La presidenta Claudia Sheinbaum hizo bien en afirmar que ya no responderá los insultos o lo que tenga que decir Jeffrey Lichtmann, abogado de Ovidio Guzmán López y de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. Nunca debió haberle otorgado el rango de interlocutor el viernes pasado, cuando la acusó de ser publirrelacionista de los cárteles de las drogas. Es acertado ignorarlo. Lo que no es, como adelantó este lunes, es que vaya a demandarlo en México por difamación. Es una estrategia que solo parece tener utilidad mediática y refuerzo para su narrativa nacionalista, pero que en el fondo de las cosas que son reales, le puede acarrear consecuencias.
“No se puede dejar pasar”, dijo Sheinbaum sobre lo dicho por Litchmann, peor no es mediante una demanda como se subsana lo que no sucedió el viernes, cuando la dejaron sola en medio de una crisis, que se explica en toda su dimensión, como apuntó Salvador Camarena en El Financiero, cuando “la presidenta (es) simultáneamente el primer y último valladar de todo asunto, chico o grande, de la agenda nacional”, a quien “le alcanzan todos los problemas (y) la ocupan en toda clase de cuitas”. Lo que haga de ahora en adelante, fuera de ignorarlo, la llevará de nuevo por caminos inciertos y futuros señalamientos de igual o mayor gravedad, pese a ser insolentes e incluso falsos.
La demanda, que prepara la Consejería Jurídica de la Presidencia será una salva de cañonazos. El juzgado que reciba la demanda deberá notificar a Litchmann, y si usted se pregunta cómo le hará, la respuesta es que no sucederá porque no vive en México. Para hacerlo se requiere la cooperación legal del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con la Convención de La Haya sobre Notificación de Documentos Judiciales, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que enviar la petición, junto con la documentación correspondiente al Departamento de Estado, para que a su vez proceda a informarle al abogado de la querella. El trámite puede durar entre 4 y 12 meses, lo que no obliga, sin embargo, a que Litchmann acuda a declarar al tribunal en la Ciudad de México.
Es poco probable que Litchmann decidiera presentarse en los tribunales. Sería menos probable que pudiera probar que la presidenta Sheinbaum es, como aseguró, publirrelacionista de los cárteles de las drogas. Lo que sucederá, es seguramente pierda por inasistencia. ¿Y? Las demandas por difamación no son penales, por lo que vendría una sanción económica que impondría, a su juicio, quien lo juzgue. Hasta ahí quedaría el ruido mediático. Pero, ¿y en Estados Unidos?
Estos terrenos, si se transitan de manera arrebatada, son pantanosos. ¿Qué gana Sheinbaum? Solo ganar un juicio en México, sin impacto alguno fuera del país. No lo necesitaría, al haber el consenso de que los dichos de Litchmann fueron insultantes, sin base alguna. Para el abogado, es un palmarés que le regalará la presidenta: una demanda del gobierno mexicano por un dicho.
La sangre caliente que la impulsó es comparable con la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que indignado porque César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, interrogó a Jesús El Rey Zambada en el juicio contra su cliente, sobre un pago que él mismo dijo haber hecho a López Obrador por 7 millones de dólares durante el juicio de El Chapo Guzmán. La demanda, dijo, sería por daño moral y calumnias, pero poco después López Obrador se desistió.
El expresidente dijo que ya no lo demandaría, aunque lo mereciera. Era una tontería, porque de haberlo hecho, De Castro podría haberle solicitado al juez que lo citara a declarar. López Obrador explicó que su decisión se debió a que existe un criterio legal en Estados Unidos, donde el abogado estaba protegido porque “las declaraciones pertinentes realizadas en procedimiento judiciales o cuasi judiciales, gozan de protección absoluta para que quienes se desempeñen en una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros”. Sheinbaum no quiere cobrársela a Lichtmann en Estados Unidos, pero ese criterio también lo ampara.
La demanda que pretende hacer es incomprensible. Aunque su audiencia es doméstica, no sirve para su narrativa. A López Obrador y ella les sirvió el juicio contra García Luna para disparar metralla contra el expresidente Felipe Calderón, y acotar y tener bajo amenaza permanente a sus adversarios políticos. Fueron sus mulas para lanzar diatribas y causar daño reputacional, pero no más. La estrategia era acusar al pasado de los males, a diferencia de lo que pretende Sheinbaum en esta ocasión. No se va para atrás, sino hacia adelante; no camina sobre pista segura, sino sobre superficie resbalosa.
Litchmann es el abogado de Ovidio Guzmán López que participó en el acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, y conoce en qué términos se logró. Conoce y autorizó lo que les ofreció para que alcanzara a protegerlo no solo a él y a su hermano, sino a 17 miembros de su familia. Por razones de confidencialidad no podría dar a conocer nada de lo que pactaron, pero por tener acceso a información sensible del Cártel de Sinaloa desde hace más de cinco años, desde el juicio a El Chapo, sus amenazas de revelar pormenores de la relación con gobiernos o políticos, cargan un peso que no se puede soslayar.
En este sentido, Sheinbaum enfrenta el dilema que sintetiza la frase “la verdad es irrelevante”, donde el objetivo no es informar o decir la verdad, sino convencer a través del discurso y la emoción colectiva. No importa quién tenga la razón, sino quién persuade. No niega que no exista la verdad, pero en ciertos momentos pesa menos que una narrativa poderosa.
La demanda que pretende la lleva a esa nueva lucha con Lichtmann: ¿será más fuerte que diga que el régimen no es cómplice de los cárteles de las drogas?, o la palabra de Lichtmann será más creíble. La respuesta no es sencilla, a la luz de la conversación pública de los últimos tiempos. Olvidarse de demandar, es el mejor camino, en cuanto a certidumbre política, que tiene.

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De todos los días malos que ha tenido en su joven gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo probablemente el peor el viernes pasado, al quedar atrapada en el peor de los mundos: la necesidad de defender a su mentor Andrés Manuel López Obrador de los señalamientos de probables vínculos con el crimen organizado, y al dejar claro que no sabe para qué sirven los fusibles en la política. Vivió una crisis de la cual no ha podido salir.
Sheinbaum fue incubando la crisis al criticar por días al gobierno de Estados Unidos porque no le había informado de los términos del acuerdo con Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y principal traficante de fentanilo ilegal, cuestionando que negocian con quien clasifican como terrorista, y mostrando inusitada preocupación por lo que pudiera decir el nuevo activo del Departamento de Justicia. La presidenta, que hablaba con impunidad, no vio la trampa en la que se estaba sumergiendo.
Tuvo un naufragio político y comunicacional, al embarcarse en un pleito de palabras con el abogado de Guzmán López, Jeffrey Litchmann, quien de manera insolente dijo que era absurdo que pidiera que le informaran del acuerdo. Sheinbaum respondió descalificándolo, pero el abogado le reviró acusándola de “actuar” más como publirrelacionista del crimen organizado que como una “líder honesta”. La presidenta reculó alejándose del fuego declarativo, pero el daño ya estaba hecho: le había dado rango de interlocutor al abogado de narcotraficantes mexicanos.
Su problema fue de origen, al convertirse durante dos meses en la única voz oficial contra las decisiones estadunidenses, pese a tener varios fusibles. Quien debió llevar la voz principal era el secretario de Relaciones Exteriores, que siempre está convenientemente ausente. El fiscal general pudo blindarla –pero no lo hizo hasta después del estropicio–, con el argumento que desarrolló la presidenta el viernes: que debían informarle dentro de las previsiones del Tratado de Extradición, firmado en 1978. ¿Es correcto o la volvieron a engañar sus colaboradores?
El artículo 17 del Tratado dice que solo tendrían que informarle si los delitos por los cuales pidieron juzgarlo en Estados Unidos, se habían modificado. Guzmán López fue extraditado en 2023 para responder por tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilegal de armas de fuego, que son los delitos por los que se declaró culpable. También son los mismos de la petición de extradición. Si hubieran violado el Tratado, tuvieron semanas para inconformarse con los departamentos de Estado y Justicia. No lo hicieron y dieron a Sheinbaum información imprecisa y ambigua.
Otros fusibles para enfrentar las imputaciones de Litchmann callaron: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que diariamente da un parte policial, en su calidad de jefe del gabinete de seguridad, hizo mutis. El procurador militar, que no ayudó a la presidenta cuando le echaron en cara que Washington le tiene desconfianza por lo que hizo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso del general Salvador Cienfuegos, sugiriendo que hubo impunidad y encubrieron su relación con el narcotráfico. No salió el Senado, donde se vigila la política exterior, ni Morena, su partido. Otra vez la dejaron sola.
Muchas horas después que impactaron los torpedos en la presidenta, varios funcionarios descalificaron al abogado, que también lo fue de El Chapo Guzmán, y que amenazó con dar más información próximamente sobre las relaciones del régimen con los cárteles de las drogas. Minimizar sus palabras, que fue la estrategia, no esconde otra realidad. Lo que dijo es lo que piensan en Washington el presidente Donald Trump; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; los secretarios de Estado, Marco Rubio; Seguridad Nacional, Kristi Noem; Defensa, Pete Hegseth; la procuradora Pam Bondi; el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; el FBI y la DEA, por mencionar solo algunos.
Sheinbaum tampoco se ayudó con la semiótica. Sabía con al menos dos semanas de anticipación –como todos los mexicanos–, que Guzmán López iba a declararse culpable, como lo informó a la Corte Federal de Illinois el 30 de junio, y era público que la audiencia sería el miércoles pasado en Chicago. ¿Por qué no cambió su visita a Culiacán y fue a darle un espaldarazo al gobernador Rubén Rocha Moya, que es mero testigo de una guerra fratricida del Cártel de Sinaloa en donde fue imputado por criminales como parte responsable de ella? El mismo día que se celebró la audiencia –que fue aplazada para el viernes–, compartió templete con Rocha Moya. Pero no fue todo. También viajó a Baja California, gobernada por Marina del Pilar Ávila, a quien el Departamento de Estado le canceló la visa.
¿Qué estaban pensando en Palacio Nacional? ¿Cuál era el mensaje?
La presidenta ha estado inquieta por el caso de Guzmán López desde el 12 de mayo, luego que 17 miembros de su familia se entregaron al FBI, que es cuando empezó a pedir que le informaran del acuerdo. La preocupación de Sheinbaum no debe ser personal, pues Estados Unidos no tiene información de que tenga vínculos con el crimen organizado, sino por su mentor, que tiene dos investigaciones abiertas en Brooklyn y una más, indirecta, en Langley.
Los señalamientos de Litchmann acusan complicidades del obradorismo con criminales, pero ni él ni Washington la ven ajena. La prueba fue el sábado, cuando Trump impuso más aranceles de 30% a México citando que no había hecho lo “suficiente” para combatir a los cárteles. Diferente partitura, pero la misma música que tocó Lichtmann.
La defensa de Sheinbaum de López Obrador ha sido de gladiadora. Es ella quien está gastando capital político al pelear todo el tiempo en un lodazal que parece impedirle ver las cosas de manera estratégica. La presidenta y el aparato de propaganda del régimen están buscando desviar el vórtice del conflicto hacia el sexenio de Felipe Calderón, pero la narrativa estadunidense ubica el inicio del diferendo en 2019, cuando estalló la crisis del fentanilo.
¿Por qué la defensa irredente a López Obrador? Puede ser que lo que teme la presidenta es que cualquier imputación contra López Obrador, no solo lo destruye a él, y daña su movimiento, sino quizás acabe con el sexenio de Sheinbaum.

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Hugo López-Gatell, que enfrenta acusaciones penales en México por el manejo de la pandemia de la Covid-19, está a punto de tomar el avión que lo lleve a Ginebra. La presidenta Claudia Sheinbaum le inventó un puesto y lo enviará como enlace de la representación de México en los organismos técnicos de las Naciones Unidas, ante la Organización Mundial de la Salud. No debe hacerlo. Nueva información sobre su gestión como zar del coronavirus, demuestran un sabotaje sistemático para evitar que llegaran con celeridad a México las dosis contra el virus. El probable resultado: la cuarta ola de coronavirus, que produjo que casi uno de cada dos mexicanos, estuvieran infectados del virus.
López-Gatell no ha rendido cuentas por lo que hizo en la pandemia, mareando con zalamerías al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, encerrado en su ignorancia y proclividad por la anticiencia. En abril de 2021, con siete mil 300 casos de infectados con el virus, en lo que fue la primera ola de la pandemia, López Obrador comisionó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a buscar dosis para evitar los contagios. Optó por trabajar con la Organización de las Naciones Unidas y de mecanismos internacionales como COVAX, una iniciativa para acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la Covid-19.
Como parte de esa cooperación, México logró en octubre de ese año acceder a una amplia variedad de dosis en fase II, que actúan como escudo protectores, de Pfizer, CanSino y AztraZeneca, entre otras. Nunca llegaron. Tres oficios confirman el rechazo de la Secretaría de Salud a esas vacunas:
1.- El 1 de octubre, Martha Leticia Caballero, encargada del despacho de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, notificó a Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales, que era la operadora de Ebrard para negociar las vacunas, del rechazo –sin explicación alguna– de 2 millones 707 mil 200 dosis adicionales de la vacuna de AztraZeneca, y 2 millones 386 mil 800 de Pfizer BioNTech que ofrecía COVAX.
2.- El 11 de noviembre, Caballero le informó a Delgado que una nueva asignación de AztraZeneca a través del mecanismo, por un total de 3 millones 912 mil vacunas, no serían aceptadas porque contaba con “un excedente” de dosis adquiridas directamente a la empresa, “por lo que (existía) un riesgo de no tener población blanco para su aplicación durante la vigencia de su caducidad”.
3.- El 21 de diciembre, una vez más le comunicó Caballero a Delgado que no aceptaban la nueva asignación de AztraZeneca a través del mecanismo COVAX por un total de 7 millones 833 mil 600 dosis, sin explicar tampoco las razones de la decisión.
De acuerdo con exfuncionarios con conocimiento de primera mano de las negociaciones de las dosis, López-Gatell rechazó la propuesta de Pfizer BioNTech por prejuicios, que obligó a México a negociar con prisas y bajo presión lo que hubiera en el mercado. En público, el zar del coronavirus decía que ese laboratorio había tenido grandes avances en su vacuna, pero había dificultades para adquirirlas por los costosos sistemas de congelación que requería para su mantenimiento.
En esos días también rechazó una oferta de vacunas de Moderna a precios muy accesibles, de acuerdo con personas que conocieron detalles de las pláticas, aduciendo que su tecnología era similar a la de Pfizer, por lo que serían redundantes. México también tuvo acceso a las vacunas producidas por el laboratorio chino CanSino Biologics, que hizo pruebas de su dosis en fase III en diciembre de 2021 en México, porque López-Gatell, de acuerdo con las mismas fuentes, había esgrimido argumentos xenófobos y retrasó su aprobación en Cofepris, pese a que habían entregado toda la información clínica.
Entre octubre y noviembre de 2021, la Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alcocer –que era una figura de piedra en el manejo de la pandemia– rechazó casi 17 millones de dosis de COVAX, que coincidieron con la cuarta ola de la pandemia, la más severa al tenerse que enfrentar la variante agresiva de Ómicron. El pico se alcanzó el 20 de enero de 2022, cuando el número de infectados llegó a 484 mil 398 casos por cada millón de mexicanos.
López Obrador intervino directamente para que López-Gatell levantara el bloqueo a CanSino, que ofrecía una sola dosis y sin necesidad de refrigeración, que se planeó aplicar a maestros y en las regiones más inaccesibles y vulnerables del país. El laboratorio trabajó durante 12 semanas para tener listas las dosis en su planta en Querétaro, mientras el zar del coronavirus continuaba alegando en las reuniones semanales en Palacio Nacional que les tomaría más de dos años en tener una vacuna y que sería imposible terminar el proceso biológico en México.
No fueron los únicos afectados por las decisiones de López-Gatell avaladas mayoritariamente por López Obrador. Según los exfuncionarios, el laboratorio chino Sinovac ofreció ayudar a detener los contagios y la mortalidad infantil, además de generar barreras extras frente a la Covid-19. López-Gatell, agregaron, una vez más se negó a autorizar su entrada, argumentando que era innecesario vacunar a los niños, y que las presiones para que se les aplicaran dosis antes de regresar a clases presenciales, provenía de un sector que quería mantenerse con actividades escolares remotas, que favorecían al negocio de las farmacéuticas que buscaban vender más dosis. En las reuniones de gabinete, mientras tanto, seguía llegando la información de muertes de niños.
Los sabotajes realizados por López-Gatell problablemente fueron parte de las vidas perdidas en la pandemia y el exceso de mortalidad, pero también dejaron en litigio 97 millones de dólares prepagados a COVAX. Para entonces, su estrella empezaba a perder brillo. La entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se enfrentó con él en el gabinete y persuadió a López Obrador que su estrategia era equívoca. Con sus negativos creciendo, lo comenzaron a esconder de la opinión pública.
López-Gatell, que se ganó el mote de “doctor muerte”, estaba en el ostracismo hasta que lo revivió la presidenta con el nombramiento en Ginebra, que provocó fuertes críticas. No pagar esos costos y bajarlo del avión, le granjeará aplausos y reconocimiento.

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Varios líderes de opinión han puesto en duda las verdaderas intenciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero y, por consiguiente, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la nueva investigación por corrupción en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, busque la justicia como el fin mayor.
Julio Hernández dijo que los señalamientos por presuntos delitos que se le hicieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedaron solo para el registro oratorio, y Roy Campos sugirió que es un mero distractor, porque la figura de Felipe Calderón para ocultar realidades, se desgastó, y remplazarlo con Ernesto Zedillo no prendió.
Ciro Gómez Leyva cuestionó: si Gertz Manero actuó contra Peña Nieto a partir de una nota en un diario israelí, ¿por qué no hizo lo mismo con los hijos de López Obrador, protagonistas en reportajes con documentos y audios sobre su presunta injerencia en el adjudicamiento de contratos durante el gobierno de su padre?
En las líneas de pensamiento de los tres hay bases sólidas para las dudas, escepticismo, e incluso de que todo se trate de ruido, espectáculo y encubrimiento. Discrepan con la idea expuesta en este espacio, que la decisión de investigar a Peña Nieto, dejaba abierta la posibilidad de que el pacto de impunidad que negoció con López Obrador, estaba roto, en buena parte porque el compromiso fue entre los expresidentes, sin que estuviera involucrada la actual presidenta. No se trata de competir en quién tiene la razón, sino en comprender qué será en el futuro. En el presente, lo que vemos es a dos personajes muy similares.
López Obrador construyó su carrera política sobre una narrativa de antagonismo, y su ascenso al poder fue posible gracias a la figura de un villano funcional: Peña Nieto. Lo llamó corrupto, lo acusó de traidor a la patria, y convirtió su figura en el símbolo del “viejo régimen” que prometía derribar. Pero seis años después, cuando el polvo del sexenio aún flota en el ambiente, el juicio de la historia comienza a perfilarse más incómodo para el tabasqueño. López Obrador no sólo no desmontó el sistema que juró combatir, sino lo perfeccionó. Y, en algunos casos, lo empeoró.
Las comparaciones entre Peña Nieto y López Obrador no son antojadizas. Son, por momentos, inevitables. Peña Nieto cargó con el peso de escándalos como la “casa blanca”, la Estafa Maestra y el caso Odebrecht. A López Obrador lo persigue una cauda similar: la “casa gris” de su hijo José Ramón López Beltrán, los monumentales fraudes en Segalmex y Birmex, que duplican cuando menos la corrupción de la Estafa Maestra, y contratos multimillonarios asignados de forma opaca a los amigos de su hijo Andrés Manuel, más conocido como Andy.
Peña Nieto fue crucificado, con razón, por el manejo turbio de la obra pública, sobre todo en el nuevo aeropuerto en Texcoco. Pero López Obrador, mientras desmantelaba ese aeropuerto con argumentos de corrupción no comprobada, construyó obras aún más opacas. El Tren Maya y la refinería de Dos Bocas acumulan sobrecostos multimillonarios sin licitaciones transparentes, protegidas además por decretos que las clasifican como “seguridad nacional”. En el mundo peñista, la corrupción se disfrazaba de legalidad. En el lopezobradorista, ni eso es necesario: basta con la palabra del Presidente.
La retórica es el otro espejo. Peña Nieto era torpe, pero sabía callar. Y cuando debío haber hablado para salvar su sexenio y su fama pública, de nuevo calló. López Obrador, en cambio, hablaba todos los días. En esa verborrea diaria se diluyó la rendición de cuentas. Cada mañana, desde Palacio Nacional, desmentía, atacaba, tergiversbaa. Todo se reducía a “yo tengo otros datos” y que las tropelías que le sacaba la prensa a sus cercanos, estaba inspirado por sus “adversarios” que se resistían al cambio y querían que sus privilegios regresaran.
Pero la impunidad era la misma. ¿Cuántos altos funcionarios fueron juzgados en su sexenio? Cero. Emilio Lozoya, director de Pemex en el peñismo, el supuesto trofeo de la lucha anticorrupción, fue protegido y empoderado hasta que su historia dejó de servirle al relato presidencial. Peña Nieto nunca actuó contra funcionarios corruptos, cuyas denuncias comenzaron en su primer año de gobierno. López Obrador actuó, pero para defenderlos, como a Ignacio Ovalle, que cuando estalló el escándalo de Segalmex, dijo que priistas infiltrados en esa institución que él creó, lo habían engañado.
Peña Nieto hizo del PRI una maquinaria de corrupción electoral. López Obrador reeditó el guion con el uso político de los programas sociales, las giras disfrazadas de supervisiones y los recursos que fluyeron, sin freno, a las campañas de Morena en 2021, 2023 y 2024. Que nadie se equivoque: la estructura clientelar construida desde el Estado es hoy más robusta que nunca. El Programa Solidaridad que creó el entonces presidente Carlos Salinas, que golpeó al corporativismo y rediseñó la entrega de dinero para programas sociales, que pasó de los gobernadores a delegados de Pronasol, parece hoy un ensayo frente a los billones de pesos que ahora se entregan sin padrones auditables.
Donde Peña Nieto negoció con las élites en el Pacto por México, López Obrador lo hizo con la calle, elevando la entrega de recursos directos sin supervisión ni control al rango constitucional. Si la estrategia de Peña Nieto fracasó, la de López Obrador funcionó, medido en los votos que le entregó el electorado a Claudia Sheinbaum en la elección presidencial. Pero el resultado fue el mismo: el debilitamiento institucional. Los órganos autónomos fueron golpeados, los contrapesos anulados y la justicia se volvió un arma. Igual que antes, pero con un lenguaje distinto. La transformación terminó siendo continuidad del priismo con otros modales.
En 2018, millones votaron para sacar a Peña Nieto y al PRI. Hoy, los paralelismos incomodan, pero son inevitables. El presidente que prometió barrer la corrupción de arriba hacia abajo dejó un legado de opacidad, favoritismo y silencio cómplice. Y al igual que Peña Nieto, buscó protegerse tras su sucesora, porque en el fondo, uno y otro debieron comprender que la impunidad no era una anomalía del sistema político mexicano, sino el sistema mismo. López Obrador, como Peña Nieto, nunca quiso cambiarlo; solo dirigirlo.

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Tras un sexenio de contención, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha comenzado a recorrer, en firme, el camino para lograr lo que anhelaba: procesar y encarcelar a un expresidente de México. Nunca le permitió el expresidente Andrés Manuel López Obrador ejecutar una orden de aprehensión en contra de Felipe Calderón por el caso de Rápido y Furioso, y mucho menos aún contra Enrique Peña Nieto, con quien forjó un pacto de impunidad en la primavera de 2018 –a través de intermediarios–, donde la premisa era, si tú no te metes en la elección, no te meto en la cárcel. Calderón parece encontrarse fuera de su alcance, pero con Peña Nieto tiene una nueva oportunidad.
Ayer anunció que iniciaría una averiguación contra Peña Nieto, que comenzaría con la solicitud de información al gobierno de Israel para que le proporcione información sobre un presunto soborno de 25 millones de dólares por parte de dos empresarios israelíes que vendieron el software Pegasus a México. Este nuevo señalamiento contra el expresidente surgió la semana pasada cuando The Marker, un reputado diario especializado que se edita en colaboración con The Haaretz, uno de los principales periódicos israelíes, reveló detalles de un litigio entre ellos en tribunales.
The Marker dijo que Uri Ansbacher, dueño de KBH Track, proveedora del software Pegasus, y su socio Avishau Neriah, son los protagonistas de un pleito judicial en donde han surgido declaraciones sobre “lucrativos negocios” con el gobierno de Peña Nieto, e “inversiones”, como eufemísticamente se referían a sobornos. En el laudo publicado por el diario se señala que se dividieron el acceso al gobierno y compartieron la relación con quien se identifica como “el hombre mayor”, que presuntamente es el expresidente. Peña Nieto negó tajantemente los señalamientos.
Es la primera vez que Peña Nieto es tan vehemente sobre una imputación que lo vincula con corrupción. A lo largo del sexenio pasado, la Fiscalía General abrió al menos tres carpetas de investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que durante su gobierno hubo transacciones de tres empresas, una de ellas extranjera, por más de 10 mil millones de pesos, que involucraban a Peña Nieto y a dos familiares con lavado de dinero.
Nada fue mas allá de un espectáculo mediático en la mañanera. López Obrador había acordado un pacto de impunidad para el expresidente y un puñado de sus colaboradores, por lo que ofreció a cambio no respaldar la candidatura presidencial del PRI en 2018 y entregarle una lista de funcionarios de su administración con quienes no tendría problema si los metían a la cárcel. La relación la encabezaba Emilio Lozoya, que había sido director de Pemex, seguido de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Peña Nieto no fue tocado, pese a las presiones de los radicales sobre López Obrador, que argumentaban que no podría cumplir su oferta de acabar la corrupción si no actuaba contra el expresidente. La molestia subió de tono en el entorno de López Obrador cuando en 2019 apareció en una fotografía en la primera plana de Reforma durante la boda de la hija de su íntimo amigo, el abogado Juan Collado, sentado en la mesa de honor donde estaban el cantante Julio Iglesias y varios ministros de la Suprema Corte. La puntilla fue en la tercera semana de junio de ese año, cuando aparecieron otras fotografías de Peña Nieto durante unos XV años, bailando con su entonces pareja y con la novia de uno de sus antiguos colaboradores en Los Pinos. López Obrador tomó la decisión de pedirle, a través de intermediarios, que se fuera del país para evitar más presiones. Una semana después de recibir el mensaje, Collado lo montó en un avión privado a Madrid. Peña Nieto dice ahora que se fue por respeto al gobierno de López Obrador, lo cual es mentira.
Pero con nueve mil kilómetros entre Palacio Nacional y el barrio de Valdelagua, donde vivía en Madrid, la presión bajó. No las intenciones de Gertz Manero, ni de su aliado táctico, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que el año pasado, con López Obrador en la antesala del final de su mandato, comenzó a negociar con Samuel Weinberg y su hijo Alexis, un criterio de oportunidad para que imputaran a Peña Nieto –y al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, de haber recibido sobornos por más de 92 millones de dólares a cambio de adjudicaciones durante su administración.
Los Weinberg estaban enfocados en la proveeduría de equipo y software de seguridad, incluida la venta de Pegasus, como lo estaban Ansbacher y Neriah, que de acuerdo con los documentos judiciales a los que tuvo acceso The Marker, involucraron al gobierno de Peña Nieto en actos de corrupción que, por la forma como se han establecido los vínculos que aparecen en el laudo, podrían terminar en Peña Nieto.
El expresidente ha negado esta acción ilegal y la ha desestimado buscando la normalización de una más de tantas. Tiene razón en el hecho, pero se olvida del contexto. Ninguna de las acusaciones en su contra avanzó más de la orden de aprehensión, porque López Obrador lo impidió. Hoy gobierna Claudia Sheinbaum, con quien no tuvo ningún pacto, ni el respeto a lo acordado fue parte de las peticiones del expresidente cuando entregó el poder.
Peña Nieto arrastra la fama de corrupto por una serie de escándalos durante su administración, la llamada casa blanca, la estafa maestra y el Caso Odebrecht, o de gobernadores cercanos. Al terminar su sexenio, Consulta Mitofsky señaló que el 70 por ciento de los mexicanos lo consideraban deshonesto, convirtiéndolo en el presidente más impopular en casi 35 años.
El expresidente niega todas las imputaciones de corrupción, pero la batalla de las percepciones la perdió hace muchos años. Sin buena fama pública, en lo que tendrá que enfocarse es en su defensa legal. Gertz Manero tiene muchas municiones sin ningún escudo frente al expresidente, que pueda impedir que una de ellas lo termine de aniquilar.

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En Berlín, cada año se escucha el martilleo en sus calles de miles de personas que las toman para defender su derecho a una vivienda digna. Con protestas masivas, referendos y leyes duras, los berlineses han dicho claramente que sus barrios no están en venta. En la Ciudad de México, en cambio, el silencio es más rentable. La gentrificación, contra lo que dicen las autoridades, no solo es tolerada, es cortejada, impulsada y, en algunos casos, premiada.
La gentrificación no es un concepto europeo. Tampoco es exclusivo de Berlín, que ha vivido varios procesos de renovación urbana desde finales de la Segunda Guerra Mundial, o Nueva York, con Soho y el barrio de Meatpackers como sus iconos, o Barcelona, donde las Olimpiadas de 1992 transformaron al medieval Barrio Gótico. La gentrificación es el nuevo rostro del despojo urbano, donde las grandes ciudades han convertido barrios populares en zonas de moda, con el desplazamiento silencioso de quienes los habitan, y gobiernos que, entre su retórica social y la rentabilidad turística, prefieren mirar hacia otro lado.
Aunque llegamos tarde al fenómeno –apenas en los 90’s–, no fue sino hasta el viernes pasado cuando una protesta de vecinos de las colonias Roma, Condesa y Doctores, donde más ha sufrido el tejido comunitario, tuvo expresiones xenofóbicas contra estadunidenses y de violencia. Lo cosmético ha escondido el fondo. Son inaceptables esas manifestaciones –que no son ajenas al mundo–, pero su condena no debe esconder el porqué de su frustración.
La explosión del fenómeno comenzó en las colonias de clases medias, bajas y obreras, con Andrés Manuel López Obrador, que cinco días después de asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2000, emitió el Bando 2 que prohibía la construcción de conjuntos habitacionales y desarrollos comerciales en nueve de las entonces delegaciones (Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco), con el fin de preservar zonas de conservación y acuíferos, y autorizaba y promovía el desarrollo urbano en otras cuatro (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), con la intención de repoblar el gran Centro de la capital, que había perdido 1.2?millones de habitantes en 30 años.
López Obrador lo planteó como un instrumento para “revertir el crecimiento desordenado” de la mancha urbana, “preservar suelo de conservación” y promover la vivienda social en las zonas centrales. No fue así. Provocó un boom inmobiliario en el Centro, con un fuerte aumento del valor del suelo urbano y desarrollo vertical masivo, principalmente de vivienda media y alta, desplazando a la población de menos recursos. Los costos se volvieron inaccesibles para las clases populares, que se fueron expulsados a municipios connunrbados con el estado de México e Hidalgo, a vivir en ciudades dormitorio. El bando buscaba generar vivienda popular, pero alrededor del 95 por ciento de los nuevos desarrollos fueron de interés medio o alto, y solo un restante 5 por ciento realmente social.
La gentrificación modifica profundamente las caras de las ciudades. En Berlín, los barrios Neukölin y Kreuzberg, oscuros y lúgubres cuando el Muro establecía sus límtes, son zonas en donde jamás imaginaría el terror que causaban, hoy transformadas con hoteles, restaurantes y tiendas de lujo, entrentenimiento y cafés inaccesibles para sus pobladores originales, como sucedió en los barrios de Barcelona que fueron regenerados, expulsando a los obreros y adultos mayores que los habitaban. En Soho, lo que antaño fueron bodegas, hoy son costosos lofts, galerías, restaurantes y tiendas de lujo.
En todos lados, la mecánica de la gentrificación es la misma: abandono del Estado, llegada de capital privado, un discurso de modernización, aumento de la plusvalía y desplazamiento. Incluso en China, donde la gentrificación ha sido administrada e impuesta por el régimen, la conversión de sus ciudades ha sido salvaje, como en el barrio Dashilar, al suroeste de la Plaza Tiananmen, en Beijing. donde los hutongs de la era de la Dinastía Ming, renacieron en tiendas de lujo, galerías y restaurantes para la burguesía local e internacional. Lo que se ha presentado como regeneración urbana es, en realidad, un proceso sistemático de exclusión disfrazado de cosmopolitismo.
Es el doble discurso de la gentrificación. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al fenómeno y dijo, correctamente, que era producto de la especulación inmobiliaria. Pero, como jefa de Gobierno de la capital federal, firmó un convenio con Airbnb en 2022 para impulsar el “turismo creativo”, que atrajera a los nómadas digitales. Tuvo éxito: en cinco años, el valor de las propiedades y alquileres se incrementó en 50 por ciento en las colonias de donde salió la protesta el viernes, y lo que antaño una persona pagaba al mes, ahora se cobra al día.
Sin embargo, la gentrificación en sí misma, no es negativa. Al aumentar la inversión privada y elevarse la oferta cultural y gastronómica, hay mayor vigilancia, sube el empleo y la inversión en infraestructura. Pero para evitar desplazamientos y dejar a quienes menos tienen en la intemperie, se requieren políticas públicas, no discursos cosméticos y clientelares, como estamos escuchando estos días. En Berlín, el Estado frenó a las grandes inmobiliarias, limitó Airbnb a residencias principales, congeló rentas por cinco años y apoyó un referéndum para expropiar más de 200 mil viviendas en manos de corporativos. En Barcelona, se prohibieron alquileres turísticos para 2028. En 2023, una asesora de Sheinbaum dijo que no había evidencia que Airbnb desplazara a los habitantes en las zonas donde había más oferta, y se congelaron regulaciones para las plataformas. En abril de 2024 el Congreso aprobó una serie de medidas para contrarrestar el fenómeno, mediante un padrón de anfitriones, un límite de tres propiedades por persona y un tope de seis meses de renta anual. Pero no se ha aplicado.
Las tres ciudades comparten una tensión fundamental: ¿la vivienda es un derecho o un activo financiero? Berlín y Barcelona han intentado defender lo primero. La Ciudad de México aún no se decide. Los gobiernos federal y capitalino presumen su vocación social, pero protegen con sigilo los intereses del mercado. El resultado es una ciudad cada vez más desigual, más vacía en sus barrios centrales y más expulsiva para quienes ganan en pesos.

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Ha sido de llamar la atención el tiempo invertido por la presidenta Claudia Sheinbaum para reclamar y protestar al gobierno de Donald Trump porque la mantiene en la oscuridad sobre la negociación con Ovidio Guzmán López tras aceptar declararse culpable de las acusaciones de narcotráfico en la corte federal de Illinois, preámbulo de un acuerdo de colaboración con las autoridades estadunidenses, aunque ha sido explícita su preocupación: si del acuerdo salen imputaciones contra mexicanos, deben de enviarse las pruebas a México para que la Fiscalía General de la República abra carpetas de investigación. O sea, la presidenta sigue confundida.
Si bien, como dijo, en la operación de captura de Guzmán López murieron varios militares, su extradición se dio dentro del Tratado que firmaron México y Estados Unidos en 1978. Pedir acceso a expedientes confidenciales del Departamento de Justicia como compensación, es un poco ingenuo y absurdo. No está clara la motivación de la presidenta, aunque la prensa política comentó este fin de semana que quizás obedece a que tenga miedo de cuáles serían las personas a quienes Ovidio Guzmán podría imputar. En ese casillero debe haber muy pocas personas cuya suerte le podrían preocupar o le generen un problema.
De cualquier manera, sí tendría razones para preocuparse. El hijo más cercano de Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, en un operativo relámpago y sin balazos por una unidad de élite de la vieja Policía Federal. La extracción rápida para evitar una respuesta de las milicias del Cártel de Sinaloa, no se dio. Los agentes pidieron el apoyo durante 45 minutos sin que les hicieran caso. En ese tiempo, las milicias prepararon el contrataque, vencieron a los soldados que no tendieron el cinturón de seguridad y amenazaron con asesinar a sus familias. Fue una terrible derrota para los militares, humillados por criminales por culpa de las decisiones en Palacio Nacional.
El entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien nunca autorizó la extracción, persuadió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo liberara. Guzmán López habló con sus hermanos para que detuvieran la contraofensiva porque lo iban a soltar. Esta podría ser una de sus revelaciones. ¿Fue porque, como en una cuenta en Twitter verificada por el Centro Nacional de Inteligencia que era de Iván Archivaldo Guzmán, se advirtió que si no lo dejaban libre revelarían cuánto dinero le inyectaron a la campaña de López Obrador? También podría decir quién, en nombre del ex presidente, mandó el mensaje a sus hermanos Iván Archi-valdo y Alfredo para que suspen-dieran la producción de fentanilo porque la situación con Estados Unidos estaba “muy caliente”.
Tras liberarlo, las autoridades mexicanas se olvidaron de él. Había sido detenido a petición de Estados Unidos con fines de extradición, pero en Palacio Nacional decidieron no hacerles caso, hasta que las crecientes presiones y acusaciones en el Capitolio contra López Obrador de complicidad con la facción de Los Chapitos, lo obliga-ron a ordenar su captura cuatro años después. Pero no lo extraditó. Finalmente, con Washington encima de él, mientras daba el Grito de Independencia en 2023, Guzmán López fue entregado a Estados Unidos.
Es sobresaliente la preocupación focalizada de la Presidencia por lo que pudiera decir Guzmán López, dejando entrever que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, o que se imagina las mismas cosas que muchos mexicanos. Las autoridades estadunidenses conocen las complicidades de Los Chapitos con políticos y funcionarios, luego que en 2021 fueron infiltrados por el Grupo 959, una unidad de la División de Operaciones Especiales de la DEA, que toma su nombre del Código Penal de Estados Unidos que le da jurisdicción extraterritorial para investigar y castigar delitos relacionados con drogas.
Guzmán López no debería ser su única preocupación, aunque la información que tienen en Washington indica que el gobierno de López Obrador, aunque tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa, no era solo con Los Chapitos. Resalta que el ex socio de su padre y contra cuyo liderazgo están enfrentados desde hace más de nueve meses en Culiacán, Ismael El Mayo Zambada, no haya tenido el respaldo que le ha dado implícita-mente Sheinbaum a Ovidio, por la forma como cuestiona a las autori-dades estadunidenses y exigirles que, en su caso, cooperen con México.
Zambada podría aportarles mucho más información que Ovidio, si de narcotráfico solamente se tratara. No de otros cárteles, que como informante de la DEA les dio datos por años. Puede aportarles, no obstante, un mapa de cómo funcionaban las complicidades con diferentes gobiernos y revelar, si decidiera hablar, cómo tejió el apoyo electoral con el gobierno de López Obrador a través, según información de inteligencia en México y Estados Unidos, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El gobernador está protegido en México. Zambada lo imputó en agosto del año pasado, sin que la Fiscalía General abriera una investigación en su contra.
Estas omisiones contra personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa –el último el boxeador Julio César Chávez Jr., contra quien tenían una orden de aprehensión desde hace dos años, que nunca se ejecutó–, han hecho que en Washington consideren al régimen obradorista parte de la estructura criminal de los cárteles, sin que Sheinbaum haya podido disminuir la percepción o demostrar que no es cierto.
Esa batalla es en la que se encuentra, mostrando cada vez mayor preocupación por las imputaciones que pueda haber contra personajes mexicanos. Pero quizás no es Ovidio, o su hermano Joaquín, o Zambada incluso, quienes más le deberían preocupar que hablen, sino Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública condenado a 38 años de prisión por los dichos de criminales del Cártel de Sinaloa, de los cuales Sheinbaum nunca exigió pruebas.
García Luna es un peligro mayor. Si habla, tiene en sus manos dos activos que ningún criminal tenía: documentación y grabaciones, y que no tiene porqué mentir porque no tiene nada qué ganar al estar condenado y sentenciado. Su incentivo sería otro: que de quienes presumiblemente tiene pruebas que son criminales, no se vayan impunes. Esto, claro, si llega a un acuerdo con los fiscales y dispara al corazón de la cuatroté.

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La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México fue presentada como el triunfo de la racionalidad técnica, del conocimiento frente al voluntarismo, y de la civilidad frente al ruido. Sin embargo, debajo del ropaje académico y la imagen moderada de una jefa de Estado con formación científica, se esconde una inercia preocupante: el avance imparable de las Fuerzas Armadas como eje estructural del poder real en México. El segundo piso de la transformación se volvió en el camino de la consolidación del proyecto de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, que de querer desaparecer a las Fuerzas Armadas en 2018, terminó entregado a ellas. Sheinbaum ha profundizado la fusión.
La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es la prueba de ello. Por primera vez en la historia moderna del país, la seguridad pública pasó a ser, constitucionalmente hablando, responsabilidad del Ejército. Las analogías con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no proceden. Sus secretarios de la Defensa cabildearon para que se aprobara una ley que les diera un marco jurídico que los protegiera por estar realizando tareas de seguridad pública ante el desastre de las policías, bajo el supuesto de que en algún momento regresarían a sus cuarteles. Ese paradigma ya no existe.
Lo que se aprobó esta semana los dejará a cargo de la seguridad pública hasta que en algún momento, quién sabe cuándo, se modifique la ley y regrese el mando y la operación a los civiles. Esta reforma constitucional fue impulsada por dos gobiernos de izquierda, en una contradicción política e ideológica, al optar por recargarse en las Fuerzas Armadas, a quienes hicieron cómplices de su proyecto entregándoles poder, obras y responsabilidades que siempre habían sido civiles, entregándoles dinero del bueno, por la vía del presupuesto, y permitiendo que se enriquecieran algunos del malo, a través de comisiones en obra pública.
En un político como López Obrador, escurridizo como anguila, sin solidez ideológica y con formación priista, no sorprende que como dijera una cosa dijera otra, pero Sheinbaum, con padres de izquierda, hija, como dice, de la generación del 68’, marcada por la matanza de Tlatelolco por el Ejército que comandaba el general Marcelino García Barragán, abuelo de su secretario estrella, Omar García Harfuch, su entrega al Ejército es una traición a su esencia. Utilizar a las Fuerzas Armadas como el único ente capaz de enfrentar al crimen organizado tiene una justificación práctica; entregarles la seguridad pública es consecuencia de una gradual cesión de poder.
A diferencia de lo que ocurre en países como Egipto o Birmania –donde el Ejército gobierna sin disimulo–, en México López Obrador y Sheinbaum construyeron un modelo híbrido y peligrosamente opaco. La presidenta es civil, pero cada vez más, las decisiones estratégicas del país en seguridad, infraestructura, vigilancia e incluso economía, están en manos de las secretarías de la Defensa y de la Marina. Lo que inició con Calderón, siguió con Peña Nieto y se aceleró con López Obrador, se consolidó con Sheinbaum sin que hubiera resistencia institucional. La Guardia Nacional dejó de simular que era civil, como se concibió, y ratificó su esencia militar. Los aeropuertos, trenes y puertos más importantes del país, junto con las aduanas, están ya bajo control directo o indirecto de militares. Empresas paraestatales operadas por ellos manejan recursos públicos sin rendición de cuentas. Y ahora, bajo la nueva legislación en seguridad pública, podrán acceder a los datos más sensibles de los ciudadanos.
Bajo su creciente poder se está construyendo un Estado vigilante con rostro civil. El argumento que esgrimió López Obrador para entregarse al Ejército fue la eficiencia. El eterno “yes sir” del entonces secretario de las Defensa, Luis Cresencio Sandoval, volvió a los militares confiables para el ex presidente, que apreciaba que no protestaran y entraran a todo donde el resto del gabinete titubeaba. Pero esa eficiencia tuvo un costo: el desmantelamiento silencioso del poder civil que equilibra las democracias.
Cada vez que un general administra un aeropuerto, un civil pierde la oportunidad de ejercer control público. Cada vez que un oficial distribuye medicinas o vigila una obra, se sustituye el servicio civil de carrera por la lealtad castrense. Su poder no se somete al escrutinio del Congreso, ni responde ante tribunales, o rinde cuentas a los ciudadanos. Sheinbaum no sólo validó esta lógica, sino que la institucionalizó al dejar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Defensa, respaldar el nuevo Consejo de Inteligencia sin controles civiles, y callar ante la opacidad presupuestal de los militares, con lo cual envió un mensaje claro: el futuro se construye con ellos, no con las instituciones civiles.
Esto no es sólo una cuestión de seguridad pública. Es una transformación del modelo de poder. Un país donde el Ejército construya, vigile, administre, investigue y cobre, pero no responde. Un país donde la civilidad se vuelve una máscara para el poder fáctico de las armas. El poder militar no necesita golpes ni marchar en las calles para conquistar el Estado. Le basta con construir sus bases en silencio, desde dentro, con contratos, datos y vigilancia. No quisimos darnos cuenta que cuando queramos recuperar el control civil, quizás ya sea demasiado tarde.
México no ha llegado aún al modelo de países donde el poder militar es formal y absoluto. Pero al avanzar hacia una militarización progresiva, los presidentes civiles delegan el poder real en el Ejército, especialmente en áreas clave como seguridad, vigilancia, infraestructura y economía. Este proceso, si no se revierte, puede reducir gravemente la capacidad del poder civil para controlar al aparato armado y convertir a México en un Estado híbrido: democracia electoral con tutela castrense encubierta.
El modelo mexicano actual se aproxima más a un Estado híbrido como el de Turquía, El Salvador o Marruecos, que mantienen una fachada democrática, pero con instituciones militarizadas, vigilancia estatal intrusiva y debilitamiento de los contrapesos. Mientras no se frene esta ruta, dentro de unos años podríamos encontrarnos con una democracia sin sustancia, en la que la presidenta –o presidente– sea apenas la figura visible de un Estado dominado por la élite castrense.

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Con una teatralidad en aumento, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió ayer con tono burlón al titular del diario Reforma, que decía “Advierte Oposición creación de un Estado espía”, citando a legisladores del PAN y del PRI. “Reforma miente”, subrayó la presidenta, adjudicándole una afirmación que no era del periódico, incurriendo en una falsedad. Una de dos: o pretendió engañar a los mexicanos, o fue timada por sus principales asesores en medios. En todo caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la que se referían los diputados, es el nuevo catalizador de la polarización, entre quienes consideran que es una herramienta en beneficio de las audiencias, y quienes la ven como un instrumento de censura y represión.
Cuál será el derrotero que tome la nueva Ley Telecom, solo el tiempo y su aplicación lo esclarecerán. Pero el arranque no es promisorio por los embustes salidos de Palacio Nacional. La oposición la calificó como una “ley espía” por las disposiciones para que el gobierno pueda acceder a todos los datos privados de las personas, incluidos algunos que están regulados como datos personales o sellados por las autoridades financieras, o su ubicación en tiempo real. “Es falso, es mentira que las leyes tengan que ver con que el Estado va a espiar”, atajó Sheinbaum. “El gobierno no va a espiar como nos espiaron a nosotros”.
Su afirmación no pasa la prueba del ácido. Los gobiernos del PRI y del PAN, como se ha documentado, sí espiaron. Sin embargo, su uso político fue discrecional y excepcional. Muchas personas públicas o que representaban algún interés para los intereses del Estado, fueron espiados, y se supo no por ellos, sino porque a través de las leyes de Transparencia –demolidas por el régimen actual–, se accedió a sus expedientes. En los gobiernos de Morena la historia ha sido diferente.
El máximo abusador de los recursos del Estado fue el presidente emérito Andrés Manuel López Obrador, que difundió datos personales de periodistas, autorizó la entrega de información fiscal –que es confidencial– a medios afines para chantajear, reanudó el espionaje a periodistas y activistas mediante el software Pegasus, y avaló el espionaje físico a cuando menos dos periodistas que le resultaban incómodos.
Pero no fue solo López Obrador. Su pupila Sheinbaum, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también recurrió a esas prácticas. En noviembre de 2023, el periódico The New York Times reveló que en al menos 14 expedientes judiciales que revisó, encontró que la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de la hoy consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, le pidió a la mayor empresa de telecomunicaciones de México que le entregara registros telefónicos y mensajes de textos, además de los datos de geolocalización, de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados.
Entre esos registros solicitados se encontraban los del actual líder del PAN, Jorge Romero, la senadora Lily Téllez, el senador de Morena Higinio Martínez, y el entonces director de Aduanas, Horacio Duarte, actual secretario de Gobierno en el estado de México. José “Pepe” Merino, uno de los arquitectos actuales de instrumentos de censura, fue señalado en privado por López Obrador de haber sido quien filtró documentos confidenciales sobre la Línea 12 del Metro para afectar a Marcelo Ebrard, el adversario de Sheinbaum para la candidatura presidencial, y de paso, al magnate Carlos Slim.
La Fiscalía de Colima, otro estado gobernado por Morena, añadió el diario, hizo lo mismo que Sheinbaum y Godoy en la Ciudad de México: solicitó los registros telefónicos del entonces senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista, y de otras 10 personas más. Previamente, pero por parte de la Secretaría de la Defensa, se espió a Alejandro Encinas, como subsecretario de Gobernación, quien llevaba la investigación del Caso Ayotzinapa, donde involucró a militares.
Ninguna de esas acciones tuvieron el respaldo de una orden judicial. Sheinbaum aseguró que en la nueva Ley solamente podrá haber una intervención telefónica o una localización de GPS bajo orden judicial, salvo en casos de desapariciones o de un asunto extraordinario. “Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes”, agregó. “En ningún momento se está espiando a nadie”.
Sheinbaum mintió o fue inducida mediante engaños para hacerlo. La nueva Ley Telecom no incluye en ningún artículo la obligación previa de una orden judicial antes de intervenir o pedir la localización de una persona en tiempo real a través del GPS. Como subrayó un experto, “si quisieran que fuera con orden judicial, lo hubieran puesto expresamente”.
Javier Tejado, en una columna en El Universal en noviembre de 2023, subrayó que el apartado “Colaboración de la Justicia”, que habla de los supuestos para hacer intervenciones legales, permite que “prácticamente cualquier fiscalía puede pedir sin orden judicial, los datos generales de cualquier teléfono móvil… y los operadores telefónicos deben entregarles nombre y domicilio del suscriptor, tipo de comunicaciones que realiza el usuario y con quién se comunica”. Nada cambió ahora.
Los dos principales voceros del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria de propaganda del régimen y actual coordinador de asesores de la presidenta, y Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, han estado tratando de desviar el fondo de sus pretensiones vindicativas mediante actos chapuceros. Villamil y Ramírez Cuevas son los impulsores de la línea del gobierno para todas sus voces en los medios y defensores en las mesas de discusión, para que siembren la idea de que quienes hoy critican la nueva ley, la aprobaron en 2014 en la ley de telecomunicaciones aprobada dentro del Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no es cierto. En 2017 el Congreso eliminó los incisos donde se permitía a las autoridades judiciales acceso a información de líneas del servicio móvil sin autorización judicial previa. Ahora los restablecieron, agregando a la intervención los mensajes instantáneos de todos los equipos y la geolocalización.
Desconocemos cómo funcionará la ley y cómo se aplicará. Pero la experiencia es un preámbulo ominoso que permite conjeturar que está diseñada para controlar periodistas y acabar con los noticiarios que les resulten incómodos.

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La decisión del Departamento de Estado hace un mes de imponer restricciones de visas a varios funcionarios centroamericanos y a sus familias por sus nexos con “los esquemas de labor forzada” del régimen cubano encuadrados en las misiones de médicos cubanos, causó gran preocupación en la presidenta Claudia Sheinbaum por cómo podría impactar a su mentor Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de esa inquietud, no mostró intranquilidad al recibir la información de que el gobierno del presidente Donald Trump tenía una lista de alrededor de 300 mexicanos a quienes podrían declarar personas non-gratas.
De manera gradual el gobierno mexicano se ha ido enterando de la información que han ido acumulando en Washington sobre presuntos vínculos de políticos, empresarios y artistas con los cárteles de las drogas, o de quienes consideran son enemigos de Estados Unidos por sus posiciones contrarias a las políticas e intereses en ese país. Integran un conjunto de personas considerados como “probables objetivos”.
Los nombres se mantienen con gran hermetismo, pero ha trascendido que están agrupados en tres categorías, de acuerdo con lo que consideren en el gobierno de Donald Trump su grado de involucramiento o relaciones con el crimen organizado, como el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y varios artistas y conjuntos musicales, o promuevan políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos, como sería el caso de las brigadas de médicos cubanos.
De ahí que las sanciones contra funcionarios centroamericanos preocuparon a la presidenta porque la contratación de médicos cubanos que comenzó durante el sexenio de López Obrador, la mantuvo en su joven administración por petición explícita de su predecesor. El gobierno estadunidense informó que las restricciones de visas a quienes favorecieron ese modelo, buscan la rendición de cuentas de aquellos que “apoyaron y perpetuaron esas prácticas de explotación”, que han permitido “enriquecer al corrupto régimen cubano”.
Fuentes diplomáticas dijeron que las sanciones del Departamento de Estado contra funcionarios centroamericanos no pensaban extenderlas a mexicanos, pero que no era definitivo. El secretario de Estado, Marco Rubio, agregaron, lo ha discutido con el presidente Trump, y dependerá de él si decide actuar contra líderes en otras naciones. Rubio y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, son quienes le proporcionan insumos para su evaluación y eventual toma de decisión.
Noem fue la primera funcionaria de la Administración Trump que le informó oficialmente a Sheinbaum lo que deseaba su gobierno, luego de decirle en una reunión en Palacio Nacional el 28 de marzo, que “tenía muchos pendientes” en la lucha contra el narcotráfico y la migración. Noem le dijo que su gobierno quería que la Fiscalía General de la República abriera investigaciones y procesos penales en contra de funcionarios, políticos, empresarios y artistas presuntamente vinculados con el crimen organizado. La presidenta no hizo nada al respecto, aunque días después de ese encuentro, le cancelaron la visa a la gobernadora de Baja California, que planeaba presentar su licencia al cargo, pero López Obrador le indicó que no lo hiciera.
La lista inicial de 300 personas mexicanas integra presumiblemente varios listados de diferentes áreas del gobierno. Dos de ellos, reveladas por el portal ProPublica fueron integradas por un equipo de la Casa Blanca encabezado por Anthony Salisbury, asesor adjunto del Consejo de Seguridad Nacional responsable de México y América Latina, y otro fue elaborado por los ex agentes de la DEA en México, Terrance Cole y Matthew Donahue, quienes también propusieron la cancelación de visas de 35 funcionarios del gobierno de López Obrador, que rechazó en ese momento el Departamento de Estado. Cole espera la confirmación en el Senado como próximo jefe de la DEA.
Hasta el momento, varias personas de los tres perfiles establecidos en las listas del gobierno de Estados Unidos, han sufrido la cancelación de sus visas, y algunas con residencia en ese país están vendiendo sus propiedades y preparando su regreso a México, ante el temor de que sean deportados. Los últimos fueron varios ejecutivos de los bancos Intercam y CI Banco, así como de Vector Casa de Bolsa, junto con sus familiares, luego de que las empresas fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de haber lavado dinero para los cárteles mexicanos y facilitado el tráfico ilegal de fentanilo de China a Estados Unidos.
Aunque por las primeras informaciones que surgieron en Washington sobre las cancelaciones de las visas se menciona únicamente a funcionarios, gobernadores, líderes y militantes de Morena, no se sabe con certeza si las listas incluyen a miembros de otros partidos. Esta incertidumbre ha provocado temores entre algunos políticos prominentes de Morena, quienes han optado por dejar de viajar a Estados Unidos. Las versiones de que cancelaron las visas de varios gobernadores y legisladores de Morena, no han podido ser confirmadas.
Sheinbaum, hasta donde se sabe, ya tiene conocimiento de quienes integran la lista de los 300, pero no ha dado señales de que esté dispuesta a interceder por ninguna de esas personas en caso de que sean sancionadas por el Departamento de Estado. Esta posición, sin embargo, es todavía prematura, sin saberse cuál será su decisión, en caso de que enfrente ese dilema, salvo con López Obrador donde parece encontrarse atrapada, y limitada incluso para reducir o cancelar el programa de contratación de médicos cubanos.
La posición de Sheinbaum parece contradictoria entre lo que dice públicamente y la forma como está actuando internamente. Frente a la opinión pública mantiene una posición vehementemente nacionalista, negando todo aunque no tenga pruebas en la mano, lo que le ayuda políticamente en el núcleo radical de Morena y con López Obrador. En privado, ha tomado iniciativas unilaterales para administrar las embestidas del gobierno de Trump, aunque ninguna de ellas afecta su entorno más cercano, ni los intereses del ex presidente.
Las acciones que ha realizado Sheinbaum no han modificado la posición de Estados Unidos frente a México. Washington, en tanto, ha ido escalando la retórica incendiara contra ella y su gobierno, acotando cada vez más sus espacios de maniobra. La Administración Trump quiere sangre morena, que es algo que hasta ahora, ella no parece dispuesta a conceder.

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