La presidenta Claudia Sheinbaum parece estar preocupada por la revelación la semana pasada que el presidente Donald Trump había firmado una directiva secreta para que el Pentágono empiece a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de las drogas latinoamericanos que considera organizaciones terroristas. Las revelaciones en la prensa no identificaron los primeros objetivos, pero si se toma como referencia el decreto firmado por Trump el 20 de enero, son seis mexicanos –Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos–, y uno venezolano –Tren de Aragua.
Sheinbaum respondió a las revelaciones de manera desinformada, y dijo que ya sabía que eso vendría –lo que no parece ser cierto–, y que se refería a acciones solo dentro del territorio estadunidense –lo que definitivamente es mentira. La directiva, que no fue negada por la Casa Blanca, autoriza operaciones militares en el mar y territorio extranjero contra los cárteles. Desde que trascendió el viernes la orden de Trump, Sheinbaum ha expresado su rechazo a ese tipo de acciones.
Su posición es la correcta. Es indamisible una acción unilateral de cualquier país, pero el problema es que ya sucedió y no hizo nada más que parlotear. La más delicada fue que la CIA ha realizado durante su gobierno operaciones encubiertas con drones sobre el territorio mexicano para recolectar información de los cárteles, de lo cual se enteró Sheinbaum por la prensa. Eso también fue una violación a la soberanía mexicana, y no hizo nada al respecto: ni una nota al Departamento de Estado, ni pedir explicaciones al embajador estadunidense en México, ni llamar a consultas al suyo. Se lo hicieron y se lo tuvo que tragar.
Trump le tiene tomada la medida. Sheinbaum, en cambio, no parece entenderlo, ni su gobierno ha decodificado lo que está sucediendo en la relación bilateral. En un reciente análisis estratégico que escribió, Caroline Hammer, experta en seguridad global de la consultora Stratfor, que desde hace 20 años ha dado un seguimiento puntual a los cárteles de las drogas mexicanos y su evolución, asegura que hay un rompimiento en las relaciones diplomáticas entre ambos países y un escalamiento en Estados Unidos hacia una acción militar unilateral.
Hammer dice que desde el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, la relación con México ha tenido una erosión diplomática acelerada. En el gobierno de Sheinbaum veían a Rubio como la parte moderada de la Administración Trump, pero por alguna razón extraña, lo que habla muy mal del gobierno, ignoraron que Rubio es considerado un “halcón” de la seguridad nacional, y que desde su posición como senador, acusó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador de haberse rendido ante los cárteles de las drogas y servir como un “apologista de las tiranías” en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
De acuerdo con Hammer, Rubio es el artífice de una estrategia de “máxima presión” contra el gobierno de Sheinbaum, con el narcotráfico como el eje para justificar acciones coercitivas. Nota, como se ha observado en México, que no ha querido visitar a Sheinbaum en Palacio Nacional, como tampoco ha hablado con ella por teléfono. Igualmente ha bloqueado las gestiones de los funcionarios mexicanos que han ido al Capitolio en busca de aliados, para dejar claro, agrega, que el único interlocutor válido es la Casa Blanca, pero bajo condiciones impuestas en Washington.
Rubio ha sido pieza instrumental en que la vía diplomática con México se cancele. Las reuniones del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad se suspendieron desde marzo de este año, cuando el gobierno mexicano se negó a incluir a las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas contra el crimen organizado. De igual manera, los Grupos de Trabajo Interagencias fueron reducidos a intercambios técnicos mínimos, mientras que la cooperación en inteligencia se mantiene en niveles marginales por la desconfianza. No sorprende, en este contexto, que el acuerdo en aranceles y seguridad que dijo Sheinbaum a finales de julio que era “inminente” y que ya existían los documentos base para firmarlo, siga en el aire.
Hammer señaló que la combinación de los factores –que incluyen la falta de una reunión personal entre Sheinbaum y Trump–son consistentes con un proceso de legitimación previa a una acción unilateral, diseñado, agrega la analista, para demostrar ante la comunidad internacional que todas las vías pacíficas fueron intentadas sin éxito. La reflexión informada corresponde con las crecientes presiones realizadas por funcionarios estadunidenses para que Sheinbaum actúe contra políticos y funcionarios de Morena, sobre quienes tienen indicios de su vinculación con los cárteles.
En su análisis, difundido el mismo día en que The New York Times reveló la existencia de la directiva secreta –confirmada por el resto de los principales medios de Estados Unidos–, Hammer señaló que en términos operativos, el Pentá-gono y el Comando Norte –res-ponsable de las acciones militares con México–, habrían completado los escenarios de intervención de precisión contra objetivos de alto valor, trazado los mapas de rutas logísticas y bases temporales en territorio fronterizo estadunidense –tienen al menos dos, con regimientos esperando luz verde para actuar.
Desde finales de su gobierno, López Obrador decía a sus colaboradores que si Estados Unidos intentaba ir a capturarlo, habría un levantamiento armado. En el diagnóstico de Palacio Nacional añadían que ante una intervención directa, habría resistencias porque “el pueblo”, aseguraban, “se levantaría”. Hammer dijo que el Pentágono ha corrido los escenarios de simulaciones de respuesta mexicana, aunque a diferencia de lo que piensa el ex presidente, sus proyecciones preveían una resistencia limitada y contenible.
El cálculo estadunidense, revelado por Hammer, basado en la experiencia de operaciones en Panamá (1989), Pakistán (2011) y Siria (donde hubo acciones selectivas), era que el costo diplomático será absorbible, especialmente si se enmarcaba en la “lucha contra el terrorismo”, que la reacción internacional sería mayormente verbal, sin consecuencias de fondo para Washington, y que el impacto político en Estados Unidos sería positivo en sectores clave del electorado republicano. En México, probablemente habría un sector de la sociedad, sobre todo la más afectada por el control de los cárteles, que aplaudirían.
La visión en el gobierno de México sigue siendo que Trump blofea. Es una posibilidad, pero también, la opuesta, debería estar en sus escenarios.

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Los misiles retóricos que se lanzaron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump sobre los planes para cazar a los cárteles en territorio mexicano, son una cortina de humo que, sin embargo, en los tiempos actuales no puede ignorarse. Las filtraciones a la prensa estadunidense sobre los planes, cumplieron su propósito de socializar y medir la reacción de una acción invasora con operaciones clandestinas quirúrgicas o bombas lanzadas por drones, y subrayar a Sheinbaum la insatisfacción por su inacción contra funcionarios y políticos de Morena vinculados al crimen organizado. Es decir, no es una decisión tomada lo verdaderamente que está sobre la mesa, sino una llamada de atención pública a lo que en privado le han exigido.
La exigencia no es que le entregue a funcionarios y políticos de su partido, sino que les abra investigaciones y los procese. Hasta ahora Sheinbaum se ha resistido, alegando que no hay investigaciones contra ninguno de ellos, contrastando con una lista de nombres entregada al gobierno con los presuntos delitos por los que los acusan en Estados Unidos. Las presiones han ido aumentando cada semana y el último mensaje recibido en Palacio Nacional es que mantener lo que consideran una protección política, podría orillar al Departamento de Justicia, como último recurso, a anunciar procesos contra algunos de ellos, pidiendo su localización y extradición.
El interés más claro del gobierno de Donald Trump en estos momentos es Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, colocado ahí por López Obrador como su operador político, que le ha servido para obstaculizar iniciativas de la presidenta que eran contrarias a sus intereses. Cuando estalló su crisis, al confirmarse la orden de aprehensión contra su ex secretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como jefe del grupo criminal La Barredora, López Obrador le pidió a Sheinbaum que lo protegiera, y la dejó en un dilema.
Por un lado, su debilidad ante López Obrador, que le impide remover al senador, que es lo que quisiera, pero como posibilidad real en este momento, está lejos de sus posibilidades. El senador, que sabe de su flaqueza ante Palenque, lejos de pedir licencia para facilitar las investigaciones contra Bermúdez Requena y aliviar las presiones, urgió a la presidenta que lo defendiera y pidiera al partido y a los gobernadores de Morena que lo acuerparan y respaldaran, argumentando que la unidad va antes que todo. Es decir, no solo su mentor se le montó encima, sino también el senador.
Por el otro, la creciente presión desde Washington. Sheinbaum ha sido informada directamente que el gobierno de Estados Unidos tiene concluida una investigación sobre los presuntos negocios criminales del senador doble A, y toda su red de relaciones en el lado oscuro de la ley, que involucran de manera profunda a ex funcionarios durante su gobierno en Tabasco, en la Secretaría de Gobernación, empresarios y políticos en cargos de elección popular, así como ex gobernadores. La red criminal que dicen en Washington que descubrieron, no menciona el tráfico de drogas, pero se relaciona con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en otros negocios criminales, que involucran en uno de ellos, claramente, al gobierno de Venezuela.
La vinculación con el régimen de Nicolás Maduro adquiere hoy una mayor relevancia porque la semana pasada Estados Unidos duplicó la recompensa que ofrece por el presidente venezolano para quien facilite su captura. De 25 millones de dólares la subieron a 50, una cifra lo doble de lo que ofreció por Osama bin Laden, cuya comparación con quien ordenó ataques terroristas contra territorio estadunidense, permite ver la relevancia que le están dando en Washington a su captura, que también serviría como un laboratorio de pruebas para ver qué tan sólida es la lealtad hacia Maduro.
El caso del presidente venezolano no es ajeno a México. El secretario de Estado, Marco Rubio, y la procuradora general, Pam Bondi, lo ligaron con organizaciones criminales, clasificadas como terroristas, como el Cártel de Sinaloa. Este vínculo aparentemente tiene como punto de partida una investigación de hace al menos dos años de la CIA, aún clasificada, en donde encontraron que el régimen venezolano estaba lavando dinero del Cártel de Sinaloa. La investigación se centraba en Puerto Rico, donde se había incrementando el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, y por la intervención de las comunicaciones de los narcotraficantes con sus contactos venezolanos, descubrieron que estaban involucrados personajes de Morena.
Aquella investigación siguió produciendo ligas entre las tres partes. Una de ellas tenía una conexión criminal con Tabasco y Chiapas, y otra directamente con Palacio Nacional. Nada de esto fue investigado por el gobierno de México, lo que no es novedad. Por lo contrario, López Obrador fortaleció la relación con Venezuela cuando estaba en Palacio Nacional, particularmente durante la pandemia del coronavirus, cuando aumentaron los vuelos secretos entre Caracas y Toluca. Aviones de Conviasa, la línea aérea venezolana que creó Hugo Chávez, llegaba con personas, algunas de ellas políticos de Ecuador y Bolivia acusados criminalmente en sus países, y regresaban con medicinas, insumos y dinero.
No está claro si esta investigación es parte del mapa criminal que tiene Estados Unidos sobre el senador doble A, pero ayuda a mostrar el trabajo que se ha realizado a lo largo de varios años por parte de varias agencias de inteligencia y policiales, bajo gobiernos republicanos y demócratas, contra el Cártel de Sinaloa y sus ramificaciones con regímenes y políticos.
Las presiones que ha estado recibiendo la presidenta por el caso se van a volver cada vez más incómodas porque el senador doble A es indiferente al costo que le está transfiriendo a Sheinbaum, apoyándose en que López Obrador no va a dejar de respaldarlo –aunque se encuentre molesto con él, como sucede en la actualidad–, y que la presidenta es muy poco proclive a proceder contra uno de los personajes más cercanos a su mentor, porque podría ser inevitable que terminara tocándolo, que es algo que ha buscado evitar.
Sheinbaum está atrapada en este dilema que no tiene solución fácil, porque la obligaría a marcar una distancia de López Obrador, que no quiere tomar.

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Desde el hoyo en donde se encuentra, Andrés López Beltrán, Andy, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Beltrán, buscó defenderse de su costoso viaje a Japón acusando a sus “adversarios” de haber enviado “espías” a fotografiarlo para lanzar una campaña de linchamiento. No son pocos quienes se han burlado de él por haber hecho tal afirmación, pero habría que preguntarse si en efecto fue una declaración deschavetada, o esconde, dados sus niveles de información y acceso en el régimen, algo más profundo para afectar, como sucedió, a los operadores políticos de su padre.
Su fotografía en un hotel de super lujo en Tokio apareció en extraña sincronía junto con otras que revelaban los derroches de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en uno de los grandes hoteles de lujo en Madrid sobre el Paseo de la Castellana, y de los dos senadores Yunes, protegidos por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López –emproblemado también por razones distintas–, en un club de playa exclusivo en la maravillosa costa de Amalfi.
Demasiadas coincidencias para ser coincidencia. La extraña aparición de las fotografías casi en forma simultánea, tuvo su impacto, reflejado en el daño a la imagen de todos ellos y el debilitamiento de su posición política, o como en el caso de los Yunes, aumentar el lodo sobre la espalda del senador López. Si se analizara el resultado de esas imágenes sin malicia, hubo una gran ganadora, la presidenta Claudia Sheinbaum, porque el común denominador entre los exhibidos es que su correa de control no está en Palacio Nacional sino en Palenque, y que han sido obstáculos en las cámaras y el partido, sin caminar junto a ella y, muchas veces, en su contra.
¿Sobre estas consecuencias surgió la frase de Andy que había sido espiado?
Si del viaje sabían solo sus cercanos y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, como él mismo reveló, ¿cómo se enteraron sus “adversarios” que estaría en Tokio y que a toda velocidad armaran un plan de espionaje? Su acusación contra privados no tiene muchas asideras por la logística de algo tan sofisticado, pero desvía porque ¿sabe o intuye que se trató de una operación del gobierno mexicano?
De acuerdo con información que fue corroborada con altas fuentes del gobierno, en el caso de Monreal y de los Yunes, sí. Fue un trabajo realizado por la oficina del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Madrid, explicaron, que hizo el seguimiento con el propósito de mostrar sus vacaciones de lujo, y mostrar sus contradicciones para descalificarlos. Agentes del CNI, dijeron, tomaron algunas de las fotografías que se filtraron a los medios mexicanos. El eventual espionaje sobre Andy, sin embargo, es más complejo.
Un funcionario aseguró que las fotografías de Andy en el hotel –no en la calle saliendo de Prada– también fueron resultado del seguimiento que hizo el CNI, pero este órgano no tiene oficinas ni estructura operativa en Tokio, y el gobierno japonés tiene un sistema de contrainteligencia muy sólido. Espiarlo ahí no es tan simple, como lo planteó el hijo del presidente emérito.
El CNI no podría haberlo hecho de manera unilateral, ante el riesgo de que fueran descubiertos y provocaran un fuerte conflicto diplomático. La vía segura para hacerlo habría sido mediante la autorización del gobierno japonés, o a través de un tercer país, con influencia y ascendencia sobre los nipones. En cualquier caso, el costo de esta acción coordinada era políticamente muy alto. Pero si la relación costo-beneficio era el objetivo superior, vistos los resultados, el precio habría valido la pena.
Andy nunca sugirió un espionaje gubernamental. Siempre se refirió a sus “adversarios”, aunque la acusación necesitaría más que palabras para tener sustento y verosimilitud. Una operación clandestina privada tiene enormes dificultades para quien tuviera los recursos y la determinación para hacerlo, como por ejemplo los pocos días que tendrían después de enterarse del viaje para recopilar información sobre su destino y en qué lugar se hospedaría así como reclutar los espías y planear la operación. Para asegurar su éxito, tendrían que haberse hospedado en el mismo hotel, porque tendrían que estar cazándolo en el restaurante, y una presencia diaria no se justificaría si no se es huésped.
El plan de escape tendría que haber estado igual o mejor pensado, porque deberían saber que el hotel, al ver las fotografías de Andy circulando por el mundo, iba a revisar sus cámaras de seguridad para determinar el día en que fueron tomadas y poder identificar a las personas que lo retrataron. Cuidar su prestigio como hotel, que garantiza la privacidad de sus huéspedes, personas de poder político y económico, lo obliga a tomar acciones.
Un turista paparazzi, que está en el escenario de lo posible, podría haber sido identificado de esa forma para que, si existen restricciones en los reglamentos del hotel, pudiera ser sujeto a una denuncia para evitar un daño reputacional, o como en el caso del mismo Andy, minimizar una eventual querella judicial por no haber evitado la violación de su privacidad.
Suponiendo que hubieran sido fotografías de viajeros mexicanos, reflejaría su alto nivel de información y politización, porque habrían escogido al mejor conducto para distribuirlas y garantizar su máxima exposición, como sucedió al ser publicadas por Latinus, que tiene una cruzada contra Andy. Esta hipótesis lleva a otra, donde el resultado fue lo contrario: el vuelo. Según reveló, tomó una línea comercial a Tokio con una escala en Seattle, a donde solo vuela Aeroméxico en código compartido con Delta. Esa ruta fue pensada para viajeros mexicanos, pero a diferencia de su estadía en el hotel Okura, no hay ninguna fotografía de él durante su vuelo, algo posible pero no probable, dada el hambre por exhibirlo en donde se lo topen.
El señalamiento de que lo enviaron a espiar no puede dejarse como una frase política o desesperada. El gobierno federal nunca admitirá que las fotografías fueron parte de una operación contra el grupo político de López Obrador, pero lo que dejó mostró que fue un trabajo institucional o espontáneo, que hay un interés en exhibirlos, neutralizarlos y acabarlos políticamente –lo que le conviene a Sheinbaum.

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Las autoridades mexicanas ya fueron advertidas: Manuel Bartlett va a ser acusado en Estados Unidos por haber autorizado que le informaran a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, que Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA infiltrado en esa organización criminal. Ese aviso llevó a su muerte en 1985, y su participación en el crimen, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se detuvo ahí. Bartlett también ayudó a que Caro Quintero no fuera detenido en México, por lo que pudo fugarse del país.
Las autoridades mexicanas, a su vez, ya le informaron a Bartlett de su situación en Estados Unidos. El 16 de julio, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador en el sector energético, fue citado por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien le dio a conocer que los fiscales presentaron al juez Frederick Block en la Corte Federal de Brooklyn grabaciones de las torturas a Camarena y a su piloto mexicano Alfredo Zavala, que incluyen pruebas de su presunto involucramiento.
En ese entonces, Bartlett era secretario de Gobernación, y por años ha sido mencionado como colaborador del Cártel de Guadalajara, y a finales de los 80’s, el testigo protegido de la DEA Víctor Lawrence Harris, escolta de Ernesto Fonseca, co-acusado con Caro Quintero por el asesinato de Camarena y Zalazar Alvear, lo imputó. En la reunión con Godoy, de acuerdo con lo trascendido, Bartlett pidió la protección del gobierno mexicano si llegaran a llamarlo a declarar en tribunales estadunidenses, y solicitó a la presidenta, a través de ella, ser enviado a una embajada en un país donde no haya extradición.
Desde 1985, Manuel Bartlett es un político sobre el cual la DEA tiene puesta la mira. Es la pieza que necesitan para terminar de cerrar la Operación Leyenda, la gran investigación sobre el asesinato de Camarena, cuyos asesinos intelectuales fueron los lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe del primer cártel de drogas del país, el de Guadalajara. Fonseca se encuentra bajo arresto domiciliario, cumpliendo su condena en México, y Caro Quintero fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos en febrero pasado, para ser juzgado.
El caso de Caro Quintero dio un giro inesperado este martes, cuando los fiscales en la corte de Brooklyn cambiaron radicalmente su posición y dijeron que no pedirían su pena de muerte, dejando abiertas dos posibilidades: juzgarlo o negociar su cooperación como testigo cooperante. Los fiscales adelantaron que tampoco pedirían la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, a quien ven las autoridades estadunidenses como una pieza importante en el Caso Camarena, porque como un operador en niveles inferiores en el Cártel de Guadalajara, puede aportar información relevante sobre su asesinato.
Los fiscales ya entregaron a la defensa de Caro Quintero nuevas pruebas contra él que involucran también a Bartlett, pero el juez Block todavía no ha dado a conocer si las hará públicas o no, lo que no impide que puedan ser utilizadas durante el juicio, cuya fecha aún no se fija. La próxima audiencia de Camarena será el 18 de septiembre. Bartlett, que durante años ha evitado viajar a Estados Unidos por el riesgo de que fuera detenido, nunca había estado tan cerca de ser imputado en tribunales estadunidenses como ahora, aunque en México nunca ha existido una investigación sobre su presunta participación en el crimen.
En Estados Unidos, el juicio contra Caro Quintero o su cooperación como testigo –se podría argumentar que sobre otros temas recientes de la narcopolítica–, será el fin de 40 años de investigación de la Operación Leyenda, con el que quieren subrayar ningún crimen contra un agente federal quedará impune. La necesidad política-existencial en Estados Unidos de mostrar que un ataque a sus agentes nunca va a dejar de perseguirse alcanza a Bartlett, donde hay varias agencias que están acumulando información para que, llegado el momento, puedan acusarlo formalmente y pedir su extradición.
Los fiscales estadunidenses siguen amasando información y buscaron una nueva fuente de información en Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad sentenciado a 28 años de cárcel por su relación con el Cártel de Sinaloa. Los fiscales le han pedido a García Luna que les “entregue” a Bartlett, pero no solo por su presunta participación en el asesinato de Camarena, sino también para que aporte detalles sobre los activos que tenga en Estados Unidos.
García Luna entró al CISEN, actualmente el Centro Nacional de Inteligencia, en 1990, cinco años después del asesinato de Camarena, donde tuvo acceso a todo lo que no se ha dicho sobre aquel asesinato. Sobre el tema de los activos, García Luna conoce la vieja relación de Bartlett con Samuel y Alexis Weinberg, proveedores de equipos y programas de seguridad a los gobiernos mexicanos, y que, presumen los fiscales estadunidenses, incluyen negocios que realizaron conjuntamente con Bartlett durante varios años.
Las acusaciones contra Bartlett, si bien no son nuevas hasta hoy, deben clasificarse en una categoría superior, porque los principales cárteles son considerados ahora organizaciones terroristas, y los implicados en ellas serán juzgados en un marco legal diferente. El Cártel de Guadalajara dejó de existir muchos años antes de que entrara en vigor esta ley –apenas en febrero de este año. Dentro de este parámetro, Bartlett podría ser acusado bajo la ley que decretó el presidente Donald Trump.
Este argumento puede ser legalmente debatible, pero la segunda parte de la petición de los fiscales a García Luna, no. Si aporta información financiera que vincule a Bartlett con los Weinberg, que firmaron un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República aceptando que tuvieron relaciones financieras con el exsecretario, sería factible que lo acusaran bajo las leyes terroristas.
Su situación es motivo de preocupación en Palacio Nacional, pero no ha habido respuesta a su petición de protección y traslado a un país donde no haya extradición. De cualquier forma, como pintan las cosas, difícilmente Bartlett quedaría fuera del alcance de Estados Unidos si van por él.

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La información se dio como una de las muchas que se reportan cada día: una persecución de las fuerzas de seguridad en Guanajuato, que desencadenó una serie de enfrentamientos armados que iniciaron en Jalisco, se pasó a Irapuato y terminó en la capital del estado, a unos 100 kilómetros de donde comenzó. Pero no era un operativo ordinario. Iban a la caza de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los principales objetivos como generadores de violencia en México, pero se les escapó. ¿Cómo fue posible? Un pitazo, reveló un alto funcionario federal, que salió de la Guardia Nacional.
Frustración e impotencia. Es lo que sintieron en algunas áreas del gabinete de seguridad porque existe un enorme interés en detenerlo, no solo por la calidad de la violencia que significa su operación, sino también por la expansión territorial que está realizando como resultado de la guerra en Culiacán, donde al respaldar a la facción de Los Chapitos en el Cártel de Sinaloa, cada vez más débiles, están entregándoles involuntariamente sus territorios en el noroeste del país, según revela una de las investigaciones que están realizando agencias de Estados Unidos sobre la narcopolítica en México.
De acuerdo con estas investigaciones, la pista de El Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene ramificaciones que llegan al entorno del senador Adán Augusto López, pero no por la vía de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que es pública, sino por subalternos de cuando fue secretario de Gobernación. También hay pistas que conducen al entorno del general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, y del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Ninguno de ellos tiene investigaciones en México.
El Mencho está enfermo, pero no lo suficiente, por lo que se ha visto, para que las dos facciones en las que se dividió el CJNG pudieran arrebatarle el liderazgo de la organización criminal. Oseguera ha ido moviendo su residencia para evitar ser capturado, aunque la decisión de detenerlo no ha tenido consenso dentro del régimen obradorista.
Hace unos cuatro años la Marina lo ubicó en el municipio de El Grullo, en la región de la Sierra de Amula, al suroeste de Guadalajara, pero cuando pidió autorización al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para detenerlo, se la negó. López Obrador le indicó al secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, que lo vigilaran y solo le dejaran ver que lo tenían bajo observación.
En la actualidad, la captura de El Mencho es una prioridad del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que sufrió un atentado en 2020 cuando era el responsable de la seguridad en la Ciudad de México, del que culpó al CJNG. Cuando iba a iniciar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer gran golpe que iba a dar como una señal del cambio de estrategia, era la captura del lugarteniente de El Mencho que dio la orden de asesinarlo, Julio César Montero Pinzón. Lo tenían ubicado en Chiapas y se lanzó un operativo del que nunca se informó, pero en donde Montero Pinzón, apodado El Tarjetas, fue abatido, reveló una fuente gubernamental.
El Mencho y el CJNG, de acuerdo con las investigaciones en Estados Unidos, son parte del gobierno criminal paralelo al Estado Mexicano que se consolidó durante el sexenio de López Obrador, que se abrió en un abanico de negocios criminales que incluyen el huachicol –ajeno al que desarrolló el empresario y financiero de Morena, Sergio Carmona, en Tamaulipas–, la minería, la exportación de ganado en pie venezolano disfrazado de nicaragüense, y el contrabando, especialmente de tabaco, que es una fuente de ingresos importante de esa organización. La Barredora, el grupo criminal que manejaba Bermúdez Requena, aliado con el CJNG, es solo uno de los brazos delincuenciales de ese entramado, de acuerdo con fuentes estadunidenses.
El fracaso para capturar recientemente a El Mencho fue resultado del aviso que le dieron comandantes de la Guardia Nacional, que le permitió que sus milicias pudieran acudir en su apoyo y frenar la captura. No se sabe cuántas personas murieron, pero al menos dos elementos federales fallecieron en los enfrentamientos. Oficialmente se informó únicamente de un operativo donde se detuvieron a varias personas y se realizaron decomisos.
La traición que hicieron en la Guardia Nacional coincidió con otro episodio altamente embarazoso para el gobierno mexicano días después, cuando el chino Zhi Dong Zhang, que lavaba dinero y participaba en el tráfico de drogas con el CJNG y el Cártel de Sinaloa, detenido en octubre del año pasado, se escapó de una casa en la Ciudad de México, donde estaba bajo arresto domiciliario, mientras lo custodiaban elementos de la Guardia Nacional.
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se crea la Guardia Nacional, varios comandantes que enviaron al sur del país se relacionaron rápidamente con los jefes del narco locales, organizaciones subsidiarias de los grandes cárteles, que por información que ha trascendido, no tuvieron mucho problema para corromperlos. No obstante, ninguno de los casos en donde se vieron involucrado tuvo la dimensión del pitazo a El Mencho o la fuga de Zhang, que ha dejado muy mal parado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La fortaleza de los cárteles y los fracasos en su combate, llevó anteayer llevó al periódico The Wall Street Journal a señalar que incidentes como el escape del chino ponían en riesgo las negociaciones con Estados Unidos para concretar un acuerdo integral de seguridad y aranceles. Sheinbaum dijo que no era cierto, cuestionando las fuentes del diario, algo muy común en ella, de negar todo aquello que la deja vulnerable o la exhiba.
Sheinbaum, más allá de su diferendo público, tiene un problema de fondo con la Guardia Nacional, que depende de la Defensa. Se desconoce si hubo sanciones a quienes se les escapó Zhang, y si se identificó y castigó a quienes alertaron a El Mencho que iban a capturarlo, que es el mayor fracaso y traición militar que ha enfrentado en su Presidencia, y exhibe la debilidad institucional en Washington.

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En un reciente programa de televisión en el Canal 22 encabezado por el ideólogo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y responsable de la formación de cuadros de Morena, Rafael Barajas, conocido como El Fisgón, el videógrafo y propagandista primo del régimen, Epigmenio Ibarra, aseguró en el contexto de la etiqueta que le han puesto a políticos del régimen como “narcopolíticos”, que “la CIA está operando para destruir” el movimiento de la cuatroté, al no convenir “a la derecha” que una fuerza de esa naturaleza sea victoriosa. Panfletarismo aparte, Ibarra conoce esa música desde que se ganaba la vida como camarógrafo free lance en Centroamérica, y era un triple informante: de la guerrilla y de los gobiernos de México y Estados Unidos.
O Ibarra tiene información, o con su experiencia está observando movimientos y acciones que salen de lo predecible y entran en lo extraordinario. En este caso, tiene razón. En algunas partes teje sobre cosas conocidas: la DEA y la CIA tienen investigaciones en curso en contra de López Obrador por presuntas relaciones con el narcotráfico. En otras quizás solo lo intuye, como el mapeo que están realizando los servicios de inteligencia y policiales de Estados Unidos de la estructura criminal que crearon cercanos a López Obrador en el sur del país, donde La Barredora, que nació en el seno del obradorismo en Tabasco, es solo uno de los instrumentos criminales creados en la última década.
Durante largo tiempo demócratas y republicanos toleraron en Washington a López Obrador por convenirle a sus intereses, pero como explicó una fuente estadunidense, se acabó esa actitud porque cruzó una línea para ellos crucial, la relación con sus enemigos: Rusia, China, Cuba, Venezuela e Irán. Haberse aliado con esos gobiernos convirtió a México, más allá del tema del narcotráfico y el tráfico de fentanilo ilegal, en un problema integral de seguridad nacional, que detonaron varias líneas de investigación.
Una de ellas es de interés directo de Ibarra y El Fisgón, pero también de Mario Delgado, secretario de Educación y ex líder de Morena, así como algunos gobiernos y empresas privadas. El foco de esta investigación son los despachos de consultoría política y cuáles son sus relaciones internacionales. La principal, hasta ahora, se centra en Neurona, una consultora política española que llegó a México de la mano de Delgado, que le facilitó contratos en prácticamente todo el país y a nivel federal.
El fundador es Juan Carlos Monedero, que fue asesor de Hugo Chávez en Venezuela, cercano a Evo Morales en Bolivia –de donde facilitó la exportación de operadores políticos a México–, y se convirtió en el neoideólogo de Morena, a cuyos dirigentes dio pláticas y fue recibido varias veces por López Obrador en Palacio Nacional. Su consultora está vinculada al partido Podemos, cuyo fundador y exlíder es Pablo Iglesias, que abrió una vertiente de creciente influencia en México.
Podemos se fundó en 2014 con dinero iraní y venezolano, y de acuerdo con investigaciones judiciales en España, recibió más de nueve millones de euros de empresas fondeadas por Irán. Ese partido adjudicó a Neurona Consulting, la filial mexicana de Neurona, más de un millón de euros para la campaña electoral en España en 2019 a través de una sociedad fantasma, Creative Advice Interactive Group, constituida cuatro años antes en Guadalajara, que en automático, para ilustrar los alcances de la investigación, se convierte en una empresa que estaría dentro de los criterios para ser revisada por Estados Unidos, al tiempo que dos de sus ejecutivos que están dentro de las indagatorias en España por presuntos financiamientos ilegales de campañas y viven en México, serían personas de interés en Washington.
En España existen sospechas que parte de los recursos de Podemos canalizado a través de Creative Advice Interactive Group, fue para financiar campañas de Morena. El tema de los financiamientos ilegales de campañas políticas, sin embargo, no está en la mira principal de esta investigación en Estados Unidos, salvo cuando se cruzan con el grupo de países que consideran sus enemigos, y en particular Irán, como está sucediendo en México.
Al ser Neurona la consultora del régimen, otras empresas menos grandes –entre ellas algunas que participaron en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum– y casas encuestadoras, tuvieron estrecha relación con ella, por lo que también son parte de las investigaciones en Estados Unidos, sobre todo las que participaron en las últimas elecciones en el Pacífico, especialmente en Nayarit y Jalisco, por la creciente influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las investigaciones apuntan a que en las elecciones en los estados del Pacífico, donde los cárteles actuaron para influir e inducir en los procesos, algunas de las empresas que tiene bajo la lupa llegaron a sentarse en la misma mesa de los estrategas de Morena y sus consultores en temas digitales y encuestadoras. De acuerdo con algunos detalles de las investigaciones, el dinero para pagar los servicios de algunas consultoras y encuestadoras salió de los cárteles, que a su vez pedían en algunos casos que los asesores les enseñaran políticas de comunicación digital, con lo cual fueron modificando la forma como informan sus acciones criminales.
Esta vía que nunca ha generado ninguna sospecha en México, es una de las variantes inesperadas en las investigaciones estadunidenses, que están buscando los puntos de influencia de las cinco naciones que consideran sus enemigas con el régimen obradorista, por la capacidad que tienen las empresas consultoras y casas encuestadoras de modular la opinión pública mexicana en beneficio de sus intereses. La batalla por las mentes a partir de las emociones ha sido ganada por el régimen desde hace años, y se consolidó durante el gobierno de López Obrador.
Pero en este caso, no se trata solo de elecciones, sino cómo pueden los enemigos de Estados Unidos utilizar a consultoras y encuestadoras que están financiando de manera subrepticia. En el contexto de la participación de ese grupo de países, uno de los investigadores supone que el diseño va mucho más allá de los alcances de López Obrador y de sus cercanos, que fueron finalmente, según su apreciación, tontos útiles, pero no menos responsables del salto cuántico en la relación bilateral.

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La salida de Pablo Gómez como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegó con casi 10 meses de retraso. Ese cargo formaba parte del diseño del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para alinear los trabajos de inteligencia en el combate de la delincuencia. Sin embargo, ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni él, habían logrado que Gómez, respaldado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, lo entregara. Su relevo muestra lo difícil que ha sido para Sheinbaum ir tomando el poder, que dejó amarrado López Obrador para servir a sus intereses.
El diseño de García Harfuch, aprobado por la entonces presidenta electa, incluía colocar a funcionarios que le respondieran a él, en el marco de la nueva estrategia de seguridad, en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia Federal de Investigación Criminal (AIC), la Cofepris, en las áreas de seguridad en Pemex que combaten el robo de combustible, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF. Esta lucha continúa intramuros y el respaldo directo o indirecto de López Obrador han tenido consecuencias no vistas públicamente en la lucha contra el crimen.
El CNI, que manejaba la Secretaría de la Defensa por decisión del ex presidente, se lo entregaron a García Harfuch en vísperas de la toma de posesión de Sheinbaum, pero completamente desmantelado. LA FEMDO y la AIC, que dependen de la Fiscalía General de la República, no le han sido entregadas como se ofreció –pese a que la relación con el titular, Alejandro Gertz Manero es bastante buena–, y la CNBV se quedó en promesa como también pasó con la Cofepris.
La propia Secretaría de Seguridad que recibió García Harfuch era un cascarón: sin policías, ni vehículos, helicópteros o aviones. La Defensa, aún sin el control administrativo de la Guardia Nacional en ese momento, lo maltrató. La promesa del secretario de Defensa designado, el general Ricardo Trevilla, de entregarle 15 mil guardias nacionales para que tuviera capacidad operativa, quedó en el aire.
Luego le dijeron que le traspasarían los elementos, pero sin las plazas –lo que hacía inviable el movimiento–, y más adelante le adelantaron que tendría ese número, aunque cinco mil se quedarían de cualquier forma en la Guardia Nacional, otros cinco mil trabajarían como Servidores de la Nación, y el resto sería para él, aunque no tienen todavía ahora el permiso para portar armas, que entrega la Defensa. La relación de García Harfuch con el general Trevilla es casi nula, al grado que prácticamente no se hablan.
Los comunicados diarios del gabinete de seguridad que da a conocer García Harfuch hablan sistemáticamente de una colaboración de todas las áreas, pero es solo para mantener la narrativa de unidad en el gobierno en esta materia, que no existe como tal. De ahí que el relevo de Gómez, concretado el viernes pasado y anunciado un día después, con el énfasis en su nueva tarea al frente de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, buscó restar atención pública al movimiento de fondo, en seguridad y política, que se hizo.
Gómez era una obstrucción. Cuando se hizo la transferencia constitucional del poder, la Secretaría de Hacienda, el entonces titular, Rogelio Ramírez de la O, no hizo nada por apurar el cambio en la UIF o no pudo–, que depende de esa dependencia. García Harfuch envió personal a las oficinas de la UIF en Constituyentes esperando que Gómez facilitara el relevo, pero recibieron un cubetazo de agua fría en la cabeza. No renunciaría, les dijo, porque lo había nombrado López Obrador, ignorando la instrucción de Sheinbaum.
El equipo del secretario se tuvo que conformar con trabajar en una oficina dentro de la UIF, pero sin poder alinear los esfuerzos en el combate al lavado de dinero al diseño general de García Harfuch. En las últimas semanas coincidió que hubo fallas de operación en la UIF, por lo que Gómez fue criticado por no haber dado las alertas al gobierno que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigaba a Casa de Bolsa Vector, Intercam y CI Banco, por presuntamente tener relaciones con cárteles de la droga y empresas chinas que trafican fentanilo.
No está claro, sin embargo, si esas omisiones fueron por incapacidad, deliberadas u obedecieron a que, por la crisis de recursos que arrastra el gobierno, no se pagaron las licencias que permiten una actualización binacional de información sobre lavado de dinero en tiempo real. Lo que sí fue detectado en la Secretaría de Seguridad, fue que una vez que se pagaron las licencias y el sistema volvió a operar con normalidad, Gómez envió un alto volumen de información confidencial al Departamento del Tesoro sobre un número no determinado de empresarios y operaciones financieras sospechosas bajo observación. Esta información no se la habían requerido en Estados Unidos.
Una persona que conoce lo que sucedió, dejó entrever que la información confidencial que se envió a Washington, fue después de que Gómez entendió que su salida de la UIF era inminente, aunque las razones por las que lo pudo haber hecho no están claras. Fue lo último que hizo, en este caso visto internamente como un acto de rebeldía –“traición” le llaman algunos– del ex titular de la UIF contra el gobierno de Sheinbaum.
Su relevo será Omar Reyes Colmenares, que tiene más de 25 años de especialización en inteligencia, y a quien conoció García Harfuch en la Agencia Federal de Investigaciones, hoy AIC, a principios de siglo. Reyes Colmenares fue subsecretario del Sistema Penitenciario con García Harfuch, cuando era secretario de Seguridad en la Ciudad de México, y fue su primera propuesta para encabezar el CNI. El funcionario goza de respeto en las áreas de inteligencia y tiene, entre otras cosas, excelentes relaciones en Estados Unidos. Su nombramiento –que no parece que por presiones se caiga–, ayudará a profesionalizar la UIF, sacarla de los enfoques políticos en los que ha estado desde hace más de una década, y seguir armando la alineación que desea García Harfuch para combatir a la delincuencia, que tanto le ha costado construir a costa de quitarle plumas al ganso.

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A partir de agosto, anunció recientemente la Secretaría de Salud, habrá un sistema de distribución de medicamentos e insumos médicos, que abastecerán los hospitales y los centros de salud del IMSS Bienestar. Será un pequeño ejército de 96 camiones de tres y media toneladas, 38 de tonelada y media, 35 cajas sanitarias y 27 refrigeradas que realizarán las “Rutas de la Salud”. El modelo está inspirado en el programa “Camionetitas de la Salud” que desarrolló en Veracruz la gobernadora Rocío Nahle, aunque a diferencia de este, todavía no hay claridad sobre los procesos de licitación en la iniciativa federal.
La información que se conoce es que la Secretaría de Salud licitó los medicamentos y se adquirió, principalmente mediante arrendamiento, la flotilla de vehículos, pero en la industria hay dudas sobre el programa que está a cargo de Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, porque lanzaron la iniciativa sin haber hecho un estudio de mercado, sin licitaciones –fuera de los medicamentos– y con contratos integrales. La percepción es que fue otra iniciativa, como las que se vieron en el sexenio pasado, sin planeación y sin haber analizado la logística en su totalidad.
Uno de los problemas principales que ven en la industria es el de la logística de la distribución. “Dijeron que iba a costar 146 millones de pesos, pero no hay manera”, dijo uno de los industriales. “No hay almacén, ni bodegas, ni está contemplado aún los costos en nóminas y de operación, como las gasolinas. Tienen el arrendamiento de las camionetas, pero la distribución que están planeando no es real”.
Entre las observaciones y críticas que tienen al programa, está el control de la cadena de custodia de las medicinas. Alegan que no solo se necesitan camiones refrigerados para transportar las medicinas más delicadas, sino refrigeración en los puntos de distribución, que dicen que aún no existen, como tampoco un mecanismo de verificación de la caducidad de las medicinas. La experiencia negativa más reciente fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde las deficiencias logísticas y el tortuguismo burocrático, junto con las malas decisiones del zar del coronavirus, Hugo López-Gatell, provocaron que miles de dosis contra la Covid-19 caducaran.
En el sector privado existe un 2 por ciento de merma en las medicinas, pero el gobierno lo obliga a sustituirlo. En el caso del gobierno, el promedio de merma que calculan es de 15 por ciento, pero a diferencia de los privados, al no haber vigilancia y descuido de los lotes de medicinas, el riesgo de caducidad es enorme. La red fría tiene una certificación internacional, que no les han informado que la tenga el programa “Rutas de la Salud”. Esto lleva al riesgo potencial en el caso de los analgésicos, en particular el fentanilo y la morfina, que la exigencia en la distribución privada sea que cada pieza tenga control y supervisión, no exista con el nuevo programa.
El gobierno federal no realizará la supervisión de los analgésicos, y hasta donde se ha informado a la industria, le van a trasladar a los estados la distribución de esos medicamentos, donde en su mayoría no hay gente capacitada para hacerlo, ni los recursos para instrumentar ese mecanismo. El dinero es un problema adicional que no está resuelto en el programa. De acuerdo a lo que le informaron al sector, los estados se van a hacer cargo de los costos de operación, pero no tiene los recursos para ello porque esos presupuestos se los transfirieron a IMSS Bienestar.
El problema de los recursos es más grave de lo que se ha visto. En todo el año no se ha pagado a los proveedores de medicamentos, insumos y equipos del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de la Defensa. Solo en lo que va del año, el IMSS ha dejado de pagar 12 mil millones de pesos en adquisiciones. Tampoco hay dinero para hospitales, algunos de los cuales visitó recientemente la presidenta, sin saber que lo que vio se arregló artificialmente para que no notara los atrasos. Otros hospitales fueron puestos bajo responsabilidad del Ejército –para seguirle dando obra pública–, pero de acuerdo con los expertos, las adjudicaciones directas que están haciendo –como lo practicaron en el Tren Maya, el AIFA y otras obras del obradorismo–, elevan los costos hasta en un 300 por ciento.
Las “Rutas de la Salud”, creen, profundizarán el desmantelamiento de la red de distribución de medicamentos, profundizando el daño que provocaron las políticas de salud de López Obrador. Esta iniciativa crea una empresa o un servicio similar a lo que fueron las Gasolineras del Bienestar, que terminó en fracaso. Creada en 2021, no cumplió sus objetivos por problemas operativos, comerciales y administrativos, y sus ingresos fueron decrecientes, de 254 millones de pesos en 2022, a 174 millones el año pasado, pese a que Pemex le inyectó 300 millones para impulsarla.
El propósito del nuevo programa busca corregir los errores del modelo impuesto por López Obrador, donde se dio el desabasto crónico de medicamentos, se cancelaron contratos con distribuidores sin remplazos funcionales –que provocaron un costo mayor en la adquisición de urgencia de medicinas a lo que existía, en algunos casos con los mismos proveedores que habían vetado–, y haberlos sustituido con Birmex, no solo resultó en un desastre logístico sino en la segunda más grande administración corrupta de ese sexenio.
La iniciativa involucra a la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar y Birmex, y ofrece resolver todas esas deficiencias e insuficiencias y garantizar que los medicamentos y los insumos básicos lleguen al 100 por ciento de las alrededor de 12 mil unidades médicas rurales y hospitales comunitarios. El modelo de distribución que le han informado al sector privado, no obstante, ha generado preocupación de que sea utilizado fundamentalmente con un enfoque político, utilizando a los Servidores de la Nación en el reparto de medicinas con un objetivo propagandístico, como ha sucedido con los programas sociales que han tenido como fin ulterior el clientelismo electoral. Esta duda prevalecerá hasta que se vea cómo funciona, y si logra superar el gobierno los problemas de logística y coordinación institucional que tanto ha fallado en años recientes.

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Las primeras señales de fisuras entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador están a la vista y por primera vez se aprecia una división clara, aunque pequeña aún, entre los dos. Esta grieta ha quedado de manifiesto en los casos del senador Adán Augusto López y los viajes de Andy, el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y el secretario de Educación, Mario Delgado, donde el ala pura del régimen mostró sus contradicciones.
La primera señal fue cómo las plumas que controla el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, comenzaron a hablar del lastre que significaba el senador por su relación con Hernán Bermúdez Requena, quien desde el cargo de secretario de Seguridad de Tabasco, donde lo nombró Adán Augusto cuando fue gobernador, construyó un imperio criminal en el sur del país. Lanzar el ataque contra es el eslabón político más fuerte con López Obrador y las implicaciones para el expresidente si quedara arrollado por el torbellino tabasqueño, no tendrían sentido, salvo que hubiera sido una instrucción de la presidenta.
Ramírez Cuevas, el orquestador de la campaña contra Adán Augusto, fue el eficiente jefe de la maquinaria de propaganda de López Obrador y uno de sus operadores políticos, que ha ido recuperando poder en Palacio Nacional por sus capacidades dentro del mediocre equipo que llegó con Sheinbaum a la Presidencia. No se ha visto descuidado ni traidor con su jefe político, como se aprecia en algunas de las columnas, donde se aprecia su spin: López Obrador ha cumplido con su promesa de no jugar un papel transexenal. Esto es falso, pero es parte del esfuerzo para cuidarlo.
Sheinbaum y López Obrador hablan por teléfono con alguna regularidad, y en lo que va del joven sexenio, se han reunido al menos en cuatro ocasiones; tres en una oficina poco conocida de la Secretaría de Gobernación, y una más en la casa de Lázaro Cárdenas, el jefe de Oficina de la presidenta, confiable para ambos. En el caso de Adán Augusto, aunque como se reportó en este espacio había una molestia de López Obrador con él –igual que con Andy–, defenderlo es un asunto de supervivencia política para el expresidente, porque es una incógnita hasta dónde llegarán las cosas.
No se sabe si habló con Sheinbaum para que lo defendiera, pero la presidenta, aunque sin muchas ganas, ha salido a respaldarlo y a decir que no hay ninguna investigación en su contra. No ha dicho que es inocente, hay que subrayarlo, solo que no le abrieron una carpeta de investigación. Adán Augusto es una de las cuñas que le dejó López Obrador para acotarla y sin posibilidades para cambiarlo como coordinador en el Senado. El caso de Bermúdez Requena, como decía su mentor, le quedó como anillo al dedo.
La fisura no la muestran las débiles palabras de apoyo presidencial, sino en la cargada unánime de las plumas manejadas por Ramírez Cuevas para hablar del costo político que significa para la presidenta que se mantenga en el cargo, y el llamado a que renuncie. La información sobre Bermúdez Requena ha tenido un flujo imparable en los medios de comunicación, que arrastra cada vez más a Adán Augusto y aumenta su ilegitimidad como el jefe de Morena en el Senado.
Otro golpe a la legitimidad y honestidad es el que se dio con la difusión de fotografías de viajes de Andy López Beltrán, Monreal y Delgado. Se dio en el mismo espacio de tiempo, pese a que los viajes no coincidían necesariamente. López Beltrán llevaba varias semanas en Asia, Delgado ya estaba de regreso en México y Monreal seguía gozando la vida en Europa. Esto impulsó a que personas cercanas de Sheinbaum expresaran a La Politica Online su sospecha que la fotografías hubieran sido un trabajo de seguimiento de la CIA, o que fuera un trabajo interno.
Las fotografías no fueron tomadas en las calles o en lugares abiertos. Fueron tomadas dentro de hoteles, lo que permitió a la prensa revisar sus precios, sus estrellas y sus categorías. Todos estaban en los mejores hoteles de las ciudades donde vacacionaban, aunque en el caso de Andy, sobre el que los paparazzis dieron un seguimiento adicional, se difundió también una fotografía saliendo de una de las tiendas de Prada en Tokio.
Las imágenes del hijo de López Obrador, de su impuesto para coordinar a Morena en la Cámara de Diputados, y de su otra exigencia para la cartera de Educación Pública, mostraron los excesos de tres figuras fuertemente asociadas con el régimen, pero en rebeldía ante Sheinbaum, no por viajar, sino por la forma derrochadora como lo hacen. En su defensa, el diario lópezobradorista La Jornada, publicó en la Rayuela, su microeditorial del martes, esta frase: “Ahora: ¿nomás los ricos tienen derecho a vacaciones?”.
El intento de desviar la atención hacia la retórica binaria de López Obrador de los buenos y los malos para defender a tres de sus tentáculos en el gobierno confrontó a la presidenta, que en mayo envió una carta a la militancia de Morena donde ante las recientes demostraciones de abusos y excesos de Monreal, pidió a todos “conducirse con honestidad, humildad y sencillez”, y recordaran que “la parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena”. Para lo que sirvió en el diario cuya directora, comadre por tres de López Obrador, no tiene la mejor relación posible con la presidenta.
Las primeras señales de fisuras entre Sheinbaum y López Obrador están sobre la mesa. No apunta al advenimiento de un cambio de orientación política, lo que está fuera de discusión. Ideológicamente Sheinbaum es parte del mismo proyecto, pero necesita librarse de los saboteadores que le permita administrar el desastre que le dejó López Obrador y gobernar. Los síntomas de esta primera resquebrajadura pública los reveló ayer Sergio Aguayo en Reforma, que contabilizó 826 menciones de Sheinbaum sobre López Obrador hasta el mes pasado, con una tendencia a la baja, de 147 en octubre, a 54 en junio. “La presidenta”, observa Aguayo, “va poniendo distancia con su predecesor”.

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Adán Augusto López, poderoso coordinador de Morena en el Senado, está sumergido y lejos de la arena pública, en espera que el escándalo por haber nombrado como secretario de Seguridad cuando fue gobernador en Tabasco, a una persona acusada de haberse convertido en líder del crimen organizado en el sureste del país, se diluya y todo vuelva a la normalidad. Es lo que ha tratado de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum con todos los políticos de Morena con problemas legales, aunque en este caso hay una diferencia. Adán Augusto no es uno más: es el eslabón más débil, hasta ahora, del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El blindaje jurídico del gobierno lo protege, pero hay una variable fuera del control del régimen que desconocen. Información a la que se ha tenido acceso, muestra que Adán Augusto se convirtió en una persona de interés para los servicios de inteligencia estadunidenses y la DEA desde que fue nombrado secretario de Gobernación en agosto de 2021, cuando abrieron una investigación en Washington contra él y tuvieron los primeros indicios de su presunta relación con el crimen organizado. Dentro del seguimiento, aprovecharon una visita que hizo a Boston en agosto de 2022 a uno de sus hijos, que estaba realizando estudios en esa ciudad.
De acuerdo con esta información, el entonces hombre fuerte de López Obrador, tuvo un descuido y perdió el control de su teléfono. Los agentes que lo estaban siguiendo le clonaron el dispositivo y vaciaron su información. Lo que encontraron fue una red de vínculos con personas, una buena parte de ellas tabasqueñas, que estaban siendo investigadas en casos contra los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. No se sabe si existen grabaciones de él, pero sería ingenuo pensar que no las haya.
El proceso de judicialización del senador avanza en Estados Unidos, aunque con lo que tienen, podría ser sujeto, en este momento, a ser acusado de haber cometido un delito utilizando la infraestructura estadunidense, basados en el principio legal de jurisdicción territorial y extraterritorial limitada, que abarca cuatro leyes: el Wire Fraud Act, el Computer Fraud and Abuse Act, la RICO Act, y la Ley Patriota, aprobada tras los ataques terroristas de Al Qaeda en Estados Unidos en 2001.
En el caso de Adán Augusto, haber utilizado la infraestructura estadunidense al hacer llamadas telefónicas, por el tipo de investigación que se le abrió, entraba originalmente solo en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como la Ley Rico, pero luego de la declaratoria del presidente Donald Trump en enero, donde clasificó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, también podría aplicarse la Ley Patriota.
Si no hay una acusación formal aún del Departamento de Justicia, es porque la investigación sobre el senador continúa. Mientras no haya una acusación formal ante una Corte en Estados Unidos, Adán Augusto no tendrá problemas legales si viaja a ese país, salvo que el Departamento de Estado le cancele la visa, como ya lo hicieron con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y contra otros políticos, artistas y deportistas mexicanos.
La investigación per se no significa que sea culpable de algo, pero en nada le ayuda la revelación de los nexos criminales de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, a quien acusa la Fiscalía de Tabasco –cuyo gobernador es Javier May, viejo adversario de Adán Augusto, pese a ser ambos obradoristas–, de haber creado La Barredora, la organización delincuencial predominante en Tabasco, que extendió su control a Chiapas cuando el gobernador era su cuñado Rutilio Escandón, y a Veracruz, y haberse aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya llegada al sur del país desató la guerra contra el Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala.
El caso abierto contra Adán Augusto en Estados Unidos es probablemente el más sensible hasta la fecha, por lo que significa para el régimen. Ha sido un instrumento de poder de López Obrador, que le delegó amplias responsabilidades cuando lo nombró secretario de Gobernación, y le encargó todas las negociaciones delicadas que antes realizaba, de manera más limitada, su exconsejero jurídico Julio Scherer. El senador es la cabeza del Grupo Tabasco, que en los últimos años se ha constituido en una poderosa maquinaria de hacer negocios, apoyada en influencias políticas, notarías, oficinas de auditorías regionales y factureras.
En el entramado del Grupo Tabasco hay familiares del expresidente y exfuncionarios de su gobierno que no pertenecían al otro bloque de leales que lo acompañaron en sus luchas políticas desde los 80, cuando todavía militaban en el PRD, donde se encuentra el gobernador May y quien ha sido su jefe político, Octavio Romero Oropeza, impuesto por López Obrador en el gobierno de Sheinbaum como director del Infonavit.
Adán Augusto se ha convertido en solo dos semanas en el eslabón más débil del núcleo de poder de López Obrador, y la primera externalidad de relevancia para el régimen, en el marco de la lucha de poder interno que se vive en Morena. La variable que no estaba contemplada es la investigación en Estados Unidos contra el senador, que estaba fuera de sus radares.
El pasado fin de semana, La Política Online reveló que en el grupo cercano de Sheinbaum dijeron tras la aparición de las fotos en Tokio de Andy, Andrés Manuel López Beltrán, que era una operación de la CIA. Parecía una declaración llena de los lugares comunes de una cultura vieja, aunque como comentó ayer en El Universal Salvador García Soto, la coincidencia en la aparición súbita de fotografías tomadas en diferente tiempo y espacio de líderes de Morena abre la puerta a toda sospecha. Fue el uno-dos: primero Adán Augusto, y luego los políticos que también responden a López Obrador, a lo que hay que agregar las imágenes de dos de sus hijos.
La información sobre la investigación contra Adán Augusto desde hace unos cuatro años, revela que sí hay un seguimiento desde hace tiempo contra el primer círculo del expresidente, que se peleó a finales de 2020 con los servicios de información estadunidenses sin cuidar su retaguardia.

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