Dos narrativas públicas están enfrentándose todos los días: la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a vuelo de pájaro dice que de todos los funcionarios que señalan en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico no existen pruebas en México, y la de Washington, que dice todo lo contrario. En sus reuniones privadas con funcionarios estadunidenses, la presidenta ha expresado lo que afirma en público, pero en privado, los emisarios de Donald Trump le han replicado: sí tenemos evidencias.
Sheinbaum no es crédula a todo lo que dicen los enviados estadunidenses, lo que es correcto, pero cada vez la acorralan más. La última presión fue durante la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Palacio Nacional, donde el tema predominante fue la narcopolítica. Rubio le entregó una relación de nombres de políticos y funcionarios de Morena que fueron entregados en México al gobierno estadunidense, que la revisó y verificó sus presuntos lazos con el crimen organizado, acotando el número a 55.
La Administración Trump entregó primero una lista de 300 nombres, y además de políticos y funcionarios de Morena, había de otros partidos, así como empresarios, artistas y deportistas. En julio enviaron un mensaje a través de un alto funcionario mexicano que estuvo en pláticas bilaterales en Washington, con una relación de 12 nombres, dos generales –uno en activo–, tres gobernadores, dos miembros del gabinete y uno de los líderes de Morena. La última, de 55 nombres, llevaba el mismo mensaje: que les abran carpetas de investigación y los procesen. Si no lo hace México, ha sido la advertencia sistemática, lo hará el Departamento de Justicia.
En varias reuniones con diversos funcionarios estadunidenses –una buena parte de ellas no se han hecho públicas–, la presidenta ha espetado a sus interlocutores, señalándoles la falta de pruebas. Las respuestas, particularmente en dos casos, el de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, por el tema de La Barredora y sus presuntos vínculos criminales en el sur del país –que es la información que afirman tener–, y el de Manuel Bartlett, muy cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y a quien quieren que México lo expulse para llevarlo a la justicia por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, atravesaron por momentos álgidos y ríspidos al ser planteados durante diferentes visitas.
La presidenta respondió casi mecánicamente cuando le pidieron que actuara en contra de ellos, que no había pruebas. La respuesta fue tajante: ellos, los estadunidenses, sí las tienen. Su negación, por defensa institucional, por precaución o porque no alcanza a comprender lo que le están diciendo, es metódica. Lo hizo el viernes con la diputada de Morena, ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, a quien el Departamento del Tesoro le congeló sus cuentas por estar relacionada con la facción de Ismael El Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa. Lo hizo en la víspera con el senador López Hernández. Antes exculpó al ex jefe de Oficina de López Obrador, Alfonso Romo, cuando acusaron a su empresa de lavar dinero para el narco, y previamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, cuando le cancelaron la visa.
Sheinbaum suele reconocer en diversos temas que no tiene información de lo que está sucediendo y le están preguntando en la mañanera, y promete que la va a pedir. En algunos casos de narcopolítica, hay nombres que sus colaboradores más confiables le han mencionado por sus presuntos vínculos criminales. No obstante, ha decidido no actuar contra ellos, provocando que las presiones de los estadunidenses en casos específicos, vayan en aumento.
Los últimos nombres que volvieron a surgir en algunas de las conversaciones de funcionarios de ambos países, son los gobernadores Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Américo Villarreal de Tamaulipas y, por primera vez, Evelyn Salgado, de Guerrero. Los dos primeros están imputados en un caso federal en San Antonio ligados a Sergio Carmona, el empresario que, según sus investigaciones, financió con dinero del huachicol ocho campañas de Morena a gubernaturas en 2021.
La presidenta ha sido ambivalente con los estadunidenses, lo que probablemente a veces los desconcierta. Por ejemplo, durante la reunión con Rubio, el canciller estadunidense volvió a expresar la preocupación de su gobierno por el enorme poder que le han dado a las Fuerzas Armadas en tareas civiles, y que al ser puestas al frente de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada, se generaban los incentivos suficientes para que se corrompieran. Días después, estalló el escándalo del huachicol administrado por altos mandos de la Marina, y la semana pasada, Sheinbaum insistió en que se mantendrían las Fuerzas Armadas realizando las encomiendas que les dio López Obrador.
No obstante, los estadunidenses siguen respaldándola y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Del resto del gabinete, aunque tengan una relación fluida con sus contrapartes en Washington, la confianza es relativa. Hay dudas, como de manera indirecta expresó Rubio durante su encuentro, que Sheinbaum tenga la fuerza interna para poder llevar a cabo la depuración de la narcopolítica mexicana, por lo que sus planes unilaterales continúan.
Este fin de semana, dos informaciones inquietantes para la presumida soberanía mexicana, fueron filtradas a la prensa estadunidense. The Washington Post reveló que la DEA –a la que Sheinbaum descalificó y dijo que había perdido poder–, ha presionado al presidente Trump para que realice ataquen quirúrgicos contra los cárteles mexicanos y su infraestructura criminal, una idea que no fue rechazado por temeraria, sino por las implicaciones legales que tendría. The New York Times reveló, por su parte, que está circulando el borrador de un proyecto de ley preparado por republicanos en el Capitolio, que le daría la autoridad a Trump para matar –literalmente, matar–, a los miembros de los cárteles denominados “terroristas” –seis de ellos mexicanos– y atacar a cualquier país que los albergue.
Los planes de acciones unilaterales contra el crimen organizado no han cesado en Washington y México está en el centro de sus eventuales acciones. Es una nueva presión pública contra Sheinbaum, que está viendo cómo unas de las advertencias que se la han manifestado a lo largo de este semestre, se están concretando.

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¿A quién le pidió la presidenta Claudia Sheinbaum investigar quién presentó los amparos promovidos presuntamente a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán para que se suspendieran, en caso de existir, acciones penales en su contra? Su pregunta fue retórica, porque el gobierno no puede actuar en defensa de ciudadanos sin representación oficial, salvo que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentaran una denuncia ante el Ministerio Público federal –que no han hecho. No obstante, la presidenta insistió: “Tiene que saberse quién puso estos amparos y porqué”.
Los amparos presentados en nombre de los hijos del presidente emérito generaron una encendida discusión pública, donde la presidenta, por su misma investidura, ocupó el centro del debate. “Es parte de la campaña de calumnias”, agregó la presidenta, que tiene como objetivo, subrayó, desacreditar a López Obrador. La difusión de los amparos no fueron calumnias, porque son verdaderos; lo que no se sabe es quiénes realmente los promovieron. Decir que buscaban desacreditar a su mentor, es ignorar deliberadamente que la realidad sobre la corrupción y relaciones con el crimen organizado en su administración, que al estar siendo documentada por el actual gobierno, es lo que está arrancando a pedazos la credibilidad y honestidad de su antecesor.
Lo que es cierto es que en el contexto de las investigaciones sobre actividades criminales de personas que estuvieron muy cerca de los principales colaboradores de López Obrador, la revelación de la existencia de tres amparos en donde figuran sus tres hijos mayores, Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo, navegan en el imaginario colectivo y, como solía decir su padre, quizás no los manche, pero sí los tizna. El impacto negativo que tuvo la difusión de los amparos en los López Beltrán, tiene que ver con la verosimilitud sobre sus actividades empresariales durante el sexenio de su gobierno, algunas de ellas, como revelaron investigaciones periodísticas, ilegítimas y bordeando en la ilegalidad.
Los amparos, que fueron presentados de manera coordinada el 16 de septiembre, un día inhábil en los juzgados, cuando las guardias solo reciben casos delicados que requieren atención inmediata sin necesidad de la firma de los involucrados, revelan una acción sofisticada sin fallas, realizada o asesorada por personas con amplio conocimiento de cómo funciona el poder judicial, y cómo los juzgadores, ante el reclamo de actos de incomunicación, desaparición forzada y tortura, como dicen los presentados en la Ciudad de México y Zacatecas a favor de Andrés Manuel y Gonzalo, tenían que actuar de inmediato y otorgar un plazo de tres días para que quienes lo hubieran solicitado, incluso a través de terceras personas, los ratificaran.
Quienes los promovieron –los hijos de López Obrador y el abogado Francisco Rodríguez Smith MacDonald, cuyo nombre aparece como el promovente en los juzgados de la Ciudad de México y Zacatecas, desmintieron haberlos presentado–, escogieron juzgados federales y locales –como en el caso de Villahermosa, donde se presentó el amparo en nombre de José Ramón–, para darle una mayor competencia, subrayando de esa forma el caso en cuestión, la investigación sobre el huachicol fiscal en donde aparecen imputados dos de los hijos del expresidente.
Al menos uno de los amparos, el presentado en Zacatecas que fue difundido públicamente, incluye los nombres de 14 personas implicadas en la investigación sobre el huachicol fiscal además de los hijos del expresidente, pero con un elemento totalmente atípico: los nombres de Roberto Blanco Cantú, señalado como dueño de Mefra Fletes, la empresa donde presuntamente se almacenaron los millones de litros de diésel que ingresaron de contrabando por el puerto industrial de Altamira, y Diana Heleyn Foullon Gómez, hija del exsubsecretario de la Defensa y director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, general André Georges Foullon Van Lissum, fueron acompañados de sus apodos, “El Señor de los Buques” y “Lady D”.
De acuerdo con dos experimentados penalistas, la incorporación de sus apodos revela que quien promovió los amparos no los tenía como clientes, porque hacerlo equivale a criminalizarlos en automático. Adicionalmente, los nombres de Andrés Manuel y Gonzalo quedaron asociados en dos amparos con el del abogado Rodríguez Smith MacDonald –que negó conocerlos–, que defendió a una de las figuras de la vieja aristocracia criminal, Rafael Caro Quintero, con lo cual se remachaba subliminalmente en la cabeza de la gente, la relación López Obrador-narcotráfico.
El amparo promovido en Zacatecas mostró a toda una presunta célula criminal, como podría englobarse a las 16 personas incluidas en ese recurso, cuyos nombres han sido mencionados en los medios, que han citado expedientes oficiales de la investigación sobre el huachicol. El mensaje que se envió con este agrupamiento sería incriminatorio: sí son conocidos, sí actuaron en coordinación, sí están buscando protección como grupo, porque formaban parte de una misma organización.
En la prensa se sugirió que había sido un amparo “buscador”, un recurso que se utiliza para que una persona sepa si existe una investigación en su contra, que fue la hipótesis que se alimentó por la tardanza con la que Andrés Manuel López Beltrán desmintió haber pedido un amparo, siete horas entre la revelación de su existencia y su carta en Instagram.
¿Quién promovió los amparos? Hay varias hipótesis. Una retoma las afirmaciones de Sheinbaum, es el interés por fijar en la conciencia nacional que López Obrador, a través de sus hijos, participó de actividades criminales. Otra es que se trata de un mensaje para exigirles, con una amenaza pública, la omertá. La última, por la forma conocedora de los vericuetos judiciales que se libraron sin problema para que se aceptaran los amparos y generaran un escándalo político, es el de un cobro de facturas dentro del Poder Judicial contra el expresidente que impuso la reforma judicial.
Ciertamente, como dijo Sheinbaum, se tiene que investigar el origen de los amparos, porque el impacto político sobre el obradorismo radical es profundo, y que al combinarse con las investigaciones del gobierno, han desestabilizado al núcleo duro del expresidente. La presidenta se maneja en un frágil equilibrio: le conviene que se siga debilitando el ala pura de la cuatroté, pero sin llegar a que la consideren una traidora, como algunos lo han comenzado a hacer, y busquen la revocación de su mandato.

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La narrativa que impulsó Andrés Manuel López Obrador durante su Presidencia que sostenía que había acabado con el huachicol, está colapsando, mientras que en Palacio Nacional la temperatura está subiendo porque no logran enfriar el escándalo en la Marina, que se ha convertido en una prueba del fracaso del expresidente al caerse sus mentiras, y una de ácido para la presidenta Claudia Sheinbaum, que es el termómetro de la crisis que se vive en su oficina, porque la investigación sobre la corrupción pega no solo en altos mandos de la Marina, sino también salpica a dos hijos de López Obrador, a quien trata de cuidar.
Hace dos martes, en medio del escándalo por la participación de dos altos mandos de la Marina, sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda, Sheinbaum perdió el temple y regañó a un reportero por el fraseo de una pregunta donde sugería mano negra por la extraña muerte de dos marinos –todavía no aclaradas–, cuyo contexto era la implosión en la Armada. Al terminar la mañanera de ese día, reprendió con violencia oral a su coordinador de asesores y estratega de comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, porque no había podido parar el tsunami de información negativa contra el régimen, y le ordenó una ofensiva digital para contrarrestar las críticas que, dicho sea de paso, fue masiva y rabiosa.
Pero lo más importante de ese día vino después. La presidenta convocó a una reunión de urgencia para enfrentar la crisis que había colocado cargas de profundidad en la Marina, donde estuvo su mano derecha, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, representantes de la Armada, de la Defensa Nacional, así como Ramírez Cuevas y el jefe de Oficina, Lázaro Cárdenas, que fue quien recomendó al almirante Ojeda con el entonces presidente electo López Obrador para el cargo de secretario, porque llenaba el perfil que buscaba: no pertenecer a ningún grupo. El hecho que sus sobrinos políticos fueran oficiales de la Marina, no le importó; el conflicto de interés nunca le causó preocupación ni le generó alertas.
La reunión en Palacio Nacional fue para trazar una estrategia que contuviera los daños a la Marina, que durante años fue la institución militar más confiable para el gobierno mexicano, y la única que mantuvo siempre un fluido intercambio de inteligencia con Estados Unidos en materia de crimen organizado. Una secuela de la estrategia, al parecer, fue el durísimo discurso del secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, el martes en el marco del desfile militar del 16 de septiembre. El almirante reconoció las frutas podridas en la Secretaría, pero subrayó que comenzaron a cortarlas desde adentro, sugiriendo que la institución se mantenía limpia.
El cabo suelto en esta ecuación es el almirante Ojeda, que tenía todo el respaldo de López Obrador, pero fue negligente en los asuntos internos, como ha dejado ver la investigación sobre sus sobrinos políticos, a quienes, de acuerdo con personas que vieron su gestión en la Secretaría, los dejó hacer lo que quisieran hasta el año pasado cuando tardíamente quiso ponerles freno. Al no poder con ellos, intentó manejar su sucesión para tener quién le cuidara las espaldas.
Ojeda actuó de manera violenta contra almirantes que habían sido sus adversarios en la lucha por el cargo, para evitar tener contrapesos dentro de la Secretaría. Uno fue el almirante José Luis Vergara, la primera opción institucional para el cargo, a quien envió como agregado naval a la India. El otro fue el almirante Marco Antonio Siu, jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales que persiguió y capturó a Joaquín El Chapo Guzmán en 2015, a quien investigó en secreto para acusarlo de una presunta desaparición forzada en Guanajuato en 2018. Ambos almirantes son muy cercanos del exsecretario Vidal Soberón, quien se opuso al nombramiento de Ojeda.
El candidato de Ojeda para que lo relevara era el subsecretario almirante José Luis Arellano Ruiz, cuyo secretario particular era el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los dos sobrinos políticos del exsecretario, que ya se encuentra preso. Arellano Ruiz fue descarrilado en el camino y jubilado antes de que se decidiera la sucesión en la Marina, con lo cual se quedó sin posibilidades de blindarse. La única apuesta que tenía Ojeda con el gobierno entrante era García Harfuch, a quien conoció en Guerrero; él como comandante de la 8ª Región Naval en Acapulco, y el secretario como delegado de la Policía Federal en Guerrero.
La relación no le alcanzó cuando comenzaron a salir los vínculos de sus sobrinos políticos con el huachicol fiscal y probables delitos de delincuencia organizada en las aduanas. Tampoco podía contar con el apoyo del secretario Morales, porque su relación con él nunca estuvo en buenos términos. Aun así, por el daño que el escándalo de sus sobrinos políticos estaba causando a la institución, se trató de blindarlo públicamente y separar los actos criminales de él.
En la reunión en Palacio Nacional, Sheinbaum le pidió a García Harfuch que se reuniera con el almirante Ojeda, sin haber trascendido si ese encuentro se concretó. La idea de la presidenta es que lo incluyan en las reuniones de estrategia para cuidar a la Secretaría de la Marina como institución, aunque existen fuertes dudas que puedan navegar con éxito en la tormenta en que se encuentra.
Sheinbaum ha mostrado en las reuniones de gabinete su frustración por la falta de control de la crisis, lo que permite entender el discurso de Morales, que está alineado a sus intenciones. El secretario estableció los términos sobre los que está pensando operar la presidenta, al hablar en pasado sobre las recientes acciones internas contra la corrupción, que fueron cañonazos al corazón de Ojeda. Dijo que callar los actos criminales de los marinos, era “absolutamente imperdonable” –como hizo su antecesor–, y que la opción no era el disimulo –como actuó el exsecretario–, ni el silencio los definiría, describiendo la actitud de su antecesor.
El golpe retórico, sin embargo, no neutraliza el escándalo sobre la institución. Sheinbaum empezó a dar señales internas del ajuste en la estrategia que no funciona y la avalancha continúa arrastrando a la Marina, planteando hacer responsable a Ojeda de lo que sucedió con sus sobrinos políticos y, probablemente, emprender acciones legales en su contra.

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El huachicol y el huachicol fiscal que financió ocho campañas de Morena para gubernaturas en 2021, no es el mismo negocio criminal recién descubierto que encabezaban los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina. Sin embargo, ambos se cruzan y tienen importantes vasos comunicantes. El primero lo manejaba el empresario Sergio Carmona, asesinado cuatro meses después de aquellas elecciones, no se investiga en México, pese a que la DEA informó al gobierno mexicano hace casi año y medio de la red de complicidades políticas y criminales que se extendían a los altos mandos de Morena.
El segundo sí se investiga en México, por decisión soberana de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque lo detonó la presión de Estados Unidos para dar resultados en el tema del huachicol, que tuvo como respuesta el aseguramiento de un barco-tanque en Altamira, que nació y se alimentó con políticos en el sureste del país. El huachicol, en sus dos modos de negocio criminal, se cruza con la corrupción en las aduanas y vincula el sureste del país con el norte, aunque deja sin tocar la costa del Pacífico hasta Sinaloa, que tiene otro tipo de problemas.
Toda la zona del Golfo es ocupada por rutas del huachicol, aunque la que tiene su origen en Tamaulipas, con Carmona al mando, se relaciona directamente con Texas, mientras que la que surge en Chiapas y Tabasco, que también tiene vínculo con Texas, sube por Veracruz, se desvía hacia Nuevo León y concluye en Sonora, en cuyo puerto Guaymas están las raíces del aseguramiento en Altamira. En ambos están involucrados al menos un secretario de Estado del actual gobierno, dos exsecretarios de la administración de López Obrador, un exsubsecretario, dos directores de Aduanas –hasta hora–, dirigentes de Morena, legisladores del partido en el poder y militares, según las investigaciones en ambos países.
La presidenta Sheinbaum no sabía, cuando ordenó la operación de Altamira a un almirante, hasta dónde iba a escalar. Sin conocerse si fue enterada en su momento, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo que proceder contra los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda –su amigo desde que ambos estuvieron en Guerrero–, porque sabía que el secretario de Estado, Marco Rubio, traía en su portafolio de narcopolítica, en vísperas de su encuentro con ella, los nombres de los sobrinos políticos.
En la reunión que tuvo Rubio con la presidenta en Palacio Nacional, no mencionó los nombres, pero de acuerdo con funcionarios federales, cuando tocó el tema del huachicol, subrayó la incapacidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador para atacarlo –dijo que en su sexenio se profundizó el problema–, y expresó que esperaba que procediera inmediatamente en la judicialización de los implicados, aunque ello significara tocar a oficiales de la Marina. Para tener una comunicación fluida en el combate a este delito, acordaron que hubiera un enlace único de la presidenta con Estados Unidos. Rubio le pidió que fuera García Harfuch.
La información comenzó a fluir. Además de los nombres de los sobrinos políticos, el almirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, que ya los traían, le entregaron fichas del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y el exdirector de Aduanas, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en el estado de México. Las investigaciones realizadas por García Harfuch y el Centro Nacional de Inteligencia tras el aseguramiento, encontraron pistas que llevaban a dos hijos del expresidente, Andrés y Gonzalo López Beltrán, y a otro contralmirante.
El contralmirante es Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, que fue coordinador de la Guardia Nacional en Quintana Roo en 2020, de donde fue trasladado dos años después a la aduana terrestre que controla la Marina en Pantaco, en la Ciudad de México, por recomendación de “El Santo”, que es el testigo protegido de la Fiscalía General, a los hermanos Farías Laguna, que controlaban todo el negocio criminal en ese patio aduanero. De acuerdo con lo que han encontrado los investigadores, el contralmirante fue trasladado el mismo 2022 a la aduana del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, por decisión de los Farías Laguna.
Entre más avanzan las investigaciones, más vínculos de presuntas relaciones criminales van encontrándose con políticos. Lo que se ha revelado oficialmente hasta ahora muestra la red de complicidades existentes y los altos niveles que están tocando. Los intentos de encubrimiento que se mostraron la semana pasada en este espacio, ha elevado el costo político de intentarlo en cuestión de días. Ayer, la columna “Bajo Reserva” de El Universal, reveló que la presidenta decidió tomar distancia de Adán Augusto López, hasta que se aclare el rumbo de las indagatorias en el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que durante el periodo en que fue gobernador el hoy senador, fundó y fue líder de un grupo criminal llamado La Barredora, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El senador está imputado en dos investigaciones criminales que tienen vasos comunicantes, no solo presuntamente a través de él mismo, sino también por medio de un militar muy cercano al expresidente López Obrador, que protegió a Bermúdez Requena y, al mismo tiempo, tenía contacto con un alto exfuncionario en ese gobierno que era enlace con varios cárteles de las drogas –incluso rivales–, y en especial con la organización criminal que capitaneaba Carmona en Tamaulipas.
Lo que se va sabiendo casi de manera diaria permite asomarse a la magnitud de la corrupción institucional en el gobierno de López Obrador, y por la forma atascada con la que actuaban, por decirlo de alguna manera, dejan ver que la impunidad era tal, que fueron descuidados en sus negocios ilícitos. Pensaban, porque no hay otra manera de entenderlo, que nunca habría un séptimo año del obradorismo, ni pensaron que el segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca, sería tan agresivo con México. Las presiones han ido orillando a la presidenta Sheinbaum a tomar acciones para evitar que sea Washington las que las tome por ella en territorio nacional. No tiene espacios ni márgenes de maniobra, y parece haber cruzado el Rubicón. Los primeros síntomas ya se ven en el horizonte.

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La captura de Hernán Bermúdez Requena, acusado por la Fiscalía de Tabasco de ser el líder del grupo criminal llamado La Barredora, fue detenido aparentemente el viernes pasado en un suburbio de Asunción, la capital paraguaya, que en una ciudad que se parece a Toluca, sobresale por el lujo de sus mansiones. Nueve meses llevaba buscándolo el gobierno mexicano, que llegó a pensar hace no mucho que podría estar en Puerto Rico, negociando con Estados Unidos ser testigo cooperante. Se acabó la búsqueda, y funcionarios mexicanos hicieron trascender un video de la captura, rápida y limpia con la que se realizó la acción.
El buen cierre de semana para la presidenta Claudia Sheinbaum abre, sin embargo, un nuevo frente de batalla con su mentor Andrés Manuel López Obrador, quien cuando el gobernador de Tabasco, Javier May, denunció a Bermúdez Requena y a manera de acusación pidió que los exgobernadores Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y Carlos Merino, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares rindieran cuentas, le pidió a su sucesora que lo cuidara. Los dos son parte de una estructura criminal que está investigando el gobierno de Estados Unidos que toca al expresidente.
Sheinbaum siguió la petición de su antecesor, pero la terquedad del senador López de no poner de su parte haciéndose, cuando menos, a un lado de la coordinación en el Senado, el tratar de mantenerlo alejado del escándalo fue imposible. La presidenta le ofreció a mediados de agosto ser embajador, pero el senador doble A se negó, le dijo que no dejaría la coordinación y que él, como decía en público, no sabía de las actividades criminales de Bermúdez Requena.
En Palacio Nacional han comentado que la principal presión que ha realizado Estados Unidos en las últimas semanas, tiene que ver con el senador, pidiéndole que le abran una investigación y lo lleven a proceso, apoyando sus exigencias con documentos sobre sus presuntas actividades criminales. Merino, sobre quien no existen esas demandas estadounidenses, ha metido la cabeza en un hoyo y la presidenta tampoco ha actuado en su contra.
Las contradicciones dentro del régimen barren a todos.
La semana pasada se planteó en este espacio la puesta en marcha de un encubrimiento huachicolero, que aunque estaba ubicado en el contexto del caso contra los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, por el tema del huachicol fiscal y la corrupción en las aduanas, está conectado con los involucrados en las investigaciones contra Bermúdez Requena, y que de acuerdo con las investigaciones en México y Estados Unidos, involucran al senador doble A y a dos hijos del expresidente, Andrés (Andy), con el tema del buque asegurado en Altamira, y Gonzalo López Beltrán, en el ferrocarril transístmico.
La organización criminal La Barredora, según la investigación estadounidense, era parte del entramado criminal que se construyó en el sexenio pasado al amparo, sostienen sus hallazgos, de Palacio Nacional. Bermúdez Requena, se desprende de estos, era un instrumento de funcionarios importantes en el régimen, que lo habían respaldado. Las investigaciones permitirían llegar al senador López, al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, al general Audomaro Martínez, y a un racimo de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, así como operadores políticos de Morena, para que fueran a declarar ante el ministerio público y deslindar responsabilidades.
La profundización de esta investigación en México es lo que está en duda que suceda. Para botón de muestra: unas 72 horas antes de que se anunciara la captura de Bermúdez Requena, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo a una pregunta específica en la mañanera presidencial que no era posible llamar a declarar al senador López hasta no detenerlo. No es cierto. La Fiscalía debió haberlo llamado a declarar, al igual que a Merino, por las imputaciones que hizo en su contra el gobernador de Tabasco, Javier May, no por ser culpables de algo -hasta que se les demuestre lo contrario-, sino para que aporten ante el ministerio público lo que sepan de su excolaborador.
La acción de Gertz Manero no es nueva. Utilizó el mismo modus operandi con el gobernador Rubén Rocha Moya, que no ha rendido declaración pese a ser imputado por el ex líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de colaborar con la organización criminal, y que su fiscalía alteró la investigación del asesinato del diputado Héctor Melesio Cuén, su enemigo político. El común denominador de todos ellos es la estrecha relación que tienen con López Obrador.
La captura de Bermúdez Requena desveló también problemas de coordinación o comunicación en el gabinete de seguridad. Un comunicado del gabinete de seguridad colocado en la plataforma X el 12 de septiembre, señaló que se había logrado mediante una “operación conjunta” del gabinete de seguridad mexicano, en colaboración con las autoridades paraguayas, con quienes se instrumentaron las acciones “necesarias” con el gobierno sudamericano “para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”.
Es decir, informaba entre líneas que Bermúdez Requena había sido deportado –proce-dimiento legal si, como ha trascendido, entró sin documentos a ese país- y había llegado a Tabasco, quedando a disposición de la fiscalía estatal que lo acusó. Pero poco después, ese comunicado fue borrado de X. Un regreso a México en fast track estaba en el interés de una parte del gabinete de seguridad, pero no de otra. El estatus legal de Bermúdez Requena es que perma-necerá en Paraguay mientras se formaliza el pedido de extradición y el gobierno sudamericano y sus tribunales determinarán si procede o no la extradición.
Ayer, el ex secretario de Seguridad de Tabasco presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, rechazó someterse a una extradición simplificada, que es un procedimiento acelerado de entrega que consiente voluntariamente la persona. Un juez paraguayo determinó el sábado que Bermúdez Requena, por razones de seguridad, quede bajo la custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas.
Este espacio abre un periodo en el cual crecerán las tensiones en México y las presiones dentro del régimen, en la medida que el calor vaya aproximándose cada vez más a López Obrador y su entorno, y la protección institucional se vaya debilitando.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

La bala que mató a Charlie Kirk atraviesa a todos. Su asesinato este miércoles no fue sólo un crimen contra un individuo, sino un mensaje que la polarización está dejando de ser un fenómeno discursivo para convertirse en pólvora. Kirk murió víctima no sólo de un gatillero, sino de un clima envenenado donde la palabra se ha convertido en arma de guerra. Pero las primeras horas de luto y condena por un asesinato que nunca debió ser, mostraron para la desolación del espíritu cómo las semillas de la ira están dando frutos: la polarización no se contuvo, se expandió. Se ignora aún el motivo del asesinato, pero se puede decir que es totalmente político por sus consecuencias.
Estamos en atrapados en la maldita diada entre dos conceptos que resurgieron con arrolladora fuerza cuando muchos pensaban que habían sido enterrados, la derecha y la izquierda, conceptos ideológicos reducidos al terreno de la política y la búsqueda del poder. Los dos bandos jalaron para su lado. El presidente Donald Trump, a quien Kirk ayudó a ganar decenas de miles de votos para su elección, dijo que es resultado de la satanización de la izquierda radical politica que discrepan de ideas contrarias a las suyas.
La extrema derecha en el mundo lo secundó, condenando “la retórica deshumanizadora de la izquierda y su intolerancia”, como alegó Jordan Bardella, el líder de la Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha en Francia. Santiago Abascal, líder del partido español Vox, que tiene adeptos en México, agregó: “Ya lo he vivido. Unos apuntan y otros disparan. Como la censura no les basta, recurren al asesinato”.
Al otro lado de la geometría política, tampoco hay moderación. El pleno del Parlamento Europeo rechazó un minuto de silencio como señal de luto por Kirk que habían solicitado los conservadores. La decisión provocó protestas cuyos argumentos terminaron dirimiéndose a golpes. En Estados Unidos, donde los líderes demócratas condenaron rápidamente el asesinato, hubo quienes no entendieron la gravedad del momento que se vive.
Matthed Dowd, un operador político demócrata y comentarista en MSNBC, dijo minutos depués del asesinato que Kirk constantemente dirigía su discurso de odio contra ciertos grupos. “Y siempre vuelvo a esto”, agregó. “Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio”. MSNBC lo despidió ayer.
El asesinato de Kirk se cruzó con la violencia política que vive Estados Unidos, partido por la mitad en lo político y lo social, y se cruzó con la libertad de expresión. ¿No es alguien libre de expresar sus ideas sin más riesgo de ser confrontado de la misma manera? ¿No es una acción anti-natural haberlo asesinado en una universidad, donde por definición se alienta la discusión abierta? Lo paradójico de su muerte es que Kirk, si bien defendía con estridencia la libertad de expresión, también ayudaba en la construcción de muros que negaban el mismo derecho a quien pensara diferente. Su asesinato desnuda la paradoja de nuestra era: se defiende la libertad, siempre y cuando refuerce el propio credo. Un día antes del crimen, la Fundación de los Derechos Individuales y de Expresión, publicó una encuesta entre universitarios donde el 34 por ciento dijeron estar dispuestos a aceptar la violencia en “algunos casos” para frenar un discurso en los campus. La encuesta fue un prólogo trágico del disparo que mató a Kirk.
La polarización política en Estados Unidos ha cruzado ya el límite de lo institucional. El asesinato no puede explicarse como un hecho aislado, sino como consecuencia lógica de una sociedad que convirtió al debate público en campo de batalla. Kirk descalificaba, ridiculizaba o incluso promovía la exclusión de discursos progresistas o de izquierda cuando estos cuestionaban su visión del país, la religión o el orden social. En el campo de enfrente, algunos exponentes del movimiento wokista imponían la censura o la cancelación del pasado, la tradición (como monumentos históricos) y los vínculos sociales, con el argumento de la reivindicación.
En este contexto que va más allá de las fronteras de Estados Unidos, las palabras matan reputaciones y los discursos incendian multitudes. Trump, el húngaro Viktor Orbán, o nuestro producto nacional Andrés Manuel López Obrador, son una muestra viviente de ello. En Estados Unidos, que sufre una violencia patológica en varios sectores de su sociedad, el siguiente paso era que alguien llevara la retórica que los rodea al extremo de la violencia física, que es lo que vimos en Utah, un estado muy conservador, donde un joven blanco con pinta de universitario, acabó con la de Kirk.
Hoy, cada grupo en la geometría política-ideológica binaria en que vivimos, busca apropiarse de la tragedia. La derecha lo presenta como mártir de la libertad; la izquierda como consecuencia de los excesos de un discurso incendiario. En el extranjero los líderes también lo jalan para su trinchera con los mismos argumentos que en Estados Unidos. Pero en el fondo ambos bandos lo usan como pieza más en la disputa por el poder, sin reconocer que la víctima real es la democracia misma.
El gran carril del asesinato del influencer de extrema derecha, nos lleva a un punto donde estamos viendo, en el espejo de Utah, que algo mayor agoniza: la posibilidad de disentir sin miedo, el derecho a decir lo impopular, y la frágil noción de que el adversario no es enemigo. La libertad de expresión nunca muere con un decreto; muere con el primer disparo que obliga al silencio. Hay países como México, donde sin compartir orígenes culturales y una historia política como Estados Unidos, nos hemos venido adentrando cada vez más en esa burbuja tóxica. La polarización política tiene expresiones más violentas e insultantes, los valores se han ido difuminando y las convenciones que antes teníamos, hoy son inexistentes.
La pregunta de fondo es si la libertad de expresión sobrevive en este contexto. No hablamos de la censura de un gobierno y sus brazos ejecutores, sino del silenciamiento de facto: la bala que impide la palabra. Este es el mensaje de la bala de Kirk, porque si a un personaje con su visibilidad se le acalla con violencia, el aviso es claro: hablar tiene precio. Y ese precio, puede ser la vida.

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El control de daños que ha intentado el gobierno para cuidar al exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, y por consiguiente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lo eligió por encima del grupo de marinos con probada experiencia que integraban la terna de candidatos, no está dando resultados. Se ha intentado de varias formas, incluido el texto de un simpatizante del régimen que sugirió que la filtración de la captura del sobrino político del almirante por el huachicol fiscal en Altamira, tenía una finalidad específica.
La filtración, que se dio en la plataforma X el viernes por la noche, tomó por sorpresa al gabinete de seguridad, que pensaba anunciar el operativo el domingo. La idea era que el anuncio se enfocara en las capturas derivadas del aseguramiento de un buque-tanque en marzo, minimizando el involucramiento de los sobrinos políticos de Ojeda. La idea deslizada en la prensa fue que la filtración buscaba eliminar cabos sueltos o desviar la atención mediática hacia otro lado. Era todo lo contrario: lo importante ya no era lo que había sucedido en marzo, sino el nivel de personas involucradas.
La validación de que ese no era el spin del gobierno de Claudia Sheinbaum fue que desde ese esforzaron en deslindar a Ojeda tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch –amigo de él desde que estuvieron comisionados en Guerrero cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que, habilidoso, dijo que el almirante lo había ido a ver dos años atrás para pedirle que investigara irregularidades dentro de la Marina, dejando correr en los medios y la opinión pública, que la investigación de caso en Altamira había sido detonada por su denuncia.
Varios analistas lo abordaron con distancia. Joaquín López Dóriga se preguntó por qué fue Ojeda con Gertz Manero y no presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina. Jorge Castañeda tomó la línea de tiempo que estableció el fiscal con su declaración dominguera, y cuestionó a los dos: ¿informó Ojeda al fiscal y no al expresidente? ¿Y Gertz Manero se calló la información sin compartirla con López Obrador? Lo que cuestionaron ambos tiene otra lectura adicional: vimos (y estamos viendo) un encubrimiento institucional para que las investigaciones, planteado a manera de hipótesis, puedan ser contenidas para que no lleguen a Palenque, ni a Cancún, donde vive Ojeda en un departamento que cuesta un millón y medio de dólares.
El almirante Ojeda, por principio de cuentas, no habló con Gertz Manero sobre las irregularidades, sino hasta el año pasado. Pero para afectos de argumentación, si se tomara por cierto la afirmación del fiscal, por qué no actuó durante, digamos, 530 días, si es que en algún momento abrió una carpeta de investigación como procedía. En cambio, a García Harfuch le tomó 166 días desde el aseguramiento del buque-tanque hasta la captura de uno de los sobrinos políticos del exsecretario. A menos que aporte información pública que sí hubo consecuencias de la denuncia que personalmente dice que le formuló Ojeda, no puede tomarse de otra forma salvo como un timo a la opinión pública.
En el caso de Ojeda, sí presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, igualmente en 2024, pero fue de carácter administrativo, sin aportar los nombres de sus sobrinos políticos, ni de nadie más. Como publicó El Universal el martes, en el informe anual de la Secretaría en 2023 (el año donde supuestamente Ojeda habló con Gertz Manero) y en 37 auditorías internas, no existió ningún delito de huachicol fiscal en aduanas. Peor aún, en ninguno de los casos de su sobrinos políticos, Ojeda actuó en consecuencia.
En enero del año pasado nombró a uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso, comandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta, y mantuvo al otro, Fernando, como agregado naval en la Embajada en Madrid, en donde según reportes de inteligencia mexicanos y españoles, era su centro de operaciones comerciales, legales e ilegales. El exsecretario de la Marina pudiera no ser culpable de algún delito, pero es claramente responsable, por omisión. Tienen los delitos diferente carga y castigo, pero lo que es inadmisible es que no haya sido incluido en ninguna carpeta de investigación porque tiene muchas cosas que informar y explicar para deslindar responsabilidades y para que la autoridad actúe conforme a lo judicializado.
Sin embargo, llevarlo a declarar ante el ministerio público federal es un riesgo. Abriría la puerta a las críticas sobre cómo López Obrador no tuvo control sobre la permisividad del exsecretario con sus sobrinos políticos, sabiendo desde hace más de tres años, por denuncias periodísticas, los malos pasos en los que andaban. Todavía más importante, una investigación seria mostraría que no solo el expresidente estaba informado del huachicol y el huachicol fiscal, sino que encabezaba el andamiaje para que desde el gobierno se administrara.
Como se informó ayer en este espacio, en su sexenio el combate al huachicol fue laxo y permisivo por necesidades concretas del régimen. Funcionarios federales señalaron que los trenes Maya y el Interoceánico pudieron construirse con un costo inferior al que hubiera salido a precios de mercado, porque se utilizó combustible robado que aligeró los presupuestos, como también lo hizo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y con el petróleo que se regala a Cuba desde hace varios años. Incluso en la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, la Secretaria de la Defensa compró 500 millones de pesos en diésel a una empresa ligada con el huachicol.
Estamos viendo un encubrimiento institucional en tiempo real, forzando toda la maquinaria propagandística del régimen para inhibir coberturas periodísticas críticas. Va a ser en vano porque tapar lo que pasó en las más altas esferas del gobierno de López Obrador, meterá en una contradicción a la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde que regresó Donald Trump a la jefatura de la Casa Blanca, su gobierno no ha dejado de presionarla para que profundice la lucha contra el huachicol en este país donde, según las investigaciones estadounidenses, durante el sexenio anterior se construyó en México una economía criminal alterna.

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La red de corrupción descubierta en marzo en el puerto industrial de Altamira, en Tamaulipas, rompió la percepción de incorruptibilidad de la Marina, que durante años fue la única institución altamente confiable en México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado. Al mismo tiempo, está empezando a aportar pistas que tocan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de manera directa, y rebotan en cuando menos dos de sus familiares. La presidenta Claudia Sheinbaum, que ordenó el desmantelamiento de la red sin saber lo que se iba a encontrar detrás, dijo que no habrá impunidad ni se limitará la investigación. La decisión está tomada; lo que se verá es si libra los probables sabotajes a sus intenciones.
Funcionarios federales dicen que solo en el caso de Altamira hay 20 oficiales presuntamente involucrados en diversas áreas de la estructura de mando, que incluye posiciones en los aeropuertos administrados por la Marina, así como las terminales terrestres y marítimas, que controlaban dos sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de la Marina, quienes están en el centro de la red de corrupción. Además, agregan, está bajo sospecha el almirante Alfredo Hernández Suárez, que fue jefe de la Unidad de Inteligencia Naval y al final del sexenio jefe del Estado Mayor de la Armada, y el primer candidato que tenía el equipo de Sheinbaum para que fuera el relevo de Ojeda.
En el momento que Sheinbaum autorizó la operación para desmantelar la red y asegurar un buque-tanque con diésel que atracó en Altamira con documentación que lo disfrazaba de aceite, con lo cual no pagó impuestos por casi 142 mil millones de pesos, la presidenta probablemente tampoco sabía cómo se iría desenredando la madeja del huachicol fiscal. El primer muro que se franqueó fue la persecución de los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, y de un puñado de marinos en activo, agentes aduanales y empresarios, que ya están presos.
Uno de los sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que se encargaba de la administración y finanzas de la red criminal, está detenido en el Altiplano. El otro, el contralmirante Fernando Farías Laguna, a quien se le considera el más importante en la red y que se encargaba de los negocios, se encuentra prófugo. El almirante Ojeda, que los dejó hacer lo que quisieron durante los primeros cinco años del sexenio, cambió su proceder el año pasado cuando leyó un informe donde se describían los negocios criminales de los hijos de su cuñada. Presentó una denuncia en el Órgano de Control Interno de la Marina, que nunca investigó, o que si lo hizo, concluyó que no había nada qué perseguir. Esta acción, aunque no tuvo consecuencias legales, es la muy fina línea en la que se ha parado el gobierno de Sheinbaum para defenderlo y exonerarlo.
El informe no solo mencionaba el huachicol fiscal, sino todo el entramado que presuntamente, de acuerdo con el documento, habían construido. Por ejemplo, el control más allá de la Zona Económica Exclusiva de 300 millas náuticas (684 kilómetros) en el Golfo de México para introducir droga proveniente de Sudamérica por Veracruz, en complicidad con “El Tanke”, como apodan al líder criminal en la región; y en el lado del Pacífico, donde el negocio era detener o dejar pasar los cargamentos de cocaína procedentes del subcontinente. En Pantaco, la aduana para el manejo logístico de mercancías al norte de la Ciudad de México, controlaban todos los productos, como predominantemente telas, que vendían a la Unión Tepito y a varios empresarios textileros importantes.
El huachicol es uno de los negocios criminales más lucrativos, aunque es dónde más tarde llegó el crimen organizado. Durante años, el combate al huachicol reveló corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, federales y locales, pero poco se hablaba, hasta hace poco más de seis años, de grandes organizaciones delincuenciales involucradas. La primera fue el Cártel de Santa Rosa de Lima que apareció en 2014 en Guanajuato, que es una banda de alcance limitado. Los narcotraficantes, explicó un experto, veían el robo de combustible como un negocio del gobierno.
En el sexenio de López Obrador el combate al huachicol fue más laxo y permisivo, por necesidades concretas del régimen. Funcionarios federales señalan que los trenes Maya y el Interoceánico pudieron construirse en los costos actuales porque se utilizó combustible robado que aligeró los presupuestos, como también lo hizo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y con el petróleo que se regala a Cuba desde hace varios años. La descripción de este esquema ha sido documentado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que consideran que durante la administración de López Obrador se construyó una economía criminal alterna.
En esta estructura que operó durante el obradorato, se ha documentado cómo se fortaleció la actitud delincuencial en diferentes niveles, como de manera clara han revelado investigaciones periodísticas los andares de Amilcar Olán, muy cercano a Andrés Andy López Beltrán, el hijo del expresidente, que se hizo millonario instantáneo en el sexenio pasado y sigue despachando y haciendo negocios –incluidos con Pemex– desde una suite en uno de los hoteles más lujosos de la capital federal. El grupo de amigos de los hijos del presidente fue capitalizado también por varios miembros del Grupo Tabasco, que encabeza el senador Adán Augusto López, y que de acuerdo con averiguaciones en México y Estados Unidos, algunos están involucrados en el huachicol en Chiapas y Tabasco.
Los sobrinos políticos del almirante Ojeda se movieron y crecieron en este ambiente de condiciones propicias para las actividades criminales, donde prevaleció la impunidad sobre el castigo. Por omisión o comisión hay una responsabilidad del exsecretario de la Marina, pero no sería el único. El hecho de que sus familiares políticos estén en el centro de la investigación sobre huachicol más importante que se haya realizado en el país, ha hecho que el fenómeno tenga un escrutinio más detallado y profundo. Pero lo más importante está en las manos de Sheinbaum: barrer la escalera de corrupción y criminalidad de arriba hacia abajo, como decía López Obrador, aunque de hacerlo, el ejercicio de una forma o de otra, lo tocará a él.

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A un año de haber comenzado la guerra en Culiacán por la implosión del Cártel de Sinaloa, la pregunta que sigue haciendo el gobierno de México a Estados Unidos es cómo fue la captura de Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico de esa organización criminal, el 26 de julio del año pasado. La última petición sobre los detalles de lo que sucedió fue el miércoles, durante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado, Marco Rubio. El canciller estadunidense le dijo que no era posible darle la información por el riesgo de filtraciones a los criminales de su gobierno.
Pese a que Rubio reconoció públicamente que “jamás” había existido una colaboración tan amplia de un gobierno mexicano con el suyo, siguen existiendo desconfianzas y reticencias a que la información de inteligencia fluya. Varios altos funcionarios han sido enviados a Estados Unidos para someterse a exámenes de confianza –un doble vetting–, pero ni así se han restablecido los canales de intercambio de inteligencia amplia. La presidenta tuvo que asumir el descolón del secretario de Estado.
Sheinbaum arrastra la desconfianza que tienen los estadunidenses de López Obrador, que expuso Rubio al reconocer el cambio de estrategia con respecto al concepto obradorista de abrazos y no balazos, que aseguró, abrió la puerta para que los cárteles se apropiaran de territorios en todo el país, fraseando la imputación sin los matices que ha empleado en público, limitándolo a la zona fronteriza. Por lo que ha trascendido, tampoco en este señalamiento hubo una respuesta presidencial.
Si bien Sheinbaum no tuvo una actitud ladina como la que tomaba López Obrador cuando hablaba con los emisarios de Washington, fue cuidadosa aunque enérgica en algunos temas. Es lo que sucedió, de acuerdo a lo que ha trascendido, con el caso de Zambada y la guerra en Culiacán, de la que López Obrador y Sheinbaum culpan al gobierno de Joe Biden, porque la captura de Zambada, argumentan, propició la violencia que se vive. Esas declaraciones, sin embargo, son el reconocimiento tácito que Sinaloa vivía la Pax Narca, al ubicar a Zambada como factor de estabilidad y gobernabilidad.
Ni López Obrador ni Sheinbaum lo han fraseado de esa manera, pero eso es lo que admiten. Permite entender –no justificar– por qué López Obrador no actuó contra el Cártel de Sinaloa, pero lo que todavía no se alcanza a comprender es por qué el gobierno de Sheinbaum, que está combatiendo a las dos facciones en las que se dividió el Cártel de Sinaloa, no ha podido contener la violencia. Extrañamente, ninguno de los dos pidió al gobierno de Estados Unidos información sobre cómo se dio la captura de Joaquín, hijo de El Chapo Guzmán, que cayó en el mismo operativo de julio, aparentemente porque la versión oficial en Washington de que engañó a Zambada y se lo llevó a Estados Unidos, no es creíble en Palacio Nacional.
La guerra en Culiacán estalló el 9 de septiembre, hoy hace un año, casi un mes después de que Zambada publicó una carta en la plataforma X –que no pudo haber salido de la cárcel de Brooklyn sin autorización de los fiscales–, en donde ratificó la acusación contra su ahijado Joaquín Guzmán López, por haberlo engañado para ir a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado federal, Héctor Melesio Cuén –que fue asesinado en el lugar de la reunión–, para solucionar un enfrentamiento por la rectoría de la Universidad de Sinaloa, como mediador de las partes.
La operación fue planeada y ejecutada por el FBI y un comando del Departamento de Seguridad Nacional, y se hizo a espaldas del gobierno de López Obrador, porque, dijeron funcionarios estadunidenses, temían que hubiera una filtración y alertara a Zambada que iban a detenerlo y llevarlo a Estados Unidos. Nueva información de las investigaciones de las agencias de inteligencia de ese país sobre el Cártel de Sinaloa y los presuntos nexos del expresidente y su entorno con la organización, señalan que la captura de Zambada se dio como consecuencia de “una traición del pacto criminal” vigente entre el gobierno y la organización.
Según las investigaciones estadunidenses, El Mayo Zambada “sabía” que López Obrador estaba traicionándolo con los chapitos, a quienes en los meses previos buscó cuidar de la embestida de la Administración Biden por el tráfico de fentanilo ilegal, enviándoles mensajes que “las cosas” con Estados Unidos “estaban muy calientes” y era mejor que dejaran de producir fentanilo.
Días después, a principios de mayo de 2023, sin ningún contexto público, los chapitos enviaron una carta a la periodista Azucena Uresti, en donde afirmaron que “jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados”, como los acusaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y se decían “víctimas de una persecución” en donde los habían convertido en “chivos expiatorios”.
Las investigaciones estadunidenses agregan que los chapitos habían detectado que en Palacio Nacional los iban a traicionar, aparentemente buscando deslindarse el expresidente y dos altos funcionarios tabasqueños cercanos a él, por lo que buscaron una salida con el gobierno de Biden. La facción de los chapitos se fracturó y hasta ahora sólo Ovidio y Joaquín llegaron a acuerdos con los fiscales de Trump.
Otra persona involucrada en la captura y el asesinato de Cuén, que desde un principio comenzó a colaborar con los estadunidenses es el gobernador Rocha Moya, de quien hay datos en el gobierno mexicano que tanto él como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, son informantes de las autoridades en ese país. Los gobernadores han negado tener cualquier vínculo en ese sentido.
La guerra en Culiacán suma más de mil 800 personas asesinadas hasta agosto pasado, un incremento de 265 por ciento con respecto al mismo periodo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Ciertamente existe una correlación directa entre la caída de El Mayo Zambada y la espiral de violencia, que no le dan la razón López Obrador o a Sheinbaum, porque la gobernabilidad no la proporcionan los narcotraficantes sino el Estado mexicano, que sigue en entredicho por las oscuras relaciones de López Obrador y sus cercanos con el Cártel de Sinaloa.

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En las ironías de lo que ha tenido que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum para aplacar la furia del presidente Donald Trump, se encuentra el origen de uno de los golpes más importantes que ha hecho en su joven sexenio contra el huachicol, cuya dinámica, en este momento, no permite saber hasta dónde va a escarbar su corrupción: el aseguramiento de un barco con 10 millones de litros de diésel, que produjo la detención de 14 personas la semana pasada, sobresaliendo la captura de un vicealmirante, sobrino político del ex secretario de la Marina Rafael Ojeda, que tenía fuertes relaciones con el entorno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
El aseguramiento de ese barco fue resultado de la presión que sentía la presidenta Sheinbaum por las amenazas arancelarias de Trump. A finales el 26 de febrero había anunciado tarifas de 25% a las importaciones mexicanas, que entrarían en vigor el 2 de abril si para el 4 de marzo no había demostrado avances en materia de seguridad en la frontera. A los pocos días hubo una reunión del gabinete de seguridad para analizar qué podrían hacer, para enviar la señal que habían tomado nota de la advertencia, pero nadie tenía nada en la cocina salvo el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, porque cuando llegó al cargo y comenzó a platicar con los almirantes, uno de ellos (cuyo nombre se reserva por cuestiones de seguridad), le platicó del huachicol fiscal en Altamira.
El almirante fue convocado a Palacio Nacional para que explicara lo que había investigado, y describió las redes de marinos, funcionarios aduaneros y empresarios que operaban con pedimentos alterados para introducir combustibles a través del mecanismo que se conoce coloquialmente como huachicol fiscal, que se reveló en este espacio en marzo del año pasado. La presidenta preguntó qué tan rápido podía hacer la operación para desmantelar esa red, y la respuesta fue que inmediatamente, si tenía los recursos para hacerlo. Sheinbaum se los dio y ordenó que partiera en ese momento. El aseguramiento fue el 19 de marzo y se anunció el 31.
Destaparon una Caja de Pandora. Lo primero que encontraron es que no había sido uno, sino dos barcos que habían transportado combustible con pedimentos apócrifos, pero uno de ellos, mientras la operación estaba en marcha, zarpó y lo perdieron. Lo segundo fue un llamado de Washington con la petición urgente para que viajaran de inmediato sus contrapartes para hablar sobre el aseguramiento. Estaban preocupados porque, les dijeron, un empresario texano que había sido donante de la campaña de Trump, estaba asociado con el barco –aunque no quiere decir necesariamente que conocía de las ilegalidades–, mientras que del lado mexicano, se encontró que el cargamento llevaba, en una de sus líneas, a familiares del ex presidente López Obrador –igualmente, sin que esto signifique automáticamente responsabilidad o culpabilidad–.
No obstante, las investigaciones continuaron en México así como fueron creciendo las presiones de Estados Unidos para combatir el robo de combustible. De ahí surgió la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, designado en enero pasado como comandante de la 10ª Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde el 2 de septiembre. Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobre quien existe una orden de aprehensión por el mismo caso, se encuentra prófugo. Los marinos son sobrinos políticos del almirante Ojeda, que durante los primeros cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, capoteó las acusaciones de corrupción surgidas en la prensa contra ellos, que son hijos de su cuñada y que tenían una enorme ascendencia con la esposa del entonces secretario que les permitió operar sin consecuencias.
Ayer, en una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hizo un enorme esfuerzo por deslindar al almirante Ojeda de lo que hicieron sus sobrinos políticos, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, lo secundó al recordar que hace dos años el secretario le pidió que investigara diversas irregularidades en la dependencia, permitiendo la especulación de que él había sido quien detonó la investigación de marzo.
La conversación de Ojeda con el fiscal se dio en el contexto de la decisión sobre la candidatura presidencial de Morena, en la cual había apostado por Marcelo Ebrard, con quien tiene una estrecha relación. Pero fue hasta principios de 2024, de acuerdo con personas que trataron con el almirante Ojeda, cuando comenzó a buscar amarrar los cabos sueltos, luego que su caballo negro para la Presidencia no llegó a la candidatura, y empezó a desvincularse de sus sobrinos políticos. Fue demasiado tarde.
La operación que condujo a este golpe no comenzó hace dos años, sino hace seis meses, derivado de la exposición que hizo el almirante al secretario Morales, que había llamado a sus mandos operativos para conocerlos y escuchar sus diagnósticos. El almirante le expuso la investigación que había realizado de manera unilateral, porque nadie en la Secretaría le había hecho caso, y menos aún ayudado. En ese momento, el nuevo secretario de la Marina tampoco le hizo mucho caso.
Al mismo tiempo, se venía dando una creciente presión del gobierno de Estados Unidos para que incrementaran el combate al robo de combustible, pero no fue sino hasta la urgencia de la presidenta para entregar un resultado importante a Trump, cuando surgió lo único armado como investigación que tenían a la mano, el caso del huachicol fiscal en Altamira. Fue un golpe de suerte en Palacio Nacional, porque si bien el puerto de Altamira tenía prendidas las alertas en México y Estados Unidos por el uso de los recursos del combustible robado en Tamaulipas para campañas político-electorales de Morena, no había una investigación a fondo sobre las redes de corrupción.
El aseguramiento provocó una fuerte reacción en la Marina porque la operación colocó los nombres de los involucrados en la mira de Estados Unidos. Una versión que circula dentro de la Secretaría, es que varios oficiales discutieron asesinar a quienes habían descubierto sus operaciones en Altamira, como, de acuerdo investigaciones paralelas, se presume que actuaron a finales del año pasado contra un contralmirante y una funcionaria de la Fiscalía General en Manzanillo.

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