Los procesos en distinto grado del gobierno de Estados Unidos en contra de dos personas largamente asociadas con Pemex, Carlos Treviño, director de la empresa en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, y Mario Ávila, subdirector en Pemex Exploración y Producción en el sexenio de Felipe Calderón, son piezas de un engranaje profundo que echaron a andar en Washington como parte de una amplia investigación en distintos campos sobre lo que piensan que es un andamiaje criminal construido por años en este país, y consolidado durante el mandado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 11 de agosto, la Corte del Distrito Sur de Texas desclasificó una acusación contra Ávila, involucrado en el sector privado, y otro empresario, Alejandro Rovirosa Martínez, de haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción, para obtener contratos con la paraestatal. Días después, la Oficina de Migración y Aduanas detuvo en el mismo estado a Treviño, por encontrar irregularidades en su estatus migratorio.
Treviño está detenido y en breve tendrá su día en la Corte para definir su situación y determinar si es extraditado o no. Ávila regresó a México antes de que fuera acusado, mientras que no se sabe nada de Rovirosa Martínez, que de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa, estaba vinculado a Los Zetas, y por quien Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, ofreció 10 millones de dólares por información sobre su paradero. Treviño y Ávila, a quien el Departamento de Estado le canceló la visa junto con su familia, aseguran que son inocentes de las acusaciones que les imputan.
Ambos casos tienen una enorme relevancia para México, pero no por las razones por las que han sido señalados –que son de interés prioritario de Treviño y Ávila–, sino por lo que asoma detrás de las imputaciones, que revelan lo que están hurgando las autoridades estadunidenses.
Ávila recordó la semana pasada en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que cuatro años antes de la acusación, al llegar a Estados Unidos, lo llevaron a un pequeña oficina en el aeropuerto de Houston donde agentes de la Secretaría de Seguridad Interior y del FBI le preguntaron si sabía o estaba enterado de que el gobierno de López Obrador y Pemex estaban metidos en actos de corrupción en la adjudicación de contratos o en el pago de deudas.
Ávila dijo que le dieron nombres de algunas empresas, varias que son públicas en Estados Unidos, pero que negó saber si estaban o no metidas en la corrupción. Por petición de los agentes y de manera voluntaria, les entregó su teléfono móvil y el IPad, y cuando pensó que dos días después, citado en las oficinas de Seguridad Interior en Houston, se los entregarían, le repitieron las mismas preguntas y les respondió lo mismo. Tiempo después regresó a México.
No volvió a saber nada de ellos hasta el año pasado, dijo, cuando sus abogados en Texas fueron citados en las mismas oficinas, donde les pidieron que le transmitieran las preguntas a su cliente para conocer de actos de corrupción de directivos de Pemex de alto nivel, así como de empresas “grandes” que trabajaban para la paraestatal. Ávila, según contó, repitió lo que les había dicho. “Querían negociar”, dijo en la entrevista radial. “El tema de la visa pudiera ser un dulce para que yo incriminara a personas que ni siquiera conozco o no he visto desde que salí de Pemex”.
En el caso de Treviño, cuando agentes de Migración y Aduanas lo interceptaron al dirigirse al banco en Frisco, un suburbio de Dallas donde trabajaba, le preguntaron que necesitaban que les hablara sobre la corrupción en Pemex y los nexos de sus funcionarios y empleados con el crimen organizado. Los agentes, según trascendió en Texas, comenzaron preguntándole sobre su “relación” con el Cártel de Sinaloa. Treviño, por lo que se sabe, les respondió que ninguna.
Le insistieron en que les proporcionara toda la información que tuviera sobre el narcotráfico en México, y cuando les dijo que no tenía nada sobre ese tema, le dijeron que era imposible que se pudiera trabajar en el gobierno mexicano –como él en Pemex, durante casi dos décadas–, y no tener relación con los cárteles de las drogas.
En los dos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa y tuvo salidas fallidas en la mañanera por mantener en automático la narrativa sobre la corrupción del pasado. En los primeros días de la acusación contra Ávila, fue insistente en que había trabajado en el gobierno de Calderón y que había sido candidato del PAN al gobierno de Campeche, aunque no existe ninguna acusación contra él en México. En el de Treviño dijo que lo habían detenido como resultado de una solicitud de extradición y que sería regresado a México para ser juzgado por presuntos actos de corrupción en el Caso Odebrecht.
Misteriosamente, los temas dejaron de estar en su agenda, porque empezó a fluir información a la Presidencia sobre la debilidad de las acusaciones en México en el caso de Treviño, y de las relaciones que habían forjado Ávila y Rovirosa Martínez durante el sexenio de López Obrador. Uno de los nombres que brincaron fue el de José Ramón López Beltrán, primogénito del ex presidente, y el otro fue el del ex director de Pemex, actual titular de Infonavit, Octavio Romero Oropeza. No hay información de negocios de López Beltrán con Ávila y Rovirosa Martínez, pero en cuanto a Romero Oropeza, las autoridades están indagando la corrupción durante su gestión en Pemex.
Existen otros vínculos de personajes del régimen y la familia presidencial que están presuntamente involucradas en negocios ilegales con Pemex –en particular el robo de combustible en los estados del Golfo–, y con el crimen organizado, por la información que ha trascendido en Texas en estas y otras investigaciones realizadas por el Departamento de Seguridad Interior y el FBI. Una de ellas, quizás la prioritaria para Estados Unidos en este momento, es el robo de combustible en el sureste, que involucra a La Barredora y salpica al senador Adán Augusto López.

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El martes de la semana pasada cuando iba al banco en Frisco, un próspero suburbio de Dallas, Carlos Treviño, director de Pemex en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido por agentes migratorios. En la víspera, México había expatriado a otros 26 narcotraficantes a Estados Unidos. Estos eventos fueron interpretados como un intercambio, aberrante por definición, al canjear a un presunto delincuente de cuello blanco por narcotraficantes, que fue visto en ambos países como algo normal.
El timing de la captura empatado con la expatriación definió con claridad los intereses de ambos países. Como lo explicó un abogado, para Estados Unidos el objetivo final es acabar con el fentanilo y los narco gobiernos que se están construyendo en México; y para este país, en la percepción de Washington, es el show de la mañanera, regalándole a la presidenta ingredientes para la narrativa del régimen contra el pasado. Sin embargo, la felicidad no fue recíproca. Treviño no era una prioridad para Sheinbaum. De hecho, es más preocupación que satisfacción.
La detención tomó por sorpresa al gobierno mexicano. Si bien ni Palacio Nacional ni la Fiscalía esperaban a Treviño, para Sheinbaum no fue algo del todo inesperado. Desde que llegó a México el nuevo embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en mayo, sabía –porque se lo informaron– que en algún momento detendrían y deportarían a Treviño para regalarle a su gobierno lo que no concluyó el anterior: cerrar el caso de corrupción de Odebrecht, donde otro ex director de Pemex, Emilio Lozoya, es el protagonista principal.
En este contexto, hacerlo coincidir con el envío de narcotraficantes a Estados Unidos, no parece haber sido una coincidencia, sino un manejo perverso de los tiempos políticos de Washington.
Las autoridades estadunidenses detuvieron a Treviño por un asunto migratorio, lo que legalmente les impedía informarle al gobierno mexicano al no tratarse de una extradición. Violentaron el debido proceso en el caso migratorio –Treviño tiene permiso de residencia y de trabajo–, y también la vieja política de asilo, porque el ex director de Pemex está en espera de que se resuelva su solicitud de asilo donde argumenta persecución política, la misma razón por la que Interpol canceló una notificación roja –la antes llamada ficha roja–, que había solicitado México para detenerlo y extraditarlo.
Las transgresiones a la ley no estuvieron solo de un lado. El gabinete de seguridad mexicano violó el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, porque si bien los 26 narcotraficantes encajan en responsabilidad en dos de los 13 incisos (el I y el IX), no existe en esa ley ni en ninguna otra, la autoridad para que puedan expatriar, expulsar o enviar a ningún mexicano al extranjero sin una orden judicial, que para efectos de Estado de derecho, solo existe en los casos de extradición. Para lo que hicieron ni siquiera existe una palabra que describe correctamente su acción, pero jugaron la melodía tocada por la Casa Blanca.
El gobierno de Donald Trump está jugando en el campo de la política, no de la ley, y a cambio de la última concesión le puso a Sheinbaum en la puerta de salida a Treviño, probablemente esperando que fuera una gran noticia. No lo fue. La presidenta, según ha trascendido, esperaría que Treviño no sea deportado y que busque un arreglo con las autoridades estadunidenses. La Fiscalía no ha renovado su solicitud de extradición, ni ha movido nada en ese sentido. El tema, incluso, se ha apagado en los medios: el caso Treviño, porque los mete en problemas legales y políticos.
El proceso contra el exdirector de Pemex, jurídicamente hablando, no se sostiene. La acusación contra Treviño fue hecha por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en agosto de 2020, pero la acusación de la Fiscalía contra él, en enero de 2022, tiene una versión de los hechos contradictoria. Las tensiones y rupturas que tuvieron Lozoya y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, porque el exfuncionario nunca entregó pruebas que respaldaran sus dichos, llevaron a que la investigación concluyera sosteniendo la Fiscalía, esencialmente, que los únicos beneficiarios de los sobornos del gigante de la construcción Odebrecht, eran Lozoya y su familia.
En otra aberración judicial, el agente del ministerio público que firmó la declaración sobre quiénes fueron los únicos destinatarios de los sobornos, fue el mismo que ha conducido la carpeta de investigación contra Treviño: Kristian Jiménez Hernández. Lo que hizo, para hacerlo más claro, es perseguir a Treviño por un delito que en otra carpeta él mismo desestimó. Si llegara a seguir su juicio en México, la jueza de control designada para llevarlo sería Nancy Selene Hidalgo Pérez, que estuvo en las listas del Ejecutivo y el Legislativo en las elecciones del Poder Judicial.
No se sabe si Estados Unidos, pensando que le hacía un favor político a México, puso en embrollos al gobierno de Sheinbaum. Nadie puede asegurar que la defensa de Treviño no pediría que Lozoya declarara y se careara con él, lo que podría poner en evidencia los arreglos oscuros que hizo este último con la Fiscalía para acusar a quienes le pidieron que imputara. Pero además, tampoco nadie puede garantizar que no solicitarían que declare el director de Pemex en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero Oropeza, actual titular del Infonavit.
Treviño hizo la entrega de Pemex a Romero Oropeza, que le reportó a López Obrador durante la transición que le habían abierto toda la documentación de la empresa, elogiando la transparencia del director saliente. No hubo ninguna queja ni señalamiento de corrupción en ese momento, lo que contradice los alegatos de Lozoya casi un año y medio después, y muestra las dos políticas paralelas y antagónicas que siguió López Obrador, donde eliminar la corrupción nunca fue un tema, sino acusar de corruptos a sus potenciales adversarios en futuras elecciones.
El timing de la captura de Treviño, empatado con la expatriación de narcotraficantes, no dependió de México, pero subrayó uno de los intereses prioritarios de Estados Unidos: abrir el clóset de los negocios y tratos oscuros en Pemex. Actuar contra Treviño no estaba en el radar de Sheinbaum, ni reabrir su caso, que puede saberse dónde empezará, pero no dónde terminará.

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Tres meses después del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, quizás los dos colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ¿qué se tiene? Trece personas detenidas, seis presuntamente por su participación en la logística del atentado, y otras siete, aparentemente, porque no lo han precisado las autoridades, por narcomenudeo y robo. ¿Qué no se tiene? Al asesino, que reconocieron las autoridades tenía un entrenamiento especializado –no era un sicario ordinario– y el arma que utilizó. Tampoco a los autores intelectuales y el móvil, aunque esto será producto de una segunda fase, si es que en algún momento la opinión pública llega a conocer la verdad de este crimen.
El avance de la investigación fue dado a conocer ayer por la tarde en una conferencia de prensa donde lo más revelador fue lo que revelaron como si fuera algo normal. Oficialmente la investigación la encabeza la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, porque los homicidios pertenecen al fuero común. Pero por encima de ella, está todo el gobierno federal. Como describió el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, participan el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
Evidentemente, estos asesinatos están siendo tomados como un asunto de Estado. El tratamiento que se le está dando es como si fuera un atentado perpetrado por el crimen organizado. Esta es una de las líneas de investigación que están abiertas, aunque no lo dicen públicamente las autoridades por razones de sigilo, pero no es la única. La otra gran línea de investigación es que fue un ajuste de cuentas interno dentro del grupo político que controla la alcaldía de Iztapalapa, donde Brugada fue alcaldesa por casi una década. Una línea que por protocolo casi se sigue en los asesinatos, crimen por razones personales, puede descartarse.
El atentado, explicó Alcalde Luján ayer, se planeó durante casi tres semanas y se frustró el 14 de mayo, quince días antes de ejecutarlo, porque en el punto seleccionado para realizarlo, sobre la avenida Tlalpan, donde Ximena seguía la rutina diaria de recoger a José a la salida de un puente peatonal subterráneo, ese día no llegó por él. No lo mataron ahí, porque lo que buscaban era el doble asesinato que llevara el mensaje directo a Brugada. La jefa de Gobierno lo recibió. Se llevó casi dos meses en remplazar a Ximena como su secretaria particular, pero el nombre de la persona que la sustituyó se guarda con enorme secrecía por razones de seguridad.
Este detalle no es menor. Revela que no fue un atentado dirigido específicamente contra Ximena o José, sino que fue un mensaje contra Brugada, de personas que conocían su cercanía, cariño y confianza con ellos, que eran sus operadores y enlaces de gestoría con grupos políticos y empresarios desde que trabajaron con ella en Iztapalapa.
Mantener en secreto el nombre de la persona que ocupa la secretaría particular, se puede interpretar que teme que quienes ordenaron el crimen, puedan ordenar un nuevo atentado contra esta, que es la preocupación que expresaron miembros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPREZ, que co-fundó Brugada con los hermanos de José y del cual fue líder durante años, en los sepelios de Ximena y José, donde comentaron que se había tratado de un “trabajo interno”.
La hipótesis que mencionaron varios integrantes de la UPREZ en ese momento, se convirtió en la principal línea de investigación que siguió, de manera paralela a Alcalde Luján, García Harfuch. Se inscribe también en la preocupación del grupo político dominante en Iztapalapa, que el asesinato de Ximena y José es un conflicto no resuelto hasta este momento, que se profundizó en las semanas previas al crimen, con una serie de redadas y detenciones de las autoridades capitalinas en Iztapalapa.
El crimen es una alta prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, que pese a sus diferencias con Brugada y su grupo político, desde el primer momento puso al gabinete de seguridad a trabajar en el asesinato. Durante los primeros días, Brugada informaba permanentemente a la presidenta por teléfono de los avances, y diariamente la visitaba en Palacio Nacional para darle detalles.
El avance de la investigación dado a conocer ayer sigue escondiendo información. Alcalde Luján, García Harfuch y el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, ofrecieron una conferencia de prensa sin más apoyo que lo que llevaban escrito. Alcalde Luján describió en términos generales lo que dijo fue la vigilancia previa de Ximena y José, y cómo se movieron los vehículos el día del crimen. Sin embargo, no aportaron una sola imagen de las cámaras del C-5 o de las cámaras privadas, que permitieran saber el minuto a minuto de las rutas que utilizaron los atacantes.
Tampoco hubo una explicación del porqué se violaron las jurisdicciones. El gabinete de seguridad está volcado en la investigación, mientras que la policía de la Ciudad de México participó ayer con las fuerzas federales en los cateos realizados en Otumba, en el Estado de México, relegando a un papel secundario a la policía estatal, la primera facultada para ese tipo de acción.
No revelaron la forma como pudieron determinar que seis personas participaron directamente en el asesinato, ni qué información –porque no hablaron nada de esto– aportaron las matrículas de los vehículos presuntamente involucrados en los asesinatos. De la misma forma, si es cierta la hoja de ruta del ataque que detallaron a partir supuestamente del seguimiento de las cámaras del C-5 o las privadas, ocultaron en qué punto perdieron la pista del asesino, que aseguran seguir buscando.
Las autoridades federales tienen más información de lo que han aportado y al menos en papel, su investigación está prácticamente cerrada. No se sabe si en algún momento se hará pública, o como sucedió en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, cuya investigación ordenó el expresidente Andrés Manuel López Obrador cerrar días después del ataque, no sabe ni quién ordenó que lo mataran, ni porqué, como dice él mismo, pese a haber más de una decena sentenciados por el intento de asesinato.

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Lo que raramente hace, la presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo ayer: iniciar su conferencia matutina para negar que existe un acuerdo con la DEA para trabajar conjuntamente contra los facilitadores del narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos. En la víspera, la DEA anunció el Proyecto Portero, que tiene como elemento inicial la capacitación de policías mexicanos en Texas, y que en palabras del nuevo adimistrador de la agencia, Terrence Cole, “muestra cómo pelearemos, con planeación y acciones conjuntas con nuestros socios mexicanos… en una nueva era de reforzamiento policial transfronterizo”.
De ninguna manera, por cuanto a Palacio Nacional toca. Sheinbaum dijo desconocer sobre qué base la DEA había publicado el comunicado porque no se le había preguntado al gobierno mexicano, y sugirió que el gabinete de seguridad no tiene acuerdos con la DEA, porque solo están trabajando con el Comando del Norte. Esta divergencia no es la primera que tiene con Estados Unidos en el tema de la seguridad, aunque las anteriores fueron por las operaciones clandestinas en territorio mexicano.
El comunicado de la DEA, suscrito por Cole, no habla de acuerdo per se, sino de una “iniciativa bilateral audaz”, que sugiere que sí hubo pláticas bilaterales para llevarla a cabo. De otra forma, ¿por qué irían policías mexicanos a capacitarse en las técnicas que requiere la DEA para el combate transfronterizo? La Embajada de Estados Unidos en México expresó la posición de su gobierno, respaldando el comunicado de la agencia para la lucha contra las drogas con una respuesta frontal después de la mañanera presidencial, con un mensaje en X que dice “problemas compartidos, souciones compartidas”, acompañando la fotografía de la primera plana de Reforma, cuyo titular principal dice: “Van la DEA y México por capos fronterizos”.
La Administración Trump no se anda con sutilezas. Si Sheinbaum no quiere hacer enojar a López Obrador, es un problema doméstico, no de la relación bilateral. La reacción de la presidenta tuvo un carácter de urgente –fue su primer tema de la mañanera, rompiendo el rígido ritual cotidiano–, que se puede ver más como un mensaje a Palenque que al cuartel general de la DEA en Arlington, Virginia, frente a Washington, separados por el río Potomac.
El urgente desmentido parecía arañar el deseo de que no se enoje Andrés Manuel; que no se sienta agredido; que no piense que no se sigue al pie de la letra lo que le pidió; que no crea que hay traiciones. No existen tales, pero hay cosas imposibles de mantener, como su complacencia y probablemente complicidad con los cárteles de las drogas.
Sheinbaum ha hecho todo lo contrario de López Obrador, para bien de un país que el presidente emérito dejó envuelto en un enjambre criminal profundamente enraizado en varias regiones. La muestra la dio el embajador Ronald Johnson en un mensaje colocado en X hace una semana, donde entre los 10 logros más importantes en la colaboración bilateral, ocho están relacionados con el combate al crimen organizado, la lucha contra el fentanilo, la disrupción de sus canales de financiamiento, el freno a la migración y la creación de un programa piloto de policías en la frontera de Sonora y Arizona.
Johnson no mencionó otras áreas donde a iniciativa de Estados Unidos, el gobiero de México ha emprendido o reforzado la lucha contra la extorsión y el huachicol, que no solo afectó las redes de protección institucional de criminales, sino que afectó los ingresos ilegales que tenían políticos en el país para alimentar sus bases clientelares y para su pecunio. Se puede entender que a quien dejó las manos libres y los Barret cargados en su administración, lo que está haciendo Sheinbaum debe pegarle directamente en el hígado.
Es parte del frágil equlibrio que vive la presidenta con su mentor. ¿Hasta dónde puede cuidarlo sin obedecerlo? Sheinbaum ha bailado al ritmo que le marcan en la Casa Blanca porque no tiene márgenes de operación: necesita mantener abierto el comercio bilateral en las mejores condiciones posibles. Las acciones contra las organizaciones criminales y el tráfico de fentanilo son un costo mucho menor, en su proyecto de largo plazo, que perder el tubo por donde respira la economía mexicana y el dinero para ganar votos. Sin embargo, la aparición de la DEA en el firmamento mexicano fue su frontera política.
La DEA se le atora en la garganta y el estómago a López Obrador. No le perdona la captura del general Salvador Cienfuegos en 2020, aunque quizás por su reacción inicial ante la captura del ex secretario de la Defensa, a quien juzgó culpable sin tener idea de lo que habìa sucedido, podría plantearse que fue más por la presión de los generales que lo doblegaron y obligaron a cambiar su posición y defenderlo. Para congraciarse, canceló la cooperación con Estados Unidos, en particular con la DEA.
Pero si eso lo enfureció, las revelaciones de que la DEA había investigado financiamientos del crimen organizado en la campaña presidencial de 2006, lo encolerizó en febrero del año pasado. En ese entonces, Sheinbaum dijo que eran noticias falsas y que se trataba de una “guerra sucia” de la oposición mexicana. No tenía idea de lo que decía. Quizas todavía no del todo. Terrence Cole, su actual director, es un enemigo abierto de México, con un ojo focalizado en la clase gobernante.
Cole era agente de la DEA en México cuando se dio el episodio con Cienfuegos, y al ver el revés a la agencia al resolverse políticamente el caso, empezó a elaborar una lista de políticos vinculados con los cárteles de las drogas. Por las mismas razones no avanzó y renunció. Poco después, en una entrevista con el sitio trumpista Breitbart News, afirmó: “Los cárteles mexicanos trabajan de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los altos niveles… es cómplice y trabaja con estos cárteles en todos los niveles de fabricación, transporte y distribución”.
El desmentido de Sheinbaum la mete en un juego de espejos, ¿cómo apaciguar a López Obrador sin afectar la relación que está construyendo con Estados Unidos? Fácil: que grite y se queje de lo que quiera, pero sin romper el puente que ya tendió.

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En abril de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el último tramo de su sexenio, volvió a sembrar en el imaginario colectivo los excesos del viejo régimen, con verdades y mentiras, con frivolidad y generalidades, y con ese aire cínico tan característico de él, en su campaña permanente para pintar de corrupto todo el pasado. “¿Quién pompó avioncito?, ¿quién pompó?”, dijo ese día desde el patíbulo de Palacio Nacional. “¿Quién pompó departamentito?, ¿quién pompó? ¿Quién pompó la casita?, ¿quién pompó? ¿Quién pompó cochecito?, ¿quién pompó? ¿Quién pompó las alhajitas?, ¿quién pompó?”.
Aquella ironía que buscaba entrar como un estoque en el cuerpo de la oposición y sus críticos, se le ha regresado en la forma de la idea que se ha transmitido de manera empírica por siglos, pero que le dio cuerpo científico Isaac Newton en la Ley de la Gravedad, de que todo lo que sube, siempre baja. Pero esto no se queda en su hijo Andrés Manuel, Andy, quien no deja de ser expuesto como una persona que debe tener cruzados los conceptos porque una vida en “la justa medianía”, como repite lo que decía su padre, incluye una cena de 47 mil pesos, tres mil pesos más que su salario como secretario de Organización de Morena, como reveló este fin de semana el sitio Aristegui Noticias.
¿Quién pompó? Quién sabe de dónde salió el dinero, porque Andy no ha explicado la fuente de sus ingresos, obligado como funcionario del partido en el poder, pero sobre todo, ineludible porque la opulencia es todo lo que su padre, y él mismo en sus incursiones retóricas, proclamaban, porque es un golpe a la narrativa de sencillez que tanto presumía la familia López Obrador. Se descarta desde ahora cualquier investigación para determinar el presunto uso de recursos de procedencia ilícitos, pero no para otra investigación en Estados Unidos donde el hijo del ex presidente no está solo.
De acuerdo con fuentes diplomáticas en Washington, el gobierno estadunidense inició una investigación en contra de los hijos de López Obrador, del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y de un número no determinado de miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, para determinar si tienen o mantienen cuentas en paraísos fiscales y analizar la procedencia de esos recursos.
La primera parte de la investigación se enfoca en Panamá, donde de acuerdo con las fuentes, se ha pedido la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero de ese país que entre sus atribuciones se encuentran la recopilación y análisis de información financiera relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. No hay ningún reporte de que ese perfil de mexicanos haya tenido cuentas en Panamá, pero de acuerdo a lo que explicaron las fuentes, es que empezarán por ahí ante la posibilidad de que hayan cambiado sus cuentas –detectadas privada y públicamente– en paraísos fiscales en el Caribe.
El año pasado, en el contexto de las campañas electorales se publicaron en las redes sociales y en la prensa presuntas cuentas en paraísos fiscales de Nahle y de su esposo José Luis Peña, en las Bahamas y las Islas Vírgenes, y de Brugada en las Islas Seychelles. Nahle negó los señalamientos y en el caso de Brugada, el ex presidente le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que desmintiera las informaciones.
Tener cuentas personales o a través de sociedades, que es lo más común para ocultar a los propietarios en un paraíso fiscal, no es automáticamente un delito. Se configura un ilícito si no se reportaron al SAT esos ingresos para evadir al fisco, o si se utilizan para lavar dinero o es resultado de actos de corrupción. Esto es lo que pretenden revisar las autoridades estadunidenses.
La hipótesis que manejan en Estados Unidos es que ante esas revelaciones, personas cercanas al círculo de López Obrador o que actualmente estén en el gobierno de Sheinbaum y bajo investigación por presuntos vínculos con los cárteles de las drogas, pudieran haberse sentido observados en los paraísos fiscales y movieran sus cuentas a Panamá.
Esa nación centroamericana estuvo durante poco más de una década observada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por deficiencias en sus sistemas de protección para evitar que fueran utilizados para lavar dinero y esconder dinero ilícito mediante empresas fantasma. Los gobiernos europeos retiraron a Panamá hace escasas seis semanas de la lista de jurisdicciones de alto riesgo por sus deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Desde julio, México se encuentra bajo revisión del GAFI, que es una evaluación programada y de mutuo acuerdo, aunque el inicio de esos trabajos se vio ensombrecida por las sanciones que impuso –están en una prórroga– el Departamento del Tesoro a tres instituciones mexicanas, Intercam, CI Banco y Casa de Bolsa Vector.
La investigación abierta en Estados Unidos sobre un grupo específico de personas ligadas a López Obrador y al régimen en Panamá, es diferente a la que se realiza en México, aunque buscan el mismo objetivo: evitar el lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas, como clasifica la Administración Trump a seis cárteles mexicanos.
El gobierno estadunidense, de manera directa o a través de anuncios públicos, ha establecido como prioridad la disrupción de los canales de financiamiento de los cárteles dentro del sistema financiero mexicano, pero han extendido sus investigaciones para determinar las redes de protección institucional mediante las pistas que pudieran encontrar en el extranjero, que permitiera establecer cooperación de personajes del régimen con las organizaciones criminales.
En Estados Unidos tienen información de vínculos entre miembros de Morena y los cárteles, que están judicializando, para proceder o para entregar al gobierno de Sheinbaum para que antes que ellos, actúe contra esas personas.
Gastos como los realizados por López Beltrán no ayudan al régimen, sino que arrojan más luces de sospecha sobre de dónde salen los recursos para mantener un nivel tan alto de gasto. Demostrar su origen, tendría que ser la prioridad de Andy.

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Finalmente, en la guerra contra los cárteles, se estableció una prioridad: eliminar las organizaciones criminales en la región de Tierra Caliente de Michoacán. En los últimos días se dio una secuencia de eventos que perfilan los objetivos, Cárteles Unidos y Los Viagras, que se escindieron de esa organización surgida de los grupos de autodefensa nacidos hace 12 años, penetradas por los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, que utilizaban esa región para el trasiego de metanfetaminas.
Tres noticias marcan el inicio de una guerra propuesta por el gobierno de Estados Unidos a México:
1.- Un dron no tripulado de Estados Unidos, detectado sobre la zona de Valle de Bravo, que estaba recolectando inteligencia en la región de Tierra Caliente, que activó sus sistemas para permitir ser rastreado únicamente afuera del perímetro de esa zona, lo que sugiere un mensaje a los criminales sin revelar los objetivos que están espiando.
2.- El Departamento del Tesoro congeló activos y aseguró propiedades en su país de Cárteles Unidos y Los Viagras, así como de siete individuos, entre los que destaca Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, socio histórico de los cárteles que operaban en Tierra Caliente y líder de Cárteles Unidos, y Nicolás Sierra Santana, jefe de Los Viagras.
3.- El Departamento de Estado ofreció recompensas que suman 26 millones de dólares por información que lleve a la captura de cinco de los señalados por el Tesoro, incluidos los dos dirigentes criminales, que han escalado la producción en gran escala de metanfetaminas –cuyos precursores llegan del puerto de Lázaro Cárdenas–, y trafican fentanilo.
Oficialmente, el gobierno de Estados Unidos actuó contra ellos por la “rampante extorsión” al sector agrícola, un punto de presión de Washington a Palacio Nacional que culminó con la estrategia para combatir el delito que presentó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, casi tres semanas antes de que Estados Unidos actuara públicamente. Sin embargo, la extorsión, por más extendida que esté, no justificaría ni explicaría la presencia del dron.
El dron fue identificado extraoficialmente como un MQ-9B, de la familia del MQ-9 Reaper, una de las naves no tripuladas de combate e inteligencia más eficaces de Estados Unidos. El modelo, que no portaba armas, es operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y probablemente salió de la Estación Naval de Corpus Christi, en Texas. El MQ-9B suele utilizarse más en la vigilancia marítima que en tierra firme, como es el caso de la operación en México.
La utilización de esos drones, que han realizado sobrevuelos en la región de Tierra Caliente durante 20 semanas de manera regular, como parte de una investigación de los servicios de inteligencia estadunidenses –en cooperación con las autoridades mexicanas–, se intensificó por las alertas en Estados Unidos cuando detectaron a un colombiano y un venezolano que habían llegado a capacitar a los cárteles en esa zona del país, directamente de Ucrania.
Los sudamericanos, cuyos nombres no fueron revelados, pelearon con la 76.ª División Aerotransportada de la Guardia de Rusia, que forma parte de las fuerzas de élite aerotransportadas rusas, conocidas por su capacidad de despliegue rápido y movilidad excepcional. Se sumaron a una fuerza criminal que cuenta con mexicanos y extranjeros que han estado en guerras en Europa y Asia, pero con una capacidad muy distinta: el manejo de drones sin necesidad de radiodifusión.
Este tipo de información es lo que probablemente se encuentra detrás de las afirmaciones de Steven Willoughby, director interino de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas del Departamento de Seguridad Nacional, que el 22 de julio pasado dijo ante el Comité Judicial del Senado que los cárteles de la droga están realizando casi diariamente vigilancia “hostil” de los cuerpos de seguridad estadunidenses.  “En los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur, operando casi 60 mil vuelos, la mayoría de ellos conducidos de noche o a altitudes restringidas”, agregó. Willoughby recordó en su testimonio que en Ucrania y el Medio Oriente se están utilizando los drones para realizar ataques cinéticos, que son aquellos que con fuerza física y violencia dañan o destruyen objetos y sistemas. “Es solo cuestión de tiempo para que (los cárteles mexicanos) ataquen a estadunidenses o a las fuerzas de seguridad”, subrayó.
Si el uso de drones se convirtió en una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, el que se estén capacitando grupos criminales en el manejo de naves no tripuladas sin radiodifusión, escala el conflicto de una manera vertiginosa. Los drones que operan sin radiodifusión son los autónomos programados (GPS/INS), que también llaman “kamikaze”, que no emiten señales, por lo que son más difíciles de detectar y neutralizar.
A este tipo de naves se les cargan rutas y puntos de referencia (llamados waypoints) antes del vuelo, y ejecutan su misión de forma automática mediante los GPS y los sistemas de navegación inercial (INS). Una vez que son lanzados, buscan su objetivo mediante algoritmos de reconocimiento o preprogramación, sin tener que depender de ningún operador remoto, a diferencia de aquellos que son radiocontrolados, muy eficientes en operaciones de alta precisión o vigilancia prolongada –como los utilizados sobre el territorio mexicano–, pero vulnerables en la guerra electrónica.
No se sabe de la existencia de naves no tripuladas fabricadas en el extranjero que hayan acompañado la llegada del colombiano y el venezolano, y hasta el momento los únicos drones que han sido utilizados son de fabricación doméstica, aunque cada vez más sofisticados. De cualquier forma, es el principio de un salto cualitativo al combate contra los cárteles de las drogas en México, al empezar a trasladarse la estrategia de formas convencionales a modelos de guerra electrónica.
La guerra electrónica que se está peleando en Ucrania y el Medio Oriente, es por el control del espectro electromagnético, y quien llegue a dominar las ondas de radio y las señales digitales, deja sordos y ciegos a sus enemigos, permitiéndoles realizar ataques letales sin ser detectados. Lo que viene en Michoacán es para que eso, no pase.

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La bomba noticiosa que la presidenta Claudia Sheinbaum dio en su conferencia matutina cayó en el momento en que más lo necesitaba el gobierno: el ex director de Pemex, Carlos Treviño, estaba detenido en un suburbio de Dallas, como consecuencia de una solicitud de extradición presentada hace cinco años, y “en los próximos días” sería deportado para enfrentar en México su juicio por el caso Odebrecht. Después de tantas tribulaciones –por el escándalo del senador Adán Augusto López, el fiasco del Caso Ancira y el pánico en Morena a ser señalados como narcopolíticos–, la captura de Treviño es un bálsamo y una oportunidad para compensar los fracasos.
Sin embargo, hay algo que no cuadra.
El abogado en México de Treviño, Óscar Augusto Zamudio, sostiene que su cliente está retenido por una confusión migratoria. Treviño vive en Prosper, un condado en la zona metropolitana de Dallas, donde tiene casa y trabajo, con todos sus documentos en regla y pendiente su solicitud de asilo. Si solo fuera por esto último, la extradición procedería salvo en el caso de que pruebe que es un perseguido político. Eso es lo que ha alegado tras la acusación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que fue utilizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que fuera el testigo madre que documentaría la corrupción del viejo régimen.
Lozoya hizo un acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para inculpar a dos excandidatos presidenciales, a figuras del PAN y a exsecretarios de Hacienda y exdirectores de Pemex, y señalarlos de haber recibido millones de pesos de sobornos de Odebrecht. La gran motivación que alegó para su acusación, escrita por quien era entonces el brazo derecho de Gertz Manero, el fiscal Juan Ramos –que murió como consecuencia de una operación en 2023–, era que los sobornos fueron entregados para aprobar la reforma económica del presidente Enrique Peña Nieto.
El caso se cayó hace tiempo porque Lozoya nunca pudo documentar nada que sirviera para llevarlos a la cárcel. El único que recibió dinero de la constructora brasileña, de acuerdo con sus exdirectivos, fue él, que sigue preso en México. En cuanto a Treviño, nombrado director general de Pemex en noviembre de 2017, y que estuvo en el cargo durante el año restante del sexenio, el caso se mantiene abierto.
Lozoya lo acusó de haber recibido alrededor de cuatro millones de pesos como soborno, a cambio de autorizar un contrato para el complejo petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, a Braskem, filial de Odebrecht en México, y a la empresa mexicana Idesa. En 2023, la defensa de Treviño presentó un recurso de amparo a la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal, Paloma Xiomara González, que aún no se resuelve. El exdirector de Pemex fue acusado en 2021 por la Fiscalía General de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y le pidió a Interpol una notificación roja –antes llamada ficha roja–, para su localización y detención, con fines de extradición.
Treviño presentó un alegato en la Comisión de Archivos de Interpol para que le quitaran la solicitada por la Fiscalía General, sobre la base de que era un perseguido político en México, al igual que su abogado Zamudio. En marzo de 2023, la Comisión le dio la razón y determinó que por violaciones procesales y por tratarse de una fabricación, donde se violaron sus derechos fundamentales, según se desprende de los argumentos para desestimar las acciones mexicanas, se canceló la notificación y se borró de los archivos de la Interpol.
La presidenta Sheinbaum no parece estar enterada del status del caso, y no tendría que estarlo. El problema es que tampoco parece estar bien informada ni asesorada jurídicamente. Lo más obvio: dijo que Treviño fue detenido el miércoles, pero de acuerdo con fuentes estadunidenses sucedió el martes. Aseguró que se produjo como resultado de la petición de extradición, pero la inminencia de su retorno a México, no parece claro aún en este momento, sobre todo si la defensa de Treviño en Dallas alega la persecución en los términos como resolvió Interpol.
El abogado Zamudio señaló que era falso que hubieran detenido a su cliente para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas, sino por una confusión migratoria derivada las nuevas políticas de la Administración Trump. Su caso, agregó, está siendo revisado por un juez en la materia. Una fuente estadunidense confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional y la oficina de Migración y Aduanas (ICE) revisaron si en efecto tenía pendiente una solicitud de asilo, así como toda la documentación migratoria y laboral en Estados Unidos.
Nada impediría que finalmente lo extraditaran, pero no parece ser algo que estaban esperando las autoridades mexicanas, que parecen haber sido tomadas por sorpresa por las primeras notificaciones que recibieron de la detención hacia el mediodía del miércoles. De cualquier forma, varias declaraciones de la presidenta Sheinbaum no abonan a sus deseos de que lo envíen a México. Sheinbaum violó el debido proceso de Treviño en Estados Unidos, al haber informado que sería extraditado por corrupción, en el Caso Odebrecht.
Hay dos precedentes donde las autoridades estadunidenses han actuado a favor de mexicanos por considerar que su caso fue utilizado por el gobierno de México para sacar raja política, violando los procedimientos de la extradición. Uno es el del empresario Gastón Azcárraga, que fue dueño del Grupo Posadas y de Mexicana de Aviación, acusado de delitos financieros que llevaron a la quiebra de la aerolínea. El otro fue Martín Díaz, acusado de obtener un millonario crédito con datos falsos sobre el monto de activos y pasivos de Oceanografía.
La detención de Treviño revive el Caso Odebrecht, que se pensaba muerto, para fines judiciales y, sobre todo, para el manejo de la opinión pública. Un distractor de este tamaño juega a favor del régimen, que ha vivido un verano traumático, lleno de escándalos y malas noticias. Lo que debe estarse escenificando en Dallas es una batalla entre abogados de México, de Treviño, autoridades estadunidenses y el juez, para determinar qué procede con el ex director de Pemex. Se esperaría que acuda ante el juez para que decida su situación, pero en el Estados Unidos de hoy, todo puede suceder.

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Los dichos no concuerdan con los hechos. Después de enviar otros 26 narcotráficantes a Estados Unidos, el Departamento de Estado actualizó su alerta de viaje para México, incorporando la categoría de la Administración Trump que fija nuevos parámetros: el terrorismo. Sus anteriores definiciones, como inseguridad y violencia, sobre las cuales fijaban las alertas, se convirtió en terrorismo luego de la reclasificación del presidente Donald Trump a los cárteles de las drogas en febrero pasado, que cambió las reglas del juego. La alerta, en papel, es terrible, al establecer que salvo Campeche y Yucatán, en todos los estados hay riesgo de ataques terroristas, sembrando en el imaginario un Osama bin Laden tropical.
La realidad es diferente. Nada ha cambiado de fondo en el problema de la violencia e inseguridad en México salvo que a los cárteles de las drogas ya no se les llama así, sino “terroristas”. Por lo demás, seguimos con un discurso maniqueo sobre el combate a la delincuencia, cifras manipuladas sobre homicidios dolosos, Culiacán en guerra, regiones bajo control del narco, y una debilidad institucional imposible de ocultar con propaganda. El fenómeno devastador para una sociedad sumergida en la violencia se ha normalizado, es una discusión que habría que tener en otro momento. No querer ver, o minimizar lo que está haciendo Estados Unidos, respondiendo sus expresiones intervencionistas con palabras sin densidad, es otra cosa.
Estamos viendo en cámara lenta cómo avanza la construcción de condiciones para moldear la opinión pública de Estados Unidos y el mundo, en caso que decidan actuar militarmente en México contra el narcotráfico. Es un método conocido. Washington, sin distinción de partido, ha utilizado como punta de lanza a los medios de comunicación de su país –históricamente brazo de la diplomacia de las cañoneras del Departamento de Estado–, para ir probando –mediante trial balloons– cómo responderían los gobiernos ante situaciones extremas donde violan leyes internacionales, y medir hasta dónde podrían llegar minimizando el costo político.
El ejemplo más reciente (2003) fue la forma como manipularon a la corresponsal de seguridad nacional del The New York Times para que, a través de ella, sembraran que Saddam Husein tenía armas de destrucción masiva en Irak, el argumento con el que el gobierno de George W. Bush justificó sus acciones militares en las Naciones Unidas y obtuvo el respaldo de una coalición de países para invadirlo y derrocarlo. Otro clásico fue la preparación mediática de la invasión de Panamá, cuando su líder, el general Manuel Antonio Noriega, pasó de ser aliado útil de la CIA durante los años de la Guerra Fría, a un dictador corrupto y violento, involucrado en el negocio de las drogas.
A través del Times, The Washington Post y las entonces influyentes revistas Time y Newsweek, comenzaron a publicar filtraciones de las diferentes agencias policiales y de inteligencia, al tiempo que comenzaron a salir expedientes judiciales de los tribunales de Miami donde vinculaban a Noriega con el Cártel de Medellín. En la televisión lo mostraban como una persona siniestra, con sus lentes negros, vestido con casaca militar y rodeado de escoltas armados. Un año antes de la invasión (1989) enviaron más tropas a la zona del Canal de Panamá, empezaron las sanciones económicas y se comenzaron a congelar cuentas panameñas en Estados Unidos.
El mismo método, reforzado, está saliendo en el caso mexicano: declaraciones en los más altos niveles sobre un gobierno que no gobierna, sometido a los cárteles de las drogas, cómplices por omisión de las organizaciones “terroristas” que trabajan con el gobierno de China para introducir fentanilo a Estados Unidos, intervención directa contra instituciones financieras mexicanas a las que acusa de ser parte de este entramado criminal, filtraciones sobre planes militares para enviar tropas a México para cazar a los líderes de los cárteles, y recolección de inteligencia con aviones espías de la CIA que vuelan sobre territorio mexicano sin pedir autorización alguna al gobierno mexicano. Haber hecho visible que lo estaban haciendo, provocó que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizara la colaboración de su gabinete de seguridad con la CIA, y empezó a recibir información sobre los cárteles, una forma de elevar la presión a México.
A base de los recursos retóricos y mediáticos, Sheinbaum ha ido cediendo ante las exigencias estadunidenses, como la incorporación de datos biométricos a las leyes, el plan contra la extorsión y el incremento en el combate al huachicol. Acciones como la entrega de los 26 narcotraficantes, reconociendo que aún desde la cárcel seguían operando y no podían contenerlos, son intentos de patear hacia delante la exigencia concreta de Washington: abrir procesos judiciales contra políticos y funcionarios de Morena vinculados con el crimen organizado.
Sheinbaum se resiste mientras que su aparato de propaganda se purifica en las declaraciones diplomáticas del gobierno de Estados Unidos para ocultar los déficits que tiene con Washington y seguir tendiendo cortinas de humo en México. La presidenta no es insensible a lo que está haciendo Washington, admiten altos funcionarios federales, pero debe pensar que puede escaparse hacia delante. Eso no va a suceder. El diagnóstico que tiene el gobierno estadunidense sobre el régimen es bastante negativo, como lo muestra el Reporte Sobre los Derechos Humanos que dio a conocer el Departamento de Estado esta semana:
“Temas relevantes sobre los derechos humanos (en México) incluyen reportes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegales; desapariciones; tortura o castigos inhumanos o tratamiento degradante; arrestos o detenciones arbitrarias; serias restricciones de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, incluida la violencia o amenazas contra periodistas, y endurecimiento o amenazas de acusaciones civiles o criminales a fin de limitar la expresión; así como violencia y amenazas contra activistas y sindicalistas”.
Hay señalamientos que son herencia del pasado, pero hay algunas que ya le tocan al gobierno de Sheinbaum, y que arrastra de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En su conjunto, la visión que tiene Trump y su gabinete sobre México es muy negativa y tratar de timarlos como hizo su predecesor, no va a funcionar. A su favor, nada menor, es que sí tiene salidas políticas y diplomáticas que frenen una intervención militar, pero sabiendo cuáles son, debe encontrar la voluntad política para hacerlas.

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Aparentemente atada de manos, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo que tenía a su alcance como medida preventiva para que los escándalos por los viajes y lujos en los que se han visto involucrados personajes de Morena, no le peguen a su gobierno. Después de que fue visto en un lujoso hotel de Lisboa Mario Delgado, el secretario de Educación, exigió a su gabinete que debían actuar sin excesos ni exhibicionismos, porque podrían ser despedidos. Sheinbaum está tratando de corregir la prepotencia y arrogancia que está caracterizando el segundo piso de la cuatroté, aunque sus posibilidades reales de hacerlo de manera integral, son limitadas.
La decisión de Sheinbaum es consecuencia del escándalo generado por las fotografías de personajes de Morena que gozaron de vacaciones de millonarios en Europa, y las de Andrés López Beltrán, secretario de Organización del partido, en Japón. Aunque en el caso de los políticos en Europa fue un trabajo del Centro Nacional de Inteligencia para exhibirlos, los excesos que revelaron las comparaciones de los costos de hoteles superó el objetivo de meramente ponerlos en una vitrina para debilitarlos. Inesperadamente, le abrió una oportunidad para beneficiarse políticamente.
Fue un golpe tan bien centrado, que se generaron las condiciones que le habrían facilitado cambiar a los quintacolumnas que tiene enfrente: a Ricardo Monreal, como coordinador de los diputados de Morena, que se fue de fiesta a Madrid con el vicecoordinador de los legisladores, Pedro Haces, y por razones diferentes, sustituir al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, envuelto en un escándalo sobre su presunta participación con el crimen organizado. Pero en ningún caso, pese a su desprestigio público, procedió.
Sheinbaum parece impedida a hacer algo contra ellos, o contra Andy López Beltrán, porque, como ha confiado en privado, sería un acto de deslealtad contra el movimiento de su mentor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la lógica de que la unidad debe prevalecer por sobre todas las cosas a favor del régimen. No es lo que piensan, sin embargo, a quienes les ha perdonado la vida política.
Como si su estufa no tuviera suficientes fierros calientes, Sheinbaum enfrenta la rebelión de las figuras que le heredó López Obrador, que es cristalina por su abierto rechazo a hacerle caso en su llamado a la prudencia y el sentido común en sus derroches. Ella pide una cosa, y el grupo de leales a López Obrador la ignora. Critica sus acciones frívolas, que bajo los estándares fijados por el propio presidente emérito son desmedidas, y le responden de manera grosera. La presidenta va perdiendo la batalla… porque quiere, pues sí podría sofocar la rebelión.
Sheinbaum ha buscado cuidar al máximo a López Obrador, por lo que no va actuar contra las piezas que más le estorban, el senador López y Monreal. El primero no solo la ignora sino la maltrata. Con el segundo, la comunicación es menos ríspida, pero no más eficaz. Urgirles que no la contradigan en público, que les ha pedido, no es un acto que corresponda a su investidura, que tampoco ellos respetan.
En el caso de López Beltrán, el caso es más delicado por la vieja relación que tienen, pero a la vez, por esa misma razón, más abusivo de su parte al hacer a un lado lo que debería de ser un comportamiento institucional y reconocer el papel que ambos juegan. Sheinbaum no ha hablado directamente con él, sino a través de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para decirle que tuviera más cuidado por el daño que causa no solo al movimiento, sino a su padre. Su respuesta fue su desafortunada carta, una medicina peor que la enfermedad.
El problema con el exhibicionismo de funcionarios y políticos de Morena se incrementó, paradójicamente, después de que enviara un decálogo al Consejo Nacional del partido recomendando exactamente lo contrario. Pero en las tres últimas semanas, pareciera que todo se hubiera desbocado. Sheinbaum no tiene control alguno con nadie que no esté bajo su mando directo. Por ejemplo, cuando le pidió a Gerardo Fernández Noroña que controlara las fanfarronerías –no fue la palabra que usó– el senador la ignoró.
La última molestia de Sheinbaum fue por los lujos, la ropa, las joyas y los relojes del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y de su esposa, la también diputada Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, que han tenido el mismo tipo de actitudes déspotas y cínicas, que se están convirtiendo en una característica indisoluble de los políticos de Morena.
Su enojo se vio reflejado en que todas las plumas controladas por su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, las alineó para criticar y fustigar a los exhibicionistas y al senador López. Sheinbaum no lo hizo abiertamente –aunque sus comentarios al respecto siguen siendo duros contra ellos–, pero la sincronización del establo de plumas oficialistas fueron el mensaje.
No obstante, Sheinbaum va perdiendo la batalla, no por falta de recursos, sino porque es parte de su compromiso con López Obrador: cuidar a sus leales y evitar un daño, como lo cree, al movimiento de la cuatroté. Sin embargo, el daño que piensa evitar, está afectando su gestión como presidenta, porque crece la percepción que no puede, que está subordinada a Palenque y maniatada políticamente.
La presidenta podría sofocar la rebelión, porque quien tiene la banda presidencial es ella, no López Obrador. Presidentes anteriores se desmarcaron de sus predecesores sin atacarlos, con golpes quirúrgicos como José López Portillo con Luis Echeverría; Miguel de la Madrid con López Portillo; Ernesto Zedillo con Carlos Salinas; y Salinas mismo con el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y el banquero Eduardo El Bayo Legorreta.
Sheinbaum no está en esa lógica, y está dejando escapar la oportunidad de empezar a sacudirse el lastre heredado. No ha podido transmitirle a López Obrador que el éxito de su gobierno será el de la cuatroté, y que su fracaso será el de todo el movimiento. Más allá de esto, Sheinbaum necesita quitarles la inmunidad, quiera él o no, porque no solo está arriesgando a convertirse en su cómplice, sino tirar por la borda su futuro.

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La presidenta Claudia Sheinbaum parece estar preocupada por la revelación la semana pasada que el presidente Donald Trump había firmado una directiva secreta para que el Pentágono empiece a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de las drogas latinoamericanos que considera organizaciones terroristas. Las revelaciones en la prensa no identificaron los primeros objetivos, pero si se toma como referencia el decreto firmado por Trump el 20 de enero, son seis mexicanos –Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos–, y uno venezolano –Tren de Aragua.
Sheinbaum respondió a las revelaciones de manera desinformada, y dijo que ya sabía que eso vendría –lo que no parece ser cierto–, y que se refería a acciones solo dentro del territorio estadunidense –lo que definitivamente es mentira. La directiva, que no fue negada por la Casa Blanca, autoriza operaciones militares en el mar y territorio extranjero contra los cárteles. Desde que trascendió el viernes la orden de Trump, Sheinbaum ha expresado su rechazo a ese tipo de acciones.
Su posición es la correcta. Es indamisible una acción unilateral de cualquier país, pero el problema es que ya sucedió y no hizo nada más que parlotear. La más delicada fue que la CIA ha realizado durante su gobierno operaciones encubiertas con drones sobre el territorio mexicano para recolectar información de los cárteles, de lo cual se enteró Sheinbaum por la prensa. Eso también fue una violación a la soberanía mexicana, y no hizo nada al respecto: ni una nota al Departamento de Estado, ni pedir explicaciones al embajador estadunidense en México, ni llamar a consultas al suyo. Se lo hicieron y se lo tuvo que tragar.
Trump le tiene tomada la medida. Sheinbaum, en cambio, no parece entenderlo, ni su gobierno ha decodificado lo que está sucediendo en la relación bilateral. En un reciente análisis estratégico que escribió, Caroline Hammer, experta en seguridad global de la consultora Stratfor, que desde hace 20 años ha dado un seguimiento puntual a los cárteles de las drogas mexicanos y su evolución, asegura que hay un rompimiento en las relaciones diplomáticas entre ambos países y un escalamiento en Estados Unidos hacia una acción militar unilateral.
Hammer dice que desde el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, la relación con México ha tenido una erosión diplomática acelerada. En el gobierno de Sheinbaum veían a Rubio como la parte moderada de la Administración Trump, pero por alguna razón extraña, lo que habla muy mal del gobierno, ignoraron que Rubio es considerado un “halcón” de la seguridad nacional, y que desde su posición como senador, acusó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador de haberse rendido ante los cárteles de las drogas y servir como un “apologista de las tiranías” en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
De acuerdo con Hammer, Rubio es el artífice de una estrategia de “máxima presión” contra el gobierno de Sheinbaum, con el narcotráfico como el eje para justificar acciones coercitivas. Nota, como se ha observado en México, que no ha querido visitar a Sheinbaum en Palacio Nacional, como tampoco ha hablado con ella por teléfono. Igualmente ha bloqueado las gestiones de los funcionarios mexicanos que han ido al Capitolio en busca de aliados, para dejar claro, agrega, que el único interlocutor válido es la Casa Blanca, pero bajo condiciones impuestas en Washington.
Rubio ha sido pieza instrumental en que la vía diplomática con México se cancele. Las reuniones del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad se suspendieron desde marzo de este año, cuando el gobierno mexicano se negó a incluir a las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas contra el crimen organizado. De igual manera, los Grupos de Trabajo Interagencias fueron reducidos a intercambios técnicos mínimos, mientras que la cooperación en inteligencia se mantiene en niveles marginales por la desconfianza. No sorprende, en este contexto, que el acuerdo en aranceles y seguridad que dijo Sheinbaum a finales de julio que era “inminente” y que ya existían los documentos base para firmarlo, siga en el aire.
Hammer señaló que la combinación de los factores –que incluyen la falta de una reunión personal entre Sheinbaum y Trump–son consistentes con un proceso de legitimación previa a una acción unilateral, diseñado, agrega la analista, para demostrar ante la comunidad internacional que todas las vías pacíficas fueron intentadas sin éxito. La reflexión informada corresponde con las crecientes presiones realizadas por funcionarios estadunidenses para que Sheinbaum actúe contra políticos y funcionarios de Morena, sobre quienes tienen indicios de su vinculación con los cárteles.
En su análisis, difundido el mismo día en que The New York Times reveló la existencia de la directiva secreta –confirmada por el resto de los principales medios de Estados Unidos–, Hammer señaló que en términos operativos, el Pentá-gono y el Comando Norte –res-ponsable de las acciones militares con México–, habrían completado los escenarios de intervención de precisión contra objetivos de alto valor, trazado los mapas de rutas logísticas y bases temporales en territorio fronterizo estadunidense –tienen al menos dos, con regimientos esperando luz verde para actuar.
Desde finales de su gobierno, López Obrador decía a sus colaboradores que si Estados Unidos intentaba ir a capturarlo, habría un levantamiento armado. En el diagnóstico de Palacio Nacional añadían que ante una intervención directa, habría resistencias porque “el pueblo”, aseguraban, “se levantaría”. Hammer dijo que el Pentágono ha corrido los escenarios de simulaciones de respuesta mexicana, aunque a diferencia de lo que piensa el ex presidente, sus proyecciones preveían una resistencia limitada y contenible.
El cálculo estadunidense, revelado por Hammer, basado en la experiencia de operaciones en Panamá (1989), Pakistán (2011) y Siria (donde hubo acciones selectivas), era que el costo diplomático será absorbible, especialmente si se enmarcaba en la “lucha contra el terrorismo”, que la reacción internacional sería mayormente verbal, sin consecuencias de fondo para Washington, y que el impacto político en Estados Unidos sería positivo en sectores clave del electorado republicano. En México, probablemente habría un sector de la sociedad, sobre todo la más afectada por el control de los cárteles, que aplaudirían.
La visión en el gobierno de México sigue siendo que Trump blofea. Es una posibilidad, pero también, la opuesta, debería estar en sus escenarios.

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