El 30 de septiembre, hace apenas 48 horas, hubo un cambio de señal muy relevante en Palacio Nacional, que pasó a muchos desapercibido. En respuesta a una entrevista que dio Ricardo Salinas Pliego, cabeza del Grupo Salinas, a la cadena de televisión Fox News sobre la situación de inseguridad y violencia que se vive en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que quería victimarse y politizar su adeudo fiscal. “Las deudas no se politizan, se pagan”, agregó. Pero, sin énfasis, frenó súbitamente la locomotora del gobierno, se olvidó de la propaganda y dio pasos para atrás. Lo que tendría que pagar Salinas Pliego no serían los 74 mil millones de pesos que le siguen echando en cara los voceros del régimen, sino 26 mil millones menos.
La cifra la mencionó Sheinbaum apoyándose en lo que días antes informó la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, que dijo que el pago de nueve créditos del Grupo Salinas que estaba por resolver la Suprema Corte, ascendía a 48 mil 382 millones de pesos. Un mes antes, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, había hecho trascender que ese era el adeudo reclamado por el gobierno, anticipando la instrucción que le darían al presidente de la Corte, Hugo Aguilar.
Sheinbaum agregó el martes: “Si él (Salinas Pliego) decidiera pagar ahora, podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del Código Fiscal, incluso descuentos, de multas y otras cosas, pero tiene que pagar”. Es decir, esos 48 mil millones podrían tener, legalmente, todavía una reducción de varios miles de millones. La declaración de la presidenta fue resultado de una reunión que tuvo en Palacio en la víspera, donde se acordó llegar a un punto final en el litigio con Salinas Pliego, entendiéndose que el número que mencionó Galeano García no era el piso del convenio final, sino el techo.
Sheinbaum busca resolver un litigio que le heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que rompió su relación con Salinas Pliego cuando el acuerdo al que llegó con la Secretaría de Hacienda para pagar casi ocho mil millones de pesos, lo rompió, justificando solamente, como le dijo cuando se vieron, que se había arrepentido. Su decisión es una rectificación de 180 grados, luego de toda una estrategia que se había diseñado con un solo fin: meterlo a la cárcel.
Hace poco más de dos meses giró instrucciones a su coordinador de asesores Jesús Ramírez Cuevas, que maneja la operación de propaganda negra del régimen obradorista, iniciar una campaña mediática y en las redes sociales contra el empresario, para minar el impacto que estaba teniendo como la voz más crítica contra la cuatroté. La narrativa contra él era básica: no quería pagar “74 mil millones de pesos”. A Sheinbaum le exasperaba la forma como Salinas Pliego cuestionaba al gobierno y acribillaba en las redes sociales a las figuras de la cuatroté, a quienes colectivamente llamaba “gobiernícolas”. Salinas respondió con una entrevista el 25 de agosto en Código Magenta, realizada por el veterano periodista Ramón Alberto Garza, donde mandó dos mensajes: sí quería pagar, pero lo “justo”, y sí aspiraba a la Presidencia de la República en 2030.
Paralelamente a la campaña mediática, la presidenta le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero, que armara el expediente para fincarle responsabilidades penales y meterlo a la cárcel, una vez que se diera el relevo en el Poder Judicial. Gertz Manero se lo llevó a Sheinbaum a Palacio Nacional, donde comenzaron a analizar qué querían hacer con el empresario.
El modelo que tenían en la cabeza era Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, que fue detenido en 1996 por el gobierno de Ernesto Zedillo acusado de defraudación fiscal, y que pasó 10 horas preso en el Reclusorio Norte. Ealy Ortiz salió libre bajo fianza por un error de Hacienda en la integración del expediente, pero el objetivo estaba hecho: su fotografía tras la reja de la barandilla. Es lo que querían de Salinas Pliego, una fotografía tras las rejas.
Antes que pudieran siquiera tener diseñado el escenario penitenciario, descubrieron que meter a la cárcel al empresario no iba a ser fácil. No era un asunto de poder, que nadie tiene más que el Estado, sino que no había ningún documento firmado por él –a diferencia de Ealy Ortiz–, que podía servir para inculparlo. Todas las rutas legales terminaban en un responsable legal y no podían escalarlo, salvo truqueando el proceso.
La estrategia tuvo que modificarse, apurada por dos elementos: la entrevista con Fox News, que sí preocupa a la presidenta porque es la única televisora que ve Donald Trump –María Bartiromo que habló con Salinas Pliego, es quien ha entrevistado a las figuras más influyentes del gobierno, empezando por el presidente–, y el mensaje que publicó el empresario el viernes tras la exhibición de su documentación fiscal en Palacio Nacional, donde dijo que “atacarlo y calumniarlo” no resolvía nada, “mucho menos la confianza que los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan para seguir invirtiendo en el país”.
Los momentos parecieron un mensaje para Estados Unidos. Salinas Pliego ha desarrollado sólidas relaciones con altos funcionarios de la Administración Trump, y algunos lo ven como una alternativa para la Presidencia en 2030, por ser, como lo consideran en varios sectores en México, la figura pública antimorenista más potente y beligerante. Él mismo afirma que los ataques en su contra buscan evitar que materialice su candidatura.
Salinas Pliego le propuso a Sheinbaum una mesa de negociación para encontrar puntos de acuerdo y construir “soluciones justas”. Sheinbaum lo rechazó, pero como formato, no en el fondo. La instrucción no ha bajado aún. La Catrina Norteña, la cuenta más combativa de Ramírez Cuevas, apuntó: “aunque llore, patalee y se haga víctima en el extranjero, tendrá que pagar los 74 MIL MDP que debe en impuestos”.
Si poner la locomotora en reversa será difícil, ¿cómo explicar a la militancia y más allá, que lo que pagará Salinas Pliego posiblemente no llegue a la mitad de lo que reclamaron durante tanto tiempo? Políticamente será una derrota, aunque la disfracen de lo contrario. Pero Sheinbaum tiene demasiados fierros calientes en la estufa, muchos dejados por López Obrador, y es tiempo que empiece a enfriarlos.

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Ahora sí, Claudia Sheinbaum cumple hoy un año en la Presidencia. No parecen 365 días, sino una eternidad. Heredó el peso de la cuatroté, a un expresidente que no se ve pero se siente, una economía maltrecha, un país a merced de los cárteles a los que no ha podido contener ni frenar su nueva estrategia, una guerra entre criminales en Culiacán y la implosión en Morena por la corrupción y sus vínculos con el crimen organizado. Sheinbaum ha podido ver muy poco hacia delante porque trae sobre la espalda muchos encargos del pasado, que le impiden volar libremente y construir su sexenio.
Son tantos los problemas que le dejó Andrés Manuel López Obrador y agregan la runfla de sus cercanos, con excesos que lastiman al expresidente y la golpean a ella, que Sheinbaum ha tenido como una alta prioridad en este primer año evitar que la imagen de su mentor sea ultrajada por las revelaciones de las chapucerías de sus hijos mayores y de sus más cercanos. Sheinbaum no tiene todavía el poder que debería ejercer, y tiene que comerse sapos para mantener la cohesión del movimiento y la gobernabilidad. Pero será cuestión de semanas, estiman sus cercanos, que esperan que enero les traiga, en muchos sentidos, un nuevo día.
La presidenta gobierna en el filo de la navaja. En un extremo, la necesidad de mostrar que tiene un liderazgo propio, distinto, técnico y sereno. En el otro, la obligación de rendir tributo al hombre que la llevó al poder y que, aunque oficialmente retirado, no ha dejado de influir en cada respiro de la política nacional. El expresidente no está en Palacio Nacional, pero su sombra sí. Se filtra en las mañaneras, en los discursos y declaraciones, en los programas sociales y en la obediencia reverencial de gobernadores, legisladores y líderes de Morena que responden más al fundador de la cuatroté que a la presidenta.
Sheinbaum se sienta en la silla de Palacio Nacional que aún cruje con el peso de su antecesor. El equilibrio es de acróbata. Si Sheinbaum se inclina demasiado hacia la continuidad, corre el riesgo de ser vista como la administradora de un legado ajeno, una encargada que solo sostiene lo que otros construyeron. Si, por el contrario, intenta imponer un sello propio con demasiada fuerza, puede romper el delicado pacto con el obradorismo duro, que aún controla estructuras políticas, presupuestos y lealtades.
La dicotomía le causa sabores agridulces. En la última encuesta mensual de El Financiero este lunes, Sheinbaum se mantiene estable en su aprobación, con un poderosísimo 73% de aceptación, cinco puntos mejor de lo que alcanzó López Obrador en su primer año de gobierno. El jefe de encuestas del diario, Alejandro Moreno, explicó que el “factor clave” para mantener ese nivel fue su desempeño durante la ceremonia de El Grito, donde Sheinbaum, en efecto, hizo una conmemoración republicana e incluyente, contra las frivolidades y ocurrencias, las exclusiones y ausencia de visión de Estado de su antecesor.
No obstante, las herencias de López Obrador han cobrado facturas. La gente ya empezó a sentir el impacto de la mala economía que le dejó, que produjo una caída de cinco puntos en solo un mes sobre cómo la está manejando, y una caída drástica en la aprobación (53 por ciento) contra la que tenía en abril (74 por ciento). La corrupción que explotó en las entrañas del régimen en el último mes, aumentó sus negativos en 19 por ciento en 30 días, reprobando el 75 por ciento de los mexicanos la manera como está lidiando con ella. Es similar el tema de la seguridad, pese a los anuncios diarios de lo bien, afirman sus voceros, que lo están haciendo: 54 por ciento dicen que lo está haciendo mal, y 74 por ciento considera que el gran ganador es el crimen organizado.
En su primer año, Sheinbaum endureció el régimen y lo llevó al ideal que siempre quiso López Obrador: una economía centralizada, un poder vertical sin contrapesos, un Poder Judicial a modo, un Legislativo sometido, y la militarización de la seguridad, algo que solo hacen los gobiernos de derecha en el mundo, sigue intacta. Pero al mismo tiempo busca diferenciarse en el lenguaje: habla de medio ambiente, de mujeres, inversión privada y de transición tecnológica, que son temas que López Obrador nunca priorizó. No es ruptura, sino matices; no es una contrarrevolución, sino gestos calculados.
Sheinbaum está convencida ideológicamente que el proyecto de López Obrador es el correcto, por lo que su frase de “poner el segundo piso a la transformación” no es algo para tomar como un guiño a su mentor o propaganda. La presidenta cree ciegamente en él, aunque al mismo tiempo, el verdadero desafío que tiene para poder gobernar e ir construyendo el país que quiere heredar, es que López Obrador no ha desaparecido. Habla con ella de manera regular personal y telefónicamemte, envía mensajes, se hace presente. No gobierna, pero tampoco se ha ido. Mientras su sombra persista de forma tan extensa, el margen de maniobra de Sheinbaum será limitado, con la espada de Damocles de la revocación de mandato en 2027.
Gobernar bajo la sombra del antecesor es gobernar a medias. El poder no se comparte, porque no es poder, pero es su realidad. No puede sacudírselo. El desgaste que le produce la permanencia del senador Adán Augusto López como jefe de la bancada de Morena, al que no puede destituir, es el último ejemplo. Tener a cinco leales a su mentor, no a ella, dentro de las seis carteras estratégicas del gabinete, es otro. El primer año de Sheinbaum ha sido, en este sentido, un acto de equilibrio constante, un juego de funambulista donde cada movimiento está condicionado por el miedo a incomodarlo, a darle municiones a sus adversarios, o a caer en el abismo de la confrontación con quien sigue siendo el verdadero jefe político del movimiento.
Ese es el dilema de Sheinbaum al comenzar su segundo año de gobierno. O se atreve a caminar bajo el sol, con todos los costos que eso implica, o seguirá moviéndose en la penumbra de una sombra que no es la suya. El equilibrio puede darle oxígeno, pero terminará sin respirar. Puede darle tiempo, pero no destino.

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El senador Adán Augusto López Hernández anda muy orondo. Sigue soberbio y prepotente. En el Senado, sus colaboradores siguen su ejemplo. Se sienten poderosos. Intocables. Hasta ahora, lo son. Las ondas expansivas criminales que produjo la investigación sobre Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad en Tabasco cuando fue gobernador, las ha esquivado, como también las primeras revelaciones sobre una fortuna no aclarada. La tormenta, sin embargo, lo persigue, con investigaciones en México y Estados Unidos que lo colocan en el centro de presuntos delitos que involucran a familiares y cercanos.
En México, existen más de ocho horas de audios entre el entonces gobernador de Tabasco con sus colaboradores y operadores políticos donde mencionan los acuerdos con Bermúdez Requena y, en al menos dos, López Hernández habla directamente con su secretario de Seguridad sobre temas que no tienen que ver con los asuntos del gobierno, sino con presuntos ilícitos. Las grabaciones salieron del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, pero fueron enterradas por su exdirector, el general Audomaro Martínez, que fue quien primero impulsó a Bermúdez Requena.
En Estados Unidos, la investigación por los presuntos vínculos de López Hernández con el crimen organizado se remonta a 2021, cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, pero que incluye, de acuerdo con detalles a los que se ha tenido acceso, operaciones sospechosas con sus hermanos Melchor, que es notario público como él, y su hermana Rosalinda, a quien el expresidente Andrés Manuel López Obrador nombró jefa de Auditoría Fiscal del SAT al comienzo de su gobierno. Rosalinda murió por enfermedad en junio de 2024 en el departamento de su hermano Adán Augusto en las Galerías de Houston.
Las investigaciones de los servicios de inteligencia estadunidenses señalan una presunta operación de lavado de dinero mediante factureros, que entraron a los negocios a gran escala como relevos, en la medida que el gobierno de López Obrador iba eliminando a los factureros que habían trabajado con gobiernos anteriores. De acuerdo con los estadunidenses, Rosalinda dejaba asuntos en “tránsito” de evasión de impuestos o en litigio, que su hermano Melchor resolvía en las oficinas de la Auditoría del SAT en Guadalajara y León.
Desde ahí, según las investigaciones, Adán Augusto junto con su cuñado, el entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón –esposo de Rosalinda–, construyeron una red de financiamiento para nuevas empresas que fueron constituyendo durante el sexenio pasado, y que fue utilizada como matriz en el negocio del contrabando de combustible, llamado coloquialmente como huachicol fiscal, donde se cruzan con los hallazgos mexicanos. Escandón es actualmente cónsul en Miami, y durante su administración en Chiapas permitió, por omisión o comisión, la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el que Bermúdez Requena, a través de la organización criminal que encabezaba, La Barredora, se asoció. Esa incursión convirtió la frontera con Guatemala en una zona de guerra contra los cárteles de Sinaloa y de Chiapas-Guatemala.
Las investigaciones en los dos países tienen puntos de contacto que en ocasiones se empalman, pero corren por rutas separadas.
De acuerdo con las pesquisas estadunidenses, hay dos personas muy cercanas a López Hernández que son personas de interés para Washington. Uno es Óscar Palomera, un tabasqueño que fue secretario particular de Adán Augusto cuando fue secretario de Gobernación, a quien después hizo su suplente en el Senado al tiempo de hacerlo secretario general de Servicios Administrativos de la cámara alta, donde se controlan los recursos. El otro es José Antonio de la Vega Asmitia, que formó parte de su gabinete cuando fue gobernador de Tabasco, y un año después fue designado secretario de Gobierno. De la Vega Asimitia acompañó a López Hernández a la Ciudad de México cuando lo nombraron secretario de Gobernación, como su jefe de Oficina.
La investigación estadunidense presume que Palomera fue la persona responsable de la recolección de recursos, presuntamente de origen ilegal, derivada principalmente del contrabando de combustible en el sur, que articuló Bermúdez Requena para el Grupo Tabasco, que se vuelve a cruzar con el trabajo de inteligencia en México que coloca al general Martínez en el centro de esos presuntos negocios ilegales, que sirvieron en parte para financiar la campaña para la precandidatura presidencial de Morena de López Hernández.
De la Vega Asmitia, que hasta el momento está fuera del radar en las investigaciones en México, es una figura importante en la estructura presuntamente criminal de Adán Augusto que tienen los servicios de inteligencia estadunidenses. De la Vega Asmitia, compañero de López Hernández cuando estudiaron en la Sorbona en París, tenía entre sus funciones el ser el enlace del secretario de Gobernación con Héctor Melesio Cuén, que tenía a su cargo la relación política de Ismael El Mayo Zambada con el gobierno. Cuén, que fue el coordinador de la precampaña presidencial de Adán Augusto en Sinaloa, fue asesinado el año pasado en la misma operación en donde los estadunidenses capturaron a Zambada, y a Joaquín Guzmán López, y los sacaron clandestinamente de México.
Las redes presuntamente criminales de Adán Augusto, de acuerdo con las investigaciones en México y Estados Unidos, abarcan otros negocios y más operadores financieros y políticos estrechamente vinculados no solo con el gobierno de López Obrador, sino con sus tres hijos mayores. Su insistencia en mantenerse en la coordinación de los senadores ha provocado que se intensifiquen las investigaciones sobre sus negocios en México, que ha llevado a la creencia, de acuerdo con lo que ha trascendido, que para que el gobierno de Claudia Sheinbaum no se siga debilitando y la presidenta tampoco siga pagando el costo político de su nada circunspecta presencia en la arena pública, tendría que solicitar licencia. López Hernández está completamente reacio a hacerlo, al sentirse apoyado por López Obrador, como se planteó ayer en este espacio.
Públicamente, Sheinbaum sigue mostrando dos caras de la moneda de Adán Augusto. Lo respalda, y se retira un poco. Se intensifican las presiones domésticas, y vuelve a abrazarlo, como ayer en la mañanera, pese a las inconsistencias entre sus declaraciones fiscal y patrimonial, y el reducido pago de impuestos. En privado sigue expresando su molestia con el senador, pero como ayer, la semana pasada, y desde hace meses, no puede hacer nada.

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El senador Adán Augusto López se sabe protegido, razón por la cual ha enfrentado por semanas la presión de la presidenta Claudia Sheinbaum para que deje la coordinación de Morena en la Cámara alta y se vaya a una embajada. ¿Renunciar al cargo? “Se van a quedar con las ganas”, dijo el viernes. Ni Sheinbaum, ni un sector de Morena, ni la oposición, ni la prensa, ni Estados Unidos, que eso le demandan, han podido con él, porque lo sostiene su santo patrono: Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador no ha abandonado a Adán Augusto desde que estalló el escándalo de Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, desde donde construyó un imperio criminal en el sur del país. Funcionarios federales dijeron en su momento, que López Obrador le habló en ese entonces a la presidenta para que lo cuidara. Sheinbaum lo hizo, pero la realidad le fue achicando el espacio. En los últimos 10 días pareció soltarlo, por lo que el ex presidente volvió a la carga.
El martes pasado López Obrador salió de Palenque y viajó a la Ciudad de México, donde habló personalmente con personas muy cercanas a él, aunque no se sabe si una de ellas fue Adán Augusto. Lo que trascendió es que la presidenta recibió una llamada de López Obrador, que no fue nada agradable. Según la información que ha cruzado las capas herméticas con las que se manejan las conversaciones entre los dos, el expresidente elevó su exigencia: darle un carpetazo a todo lo que tenga que ver con el senador, porque al verse involucrado él y sus hijos en temas de corrupción, el daño es contra él.
Sheinbaum se encuentra en un dilema: o se embarca en una defensa del indefendible senador, o deja que corran las cosas, aunque esto le signifique más rispidez de lo que en este momento se encuentra su relación con el expresidente, a quien en público ha elogiado todos los días de una manera superlativa, como describió Amador Narcia el sábado en El Universal de manera puntual los discursos y mieles sobre su mentor durante la semana.
Los escándalos sobre Adán Augusto no van a detenerse. Al contrario. Hay tanta gente molesta dentro del gobierno, porque consideran que a quien está dañando su tozudez de no hacerse a un lado en el Senado, es a Sheinbaum, que está surgiendo información sobre sus andares, irregularidades y posibles ilegalidades en los medios. La última revelación la hizo N+ el jueves pasado en el noticiero En Punto, que documentó que el senador recibió 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024, que no presentó en sus declaraciones patrimoniales.
La presidenta, en otra muestra de su hartazgo con el senador, dijo el viernes cuando le preguntaron sobre ese exposé, que tendría que explicar, lo que hizo mañosamente Adán Augusto en una conferencia de prensa donde reconoció que había tenido esos ingresos, saliendo efímeramente del atolladero, aunque sigue en el hoyo. El senador presentó sus declaraciones fiscales sin desmontar el argumento central de la revelación periodística, que figuraba en otra declaración, la patrimonial, donde reportó únicamente siete millones de pesos de ingresos. La compulsa entre las dos declaraciones tiene serias inconsistencias.
La declaración fiscal ante el SAT es en marzo –aunque este año se amplió hasta mediados de abril–, mientras que las patrimoniales, ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se entregan en mayo. Ambas tienen que ser consistentes entre sí. La fortuna de 79 millones de pesos que amasó en 2023 y 2024 se hizo en sus últimos meses como secretario de Gobernación, su precampaña presidencial como corcholata, y su campaña para senador mientras coordinaba la de Sheinbaum.
El senador doble A se siente tan seguro que la impunidad lo blinda y que se saldrá con la suya, que ante la prensa admitió haber realizado trabajos privados mientras era funcionario o precandidato a la Presidencia, lo que es un claro conflicto de interés, que negó sin pudor alguno. Que una de las empresas que le pagaron sus servicios, GH Servicios Empresariales, haya sido señalada por el SAT como “fantasma” –además el correo electrónico de la empresa ante el SAT, es el mismo de contribuyente de Adán Augusto y de su hermano Melchor–, y otra, Operadora Turística Rabatte, fue contratista del gobierno de Tabasco cuando fue gobernador, como reveló la investigación de N+, también lo tiene sin cuidado.
El blindaje político de López Obrador se junta con la protección legal que tiene dentro del gobierno de Sheinbaum, donde ese tipo de irregularidades nunca fueron investigadas por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ni el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ni Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, revisaron las inconsistencias y los ingresos multimillonarios del senador. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tampoco.
Las murallas levantadas alrededor del senador son poderosas, encabezadas por López Obrador, que contra lo que dicen los apologistas del régimen, no ha dejado de influir y ejercer poder, aunque no se le vea la cara por ningún lado. Lo hizo la semana pasada, cuando en un cambio de estrategia viajó a la Ciudad de México para operar la defensa a ultranza del senador doble A y defender sus intereses personales. Sheinbaum, que ha dicho a personas de toda su confianza que está convencida que el expresidente no sabía ni tiene nada que ver con las andanzas oscuras de sus hijos o del senador, sigue sin poder forzar la salida de Adán Augusto del Senado.
No está sola. La acompañan las nuevas voces del régimen que exigen purgas en Morena para quitarle las disonancias y el descrédito gratuito a Sheinbaum, así como el ala radical cercana a López Obrador, que pensando en el expresidente y el daño que le están causando a su legado, también está pidiendo la cabeza del senador doble A. Lo único que no alcanzan a ver es que López Obrador sigue viendo que toda crítica a uno de sus cercanos, en realidad es contra él, que es algo que no puede permitir que nadie lo haga, ni siquiera la presidenta.

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La corrupción fue tan horizontal y tan focalizada en la nueva clase política y empresarial de la cuatroté, que pensamos que el fenómeno se focalizó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no tuvo una vida transexenal. No es así. Los favoritismos y las complicidades han continuado, con lo cual las sombras de nuevos actos de corrupción oscurecen el panorama que ha pintado la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los ejemplos es en el sector salud, donde las corruptelas, de acuerdo con fuentes de la industria, se mantienen volando alto.
Un botón de muestra, señalan, se encuentra en la licitación de pruebas del laboratorio sueco HemoCue, que son análisis rápidos y portátiles que miden el promedio de glucosa en la sangre durante los tres meses previos, que se utiliza para diagnosticar y controlar la diabetes, que recientemente se licitó. El concurso se abrió hace alrededor de tres meses y lo ganó Medica Teyco, que hizo la propuesta económica más elevada.
La licitación había sido convocada por el entonces director de Birmex, Iván Olmos, que no pudo ver su conclusión. En abril, Olmos y otros tres funcionarios fueron cesados en abril por la compra de medicamentos a sobreprecio en la licitación pública 2024-2025, por 13 mil millones de pesos, pero solo se revisó su pasado, no lo que había dejado pendiente, como este concurso.
Medica Teyco, que tenía antecedentes de incumplimientos con el Seguro Social y la Secretaría de la Defensa, una vez más no pudo entregar ninguna pieza de las que se comprometió, venciéndose su plazo de entrega. Conforme a las reglas establecidas, el contrato debió haberse entregado a la propuesta más económica, pero tampoco se hizo. Al cancelarse esa licitación debió haberse convocado un nuevo concurso, pero tampoco se siguieron las normas.
Fuentes de la industria dijeron que la Secretaría de Salud decidió hacer una adjudicación directa a dos empresas hermanas, Sistema Biomédicos de Diagnóstico, que atiende al sector público, y RQ Biomédica Mexicana, que hasta ahora solo se enfocaba al sector privado. De acuerdo con una fuente de la industria, lo que se busca es entregarles la clave completa de los medicamentos, lo que podrá corroborarse una vez que se anuncie oficialmente la asignación del contrato.
Dentro del sector hay una creciente molestia con Eduardo Clark, el subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum ha responsabilizado de las licitaciones para resolver el problema del desabasto de medicinas. La información que ha trascendido en el sector, que es muy hermético, es que no ha podido resolver el desabasto de medicinas, que ha provocado carencias en instituciones públicas y marchas por el incumplimiento de entrega de oncológicos en hospitales, en especial para niños.
En el sector ven que el nudo está en Clark, quien al ser el que recibe toda la información de los provedores, las marcas, el producto y el precio, para la toma de decisiones, controla todo el sistema de compras de medicamentos. El problema con el subsecretario, señalan, es que ha hecho un filtrado de claves únicas, de patentes o con ventajas competitivas, que despierta sospechas y, aseguran, afectan a la mayoría de las empresas del sector.
Las conjeturas se apoyan en que durante el gobierno de Sheinbaum, se ha notado una predilección por dos corporativos que encabezan Jack Landsmanas, Kosmos, y Aby Lijztain, Traxión, que cada vez tienen una mayor participación en el sector, que es la queja dentro del sector de las medicinas.
El primero, que tiene una larga relación personal con Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de López Obrador, y su empresa fue vetada por el expresidente por lo que calificó como una “mala reputación”, mientras que el segundo ha estado muy cerca del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ambos empresarios han ido adquiriendo una gran influencia en el actual régimen de la cuatroté.
Pese al veto de López Obrador, Kosmos –donde trabajó la actual secretaria de Energía, Luz Elena González– y Darobi, otra farmacéutica de Landsmanas, se convirtieron en parte del oligopoilio de las medicinas. Otro pilar de ese oligopolio fue Traxión, que a los tres meses de haber comprado una empresa experta en logística, Medistik, en 2022, obtuvo su primer contrato de distribución de medicamentos del Seguro Social.
La manera como el subsecretario se ha ido inclinando por esos dos corporativos ha puesto la mirada del sector en el subsecretario, a quien están cuestionando por el manejo de las licitaciones. La última, que fue una adjudicación directa que aún no se aprueba, es la que tiene que ver con el concurso que originalmente abrió Birmex, en donde destacan las pruebas de hemoglobina glicosada de la empresa HemoCue, que es un contrato de todas las claves por al menos mil 200 millones de pesos.
Las sospechas sobre la transparencia de los concursos para el abasto de los medicamentos y las puertas que se abren a posibles corruptelas, han sido expresadas en varios chats de ejecutivos de farmacéuticas, a los que se tuvo acceso, donde se habla de las instrucciones de Clark para otorgar la licitación de las pruebas portátiles para diabetes a Sistema Biomédicos de Diagnóstico, que atiende al sector público, y a RQ Biomédica Mexicana, así como presiones a los proveedores.
La información que circula en esos chats de ejecutivos del sector, plantea las dudas sobre las motivaciones para que, contrario a la ley, como aseguran, se estén manipulando concursos y adjudicándose de manera directa contratos multimillonarios, como se hizo en el gobierno pasado, donde laboratorios farmacéuticos que habían sido vetados del abasto de medicinas, terminaron suministrándolas a mayor precio.
La corrupción no ha sido erradicada. A la salida de Olmos y tres funcionarios de Birmex, Sheinbaum envió como director de la empresa del gobierno a Carlos Ulloa, una persona de toda su confianza desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, en las últimas licitaciones él ya tuvo participación, pero apoyó las irregularidades en el fallido concurso de las pruebas para la diabetes y la asignación directa que está en curso.

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El ocultamiento de las cosas es la marca de la casa del régimen obradorista. Minimizar los eventos de alto impacto, también. Normalizar la violencia es una táctica recurrente. Por eso, no extraña que imponer la narrativa que el ataque al vehículo donde viajaba el martes la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue para robarla, haya sido la línea que marcó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Sugirió que fue un intento de robo, aunque agregó que no se han descartado otras hipótesis. En robo se va a quedar, como lo ratificó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, Verónica Hernández, que al dar su reporte diario sobre la violencia, dijo que no había más información sobre ese hecho a lo informado en la víspera.
Casi 24 horas después de haberse efectuado, ¿no tenían nada? Entonces, la versión oficial del incidente con la nieta del gobernador señalado de estar vinculado al Cártel de Sinaloa –en guerra interna desde hace poco más de un año–, ¿significa que ni la autoridad estatal ni la federal, tienen la más remota idea de lo que sucedió? No es así. El ataque fue investigado, y la versión pública esconde la verdad, porque es más fuerte de lo que puedan manejar.
Según la versión del gobierno de Sinaloa, interceptaron la camioneta, iban a despojar a sus ocupantes de ella, se dio una balacera y hay dos heridos, escoltas de la menor. La secuencia de hechos está llena de hoyos. ¿En qué sustentaron que iban a despojarlos de la camioneta? ¿Por qué brincaron de la intercepción a una balacera sin más? Si la camioneta tenía balazos por todos lados y dejó un saldo de dos heridos, ¿por qué no hay ningún dato sobre los atacantes? No son incompetentes; no quieren revelar el fondo detrás del ataque.
Es cierto que en los últimos meses de la guerra interna del Cártel, el robo de vehículos ha aumentado de manera acelerada porque los recursos de las facciones en pugna, la mayiza y los chapitos, se han ido agotando, probablemente por el incremento de la calidad y letalidad del armamento que están utilizando en su lucha. Necesitan requisar vehículos, por lo que no se entiende que, si apoderarse de la camioneta era el objetivo, porqué la balacearon, como dice la versión oficial, y la dejaron inservible para sus fines inmediatos.
La prensa en Culiacán reportó que se dispararon armas de distintos calibres, pero la autoridad, tras los peritajes del incidente, selló la información. Es otro ocultamiento que esconde la verdad. No quieren que se ventile, en el contexto de un suceso que por su naturaleza atrapa la atención general, el trasfondo del ataque, ni el tipo de arsenal que están utilizando contra sus enemigos.
Como señala un experto, la potencia de sus pertrechos es superior a la que se utilizó en el culiacanazo en 2019, cuando doblegaron al Ejército, y a su armería han incorporado fusiles de asalto de .50 milímetros, que llaman “mata policías”, y armamento del Ejército que compraron o robaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No puede el gobierno federal admitir la gravedad que se está viviendo en Culiacán, donde se pelea también con drones, minas y coches-bomba, cuando el discurso presidencial es que la situación no es tan delicada como reflejan los medios la realidad. Tampoco puede aceptar de qué tamaño fue el desafío al Estado mexicano, que lleva a las inconsistencias de la versión y la cerrazón de información.
No se sabe si la camioneta donde viajaba la nieta de Rocha Moya estaba blindada o no. La hija del gobernador, presidenta del DIF estatal, suele moverse con discreción –como iba su hija– y sin un aparato de seguridad que llame la atención, pero en las condiciones que se viven en Culiacán y la delicada situación en la que se encuentra su padre, se puede argumentar que tendría que moverse en un vehículo blindado.
Los impactos de las balas no permiten tampoco tener certeza si se transportaba en un blindado o no. En el parabrisas hay siete disparos y uno solo, donde iba un escolta con las manos libres, que lo perforó. En el medallón se aprecian dos disparos y en un costado, en el asiento de atrás, a la altura de la cabeza, otros dos, que aparentemente no perforaron el vehículo. Se puede asumir que fue atacada desde tres posiciones diferentes en forma simultánea, que parece un operativo alejado de un presunto despojo. ¿A qué distancia se hicieron los disparos? Eso determinaría si fue un intento de robo, de secuestro o de asesinato.
La camioneta circulaba por un bulevar que tiene cámaras de seguridad. Las autoridades tampoco mostraron imágenes de los atacantes en su huida, la ruta del vehículo, o los vehículos que la interceptaron y atacaron, ni el número de ellos, desconociéndose también si la camioneta estaba siendo perseguida para cazarla. No atajaron las suspicacias mostrando la videograbación que enseñara la mecánica de la acción, porque la versión oficial, probablemente, no se sostendría y llevaría a nuevas conjeturas que debilitarían la línea presidencial de que se trató de un intento de robo.
El discurso impuesto desde Palacio Nacional, de acuerdo con funcionarios federales, no fue gratuito. La construcción del despojo se fortalecerá por la captura de al menos dos personas, a quienes culparán del ataque. Podrán haber participado efectivamente en la agresión, o ser chivos expiatorios, pero el gobierno mantendrá la distracción de las motivaciones reales, que tienen a la vista de todos, una clave: los balazos en la ventana de atrás y la forma como los tiros están alineados, sugieren manos expertas, que realizaron una acción con un objetivo, la menor. No se admitirá en público, pero este ataque tiene un precedente del que poco se supo, el intento de secuestrar a un familiar muy cercano a Rocha Moya hace dos semanas.
El ataque del martes se dio horas después de una reunión del gabinete de seguridad federal en Culiacán con el equipo de seguridad estatal, que integran militares que estuvieron en la Sección III del Ejército, responsable de operaciones, pero no hay conexión entre los dos eventos porque el mensaje solo llevaba un destinatario: el gobernador.

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La investigación federal sobre el huachicol fiscal, derivado del aseguramiento de un buque-tanque en Altamira que introdujo de contrabando diésel documentado como aceite para no pagar impuestos, sigue arrojando presuntos responsables del delito, pero con un giro inesperado: la vinculación de alrededor de 20 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las estructuras en la Armada y en Aduanas que participaron en los actos de corrupción y daños a la Nación.
Las investigaciones, que aún no han sido judicializadas, han logrado establecer que hasta el momento hay 53 marinos, varios de ellos del Alto Mando y algunos de ellos que se mantienen en activo, presuntamente involucrados en la red del huachicol fiscal, por el cual dos sobrinos políticos del ex secretario de la Marina, Rafael Ojeda, están sometidos a proceso, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, que se encuentra prófugo. De acuerdo con la información que ha trascendido, unos 45 marinos de diferentes rangos serán separados de sus cargos o les girarán órdenes de aprehensión.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que autorizó la operación para desmantelar la red de corrupción en Altamira en marzo, está viendo cómo el gabinete de seguridad ha ido avanzando en las investigaciones, verificando la información de inteligencia que han ido recabando, principalmente, la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, con insumos que les han proporcionado las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Aunque la orden de acabar la red de huachicol fiscal fue de Sheinbaum, se ha revelado que las presiones de diplomáticos de la Administración Trump acotaron sus márgenes de maniobra, que impidieron que se toparan los crímenes cometidos en los sobrinos políticos del almirante Ojeda, que era una estrategia para evitar la contaminación en la Secretaría de la Marina y, eventualmente, a la Presidencia de López Obrador.
El primer mensaje específico de Washington se lo dieron a la presidenta un mes antes, aproximadamente, de la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, cuando le dijeron que la Casa Blanca esperaba que cualquier acuerdo político que hubiera tenido con López Obrador, no significara un velo de impunidad para militantes de Morena. A lo largo de semanas, el interés principal se ha centrado en el senador Adán Augusto López, que ante la inacción de abrirle una carpeta de investigación en México e iniciarle un proceso para determinar su nivel de responsabilidad, provocó uno de los momentos más ríspidos en la reunión con Rubio, al considerar los estadunidenses que estaban buscando protegerlo.
Sheinbaum lo ha defendido en declaraciones, pero no ha sido lo mismo en privado, donde ha tenido encuentros ásperos con él, al tiempo de no haber frenado las investigaciones federales. Resultado de ellas, el caso del huachicol fiscal tomó un nuevo giro en las últimas semanas, de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, al encontrarse que alrededor de 20 personas que fueron colaboradores cercanos a López Obrador se encuentran vinculados a la red criminal de huachicol fiscal.
Algunos de los nombres son ampliamente conocidos, como el del senador López Hernández, y el del exadministrador de Aduanas y hoy secretario de Gobierno en el estado de México, Horacio Duarte, pero otros nunca habían sido incorporados en ninguna investigación previa, como el de Octavio Romero Oropeza, uno de los ideólogos de López Obrador en sus primeros años en la política en Tabasco, a quien nombró director de Pemex e impuso como director del Infonavit en el gobierno de Sheinbaum.
Las investigaciones incluyen al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en el sexenio de López Obrador, como secretario de Relaciones Exteriores, compró las pipas para abastecer combustible cuando en las primeras cuatro semanas de ese gobierno, el expresidente y Romero Oropeza provocaron desabasto de combustible. Junto con él figura, también por primera vez en una investigación de este calado, la actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que en la administración anterior inició como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, por donde pasó el análisis sobre las pipas y las asignaciones presupuestales extraordinarias para adquirirlas.
La información que ha trascendido no detalla las razones por las cuales están incorporados en el tema del huachicol fiscal, en donde aparecen, también de manera sorprendente, familiares de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tampoco se revelaron los nombres de los familiares, pero aparece un exfuncionario muy cercano a ella, Ricardo Peralta, que cuando una investigación sobre corrupción en Aduanas que realizó la Marina fue el preámbulo de su cese como administrador general, lo rescató como subsecretario. Peralta, que ha sido vinculado por las autoridades estadunidenses a una red de huachicol en Tamaulipas creada por el empresario Sergio Carmona, que aunque tiene vasos comunicantes con la del sur del país, es distinta a la red de los marinos.
La investigación sobre el huachicol fiscal se sigue profundizando, y la presidenta no la ha frenado. Constantemente tiene reuniones de actualización con los secretarios de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, sobre los cuales está descansando la parte previa a la judicialización, donde el caso lo lleva Alfredo Higuera, fiscal especializado en materia de Delincuencia Organizada.
Hasta ahora, el senador López Hernández es el político de Morena de mayor jerarquía señalado en las investigaciones, cuya presunta relación con el huachicol fiscal de los marinos se conecta con las imputaciones que existen en la Secretaría de la Defensa por su supuesto involucramiento en otras actividades criminales, que incluyen negocios ilícitos con combustible robado en Chiapas y Tabasco, que operaba su ex secretario de Seguridad en el estado, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en El Altiplano y bajo proceso por delincuencia organizada.
El huachicol, en sus modalidades fiscal y de robo de combustible, es un negocio ilegal que detonó durante el gobierno de López Obrador y se extendió más allá de su sexenio. Los sobrinos políticos del almirante Ojeda no son la cabeza de la hidra sino la puerta a la estructura de poder del obradorismo que está siendo exhibida y expuesta, pese al interés político del régimen para lograr que la bala hacia donde se dirige, nunca llegue.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

Si no hay cambios en lo programado, Hernán Bermúdez Requena se presentará este martes mediante una videoconferencia ante el juez de control en Villahermosa, que decidirá si lo vincula a proceso. Bermúdez Requena, acusado por la Fiscalía de Tabasco de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, es considerado el fundador y líder de la organización criminal La Barredora, que evolucionó a brazo ejecutor del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta ahí, todo bien. Pero, cómo explicar que, si su caso está bajo proceso en aquella ciudad, ¿se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, a 900 kilómetros de distancia? Hay dos criterios por los cuales un presunto criminal es enviado a una cárcel federal, su nivel de peligrosidad y posibilidad para que pueda fugarse. En este caso, se puede argumentar, además, que es por un asunto de seguridad, la suya, y de seguridad nacional, del gobierno.
Bermúdez Requena es la pieza fundamental en la estructura criminal que se construyó en el sur del país entre 2019 y 2024, cuando fue nombrado secretario de Seguridad de Tabasco por el gobernador Adán Augusto López Hernández, y que cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró secretario de Gobernación en agosto de 2021, fue ratificado por su sustituto, Carlos Merino. Sus relaciones, hacia arriba y hacia abajo, lo convierten en el eslabón entre las operaciones criminales y el poder político en Tabasco. El exfuncionario es un cabo suelto que, para muchos, probablemente, vale más muerto que vivo.
No deja mucho espacio a la interpretación la razón por la que Bermúdez Requena no llegó a Villahermosa procedente de Tapachula la semana pasada, tras ser deportado por el gobierno paraguayo, sino a El Altiplano. Encarcelar a una persona clave que puede determinar el rumbo de la investigación policial más importante de la historia mexicana en un penal que controlan desde hace años los grupos cercanos a López Obrador y a Hernández López, habría sido una irresponsabilidad, porque sus acciones, según las investigaciones, conectan con el andamiaje político-criminal que se fue armando de la mano de López Obrador en la Presidencia.
Para el exfuncionario tabasqueño, parafraseando al autor italiano Leonardo Sciascia, que ha escrito abundantemente sobre la mafia, la mejor forma de salvar la vida es diciendo todo lo que se sabe. “Si descubres algo, divúlgalo enseguida: es la única forma de protegerse. Incluso, si se trata de un secreto entre ustedes y la persona que se lo ha contado, no lo guarden más de una hora”, aconsejó en su obra Negro sobre Negro, que es más que pertinente en la realidad mexicana del momento.
En las condiciones actuales, lo mejor que podría hacer Bermúdez Requena para salvar su vida es declarar todo lo que sabe de los nexos políticos con el crimen organizado, en particular con el principal negocio ilícito que creció en el sexenio pasado: el huachicol. Debe saber que será condenado, con una probable sentencia que podría ser de más de 150 años de cárcel, porque al ser juzgado por crímenes de delincuencia organizada, no es sujeto a un criterio de oportunidad, a menos que la Fiscalía General encontrara una forma legal, como no acusándolo de ese delito para convertirlo en testigo cooperante.
Lo que pueda decir, si realmente cuenta lo que sabe ante el ministerio público, sería una bomba nuclear en el corazón del Grupo Tabasco que encabeza públicamente Hernández López, actual coordinador de Morena en el Senado. Pero no se detiene ahí. De acuerdo con investigaciones en México y Estados Unidos, las ramificaciones suben hasta López Obrador, quien supo de las relaciones de Bermúdez Requena con el crimen organizado, al menos desde 2019, cuando información de inteligencia de la Secretaría de la Defensa encontró los nexos de Bermúdez Requena con La Barredora y sus vínculos con la delincuencia organizada, de la misma forma como revelaron que el entonces gobernador daba órdenes y protección al crimen organizado.
Hernández López ha dicho reiteradamente que nunca supo lo que hacía su secretario de Seguridad, pero los informes de inteligencia militar lo desmienten. López Obrador defendió a Bermúdez Requena cuando la prensa difundió en 2022 los reportes militares que fueron hackeados por el grupo Guacamaya –que este año el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, confirmó su autenticidad–, alegando que era mentira y que solo buscaban desacreditar a su gobierno. El expresidente nunca hizo nada por combatir la narcopolítica que le estaban revelando los informes de inteligencia de la dependencia en la que más confiaba, ni tomó acciones para impedir las actividades criminales. Al contrario, invitó a Hernández López a despachar en Bucareli y le delegó todo el manejo de la política interna.
Las investigaciones de los fiscales y las agencias de inteligencia estadunidenses tienen perfectamente mapeado lo que llaman “la economía criminal alterna” que se construyó bajo la Presidencia de López Obrador, donde Hernández López es una de las tres principales cabezas de la estructura que tienen documentada, en donde el principal negocio ilícito en la línea que conecta al senador con La Barredora y con su jefe político, es el huachicol en Chiapas y Tabasco.
Este negocio incluyó, según los informes de inteligencia militar, la participación clave del exsecretario, que tenía bajo su cargo la logística del abastecimiento de combustible, desde donde tejió un segundo piso para las actividades ilícitas de policías municipales y estatales de Tabasco y Veracruz, que protegieron el robo de hidrocarburos de la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos que paradójicamente más impulsó López Obrador, y su traslado a Cadereyta, Nuevo León, para de ahí enviarlo a Altamira, Tamaulipas, y a Guaymas, Sonora, donde comenzó la investigación que llevó al aseguramiento en marzo de un buque que transportó diésel introducido como aceite, para no pagar impuestos.
Cuidar a Bermúdez Requena es un imperativo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, más allá de sus lealtades. En las últimas líneas de su libro, Sciascia escribe que el título, “aparte de un alegato burlón contra la acusación de pesimismo que tan a menudo pesa sobre el autor, es la formulación explícita de un programa: hay que proyectar la negra escritura sobre la página negra de la realidad”. Justo lo que estamos viviendo.

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Dos narrativas públicas están enfrentándose todos los días: la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a vuelo de pájaro dice que de todos los funcionarios que señalan en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico no existen pruebas en México, y la de Washington, que dice todo lo contrario. En sus reuniones privadas con funcionarios estadunidenses, la presidenta ha expresado lo que afirma en público, pero en privado, los emisarios de Donald Trump le han replicado: sí tenemos evidencias.
Sheinbaum no es crédula a todo lo que dicen los enviados estadunidenses, lo que es correcto, pero cada vez la acorralan más. La última presión fue durante la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Palacio Nacional, donde el tema predominante fue la narcopolítica. Rubio le entregó una relación de nombres de políticos y funcionarios de Morena que fueron entregados en México al gobierno estadunidense, que la revisó y verificó sus presuntos lazos con el crimen organizado, acotando el número a 55.
La Administración Trump entregó primero una lista de 300 nombres, y además de políticos y funcionarios de Morena, había de otros partidos, así como empresarios, artistas y deportistas. En julio enviaron un mensaje a través de un alto funcionario mexicano que estuvo en pláticas bilaterales en Washington, con una relación de 12 nombres, dos generales –uno en activo–, tres gobernadores, dos miembros del gabinete y uno de los líderes de Morena. La última, de 55 nombres, llevaba el mismo mensaje: que les abran carpetas de investigación y los procesen. Si no lo hace México, ha sido la advertencia sistemática, lo hará el Departamento de Justicia.
En varias reuniones con diversos funcionarios estadunidenses –una buena parte de ellas no se han hecho públicas–, la presidenta ha espetado a sus interlocutores, señalándoles la falta de pruebas. Las respuestas, particularmente en dos casos, el de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, por el tema de La Barredora y sus presuntos vínculos criminales en el sur del país –que es la información que afirman tener–, y el de Manuel Bartlett, muy cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y a quien quieren que México lo expulse para llevarlo a la justicia por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, atravesaron por momentos álgidos y ríspidos al ser planteados durante diferentes visitas.
La presidenta respondió casi mecánicamente cuando le pidieron que actuara en contra de ellos, que no había pruebas. La respuesta fue tajante: ellos, los estadunidenses, sí las tienen. Su negación, por defensa institucional, por precaución o porque no alcanza a comprender lo que le están diciendo, es metódica. Lo hizo el viernes con la diputada de Morena, ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, a quien el Departamento del Tesoro le congeló sus cuentas por estar relacionada con la facción de Ismael El Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa. Lo hizo en la víspera con el senador López Hernández. Antes exculpó al ex jefe de Oficina de López Obrador, Alfonso Romo, cuando acusaron a su empresa de lavar dinero para el narco, y previamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, cuando le cancelaron la visa.
Sheinbaum suele reconocer en diversos temas que no tiene información de lo que está sucediendo y le están preguntando en la mañanera, y promete que la va a pedir. En algunos casos de narcopolítica, hay nombres que sus colaboradores más confiables le han mencionado por sus presuntos vínculos criminales. No obstante, ha decidido no actuar contra ellos, provocando que las presiones de los estadunidenses en casos específicos, vayan en aumento.
Los últimos nombres que volvieron a surgir en algunas de las conversaciones de funcionarios de ambos países, son los gobernadores Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Américo Villarreal de Tamaulipas y, por primera vez, Evelyn Salgado, de Guerrero. Los dos primeros están imputados en un caso federal en San Antonio ligados a Sergio Carmona, el empresario que, según sus investigaciones, financió con dinero del huachicol ocho campañas de Morena a gubernaturas en 2021.
La presidenta ha sido ambivalente con los estadunidenses, lo que probablemente a veces los desconcierta. Por ejemplo, durante la reunión con Rubio, el canciller estadunidense volvió a expresar la preocupación de su gobierno por el enorme poder que le han dado a las Fuerzas Armadas en tareas civiles, y que al ser puestas al frente de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada, se generaban los incentivos suficientes para que se corrompieran. Días después, estalló el escándalo del huachicol administrado por altos mandos de la Marina, y la semana pasada, Sheinbaum insistió en que se mantendrían las Fuerzas Armadas realizando las encomiendas que les dio López Obrador.
No obstante, los estadunidenses siguen respaldándola y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Del resto del gabinete, aunque tengan una relación fluida con sus contrapartes en Washington, la confianza es relativa. Hay dudas, como de manera indirecta expresó Rubio durante su encuentro, que Sheinbaum tenga la fuerza interna para poder llevar a cabo la depuración de la narcopolítica mexicana, por lo que sus planes unilaterales continúan.
Este fin de semana, dos informaciones inquietantes para la presumida soberanía mexicana, fueron filtradas a la prensa estadunidense. The Washington Post reveló que la DEA –a la que Sheinbaum descalificó y dijo que había perdido poder–, ha presionado al presidente Trump para que realice ataquen quirúrgicos contra los cárteles mexicanos y su infraestructura criminal, una idea que no fue rechazado por temeraria, sino por las implicaciones legales que tendría. The New York Times reveló, por su parte, que está circulando el borrador de un proyecto de ley preparado por republicanos en el Capitolio, que le daría la autoridad a Trump para matar –literalmente, matar–, a los miembros de los cárteles denominados “terroristas” –seis de ellos mexicanos– y atacar a cualquier país que los albergue.
Los planes de acciones unilaterales contra el crimen organizado no han cesado en Washington y México está en el centro de sus eventuales acciones. Es una nueva presión pública contra Sheinbaum, que está viendo cómo unas de las advertencias que se la han manifestado a lo largo de este semestre, se están concretando.

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¿A quién le pidió la presidenta Claudia Sheinbaum investigar quién presentó los amparos promovidos presuntamente a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán para que se suspendieran, en caso de existir, acciones penales en su contra? Su pregunta fue retórica, porque el gobierno no puede actuar en defensa de ciudadanos sin representación oficial, salvo que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentaran una denuncia ante el Ministerio Público federal –que no han hecho. No obstante, la presidenta insistió: “Tiene que saberse quién puso estos amparos y porqué”.
Los amparos presentados en nombre de los hijos del presidente emérito generaron una encendida discusión pública, donde la presidenta, por su misma investidura, ocupó el centro del debate. “Es parte de la campaña de calumnias”, agregó la presidenta, que tiene como objetivo, subrayó, desacreditar a López Obrador. La difusión de los amparos no fueron calumnias, porque son verdaderos; lo que no se sabe es quiénes realmente los promovieron. Decir que buscaban desacreditar a su mentor, es ignorar deliberadamente que la realidad sobre la corrupción y relaciones con el crimen organizado en su administración, que al estar siendo documentada por el actual gobierno, es lo que está arrancando a pedazos la credibilidad y honestidad de su antecesor.
Lo que es cierto es que en el contexto de las investigaciones sobre actividades criminales de personas que estuvieron muy cerca de los principales colaboradores de López Obrador, la revelación de la existencia de tres amparos en donde figuran sus tres hijos mayores, Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo, navegan en el imaginario colectivo y, como solía decir su padre, quizás no los manche, pero sí los tizna. El impacto negativo que tuvo la difusión de los amparos en los López Beltrán, tiene que ver con la verosimilitud sobre sus actividades empresariales durante el sexenio de su gobierno, algunas de ellas, como revelaron investigaciones periodísticas, ilegítimas y bordeando en la ilegalidad.
Los amparos, que fueron presentados de manera coordinada el 16 de septiembre, un día inhábil en los juzgados, cuando las guardias solo reciben casos delicados que requieren atención inmediata sin necesidad de la firma de los involucrados, revelan una acción sofisticada sin fallas, realizada o asesorada por personas con amplio conocimiento de cómo funciona el poder judicial, y cómo los juzgadores, ante el reclamo de actos de incomunicación, desaparición forzada y tortura, como dicen los presentados en la Ciudad de México y Zacatecas a favor de Andrés Manuel y Gonzalo, tenían que actuar de inmediato y otorgar un plazo de tres días para que quienes lo hubieran solicitado, incluso a través de terceras personas, los ratificaran.
Quienes los promovieron –los hijos de López Obrador y el abogado Francisco Rodríguez Smith MacDonald, cuyo nombre aparece como el promovente en los juzgados de la Ciudad de México y Zacatecas, desmintieron haberlos presentado–, escogieron juzgados federales y locales –como en el caso de Villahermosa, donde se presentó el amparo en nombre de José Ramón–, para darle una mayor competencia, subrayando de esa forma el caso en cuestión, la investigación sobre el huachicol fiscal en donde aparecen imputados dos de los hijos del expresidente.
Al menos uno de los amparos, el presentado en Zacatecas que fue difundido públicamente, incluye los nombres de 14 personas implicadas en la investigación sobre el huachicol fiscal además de los hijos del expresidente, pero con un elemento totalmente atípico: los nombres de Roberto Blanco Cantú, señalado como dueño de Mefra Fletes, la empresa donde presuntamente se almacenaron los millones de litros de diésel que ingresaron de contrabando por el puerto industrial de Altamira, y Diana Heleyn Foullon Gómez, hija del exsubsecretario de la Defensa y director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, general André Georges Foullon Van Lissum, fueron acompañados de sus apodos, “El Señor de los Buques” y “Lady D”.
De acuerdo con dos experimentados penalistas, la incorporación de sus apodos revela que quien promovió los amparos no los tenía como clientes, porque hacerlo equivale a criminalizarlos en automático. Adicionalmente, los nombres de Andrés Manuel y Gonzalo quedaron asociados en dos amparos con el del abogado Rodríguez Smith MacDonald –que negó conocerlos–, que defendió a una de las figuras de la vieja aristocracia criminal, Rafael Caro Quintero, con lo cual se remachaba subliminalmente en la cabeza de la gente, la relación López Obrador-narcotráfico.
El amparo promovido en Zacatecas mostró a toda una presunta célula criminal, como podría englobarse a las 16 personas incluidas en ese recurso, cuyos nombres han sido mencionados en los medios, que han citado expedientes oficiales de la investigación sobre el huachicol. El mensaje que se envió con este agrupamiento sería incriminatorio: sí son conocidos, sí actuaron en coordinación, sí están buscando protección como grupo, porque formaban parte de una misma organización.
En la prensa se sugirió que había sido un amparo “buscador”, un recurso que se utiliza para que una persona sepa si existe una investigación en su contra, que fue la hipótesis que se alimentó por la tardanza con la que Andrés Manuel López Beltrán desmintió haber pedido un amparo, siete horas entre la revelación de su existencia y su carta en Instagram.
¿Quién promovió los amparos? Hay varias hipótesis. Una retoma las afirmaciones de Sheinbaum, es el interés por fijar en la conciencia nacional que López Obrador, a través de sus hijos, participó de actividades criminales. Otra es que se trata de un mensaje para exigirles, con una amenaza pública, la omertá. La última, por la forma conocedora de los vericuetos judiciales que se libraron sin problema para que se aceptaran los amparos y generaran un escándalo político, es el de un cobro de facturas dentro del Poder Judicial contra el expresidente que impuso la reforma judicial.
Ciertamente, como dijo Sheinbaum, se tiene que investigar el origen de los amparos, porque el impacto político sobre el obradorismo radical es profundo, y que al combinarse con las investigaciones del gobierno, han desestabilizado al núcleo duro del expresidente. La presidenta se maneja en un frágil equilibrio: le conviene que se siga debilitando el ala pura de la cuatroté, pero sin llegar a que la consideren una traidora, como algunos lo han comenzado a hacer, y busquen la revocación de su mandato.

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