En nuestra historia hay dos López de pésima fama y memoria: Antonio López de Santa Ana, que entregó poco más de la mitad del país a Estados Unidos, y José López Portillo, el nepotista cuyos despilfarros provocaron el colapso de la economía. En nuestro presente hay otros tres López que están dominando la agenda de la discusión política nacional: Adán Augusto López, Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como Andy, y Andrés Manuel López Obrador. Los dos primeros están metidos en un pozo de problemas, mientras que el tercero es el político invisible que todos ven.
López de Santa Ana fue el arquetipo del caudillo, que hizo negocios al amparo del poder, que ejerció el poder de manera teatral con caprichos en un país que consideraba su botín. López Portillo, nepotista confeso y cínico, fue tocado por la soberbia mientras permitía la corrupción de sus amigos y prometía la riqueza para todos. De los tres López restantes, con quienes estamos viviendo la misma época, la construcción de su historia está en proceso, pero los une no solo el apellido, que sería lo de menos en un país que lo tiene entre los cinco más comunes, sino su estilo de gobernar, por cuotas familiares y políticas, donde se privilegia la lealtad por encima de la capacidad, disfrazada con frases grandilocuentes.
López Hernández y López Beltrán todavía no tienen su talento retórico, pero son herederos de lo demás. Para el todavía coordinador de Morena en el Senado, el mes que está cerrando es probablemente el peor en su vida, al estar siendo presionado desde el interior del régimen –sobre todo por las plumas del régimen– para que deje de convertirse en un lastre para el movimiento y un puñal en el corazón del gobierno de Claudia Sheinbaum. Andy, el secretario de Organización de Morena, que presume ser quien lleva sobre su espalda el legado de su padre, fue descubierto por una cámara indiscreta en un hotel en Tokio –situado entre los tres más caros de la capital–, vacacionando mientras su partido organizaba el trabajo territorial, que debía encabezar.
El primero no logra ponerse a resguardo del huracán categoría 5 que trae sobre la cabeza, y el segundo que corrió para que nadie lo viera al otro lado del mundo, quedó expuesto por alguien que alumbró su ratonera de lujo. En Palenque se encuentra el otro López, el Obrador, que está viendo cómo la ruta para volverse eterno que diseñó tres años antes de dejar el poder, acomodando su sucesión, decidiendo quién lo sustituiría, cómo repartiría el poder entre los perdedores, quienes serían las albaceas de sus políticas, y vestir en verde oliva a los garantes que evitarían desviaciones de sus caprichos, está siendo demolida.
Morena está revolviéndose en sus conflictos internos y choques de poder, con los hilos sueltos por todos lados que efectos se galvanizaron por la información que no deja de brotar como pus en la piel del senador por su relación con Hernández Bermúdez Requena, a quien como gobernador de Tabasco nombró secretario de Seguridad, desde donde construyó un imperio criminal asociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación desde Chiapas, que gobernaba el cuñado del senador, Rutilio Escandón, hasta Tamaulipas. El caso de Bermúdez Requena toca también al sucesor de Adán Augusto, Carlos Merino, funcionario del actual gobierno, y un hombre incondicional de López Obrador, protector también de Andy.
No deja de ser una paradoja que estos caminos lleven a su finca, porque López Obrador, de acuerdo con funcionarios del gobierno de Sheinbaum, está muy molesto con su hijo y con el senador. La molestia, señalaron, tiene que ver con los abusos en el uso patrimonialista del dinero. El presidente emérito tiene una moral bipolar donde si existe corrupción pero el dinero va fundamentalmente a su causa política –como tantas veces lo hizo él desde los 90’s–, no es un acto ilegítimo e inmoral, pero si el dinero llega exclusivamente a los bolsillos de los suyos, es un pecado capital. Según la información que ha trascendido, esta es la razón del cambio de humor y tenor con su hijo y con quien llama “hermano”.
¿Qué va a pasar? En la prensa política, afín al régimen, neutral o crítica, el consenso es que Adán Augusto es un fusible quemado que vive horas extras. Y sobre Andy, varias plumas obradoristas han deslizado que no parece tener la madera ni la vocación para llevar el legado de su padre. La incertidumbre no pasará sin costo. Entre más se mantenga la indefinición sobre el futuro inmediato, más aumentarán los lastres para el gobierno y el desgaste de la presidenta.
Desde la pérdida de la mitad del territorio nacional en 1848 hasta la crisis de la banca en 1982 y el discurso moral se convirtió en un traje a la medida para el engaño, el apellido López ha sido emblema de accesos rápidos al poder y desenlaces funestos para México. Hay en esta saga de los cinco López un hilo conductor: la ambición desmedida, el utilitarismo político y el desprecio por las instituciones que sostienen la República, convenientemente respaldado en los tiempos actuales, por silencios y complicidades en el gobierno y el partido.
Un recuento telegrafiado de los cinco López lo integran territorios vendidos, devaluaciones devastadoras, bancos estatales nacionalizados, contratos asignados a su círculo privado, corrupción y ascensos amañados a partir del amiguismo. Cada etapa de esta saga ha dejado un saldo negativo para México. Ni la retórica moral ni los discursos de transformación del México actual, han bastado para frenar el legado de despojo institucional.
Hoy, más que apellidos, importan los mecanismos. En ese espejo, los tres López contemporáneos se reflejan como herederos directos de aquel caudillismo y priismo que prometían grandeza y dejaron miseria. El verdadero reto está en un análisis autocrítico del régimen, no solo con la visión cortoplacista de mantener el poder en la siguiente elección, sino para reconstruir las reglas de juego que hagan inviable el nepotismo, el pacto de impunidad y el saqueo sistemático. De lo contrario, el apellido López continuará siendo en la política, por generaciones, sinónimo de la gran oportunidad de servirse, no de servir.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

Dos generales –uno de ellos en activo–, tres gobernadores, dos miembros del gabinete y uno de los líderes en Morena, son la última relación de nombres que quiere el gobierno de Donald Trump. El mensaje llegó a través de un alto funcionario del gobierno mexicano que recientemente estuvo en Washington en una gira de trabajo. Los nombres no sorprendieron a quienes los conocieron, salvo en un caso, el del general en activo, que los tomó totalmente desprevenidos.
Este es el último mensaje que ha enviado Washington a Palacio Nacional, ya sea en forma directa o a través de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Pero agrupa a lo que se supone, por la información que ha trascendido, que esta lista es prioritaria. No es la única que ha recibido la presidenta Claudia Sheinbaum, pero es la primera que tiene un énfasis específico sobre un perfil de sospechosos, por presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El gobierno mexicano no tiene información sobre cómo se han conformado las listas en Estados Unidos, elaboradas por el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y la DEA. Tampoco cuenta con criterios claros respecto a qué podría negociar o ceder ante la administración Trump si las presiones se transforman en exigencias. Tampoco ha trascendido si la presidenta ha discutido ese escenario con su gabinete de seguridad, pero si no lo ha hecho, se le está haciendo tarde y agotando el tiempo para atajar un proceso que, en su favor, no es automático.
Un caso que serviría de estudio para mostrar la complejidad de estos procesos, es el del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2021, tres meses después de asumir el poder Xiomara Castro, con quien negociaron la medida y pudieran juzgarlo acusado de tráfico de drogas vinculado al Cártel de Sinaloa. En el caso hondureño, el gobierno de Joe Biden consideraba que Castro no tendría la fuerza para llevarlo a tribunales, y acordó con ella la extradición. Por las declaraciones hechas en el gobierno de Trump, las señales son que preferirían una solución de esa naturaleza en México.
El caso hondureño traza una ruta legal de cooperación binacional, pero no es comparable con México. Desde la oposición, Castro denunció por años la corrupción de Hernández y su vinculación con el narcotráfico. En México, las denuncias de nexos del régimen con el narcotráfico vienen de la oposición, muy reducida políticamente y hoy sin posibilidades reales de recuperar el poder, y la prensa. Otra diferencia es que al ser adversaria de Hernández, Castro no tenía compromisos internos que generaran resistencias a su decisión.
Los incentivos que tenía Castro son lastres en el caso de Sheinbaum. Todos, salvo los dos generales, son militantes de Morena y fueron encumbrados por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Los militares, sin ser parte del régimen, han sido el pilar y sostén del movimiento obradorista, que en varias ocasiones giraron de la institucionalidad a la incondicionalidad. En ese sector encontraría la principal resistencia.
El ejemplo es cuando detuvieron en Los Ángeles al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, cuando tras la reacción a bote pronto de López Obrador para imputarlo instintivamente, el titular de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, le transmitió el enojo de una veintena de generales y la exigencia de defenderlo. En 24 horas, el ex presidente cambió 180 grados su posición. Sería equivocado pensar que en el caso del general en activo, no habría una reacción similar.
No obstante, existen otros espacios para la presidenta si ese mensaje se transforma en demanda, y los costos para el país se elevan. No hay ninguno en esa lista, seguramente salvo el general en activo, que no podrían ser parte de una negociación porque no le cuestan mucho a la presidenta. No sería deseable extraditarlos, dentro de la lógica del régimen, por los riesgos de que se conviertan en testigos cooperantes y hablan lo que se presume que saben, o declaren lo que les instruyan los fiscales en las cortes estadunidenses.
No obstante, hay una salida legal para la presidenta: iniciar un proceso en contra de los miembros de Morena que han sido imputados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, para que sean juzgados en México. Incluso, si llegaran a ser encontrados culpables, podría demorar su extradición, como hicieron tantos gobiernos mexicanos con Rafael Caro Quintero, pero eso no parece estar en sus cálculos luego de la defensa de Sheinbaum de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, tras la cancelación de su visa estadunidense, y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por Ismael El Mayo Zambada.
Pero la presión no va a cejar, y lo saben en Palacio Nacional. De hecho, ha venido aumentando a través de diversos funcionarios del gobierno de Trump, causando temores e incertidumbres. Puede ponerse peor, como que un día de estos, la procuradora Pam Bondi anuncie que han iniciado un proceso judicial contra una alta figura del régimen o del Ejército, y pidan al gobierno mexicano que lo detengan y lo extraditen. Este sería el peor de los mundos para la presidenta Sheinbaum. No solo perdería la iniciativa, sino que estaría acorralada y vulnerable. La meterían en una encrucijada, como en la que estuvo López Obrador con los casos de Caro Quintero y Ovidio Guzmán López, que tuvo que ser obligado a detenerlos y, en el segundo caso, extraditarlo.
No hay que olvidar que López Obrador lidió con el guante de terciopelo de Biden, mientras Sheinbaum tiene enfrente a Trump. Parece inevitable que apretarán el acelerador para obtener un pez gordo del régimen, que la obligará a tomar decisiones. Tener algo de tiempo en este momento para que se corran los escenarios, los riesgos, las consecuencias, las salidas de escape y el control de daños, es una ventaja para Sheinbaum, que de concretarse estará en el punto donde no será si la afecta o no –la dañará–, sino minimizar el impacto para mantener el control de lo que pasa en México.

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Hoy se cumple un año de que fueron capturados Ismael El Mayo Zambada y su ahijado, Joaquín Guzmán López. Pero no es solo una efeméride. Este ha sido un año de pesadilla para el régimen. Sacudió las relaciones entre México y Estados Unidos, con una afrenta que pegó en la narrativa de soberanía e independencia. Se hundió el gobierno en la crisis de información bilateral. Estalló una guerra en Culiacán que no ha podido contener. Se amplificó la ingobernabilidad. Y, sobre todo, quedó expuesta la vulnerabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum por el desastre que le dejó Andrés Manuel López Obrador.
En este año, el régimen experimentó una intervención estadunidense quirúrgica para capturar al jefe del Cártel de Sinaloa y amenazas militares a cielo abierto, con dos regimientos en la frontera con México listos a intervenir militarmente, algo que no sucede desde 1916, cuando se dio la Expedición Punitiva contra Pancho Villa. Aquel 25 de julio de 2024 provocó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, y propició que El Mayo Zambada acusara de traidor y cómplice del narco al gobernador Rubén Rocha Moya días después.
Durante muchos meses el gobernador dejó de habitar su casa en un fraccionamiento en Culiacán y envió a su familia a vivir a Los Ángeles desde hace casi un año. Recientemente había regresado a ella, pero fue una esperanza efímera. La relación de políticos de Morena que quiere detrás de las rejas el gobierno de Donald Trump y la cancelación de visas, le regresó el espanto. Recientemente pidió que la presidenta Sheinbaum no cediera cuando le pidan su extradición a Estados Unidos –que está seguro que viene–, justificando la razón de sus relaciones con el narco señalando, como si fuera destino manifiesto, que no hay otra forma de gobernar.
Rocha Moya es un cabo suelto que el gobierno de Sheinbaum no ató, quizás, por su contradicción: la lealtad a López Obrador. ¿Cómo va a iniciar un proceso contra él cuando su mentor lo fue a respaldar a Culiacán tras la denuncia de Zambada, y la arrastró como presidenta electa para cobijarlo juntos, tras ordenar a los gobernadores de Morena y los líderes del partido a pronunciarse por él?
Ese apoyo masivo del régimen no calculó que el último envión del gobierno del presidente Joe Biden iba a multiplicarse con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, acompañado de un amplio equipo que desde hace años piensan lo que dicen públicamente: que México está capturado por los cárteles de las drogas, y las relaciones de gobernantes y políticos van más allá de las complicidades; son estructurales.
Sheinbaum, teóricamente, tendría posibilidades de zafarse, pero no lo ha hecho. Cuando Zambada imputó al gobernador en una carta donde detallaba aspectos de su captura –motivo del apoyo masivo del régimen–, la Fiscalía General abrió una investigación sobre todos los aspectos que mencionó, pero no tocó a Rocha Moya. Si se actuara estratégicamente, se aceptaría que el gobernador está políticamente liquidado y es un lastre cada vez más pesado. La opción más inteligente, desde la perspectiva del régimen, sería investigarlo, procesarlo y encarcelarlo, cuidando que no lo maten y, sobre todo, levantando una muralla dique legal ante un eventual pedido de extradición.
El gobierno, en su lógica, no puede permitir que Rocha Moya termine en una prisión en Estados Unidos, o que en su desesperación –como está en estos momento–, negocie ser testigo cooperante, ante el riesgo se venga abruptamente la Teoría del Dominó. El gobernador podría ir poniendo el dedo en quienes sabe de sus complicidades con el narco, o como hicieron para condenar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, testificar sin necesidad de aportar ninguna prueba. De la narrativa se encargan los fiscales estadunidenses. La duda es si consumiría el fuego a Palenque. Esta sería una decisión política en Washington, donde López Obrador tiene muchos enemigos, pero sobre todo una baza para terminar de hincar a la presidenta, que no importa lo que haga, para Trump será siempre insuficiente.
A un año de la captura de El Mayo es una obviedad lo que un sector de la prensa había visto con anterioridad: la comunicación entre el gobierno de López Obrador y Washington estaba rota por la desconfianza en él, que se restableció en el gobierno de Sheinbaum, pero no lo suficiente para que la información fluya sin candados. Los detalles de la operación ejecutada hace un año en Sinaloa, siguen sin ser compartidos con Palacio Nacional, como lo reconoció ayer la presidenta.
La información que tiene el gobierno sobre lo que sucedió hace un año en un fraccionamiento en las afueras de Culiacán, es básicamente la misma que fue revelada en este espacio dos semanas después: un comando estadunidense, aparentemente de la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Nacional, ejecutó una operación de captura y extracción con la información que proporcionó un grupo del FBI en Washington, que ha investigado al Cártel de Sinaloa desde hace 15 años, con la colaboración de Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín.
Los detalles de cómo fue la operación no llegaron al gobierno mexicano de fuentes institucionales, sino del Cártel de Sinaloa. Según esta versión, los comandos se llevaron a Zambada y Guzmán López a una aeropista –que controlaba el Ejército– y los subieron a un turbohélice Beechraft King Air, donde además de ellos viajaron seis comandos y un solo piloto. Volaron por debajo de los radares mexicanos para no ser detectados con dirección a Tamaulipas, en cuyo trayecto giraron hacia el aeropuerto regional en Santa Teresa, Nuevo México, donde aterrizó, escoltado por un helicóptero Apache, que solo utilizan las fuerzas especiales estadunidenses. De ahí los llevaron al cercano El Paso, donde fueron oficialmente detenidos. La versión oficial es que Guzmán López engaño a su padrino y lo secuestró.
La captura rompió la certeza política y criminal. La guerra entre las facciones de Zambada y los Guzmán, que estalló el 9 de septiembre del año pasado, ha dejado cerca de mil 800 muertos. La Pax Narca se acabó, pero el punto es que existía porque López Obrador la permitió y cohabitó con ella.

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Algo no cuadra. Si el gobernador de Tabasco, Javier May, compañero de lucha del expresidente Andrés Manuel López Obrador por más de 30 años, fue quien detonó la crisis política en la que se encuentra el senador Adán Augusto López, el operador designado por Palenque, ¿es acaso que estamos viendo, como se planteó en este espacio, la agudización de las contradicciones en el núcleo del poder del régimen?
Hay nueva información que apunta a que, aunque por diferentes razones, no fue mal visto ni en la finca de singular nombre, ni en el Zócalo, que el descrédito por el caso de la persecución judicial del exjefe de policía en Tabasco presuntamente vinculado al crimen organizado, se concentre en el senador, aunque para efectos prácticos, parece un chivo expiatorio.
Es cierto que el senador es amigo desde hace tres décadas del expolicía perseguido, Hernán Bermúdez Requena, a quien acusa la fiscalía tabasqueña de dirigir al principal grupo criminal del estado, La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que lo nombró secretario de Seguridad cuando llegó a gobernador.
Sin embargo, información que se procesó y ocultó en el gabinete de seguridad de López Obrador a la que se ha tenido acceso, el principal padrino de Bermúdez Requena es el general Audomaro Martínez, dedicado a los negocios de seguridad privada que fue construyendo en los últimos 15 años, y que durante el gobierno anterior fue director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El nombre de Martínez no había salido en el episodio que tiene como protagonista central no a Bermúdez Requena sino a Adán Augusto López, pero de acuerdo con la información, en donde deberían enfocarse las líneas de investigación es sobre el general, amigo, escolta y confidente de López Obrador desde que se conocieron en los 80 en Tabasco, cuando era mayor de Caballería en la 30 Zona Militar en Villahermosa, y el expresidente era delegado del Instituto Nacional Indigenista.
Martínez fue un hombre muy poderoso en el sexenio anterior, apoyando los ataques políticos y difamatorios de López Obrador contra quien se le cruzara en el camino, utilizando los recursos de espionaje del Estado mexicano para que se difundieran de manera ilegal. López Obrador lo protegió siempre, por lo que los reportes en el gabinete de seguridad que prendían alertas sobre el general, siempre fueron desoídos, pese a que llegó a comprometer la seguridad nacional mexicana.
Como director del CNI, de acuerdo con información que ha trascendido y que fue corroborada por funcionarios del actual gobierno, Martínez, autorizado por López Obrador, le abrió la puerta a espías rusos, convirtiendo a México en el país con el mayor número de agentes en el mundo, como reveló en 2022 el entonces jefe del Comando Norte, el general Glen VanHerck. López Obrador respondió en ese momento de manera lacónica y desenfadada, argumentando que México era un país libre y soberano. No negó nada y al año siguiente, la experimentada corresponsal en Washington, Dolia Estévez, documentó un aumento de casi 60 por ciento de diplomáticos rusos en México, una buena parte bajo sospecha de ser espías.
La molestia del gobierno de Estados Unidos se incrementó porque detectaron que Martínez le había proporcionado a los espías rusos los nombres de agentes de inteligencia estadunidenses operando en territorio mexicano, que provocó una protesta formal, pero fuera de los canales institucionales. La respuesta de López Obrador, contada de manera no textual por personas que conocieron del episodio, fue que no le parecía importante porque los agentes se conocían bien entre ellos. La preocupación de Washington en ese momento no consideraba lo que en las áreas de seguridad mexicanas se comenzó a mencionar: que el general también le había dado la misma información al crimen organizado.
No hay evidencia de que, de haber sido ese el caso, los cárteles hubieran tomado una acción contra agentes estadunidenses presuntamente señalados por el director del CNI, pero se comenzó a acumular información en el gabinete de seguridad sobre acciones sospechosas del general, que tenía un papel decisivo sobre el nombramiento de secretarios de Seguridad en buena parte del país. El caso del padrinazgo de Bermúdez Requena, por cuanto a funcionarios estatales controvertidos, no fue el único.
La información que se manejó en el gabinete de seguridad mostraba la dimensión alcanzada por Bermúdez Requena, quien, de acuerdo con esos reportes, extendía su control criminal a Chiapas y Tabasco. La primera información sobre sus vínculos fue detectada por los servicios de inteligencia del Ejército, que comenzaron a informar de ellos en 2019 y se hicieron públicos cuatro años después por el hackeo de los servidores por parte del grupo anónimo Guacamaya. El general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, justificó que no se alertó al gabinete de seguridad porque se trataba de “información bruta”, que es como llega la inteligencia, sin explicar por qué nunca la procesaron ni la analizaron para determinar su validez.
Lo que dijo el general, si es cierto lo que afirma públicamente, en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía de Tabasco, es una admisión de omisiones y negligencia. Pero también se puede plantear que ante la protección que le daba el presidente a Martínez, entendieron que solo iba a confrontar al ex secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, con el general Martínez, que estaban enfrascados en un conflicto personal.
La información que tenía el gabinete de Seguridad mostraba que el control criminal de Bermúdez Requena en el Golfo de México estaba ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encontrando nexos similares con secretarios de Seguridad y fiscales impuestos por Martínez en el Estado de México, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas.
Lo que políticamente no cuadra, se entiende si se trata en el fondo de proteger a Martínez. La información que tenía el gabinete de seguridad, no prueba una culpabilidad automática del ex director del CNI por los nexos criminales de varios de sus protegidos, aunque tendría que ser investigado como una de las hipótesis de la expansión del CJNG. El problema, que es mayor, es que todo lo que impacte negativamente al general, repercutiría en López Obrador. Así las cosas, mejor ni averiguar.

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Helen Schulman, autora de Tontos por amor, un libro que colecciona historias personales, escribió ayer en The New York Times un breve ensayo que tituló “La vergüenza del concierto de Coldplay es algo para celebrar”, a propósito del beso captado en las cámaras que paneaban al público mientras la banda británica tocaba hace una semana en Foxboro, un suburbio de Boston. Si el nombre del texto fue provocador, su contenido fue sorprendentemente trágico para un mexicano.
Para quienes tenían la cabeza metida en sus propias cosas, parafraseando a la autora, o sea, para quien no se enteró de lo que fue viral en todo el mundo, se refirió a la cámara cazadora de besos que atrapó al director ejecutivo de Astronomer, una empresa de datos, abrazando a la directora de Recursos Humanos, lo que habría sido una imagen más salvo que ambos, de fama pública, vivían el sueño americano con otra pareja. Él renunció y ella fue suspendida.
“No es que me guste que alguien se sienta obligado a dimitir”, destacó Schulman, “pero fue algo refrescante saber que alguien, en algún lugar, estaba asumiendo la responsabilidad de sus acciones, incluso si probablemente no tuviera otra opción. Había pensado que el lodo tóxico de la desvergüenza (ese hijo amado de Donald Trump e Internet) había eliminado la anticuada noción de humillación, pero estaba equivocada. Nunca pensé que me alegraría ver la vergüenza como un concepto, al menos, resucitado de entre los muertos”.
En la era de Trump, agregó, es un extraño alivio ver cómo dos compatriotas se dan cuenta de que hicieron algo imprudente e inapropiado, y no fingen que no tenían nada que ocultar, sino al contrario, hicieron todo lo posible por desaparecer. Visto ese penoso episodio para la pareja, que causó regocijo y morbo en el mundo, uno no puede dejar de voltear a nuestro ombligo y recordar lo que nos ha sucedido, donde todo aquello que Schulman alaba, es inexistente en nuestra era del nuevo régimen.
Schulman colocó un espejo, sin imaginárselo, a los mexicanos. “Espero”, dijo de la pareja, “que se conviertan en una especie de héroes populares en esta era de absoluta desvergüenza, cuando la Cámara de Representantes y el Senado votan por cosas que la mayoría de los estadunidenses saben que está mal, como recortar los fondos para la ayuda médica y los programas de asistencia alimentaria. Evidentemente no les importa a estos líderes. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo del presidente o simplemente no quieren ceder su pequeño pedazo de poder?”.
Es inevitable no pensar en el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, que le dio el voto decisivo a Morena para aprobar la reforma judicial que cambiará la carne y los huesos de México por generaciones, cuando se escondió detrás de su padre, su suplente en el Senado, quien dio la cara en el pleno para decir que su hijo votaría lo que pensaría lo mejor –me lo imaginé ese día llorando, con las piernas temblando y húmedos los pantalones–, traducido a dame el voto y cancelo sus acusaciones penales. Es imposible olvidarnos de un hombre que rompió su congruencia, el ministro Alberto Pérez Dayán, al votar contra su pasado, o la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, a quien conocí cuando comenzaba, llena de hambre y sueños por hacer lo mejor para las mayorías, o Guadalupe Taddei, que recibía los lineamientos de Palacio Nacional para decidir el rumbo del Instituto Nacional Electoral.
Nunca serán el tipo de héroes o heroínas de las que habla Schulman, como tampoco serán otros personajes de la vida pública, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por criminales de ser un criminal, o el ex comisionado de Migración, Francisco Garduño, que solo aceptó dejar el cargo del cual había sido destituido meses antes por la presidente, hasta que quedó legalmente blindado de responsabilidad por la tragedia en el centro migratorio de Ciudad Juárez, donde murieron 40 latinoamericanos. O en estos días el senador Adán Augusto López, que nombró como jefe policial en Tabasco cuando fue gobernador, a alguien que fue acusado por años de estar vinculado al crimen organizado y terminó, de acuerdo con las autoridades, siendo el jefe de todos.
Es cierto que este breve y limitado catálogo, no es único en la historia moderna de México, pero sorprende el número creciente de los anexados. La única diferencia con el pasado es que antes no se daban baños de pureza, de honestidad valiente ni moralidad cristiana. Otrora, los inmorales se callaban esperando que no los atraparan; los de hoy, normalizan todo porque no hay rendición de cuentas sino complicidades políticas. Lo vimos en el Consejo Nacional de Morena el domingo pasado, cuando el senador fue recibido con la proclama de “¡no estás solo!”.
¿No estaba solo de qué? Es una confusión conceptual, por no decir una estupidez. No hay un ataque político contra él, sino una investigación en curso, donde no ha sido requerido, sobre una persona que durante tres décadas caminó codo a codo con él, y de quien aseguró no haber sabido nunca en los pasos en los que andaba, hasta cuando ya había dejado Tabasco. La atención pública que hay sobre él, cuya presunta responsabilidad la destapó otro gobernador de Tabasco, de Morena, muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador desde los 80, es por el rol político que juega y el poder que detenta.
Pero, política aparte, la vergüenza de la pareja estadunidense atrapada in fraganti, su reacción de decoro y las consecuencias sobre su vida personal y profesional al tomar acciones que mostraron que lo que pasó era importante, que no podían fingir que no había sucedido y dejarlo pasar, es un instante de respeto a sí mismos inexistente en nuestra era de los sin vergüenza. No debemos esperar actos de ética política, porque hace años tenemos un déficit de ella, pero al menos de pudor. Esto es un mero deseo, porque tampoco existe entre nuestros actores políticos ninguna responsabilidad pública, que esperaríamos porque para ello pagamos sus salarios los contribuyentes. Tristemente es una quimera en estos tiempos mexicanos sin principios ni dignidad en la vida pública.

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Raymundo Riva Palacio

El momento por el que atraviesa Adán Augusto López tiene como detonante la persecución de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuando fue gobernador, por ser parte de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. La furia descargada contra él no es proporcional al hecho, de si extraordinario, lo que permite plantear como una hipótesis de trabajo que detrás de todo hay una lucha de poder dentro del régimen, no para disputarle el liderazgo a Andrés Manuel López Obrador, sino para evitar que construya una dinastía desde Palenque.
No es una paradoja que la sacudida en el régimen esté siendo provocada por la dureza del presidente Donald Trump contra los gobiernos de Sheinbaum y López Obrador, porque los cambios en el mundo suelen ir acompañados de factores externos, que galvanizan factores internos. Estos los representa la oposición, pero no fuera sino dentro del régimen. El anuncio del final de su vida pública de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sugiere que quiere salir del campo de tiro estadunidense. El bajo perfil de otros, como Andy, el hijo del presidente emérito, Andrés López Beltrán, no puede desasociarse del mismo contexto.
Adán Augusto es realmente el hombre fuerte en Morena, porque así lo decidió López Obrador. En el Senado hace mancuerna con Alejandro Esquer, la correa de transmisión de López Obrador con el coordinador de la bancada, quien es su operador de campo. Su influencia va más allá del Senado y entra al corazón de Morena. Fue él quien detectó que la posibilidad de que si Andy llegaba a la presidencia del partido iba a generar divisiones, por lo que propuso fuera a la Secretaría de Organización.
También fue Adán Augusto quien lo apoyó en las recientes elecciones en Durango, con operadores de campo. Los gobernadores de Morena cumplieron con el dinero que les pidieron y los enviados del senador trabajaron como se les pidió, pero la militancia del partido realizó una huelga de brazos caídos para evitar que Andy se colgara una victoria y se fortaleciera.
La señal era clara: no quieren que Andy siga escalando peldaños de poder que pudieran llevarlo a la candidatura presidencial en 2030, porque en las condiciones actuales de Sheinbaum –con la Espada de Damocles de la revocación de mandato, sin control de las cámaras ni de los gobernadores–, no sería la presidenta ella quien pudiera decidir su sucesión, sino López Obrador. Pero una cosa es tenerlo como el caudillo del movimiento, y otra que convierta el poder en un coto personal. Puede haber un proyecto compartido –como lo fue el neoliberalismo priista–, pero no un poder tutelado.
Adán Augusto es, en estos momentos, el principal facilitador del poder tras el trono. Forma parte de un grupo selecto donde están otros obradoristas, Monreal y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que se reúnen regularmente con miembros del equipo de la presidenta para ir armando lo que le llaman las “redes claudistas”. Parece un apoyo a Sheinbaum, pero en la práctica todo sugiere un timo a sus leales. Las redes se inspiran en el modelo del expresidente Carlos Salinas con el Programa Solidaridad, que copió López Obrador con los Servidores de la Nación, y continuó Andy con el reclutamiento de militantes y la progresiva absorción del PT y el Partido Verde, para crear una maquinaria política por encima de Palacio Nacional.
De esta manera, las tribulaciones por las que atraviesa Adán Augusto no se acotarían a él, de haber consecuencias mayores, sino tendría ramificaciones más allá del Grupo Tabasco que encabeza –una amalgama de políticos y empresarios en Tabasco y Chiapas, que están financiando precampañas en otras partes del país, principalmente Chihuahua–, y en parte de la jerarquía de Morena, en especial la que está relacionada con el hijo López Obrador.
El entramado que ha construido el senador incluye un aspecto crítico que no se ve. Adán Augusto tiene bajo su control el mayor número de delegaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en los puertos, que se encarga de establecer políticas y normas, pero sobre todo, supervisa a las Administraciones Portuarias Integrales, las APIs, que gestionan los puertos y las terminales. La Secretaría de la Marina se encarga de la seguridad, vigilancia y supervisión que se apliquen las normas.
En los puertos es donde se han llevado a cabo varios de los más importantes golpes al contrabando de combustible, en donde los volúmenes decomisados han sido cuantiosos y sorprendentes, pero no tanto como el hecho de que el número de detenciones y vínculos haya sido tan reducido y de bajo perfil. El huachicol es un delito que está vinculado, de acuerdo con investigaciones en Estados Unidos y México, a un sector de Morena que estuvo vinculado con operadores electorales de López Obrador, que permanecen sin ser molestados por las autoridades. En el marco de este crimen se encuentra también el huachicol fiscal, cuyas indagaciones conectan con funcionarios que también trabajaron en el gobierno anterior. Esto solo podría explicarse porque las API’s y sus supervisores, son como un queso gruyere por donde se cuela todo, o existe una influyente red de complicidad institucional.
Este brazo de poder de Adán Augusto, teniendo o no responsabilidad en los delitos que se cometen en esa área del gobierno federal -el secretario del ramo, Jesús Esteva, es incondicional de Sheinbaum–, tiene un impacto en las finanzas de un sector de Morena, que ante los golpes del gobierno, el financiamiento ilegal está viendo limitada su capacidad de operación, de acuerdo con personas que conocen de estas.
Son varios los vasos comunicantes estratégicos de Adán Augusto con el proyecto obradorista de largo plazo, que se ha puesto en riesgo por el caso de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad, que ayudan a entender el arropamiento que ha tenido el senador de los líderes de Morena y el interés en desviar la atención pública hacia otro lado para dejar que se desvanezca. Sin embargo, es difícil que desaparezca. El problema de Adán Augusto no está solo afuera del régimen, sino adentro, donde la furia y los ajustes de cuentas los estamos empezando a ver.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

 

Que a nadie le quede duda: la profunda crisis en la que se encuentra el aún coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, por la designación como secretario de Seguridad en Tabasco de su amigo de tres décadas prófugo de la justicia, acusado de haber sido el presunto líder del crimen organizado cuando gobernó, es culpa directa de Andrés Manuel López Obrador, quien pensó que una vez fuera de la Presidencia, podría seguir manejando todos los hilos del poder. La sobrestimación de sus capacidades lo tiene también a él como un daño colateral de este nuevo episodio de la narcopolítica en Morena.
López Obrador ignoró el deseo de Adán Augusto, en cuya casa vivió cuando regresó de Veracruz donde su madre lo escondió por una tragedia familiar en Macuspana, y le entregó la gubernatura a uno de sus enemigos, Javier May, que lo acompañó en sus luchas políticas en Tabasco desde los 80 hasta Palacio Nacional, y cuya facción se enfrentó con el senador, que llegó tarde al movimiento. May llegó a la gubernatura el mismo día que López Obrador dejó la Presidencia, y pronto empezó a pedir cuentas al ex gobernador y a quien lo sustituyó, Carlos Merino, por haber permitido que el crimen organizado se asentara en el estado.
May tenía razones para indignarse. Recibió un estado con un incremento de 308 por ciento de homicidios dolosos, preámbulo de un cambio de poder –y de grupo político–, donde los acuerdos con las organizaciones criminales, quedó claro, no se renovaron. López Obrador no estaba al margen de lo que sucedía. Siempre negó que hubiera vínculos de los ex gobernadores con el crimen organizado, y en vísperas de concluir su sexenio, comprometió a su sucesora a no actuar contra 10 cercanos, para quienes sugería inmunidad e impunidad. La lista la encabezaba Adán Augusto, y seguían Octavio Romero Oropeza, quien era el jefe de la facción donde estaba May; poco más abajo figuraba Merino, el gobernador sustituto.
Tres meses después de asumir la gubernatura, May hizo la primera denuncia contra sus dos predecesores, pero sin que tuviera eco en Palacio Nacional. Como ha sido estrategia del régimen, la violencia en la que se encontraba Tabasco se normalizó políticamente. La protección de López Obrador fue finita.
La Fiscalía General de Tabasco no interrumpió las investigaciones contra el ex secretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, a quien Adán Augusto nombró y Merino ratificó, pese a un historial de vínculos con el crimen organizado que se hicieron públicos en 2023 cuando salieron a la luz miles  de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa, hackeados por el grupo Guacamaya, que lo identificaban como líder de “La Barredora”, el grupo criminal dominante en Tabasco, que estaba ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. En febrero se filtró en la prensa que había una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, pero lo que debió haber detonado un escándalo por su relación con Adán Augusto, pareció perderse en el olvido ante el silencio de las autoridades federales y las presiones para que nadie lo confirmara en Tabasco.
La semana pasada sin embargo, de la nada, el general Miguel Ángel López, que asumió en febrero la comandancia de la 30 Zona Militar, que se encuentra en Villahermosa, confirmó lo que se mencionaba mucho sin poderse verificar, la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena. Sheinbaum trató aparentemente de apagar el fuego, justificando que no se había perseguido antes porque no había pruebas, sin aclarar porqué si existía la orden de aprehensión no se procedió. Cuando la pequeña piedra que lanzó el general López se convirtió en avalancha, la presidenta fue esquivando los golpes contra Adán Augusto, hasta que no pudo huir más de la tormenta y la desvió: será él quien tenga que aclararlo, dijo.
El senador respondió al llamado de la presidenta pero no aclaró nada sobre si conocía o no los andares de su amigo de 30 años buscado por la justicia. Informó, a manera de justificación, cómo los índices de violencia habían bajado durante su administración, sin tomar en cuenta nuestra realidad criminal: cuando hay territorios en disputa, como fue Tabasco por años –y regresó a ese status–, sube la violencia; cuando un grupo se impone, llega la tranquilidad. Es la llamada Pax Narca.
En Palacio Nacional dan la impresión de que se quiere mantener la protección pedida por López Obrador, pues el propio senador reveló el viernes que no lo han llamado a cooperar en la investigación. Adicionalmente, Merino, que se encuentra en la misma situación de Adán Augusto, es parte del gobierno de Sheinbaum, como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que hasta donde se sabe, tampoco ha sido molestado por las autoridades para que declare sobre el caso.
Esos citatorios tendrían que haber sido un procedimiento normal para deslindar responsabilidades, pero el camino que ha seguido con ellos el gobierno es similar al del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por el ex jefe del Cártel de Sinaloa de complicidades con el crimen organizado, y envuelto en un manto de impunidad. En estos dos casos, los caminos siempre llegan a Palenque, lo que explicaría esta obstrucción de la justicia desde el poder, aunque hay una diferencia sustancial inocultable.
Adán Augusto le peleó la candidatura presidencial a Sheinbaum y su papel en el Senado fue una imposición del presidente emérito López Obrador. El senador no le responde a Sheinbaum, que ha tenido muchas dificultades para que aprueben iniciativas de ley de acuerdo a los intereses de su gobierno, y en privado ha comentado su impotencia para poderlo remover. La presidenta puede seguir apoyándolo en público, endulzándole el oído a López Obrador, pero al mismo tiempo ha dejado que las cosas fluyan, debilitándose progresivamente el rol político del senador. Hay márgenes para que este escándalo se encapsule en los ex gobernadores, sin que llegue incluso a Palenque, pero estas dinámicas no pueden preverse con precisión, como tampoco la posibilidad de que Bermúdez Requena, viendo cómo soplan los vientos del norte, busque ser testigo cooperante en Estados Unidos, lo que quizás cambiaría la profundidad del hoyo negro que está mostrando este conflicto en casa.

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En menos de dos semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, saltó de un problema de violencia contra la gentrificación en las colonias de moda Condesa y Roma, a un plan de 14 puntos en aquellas zonas de “tensión inmobiliaria”, donde la regeneración urbana ha disparado la plusvalía de las propiedades. Brugada apunta a un control de rentas, que sugiere el congelamiento de rentas que desapareció hace casi 25 años de la capital federal, por los problemas que provocó y el despoblamiento en el Centro de esta ciudad, cuando se fueron a los suburbios en el estado de México e Hidalgo poco más de un millón de capitalinos.
El plan, cuyas pretensiones son nobles en la superficie, tiene varios asegunes. Propone leyes que ya existen, pero no se aplican, como la regulación de las aplicaciones de renta temporal –la más famosa Airbnb– y el establecimiento de un tope a la renta ajustada a la inflación. Adicionalmente quiere que en las 12 colonias de “tensión inmobiliaria” –10 en la alcaldía Cuauhtémoc y dos en la Miguel Hidalgo–, se amplíe el programa de vivienda pública para arrendamiento, con lo que, al menos en esa escala, romperá con la nula política de construcción de vivienda de su antecesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, causante indirecta del florecimiento de la gentrificación, porque sin oferta, la demanda empujó los precios de las viviendas hacia arriba.
La propuesta de Brugada tiene varias caras. La primera, los efectos de su plan populista de congelar las rentas, que se puede oír muy bien para muchos, pero que ha probado aquí y en otras partes, que termina afectando más a quienes se quiso proteger. Eso sucedió en el periodo de 1948 a 2001, cuando existió un régimen de rentas controladas en el Centro de la Ciudad de México, donde los inquilinos pagaban alquileres a un precio tan bajo, que los propietarios de los inmuebles dejaron de invertir en mantenimiento, con un deterioro que dejó a muchas propiedades literalmente cayéndose a pedazos, expulsando de manera natural a sus inquilinos.
Esa idea tiene como antecedente el intento del entonces presidente Miguel Alemán y el regente capitalino Javier Rojo Gómez, de evitar los desalojos masivos durante la urbanización de la Ciudad de México en la posguerra, que provocó que miles de arrendamientos se mantuvieran sin cambio en la renta durante décadas, llegando a pagarse hasta 20 pesos mensuales (a valor actual) con contratos que se podían heredar, que alteró el valor del mercado y causó el abandono de las viviendas, afectando a quienes inicialmente parecían haberse beneficiado. Dio pie a juicios interminables, fraudes, desalojos ilegales y corrupción que no han terminado: todavía existen alrededor de 50 mil contratos de ese tipo en la capital, en juicio o en procesos de desalojo.
Desaparecida esa política, pero sin ninguna regulación del mercado inmobiliario durante los cuatro gobiernos de izquierda en el primer cuarto de este siglo, las rentas se dispararon luego de que los propietarios las renovaran y las rentaran a su libre albedrío. En la Condesa y la Roma, los precios subieron poco más de 17 por ciento, y algunas propiedades de la Roma, sobre todo casonas con arquitectura neoclásica, art nouveau y art déco, el incremento llegó a ser de hasta más de 90 por ciento. Mejor infraestructura y servicios municipales como la luz y la seguridad, impulsaron los costos.
En la actualidad, el consenso entre inmobiliarias es que colonias con alto valor de la tierra, como las Lomas de Chapultepec, no se encuentran entre las más caras para vivir, en la correlación de metros cuadrados versus precio, sino otras donde la regeneración urbana entró con fuerza, como las tres más costosas para vivir, la Ampliación Granada, que es el desarrollo que impulsó el magnate Carlos Slim –como antes lo hizo en el Centro Histórico– en lo que antes eran patios de armadoras, bodegas y viviendas populares, al igual que en la Tabacalera, atrás del viejo edificio de la Lotería Nacional, cuyas calles se vestían en las noches con prostitutas y travestís, o la Granada, donde confluyen Ejército Nacional, Cervantes y Rio San Joaquín, ninguna incorporada, por cierto, en el plan de Brugada.
La otra cara del plan de Brugada está asociada con su biografía política en Iztapalapa, donde fue líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, que impulsaba invasiones y exigía que le regularizaran esos terrenos. Ese pasado ha sido trasladado al presente por sus viejos compañeros de lucha, que piensan que esa pudo haber sido la razón por la que hace casi dos meses asesinaran a sus dos colaboradores más cercanos, Ximena Guzmán, que cuando fue alcaldesa se encargaba de la gestoría inmobiliaria y negocios, y José Muñoz, cuyos hermanos fueron líderes y camaradas de Brugada en la UPREZ. Ese crimen sigue sin resolverse.
Brugada, que fue alcaldesa de Iztapalapa en dos periodos, ha sido acusada de permitir y legitimar ocupaciones en tierras federales, ofreciendo regularización y beneficios a cambio de votos, o desviando recursos hacia su proyecto madre de las “utopías”, que son complejos con infraestructura cultural, recreativa, social y deportiva, mediante empresas fantasmas. Siempre ha negado estos señalamientos y, en términos legales, no hay ninguna sentencia que la vincule directamente con la serie de actos ilícitos inmobiliarios por casi 500 millones de pesos donde la han denunciado.
Por los precedentes y los antecedentes, el plan de Brugada se cruza con su experiencia en invasiones en Iztapalapa, con una propuesta populista que busca a futuras clientelas electorales en dos alcaldías gobernadas por el PAN, que antes fueron del PRD, hoy casi en su totalidad en Morena. Refuerza las iniciativas del ala radical del obradorismo, al retomar sus leyes –que no se han aplicado–, sin presentar alternativas integrales, como se ha hecho en otras ciudades del mundo, para enfrentar verdaderamente la gentrificación.
Es un plan clientelar y de corto plazo, que de no ser reformado y mejorado terminará como muchos de aquellos entre los que se embarcó Morena en los últimos seis años, rumbo al fracaso pero con millones de votos para la cuatroté que le dio una población cada vez más pauperizada.

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson estuvo de visita esta semana en Tijuana, donde se reunió con el personal del consulado y con líderes de Baja California para hablar, informó en sus redes sociales, sobre la cooperación en materia de seguridad. El viaje hubiera sido visto en otro momento como uno de los recorridos imprescindibles para un nuevo embajador en su reconocimiento del país en donde va a trabajar por los próximos años, pero el contexto lo hizo diferente. No es solo por la percepción de su gobierno sobre los esfuerzos insuficientes de México en materia de combate a los cárteles, al tráfico ilegal de fentanilo y al huachicol, sino porque volvió a colocar al elefante en la sala.
Johnson no se reunió con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que en este momento es persona non grata para su gobierno. El Departamento de Estado le canceló la visa, la primera de una decena de políticos –sin especificación si son de Morena o de otros partidos, o funcionarios públicos– cuya situación se encuentra en la última fase de revisión.
Ávila, que ha solicitado el apoyo federal para gestionar la reactivación de su visa ante el Departamento de Estado, es la segunda política de Morena con la cual el embajador ha mostrado públicamente su distancia. El primero fue el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien poco después de anunciar que lo visitaría en su oficina, recibió la cancelación de ese encuentro, programado como algo de rutina: la primera visita oficial que realiza un embajador estadunidense en México es al Senado. Johnson, sin embargo y sin explicación alguna, no quiso reunirse con él.
La incertidumbre sobre qué medidas va a tomar el gobierno de Estados Unidos contra políticos del régimen, ha generado temores en la clase política de Morena y precauciones, por las dudas, y por si acaso. Ricardo Monreal, coordinador del partido en el poder en la Cámara de Diputados y cuya familia ha estado señalada durante años por presuntos vínculos con el crimen organizado en Zacatecas, dijo esta semana que ya no buscaría ningún cargo público y que su carrera política se encontraba en “proceso de salida”. Varios legisladores optaron por suspender sus viajes a Estados Unidos y hay funcionarios que retomaron la recomendación que hizo en el sexenio pasado el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que evitaran pisar territorio estadunidense.
Viejos abusos o descuidos, bañados en impunidad, se han convertido en miedos.
El miedo más importante, de acuerdo con fuentes de primer nivel, es el de la familia López Obrador. El presidente emérito ha estado muy pendiente de los pasos y los dichos del embajador, y respiró tranquilo cuando después de que Johnson presentó sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum, fue informado desde Palacio Nacional que la reunión había sido cordial y sin referencia alguna a él. Aquella paz, sin embargo, se acabó desde hace unas semanas, coincidente con la escalada de presiones públicas del gobierno de Estados Unidos sobre resultados parciales de México en materia de combate a la delincuencia organizada, y la creencia en el Zócalo que no satisfará la sed de Washington la entrega de más capos de la droga, como hizo Sheinbaum a finales de febrero cuando envió 29 de ellos a Estados Unidos, porque las señales que están llegando son de que esperan figuras públicas.
En los niveles más altos del gobierno se comenta que quien ha expresado una mayor preocupación de que se encuentren miembros de la familia López Obrador en las listas negras de Washington es Andrés Manuel López Beltrán, conocido ampliamente como Andy, secretario de Organización de Morena, y responsable, como afirma él mismo, del legado de su padre. No es el único miembro de la familia sobre quien existe intranquilidad. También sobre su hermano mayor, José Ramón.
El gobierno mexicano no tiene información sobre quiénes están bajo la mira de Estados Unidos, ni cuáles son las consideraciones para cancelarles la visa, o para que presenten eventualmente una petición para que se les investigue y abra la Fiscalía General una carpeta de investigación.
La incertidumbre ante la falta de información precisa ha extendido los temores a Palenque, donde el ex presidente, de acuerdo con las mismas fuentes, le pidió a su hijo José Ramón, de quien se sabe vive en la zona metropolitana de Monterrey, se mude al sur del país, a las zonas donde el obradorismo es fuerte y tenga la protección de gobernadoras y gobernadores incondicionales de López Obrador.
Estados Unidos, como se reportó en este espacio a principios de mes, tiene una lista inicial de 300 personas mexicanas bajo sospecha de nexos con los cárteles, integrada por el trabajo de varias áreas del gobierno. Dos de ellas, reveladas por el portal ProPublica fueron integradas por un equipo en la Casa Blanca, encabezado por Anthony Salisbury, asesor adjunto del Consejo de Seguridad Nacional, y otra elaborada por los ex agentes de la DEA, Terrance Cole, administrador interino de la DEA, y Matthew Donohue. Hay otra lista compilada del Departamento de Estado. Ninguna de ellas es definitiva, por lo que se sabe, y está siendo alimentada de manera regular.
En la lista figuran no únicamente políticos, sino empresarios, artistas e incluso, deportistas, de acuerdo con las más recientes informaciones sobre los segmentos que están siendo revisados, que en caso de que se actuara contra ellos o ellas, sus familias también sufrirían consecuencias; de entrada, la cancelación de sus visas. El primer deportista contra el que actuaron fue Julio César Chávez Jr., que tomó por entera sorpresa a la presidenta Sheinbaum.
Las más altas autoridades mexicanas han estado buscando acceso a los nombres de quienes aparecen en esa lista, pero los estadunidenses se lo han negado. La principal razón del hermetismo es el temor de que las filtraciones alerten a las personas bajo la lupa de Washington. El gobierno mexicano también ha solicitado que le informen previamente de quiénes son a los que le cancelarán la visa, pero la respuesta ha sido que es una prerrogativa del Departamento de Estado. La mayor preocupación en el Zócalo y Palenque es si los López Obrador están en el horizonte.

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La intervención que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas es más grave de lo que parece. CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron identificadas a finales de junio como facilitadoras para lavar dinero de cárteles de las drogas y posibilitar transacciones con empresas chinas que trafican ilegalmente con fentanilo, estableciendo un plazo para que los bancos estadunidenses cortaran sus transferencias de fondos con esas compañías. Una negociación de la Secretaría de Hacienda con el Tesoro culminó en una prórroga, pero ni el riesgo se ha evaporado, ni el daño en el sistema financiero mexicano se reparó.
Autoridades financieras y bancarias mexicanas minimizaron el impacto de la denuncia en Washington, subrayando que Vector solo impacta en el 9.4 por ciento del negocio de las casas de bolsa, y CI Banco e Intercam Banco representan el 1.6 por ciento de la banca. Lo que quizás no se han preguntado es si las sanciones del Tesoro fueron aplicadas quirúrgicamente y calculadas para no generar el colapso del sistema financiero mexicano, y si cometieron un error de soslayar una advertencia que les hicieron en mayo.
A principios de ese mes, el subsecretario adjunto de Política Estratégica del Tesoro, Scott Rembrandt, encargado de implementar políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento terrorista en Estados Unidos y el mundo, estuvo en Nuevo Nayarit para hablar con un selecto grupo de banqueros mexicanos que asistían a la reunión anual del sector, para subrayarles la determinación del presidente Donald Trump de combatir a los cárteles de las drogas mexicanos y cerrar sus flujos financieros. Rembrandt fue claro: blinden sus bancos. El mensaje no pasó de ahí y siete semanas después vino la acción en Washington que obligó a intervenir las instituciones para proteger a los ahorradores.
El mensaje parece que tampoco ha quedado entendido del todo, y la reacción a las negociaciones de Hacienda que permitieron una prórroga hasta el 4 de septiembre, ha sido interpretada como el principio del fin del problema. Pero no es así. Cualquiera que sea la decisión del Tesoro, ya metió un pie en el sistema financiero mexicano, que lo deja vulnerable ante cualquier acción que se decida en Washington, sin necesidad de acordarla con el gobierno mexicano.
La primera señal de la gravedad de las sanciones, de acuerdo con expertos, es haber señalado a las instituciones como victimarias, no como víctimas, que es distinto a como trataron casos de lavado de dinero en los casos más escandalosos que ha habido, que involucraron a BNP Paribas de Francia, UBS de Suiza, Goldman Sachs y JP Morgan Chase de Estados Unidos, y HSBC y Standard Chartered del Reino Unido. Fueron fuertemente multados, pero no les cerraron las puertas del sistema financiero y pudieron seguir operando, que no fue el caso con los mexicanos.
La segunda señal fueron las sanciones. El Acta de Sanciones por Fentanilo establece seis penalizaciones que van de menos intrusivas a más. En el caso de las instituciones mexicanas, el Departamento del Tesoro se fue a la última, endureciendo el castigo. La sexta sanción prevé que se limiten las transacciones, pero una vez más, aportaron a las instituciones mexicanas y ordenaron que no se procesara ninguna. Llama la atención que a los dos bancos y a la casa de bolsa les señalaron un mal control interno como causa de haber permitido esas transacciones, que es lo mismo que apuntaron a las instituciones de otros países que fueron multadas, pero no les prohibieron realizar operaciones con bancos estadunidenses.
La forma como trataron a las instituciones mexicanas puede entenderse con una metáfora, planteada por un experto en instituciones mexicanas y extranjeras: “Una metáfora precisa y vigente es el COVID. Esos tres bancos dieron positivo. Estuvieron en una fiesta con todos los demás administrando dos puntos del PIB activos. Entonces no quieres saber nada de esos tres, pero mientras no haya claridad de que no contagiaron a nadie más, el impacto de la medida es que nadie quiere tocar al sistema financiero mexicano”.
La prórroga que negoció Hacienda ayuda porque mandó la señal de que hay diálogo con alguien, agregó el experto, pero no atiende el fondo. “Las tres instituciones siguen teniendo Covid y están, en consecuencia, en cuarentena”, subrayó. “Pero todos los demás estuvieron en la misma fiesta. Entonces, los tres están muertos, aunque no lo sepan, y los demás tuvieron contacto, aunque no sabemos si alguien más se contagió. El sistema financiero se volvió más riesgoso”.
Cuando se dio el anuncio del Tesoro, la Secretaría de Hacienda descartó problemas en el sistema bancario, porque no había tenido ninguna interrupción y operaba de manera normal. Sin embargo, al quedar enmarcadas las sanciones dentro de la clasificación de los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” y apuntar al fentanilo como la correa que une a las instituciones financieras con la delincuencia organizada y empresas chinas que trafican fentanilo, lo convirtieron en un problema de seguridad nacional, por lo que la decisión en Washington tiene mayores consecuencias de las observadas a primera vista.
Un ejemplo hipotético básico y simple, que de acuerdo con expertos muestra la complejidad que alcanza la acción del Departamento del Tesoro, es como si el presidente del Consejo de Administración de una de las instituciones sancionadas tuviera como negocio una distribuidora de automóviles, a donde uno acude a comprarle un automóvil. De acuerdo con la ley que clasifica a los cárteles como terroristas, bastaría con adquirirle el vehículo, con crédito o no del banco, para ser potencialmente señalado como presunto terrorista. No hay en la ley matices ni excepciones, por lo que los riesgos para personas o empresas que no tengan ninguna relación con cárteles, empresas chinas o instituciones presuntamente involucradas con ellos, son impredecibles.
“Si el Departamento del Tesoro hubiera aplicado las sanciones, pero las hubiera acotado a las transacciones al sector químicofarmacéntuco, o a China o a doctores que recetaban opioides, se sabría quién está enfermo y sería más fácil encapsular”, agregó el experto. “Pero como lo hizo en el caso mexicano, eso no es posible”. Quien no entienda esta nueva realidad, será su problema.

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