La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dijo que había una investigación “muy a fondo” para determinar a los asesinos intelectuales del abogado David Cohen, ejecutado el martes a la salida del Tribunal Superior de Justicia, cuyo responsable material fue detenido “inmediatamente después del ataque”. La fiscal Alcalde mintió. También el gobierno de la Ciudad de México, y dada la centralización de la política de seguridad pública en el país, se puede presumir que en el mismo barco está el gabinete de Seguridad federal avalando la versión de Alcalde, en lo que parece un audaz encubrimiento del crimen.
Es falso que hayan capturado al asesino material. Héctor Hernández Escartín, el joven de 18 años a quien detuvieron como el asesino material, no lo es; lo que sí, es cómplice del sicario que ejecutó a Cohen. Es mentira que los asesinos se hayan aproximado en una motocicleta, como también es un engaño, que al igual se hizo trascender a la prensa, que uno de los escoltas del abogado, identificado como Enrique Díaz, que trabaja para la empresa Kauil Group, no lo defendió porque se había adelantado a abrirle la puerta de su camioneta.
Esta columna tuvo acceso a dos videos del asesinato pasadas las cuatro de la tarde; uno es de los segundos en los que lo asesinan, tomado por una cámara en la entrada principal del Tribunal Superior de Justicia, sobre la avenida Niños Héroes; y el otro, del momento de la fuga y la captura de Hernández Escartín, tomado por otra cámara del mismo inmueble, sobre la avenida Doctor Casimiro Liceaga. En total, son 15 segundos que registraron todos los pormenores del asesinato.
El asesino material y Hernández Escartín no llegaron en una motocicleta. La única motocicleta que aparece en el video cuando lo ejecutan, está estacionada sin tripulante alguno, frente a las escalinatas del Tribunal, por donde se ve a Cohen que va bajando, aparentemente leyendo de su celular, o texteando. Los asesinos estaban esperando al abogado sentados en una de las dos enormes jardineras frente a la puerta principal del Tribunal, frente a la estatua de José María Morelos, como se llama el edificio.
Cuando caminaba a su costado izquierdo Cohen y empezó a bajar la escalinata, una persona alta, fornida, vestida de oscuro con unos pants con una franja blanca en los costados de las piernas, una chamarra aparentemente negra y un casco de motocicleta de color azul, se levantó, caminó unos tres pasos con la pistola lista y le disparó. En el video se aprecia perfectamente cuando el cuerpo de Cohen comenzaba a colapsar. El sicario disparó sin dudar con mano firme, sin que la pistola martillara.
Hernández Escartín, que estaba sentado a la izquierda del asesino del casco azul y más próximo a la escalinata, se levantó cuando vio que avanzaba unos pasos y sacó la pistola, una Smith & Wesson de 9 milímetros nueva. No se aprecia con claridad si disparó, aunque se puede presumir que así fue. Cohen caminaba solo; ninguno de sus dos guardaespaldas lo acompañaba, ni el escolta Díaz fue a abrirle la puerta de la camioneta que no pudo estacionarse enfrente de la escalinata porque estaba estacionada la motocicleta.
Cuando se desploma Cohen, el asesino del casco azul corrió por detrás de las dos enormes jardineras hacia la calle lateral del Tribunal, Doctor Casimiro Liceaga, mientras que Hernández Escartín, un poco atropellado en sus movimientos, lo siguió. El momento del crimen fue atestiguado por al menos cuatro personas, dos estaban sentadas al pie de la estatua y otras dos en una de las grandes jardineras frente a donde estaban los asesinos, que al escuchar los disparos corrieron a resguar-darse.
En la imagen de esa cámara se ve a una persona de traje oscuro que fue detrás de Hernández Escartín, aparentemente con el brazo en posición de tiro. La imagen de la cámara sobre Doctor Casimiro Liceaga, muestra al asesino del casco azul corriendo rápidamente, mientras que Hernández Escartín, mucho más lento, fue alcanzado por una bala que lo hace trastabillar y estrellar parte de su cuerpo contra otra de las grandes jardineras que rodean al Tribunal, a donde lo alcanza el policía de investigación, identificado como Víctor Manuel Velázquez, en camisa blanca, que lo amaga. El joven no supo qué hacer. Su cuerpo se dobló ligeramente, en una reacción natural cuando se siente que se va a recibir un impacto, y no presentó resistencia cuando lo detuvo el agente de la Fiscalía.
La imagen de esa cámara registró que en esos segundos de la captura de Hernández Escartín, el asesino del casco azul corrió casi hasta la esquina de Doctor Lucio, atrás del Tribunal, en donde se pierde. No se puede apreciar si se mantuvo corriendo otras dos cuadras hasta la avenida Cuauhtémoc, giró hacia su derecha, rumbo a la avenida Chapultepec, o a la izquierda, en dirección del Centro Médico. El escape del asesino principal debió haber quedado registrado en otros videos de las cámaras de varias oficinas gubernamentales cercanas, de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de la República.
Los dos videos demuestran la falsedad de las declaraciones de la fiscal Alcalde y del encubrimiento que comenzó desde las primeras horas del crimen del abogado civilista, un matiz muy importante que tendría que ser parte de la investigación. El asesinato de un abogado civilista es raro; los asesinatos de abogados se focalizan en los penalistas. Esta línea de investigación llevaría a una hipótesis de crimen político –sin descartar ninguna otra hipótesis–, pero eso no va a suceder.
Haber informado que los asesinos llegaron en una motocicleta, sin aclarar nada –la que estaba estacionada frente a las escalinatas pudo haber sido su medio de transporte–, desvió el imaginario colectivo a un crimen relacionado con el crimen organizado. Mentir que tenían al asesino material, ocultando que hubo un tirador principal que huyó, desvía también el foco del crimen, que fue mejor preparado de lo que se suponía inicialmente, con un Plan A y un Plan B, con un sicario experto cuyos autores intelectuales contrataron para no dejar un ataque de este calado, a un joven que podía haber fallado, usado por todos, como el chivo expiatorio.

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Matar al abogado David Cohen en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue un acto de poder e impunidad. Lo ejecutaron de un balazo en la cabeza este lunes, en horas de intensidad peatonal porque es cuando van terminando las comidas en esa zona, corazón del Poder Judicial capitalino, repleta de policías bancarios, auxiliares y judiciales. Su muerte no puede ser normalizada o minimizada. Cohen era un abogado de alto perfil con importantes conexiones en los tribunales y en la política, cuyo asesinato se inscribe en una incontenible degradación de la vida pública y social que vivimos.
Cohen era un abogado que llevaba asuntos muy delicados y de mucho dinero en juego, reconocido por lo duro que era, y por no mostrar nunca miedo. Era querido y odiado, como todos los abogados, con casos polémicos, pero hasta donde se sabe, ninguno relacionado con el crimen organizado. Su asesinato produjo temores e incertidumbres en grupos de chats de abogados, donde el sentir de vulnerabilidad fue evidente. ¿Quién fue capaz de ordenar su asesinato? Pero, sobre todo, ¿por qué a esa hora y en ese lugar?
El abogado tenía una muy estrecha relación con Rafael Guerra, el poderoso y controvertido presidente del Tribunal de Justicia, de quien era la llave de la puerta para ver asuntos difíciles que, por alguna razón, se habían atorado en los tribunales. Ejecutarlo en las escalinatas de su sede, ¿llevaba un mensaje? Por el modus operandi del atentado, la probabilidad de que así fuera es alta. No tiene la tipología de haber sido un crimen pasional o uno relacionado con la delincuencia organizada. Todo apunta a que fue una acción bien planeada.
Cohen era un visitante asiduo al Tribunal, pero no para litigar en la barandilla, sino para acudir a su derecho de audiencia, a cabildear sus casos o aceitar sus relaciones públicas y políticas con los magistrados, como fue este lunes. Por lo mismo, no tenía días específicos para ir al Tribunal y, cuando eso sucedía, salvo que fuera a una comida al edificio, tampoco horarios de rutina.
Se puede plantear como hipótesis de trabajo, que estaban siguiendo al abogado para determinar el momento y lugar ideal del atentado. Una segunda hipótesis presupone que alguien dentro del Tribunal, avisó a los agresores que iba a estar en el edificio y podrían cazarlo al salir. Haberlo realizado en ese lugar tan lleno de gente y policías, era el mensaje de poder, de fuerza y de impunidad.
La primera declaración del presunto asesino, Héctor Hernández Escartín, fortalece la segunda hipótesis, porque dijo a las autoridades capitalinas que “se lo pusieron”, y solo tuvo que esperarlo media hora para ejecutarlo. Quien avisó conocía la agenda del abogado y sabía a qué había ido al Tribunal. Su presunto asesino, un joven de 18 años, dijo que le ofrecieron 50 mil pesos, pagaderos una vez cumplida la encomienda, lo que también es extraño para este tipo de arreglos, porque normalmente se adelanta la mitad de lo pactado.
No era la primera vez que lo hacía, según el bien informado periodista en estos temas, Carlos Jiménez, que señaló que ya ha había cometido un asesinato en ese lugar y no tuvo problemas para escapar en el Metro. Si las autoridades corroboran sus dichos, posiblemente se refería al atentado contra del chofer del magistrado en materia penal, Ramón Alejandro Sentíes, que fue baleado afuera del estacionamiento del mismo Tribunal el pasado 10 de abril.
Esa acción tuvo el mismo modus operandi: dos personas se le aproximaron en una motocicleta y Hernández Escartín le disparó tres tiros. El ataque –el chofer sobrevivió– fue resultado de una confusión, porque el objetivo era el magistrado, que un mes y medio después denunció en la Fiscalía capitalina, que a través de un video de personas con pasamontañas, lo habían amenazado de muerte.
Dos atentados de alto impacto en seis meses afuera del Tribunal son demasiados. El de Cohen pudo haberse concretado sin detenciones, como el de abril, salvo que el presunto asesino se topó con un policía de investigación que lo capturó, porque los dos escoltas que acompañaban al abogado no hicieron nada. El azar impidió la fuga del presunto atacante, pero su detención difícilmente aportará pruebas que permitan saber quién contrató a quien le dio el arma y ofreció pagarle tras el crimen. Menos aún sabremos el móvil.
Las autoridades, salvo que demuestren lo contrario, no van a esclarecer el caso de manera sólida y convicente, como lo fue con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, donde la célula que se contrató para ejecutarlo sabía el móvil y de parte de quién –el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación–, lo que no fue solo una rareza de la investigación, sino un absurdo, porque así no funcionan los bloques de ejecución. Tampoco informarán lo que averiguen, como con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pese a tener los detalles de quiénes y porqué los ejecutaron, porque políticamente sería un estallido sin control.
Los crímenes políticos o de alto impacto no suelen resolverse en este país, no por falta de capacidad, sino por el enjambre de relaciones y complicidades que se cruzan, que son el galvanizador de la degradación de la vida pública y social que vivimos. Hay un proceso de putrefacción en el que estamos metidos, quizás sin que muchos se den cuenta o alcancen a ver su profundidad, en donde el común denominador que lo alimenta es que no se pagan costos.
¿Por qué no hay un punto de retorno en la corrupción institucional? ¿Por qué no hay sanción? ¿Por qué los criminales son dueños de territorios en el país? ¿Por qué los políticos cometen fechorías, delitos públicos y se burlan cuando los exhiben? Se cometen ilegalidades porque todos los incentivos están alineados con esa impunidad que nos atraviesa a todos, que nos va carcomiendo como sociedad y quitándonos la seguridad. El asesinato de Cohen es una nueva prueba de esta realidad. De ahí los temores y las incertidumbres, la impotencia y la vulnerabilidad, como si fuera el destino manifiesto del México de hoy.

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Entre las ocho horas de audios que tiene el gobierno del senador Adán Augusto López Hernández, hay uno donde no se habla de aspectos que mencione presuntas actividades criminales, sino que toca asuntos meramente políticos. En ese audio, López Hernández habla con la senadora Andrea Chávez sobre su “primo”, como se refiere al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien hablan de manera peyorativa, insultante incluso, haciendo alusión a su físico. Es una banalidad total, pero muestra una falta de respeto a la jefa del Estado mexicano indigna de legisladores.
Los insultos entre políticos no son cosa rara, aquí o en el mundo. Muchas veces no se asocia a sus ideas o posiciones políticas, sino con sus rasgos personales y gestos, que rompen la barrera de la discriminación con comentarios clasistas y racistas. La conversación entre López Hernández y Chávez se alimenta de esto último, de acuerdo con funcionarios que conocen el contenido del audio, que revela la soberbia de los senadores y la prepotencia del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, que se siente intocable.
La prepotencia como escudo es el síntoma primordial de quien sabe que ha cruzado los límites del decoro público. Es el caso del senador López Hernández, cuya arrogancia se ha convertido en su arma favorita para enfrentar la corrosiva realidad política que lo acecha. El senador está metido en el escándalo de su exsecretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que construyó un enclave criminal en el sur del país, y al que los servicios de inteligencia militar mexicanos y las agencias estadunidenses lo vinculan directamente con actividades delincuenciales.
Desde el Senado, López Hernández ha tratado de erigirse como un monarca sin corona, capaz de mandar sin responder. Cual virrey en su fortaleza parlamentaria, impone su palabra, controla voluntades y pretende que todos los pasos que da estén blindados frente a la crítica. Sin embargo, esa estrategia sólo funciona cuando el entorno es dócil; frente a la presión periodística la piedra angular de su dominio se astilla.
No ha sido suficiente para que dé un paso atrás, cuando menos en la coordinación de la bancada de Morena. Pero a decir verdad, tampoco puede ser suficiente, porque los medios, por más que se les quiera reasignar su papel, no son agentes de cambio. Su función es la de movilizar a quienes sí pueden propiciar el cambio. En este caso específico, tendrían que ser los senadores de Morena quienes por votación, destituyeran a López Hernández. Esto no se ve posible, porque si bien ese fue también el mecanismo para elegirlo, no fueron ellos quienes por convicción votaron por él, sino que acataron las instrucciones de López Obrador. Por lo mismo, si no reciben una contraindicación, López Hernández seguirá apalancado en su escaño.
Lo más llamativo de la ofensiva de López Hernández ha sido el modo en que convierte la defensa en ofensa: cuando se le cuestiona algo, habla del mensajero; es decir, los medios. Cuando se le exige rendición de cuentas, apunta al complot. Y cuando sus datos fiscales y patrimoniales no cuadran, afirma que es víctima de una campaña conservadora. En este tablero, la prepotencia es su defensa más confiable. Quien se atreva a tocarlo, será acusado de mentiroso, parcial o conspirador. Así pretende arrinconar a los críticos en el ring de la ética, donde él decide si el rival es digno o no.
Pero la arrogancia tiene su reverso. También en el interior de Morena crece la irritación. Las plumas que tiene dispersas la Presidencia en los medios, no dejan de criticarlo y pedir que se retire del Senado. Hay quienes observan que el costo político que carga el senador empieza a hacer mella y desgastar a la presidenta, a la vez que las prácticas oscuras de su círculo cercano alimentan los rumores de que su impunidad no será eterna.
No es sólo que Bermúdez Requena esté vinculado con un grupo criminal que no puede seguir siendo explicado con retórica de ignorancia o de “desconocimiento”. También es la red de factureros y financieros, que se tejió en torno al senador, que salpica precisamente a la senadora Chávez, con quien tuvo esa conversación insolente para con la presidenta.
En el audio, uno de los muchos que tiene el gobierno, López Hernández le comenta a Chávez que había invitado a su “primo” López Obrador a una gira nacional con motivo de la aparición de su nuevo libro, que se supone saldrá al público en diciembre. La invitación comenzó a trascender a la prensa hace unos 10 días, que no ha tenido respuesta, ni pública ni privada por parte del expresidente, al que se refiere el senador como “primo”, que es una expresión local en Tabasco, pero aparentemente, porque no está confirmado, porque los padres de ellos sí tenían una relación familiar de segundo grado.
La parte toral de la conversación, sin embargo, es cuando López Hernández y Chávez comienzan a hablar de la presidenta Sheinbaum, de quien se expresan de manera ofensiva y peyorativamente, con comentarios de su cara y físico indignos. Lo que hacen rompe con los parámetros políticos, donde si bien no es inusual que se traten así en todos lados, no es normal que sea con miembros de su propio partido y, menos aún, que sea la candidata por la que trabajaron.
Descuido o prepotencia al hablar de temas sensibles por teléfono. Torpeza no solo para López Hernández, sino para Chávez, que quiere ser la candidata para la gubernatura de Morena en Chihuahua. Si antes de este episodio, la paciencia con ella parecía haberse agotado en Palacio Nacional, sus comentarios podrían convertirse en un punto final a esas aspiraciones.
El senador ya no está sólo bajo fuego mediático. Está en medio de un fuego cruzado dentro de su propio movimiento. Si no rectifica, no bastará proclamar lealtad explícita al expresidente y deslealtad a la presidenta, aferrándose a la coordinación senatorial. Su espacio de maniobra sigue cerrándose pese al respaldo de López Obrador, y si su arrogancia le permite creer que está por encima del escrutinio, en política, eso es un error que no perdona la historia.

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El senador doble A, Adán Augusto López Hernández, ha resistido toda la metralla que le han lanzado desde la Presidencia de la República. A las plumas controladas por Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no dejan de criticarlo por no separarse de la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara alta, se ha sumado la campaña digital a través de sus granjas para pintarlo como un delincuente, asociado al crimen organizado en el sur del país. Pero el senador, ante la exasperación de la presidenta, se mantiene al frente de sus tareas en la bancada de los senadores del régimen.
No ha podido Sheinbaum con él, que le ha rechazado en varias ocasiones la petición de que, cuando menos, renuncie a la coordinación, y que ella lo protegerá –no explícitamente, pero se entiende en los hechos–, nombrándolo embajador en una de las representaciones de la llamada Ruta Revlon, las más codiciadas en el servicio exterior. Los obuses desde Palacio Nacional lo han enojado, pero no lo han doblado. ¿Qué tan fuerte es el senador doble A? No es él, sino quien lo protege: Andrés Manuel López Obrador. El senador no tiene más fuerza que la presidenta, pero el expresidente sí. Mientras no le quite su respaldo, seguirá derrotando a Sheinbaum.
La presidenta se encuentra en un problema: no puede ir públicamente en contra del senador López Hernández, porque sería una afrenta abierta a López Obrador. Esto podría explicar la contradicción de la semana pasada cuando el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo que habían avanzado en las vinculaciones del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el crimen organizado, que es una ola que ha arrollado al senador, que lo nombró cuando fue gobernador en el estado, y horas después el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, minimizó el alcance de La Barredora, la organización criminal que fundó y operó el exfuncionario, a la que trató como una pequeña banda delincuencial.
Las formas como Sheinbaum ha tratado de minar la imagen y la credibilidad del senador ha sido de manera encubierta. Salidas plausibles y tratar de que no se vean las huellas de sus manos. Sin embargo, los rastros son demasiado evidentes. En el entorno de López Hernández acusan a García Harfuch y a Ramírez Cuevas de ser quienes han operado la campaña en su contra, por ser quienes tienen la información sensible y las redes de distribución. Tienen razón.
El primero es quien está abasteciendo de insumos de información de inteligencia a la presidenta, como las ocho horas de audios que aquí se refirieron recientemente, entre el exgobernador con sus colaboradores y operadores políticos donde mencionan los acuerdos con Bermúdez Requena que no tienen que ver con asuntos de gobierno. Otro insumo poderoso es un video en donde aparece el senador recibiendo dinero de procedencia ilícita, de una persona cuya identidad se mantiene con hermetismo.
El segundo es quien está operando la difusión de informaciones que siguen acorralando mediáticamente al senador. Ramírez Cuevas, de acuerdo con lo que ha trascendido, fue el responsable de haber filtrado que Pemex pagó cerca de 2.3 millones de pesos a una empresa donde es accionista López Hernández, por la renta de un piso en una torre empresarial en Villahermosa. De la misma manera fue quien ordenó que fluyeran los contratos laborales de sus hijos: Augusto Andrés, que recibió 800 mil pesos brutos en la Cámara de Diputados durante 23 meses, mientras estudiaba en la Universidad Iberoamericana; Adán Payambé ganó 60 mil pesos mensuales por asesorías en el Senado, incluso cuando su padre era coordinador de la bancada.
Las revelaciones han tambaleado al senador doble A, pero los pilotes que lo sostienen por decisión de López Obrador, lo mantienen en pie. Sheinbaum no puede, siquiera, deslindarse públicamente de él.
Varios asesores le han sugerido que empiece a tomar acciones legales en contra de López Hernández y otras figuras de Morena que también se encuentran presuntamente involucrados en actos delictivos. Es la misma postura que en diferentes momentos, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos le han pedido directa e indirectamente que haga: que dé muestras que no hay impunidad en el régimen. Sheinbaum ha rechazado que las investigaciones en curso tengan ese desenlace, porque sabe que no podría lograrlo sin el consenso del ala dura del obradorismo, que sigue operando activamente para el expresidente, porque en buena parte, es su consideración, están relacionados con las presuntas felonías.
La estrategia seguirá siendo el golpeteo encubierto y señales públicas de distanciamiento, aunque minimice en sus reiteradas declaraciones lo contrario, como fue su instrucción de mantener alejados a los coordinadores parlamentarios y al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, durante su discurso para conmemorar el primer año de gobierno en el Zócalo, para evitar fotografías con ellos abrazándola, y la felicitación que le hizo a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que evitó una cercanía más allá de la institucional con López Hernández cuando entregó el informe en el Senado.
En la encrucijada política en la que se encuentra con López Obrador por López Hernández, la presidenta también está en una carrera contra el tiempo. En la medida en que van apareciendo revelaciones sobre sus inconsistencias fiscales,  conflictos de interés y hechos sospechosos de presuntos delitos penales, sin que haya consecuencias legales o políticas -como la destitución como coordinador de la bancada-, la presidenta está sufriendo un desgaste creciente. No se ha atrevido a dar la luz verde para que se inicie una investigación en contra del senador -García Harfuch dijo la semana pasada que no hay ninguna en su contra-, al tiempo de enviar señales a la opinión pública que no tiene la fuerza para que se movilicen los senadores del régimen y voten su destitución. La bancada de Morena no le pertenece; el destino de Adán Augusto, tampoco.
Sheinbaum quiere efectivamente deshacerse de él, pero en su necesidad de no enfrentar al monstruo de Palenque, su estrategia para debilitar al senador puede ser contraproducente. Si las revelaciones se aceleran sin generar condiciones para quitárselo de encima, terminará siendo vista como cómplice, o una presidenta terriblemente débil con los suyos.

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La Ciudad de México, aún para quienes nacieron o han vivido aquí por décadas, se ha vuelto insoportable. Las afectaciones son muy democráticas: afectan a todos. La inseguridad se ha desparramado por la capital, que ha visto en los últimos meses escenas que eran patrimonio de otros lares –personas colgadas de puentes y restos de cuerpos humanos tirados en las calles. Fenómenos naturales como las lluvias provocan inundaciones insólitas y apagones, caídas de árboles e interrupciones en el servicio del Metro que no deja pasar un día sin desperfectos, son parte del paisaje oscuro de la capital. Bienvenidos a la Ciudad de México, que su jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha sumido en una distopía.
Brugada asumió el máximo cargo político en el país, fuera de la Presidencia, con la promesa de transformar esta metrópoli, y trasladar lo que llamó su “utopía de Iztapalapa”, donde fue alcaldesa, al conjunto de la capital: ser voz de los olvidados, restablecer el orden y la dignidad en una ciudad impetuosa y fragmentada –omitiendo que si eso faltaba, era culpa del gobierno anterior, el de Sheinbaum. Sin embargo, hoy, a un año de haber asumido, la “utopía” exhibe sus fisuras, y el caos no espera turno. Golpea cotidianamente a millones y también a ella, a quien, de manera personal, le mandaron un mensaje sus interlocutores de Iztapalapa asesinando a sus dos más cercanos colaboradores en mayo recordándole cosas pasadas.
Los problemas están a la vista: avenidas que se convierten en canales de agua al primer aguacero, apagones prolongados que ponen en jaque la movilidad, un Metro que parece una bomba de tiempo, inseguridad frecuente, corrupción que se percibe galopante. Todos los días hay plantones o bloqueos, cuyas pérdidas económicas, calcula el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, es de 450 millones de pesos diarios.
Esto, sin contar con eventos extraordinarios, como recientemente, cuando el Bloque Negro y sus provocadores se formaron detrás de la marcha del 2 de octubre para vandalizar, robar, golpear a policías e intentar incluso quemar a uno en vida, navegando en la laxitud y tolerancia de la autoridad capitalina cuyas órdenes fueron aguantar y no detener a nadie. No importaban los policías; había que evitar la represión, como repiten, en esa contradicción que no es nueva, originada por el trauma de la matanza de Tlatelolco en 1968, que ha llevado al contrasentido de equiparar la protesta social con quienes violan la ley.
Iztapalapa fue el bastión de Brugada, que la gobernó nueve años por decisión e imposición de su principal protector, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es una alcaldía clásica de desigualdad, congestionamiento y pobreza, pero también de carácter, rebeldía, tejido social denso, además de ser un corredor importante de la delincuencia organizada. Brugada prometía hacer lo imposible en la capital federal, pero ese “imposible” es más difícil fuera de la esfera local, porque los recursos, la burocracia, los servicios, la infraestructura se tensan hasta romperse. En esencia, Brugada ha ido de obra social visible a urgencias estructurales invisibles hasta que explotan.
El Metro, por ejemplo: más que infraestructura, es una metáfora de cómo las fallas acumuladas –por falta de mantenimiento, negligencia histórica y mala planeación– puede convertirse en tragedia en cualquier momento. Los apagones, los socavones, los encharcamientos, y las marchas, bloqueos y plantones, son señales de una ciudad que no solo protesta, sino que sufre una fractura permanente en lo funcional básico. Esa fractura no se llenará solo con discursos de transformación. Requiere manos capaces, institutos fuertes, transparencia, rendición de cuentas. No es la esencia de Brugada, y los capitalinos le están cobrando la factura.
Esta semana la encuesta mensual que hace El Financiero, le tiró un balde frío. En solo un mes, su aprobación cayó ocho puntos, de 72 por ciento en agosto a 64 por ciento en septiembre, mientras que sus negativos se elevaron siete puntos, de 27 por ciento a 34 por ciento. La medición no registró la golpiza a policías el 2 de octubre que provocó la indignación generalizada, pero sí las decenas de miles de baches, hundimientos y socavones –un cálculo extraoficial los ubica en 145 mil– y la explosión de una pipa de gas en un distribuidor vial, precisamente en Iztapalapa, donde todavía hay dudas de que si fue provocado por uno de esos baches que han dejado las calles como queso suizo.
La inercia de López Obrador, que también impulsa la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha ayudado a Brugada a no colapsar, pero en las entrañas de su gestión, los capitalinos la tienen en la peor de sus consideraciones. El 86 por ciento, casi 9 de cada 10, dicen que va mal o muy mal la lucha contra la corrupción, reflejo probablemente de que en la cotidianidad, vivir sin morder a una autoridad local es muy complicado, mientras que contra todo lo que presume, el 84¿ por ciento dice que está siendo derrotada por el crimen organizado. Esta capital, bastión de Morena y su principal granero de votos a nivel nacional, está enferma y políticamente afectada.
No es fortuita la tensión existente entre Sheinbaum y Brugada, ni consecuencia del pleito entre ellas en 2024 por la candidatura para la jefatura de Gobierno capitalina, donde el ala dura del obradorismo aplastó con chicanadas sacadas de último momento a Omar García Harfuch, el favorito de la hoy presidenta. La rispidez es creciente por la animadversión entre los equipos de Palacio Nacional y del Palacio del Ayuntamiento. Tan cerca en la geografía del Zócalo y tan lejos, pese a ser parte del mismo movimiento.
Públicamente Sheinbaum y Brugada se encuentran tan cerca como siempre, pero no es así. Hay reclamos constantes de la presidenta a la jefa de Gobierno por el deterioro de la capital y el desorden, donde a veces se asoma la anomia, que no trascienden pero van incrementando en intensidad. Tiene razón la presidenta. Necesita una capital sólida y homogénea para que Morena pueda mantenerse en el poder en dos años y en 2030, que pasará por una estación de alto riesgo, la Copa del Mundo, el próximo año. Si Brugada no mejora drásticamente su gestión afectará a Sheinbaum, al movimiento y, sobre todo, a los capitalinos.

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Ilusos aquellos que pensaron –como quien esto escribe–, que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la oposición en su discurso para celebrar su primer año de gobierno el domingo pasado, hablaba de los partidos políticos. Ayer quedó claro para quiénes era el mensaje. En su mañanera del miércoles despotricó contra intelectuales y articulistas, contra columnistas y medios, tildándolos de irrelevantes, mentirosos, manipuladores y defensores de sus intereses.
Colonizados los poderes del Estado y los órganos autónomos, con leyes a la medida del proyecto de reducir los derechos y acotar las libertades, el último contrapeso que queda en pie, chiquito pero hasta ahora resiliente, son algunos medios y periodistas. La pluralidad democrática se ha convertido en una molestia que estorba su misión, la que le encargó su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador: terminar de cambiar el régimen y consolidarlo, para mantenerse eternamente en el poder. Sus “opositores” se han convertido en los obstáculos que enfrentan ella y la maquinaria de Morena.
Es evidente que le altera que los medios no den cabida en sus principales espacios a los mensajes que transmite diariamente en Palacio Nacional. Ayer reclamó que uno de los grandes periódicos de México no publicara en su primera plana que la tasa de homicidios dolosos cayera en un año 32 por ciento, que la prensa seria no toma en cuenta porque sabe que están manipulados para engañar a la gente. Ese porcentaje, por ejemplo, se refiere solo al mes de septiembre, un dato engañoso. Pero como señala Eduardo Rivera, @edusax79 en X, que hace un seguimiento escrupuloso de las estadísticas oficiales sobre seguridad, el promedio de homicidios dolosos en el gobierno de Sheinbaum es de 74.85 por día, solo abajo del que registró el de López Obrador, de 94.95 diarios.
Le disgusta a la presidenta que no se coma la prensa independiente sus mentiras. También la irrita, porque se ha visto, la cascada de revelaciones sobre la corrupción dentro de la cuatroté, en especial de la elite del obradorismo a la cual pertenece, aunque, hasta donde se sabe, esas debilidades e inclinación por el camino criminal, no las comparte. Pero aún así, busca atajar las investigaciones periodísticas y descalificar a medios y periodistas para restarles credibilidad. Nadie los lee, los ve ni los oye, sugirió, pero no deja de atacarlos cada semana. Sabe bien que sí los leen, sí los ven y sí los oyen.
La revelación de las corruptelas de la cuatroté la coloca en una situación delicada y ambivalente: cómo actuar apegada a la ley, pero poner freno a los hallazgos expuestos en los medios sobre los caminos de ilegalidades que, muchos, llevan inexorablemente a Palenque. Quiere hacer las cosas pero no puede. Avanza y se arrepiente. López Obrador es una sombra que pesa demasiado. Depende de su fuerza y conoce el control que tiene sobre el movimiento que la llevó a la Presidencia, porque ella, fuerza propia, aún no tiene.
El martes, fuera del ecosistema mediático, sucedió uno de esos momentos que mostraron la ambigüedad en la que se encuentra. Por la mañana, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, dijo que habían logrado establecer vínculos muy claros de Hernán Bermúdez Requena con la delincuencia organizada. Y por la tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo un road show para decir que La Barredora, la organización criminal que creó Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco, era un grupo de alcance limitado, incluso dentro del estado.
García Harfuch, quien de todo el gabinete es quien menos se manda solo, salió a desmentir a Gertz Manero y a él mismo. El secretario sabe que lo que señaló no es cierto –una vez dijo a Ciro Gómez Leyva y a Manuel Feregrino, que era un asesino–, pero se ha visto obligado a blindar al senador Adán Augusto López para que el fuego de su secretario de Seguridad cuando fue gobernador, no lo alcance y eventualmente escale la responsabilidad al expresidente. Los medios y los periodistas son quienes más detalles han expuesto sobre los presuntos lazos criminales del senador, lo que tampoco deja a gusto a la presidenta porque López Hernández mantiene la protección de López Obrador.
La presencia política de López Obrador es demasiado fuerte sobre ella. Medios y periodistas interpretan de esa manera la actitud política que oscila entre la admiración y la subordinación de ella con él, que la ha llevado a responder que los intentos por dividirlos –como procesa las observaciones críticas de su comportamiento–, no prosperarán. Medios y periodistas no están embarcados en que se peleen. La mayoría está conciente, por lo que dicen y escriben, que López Obrador y Sheinbaum son uno solo en objetivo y método. Cada vez, sin embargo, ella se va quitando la máscara de demócrata y mostrando la casaca de autoritaria, como lo fue su mentor. Que se lo digan, contradice lo que ella dice de sí misma. Sin embargo, cada vez encuadra mejor en la tipología del autoritario.
El autoritario necesita enemigos. No gobierna sin ellos. Construye una narrativa en la que los adversarios son “traidores”, “corruptos” o “golpistas”. La disidencia no es un derecho, sino una conspiración. En esa lógica, como se abundó en un reciente texto, la Suprema Corte es incómoda, la pluralidad legislativa un estorbo y los medios de comunicación independientes un dolor de cabeza. Para el autoritario, la división de poderes es un artificio que retrasa la eficacia de su proyecto, por lo que no sorprende que intente someter jueces, debilitar al Legislativo y asfixiar a la prensa.
Hay autoritarios más modernos que entendieron que no hace falta censurar a la prensa: basta con insultarla todos los días hasta convertirla en enemiga pública, como lo vivimos con López Obrador, y cada vez está más firme el mismo patrón con Sheinbaum. El perfil es reconocible: el autoritario nunca llega con la etiqueta de dictador, sino con la de salvador. Su narrativa es simple: antes de él todo era corrupción, traición o decadencia; después de él, todo será justicia, soberanía y bienestar. Que medios y periodistas libres exhiban sus mentiras e hipocresías, es lo que no perdonan los autoritarios, aquí y en todos lados.

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No pasó desapercibido que en el discurso político el domingo pasado para celebrar su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ensalzara lo que hizo su predecesor, Andrés Manuel López Obrador y callara el principal logró de su joven administración: el desmantelamiento de una red de corrupción incrustada en lo alto de la Secretaría de Marina y Aduanas, con la complicidad de empresarios mexicanos y estadunidenses en el contrabando de diésel, que se conoce coloquialmente como huachicol fiscal.
Este tema, ciertamente, es muy delicado para el gobierno actual porque este delito nació en el gobierno anterior; el de López Obrador, el mentor de la presidenta. No escapa tampoco que la investigación sobre el huachicol fiscal, que comenzó con el aseguramiento de un barco en Altamira a mediados de marzo, se encuentra aparentemente estancada. Mejor no seguir buscando, que seguir encontrando. El panorama no podría ser más complejo: un informe de inteligencia del gobierno señala que el contrabando de combustible nació casi a la par del inicio del sexenio de López Obrador, como consecuencia del desabasto “autoinducido” –así lo llaman– en diciembre de 2018, recién llegado a Palacio Nacional.
La idea, por lo que revela el informe a cuyas líneas generales se tuvo acceso, tenía en la cabeza de López Obrador un principio, pero no su desarrollo ni final. La idea original era que el Ejército y la Marina tuvieran más dinero para comprar su lealtad ante las acciones radicales que estaba tomando, como la orden para no enfrentar al crimen organizado y la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Quería que la Secretaría de la Defensa adquiriera pipas para el transporte del combustible y “resolver” el desabasto, por lo que instruyó al entonces canciller, Marcelo Ebrard, que las comprara.
En enero de 2019 López Obrador anunció la firma de contratos para adquirir las primeras 571 pipas, que serían entregadas al Ejército, que las administraría. Lo que no había calculado el expresidente era que el desabasto se le había salido de las manos al entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Conseguir combustible rápido era la solución, que se la dio, de acuerdo con el informe de inteligencia, Ebrard: un esquema de simulación fiscal, que no le gustaba mucho a López Obrador, porque sentía que iba a impactar en su popularidad. Pero no tenía de otra. Participaron en su instrumentación, según el informe, dos directores de Aduanas, Ricardo Peralta y Horacio Duarte, y para el último tercio del sexenio, una quinta parte de todos los petrolíferos vendidos en México, provenían del contrabando.
El contrabando de diésel era inexistente en México hasta 2018, de acuerdo con el registro de exportaciones de diésel de Estados Unidos a México, reportadas por la Agencia de Información Energética de ese país, y las importaciones de diésel registradas por la Secretaría de Energía. Para 2019, las cosas habían cambiado significativamente. El diferencial negativo diario de barriles de diésel de exportaciones contra importaciones era 25 mil en ese año, que subió a 57 mil en 2020, y se elevó drásticamente en 2021, año de elecciones intermedias, a 88 mil. Para 2022, bajó a 15 mil, y en 2023, último año de estadísticas disponibles, se situó en 21 mil.
Durante ese periodo el contrabando de diésel alcanzó los 74.2 millones de barriles, que sumaron casi 12 mil millones de litros. En total, el IEPS perdido, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios que no ingresó al erario, totalizó 71 mil 272 millones de pesos: siete mil 892 en 2019, 18 mil 590 en 2020, 30 mil 846 en 2021, cinco mil 667 en 2021, y ocho mil 275 en 2023. López Obrador estaba al tanto. Igualmente Romero Oropeza, que limitó o canceló las auditorías que realizaba Pemex en las gasolinerías para revisar su comportamiento y verificar lo que se solicitaba y lo que se vendía.
El combustible que entró de contrabando tuvo múltiples utilidades, además de entregarle a los altos mandos de las Fuerzas Armadas dinero que no dejaba huella. En 2021 financió campañas electorales de Morena, y siete gobernadoras y gobernadores llegaron al poder con dinero ilegal. A lo largo del sexenio se utilizó para financiar subrepticiamente tramos de la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Base Militar en Santa Lucía.
Abrió oportunidades de negocios surgidos de fuentes ilegales a un grupo de empresarios que crecieron al amparo de los hijos del expresidente, y fortaleció las dos ramas del contrabando de combustible que se juntaron en esta estrategia, la de Chiapas y Tabasco en donde aparecen el senador Adán Augusto López Hernández y el ex director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, que es la línea de investigación en la que está enfocado el gobierno de Estados Unidos, dedicada principalmente al lucro, y la que encabezaba el empresario Sergio Carmona orientada a la parte política, donde se encuentra involucrado el ex líder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, y dos gobernadores, de acuerdo con los expedientes de la DEA que sirvieron de base para procesos abiertos en las cortes federales de Texas.
El reporte de inteligencia tiene como espejo coincidental las investigaciones que realizó la Marina junto con la DEA sobre la red de contrabando de combustible de Carmona, y empata con las informaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en cuanto al detalle del grado de involucramiento de militares, marinos y de políticos de Morena de Tabasco y Chiapas, cercanos de López Obrador, que ha utilizado el Departamento de Estado para presionar a Sheinbaum.
La línea sobre la cual camina la presidenta es sumamente delgada. Si bien existen las presiones de Washington, con un énfasis en que no se proteja al senador López Hernández –su principal objetivo en la actualidad–, también hay la creencia en Palacio Nacional de que es importante hacer un control de daños en México, sin ceder ante las pretensiones de Estados Unidos, porque se trata de un tema de gobernabilidad y que una mala administración de este problema, no termine cayendo al gobierno actual la corrupción y el involucramiento en delitos propios del crimen organizado, que fue del anterior.

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Verano fue un buen momento para empacar y con toda la familia irse de México. Los vientos estaban cambiando de dirección. Poco antes habían aparecido las fotografías de su amigo y socio Andrés Manuel López Beltrán en un hotel de cinco estrellas y saliendo de la tienda de Prada en Tokio, con lo que se estaba enviando la señal de que la impunidad que los había blindado por casi siete años, podría haber terminado. Jorge Amílcar Olán, la metáfora de la corrupción y los conflictos de interés que acosan a los López Obrador Beltrán, los hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se fue a Suiza.
Amílcar Olán, que empapado de un poder prestado y con arrogancia despachaba diariamente en el King Cole Bar en el hotel St. Regis de la Ciudad de México, y cerraba negocios en una de sus residencias –donde el costo empieza en el millón de dólares–, desapareció. La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia no modificó sus lances empresariales hasta que en los hechos, las cosas cambiaron de manera radical. El joven empresario tabasqueño es un cabo suelto en las investigaciones de inteligencia que tiene el gobierno federal sobre el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y sobre toda la red de factureros que construyó la familia durante el sexenio anterior.
Producto de esa investigación, hace poco más de un mes le detectaron una transferencia de 3 mil millones de pesos, cuya ingeniería financiera la hizo un facturero de Tabasco, a una cuenta en Suiza. Los funcionarios federales que revelaron la transferencia declinaron identificar al facturero y la ubicación exacta de donde se encuentra Amílcar Olán, pero señalaron que saben exactamente donde está. Para que puedan proceder en su contra, sin embargo, la información de inteligencia necesita ser judicializada por la Fiscalía General, lo cual, hasta este momento, no ha sucedido.
Amílcar Olán, como contextualizó el periodista-investigador Mario Gutiérrez al revelar que había ampliado su portafolio de negocios al sector inmobiliario en el gobierno de Sheinbaum, es el operador central de los que se ha llamado como “el clan” para describir “la red de corrupción y tráfico de influencias encabezada por Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, y su hermano Gonzalo”. Producto de esa cercanía se dio la relación con Hernández López, de acuerdo con las investigaciones contra el senador por sus presuntas relaciones con la red de contrabando de combustible, conocido como el huachicol fiscal.
De acuerdo con las investigaciones, Hernández López desarrolló como parte de su estrategia para impulsar y blindar los presuntos negocios que estaba armando en el sur del país, fortalecer sus vínculos con Andrés Manuel López Beltrán, que hizo a través de acercar a Amílcar Olán y volverlo parte de algunos de ellos. Uno de los negocios, según la información de inteligencia, fue a través de la obra pública de Pemex y en empresas de construcción, en donde estaba asociado con el hijo del expresidente. En esa línea, de acuerdo con las investigaciones, se encontraban el empresario Sergio Carmona, que fue asesinado a finales de 2021, el empresario Daniel Flores Nava, el principal financiero de López Hernández que tuvo una extraña muerte en julio de 2023, el ex subsecretario de Gobernación y exdirector de Aduanas, Ricardo Peralta, y dos generales retirados.
El nombre de ellos figura en las investigaciones realizadas por la DEA sobre la red del contrabando de combustible que encabezaba Carmona, y que durante las elecciones intermedias de 2021, financió a ocho candidatos de Morena a gubernaturas, principalmente en el norte del país. En esa red se encuentra el secretario de Educación, Mario Delgado, ex líder de Morena, una diputada federal y dos gobernadores actuales que, ha transcendido, tienen casos judicializados en una corte federal en Texas, que se integró con testimonios de 18 personas.
La vinculación con Hernández López y Amilcar Olán no los involucra con la red que encabezaba Carmona, de acuerdo con la investigación federal, pero sí con los negocios del contrabando de combustible en Chiapas y Tabasco, que como se ha revelado, fue utilizado en la construcción del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del canal transístmico y del aeropuerto Felipe Ángeles en la Base Militar de Santa Lucía. De todos ellos, solo Flores Nava estaba públicamente relacionado con proyectos petroleros, en el de Dos Bocas, a través de su empresa Grupo Proyecta.
La relación de Flores Nava con Hernández López y Amílcar Olán tiene más vertientes. Flores Nava, al momento de su muerte en un extraño accidente de aviación al despegar de Veracruz, era el principal financiero del senador, y su segundo, Fernando Padilla, que iba a viajar con él pero por razones personales no pudo llegar al aeropuerto, heredó el papel del operador financiero más fuerte que le queda a López Hernández. Padilla es quien a través de empresas de salud está financiando la campaña de la senadora Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua.
Padilla está involucrado en el sector de las medicinas, donde Amílcar Olán ha sido figura central de “el clan” de los López Beltrán, al igual que Mario Pacchiano, cercano a los hijos del expresidente, que es otro de los financieros del senador y de manera marginal, de la senadora Chávez. Un tercer financiero de López Hernández, vinculado también con los López Beltrán y Amílcar Olán, es Alejandro Calderón Alipi, que dirigió el IMSS-Bienestar en el sexenio pasado, y actualmente es secretario de Salud de Tabasco.
Amílcar Olán es una bisagra importante en el tejido de la investigación sobre López Hernández, pero también sobre las redes de complicidades de factureros, huachicoleros y crimen organizado donde presuntamente estarían cuando menos, ellos dos. La información de inteligencia sobre el amigo y socio de los hijos de López Obrador, pese al hermetismo de los funcionarios sobre los detalles, permite establecer con precisión los negocios de donde salieron los tres mil millones de pesos para la transferencia a cuentas en Suiza, que están perfectamente identificadas a quién o quiénes llegaron los recursos.
Lo que no está tan claro es lo que hará la presidenta con la información. Ha reiterado que no habrá impunidad, pero hasta hoy, parece ser selectiva.

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Vestida con el color de Morena, con una retórica partidista y combativa, la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció ayer el discurso político que corona su primer año de gobierno. La oposición, afirmó, quiere dividirnos y destruir a la cuarta transformación, pero no podrá. Bien. Ahora, ¿a cuál oposición se refiere? Afuera de Morena y sus aliados, lo único que identifica a los partidos de oposición es la categorización, porque por estrategia y acciones, es inexistente. La única oposición que existe se encuentra dentro de Morena, donde los golpes son rudos, a veces salvajes, algunos públicos y otros no tanto.
Esa ebullición interna no busca destruir el movimiento que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino determinar quién manda ahí: él o Sheinbaum; la presidenta o el caudillo que quiere seguir imponiendo sus caprichos, pensando solamente en su “legado”. Quienes lo obedecen son traidores, no solo al proyecto de nación que ambos enarbolan, sino también a la institucionalidad que representa la jefa de Estado mexicano. Al final, su apuesta no debe ni puede prosperar, porque el verdadero poder, que es indivisible, lo tiene quien porta sobre el pecho la banda presidencial.
La presidenta no quiere ver a López Obrador como un problema que obstruye la construcción del segundo piso de la cuatroté, ni en público ni en privado. Ella piensa que es impoluto, ajeno a todos los obstáculos que han dificultado su primer año de gobierno. Lo defiende de manera incansable, de forma incluso melosa, como ayer en el Zócalo, cuando lo elevó otra vez a alturas épicas. “El presidente López Obrador nunca se rindió”, dijo. “Nunca se vendió a los poderosos. Nunca dejó sus principios”. Su admiración a él es inconmensurable. “Se han empeñado en separarnos, en que rompamos”, agregó. “Su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación; que nos dividamos. Pero eso no va a ocurrir”.
No los van a dividir, porque en ninguno de los dos casos es el objetivo. Quebrar su relación sería tanto como dinamitar las bases del proyecto para perdurar infinitamente en el poder. La dialéctica en la que se encuentran, sin embargo, aunque no lo desee, es de una creciente confrontación. El último capítulo de esta guerra soterrada por el poder fue la semana pasada con la Ley de Amparo, cuando el senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena, volvió a jugar en su contra.
Pero el senador López Hernández no actuó por iniciativa propia, de acuerdo con las evidencias que recogieron legisladores durante las tormentosas negociaciones intramuros, sino que siguió las instrucciones que le estaba dando, literalmente sobre su espalda, Alejandro Esquer, que fue secretario particular de López Obrador, que le dictaba las instrucciones de Palenque. Esquer, que suele sentarse discretamente en un extremo de la cámara, en las filas de atrás, hasta donde va López Hernández a intercambiar puntos de vista y recibir las órdenes de López Obrador, fue todo lo contrario en la sesión donde se definió el camino de la Ley de Amparo.
El punto de quiebre entre Sheinbaum y López Obrador se dio el viernes, cuando la presidenta se lanzó contra la provisión dentro de la Ley de Amparo que la haría retroactiva, en flagrante violación del artículo 14 constitucional, y recomendó que se modificara la minuta en la Cámara de Diputados. La posición de la presidenta fue interpretada como un revés para el senador, que se quedó solo, junto con todos los legisladores de Morena y de sus aliados, el Verde y el PT, que siguieron a López Hernández en su desafío a Palacio Nacional.
La revocación de los amparos fue propuesta como un transitorio, que no estaba en el proyecto presidencial, por el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Su iniciativa fue rechazada casi de inmediato no solo por la oposición, sino también por los senadores Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, y por Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Corral le dijo a López Hernández que no iba a ser aprobado, al ser abiertamente violatorio de la Constitución.
Las negociaciones en el Senado el miércoles sobre el transitorio provocaron rispidez entre los senadores de Morena. Esquer, que es miembro de la Comisión de Justicia, hizo un alegato a favor de la retroactividad, acusó a Corral de estar traicionando al movimiento –o sea, a López Obrador–, y votó en contra de eliminarla. Para el mediodía
parecía haber ganado la legalidad, y la instrucción fue que Morena y sus aliados votaran por el dictamen que no incluía la retroactividad de los amparos. El transitorio fue excluido para la votación, pero al llevarlo al pleno, la mayoría fue sorprendida por una nueva jugarreta. Otra vez, Huerta Ladrón de Guevara sirvió como alfil y presentó una reserva para que permaneciera la retroactividad en la minuta.
Los senadores de la oposición rechazaron la minuta, y siete legisladores de Morena también expresaron su desacuerdo saliéndose del pleno cuando se votó, entre ellos, Corral e Izunza. De acuerdo con varios senadores que hablaron con el coordinador de Morena, la inclusión del transitorio había sido pedida originalmente por Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la Presidencia, sugiriendo que la orden había sido de Sheinbaum. Era una mentira.
Cuando le empezaron a informar a Sheinbaum sobre la trastada de López Hernández, no los dejó terminar. Quienes supieron de ese momento, señalaron que lo interpretó como un desafío del senador y empezó a trazar la ruta para que la Cámara de Diputados enmendara la minuta. Le habló al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien le dijo que así lo haría, anunciando el viernes lo que había quedado con la presidenta. Pero Sheinbaum nunca pensó, ni consideró, que detrás de López Hernández estaba López Obrador.
La presidenta está cegada en su culto al expresidente, aunque, pese a no reconocer lo que sucedió la semana pasada, le dio un golpe certero que dejó vulnerable a López Hernández, metido en problemas de índole legal, y que quedó como un traidor, sin que López Obrador, pudiera, hasta el momento, recuperar lo que el viernes perdió.

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Dentro de Morena siguen los jaloneos entre quienes quieren poner las cosas en orden y acabar con la galopante corrupción que les heredó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y quienes quieren mantener los privilegios que les dio el régimen a sus cercanos y amigos. La presidenta Claudia Sheinbaum dice estar comprometida con el combate a la corrupción, pero barrer el primer piso de la transformación está resultando más difícil de lo que podría haberse imaginado. Otro caso de cómo el fenómeno se mantiene sin castigos ejemplares en el primer tramo del segundo piso, es el de Capufe, el acrónimo de Caminos y Puentes Federales, por donde se escurren anualmente, sin que nadie lo note, 10 mil millones de pesos.
Esa cifra es la merma que existe por el pago en efectivo en las casetas de las autopistas y carreteras, donde se realizan alrededor de 900 millones de cruces al año. Si se toma en cuenta que solo el 9.7 por ciento del parque vehicular tiene un TAG, se puede ver la dimensión del total de las transacciones con dinero constante y sonante. Deficiencias tecnológicas en los equipos afectan el telepeaje –como la baja velocidad con la que tienen que pasar los vehículos para que lean la tarjeta– y la logística en el país, se agregan a las operaciones manuales, en donde se concentra la corrupción.
En las últimas semanas se ha dado una purga en Capufe derivada de las querellas de varias empresas por el resultado de la licitación de los equipos de cobro en las vías de Capufe, la Red de Autopistas Concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, y la autopista México-Puebla, que se entregó el 31 de julio. El columnista Alberto Aguilar publicó en su momento que los postores mencionaron indicios de corrupción en el proceso que abarcó 18 partidas, de las cuales se adjudicaron 11 y 7 fueron declaradas desiertas.
Aguilar dijo que cuatro empresas con capacidad probada –incluida una que tiene buena parte del sistema de telepeaje en Estados Unidos–, fueron descalificadas, mientras OfiStore, sin experiencia en el ramo, de acuerdo con expertos, y que se dedica a servicios de papelería y rentas de equipo de cómputo se llevó seis partidas, pese a que su oferta estuvo 140 por ciento por arriba del precio de las actuales proveedoras, y 322 por ciento por encima de las propuestas más bajas.
La adjudicación a OfiStore provocó un escándalo, aunque intramuros, con denuncias penales contra una decena de funcionarios de Capufe por los posibles delitos de fraude y corrupción, por el uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público y usurpación de funciones. Uno de ellos es Óscar Ramírez Cruz, que era subintendente de la Subdirección de Sistemas Electrónicos de Peaje, que OFiStore acreditó ante las autoridades de Comunicaciones y de Capufe mismo –donde estaba en la nómina–, como el experto en los servicios que estaban licitando.
No se sabe si la trampa e ilegalidad en la que incurrieron fue un descuido, cinismo o porque tenían un padrinazgo que les permitiría salirse con la suya, pero la molestia de los postores que perdieron, se incrementó y las quejas llegaron a los más altos niveles de las dos secretarías. Lo que escucharon de viva voz se amplió en una de las denuncias penales donde una de las empresas inconformes, Controles Electromecánicos, SA de CV, detalló una serie de irregularidades de pruebas, en que a su juicio, incurrieron funcionarios de Capufe para beneficiar a OfiStore, porque al mismo tiempo, la reprogramación de pruebas que le concedieron a esa empresa, se la negaron a otras, como Telemática, pese a tener fallas similares.
Entre las irregularidades en la reprogramación de pruebas, documentaron:
1. Uso de un aplicativo no autorizado, que son aplicaciones informáticas o software. Según la denuncia, Ofi Store declaró que usaría el aplicativo proporcionado por Capufe, pero utilizó su propio software, lo que contradecía los protocolos establecidos en los apéndices de la convocatoria.
2. Pruebas incompletas o simuladas en las plazas seleccionadas para las pruebas, donde registraron falta de evidencias de lectura de TAGs con los tres protocolos requeridos, como la clasificación vehicular incompleta, usando solo una categoría cuando se requerían hasta 9, así como utilizaron el mismo vehículo para simular diferentes clases vehiculares.
3. Horarios irregulares, permitiendo que las pruebas se iniciaran fuera del horario establecido.
4. Similitud sospechosa entre dos pruebas, que se realizaron en días distintos y plazas diferentes, que tuvieron horarios idénticos de inicio y cierre, además de que se utilizaron los mismos vehículos y matrículas en los cruces.
5. Falta de supervisión transparente. En algunas pruebas, no hubo testigo social ni personal del OIC, el Órgano de Control Interno de Capufe. Las actas tampoco incluyen identificaciones del personal que supervisó.
Las dos denuncias presentadas, una penal –denuncia de hechos– y otra ante el OCI de Capufe –por faltas administrativas–, fueron presentadas en Morelos, donde está el organismo público descentralizado a mediados de agosto, provocaron una sacudida dentro de las áreas competentes en el gobierno federal. Al menos cuatro personas fueron llamadas a declarar, que de acuerdo a lo que ha trascendido, coincidieron en señalar que actuaron por “instrucciones superiores”.
Después de los testimonios, varios funcionarios de Capufe fueron despedidos, entre ellos Martha Elena Meza Olivares, subdirectora de Sistemas Electrónicos de Peaje, imputada en la querella que presentó Controles Electromecánicos, SA de CV ante el Ministerio Público Federal. El director del OCI de Capufe, José Álvaro Vaqueiro, fue removido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que las investigaciones siguen su curso y “van muy bien”, y en el OCI de la Secretaría, piensan que tienen un expediente “contundente”.
Sin embargo, ejecutivos de algunas de las empresas que reclamaron el fallo del concurso, son menos optimistas. La controvertida licitación era el primer paso, detalló Aguilar, para transitar hacia el uso obligatorio del TAG, de manera gradual, a partir de enero del próximo año e ir reduciendo la merma anual de10 mil millones de pesos. Pero para que ese camino sea exitoso, necesitarían limpiar la casa de corrupción, algo que en este momento no parece avanzar.

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