Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno, que no hay censura en México, donde “se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia”. Lo mismo señalaba su mentor Andrés Manuel López Obrador, que argumentaba que la mejor prueba de que no había censura es que podían criticarlo sin represión. Es relativo. El régimen obradorista no caminaba hacia una dictadura, sino a una autocracia, acabando metódicamente con las libertades, borrando una lucha por las libertades que se extendió por varias décadas.
La censura nunca se fue. Simplemente se transformó. Durante años, el discurso oficial presumió la libertad de expresión, que no regaló sino que fue conquistada por medios, periodistas y organizaciones civiles. Hoy, su evolución es involución: periodistas asesinados, medios acosados judicialmente, columnistas silenciados por órdenes de jueces que creen servir al Estado cuando en realidad lo degradan. Tal es el caso del columnista Héctor de Mauleón y El Universal, a quienes castigaron las autoridades electorales de Tamaulipas por publicar los presuntos vínculos de quien se convirtió en presidenta del Poder Judicial de ese estado, y una red de huachicol.
Un asunto de interés público enmarcado en la arena política, fue juzgado por el tribunal tamaulipeco como un acto de violencia de género. Otras políticas en otros estados que fueron cuestionadas por su actividad política, no por su género, buscaron acallar sin éxito a periodistas con el mismo tipo de demanda, pero ese precedente legal fue ignorado en Tamaulipas. De Mauleón y El Universal se negaron a retirar la columna y entrarán al túnel de incertidubre con el nuevo Poder Judicial, pendiente sobre ellos una multa al diario y, contra De Mauleón, que ofrezca disculpas públicas durante 16 días, y dejarla como epígrafe en su columna hasta que muera. Si no cumplen, el SAT se encargará de ellos y, eventualmente el ministerio público.
El nuevo rostro de la censura es más peligroso en la actualidad porque se disfraza de legalidad. No hay oficinas con censores ni llamadas desde los despachos del poder para amenazar y obligar a no publicar lo que les incomoda, pero aprendieron de las palabras de Dilma Rouseff, que sucedió a Lula en la Presidencia de Brasil, y que en una entrevista donde preguntaron qué habían hecho mal para evitar que los acusaran de corrupción y perdieran el poder, respondió cándidamente que fue el no haber controlado el Poder Judicial y silenciado a la prensa.
Ese es el nuevo rostro de la censura en México: tribunales que ordenan callar. No hay listas negras en papel, pero sí castigos disfrazados. Creyó errónemente López Obrador, como también pensaban sus antecesores, que el control de los medios era mediante la publicidad y que solo bastaba asfixiarlos financieramente. La realidad era diferente. Ningún medio desapareció; solo redujo sus utilidades, haciéndoles inopinadamente un gran favor al obligarlos a reingenierías financieras para enfrentar los nuevos tiempos. Lo que hizo el presidente emérito y su sucesora será algo que los medios y sus periodistas se los agradecerán siempre, porque los hizo más independientes. No todos han aprovechado la libertad de escoger ese camino, pero la ruta está iluminada.
De ahí la embestida legal y las decisiones extraordinariamente escatológicas de algunas instituciones de las que hace no mucho estábamos orgullosos y hoy están en ruinas, sin darse cuenta sus cabezas hasta donde han caído. Es el caso del Instituto Nacional Electoral, donde sus enterradores recientemente exoneraron a Pío López Obrador y a David León de haber recibido y entregado dinero –se calcula en dos millones de pesos– en efectivo, que el entonces presidente López Obrador, admitió en una mañanera en Palacio Nacional justificando a su hermano, que “eran para el movimiento”.
López Obrador fue culpable confeso al afirmar que el dinero que entregó León, en ese entonces operador político del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, sí fue a parar a la maquinaria político-electoral de Morena. El INE dijo, ignorando la palabra del ex presidente, que no había pruebas de un delito electoral –igual que los acordeones surgidos de la creatividad del mexicano que decidieron la Suprema Corte de Justicia–, pese a que la acción videograbadada por el equipo de León, mostraba ese probable delito y otro, el de dinero de procedencia ilícita, del cual jamás de dio vista a la Fiscalía General.
La resolución del INE empoderó a Pío, que anunció que demandará a Latinus y a su periodista estrella Carlos Loret, por haber difundido el video de marras el 20 de agosto de 2020, por 200 millones de pesos a cada uno. De igual manera que De Mauleón y El Universal, entrarán al oscuro túnel de la incertidumbre sobre cómo actuará el nuevo Poder Judicial, colonizado en sus órga-nos jurisdiccionales, en donde se ventilan, por ejemplo, los amparos y las suspensiones.
Loret y Latinus van en camino de recorrer lo que están andando De Mauleón y El Universal, que no fueron amenazados por el narco ni el columnista sufrió un atentado en la calle: fue una sentencia judicial, limpia y sellada, que en apariencia respetó el Estado de derecho, pero que en el fondo, no fue otra cosa que censura. Por supuesto, no son los únicos.
En Puebla, un tribunal prohibió a un periodista mencionar al gobernador en cualquier información, porque le incomodaban sus críticas. En Campeche, los tribunales usaron una ley para intimidar a periodistas que investigaban contratos turbios del gobierno. En la Ciudad de México, el inefable INE obligó a La Silla Rota a revelar sus fuentes bajo amenaza de sanción. No son casos aislados ni anecdóticos; están dibujando un patrón inconfundible del regreso masivo de la censura, maquillada de legalidad.
El mensaje es claro: se puede criticar, pero no demasiado. Se puede investigar, pero no al funcionario equivocado. Se puede opinar, pero sin traspasar la línea invisible que el poder traza cada día más cerca de sí mismo. La censura ha regresado, no como una prohibición frontal, sino como un clima enrarecido donde cada periodista mide sus palabras y calcula sus riesgos. Veremos el resurgimiento de la autocensura, que es la más efectiva de todas las censuras porque no deja huellas, no genera escándalos y convierte al silencio en rutina.

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Pues al final no hubo ningún acuerdo de seguridad con Estados Unidos. El golpe pega directamente en la presidenta Claudia Sheinbaum, que había levantado altas expectativas sobre su conclusión. Lo propuso el 17 de junio al presidente Donald Trump y el primero de julio dijo que estaba prácticamente listo y se anunciaría “esta semana”. Dos meses después, se quedó con las ganas ante un mensaje implícito de Estados Unidos: México no es un aliado al que trata mirándole a los ojos; es un “mal necesario” –como lo describen altos funcionarios en la Casa Blanca– con el que hay que trabajar porque es la puerta de la migración, el fentanilo y los negocios criminales de los cárteles de las drogas, a los que llaman “terroristas”.
Tampoco hubo que esperar que se reuniera con Marco Rubio, el poderoso canciller de Trump, para entender que México no es el piloto en la estrategia para combatir a los cárteles, sino un copiloto que a veces ocupa el asiento trasero. El “acuerdo” –que tiene naturaleza jurídica y obliga– que no fue, el lunes Sheinbaum lo redujo a un “entendimiento” –donde se declaran meramente intenciones sin ser vinculantes–, y para el miércoles lo había convertido en un “Programa de Cooperación en Materia de Seguridad Fronteriza” –que organiza la ejecución de lo que se ha pactado. Tremenda reducción estratégica de lo que había planteado.
La presidenta no parece haber sido bien informada esta semana lo que debería esperar con Rubio, porque no sabía que lo que más habría era un Programa, para el cual su venta pública por semanas y las alegorías sobre lo que iba a lograr con Trump, resultaron pólvora mojada. Ayer adelantó durante su conferencia matinal, que el encuentro con Rubio sería cordial, y reflejaría el buen estado de la relación bilateral. Tras escuchar al secretario de Estado en una rueda de prensa, se entiende por qué. Jamás ha habido una cooperación tan profunda con ningún gobierno de México, aseguró, mostrando su complacencia con lo que ha ido cediendo la presidenta a sus pretensiones. La frase, sin embargo, meterá en problemas a la narrativa de que el gobierno de Felipe Calderón fue el más entreguista de la historia, porque los resultados alcanzados benefician únicamente a Estados Unidos.
Sheinbaum había dicho que hablaría por los mexicanos en Estados Unidos –el tema del endurecimiento de las políticas migratorias– y de comercio. Si lo hizo no trascendió. El comunicado conjunto refleja las prioridades que la semana pasada anunció el Departamento de Estado concretaría Rubio en México y Ecuador. “Los dos gobiernos –señala en su punto central–, establecerán un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente y dará seguimiento a los compromisos mutuos y a las acciones tomadas dentro de los dos países, incluidas las medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza y eliminar los túneles clandestinos en la frontera, atacar los flujos de financiamiento ilícito, fortalecer la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, las investigaciones y los procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”.
Aunque parece un comunicado tradicional, no lo es. Hay algunas acciones canceladas por López Obrador que se restablecen, como el grupo de alto nivel para darle seguimiento a los compromisos, que resaltó Rubio, establecerá un mecanismo de rendición de cuentas, liquidando totalmente la discrecionalidad de los abrazos sin balazos. Hay también elementos nuevos que no figuraban en el pasado, como el robo de combustible.
El huachicol apareció de manera prominente, pidiendo inspecciones e investigaciones en México, lo que subraya una de las nuevas preocupaciones y prioridades de Washington. El trabajo contra el contrabando de armas incluirá, según Rubio, un rastreo de las armas, como lo hizo el programa “Rápido y Furioso” –aunque terminó en fracaso–, pero que no será unilateral, sino contará con la cooperación del gobierno mexicano, lo que es otro tropiezo en la retórica propagandista de López Obrador.
En términos de combate a las organizaciones criminales en México, este acuerdo es positivo. El que se plantee dentro de un plan bilateral resuelve el tema de la soberanía nacional, que le permite a Sheinbaum exaltarlo en su narrativa, como seguramente lo hará hoy en su mañanera. Lo malo es que la agenda de la lucha contra los cárteles regresa a ser dictada por Washington, en función de la seguridad nacional de Estados Unidos, en donde ubicó Trump el combate a los cárteles desde que los denominó como “organizaciones terroristas extranjeras” y la eliminación del tráfico ilegal de fentanilo desde México, por cuya frontera se ha incautado el 97 por ciento del opiáceo.
Si hasta ahora la cooperación “jamás” vista con un gobierno mexicano solo ha beneficiado a Estados Unidos, ¿cuál sería el incentivo para Sheinbaum? La respuesta es sencilla: la pacificación del país. Alcanzarla es otra cosa, y como se ha visto, no se ha podido apaciguar al país hasta ahora. La opción se la da Trump: tropas estadunidenses que combatan a los cárteles junto con las Fuerzas Armadas mexicanas en nuestro territorio. El plan anunciado ayer no contempla esa posibilidad, pero las señales que se están enviando apuntan que será cuestión de tiempo para que se eleven las presiones o, incluso, tengamos acciones unilaterales abiertas o clandestinas.
Sheinbaum ya las experimentó y debe escuchar lo que están diciendo. Rubio, por ejemplo, que minutos antes de subirse al avión para volar a México, habló con la prensa en Florida donde a propósito de una pregunta sobre el misil que destruyó una lancha rápida con 11 personas a bordo, respondió: “El presidente (Trump) ha sido muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, toda la fuerza de Estados Unidos, para combatir y erradicar a estos cárteles de las drogas, sin importar desde dónde operen, ni cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad. Esos días se acabaron”.
Rubio es el halcón menos feroz en la Administración Trump, pero es, de todo el gabinete, quien mejor conoce a México y sabe lo que provocó López Obrador con su tolerancia y laxitud con los cárteles. Por lo mismo sus palabras deben ser calibradas de manera diferente a como analizan al resto de los extremistas en Washington, y repensar qué quiere Sheinbaum para México, y cómo lo quiere.

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El diseño del viaje del secretario de Estado Marco Rubio a México y Ecuador no puede verse como una deferencia con el principal socio comercial de Estados Unidos, ni resultado de una relación extraordinaria hoy en día. Su trazado apunta a una estrategia específica de combate al Cártel de Sinaloa y a cortar sus redes de distribución de cocaína y lavado de dinero, que tienen sus raíces en ese estado del Pacífico, y que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según investigaciones en Estados Unidos, tuvieron el aval, protección y complicidad de funcionarios muy cercanos a él.
El Cártel de Sinaloa no es la única organización criminal mexicana que opera en Ecuador. El Cártel Jalisco Nueva Generación trasladó la guerra contra sus principales adversarios a esa nación sudamericana desde hace casi una década, para disputarles el tráfico de la cocaína. Ambos usan dos grupos locales, Los Choneros, con quien forjó una alianza Joaquín El Chapo Guzmán en 2003, y Los Lobos, con quien la estableció la organización de Nemesio El Mencho Oseguera, alrededor de 2013, y a quien se le atribuye el asesinato del candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, en 2023.
Sin embargo, la conexión directa con autoridades mexicanas es con el Cártel de Sinaloa, a través de un exgobernador, un subsecretario de Estado, y el propietario de una flota pesquera que tiene operaciones en Ecuador y Perú, que se utiliza para envía armas y dinero, con cargamentos de drogas en los barcos que regresan a México, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los servicios de inteligencia y agencias judiciales de Estados Unidos. Según la información que recolectaron, ninguno de ellos actuó a espaldas de Palacio Nacional en años recientes.
El planteamiento de este diseño no excluye la posibilidad que, como ha reiterado la presidenta Claudia Sheinbaum, se firme este miércoles un acuerdo de seguridad entre los dos países, que incluirían –probablemente de manera ambigua para el público–, las necesidades estratégicas del gobierno de Donald Trump, esbozadas en el comunicado de prensa del Departamento de Estado la semana pasada que anunció el viaje de Rubio: desmantelar a los cárteles de las drogas. Este objetivo, muy firme en el discurso de Sheinbaum, no ha tenido los resultados que había esperado Estados Unidos, reflejados en que la guerra de los cárteles no ha cejado, teniendo como mejor ejemplo, la guerra fratricida en el Cártel de Sinaloa.
Las presiones para que actúe en contra de aquellos funcionarios y empresarios vinculados con las organizaciones criminales no han parado. Se lo han dicho a la presidenta y a varios de sus funcionarios en privado, además de haberle enviado mensajes a través de los medios estadunidenses. Sheinbaum ha hecho numerosas concesiones a Estados Unidos en materia de seguridad, pero lo que es intransitable, una acción militar unilateral norteamericana, está comenzando a perder legitimidad y apoyo entre la población mexicana.
En la encuesta que publicó El Financiero ayer sobre la percepción que se tiene del manejo de la relación con el presidente Donald Trump y su gobierno, lo resultados no son alentadores. A la pregunta de cómo calificaría las relaciones bilaterales, el 51 por ciento dijo mal y solo el 37 por ciento aprobó, que fue una mejoría con respecto a la medición de julio, donde el 57 por ciento la desaprobada y solo el 27 por ciento pensaba que lo estaba haciendo bien. Y cuando preguntan la manera como su gobierno está llevando la relación con Trump, 56 por ciento desaprobaron y apenas 28 por ciento dijeron que lo estaba haciendo bien.
El problema de fondo se ve en otras respuestas: el 34 por ciento está de acuerdo con usar militares estadunidenses para combatir grupos criminales en México (un brinco de 10 por ciento en un mes), y aunque 65 por ciento siguió manifestando su desacuerdo, fueron 10 por ciento menos que en la medición anterior, mostrando debilidad en esa convicción. ¿Más colaboración? Treinta y uno por ciento de los encuestados, 18 por ciento más que en julio, dijeron adelante; 66 por ciento, 23 por ciento menos que el mes pasado, bajaron sus resistencias.
La presidenta va desgastándose y perdiendo consenso para enfrentar la principal demanda de Trump –y de su gabinete–, que México acepte que militares estadunidenses participen con las Fuerzas Armadas de México en el combate a los cárteles en territorio mexicano. El tema, si nos atenemos al comunicado del Departamento de Estado, tiene en la propuesta de “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles”, una de las prioridades del viaje de Rubio, por lo que no puede descartarse –otra cosa es darlo a conocer públicamente– que sea uno de los puntos que se hablarán hoy en Palacio Nacional, donde habría discrepancias de fondo.
No será así en el caso del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que ha pedido la intervención de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles que dispararon la violencia en ese país, atrapado como en un sándwich entre Perú y Colombia, los principales productores de cocaína. Noboa está en la lógica de Villavicencio, cuyo asesinato es atribuido en parte a que quería restablecer el convenio que daba a la DEA el uso de la Base Aérea de Manta, desde donde realizaba sus operaciones contra el narcotráfico en Sudamérica, que canceló el expresidente Rafael Correa, muy cercano a la 4T, en 2009.
Noboa logró en junio que los ecuatorianos aprobaran una enmienda constitucional para prohibir bases militares en su país, y para finales de este año prepara un referéndum nacional para que la gente decida si quiere o no el regreso de la base en Manta a Estados Unidos. En una reciente entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, dijo que la instalación de bases militares extranjeras era una de las prioridades de su gobierno para fortalecer la cooperación internacional en seguridad.
El presidente ecuatoriano no podía estar más alejado de la presidenta de México, y está mucho más cerca de Trump y de Rubio, de lo que está Sheinbaum. La diferencia: Quito está a cuatro mil 400 kilómetros de Washington, y México comparte tres mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y muchos intereses comunes. Con Ecuador la cooperación es menos compleja. Con México, las presiones solo pueden llegar hasta cierto punto –aunque el factor Trump baña todo de incertidumbre.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

 

Como todos los informes presidenciales, el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue distinto al de todos sus antecesores, al presentar un catálogo de sus logros y acciones durante el periodo, salvo un punto donde no habló sobre el pasado sino sobre el futuro, que es, a la vez, tiempo presente: Estados Unidos. Setenta y dos palabras del total de las siete mil 409 que tuvo su mensaje, permitieron ver lo que le quita el sueño: la relación con el gobierno del presidente Donald Trump y sus constantes amenazas intervencionistas.
El momento más claro de su inquietud fue cuando, rompiendo la estructura de su discurso, recordó las reformas constitucionales que se lograron y se detuvo en uno, el artículo 40 constitucional en materia de soberanía, que agregó un párrafo el 1 de abril pasado, que leyó textualmente: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Haberle dedicado ese tiempo en su lectura sugiere cuál es su prioridad en este momento y su preocupación. Ese párrafo fue una iniciativa de ella después de una serie de agresiones que descaradamente hizo públicas el gobierno de Trump: un avión espía que dejó abiertos sus sistemas para que pudieran rastrearse mientras realizó un sobrevuelo sobre aguas internacionales frente a las costas mexicanas, en donde se avistaron también un destructor y un portaviones frente a Baja California. Días después, la cadena de televisión CNN, reveló que entre enero y febrero se habían realizado 18 vuelos de sobrevigilancia sobre México, a espaldas del gobierno de Sheinbaum.
La reacción de la presidenta fue enviar la iniciativa, que fue ignorada completamente por Washington. Poco después de ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, en una llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump en abril, el jefe de la Casa Blanca le propuso enviar soldados a México para enfrentar junto con las Fuerzas Armadas mexicanas, a los cárteles de las drogas. La presidenta rechazó la oferta y para reforzar su postura, hizo pública la propuesta. En junio, siguiendo el ejemplo de Canadá, anunció que propondrían a Estados Unidos un acuerdo general sobre seguridad y comercio, que reconociera a los mexicanos que trabajan en aquel país.
En su primer informe, también fuera de la estructura tradicional de este tipo de mensaje, repitió el anuncio que el próximo miércoles estará en México el secretario de Estado, Marco Rubio, para firmar el acuerdo de seguridad. El tema de comercio y el reconocimiento de los migrantes mexicanos dejó de estar hace tiempo en su discurso sobre el acuerdo bilateral que han estado negociando. En Washington no lo han mencionado ni una sola vez. Si habrá una firma o no durante la rápida visita de Rubio, es algo que aún no se confirma, ni fue mencionado la semana pasada en el comunicado de prensa del Departamento de Estado que anunciaba la visita a México y Ecuador, donde hablará con el presidente Daniel Noboa, que comparte con Sheinbaum los dolores de cabeza que causa el Cártel de Sinaloa, pero que tiene una posición antagónica con ella sobre el papel intervencionista de Estados Unidos.
Sheinbaum ha elevado fuertemente las expectativas de un acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad, pero la agenda de Rubio en esos dos países plantea otras prioridades, las de su gobierno. La prelación de lo que desean, de acuerdo con el Departamento de Estado, “incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.
No es esta la agenda mexicana. Acciones “rápidas y decisivas” son las que ha estado empujando Trump y varios miembros de su gabinete, y los “actores malignos extracontinentales”, como se lo han dejado ver a la presidenta por los coqueteos que ha tenido el obradorismo con ellos, tienen que ver con Rusia, Irán y China. En el interlineado es lo que ha promovido Trump desde que regresó a la Casa Blanca, la renovación de la Doctrina Monroe de “América para los Americanos”.
El mundo hoy no es el mismo de 1823, y si bien las alianzas de un alto número de países latinoamericanos con los enemigos de Estados Unidos probablemente no se romperán, con México es muy diferente: tres mil 200 kilómetros de frontera común y la dependencia económica mexicana de esa nación, hacen a Sheinbaum mucho más vulnerable a las presiones. La presidenta, como lo hizo en el informe, se lanza a las escaramuzas y los amagos con palabras, que no han impedido que las presiones sigan creciendo.
La visita de Rubio ha sido manejada como una muestra de la buena relación con Estados Unidos, lo que cada vez es menos creíble entre los mexicanos. Será la primera vez que viaje a México como secretario de Estado –previamente ha realizado tres viajes a Latinoamérica–, y la primera vez también que hable con Sheinbaum –después de haberlo hecho con nueve presidentes y primeros ministros de la región. El trato del canciller estadunidense con los mexicanos ha sido distante y frío, no muy distinto, por cierto, al que ha tenido con Canadá.
El comunicado del Departamento de Estado señala que el viaje de Rubio demostrará el “inquebrantable” compromiso de Estados Unidos para proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas “narcoterroristas” y asegurar que no afecten a las empresas de su país, y fue acompañado con un mensaje –no público– que se le transmitió a la presidenta: están considerando actuar contra los grupos criminales que extorsionan a los productores agrícolas en Michoacán, algunos de los cuales son estadunidenses. Es decir, o van juntos o existe la posibilidad de acciones unilaterales.
Un acuerdo de seguridad podría resolver la mecánica de estas acciones y que México pudiera mantener la soberanía y márgenes de autodeterminación, para mantener el discurso nacionalista, como expresó Sheinbaum en su informe: la política de seguridad se decide en México y “nadie influye en ella”.

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Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum rinde su primer Informe de Gobierno, un gobierno que aún no puede arrancar como ella seguramente quisiera. En un primer balance, se le puede ver arrastrando el costo de las herencias de su mentor Andrés Manuel López Obrador, la rudeza impredecible del bulldozer en la Casa Blanca, Donald Trump, y una gestión que cede en prácticamente todo ante Washington, porque aunque no le guste, sabe que de la relación comercial con Estados Unidos depende la viabilidad del país y la suya propia como presidenta.
La cadena de cesiones, aunque parezca una paradoja, ha beneficiado al país. Los ejemplos más claros son el Plan contra la Extorsión y el reforzamiento de la lucha contra el huachicol, pedidas por Estados Unidos. Como externalidad, este tipo de acciones golpearon el flujo de recursos criminales y, en casos específicos, a una parte del financiamiento político de Morena de una parte del obradorismo, que generan otros riesgos internos que serán explorados en futuras columnas.
El primer año de Sheinbaum no puede verse sin estas tres vertientes. El apaciguamiento de Trump mediante concesiones en materia de seguridad, le ha permitido ganar tiempo con prórrogas para que no caiga la guadaña de aranceles indiscriminados, logrando contener las tarifas en lo que puede llamarse lo mejor de lo posible obtenido con el jefe de la Casa Blanca.
Ha habido en este tiempo otras cosas no menores. El destierro de 55 narcotraficantes de alto perfil, algunos de ellos que López Obrador no quiso extraditar, como Rafael Caro Quintero, a quien quería Estados Unidos desde 1985. Entregar criminales de todos los cárteles muestra que ella no tiene compromisos con ninguno, pero debe saber lo que esto podría impactar a su mentor, como por ejemplo, si judicializan la información de inteligencia que tienen los fiscales en Brooklyn sobre los millones de dólares que le entregó Caro Quintero al ex presidente por no extraditarlo, o lo que pueden declarar los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán sobre la relación de protección con Los Chapitos.
La bipolaridad política en la que se ha tenido que mover la presidenta, tiene en el otro extremo el acatamiento del decálogo al que se comprometió cumplir en mayo del año pasado, que exige: combate frontal a la corrupción (pero no a la de los suyos), concluir sus megaproyectos, gabinete de continuidad al máximo con perspectiva de equidad, seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas y la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, políticas de austeridad, el reforzamiento del aparato de propaganda con más blogueros y nuevos columnistas de renombre al servicio del régimen y, como colofón, continuar con la mañanera, como instrumento de control.
Ha seguido todo, no necesariamente a disgusto, y en algunos casos, como en el espectáculo de la mañanera, cada vez se parece más y más a él, en el tono, en las inflexiones, en sus técnicas de distracción, en sus latigazos, en frivolidades y en la narrativa. Que su voz suene más suave y su actitud menos cínica, no significa que es diferente en la esencia, sino en la forma.
No ha tenido espacio de maniobra para debilitar el cordón umbilical de Palacio Nacional con Palenque sin romperlo, ni acumular fuerza para avanzar en la lucha contra un titán, cortándole un pie, luego la pierna y los brazos, sin llegar al cuello. Su carencia de fortaleza política es bastante transparente, no así la brusquedad del forcejeo. El botón de muestra fue la reunión que tuvo hace tres lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López.
La reunión fue bastante ríspida entre la presidenta y el senador, a quien le preguntó, como si fuera queja, cómo iba a solucionar su conflicto con el gobernador de Tabasco, Javier May, que lo acusa de la violencia y expansión del narcotráfico en el estado, por la presunta colusión con el crimen organizado.
Sheinbaum le ofreció nombrarlo embajador, pero el senador, al que se le resbala todo en público y en privado, reiteró que no estaba al tanto de lo que hacía su secretario de Seguridad, líder de un grupo criminal filial del Cártel Jalisco Nueva Generación, que está prófugo. Las sugerencias de dejar la coordinación en el Senado chocaron contra un muro. No se movería. La presidenta dejó su destino en manos de Estados Unidos.
En Washington, pese a todo lo que ha hecho por complacer a Trump, ha visto con frustración y enojo, de acuerdo con las descripciones de algunas juntas de gabinete, que es insaciable. El viernes pasado ella misma dio una probadita de lo que ha experimentado cuando reveló que en las negociaciones bilaterales para un acuerdo marco de seguridad, Estados Unidos pedía mayor intervencionismo, con algunas peticiones que, aseguró, eran “inaceptables”. No dio detalles, pero por su fraseo, apuntaría a la participación de fuerzas policiales y militares estadunidenses en territorio mexicano.
La presidenta ha resistido las crecientes presiones de Washington, y a lo único a que se ha negado, hasta ahora, es a la presencia de fuerzas estadunidenses en territorio mexicano –algo en lo que se debe apoyar incondicionalmente a la presidenta–, y a someter a procesos legales a un paquete de políticos de Morena a quienes señalan de vínculos con el narcotráfico, a lo que no ha cedido por la cercanía con López Obrador. No obstante, en este primer año dio otros pasos enormes. El más grande, quizás, el fuerte combate al huachicol, que ha tenido como segunda derivada la disrupción de recursos a los grupos criminales, y deshidratar las finanzas de algunos sectores de Morena y de cercanos al ex presidente, que dejaron de recibir recursos de ese negocio ilegal.
Sheinbaum está atrapada en medio de dos fuegos, pero ha logrado mantener el frágil equilibrio entre los machos Alfa que son López Obrador y Trump, para navegar hacia delante en su proyecto. El aparador de su Presidencia, sin embargo, lo ocupan ellos dos, sin saberse si para el final de su segundo año de gobierno, haya logrado sacudirse el lastre, tener un mejor horizonte con Washington y, sobre todo, una vitrina para ella sola.

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Desquiciado es un adjetivo y encaja en Gerardo Fernández Noroña que este martes tuvo su Waterloo. El presidente del Senado perdió ese día su centro de estabilidad emocional, su equilibrio y control cuando lo desnudaron en los medios como un hipócrita –otro adjetivo que le queda– al revelar que había comprado una casa en Tepoztlán en 12 millones de pesos. Quien usaba una retórica franciscana pero aspiraba a ser un Rockefeller pagó –sin contar intereses–, lo que a un trabajador le llevaría 120 años cubrir con todo su salario mínimo.
La difusión de la adquisición lo desestabilizó emocionalmente y, como se dice coloquialmente, perdió los estribos y fustigó con su lengua obscena a Azucena Uresti y a Ciro Gómez Leyva, que en sus programas de radio matinales criticaron la incongruencia de Fernández Noroña, y más tarde, en el programa de Pepe Cárdenas, de quien ha sido colaborador hace algunos años, perdió el control y se exasperó cuando le preguntó sobre la zacapela que acababa de protagonizar en el Senado con su compañero de cámara Alejandro Moreno, líder del PRI.
Fernández Noroña ha encarnado durante años el epítome de la beligerancia sin discurso, y cultivado una imagen de rebelde indómito, hábil en la provocación, pero escaso en sustento. Su trayectoria política no es una narrativa de propuestas, sino de escenificaciones teatrales donde lo único constante es su propia altanería. Al senador lo define su capacidad de navegar entre trampas retóricas y de sus contradicciones epopéyicas. Arremete con insultos, pero exige respeto. Se presenta como defensor del pueblo, pero actúa desde el privilegio del fuero y el micrófono senatorial.
La soberbia radica en el discurso impune. De ser una figura que hizo su fama pública tirándose al suelo frente a los poderosos, más visual que efectivo, llegó al cargo por decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando repartió el poder y los contrapesos a su sucesora Claudia Sheinbaum. En el colmo de la irresponsabilidad, lo ungieron presidente del Senado, el peor que ha tenido esa cámara en la memoria, por su torpeza, incapacidad y manejo pendenciero y autoritario. Arrabalero –otro adjetivo a su medida–, ve el poder como extensión de su ego, no como una herramienta al servicio del diálogo.
Su viralidad no proviene de ideas, sino de enfrentamientos. Quiere ser presidente en 2030, pero en él no hay proyecto político, solo performance, como el miércoles, cuando enloquecido por el vendaval de críticas por su nueva casa, llegó con la sangre muy caliente al Senado y, sin sorpresa salvo el humor social que se había ido cultivando por la forma déspota y excluyente, alevosa y ruín con la que Morena ha tratado sistemáticamente a la oposición, maltrató verbalmente a la senadora Lily Téllez –Fernández Noroña tiene manchas de misógino– cuando increpaba al senador Adán Augusto López, metido en su propio huracán de categoría 20 con el tema del crimen organizado en su estado Tabasco, elevando la voz para callarla y reordarle, gritando, que ella no mandaba ahí. Su choque con Moreno fue una derivación de aquello, que a la vez, fue consecuencia de la ebullición creciente en su cabeza por su casa en Tepoztlán.
Fernández Noroña intentó un control de daños sobre la casa, pero como si estuviera nadando en un pantano, se iba hundiendo cada vez. Para la tarde, cuando entrevistadores de radio le pregunaron sobre el tema, les colgó el teléfono. Había sido muy claro: antes era austero y criticaba a los que tenían, porque el era pobre –traducción: era un resentido social–, pero cuando tuvo, se olvidó de esos momentos para tener autos de lujo, propiedades, viajes a destinos turísticos de fama mundial, y vuelos en business class, reclamando con evocación en los camaleones, porqué no podía gastar su dinero en lo que le plazca.
Su lógica sería impecable, salvo que él fue uno de los principales promotores de la estigmatización hecha por López Obrador, no solo del dinero de los políticos, sino de quien tuviera dinero, sin importar que fuera producto de su trabajo. Apenas el año pasado, en la campaña presidencial, atacó con saña a la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, por los contratos que había logrado como empresaria. Pero de las incongruencias de los obradoristas se ha hablado bastante –aunque no necesariamente suficiente–, y para que no sienta que traicionó a sus principios, podría justificarse con la máxima marxista de que es dialéctico rectificar.
El tema de fondo, en este caso, sería más bien de transparencia: ¿con qué recursos pagó esa casa y sus otras propiedades, su viajes, sus business classes, sus autos, y esa vida desenfadada y exhibionista que nos ha regalado selfies con el torso desnudo en Nueva York? Fernández Noroña asegura que con sus recursos. Y en específico, sobre la casa en Tepoztlán, dijo que su salario como senador, como líder de la cámara, sus participaciones en medios y, sobre todo, sus videos en YouTube que le daban lo suficiente para adquirirla. O qué, retó, ¿no creían que era capaz de comprarla?
La prensa hizo su chamba. Jorge Fernández Menéndez señaló en Excélsior que el crédito hipotecario que dijo contrató para adquirirla, obligaba pagos de 120 mil pesos mensuales, comiéndose su salario como senador. Sobre sus recursos de youtubero, que redondeó en 188 mil pesos, Reforma lo atajó. Para haber obtenido esos ingresos en YouTube, publicó, tendría que haber tenido seis millones 836 mil 363 visitas al mes, por lo que habría recibido 27.50 pesos por cada una. Pero en los últimos 30 días tuvo 492 mil visitas, que le representaron el 7.2 Por ciento de los 188 mil pesos que dijo recibir. Touché senador, y sin contar que ese crédito hipotecario era en realidad, según su declaración patrimonial, un crédito personal.
Senador, gaste su dinero como quiera, cómase sus palabras franciscanas y meta la medianía juarista en las salas VIP. Es su dinero, como bien dice, pero aclare como servidor público a quien pagamos su salario los contribuyentes, si fue bien habido, como asegura, y de una vez por todas borre las sospechas de un origen de procedencia ilícita, como dicen sus malquerientes, que por las reacciones que vimos el miércoles, son muchísimos.

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La tenacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para colocar al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al mismo nivel que los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, juega bien en su narrativa populista, pero mal en la realidad que no quiere ver. Lo hizo a partir de la tergiversación de las palabras del administrador de la DEA, Terrence Cole, que dijo el lunes que tener a Zambada tras las rejas en Estados Unidos, fue un trabajo que siguió “el modelo García Luna”.
Sheinbaum no se detuvo a pensar un instante lo que eso significaba. El “modelo García Luna” es lo peor que puede suceder para cualquier mexicano que sea buscado por la justicia estaduni-dense. Fue inspirado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue aquiescente en el juicio contra el exsecretario. El prototipo que utilizaron los fiscales en la Corte Federal de Brooklyn tuvo el consentimiento no escrito de López Obrador para que juzgaran a García Luna sin importar la ley.
La manera como lo ejecutaron es la siguiente:
1.- Una vez detenido, le ofrecieron la libertad en seis meses, ciudadanía, trabajo y beneficios económicos a cambio de que imputara a quienes ellos le dijeran, sin necesidad de pruebas. Le llevaron un expediente para que lo firmara y le dijeron que los nombres ahí presentados, los había enviado el ex presidente López Obrador con el propósito de que los señalara.
La lista incluía a los políticos:
* Carlos Salinas.
* Ernesto Zedillo.
* Vicente Fox.
* Felipe Calderón.
* Enrique Peña Nieto.
* Manlio Fabio Beltrones.
* Santiago Creel.
* Miguel Ángel Osorio Chong.
* Eduardo Medina Mora.
A los empresários:
* Carlos Slim.
* Ricardo Salinas Pliego.
* Juan Francisco Ealy Ortiz.
* Olegario Vázquez Raña (fallecido en marzo).
* Olegario Vázquez Aldir.
* “Los televisos”.
Sin mencionarlos por nombres, pedía que imputara a todos los secretarios de Gobernación y procuradores de 1988 a 2018; a los integrantes del gabinete en esos años; a los líderes políticos del PAN y del PRI; a los gobernadores del Estado de México, y a periodistas.
Como García Luna no quiso imputar a nadie si no tenía pruebas, vino el siguiente paso de los fiscales:
2.- Reclutar cooperantes que no tuvieron que presentar pruebas, que podían contradecirse y cometer perjurio, sin tener consecuencias, que es lo que sucedió durante el juicio contra García Luna. No pre-sentaron ni una foto, video, correo, mensaje de texto, grabaciones, o dinero que lo conectara con los narcos.
3.- A cambio, recibieron beneficios: Sergio Villarreal, El Grande, condenado a más de 500 años de prisión, fue liberado, le dieron la residencia y trasladaron a su familia a Estados Unidos; el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, condenado a 20 años de prisión, fue liberado; Héctor Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, lo dejaron en libertad y obtuvo el estatus migratorio que pidió.
No se ha dado cuenta Sheinbaum que el “modelo García Luna” puede ser aplicado indiscriminadamente.
La DEA lo intentó con el general Salvador Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa detenido al llegar a Los Ángeles en 2020 por presuntos vínculos con el narcotráfico. Le construyeron un caso a partir de unos chats en dispositivos Blackberry, donde según sus mensajes, Cienfuegos tenía comunicación con el lugarteniente de Juan Francisco Patrón, El H2, que era el jefe del Cártel de los Beltrán Leyva.
Cienfuegos fue regresado a México por presiones y amenazas del gobierno, pero los fiscales, que dijeron que se trataba de un caso político, nunca lo cerraron y lo mantienen abierto. El general nunca utilizó BlackBerry y las supuestas conversaciones que tenía el general con el lugarteniente, Daniel Silva Gárate, El H9, que se las mostraba a Patrón como prueba de su relación, en realidad las tenía con uno de sus matones apodado El Mago, en un dispositivo que utilizaban para engañar al H2 y sacarle millones de pesos que pensaba que eran para sobornar al general, pero que eran para su ludopatía.
Lo que no sabía la DEA, lo conocían los cárteles. La trampa trascendió años después de que Patrón y Silva Gárate fueran abatidos por la Marina, en un video de hace seis meses difundido por Camilo Ochoa, el influencer conocido como El Alucín, vinculado a Los Chapitos, presuntamente asesinado por la mayiza, las fuerzas leales a Zambada, este mes en Cuernavaca.
La captura del general y el caso contra él, de acuerdo con Cole, se construyó siguiendo el “modelo García Luna”. Para López Obrador y Sheinbaum, en el caso del general se trató de una calumnia, pero en el caso del ex secretario de Seguridad fue la comprobación de la corrup-ción del régimen anterior. Para Es-tados Unidos, los conflictos domés-ticos no importan. Como dijeron varios funcionarios al hablar ante los medios el lunes, cuando Zambada se declaró culpable, el desmantelamiento de los cárteles mexicanos no cesará y actuarán como lo hicieron con García Luna.
Hablar de García Luna como ejemplo de lo que están haciendo en Estados Unidos contra el narcotráfico, podría llegar a ser algo de lo que se pueda arrepentir la presidenta Sheinbaum antes de que termine su mandato. El “modelo García Luna” no aplica solo para panistas o priistas, sino para cualquier político a quien tengan en la mira: en este momento ocho específicos de más de una decena, varios de ellos figuras de alto relieve en el régimen de la 4T.
La presidenta se equivoca también al reducir la posibilidad de que haya imputaciones únicamente del Mayo Zambada. El modelo que erróneamente elogió esta semana, puede ser replicado por cualquiera de los 55 líderes del narcotráfico que su gobierno desterró este año, o por alguno de los que previamente hubieran sido extraditados, como Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien dejó escapar el presidente López Obrador cuando fue detenido en el culiacanazo en 2019.
El gabinete de seguridad civil, como podría llamarse, para efectos de equiparación con México, a los 15 funcionarios y fiscales que hablaron ante los medios el lunes, dejó claro que la batalla contra los cárteles mexicanos no parará, porque como subrayó Cole, nadie está más allá del alcance de la justicia de Estados Unidos.

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Si la prudencia es víctima de la propaganda, como suele suceder con las declaraciones inconti-nentes de la presidenta Claudia Shein-baum en sus monólogos matinales, el cortoplacismo de su narrativa requiere ajustes para evitar mentir y contra-decirse en cuestión de minutos, y para que el tiro no le salga por la culata, como pasó con su reacción al mensaje que dio el administrador de la DEA, Terrance Cole, tras reconocer culpas Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico del Cártel de Sinaloa, en la Corte Federal en Brooklyn.
Hace una semana Sheinbaum descalificó a Cole por anunciar acuer-dos de cooperación que desconoció, y ayer lo utilizó como referencia para apuntalar la narrativa del régimen y sugerir a los medios en qué enfocarse del día ciertamente “muy interesante” en Brooklyn. Sin embargo, la presi-denta tergiversó las palabras de Cole, que no dijo lo que ella aseguró que dijo. Lo que planteó fue más grave, en función de sus intereses como gober-nante y encubridora de los malos pasos de algunas de las figuras del régimen.
Sheinbaum dijo que lo que más le llamó la atención de lo que dijo el director de la DEA fue que “hemos derribado a tres grandes narcos, el pri-mero (Genaro) García Luna, el segun-do (Joaquín) El Chapo (Guzmán), y tercero El Mayo”, porque colocó al mismo nivel a dos conocidos capos y al que fue secretario de Se-guridad del presidente Felipe Calderón. Cole, sin embargo, dijo otra cosa:
“Este caso fue construido ladrillo por ladrillo. Empezó en una reunión sobre objetivos en Nueva York en 2020, en la que participé. De ahí, la División de Nueva York (de la Fiscalía en Brooklyn) y agentes de todas las dependencias federales, persiguieron sin descanso a cada miembro del Cártel de Sinaloa, junto con nuestros agentes en Bogotá, Madrid, y nuestros socios del FBI.
“Cada entrevista, cada interven-ción telefónica, cada noche sin dormir fue por la justicia… Nuestra colabora-ción global desarrolló el golpe final, apoyándonos en nuestros socios en Nueva York, Bogotá, Madrid y Washington… Fue el mismo modelo que usamos cuando derribamos a García Luna, cuando derribamos a El Chapo… Es el modelo para desman-telar los cárteles en la actualidad”.
Sheinbaum sugirió a los medios analizar la declaración de Cole. Vale la pena, porque más allá de mentir para acomodar el nombre de García Luna para fines políticos, hay otros elementos significativos en las palabras de Cole:
1.- Tras la reunión en 2020, nunca se apoyaron en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al que excluyeron de esas investigaciones. La desconfianza en López Obrador es el trasfondo de que jamás le informaran que se preparaba la captura de Zambada el año pasado, porque, de acuerdo con funcionarios estadunidenses, temían que desde Palacio Nacional lo alertaran.
2.- Cole dijo que tienen testimo-nios y grabaciones de intervenciones telefónicas inculpatorias. No son las únicas. La Fiscalía en Brooklyn tam-bién tiene dos transferencias electró-nicas al entorno de López Obrador días después del saludo del ex presidente a la madre del Chapo el 29 de marzo en Badiraguato.
3.- El “golpe final” a Zambada, o sea la captura, se hizo en coordinación con los fiscales de Nueva York, y agentes federales en Bogotá, Madrid y Washington. De acuerdo con funcio-narios estadunidenses, la operación la planeó el equipo del FBI que ha investigado al Cártel de Sinaloa desde hace más de 15 años, y la ejecución corrió a cargo de un comando especializado en terrorismo del Departamento de Seguridad Nacional.
4.- Cole se refirió a García Luna para subrayar el “modelo” para detenerlo, que se reveló durante el juicio en donde lo condenaron y sentenciaron a 38 años de cárcel, donde testigos cooperantes del Cártel de Sinaloa, incluido el hermano del Mayo, Jesús Reynaldo El Rey Zambada, cometieron perjurio y nunca aportaron una sola prueba de su involucramiento con el Cártel de Sinaloa. El Rey Zambada también declaró en contra de El Chapo en su juicio, en el cual declaró que el Cártel de Sinaloa le había pagado sobornos a López Obrador.
5.- El jefe de la DEA en el que se apoyó ayer Sheinbaum, es el mismo que elaboró la primera lista de 35 políticos de Morena presuntamente vinculados con los cárteles de las drogas, cuando como responsable de operaciones en la región, con base en la Ciudad de México, vio cómo por razones políticas Estados Unidos regresó al general Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con la organización de los Beltrán Leyva, sin que fuera sujeto a proceso como López Obrador se había comprometido, añadiendo al agravio el haber difundido en una mañanera información confidencial de la agencia.
Sheinbaum dijo ayer que para que procediera una investigación en México tendría que haber una denuncia. No es lo que dijo de García Luna, ni tampoco es verdad. El Mayo Zambada denunció al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya mediante una carta dada a conocer en agosto del año pasado, sin que hasta la fecha se haya abierto una carpeta de investigación, como la Fiscalía General sí hizo a partir de otros dichos del ex capo de las drogas. En Washington ven esto, como en el caso de Cienfuegos, como impunidad.
La presidenta volvió a reconocer que no sabe nada más que el resto de la gente de los intríngulis en Brooklyn. Por eso, además de revisar lo que dijo exactamente Cole, también le convendría leer la parte final del comunicado de prensa del Departamento de Justicia, sobre la declaración de culpabilidad de Zambada, donde señala que El Mayo operó con impunidad a los más altos niveles del narcotráfico mundial, mientras garantizaba su éxito continuo y su seguridad mediante sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y policías, controlándolos para proteger a sus operadores y cargamentos de droga, pagando a militares de alto grado para que les informaran de operaciones del Ejército contra el Cártel de Sinaloa, cuyo combate le había encargado desde 2009 el ex presidente Calderón.
Sheinbaum se encuentra en la dinámica de la propaganda obradorista, eficaz en México pero no más allá. La mañanera cumple para sedar conciencias, pero desde Nueva York ya le dijeron que esto apenas empieza.

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Ayer, el búmeran que lanzó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 en Brooklyn, le regresó. Hace cinco años, tras la captura del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió al primer gobierno de Donald Trump, un maxi proceso. No lo fraseó así, pero quería que ese tribunal reviviera los momentos de gloria de la corte de Palermo a mediados de los 80, que en el histórico juicio contra la Cosa Nostra italiana condenó a 360 mafiosos. Durante el juicio salieron sus vínculos con políticos, financieros y empresarios, y aunque no fueron directamente juzgados en ese proceso, en otras causas paralelas fueron encontrados culpables, como el ex primer ministro Giulio Andreoti.
López Obrador cambió concesiones ilimitadas a Trump en materia migratoria –que era fundamental para lograr la reelección–, a cambio de que sus fiscales lograran que García Luna imputara durante su juicio a decenas de políticos, empresarios y periodistas de estar vinculados con el narcotráfico. García Luna se negó a señalar a nadie de quien no tuviera pruebas, aunque los fiscales neoyorquinos le dijeron en cinco ocasiones que no importaba que careciera de pruebas, pues de eso se encargaban ellos. Finalmente obtuvieron lo que querían, no en los términos de López Obrador, sino en las condiciones y circunstancias que le acomodan, un lustro después, al presidente de Estados Unidos.
En la misma corte de Brooklyn, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos de los 17 delitos de los que lo acusaba Estados Unidos, pidió perdón –una condición en estos casos–, y trazó con brocha gorda lo que en algún momento detallará a los fiscales, sintetizado ante el juez Brian Cogan en una frase: “La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente… que continuó durante todos los años en que estuve en control”.
La investigación para desmantelar por completo al Cártel de Sinaloa comenzó en una reunión en Nueva York en 2020, durante la Administración Biden, donde se trazó una hoja de ruta interinstitucional para ir construyendo el caso contra la organización criminal. El resultado, como dijo la procuradora general Pamela Bondi este lunes en Nueva York, es que “el reino del terror se acabó”, después de años de “impunidad en los más altos niveles del gobierno (mexicano), y de corromper funcionarios y policías”.
La frase es ambigua, pero en el contexto de cómo se llegó a la declaración de culpabilidad de Zambada, traza un camino hacia el futuro. La investigación contó con la colaboración de las autoridades en Colombia y España, pero no con el gobierno de López Obrador, excluido a lo largo de todo el trabajo realizado por el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la DEA. En la reunión en 2020 estuvo Terrence Cole, actual administrador de la DEA, que en ese entonces era responsable de operaciones en América Latina con base en la Ciudad de México.
Cole fue quien comenzó a trabajar la relación de políticos mexicanos con el narcotráfico y elaboró una larga lista de nombres, que por razones políticas, no prosperó ni terminó en procesos judiciales. Por esa razón, meses después de la reunión en Nueva York renunció a la DEA, y por la razón contraria, retomar lo que había empezado, aceptó de Trump el cargo que ahora detenta. “Nuestro trabajo con México no ha terminado”, dijo crípticamente ayer en una conferencia conjunta e inédita, donde participaron las cabezas de todas las áreas responsables del decapitamiento del Cártel de Sinaloa.
Zambada, junto con Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Luis El Güero Palma, encabezaron el Cártel de Sinaloa desde 1987, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, jefe del Cártel de Guadalajara, dividió la organización. Estados Unidos lo quería para dos cosas: aportar información sobre la presunta participación de Manuel Bartlett en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, cuando era uno de los matones del Cártel de Guada-lajara, y aportar información sobre el narcotráfico en México, en cuyo hábitat vivió 56 años.
El Mayo Zambada es una mina de datos. Durante los años en que fue jefe del Cártel de Sinaloa –con Guzmán y Palma presos– sorteó con impunidad a seis presidentes, decenas de gobernadores –ocho solo en Sinaloa–, y un número incalculable de militares. El potencial de sus revelaciones es devastador, suficiente para llevar a México al banquillo de los acusados.
La presidenta Claudia Shein-baum, que no tiene nexos con el narcotráfico, tendrá que prepararse para lo que pueda ir saliendo en Estados Unidos que comprometa no solo a sus adversarios, sino a su movimiento. Ayer por la mañana dijo no estar preocupada por lo que dijera Zambada –qué más podía decir–, y que en todo caso, deberá aportar pruebas para que haya consecuencias legales en México.
Sheinbaum tiene que analizar lo que reveló Cole: están utilizando “el modelo de García Luna” para desmantelar a los cárteles y, aunque no lo dijo explícitamente, el manto de protección institucional que les permitió crecer y expandirse desde el tráfico de cocaína, como empezaron, al del fentanilo, es lo que se asoma en la siguiente fase en el caso del Mayo Zambada.
A García Luna lo condenó un jurado popular que escuchó testimonios de narcotraficantes que cometieron perjurio y nunca aportaron una sola prueba de su involucramiento con el Cártel de Sinaloa. La posibilidad de que el juez Cogan anulara el juicio por esas razones se acabó súbitamente tras la captura de Zambada porque, explicaron abogados en Nueva York, no quiso descalificar la figura de testigos cooperantes pensando que en algún momento lo sería El Mayo.
Esta es la dialéctica de la lucha contra el Cártel de Sinaloa, que mete a la presidenta en una encrucijada. Cuando se trató de testigos que mintieron sobre García Luna, lo festejaron López Obrador y ella. Si ahora le aplican el “modelo” a figuras del régimen a quienes acusen sin pruebas, entrará en un forcejeo político con Estados Unidos, hasta que se cansen y actúen directamente, construyendo un caso criminal como el que hicieron con García Luna, y aplicando una solución anti-impunidad como lo hicieron con Zambada.

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Los procesos en distinto grado del gobierno de Estados Unidos en contra de dos personas largamente asociadas con Pemex, Carlos Treviño, director de la empresa en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, y Mario Ávila, subdirector en Pemex Exploración y Producción en el sexenio de Felipe Calderón, son piezas de un engranaje profundo que echaron a andar en Washington como parte de una amplia investigación en distintos campos sobre lo que piensan que es un andamiaje criminal construido por años en este país, y consolidado durante el mandado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 11 de agosto, la Corte del Distrito Sur de Texas desclasificó una acusación contra Ávila, involucrado en el sector privado, y otro empresario, Alejandro Rovirosa Martínez, de haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción, para obtener contratos con la paraestatal. Días después, la Oficina de Migración y Aduanas detuvo en el mismo estado a Treviño, por encontrar irregularidades en su estatus migratorio.
Treviño está detenido y en breve tendrá su día en la Corte para definir su situación y determinar si es extraditado o no. Ávila regresó a México antes de que fuera acusado, mientras que no se sabe nada de Rovirosa Martínez, que de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa, estaba vinculado a Los Zetas, y por quien Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, ofreció 10 millones de dólares por información sobre su paradero. Treviño y Ávila, a quien el Departamento de Estado le canceló la visa junto con su familia, aseguran que son inocentes de las acusaciones que les imputan.
Ambos casos tienen una enorme relevancia para México, pero no por las razones por las que han sido señalados –que son de interés prioritario de Treviño y Ávila–, sino por lo que asoma detrás de las imputaciones, que revelan lo que están hurgando las autoridades estadunidenses.
Ávila recordó la semana pasada en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que cuatro años antes de la acusación, al llegar a Estados Unidos, lo llevaron a un pequeña oficina en el aeropuerto de Houston donde agentes de la Secretaría de Seguridad Interior y del FBI le preguntaron si sabía o estaba enterado de que el gobierno de López Obrador y Pemex estaban metidos en actos de corrupción en la adjudicación de contratos o en el pago de deudas.
Ávila dijo que le dieron nombres de algunas empresas, varias que son públicas en Estados Unidos, pero que negó saber si estaban o no metidas en la corrupción. Por petición de los agentes y de manera voluntaria, les entregó su teléfono móvil y el IPad, y cuando pensó que dos días después, citado en las oficinas de Seguridad Interior en Houston, se los entregarían, le repitieron las mismas preguntas y les respondió lo mismo. Tiempo después regresó a México.
No volvió a saber nada de ellos hasta el año pasado, dijo, cuando sus abogados en Texas fueron citados en las mismas oficinas, donde les pidieron que le transmitieran las preguntas a su cliente para conocer de actos de corrupción de directivos de Pemex de alto nivel, así como de empresas “grandes” que trabajaban para la paraestatal. Ávila, según contó, repitió lo que les había dicho. “Querían negociar”, dijo en la entrevista radial. “El tema de la visa pudiera ser un dulce para que yo incriminara a personas que ni siquiera conozco o no he visto desde que salí de Pemex”.
En el caso de Treviño, cuando agentes de Migración y Aduanas lo interceptaron al dirigirse al banco en Frisco, un suburbio de Dallas donde trabajaba, le preguntaron que necesitaban que les hablara sobre la corrupción en Pemex y los nexos de sus funcionarios y empleados con el crimen organizado. Los agentes, según trascendió en Texas, comenzaron preguntándole sobre su “relación” con el Cártel de Sinaloa. Treviño, por lo que se sabe, les respondió que ninguna.
Le insistieron en que les proporcionara toda la información que tuviera sobre el narcotráfico en México, y cuando les dijo que no tenía nada sobre ese tema, le dijeron que era imposible que se pudiera trabajar en el gobierno mexicano –como él en Pemex, durante casi dos décadas–, y no tener relación con los cárteles de las drogas.
En los dos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa y tuvo salidas fallidas en la mañanera por mantener en automático la narrativa sobre la corrupción del pasado. En los primeros días de la acusación contra Ávila, fue insistente en que había trabajado en el gobierno de Calderón y que había sido candidato del PAN al gobierno de Campeche, aunque no existe ninguna acusación contra él en México. En el de Treviño dijo que lo habían detenido como resultado de una solicitud de extradición y que sería regresado a México para ser juzgado por presuntos actos de corrupción en el Caso Odebrecht.
Misteriosamente, los temas dejaron de estar en su agenda, porque empezó a fluir información a la Presidencia sobre la debilidad de las acusaciones en México en el caso de Treviño, y de las relaciones que habían forjado Ávila y Rovirosa Martínez durante el sexenio de López Obrador. Uno de los nombres que brincaron fue el de José Ramón López Beltrán, primogénito del ex presidente, y el otro fue el del ex director de Pemex, actual titular de Infonavit, Octavio Romero Oropeza. No hay información de negocios de López Beltrán con Ávila y Rovirosa Martínez, pero en cuanto a Romero Oropeza, las autoridades están indagando la corrupción durante su gestión en Pemex.
Existen otros vínculos de personajes del régimen y la familia presidencial que están presuntamente involucradas en negocios ilegales con Pemex –en particular el robo de combustible en los estados del Golfo–, y con el crimen organizado, por la información que ha trascendido en Texas en estas y otras investigaciones realizadas por el Departamento de Seguridad Interior y el FBI. Una de ellas, quizás la prioritaria para Estados Unidos en este momento, es el robo de combustible en el sureste, que involucra a La Barredora y salpica al senador Adán Augusto López.

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