los escándalos de la familia López Obrador y de varias de las figuras más representativas del régimen son la causa de ello. Insistir en Treviño no revertirá la tendencia, pero quizás le ayude a convertirse en el primer asilado político de su gobierno.

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A una semana de la ejecución del abogado David Cohen en las escalinatas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hay más dudas que certezas. La Fiscalía capitalina se ha encargado de ello, con sus omisiones, hermetismo y contradicciones. Como se sostuvo la semana pasada, es una investigación donde parece que no quieren investigar, y apunta a un encubrimiento que comenzó inmediatamente después del asesinato. La investigación “muy a fondo” que prometió la semana pasada la fiscal Bertha Alcalde, es una burla para la familia de Cohen, para sus amigos y para la sociedad en general.
La investigación de la Fiscalía está llena de hoyos:
1.- Los videos del asesinato y la huida del tirador principal confirman su primera mentira: que habían huido en bicicleta. Se fueron corriendo.
2.- La afirmación que habían detenido al asesino, Héctor Hernández Escartín, se desvaneció con la evidencia videograbada. Él fue cómplice y, probablemente, chivo expiatorio de quienes ordenaron el crimen. Sus torpes movimientos al huir y el miedo que se aprecia cuando le apunta un policía, no representa al sicario que, como dijo en sus primeras declaraciones extraoficiales a la policía filtradas a la prensa, tuviera experiencia previa en ejecuciones.
3.- La Fiscalía detuvo a Donovan, a quien ahora señala como el asesino principal, sin aportar la prueba de que, en efecto, es la misma persona que se ve ejecutando a Cohen portando un casco de motociclista. La vinculación de Donovan-asesino con el casco la hizo la prensa, sin pruebas aún de que sean la misma persona. Tampoco ha difundido imágenes de las cámaras del C-4, o de alguna de las dependencias públicas en la zona que, por ejemplo, muestren al asesino del casco azul entrando a la vecindad en Doctor Erazo número 139, donde dicen que se metió. La Fiscalía ha dejado que esa versión se instale como verdad.
4.- Las autoridades dijeron que Donovan se robó una bicicleta y se metió en la vecindad Doctor Erazo, donde se cambió de ropa y salió para tomar un taxi de aplicación a Iztapalapa, donde lo detuvieron. El video de la huida del asesino del casco azul muestra que tras dispararle al abogado, corrió por la calle Doctor Liceaga hacia la avenida Cuauhtémoc. Doctor Erazo es paralela a Doctor Liceaga, y el número 139 está a la misma altura del Tribunal. En el video no se aprecia en ningún momento que el asesino hubiera dado vuelta a su izquierda para llegar a Doctor Erazo. Tampoco hay pruebas que hubiera robado una bicicleta para ir a la vecindad. Por la velocidad con la que corrió, habría llegado más rápido a pie que en la bicicleta.
5.- No se han dado a conocer las pruebas de rodizonato de sodio, que ayuda a detectar residuos de disparo con armas de fuego, para saber si las personas detenidas dispararon sus pistolas.
6.- Tampoco se han presentado los peritajes de balística para determinar qué arma fue utilizada para asesinar al abogado, y confirmar si la que le adjudicaron a Hernández Escartín, una Smith & Wesson de .9 milímetros, fue una de las empleadas.
7.- Las autoridades no han mostrado el arma asesina. De hecho, la acusación primera contra Donovan para vincularlo a proceso, no hablaba del delito de homicidio, sino contra la salud, un método tramposo que se ha utilizado desde la administración anterior para detener a la persona a la que señalaron como responsable de un crimen, decir que continúan investigando, y posteriormente, se puede argumentar, cuadrar sus declaraciones con el final que desean las autoridades.
8.- La Fiscalía no cuidó la cadena de custodia de las evidencias. La más delicada es el teléfono celular de Cohen, que no forma parte de las evidencias porque se le entregó a su familia el mismo día del asesinato, sin haberle hecho el forense móvil, la técnica para acceder a la memoria, obtener los datos, los archivos, las imágenes, screen shots, la información en la nube y la recuperación de los archivos borrados. Su información era invaluable, por lo que podía aportar a la investigación.
9.- La Fiscalía aseguró que los asesinos llegaron en una motocicleta al Tribunal, casi una hora antes de que saliera Cohen del inmueble. La motocicleta estuvo estacionada frente al Tribunal todo ese tiempo y no formó parte de las evidencias. La policía la recogió y manipuló para subirla a un transporte y llevarla a algún depósito oficial, sin que le hubieran realizado un peritaje, que en lo más básico, es para buscar huellas.
10.- Cohen había ido a ver al presidente del Tribunal, Rafael Guerra, a las dos de la tarde, pero no lo pudo recibir. Le pidieron que regresara a las tres y media de la tarde, pero tampoco lo atendió porque estaba en una reunión con los sindicatos. Las autoridades no han determinado con quién estuvo entre esa hora y alrededor de las cuatro con 19 minutos cuando salió del Tribunal, segundos antes de que lo mataran. Y si continúan sin llamar a declarar a las personas con las que tuvo contacto ese mediodía, personalmente o telefónico, ese será uno de los grandes misterios que la Fiscalía no quiso investigar.
11.- La Fiscalía, en otra gran anomalía, no ha llamado a declarar a nadie en el Tribunal. Por lo tanto no pueden determinar quién pudo haber dado el pitazo para que los asesinos pudieran ir a esperarlo a las escalinatas.
12.- Los agentes filtraron a la prensa que un policía de Investigación –que depende de la Fiscalía–, identificado como Víctor Manuel Velázquez, es quien corrió tras Hernández Escartín, lo hirió y detuvo. Velázquez iba en camisa blanca y corbata negra, y en otro video de la llegada de Cohen al Tribunal, viene caminando junto a él, como si fuera su escolta. Ese dato se escondió y no se ha aclarado cuál era su relación con el abogado.
La Fiscalía tiene que llenar los huecos y establecer con pruebas sólidas que Donovan, en efecto, es el sicario principal. Es lo más urgente, porque el asesinato de Cohen es idéntico al de los colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz, en mayo: un sicario profesional los esperó en la calle a donde sabía que iban a llegar; con una pistola les disparó certeramente mientras caminaba, observó que hubieran muerto sus víctimas y se fue corriendo. En ambos casos, llevaba un casco de motociclista para evitar el reconocimiento facial.
Los asesinados no pueden morir de un segundo tiro, la impunidad.

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El Boulevard Adolfo Ruiz Cortines es lo que hoy divide a Poza Rica entre lo que quedó mal y lo que está peor. Del Boulevard al Río Cazones, miles de personas siguen sufriendo las consecuencias de las aterradoras lluvias que azotaron cinco estados, aunque en ninguna parte como Veracruz, donde las autoridades estatales se colapsaron y las municipales nunca estuvieron. En esas colonias de Poza Rica, el lodo sigue tapando todo. El agua está descompuesta. Los olores son fétidos. La basura se acumula sobre la tierra mojada, donde también hay animales muertos porque se ahogaron.
En esas colonias entre el Boulevard y el Río Cazones, no ha llegado la ayuda federal prometida. La maquinaria para limpiar y buscar la normalización de la vida cotidiana, aún no alivia las colonias más afectadas. Solo la gente que llega de otras ciudades lleva agua y comida a todos aquellos a quienes el gobierno no les ha enviado nada. Únicamente las brigadas médicas están operando en el Poza Rica profundo, el ícono de las consecuencias de la destrucción institucional de los últimos seis años, y el empoderamiento de incompetentes en los gobiernos que dejó etiquetados el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Rocío Nahle en Veracruz y Alejandro Armenta en Puebla, son los gobernadores que, a juicio de la Presidencia, fueron los peores líderes en esos momentos de crisis, que es donde se ve de qué están hechos los gobernantes. Se hundieron en el pantano de la ineptitud, lo que debía haber caído de sorpresa. En la Secretaría de Energía y en el Senado ya habían dado muestras de su impericia, que cubrían con actitudes déspotas, con engreimiento y prepotencia. Los fenómenos naturales y sus desastres no son culpa de los gobernantes; las consecuencias sí.
Las lluvias no avisan, aunque los servicios meteorológicos lo hacen con días de antelación. Los pronósticos anticipaban lluvias muy fuertes, que la realidad se encargó de potenciar su fuerza y mostrar la nulidad cuando el poder se ejerce sin conocimiento, sin previsión y, sobre todo, sin sentido de responsabilidad. Veracruz y Puebla son hoy dos ejemplos de cómo la arrogancia política y la improvisación administrativa se combinan con consecuencias devastadoras. Nahle y Armenta enfrentaron la emergencia climática con la misma mezcla de desdén y descoordinación que caracteriza a los funcionarios que creen que el cargo se gana con lealtades, no con capacidades.
El miércoles, cinco horas antes de que se colapsaran los servicios en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió un informe de la Conagua alertándola de lo que venía. Buscó a la gobernadora, una, dos, tres veces, pero nunca se pudo comunicar con ella hasta que ya era demasiado tarde. Nahle se había tomado unos días en el norte del país, sin importarle la información sobre lo que se avecinaba en su estado. Cuando la presidenta le reclamó, le salió respondona. La altanería común de Nahle, extendió su brazo con la presidenta. Al águila se le respeta, no se le rebate. Y cuando se hace para justificar su incompetencia, lo único que logra es ahondar el desprecio con el que la están tratando sus gobernados y provocar la ira de la presidenta.
Poza Rica se ha convertido en el peor espécimen del régimen. Cuando pegaron las lluvias con toda su fuerza la semana pasada, el 40 por ciento de la ciudad se fue a pique, de acuerdo con pobladores, afectando a unas 55 mil personas. Sheinbaum ordenó dividir la ciudad en cuatro sectores, para que fluyera más rápido la ayuda. Las secretarías de la Defensa y la Marina tomaron la responsabilidad en dos sectores; el estado en uno más y el municipio el restante. De acuerdo con el reporte del lunes, los sectores militares llevaban un avance de 47 por ciento. De los que le tocaron al estado y al municipio, no hay avance de resultados.
La tragedia de cientos de familias desplazadas, caminos colapsados, y comunidades enteras incomunicadas no fue solo producto de la furia de la naturaleza, sino del abandono sistemático de la infraestructura y de la falta de planeación en ambos estados. En Veracruz, Nahle llegó al poder envuelta en la narrativa –que no los hechos– de la “eficiencia energética” y el “manejo técnico” heredado de su paso por la Secretaría de Energía. Pero la realidad es que su gobierno se ha caracterizado por un desorden institucional y una incapacidad crónica para gestionar crisis.
Nahle ha lanzado una catarata de palabras huecas y mentirosas para los veracruzanos. “Estamos atendiendo”, “no están solos”. En municipios como San Andrés Tuxtla y Tuxpan, por ejemplo, la ayuda llegó cuando los daños ya eran irreversibles. Armenta, que siguió el mismo guión, prefirió hablar de la “histórica magnitud del fenómeno” antes que reconocer sus errores. Los sistemas de alerta temprana fallaron, la protección civil quedó rebasada, y los municipios se quedaron sin recursos ni coordinación. Los deslaves en la Sierra Norte, previsibles y advertidos semanas atrás, se atendieron con brigadas improvisadas y promesas de reconstrucción que ya suenan conocidas, las de siempre, las que se olvidan cuando sale el sol.
El denominador común entre Nahle y Armenta no es solo la ineptitud técnica, sino el cálculo político. Pareciera que ambos vieron en la gestión de la emergencia una oportunidad para lucirse ante la Presidencia, no para responder a los ciudadanos. Nahle busca consolidar su poder en un estado donde su legitimidad se erosiona a diario. Armenta, en cambio, intenta no perder el control de un aparato político que todavía responde más a la sombra de Morena nacional que a su propio liderazgo.
El desastre natural exhibió sus desastres políticos. No hay planeación urbana, no hay infraestructura hidráulica moderna, no hay coordinación regional. Lo que sí hay es propaganda, fotografías con chaleco y botas nuevas, y discursos que culpan al “cambio climático” de todo, excepto de la negligencia humana. Las lluvias pasarán y el fétido lodo se secará, pero la marca de la incompetencia quedará. Veracruz y Puebla no sufrieron solo por la fuerza del agua, sino por la negligencia e ineficacia de sus gobiernos. En Palacio Nacional, lo tienen claro. La propia presidenta ha visto en los insultos contra ella, una catarsis de lo que piensan de los gobernadores sus gobernados.

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La dirigencia del PAN anunció este fin de semana el relanzamiento del partido en busca de sí mismo y de nuevos apoyos y votantes. El planteamiento hecho por su dirigente, Jorge Romero, no tuvo mucha sustancia en lo ideológico o programático, pero apeló a las emociones y definió qué es lo que necesita el partido para evitar su desvanecimiento y acercarse a una nueva aproximación: narrativa. Otro discurso, pues. Encontrar un antídoto a “por el bien de todos, primero los pobres”, con el que Andrés Manuel López Obrador impuso un nuevo régimen político en México. El PAN parece estar sintiendo los vientos y recalibrando sus pasos.
Lo comenzó a hacer con marketing, que incluye un rediseño de su logo y lazos hacia la sociedad, “con una visión moderna, cercana y basada en los valores de Patria, Familia y Libertad”, que rápidamente provocaron comparaciones con el llamado de Benito Mussolini –el padre del fascismo– a “Dios, patria y familia”, que fue retomado por Jair Bolsonaro cuando fue presidente de Brasil, y por el presidente argentino, Javier Milei, y la sugerencia de varios analistas que el PAN iba a moverse hacia la extrema derecha.
No parece ser ese camino tan claro para el PAN, como la necesidad de no seguir hundiéndose en el pozo de la intrascendencia, a la que ha contribuido de manera inopinada un figura disruptiva que ha irrumpido en la constelación política mexicana, Ricardo Salinas, el empresario que libra una batalla abierta contra el gobierno por temas fiscales.
El PAN se ha ido desdibujando desde antes de perder la Presidencia en 2012, que lo ha llevado a caer en picada. Este partido opositor por antonomasia lo ha dejado de ser por la falta de figuras. Sus dos expresidentes están fuera del partido, y dentro del PAN, solo la senadora Lily Téllez y más recientemente el senador Germán Martínez, han enfrentado al régimen desde la tribuna como verdaderos opositores, aunque sin tener el músculo de Salinas.
El PAN está escuchando la música de estos tiempos, que explica bien el filósofo francés Jean-Pierre Faye, que desarrolló la Teoría de la Herradura, donde demuestra que entre más polarización y mayor radicalización política y de pensamiento exista, las posiciones antagónicas se acercan. Esta teoría fue utilizada para entender cómo las extremas izquierdas y derechas se tocan y se asemejan en algunos momentos, como sucedió con los populismos que tomaron fuerza tras la crisis financiera global de 2008, que aceleraron la condena del neoliberalismo. Durante este periodo, más de 60 liderazgos carismáticos anti-sistema surgieron en el mundo, incluidos Donald Trump y López Obrador.
Lo que no tiene el PAN es la partitura: carece de discurso. Su corrimiento hacia posiciones más radicales llega tarde. Ignoraron, por menosprecio, la forma como Eduardo Verástegui, un actor y activista, entraba en la órbita del trumpismo. Verástegui, no obstante, era visto el año pasado como uno de los tres pilares que desde la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que dirige Matt Schlapp, vinculada al trumpismo, vieron como una alternativa para América Latina, junto con Milei y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Bajo ese diseño la CPAC organización celebró una reunión en diciembre del año pasado en Buenos Aires, donde estuvieron ellos tres, la nuera de Trump –oradora estelar– y, entre otras figuras, María Corina Machado, la venezolana a quien recientemente le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, que envió un discurso videograbado.
Verástegui, que será el anfitrión de una reunión de la Conferencia en noviembre próximo en la Ciudad de México, tiene un gran acceso en la Casa Blanca, al ser visto por Trump como potencial candidato a la Presidencia en 2030. En el equipo de Trump nadie piensa de Verástegui en los mismos términos, pero las condiciones que se estaban construyendo en Washington con el trumpismo fueron aprovechadas por Salinas, que desde la toma de posesión estableció sus puntos de contacto al patrocinar una cena con ese mismo grupo, el equipo diplomático de Trump vinculado con los asuntos mexicanos, y más de mil 700 líderes y empresarios hispanos en Estados Unidos.
El perfil de Salinas es más atractivo que el de Verástegui: empresario, millonario, disruptivo y con agallas para enfrentar a un régimen en México que, por definición ideológica, es opuesto al trumpismo. En cambio el PAN, hoy, es absolutamente irrelevante en Washington. Están años luz del acceso que tiene Verástegui, y nadie en el partido se acerca al protagonismo de Salinas. Su mejor carta, el senador Ricardo Anaya, no puede despegar.
No se ve cómo el relanzamiento del partido que anunció Romero pudiera tener resultados en la próxima estación electoral en 2027, y en la elección presidencial de 2030. La dirigencia del partido es chata y controlada por el grupo político de la alcaldía Benito Juárez, que ha estado sometida a un intenso golpeteo por el gobierno federal y el de la Ciudad de México, que los acusan insistentemente de haber creado un “cártel inmobiliario”.
El planteamiento de abrirse a la sociedad para futuros cargos de elección popular, haciendo a un lado la meritocracia y las alianzas con otros partidos, generarán resistencias internas –porque llevaría esa decisión a que los cuadros panistas perdieran peso político–, y dificultarían sus posibilidades de victoria en las urnas. La propuesta de Romero puede ser un salto al vacío porque aún si tuviera éxito, no tiene quién encabece el relanzamiento.
El nuevo libro que quiere escribir para el PAN, no tiene pluma para hacerlo. En la trinchera de Salinas, tinta le sobra, pero carece de franquicia. Si sus caminos siguen por la ruta actual, el encuentro entre el PAN y el empresario podría ser natural, al confluir intereses políticos en 2030.

Nota: Sin mencionar a quien esto escribe por nombre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, publicó ayer en X su respuesta sibilina a mi columna sobre la investigación en Estados Unidos en su contra, afirmando que eran “calumnias” y “difamaciones” de “gente muy preocupada en la CDMX”. No hay gente preocupada en la CDMX. Si él tampoco lo está, es su libre albedrío. Pero reitero, en Washington, no en México, es donde están averiguando si tiene relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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El martes pasado, fuerzas federales detuvieron a Nazario Ramírez, líder de los transportistas afiliados a la CTM en Jalisco, en un operativo en una colonia de Guadalajara. La captura de Ramírez, que presuntamente utilizaba el control de las rutas del transporte para mover drogas, contrabando y lavar dinero, golpeó al gobernador Pablo Lemus, al aparecer en una fotografía abrazado con él. En una entrevista con Carmen Aristegui, Lemus se deslindó del líder sindical. Lo conocía por haber coincidido con él en varios eventos públicos, dijo, pero no tenía relación con el dirigente obrero y mucho menos le brindaba protección.
Sin embargo, no es lo que piensa el gobierno de Donald Trump, cuya relación con el dirigente sindical Ramírez es una de las razones por las que lo están investigando por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La aparición de Lemus en las investigaciones estadunidenses generan una mancha, cuando menos de sospecha por ahora, sobre Movimiento Ciudadano, que se presenta como una opción electoral a Morena, el PAN y el PRI, distanciándose siempre de actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con las investigaciones en Estados Unidos, la relación entre Lemus y Ramírez se remonta a su periodo como presidente municipal de Guadalajara, cuando el gobernador de Jalisco era Enrique Alfaro. El nombre del exgobernador, que vive fuera de México, que también tenía relación con Ramírez, no ha figurado, en lo que ha trascendido, como una persona que también estén investigando en aquel país.
Lemus es presuntamente parte de una larga lista de 300 nombres de políticos, empresarios, artistas y deportistas que le proporcionó el gobierno estadounidense al mexicano, aunque no se encuentra en una relación más corta, de 12, contra los que desde Washington se ha pedido a México que inicien investigaciones y los sometan a proceso en este país. El nombre del gobernador de Jalisco no había trascendido a la opinión pública hasta la detención de Ramírez, al que señalan las autoridades mexicanas como operador del CJNG, que se encargaba de extorsiones, el cobro de piso y distribución de droga.
Las investigaciones estadunidenses señalan que Lemus presuntamente recibió dinero del CJNG a través de Ramírez para campañas políticas, además de  movilizar sindicalistas con el apoyo del CJNG en los procesos electorales, a cambio de haber otorgado contratos que aseguran beneficiaron al líder sindical. El dirigente de los transportistas en Jalisco recientemente estuvo en el informe de gobierno del alcalde de Oriental, en Puebla, donde nació, del morenista Fidel Flores Concha. En ese municipio sí hay registro de haber participado en obra pública, y de tener una relación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lo que no se ha encontrado hasta este momento en Jalisco.
El gabinete de seguridad mexicano informó tras la captura de la relación de Ramírez en Oriental, que coincide con parte de la investigación estadunidense contra Lemus, para establecer si sus presuntas actividades criminales tienen un vaso comunicante con Puebla. No se sabe cuándo comenzó la investigación contra el gobernador de Jalisco, pero se extiende varios lustros atrás, que incluye información que viene desde los 80, sobre su suegro, Hugo Salvador Villa Manzo, de quien tienen documentado que tuvo una estrecha relación con grupos de extrema derecha, como Los Tecos, una organización que el columnista Manuel Buendía describió como un grupo de choque secreto, vinculado a la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una ideología ultraconservadora y anticomunista.
La razón de esta línea, de acuerdo con la investigación, es para poder determinar si aquella relación con Los Tecos se inscribía solo en el tema ideológico y sus nexos con la jerarquía eclesiástica de Jalisco, o formaba parte de una estructura criminal. Lemus, su esposa y su suegro Villa Manzo tienen la mitad de las acciones de Caabsa, una empresa constructora que de acuerdo con reportes de prensa ha sido la contratista más importante de los gobiernos locales de Zapopan y Guadalajara, que gobernó Lemus de 2015 a 2018, y de 2021 a 2023, respectivamente.
Los investigadores también están revisando los presuntos negocios que tuvo Lemus con el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, con quien coincidió algunos años cuando fue alcalde de Zapopan, en la zona conurbada de Guadalajara. Sandoval fue asesinado en un restaurante en Puerto Vallarta en diciembre de 2020, después de haber terminado su periodo como gobernador. Tres años después, el Ejército abatió a una persona identificado como Saúl Alejandro, que de acuerdo con el exfiscal de jalisco, Luis Joaquín Méndez, era el jefe de esa plaza del CJNG y autor intelectual del crimen.
Adicionalmente, las investigaciones en Estados Unidos abarcan también a notarios y empresarios en Jalisco, por presuntas operaciones en beneficio del CJNG y en el contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”, que conecta con exfuncionarios del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que en otros textos futuros se profundizará.
El interés del gobierno de Estados Unidos por Lemus es subrayado por el hecho del control del CJNG en Jalisco y la forma como se ha extendido aprovechando la implosión del Cártel de Sinaloa, especialmente en Michoacán, donde están probando tecnología de punta, utilizada por Rusia en Ucrania, para el manejo de drones letales que vuelan sin poder ser detectados. De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera, El Mencho, opera en el 84% de los municipios de Jalisco; es decir, en 105 de los 125 que hay en el estado.
El nombre de Lemus, de acuerdo con las investigaciones, no figura en la lista de 50 políticos y funcionarios de Morena y una docena de militantes de otros partidos, a los que se les canceló la visa para entrar a Estados Unidos, pero de acuerdo con lo que ha trascendido, se está evaluando si el Departamento de Estado toma esa medida en su contra. De ser así, sería el segundo gobernador en funciones, después de Marina del Pilar Ávila, a quien se la retirarían.
Lemus no ha figurado en las investigaciones del gabinete de seguridad mexicano sobre el CJNG y posibles relaciones criminales, como sí se han seguido pistas para establecer esos nexos con el exgobernador Alfaro. Pero las alertas sobre el gobernador, existían desde hace meses.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue aportando información sobre el asesinato del influyente abogado David Cohen el martes pasado, cuya narrativa empieza a mostrar su inducción: un crimen presuntamente cometido por un asunto relacionado con su trabajo. La investigación, sin embargo, tiene fallas metodológicas inexplicables, porque no puede argumentarse que sea por falta de capacidad, sino por lo que apunta a un encubrimiento.
Por un lado, como se reveló ayer, los dos videos del asesinato contradicen radicalmente la versión del crimen que dio la fiscal capitalina Bertha Alcalde. Por la otra, hay pruebas de que no se está investigando porque no quieren saber qué sucedió. Dos botones de muestra: las personas que tuvieron contacto con Cohen el día de su muerte, no han sido llamadas a declarar, y evidencias clave, como el celular del abogado, no forman parte de la investigación.
Cohen fue a ver el martes al mediodía, poco antes de la comida, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra –el jefe del Poder Judicial capitalino–, pero no lo recibió. Regresó alrededor de las tres y media de la tarde y, de acuerdo con testigos, quien lo recibió fue Karen Miranda, la secretaria particular de Guerra, que es el factor de poder en el Tribunal. No está claro si finalmente se entrevistó con Guerra, porque a esa hora estaba reunido con los líderes de los siete sindicatos del Tribunal en un salón del piso 12, cerca de la oficina de Miranda.
El asesinato se cometió a las 16:19 horas en las escalinatas del Tribunal, donde probablemente Miranda fue la última persona con la que platicó. Se desconoce qué habló con ella –y hasta donde se sabe, tampoco ha sido llamada a declarar por la Fiscalía–, pero ha trascendido que uno de los temas de los que había estado hablando Cohen con Guerra, de quien era un gran amigo, era para persuadirlo a ir soltando los controles que tiene en el Tribunal para reducir las presiones en su contra y despresurizarlo de las acusaciones de corrupción.
Uno de los problemas crecientes que está enfrentando Guerra, que quiere reelegirse por tercera ocasión en diciembre es la corrupción, que van desde una escala ínfima, como la venta de plaza de mecanógrafo –para garantizar base y jubilación–, que se vende entre 150 y 200 mil pesos, o casos de asuntos relevantes que pueden llegar a costar hasta dos dígitos en millones de pesos. La corrupción en el Tribunal no necesariamente significa que beneficie o sea promovida por Guerra, pero es algo que lo ha manchado ampliamente y tendría que investigarse, de haber denuncias, o mediante auditorías del Órgano Administrativo del Tribunal, que sigue bajo su control y no ha iniciado el relevo.
El crimen de Cohen cayó en medio de este proceso inmerso en la cloaca existente en el Tribunal, y que en camino registra ya su segundo atentado. El primero fue el asesinato del chofer del magistrado Alejandro Sentíes, dentro del vehículo afuera del estacionamiento del Tribunal, aunque el objetivo, sostienen dentro del órgano, era el funcionario. Sentíes es un contendiente muy fuerte para la presidencia del Tribunal, junto con la magistrada Rosalba Guerrero. Y en este momento, cualquiera de ellos tendrían más votos que Guerra.
El que los asesinatos se crucen con el proceso interno de reelección no significa que estén relacionados, cuando menos hasta ahora. Las investigaciones públicas sobre el asesinato de Cohen, omiten por completo esta variable y van por un lado totalmente diferente. Cohen era un abogado civilista que había llevado casos de alto impacto, que se acomoda al perfil de Donovan, detenido el miércoles y señalado como el segundo tirador que lo mató. Según ha trascendido, era utilizado en despojos, en los que también estaba involucrado su supuesta víctima.
¿Es posible que las acciones de la Fiscalía vayan en el rumbo correcto? ¿Fue por un tema relacionado con un cliente inconforme, o alguien a quien traicionó Cohen? Las preguntas no tienen ningún piso donde caer. ¿Por qué Alcalde no quiere ir a fondo? ¿Por qué tiene la carta blanca para acotar la investigación por un lado, y desviarla por la otra? En este momento, lo más probable es que aún no tengan una aproximación real sobre el asesinato o su móvil, que sin embargo, se dio en medio de la profunda crisis que vive Guerra, en su lucha por reelegirse.
Este factor político, pese a todo, no es el más fuerte, por lo que la Fiscalía está prefiriendo mirar hacia otra parte y construir un caso que se acomode a sus fines. Guerra ha sido una pieza importante para maniobras judiciales de los poderosos.
Un caso paradigmático fue cuando actuó a favor del fiscal Alejandro Gertz Manero para que, junto con la entonces fiscal Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia, pidiera cárcel para su cuñada Laura Morán –nunca la pisó por su edad–, y su hija Alejandra Cuevas, que estuvo un año privada de su libertad por el homicidio en contra de su hermano. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que determinó que los delitos eran inventados.
Guerra tiene relaciones políticas importantes. Las más, con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y el abogado Jorge Arturo Galván, que tiene enorme influencia e incidencia en el Tribunal por ser el primo de su esposa, Verónica De Gyves, miembro del Tribunal de Disciplina Judicial, y muy cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cohen tenía una relación tan estrecha con él, que abogados que tenían asuntos atorados en el Tribunal, acudían a él para que intercediera a favor de ellos con Guerra. Algo similar sucedió con Jesús Hernández Alcocer, cuya fama se socializó porque asesinó a su pareja en un restaurante japonés en 2022, que era enlace con el general Audomaro Martínez, cuando era el jefe del Centro Nacional de Inteligencia, y uno de los brazos fuertes de López Obrador.
El asesinato de Cohen puso una bomba de tiempo en el Tribunal por su relación con Guerra y sus lazos políticos. Las autoridades tienen la urgencia de saber quién lo mandó matar y porqué, pero no necesariamente decir la verdad.

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La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dijo que había una investigación “muy a fondo” para determinar a los asesinos intelectuales del abogado David Cohen, ejecutado el martes a la salida del Tribunal Superior de Justicia, cuyo responsable material fue detenido “inmediatamente después del ataque”. La fiscal Alcalde mintió. También el gobierno de la Ciudad de México, y dada la centralización de la política de seguridad pública en el país, se puede presumir que en el mismo barco está el gabinete de Seguridad federal avalando la versión de Alcalde, en lo que parece un audaz encubrimiento del crimen.
Es falso que hayan capturado al asesino material. Héctor Hernández Escartín, el joven de 18 años a quien detuvieron como el asesino material, no lo es; lo que sí, es cómplice del sicario que ejecutó a Cohen. Es mentira que los asesinos se hayan aproximado en una motocicleta, como también es un engaño, que al igual se hizo trascender a la prensa, que uno de los escoltas del abogado, identificado como Enrique Díaz, que trabaja para la empresa Kauil Group, no lo defendió porque se había adelantado a abrirle la puerta de su camioneta.
Esta columna tuvo acceso a dos videos del asesinato pasadas las cuatro de la tarde; uno es de los segundos en los que lo asesinan, tomado por una cámara en la entrada principal del Tribunal Superior de Justicia, sobre la avenida Niños Héroes; y el otro, del momento de la fuga y la captura de Hernández Escartín, tomado por otra cámara del mismo inmueble, sobre la avenida Doctor Casimiro Liceaga. En total, son 15 segundos que registraron todos los pormenores del asesinato.
El asesino material y Hernández Escartín no llegaron en una motocicleta. La única motocicleta que aparece en el video cuando lo ejecutan, está estacionada sin tripulante alguno, frente a las escalinatas del Tribunal, por donde se ve a Cohen que va bajando, aparentemente leyendo de su celular, o texteando. Los asesinos estaban esperando al abogado sentados en una de las dos enormes jardineras frente a la puerta principal del Tribunal, frente a la estatua de José María Morelos, como se llama el edificio.
Cuando caminaba a su costado izquierdo Cohen y empezó a bajar la escalinata, una persona alta, fornida, vestida de oscuro con unos pants con una franja blanca en los costados de las piernas, una chamarra aparentemente negra y un casco de motocicleta de color azul, se levantó, caminó unos tres pasos con la pistola lista y le disparó. En el video se aprecia perfectamente cuando el cuerpo de Cohen comenzaba a colapsar. El sicario disparó sin dudar con mano firme, sin que la pistola martillara.
Hernández Escartín, que estaba sentado a la izquierda del asesino del casco azul y más próximo a la escalinata, se levantó cuando vio que avanzaba unos pasos y sacó la pistola, una Smith & Wesson de 9 milímetros nueva. No se aprecia con claridad si disparó, aunque se puede presumir que así fue. Cohen caminaba solo; ninguno de sus dos guardaespaldas lo acompañaba, ni el escolta Díaz fue a abrirle la puerta de la camioneta que no pudo estacionarse enfrente de la escalinata porque estaba estacionada la motocicleta.
Cuando se desploma Cohen, el asesino del casco azul corrió por detrás de las dos enormes jardineras hacia la calle lateral del Tribunal, Doctor Casimiro Liceaga, mientras que Hernández Escartín, un poco atropellado en sus movimientos, lo siguió. El momento del crimen fue atestiguado por al menos cuatro personas, dos estaban sentadas al pie de la estatua y otras dos en una de las grandes jardineras frente a donde estaban los asesinos, que al escuchar los disparos corrieron a resguar-darse.
En la imagen de esa cámara se ve a una persona de traje oscuro que fue detrás de Hernández Escartín, aparentemente con el brazo en posición de tiro. La imagen de la cámara sobre Doctor Casimiro Liceaga, muestra al asesino del casco azul corriendo rápidamente, mientras que Hernández Escartín, mucho más lento, fue alcanzado por una bala que lo hace trastabillar y estrellar parte de su cuerpo contra otra de las grandes jardineras que rodean al Tribunal, a donde lo alcanza el policía de investigación, identificado como Víctor Manuel Velázquez, en camisa blanca, que lo amaga. El joven no supo qué hacer. Su cuerpo se dobló ligeramente, en una reacción natural cuando se siente que se va a recibir un impacto, y no presentó resistencia cuando lo detuvo el agente de la Fiscalía.
La imagen de esa cámara registró que en esos segundos de la captura de Hernández Escartín, el asesino del casco azul corrió casi hasta la esquina de Doctor Lucio, atrás del Tribunal, en donde se pierde. No se puede apreciar si se mantuvo corriendo otras dos cuadras hasta la avenida Cuauhtémoc, giró hacia su derecha, rumbo a la avenida Chapultepec, o a la izquierda, en dirección del Centro Médico. El escape del asesino principal debió haber quedado registrado en otros videos de las cámaras de varias oficinas gubernamentales cercanas, de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de la República.
Los dos videos demuestran la falsedad de las declaraciones de la fiscal Alcalde y del encubrimiento que comenzó desde las primeras horas del crimen del abogado civilista, un matiz muy importante que tendría que ser parte de la investigación. El asesinato de un abogado civilista es raro; los asesinatos de abogados se focalizan en los penalistas. Esta línea de investigación llevaría a una hipótesis de crimen político –sin descartar ninguna otra hipótesis–, pero eso no va a suceder.
Haber informado que los asesinos llegaron en una motocicleta, sin aclarar nada –la que estaba estacionada frente a las escalinatas pudo haber sido su medio de transporte–, desvió el imaginario colectivo a un crimen relacionado con el crimen organizado. Mentir que tenían al asesino material, ocultando que hubo un tirador principal que huyó, desvía también el foco del crimen, que fue mejor preparado de lo que se suponía inicialmente, con un Plan A y un Plan B, con un sicario experto cuyos autores intelectuales contrataron para no dejar un ataque de este calado, a un joven que podía haber fallado, usado por todos, como el chivo expiatorio.

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Matar al abogado David Cohen en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue un acto de poder e impunidad. Lo ejecutaron de un balazo en la cabeza este lunes, en horas de intensidad peatonal porque es cuando van terminando las comidas en esa zona, corazón del Poder Judicial capitalino, repleta de policías bancarios, auxiliares y judiciales. Su muerte no puede ser normalizada o minimizada. Cohen era un abogado de alto perfil con importantes conexiones en los tribunales y en la política, cuyo asesinato se inscribe en una incontenible degradación de la vida pública y social que vivimos.
Cohen era un abogado que llevaba asuntos muy delicados y de mucho dinero en juego, reconocido por lo duro que era, y por no mostrar nunca miedo. Era querido y odiado, como todos los abogados, con casos polémicos, pero hasta donde se sabe, ninguno relacionado con el crimen organizado. Su asesinato produjo temores e incertidumbres en grupos de chats de abogados, donde el sentir de vulnerabilidad fue evidente. ¿Quién fue capaz de ordenar su asesinato? Pero, sobre todo, ¿por qué a esa hora y en ese lugar?
El abogado tenía una muy estrecha relación con Rafael Guerra, el poderoso y controvertido presidente del Tribunal de Justicia, de quien era la llave de la puerta para ver asuntos difíciles que, por alguna razón, se habían atorado en los tribunales. Ejecutarlo en las escalinatas de su sede, ¿llevaba un mensaje? Por el modus operandi del atentado, la probabilidad de que así fuera es alta. No tiene la tipología de haber sido un crimen pasional o uno relacionado con la delincuencia organizada. Todo apunta a que fue una acción bien planeada.
Cohen era un visitante asiduo al Tribunal, pero no para litigar en la barandilla, sino para acudir a su derecho de audiencia, a cabildear sus casos o aceitar sus relaciones públicas y políticas con los magistrados, como fue este lunes. Por lo mismo, no tenía días específicos para ir al Tribunal y, cuando eso sucedía, salvo que fuera a una comida al edificio, tampoco horarios de rutina.
Se puede plantear como hipótesis de trabajo, que estaban siguiendo al abogado para determinar el momento y lugar ideal del atentado. Una segunda hipótesis presupone que alguien dentro del Tribunal, avisó a los agresores que iba a estar en el edificio y podrían cazarlo al salir. Haberlo realizado en ese lugar tan lleno de gente y policías, era el mensaje de poder, de fuerza y de impunidad.
La primera declaración del presunto asesino, Héctor Hernández Escartín, fortalece la segunda hipótesis, porque dijo a las autoridades capitalinas que “se lo pusieron”, y solo tuvo que esperarlo media hora para ejecutarlo. Quien avisó conocía la agenda del abogado y sabía a qué había ido al Tribunal. Su presunto asesino, un joven de 18 años, dijo que le ofrecieron 50 mil pesos, pagaderos una vez cumplida la encomienda, lo que también es extraño para este tipo de arreglos, porque normalmente se adelanta la mitad de lo pactado.
No era la primera vez que lo hacía, según el bien informado periodista en estos temas, Carlos Jiménez, que señaló que ya ha había cometido un asesinato en ese lugar y no tuvo problemas para escapar en el Metro. Si las autoridades corroboran sus dichos, posiblemente se refería al atentado contra del chofer del magistrado en materia penal, Ramón Alejandro Sentíes, que fue baleado afuera del estacionamiento del mismo Tribunal el pasado 10 de abril.
Esa acción tuvo el mismo modus operandi: dos personas se le aproximaron en una motocicleta y Hernández Escartín le disparó tres tiros. El ataque –el chofer sobrevivió– fue resultado de una confusión, porque el objetivo era el magistrado, que un mes y medio después denunció en la Fiscalía capitalina, que a través de un video de personas con pasamontañas, lo habían amenazado de muerte.
Dos atentados de alto impacto en seis meses afuera del Tribunal son demasiados. El de Cohen pudo haberse concretado sin detenciones, como el de abril, salvo que el presunto asesino se topó con un policía de investigación que lo capturó, porque los dos escoltas que acompañaban al abogado no hicieron nada. El azar impidió la fuga del presunto atacante, pero su detención difícilmente aportará pruebas que permitan saber quién contrató a quien le dio el arma y ofreció pagarle tras el crimen. Menos aún sabremos el móvil.
Las autoridades, salvo que demuestren lo contrario, no van a esclarecer el caso de manera sólida y convicente, como lo fue con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, donde la célula que se contrató para ejecutarlo sabía el móvil y de parte de quién –el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación–, lo que no fue solo una rareza de la investigación, sino un absurdo, porque así no funcionan los bloques de ejecución. Tampoco informarán lo que averiguen, como con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pese a tener los detalles de quiénes y porqué los ejecutaron, porque políticamente sería un estallido sin control.
Los crímenes políticos o de alto impacto no suelen resolverse en este país, no por falta de capacidad, sino por el enjambre de relaciones y complicidades que se cruzan, que son el galvanizador de la degradación de la vida pública y social que vivimos. Hay un proceso de putrefacción en el que estamos metidos, quizás sin que muchos se den cuenta o alcancen a ver su profundidad, en donde el común denominador que lo alimenta es que no se pagan costos.
¿Por qué no hay un punto de retorno en la corrupción institucional? ¿Por qué no hay sanción? ¿Por qué los criminales son dueños de territorios en el país? ¿Por qué los políticos cometen fechorías, delitos públicos y se burlan cuando los exhiben? Se cometen ilegalidades porque todos los incentivos están alineados con esa impunidad que nos atraviesa a todos, que nos va carcomiendo como sociedad y quitándonos la seguridad. El asesinato de Cohen es una nueva prueba de esta realidad. De ahí los temores y las incertidumbres, la impotencia y la vulnerabilidad, como si fuera el destino manifiesto del México de hoy.

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