Para quienes conocen a Alfonso Romo, el empresario regiomontano que durante años fue el enlace y recaudador de fondos de Andrés Manuel López Obrador con el sector privado y que lo hizo jefe de la Oficina de la Presidencia, resulta inverosímil que haya estado relacionado con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que Vector Casa de Bolsa que fundó y es parte de un grupo de empresas de las cuales es presidente honorario, fuera parte de un entramado de lavado de dinero para comprar fentanilo a empresas chinas que se usó para matar a estadunidenses, como sostiene la acusación del Departamento del Tesoro contra esa institución y dos bancos más, que noqueó al gobierno y lo conmocionó.
Nunca entendió López Obrador ni el jefe de su aparato de propaganda Jesús Ramírez Cuevas, que suele hablarle al oído a la presidenta Claudia Sheinbaum en su calidad de coordinador de asesores, la frase de que la percepción es más fuerte que la realidad, que hoy experimentan en toda su magnitud. Sheinbaum le grita a la nación que no hay ninguna prueba ni evidencia de las acusaciones del Departamento del Tesoro y que mientras no se las aporten no reconocerán que hay lavado de dinero, pero nadie la escucha. Vector, CIBanco e Intercam, las instituciones señaladas, tuvieron problemas de financiamiento como consecuencia de las imputaciones en Washington y fueron intervenidas por las autoridades para garantizar la seguridad de ahorradores y acreedores.
La percepción es más real que la realidad. El régimen, que jugó con percepciones y emociones en el sexenio pasado y continúa haciéndolo como estrategia, no entiende este concepto, y va perdiendo la batalla. Pero para ser justos, era una pelea perdida desde el gobierno de López Obrador, que armó la trampa en la que cayó el gobierno. La secuencia que lleva a ella es simple: el Cártel de Sinaloa conecta con Vector, a través del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y Vector conecta a Romo, quien a su vez conecta con López Obrador. Por tanto, en el campo de las percepciones, hay una relación directa entre el ex presidente y el Cártel de Sinaloa.
¿De dónde sale esto? De la denuncia civil que interpuso en 2019 en Miami el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con autorización de López Obrador, contra García Luna, su esposa y un ex colaborador, acusados de haber robado 250 millones de dólares y lavado dinero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El gobierno mexicano afirmó en esa Corte local que el dinero procedía de contratos que dio la administración de Peña Nieto a un grupo de empresas de Samuel Weinberg y su hijo Alexis, a quienes identificó como prestanombres de García Luna.
La segunda parte del entramado está en la imputación del Departamento del Tesoro a Vector, en donde señala que una “empresa controlada” por García Luna había hecho transferencias por más de 40 millones de dólares, “procedentes de las ganancias de los sobornos” que recibió el ex secretario del Cártel de Sinaloa –por lo que se encuentra sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos–, a través de esa casa de bolsa. La vinculación entre García Luna y Vector no es directa, sino que se tejió a partir de las acusaciones de la Fiscalía General en Miami donde argumenta que los Weinberg eran testaferros del ex secretario.
En noviembre pasado, para obtener el criterio de oportunidad que les había ofrecido la Fiscalía General a los Weinberg, Alexis aseguró que habían transferido 47 millones de dólares a través de Vector Casa de Bolsa a la “organización criminal” que integraban Peña Nieto y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como pagos por contratos que les adjudicaron. Gracias a la suma de acusaciones de la UIF y la Fiscalía General en Miami, el Departamento del Tesoro armó sus vínculos: del Cártel de Sinaloa que sobornó a García Luna a Vector Casa de Bolsa, a través de la cual transfirió parte de sus ganancias del crimen organizado a Peña Nieto y Osorio Chong, que las recibieron de una de “sus” empresas que operaban los Weinberg.
El círculo estaba cerrado. ¿Es una realidad o es percepción? La pregunta en la real politik es, más bien, si importa la diferencia. López Obrador nunca pensó que utilizar las percepciones contra quienes consideraba enemigos, se convirtiera su realidad. Pero también sabemos que ni él ni nadie en el nuevo régimen piensan en largos plazos.
López Obrador, cuyo pensamiento es de alcance corto, no cuestionó los testigos protegidos que declararon contra García Luna, condenado con declaraciones de criminales del Cártel de Sinaloa a los que detuvo, que no aportaron ninguna prueba de sus dichos, que se contradijeron en el juicio y cometieron perjurio. Al contrario. En septiembre pasado, tras la condena del jurado en Brooklyn contra García Luna por haber aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa, López Obrador declaró que se había demostrado su culpabilidad.
Su obsesión contra García Luna, a quien le pidió que imputara como criminal al ex presidente Felipe Calderón, no daba espacio a ningún análisis prospectivo. Con ninguna prueba sentenciaron en Brooklyn a García Luna y quedó como verdad jurídica que estaba vinculado al Cártel de Sinaloa. En Miami quedó como verdad jurídica que las empresas de los Weinberg eran del ex secretario. La acusación contra Vector no podría haberse dado de no haber existido el juicio en Miami. El gobierno de López Obrador les permitió de esa manera federalizar el caso y convertirlo en un asunto de narcopolítica. Qué paradoja, sobre todo si esta línea concluye hoy en el ex presidente.
Ni López Obrador ni Nieto imaginaron lo que iban a detonar, ni el fiscal general Alejandro Gertz Manero, ni el actual jefe de la UIF, Pablo Gómez, previeron las vueltas que iba a dar la venganza del ex presidente contra García Luna. El gobierno de López Obrador, sin preverlo, le dio la coartada al Tesoro para ir contra el gobierno de López Obrador y su sucesora, al colocarles una Magnum 357 en la cabeza, lista para disparar en el momento que quiera Trump. Aquél manoseo de percepciones las hicieron realidad, en su contra.

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El régimen que instauró Andrés Manuel López Obrador y está consolidando Claudia Sheinbaum, está hecho bolas en sus contradicciones e inconsistencias, atrapado en la trampa que contribuyó a cavar. Ambos festejaron acusaciones en Estados Unidos sin pruebas ni evidencias, porque les beneficiaban. Pero el utilizarse el mismo recurso para imputar a los suyos, como sucedió la semana pasada cuando el Departamento del Tesoro acusó a Vector, la casa de bolsa ligada a Alfonso Romo, de lavar dinero para los cárteles de las drogas, la presidenta no sabe cómo salir. Terminó una pésima semana para Sheinbaum frente a Estados Unidos, pero hoy inicia una más, donde nadie sabe si el gobierno de Donald Trump volverá a la carga, le pondrá un bálsamo, o le regale unos días de respiro para recomponer su figura.
El gobierno de Trump le dio un golpe contundente al régimen al vincular por primera vez al Cártel de Sinaloa con un funcionario del círculo íntimo del ex presidente López Obrador. Romo, que durante años fue el enlace y recaudador de fondos para López Obrador con el sector privado, fue recompensado con la jefatura de la Oficina de la Presidencia al arrancar su sexenio. Vector Casa de Bolsa, que compró y sigue siendo parte de un grupo de empresas del que es presidente honorario, fue imputada de haber lavado dinero del crimen organizado, y facilitado el tráfico ilegal de fentanilo de China a Estados Unidos.
Sheinbaum intentó una batalla pírrica para neutralizar la acusación, utilizando los mismos recursos de su antecesor: negó todo, lanzó campañas en las redes sociales para desviar la atención, e incluso, pese a que durante meses se deslindó del debate sobre el pago de impuestos del empresario Ricardo Salinas, aduciendo que estaba en la cancha de la Suprema Corte de Justicia, le dedicó el viernes un largo espacio en su mañanera, y 10 láminas sobre su ingeniería financiera. No valió de nada. La relación Romo-López Obrador sigue en el centro de la conversación pública y ese vínculo ha sido destacado en la prensa internacional.
Sheinbaum se ha quedado sin palabras persuasivas. Las que repite casi todos los días, se han vuelto un galimatías que deja cejas levantadas. ¿Alguien puede explicar cómo lanzó un discurso sobre soberanía e independencia, acompañada de la frase trillada de que “a México se le respeta”, como reacción al Departamento del Tesoro cuya acusación fue a tres instituciones privadas? Sin embargo, no fue su única salida fallida en la semana donde agarraron a su gobierno de punching bag.
A una pregunta sobre el peligro de Irán para Estados Unidos en una audiencia en el Senado, Pam Bondi, la fiscal general que fue parte del equipo legal de Trump cuando el gobierno de Joe Biden lo quiso meter a la cárcel, respondió que ese país, como Rusia, China y México, eran “adversarios” de Estados Unidos. Sheinbaum respondió que estaba mal informada, y para demostrarlo, su gobierno difundió un comunicado sobre el encuentro de los secretarios de la Defensa y la Marina con el jefe del Comando Norte una semana antes. Aunque Bondi resultó no ser la desinformada: tras esa reunión, el Comando Norte agregó dos zonas bajo control militar cerca de la frontera con México, en Texas y Arizona, contra la migración indocumentada y el tráfico de fentanilo.
Cuando Sheinbaum defendió a las instituciones financieras imputadas, aseguró que no había pruebas y que por la misma razón, en el primer mandato de Trump, tuvo que liberar al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, acusado de recibir sobornos del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En realidad, al general no lo liberaron por falta de pruebas, sino, como dijeron los fiscales que llevaban su caso, por razones políticas –un ultimátum de López Obrador de que o lo liberaban, o cortaría toda la cooperación en materia de seguridad, que de cualquier forma hizo–, pero que no cancelarían la investigación.
Lo que ha alegado Sheinbaum a favor del general y las tres instituciones financieras, es lo contrario a lo que dijo sobre el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado y sentenciado a partir de los testimonios de los criminales a los cuales encarceló, que no aportaron ninguna prueba a sus dichos, que se contradijeron y cometieron perjurio. A él, condenados con los mismos alegatos endebles empleados contra Cienfuegos y Romo, la presidenta lo juzgó. Ahora grita injusticia ante lo que está pasando.
Negar siempre lo que afectaba su narrativa y cuestionaba al gobierno, resulta en todos los casos, salvo cuando se trata de temas relacionados con el narcotráfico y señalamientos que involucran a las figuras del obradorismo, que es lo que sucedió con los golpes repetidos de la semana pasada. No solo pegaron debajo de la línea de flotación, sino que colocaron en el centro del escenario a López Obrador, por la vía de Romo y Vector. El gobierno quiso blindar a Vector, pero no pudo. No lo incluyó en el primer anuncio de la Secretaría de Hacienda que había intervenido a CIBanco e Intercam, bajo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito que no se aplica a casas de bolsas, pero se vio forzado a actuar también contra Vector, bajo la Ley del Mercado de Valores.
La vinculación de López Obrador con Romo y el señalamiento que lo liga con el Cártel de Sinaloa, sea cierto o no, pegó en el núcleo duro de la cuatroté. La maquinaria de propaganda del régimen, que maneja Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, enfocó en la relación entre García Luna y Vector –una estupidez estratégica que se mostrará en este espacio–, y en un nacionalismo acartonado que se convirtió en búmeran. Lo más significativo, el mini editorial de La Jornada en su contraportada, Rayuela, que apuntó el jueves: “Todo lo que hay que hacer –posible o imposible– con tal de quedarse Estados Unidos con el negocio del narcotráfico en México”. La traducción empírica sería: el negocio no es de Estados Unidos sino del gobierno de México. Parecería que sí, aunque en realidad no lo sea.

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¿Necesita un gobierno ejercer la censura directa para censurar? No. Insistamos: la censura ya no necesita de golpes ni desapariciones. Basta con un código penal y un juez dócil. Silenciar las voces críticas mediante leyes ambiguas y fiscalías serviles que cada vez son más frecuentes, es una estrategia de control. Hay una tendencia en el mundo en la que chapalea México, donde los gobiernos están utilizando leyes ambiguas contra periodistas, recurriendo cada vez más a litigios estratégicos para silenciar a los críticos y suprimir el debate público llevándolos a tribunales.
En el México de la cuatroté, la libertad de expresión vive bajo asedio. La censura no es nueva –más allá a la del sicariato criminal–, pero en el pasado era selectiva y discrecional. Ahora pretende ser masiva, desde los escritorios del poder. La nueva censura se viste de denuncia penal, de carpetas de investigación abiertas, de presiones fiscales y de campañas de odio desde las redes oficiales. Al grupo de los perpetradores usuales desde hace poco más de 20 años, se le han sumado activamente gobernadores, funcionarios y políticos de diversos colores, aunque la mayoría militante de Morena.
La fórmula cada vez más recurrida para silenciar periodistas no requiere balas –aunque tampoco las excluye, como sucedió con Ciro Gómez Leyva, o Miroslava Breach y Javier Valdés, que no tuvieron su suerte–, sino denuncias por “daño moral”, “violencia política de género”, “difamación” o “acoso”. Son términos jurídicamente vagos pero políticamente útiles. No buscan justicia; buscan desgaste. Pretenden agotar al periodista en lo económico, distraerlo e intimidarlo. Jorge Luis González, ex director del diario Tribuna de Campeche, es el últiimo ejemplo de esta andanada de castigo político.
El asedio no es nuevo, pero la semilla de odio e impunidad que incubó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en la clase política morenista, germinó en su movimiento. Gobernadores que ya se fueron como Cuitláhuac García, Rutilio Escandón, Cuauhtémoc Blanco y el finado Miguel Barbosa, fueron secundados por Layda Sansores, Delfina Gómez, Alejandro Armenta, Alfonso Durazo y Rubén Rocha Moya. López Obrador les mostró que el principio de proporcionalidad que evita el abuso de poder, es semántico. Legisladores y funcionarios del obradorato han contribuido a un acoso judicial al alza, utilizando la normativa para iniciar procesos penales contra periodistas, como denunció la organización no gubernamental Artículo 19.
Sansores, que quiere liquidar a González con el apoyo del Tribunal Electoral que le prohibió ejercer su profesión durante dos años –un fallo avalado indirectamente por la presidenta Claudia Sheinbaum–, es una de las contradicciones que estamos viviendo. Ha usado un programa semanal transmitido con recursos públicos para exhibir periodistas, hacer insinuaciones sin pruebas y sembrar narrativas para deslegitimarlos ante la opinión pública. En Sonora, el gobierno inició carpetas de investigación contra periodistas que cubren el despojo de tierras y la violencia en la sierra, acusándolos de “colaboración indirecta con el crimen organizado”, sin una sola prueba.
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras clasificó a México en su informe anual como un país “difícil” para la libertad de prensa, por la creciente fragilidad del ecosistema de medios, en donde entra la reciente ley de ciberacoso en Puebla, que detonó fuertes críticas porque es tan vaga en su aplicación, que deja la puerta abierta para que insultos, injurias, ofensas o agravios –que no se especifica ni quién ni cómo se determinan salvo quien se diga afectado–, pueden llevar a una persona inocente a la cárcel de 11 meses a tres años.
La censura no tiene como única destinataria a la prensa. Los casos de Campeche y Puebla alertaron a periodistas en todo el país al visibilizarse la estrategia legal como un instrumento de disuasión, pero se ha ampliado esta semana a la ciudadanía en general con litigios para acallar a personas afuera del sistema de medios, que viven en la dialéctica de la confrontación con los poderes, en México y en otros lados.
Una ciudadana en Hermosillo, Karla Estrella, ironizó en las redes sociales sobre el influyentismo del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados para que le dieran una candidatura a su esposa el año pasado, quien la denunció por violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral falló en su contra y la obligó a disculparse diariamente durante 30 días, tomar un curso de género y publicar la sentencia en sus redes. El Tribunal, hoy pintado de guinda, cometió un acto de censura por un contenido en las redes sociales, como lo hizo contra la influencer y actriz, Laisha Wilkins, por reírse de una candidata a la Suprema Corte de Justicia.
Esto es una paradoja. Además de la estrategia legal del régimen, hay un ataque digital. Desde cuentas afines a Morena –la mas importante es la red que maneja el ex vocero presidencial y coordinador de asesores de Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas–, algunas operadas por funcionarios del gobierno federal o mediante ejércitos de bots pagados con recursos públicos, hay un embate permanente contra críticos del régimen, con campañas de desprestigio contra periodistas, hashtags acusatorios y lincha-mientos virtuales coordinados. Lo refuerzan propagandistas a sueldo en medios convencionales y digi-tales, como parte de un gran enjam-bre medieval. El patrón es claro: cada nota incómoda al régimen genera una andanada de insultos, amenazas y desinformación. No es espontáneo. Es orquestado y finan-ciado.
Aunque esta conducta reaccionaria comenzó con López Obrador, que aunque no firmaba las denuncias ni integraba las carpetas de investigación, o autorizaba órdenes de aprehensión, alentaba el clima hostil desde su patíbulo en Palacio Nacional donde agraviaba y difamaba a periodistas, los acusaba sin pruebas de corruptos, violaba las leyes difundiendo datos personales e información privada, y simplificaba su trabajo a una lucha entre los “conservadores” –que son todos los que no le rindieran tributo–, y “el pueblo” que quería la transformación. La consecuencia la estamos viviendo: los gobernadores, legisladores y políticos de Morena que se sienten autorizados para replicar la estrategia. Lo que antes era un límite –el respeto a la libertad de prensa– hoy es terreno libre para el poder, amparado en la narrativa presidencial, para construir un escudo contra la crítica y su carrera hacia un gobierno iliberal.

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Cárteles, capos de la droga y fentanilo volvieron a emerger esta semana en Estados Unidos como un problema para ese país y para México. La mirada, cuando menos en lo que se aclaran las cosas, está sobre políticos y empresarios muy cercanos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que también forman parte de las élites mexicanas cuyas ramificaciones se extienden mucho más allá del obradorato. En el centro de los reflectores se encuentran Alfonso Romo, el empresario regiomontano que fue el jefe de Oficina de López Obrador al iniciar su sexenio, y Manuel Bartlett, que fue director de la Comisión Federal de Electricidad, muy cercano al ex presidente.
El nombre de Romo se asocia a Vector Casa de Bolsa, que pertenece a Vector Empresas, del cual es presidente honorario desde abril del año pasado. Romo fue fundador de Pulsar, que es la firma matriz detrás de ese grupo financiero, que fue señalado ayer por el área de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), como una de las tres instituciones mexicanas sospechosas de lavar dinero procedente de las ganancias del tráfico de fentanilo, a las que sancionaron administrativa y civilmente. En el caso de Vector Casa de Bolsa, el gobierno estadunidense lo está vinculando con los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Bartlett es el elefante en la sala que reapareció ayer en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, donde los fiscales del Departamento de Justicia que llevan el caso de Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, revelaron que piensan dar a conocer las grabaciones de horas de tortura que ordenó en 1985 contra el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. De acuerdo con extractos del expediente y testimonios de Víctor Lawrence Harrison, un testigo protegido de esa agencia, Bartlett estuvo en la casa en Guadalajara donde torturaron y asesinaron a Camarena Salazar. Bartlett siempre lo ha negado, pero la investigación por su probable participación en aquél crimen, está abierta.
Los dos nuevos ingredientes en la cocina del presidente Donald Trump para seguir presionando al gobierno mexicano, coincidieron con una audiencia en la víspera en el poderoso Comité Judicial del Senado en Washington, donde Matthew Allen, el jefe de la oficina de la DEA en Los Ángeles, enfatizó que los cárteles mexicanos están fuertemente involucrados en actividades terroristas sofisticadas. “A esto es a lo que nos enfrentamos, cárteles paramilitares con alcance global, asesinando familias y vigilando personal estadunidense en nuestro propio territorio”, agregó. “Esto no es solo crimen; esto es terror”.
En su primer día del segundo mandato en la Casa Blanca, Trump designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones trasnacionales extranjeras terroristas, que es el paraguas general mediante el cual el FinCEN acusó a Vector Casa de Bolsa de haber lavado millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021 –cuando Romo estuvo asociado estrechamente a López Obrador–, y del Cártel del Golfo en 2023. También señalaron que entre 2018 y 2023, pagaron más de un millón de dólares a empresas chinas que han sido identificadas como parte de la red que transporta precursores químicos a México para fabricar drogas sintéticas.
Vector Casa de Bolsa no fue la única institución financiera mexicana acusada. El FinCEN señaló a CIBanco de haber lavado mas de 10 millones de dólares para los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva en 2023 y 2024, y haber facilitado pagos –transferencias electrónicas– de 2012 a 2024 a empresas en China, Japón y Corea del Sur que tranportaron precursores químicos a México. La tercera institución financiera imputada fue Intercam, a la que vincularon con lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante transacciones procedentes de pagos a empresas chinas entre 2021 y 2024.
CIBanco es un banco comercial propiedad de Latin Financial Services, una sociedad estadunidense, y tiene más de 200 sucursales en México, mientras que Intercam fue fundada en 1996 por Eduardo García Lecuona Mayeur, que es el presidente del Consejo de Administración, en donde figuran familiares de empresarios relacionados con los dos gobiernos obradoristas. El señalamiento del FinCEN es muy delicado en los tres casos, porque no hay señalamientos directos de que sus propietarios estuvieran al tanto de operaciones financieras de los cárteles de las drogas y empresas chinas transportadoras de fentanilo ilegal, pero que encontró responsables de los delitos porque a través de ellas se realizaron transacciones electrónicas, aplicando con todo rigor el decreto de Trump contra los cárteles mexicanos.
La acción del Departamento del Tesoro pareció tomar por sorpresa al gobierno mexicano. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que actuaría “con todo el peso de la ley” si el Tesoro les daba pruebas de los vínculos de las instituciones financieras con actividades ilícitas, sin que recibieran “ningún dato probatorio”. Lo sorprendente del comunicado no es lo que dice, sino lo que no dice: la acción del FinCEN fue unilteral. Ni les informó previamente, ni pidió su cooperación en esta investigación, como sucedía en el pasado.
La secrecía del gobierno de Estados Unidos en operaciones contra los cárteles mexicanos y sus jefes ha sido una característica sobresaliente desde la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López hace casi un año en Sinaloa durante el gobierno de Joe Biden, que continuó en el de Trump con acciones de espionaje sobre territorio mexicano, amagos militares por aire y tierra en los mares internacionales frente a las costas mexicanas, la cancelación de visas a políticos del régimen, y la negativa reiterada de no darles información sobre lo que han estado haciendo.
Tanto el gobierno de López Obrador como el de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido mantenidos en la oscuridad de las iniciativas y acciones de Estados Unidos contra los cárteles, y está entregando a cuenta gotas información sobre qué políticos, empresarios y artistas tiene en la mira, que añaden incertidumbre sobre los siguientes pasos que tomará Trump para acabar con el control territorial de los cárteles en México, su poder superior al del gobierno, con sus cadenas de suministro de fentanilo, su logística corporativa y sus tácticas militares que mantienen de rodillas al Estado mexicano.

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio un golpe de timón a su conferencia mañanera: un nuevo reglamento para sus mañaneras, con 30 reglas para los medios de comunicación en busca de un ordenamiento. Sin embargo, lo que dejan ver algunos de sus puntos es confusión sobre el objetivo de un instrumento de comunicación política, y su urgencia por retomar la iniciativa, el control de la agenda y la narrativa. Sheinbaum lleva semanas en actitud reactiva, al tiempo de estar metida en una dinámica doméstica de choque con quienes son aliados del régimen, y empezando a insultar a quienes la critican.
Sheinbaum da señales de exasperación. Ayer, tras subrayar que se “adelantaba” a posibles críticas de la oposición y “comentócratas” a la reforma para la Ley de la Guardia Nacional, los llamó “ignorantes”. Es decir, como admitió, antes de que se criticara la ley, los insultó. No dejó que se abriera el debate y chocaran ideas con información. Simplemente los descalificó. La jefa del Estado mexicano estableció un nuevo parámetro en la arena pública, donde abre la puerta a que se le responda en los mismos términos. Es lamentable su posición, pero por la experiencia vivida, ni “comentócratas” ni oposición le responderán con ofensas. De eso, lo estamos viendo, se encargan los suyos.
El nuevo reglamento exhibe algunas de sus frustraciones.
El punto 28 señala que quienes estén acreditados como prensa en las mañaneras serán sujetos a una verificación que permita saber si difundieron la información generada en esa conferencia y que se vea reflejada en materiales periodísticos, a través de las plataformas, canales o impresiones de los medios convencionales y alternativos que asistan. La ambigüedad de este punto deja muchas preguntas.
¿Se asume la Presidencia como la autoridad máxima para determinar qué es importante y qué no? ¿Piensa la Presidencia que es su derecho, función y atribución regir la política editorial de los medios? Porque, al “verificar” la publicación de los contenidos en la mañanera, ¿recarga la responsabilidad al periodista de publicar y difundir? Esa decisión la toman editores, que son quienes evalúan, jerarquizan la información, y deciden qué incorporar en sus espacios. ¿Si un medio considera que no hubo nada sustancioso, o su importancia es menor a otros acontecimientos, vetarán a su representante en la mañanera?
En donde no hay confusión es en que la carga de la responsabilidad se la trasladaron al mensajero, no al emisor del mensaje. En un entorno donde las noticias compiten intensamente y todo el tiempo por un espacio en los medios, la generación de contenidos se vuelve un imperativo para quienes están luchando por comunicar lo que hacen o tengan que decir. El ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que inventó la mañanera y la fue moldeando a su imagen y semejanza, tenía una personalidad que le permitía llenar hasta con sandeces los espacios de información. Parece inimaginable que prometa una salud mejor que en Dinamarca o afirme que una pandemia se frena con un pedazo de tela donde está impresa la imagen del Corazón de Jesús. Sheinbaum, que tiene una densidad diferente, carece –afortunadamente– de esa capacidad de merolico.
Pero la presidenta tampoco genera contenido creíble o argumentos sólidos para persuadir líneas de pensamiento contrarias a las suyas. Un botón de muestra fue cuando todas las instituciones financieras mexicanas y extranjeras –salvo la Secretaría de Hacienda– redujeron la expectativa de crecimiento de México y sus críticas no tenían asideras lógicas.
Una de ellas fue el Fondo Monetario Internacional, donde redujo su alegato a la frase de “no coincidir” con su pronóstico, y de manera inentendible señaló: “No entendieron que a México llegó la Cuarta Transformación y aquí se acabó la corrupción. Se acabaron los privilegios y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo de México. Se regresa con derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda”.
Su declaración se publicó, pero cayó en la intrascendencia. ¿Qué relación guarda su frase con la expectativa de crecimiento? Exacto: ninguna. La disociación de ideas, y la superposición de la propaganda a los argumentos, le resta credibilidad. Y una voz que se va debilitando, se pierde cada vez más en la irrelevancia. El problema no es el mensajero sino el emisor. El obstáculo no son los periodistas ni los editores, sino su equipo que no es capaz de generar contenidos con alto valor noticioso.
El nuevo reglamento va todavía más allá. Admite que la mañanera va más allá de informar y difundir. En los puntos 26 y 27, establece que ese espacio entra también en el ámbito de la oficialía de partes ciudadana, donde normaliza el papel de ciertos “periodistas” que presentan “denuncias ciudadanas”, pero ahora “a partir de investigaciones periodísticas de interés público”. Mal. Las denuncias periodísticas se publican. Periodistas y medios no son gestores; son contrapeso de los poderes.
Esos puntos, sin embargo, buscan regular la herencia de López Obrador que no puede eliminar: los youtuberos que inventó Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial y actual coordinador de asesores de Sheinbaum, para que atacaran a periodistas críticos y fueran paleros del ex presidente. A cambio de esos servicios, les permitieron construir un negocio paralelo para plantar preguntas –con costo hasta de 150 mil pesos–, coyotear, anunciar productos, entregar cartas y litigar como testaferros de políticos y empresarios. Sheinbaum ya no quiere que eso suceda, pero seguirá pasando. Disfrazarán mejor sus gestiones, pero mientras no eliminen esos puntos, el negocio seguirá floreciendo.
El manotazo de Sheinbaum a su mañanera es un avance para sacudirse la marca de López Obrador, pero es insuficiente. En la parte toral, su relevancia como jefa de Estado, el problema que tiene que admitir para corregir, es que sus deficiencias e insuficiencias se encuentran en Palacio Nacional, no en el mensajero.

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El ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán obliga al mundo a definirse. Cada país lo hará de acuerdo con sus intereses estratégicos y en función de las circunstancias coyunturales que lo impacten. De ahí la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se contuvo en condenar a Estados Unidos por bombardear Irán, y señaló de manera general que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. Sheinbaum no se peleó con Donald Trump. No está en condiciones de hacerlo y tampoco se corrió un milímetro hacia Irán, alejándose sutilmente de su mentor Andrés Manuel López Obrador, que sí lo hizo.
No es un quiebre con quien le heredó la Presidencia, pero no se pertrechó en su trinchera. Sheinbaum dijo que su actuación era como la de López Obrador en abril del año pasado, cuando Irán e Israel se enfrascaron en escaramuzas militares, pero no es así. En aquel entonces, el tramposo ex presidente jugó con las palabras y veladamente criticó a Estados Unidos. “La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte”, escribió en X. “No beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas”.
López Obrador tenía espacio y razones para hacerlo. Por un lado tenía chantajeados a los presidentes Donald Trump –en su primer término– y Joe Biden, urgidos de bajar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Por el otro, su relación de una década de antigüedad con Irán, había forjado compromisos profundos: el régimen teocrático del ayatola Ali Jameini le inyectó dinero a su campaña presidencial de 2006, que aunque fue detectado y documentado por el gobierno mexicano, nunca quiso hacerlo público ni usarlo en su contra. Se la perdonaron, como Estados Unidos lo ha hecho, en otras investigaciones, hasta ahora.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, agentes iraníes, cubanos y venezolanos operaron junto a él en la Ciudad de México para silenciar a quienes pudieran dar a conocer detalles de los arreglos financieros y políticos que tenían –que pese a tener conocimiento de ello las autoridades peñistas no actuaron–, en una relación que se fue consolidando durante su Presidencia, aunque no hay información que Irán hubiera vuelto a inyectar recursos a las campañas presidenciales en 2012 o 2018.
Lo que sí existe es una investigación de la CIA sobre lavado de dinero en el Caribe ligado al régimen venezolano, que tiene vinculaciones con Morena que llevan a Palacio Nacional en tiempos de López Obrador. El eje de Irán, Cuba y Venezuela con López Obrador, estableció un puente aéreo en Toluca durante la pandemia de la Covid-19, en donde llegaban operadores a México y la Presidencia los proveía de documentos mexicanos falsos, mientras enviaba medicinas y dinero a Caracas. Con Cuba se arregló el envío de médicos a México como una forma disfrazada de financiamiento al régimen en La Habana –que Sheinbaum no puede suspender–, y el envío de miles de barriles de petróleo por los cuales no pagan un dólar.
La cara más visible de esta oscura relación fue el caso del Jumbo 747 de la empresa venezolana Emtrasur, que aterrizó en el aeropuerto de Querétaro procedente de Caracas, y que al día siguiente partió a Buenos Aires, donde fue detenido por las autoridades argentinas por sospechas de estar vinculados con el terrorismo, y arrestaron a 14 venezolanos y cinco iraníes. El gobierno de López Obrador, en respuesta a una solicitud de transparencia de Infobae sobre el caso, reservó por cinco años la información.
La alianza con ese eje fue posible por la circunstancia en la que gobernó López Obrador y las necesidades estratégicas de Trump y Biden, que a cambio de militarizar la frontera sur le condonaron todo. La columnista de temas latinoamericanos de The Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, escribió en 2020 que desde que López Obrador asumió la Presidencia Irán se le fue acercando conforme al patrón establecido por el general Qassem Soleimani, responsable de la Fuerza Qud, que especializada en guerras asimétricas a través del tráfico de armas, ataques y asesinatos a objetivos enemigos. Soleimani murió ese año en un ataque aéreo ordenado por Trump.
Aquel momento y coyuntura es parte de una historia que está muy lejos, porque Sheinbaum se encuentra en una situación muy diferente. Las condiciones internas en México no eran tan precarias entonces como las que afronta Sheinbaum en todos los ámbitos, en lo económico, lo social y la seguridad, con un mundo que cambia al ritmo de los temperamentos mercuriales del Trump del segundo mandato. De hecho, ninguno de sus antecesores desde la posguerra, había enfrentado circunstancias de acotamiento como las que afronta Sheinbaum.
Esos espacios permitieron en el pasado momentos épicos de la política exterior mexicana. Adolfo López Mateos respaldó a Cuba cuando liderados por Estados Unidos, sus miembros expulsaron a Cuba. Luis Echeverría ignoró una amenaza de Richard Nixon y respaldó el ingreso de China a la Organización de las Naciones Unidas. José López Portillo y Miguel de la Madrid se le cruzaron a Ronald Reagan en sus intentos intervencionistas en Centroamérica. Carlos Salinas condenó la invasión de Estados Unidos a Panamá. Y Vicente Fox chocó con George W. Bush cuando votó en la ONU contra la invasión a Irak.
Todos ellos pudieron asumir posiciones más frontales ante Estados Unidos porque el espacio de maniobra que tuvieron los ex presidentes no los tiene ella, que sin embargo, tampoco está caminando en la ruta de la insensatez que recorrió López Obrador, que se alió a los enemigos de Estados Unidos. Ninguno de sus antecesores priistas o panistas perdieron el sentido de la realidad mexicana, ni durante los largos años de la Guerra Fría ni en el mundo que emergió tras la caída del Muro de Berlín.
Sheinbaum está haciendo lo mismo. Entiende cuál es la esfera de influencia en la que se encuentra México y en qué lado de la historia tiene que estar, no porque necesariamente se sienta ideológicamente a gusto, sino porque tiene una responsabilidad con 130 millones de mexicanos que fueron traicionados por el aventurerismo desfachatado de López Obrador, sin consecuencias porque el tiempo en el que gobernó no era aún el de las definiciones.

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Un asesinato ha mostrado el conflicto que existe entre las dos mujeres que en el papel son las más poderosas de México: la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Aunque ambas crecieron bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador, la lucha por el poder en la capital federal en 2024 las separó, no solo a ellas, sino a Sheinbaum con el ala más radical del obradorismo. Aunque ese creciente choque se ha podido ocultar, el crimen de los colaboradores más cercanos al corazón de Brugada ha mostrado las contradicciones en el núcleo duro de Morena.
El gobierno federal buscó apropiarse inmediatamente de la narrativa y la investigación del crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de Brugada, hace poco más de un mes, cuando Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, irrumpieron en un delito del fuero común. La Fiscalía General no atrajo el caso, pero coadyuvó en la investigación, que sin salirse del fuero común, Sheinbaum lo ha tratado políticamente como si perteneciera al ámbito federal. Pero los delitos no cambian de jurisdicción por decreto presidencial.
Extralimitándose en sus atribuciones legales, García Harfuch ha querido liderear del caso. El 10 de junio declaró que las autoridades de la Ciudad de México habían acordado con las autoridades federales que la investigación se mantendría en secrecía por ser un caso “delicado”, asegurando, como es la retórica propagandística de las autoridades, que se investigaría a fondo hasta resolverlo. Sheinbaum, como siempre, lo apoyó, aunque no existe fundamento legal para erigirse como voceros y menos dar línea de lo que se debe hacer y no hacer en la investigación.
La semana pasada vino la respuesta de la Ciudad de México. La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde, habló de la investigación sin entrar en detalles particulares que pudieran alterar el debido proceso. Pero lo que informó fue sustancioso. Entre las líneas de investigación, dijo, estaba la posible participación del crimen organizado en el crimen. “Estamos investigando el entorno profesional, el entorno personal, el entorno político… que esto haya sido un mensaje en específico (del crimen organizado”, dijo en una entrevista de radio. “Hay diversas líneas que estamos agotando”.
Hay una dicotomía en la forma como el gobierno federal y el de la Ciudad de México están abordando el caso. El federal da la impresión de querer mantener la secrecía de todo; el capitalino está haciendo lo que es usual en este tipo de sucesos, informar sobre las líneas de investigación abiertas. Alcalde Luján pudo hablar públicamente de ello pese al interés de García Harfuch de ocultarlo. El 10 de junio había dicho que la secrecía que planteaba no era algo nuevo, y que cuando eran investigaciones delicadas, prefería guardar la información y continuar trabajando. No fue lo que hizo cuando un comando intentó matarlo en 2020, cuando acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación de la autoría intelectual y material sin prueba alguna salvo su dicho. Tampoco en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, donde comenzó a informar y mostrar los videos del C-5, hasta que López Obrador le ordenó que se callara.
La postura de García Harfuch es la misma que tuvo López Obrador en ese entonces, aunque por razones diferentes. El ex presidente no quería que se investigara nada sobre Gómez Leyva, porque su odio hacia él era más fuerte que saber, incluso por una necesidad de Estado, quién lo había mandado matar. Eso sigue siendo un misterio para la opinión pública, aunque meses después el Centro Nacional de Inteligencia apuntó a un diputado de Morena, con vínculos a La Familia Michoacana, como el autor intelec-tual del atentado.
García Harfuch le atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación el atentado contra Gómez Leyva, con una premura similar a la que tuvo cuando él mismo sufrió un ataque, y casi un año antes de que los testimonios de los primeros detenidos –por narcomenudeo, no por la agresión al periodista–, cuadraran con las afirmaciones del secretario. No se ha atrevido a acusar a la misma organización criminal –por la que va el gobierno de Sheinbaum como su principal prioridad– como la responsable del asesinato de Guzmán y Muñoz, todavía, quizás porque hacerlo abriría otras cajas de Pandora que tendría que explicar.
La afirmación de Alcalde la semana pasada, brincándose la muralla de silencio que han levantado en Palacio Nacional, es consecuente con lo que afirmó días después del asesinato en una conferencia de prensa junto con el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez, cuando expresaron su creencia de que el atentado había sido resultado del combate contra las organizaciones delictivas en la capital federal. A diferencia de Alcalde Luján, Vázquez, que forma parte del equipo de García Harfuch, no ha vuelto a abrir la boca desde entonces.
Alcalde, como Brugada, llegaron a sus cargos por imposición de López Obrador, y quedaron en la trinchera de los incondicionales al presidente emérito que piensan que Sheinbaum ha traicionado al movimiento al estar apostando su fuerza y el 2030 en García Harfuch. La fractura en esa ala radical del obradorismo se ha venido acrecentando con una lucha directa entre los equipos de la presidenta y la jefa de Gobierno, a quien desprecian y expresan comentarios clasistas y discriminatorias en Palacio Nacional.
El crimen de Guzmán y Muñoz galvanizó este conflicto que ha asomado con el desprendimiento de Alcalde de las instrucciones públicas que envió García Harfuch al gobierno capitalino. Brugada no descalificó a Alcalde, ni García Harfuch le respondió. La presidenta también hizo mutis. Los fierros con los que están peleando están muy calientes, y el escenario de inseguridad y violencia en la Ciudad de México, han hecho que la prudencia y el silencio frente a la rebeldía de la fiscal capitalina ante las imposiciones eviten ampliar el choque en el Zócalo, donde a veces parece que Palacio Nacional y el Palacio del Ayuntamiento no caben en la misma plaza.

Nota: En la columna del viernes se publicó erróneamente que el sobrecosto de la refinería Dos Bocas era de 21 mil millones de pesos. La cifra es en dólares.

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Cada vez la gestión de Andrés Manuel López Obrador, “el mejor presidente de la Historia”, como lo califica su sucesora Claudia Sheinbaum, está mostrando que es exactamente lo contrario: es el peor presidente de la Historia. Los gobernantes se miden por los resultados y, en el caso de López Obrador no hace falta una línea de tiempo para evaluarlo porque todas las semanas, la famosa “transformación” que prometió, se diluye en un lodazal de contradicciones, opacidad, ineficiencia y corrupción. La narrativa del régimen es poderosa pero hueca. Los elogios superlativos de su protegida no impedirán que los costos los paguen ella y el país.
La última joya se dio esta semana. Las autoridades descubrieron en un cateo en Coatzacoalcos una “mini refinería de huachicol” –como la está llamando la prensa–, donde recuperaron 500 mil litros de petróleo crudo que estaban listos para ser inyectados en el mercado ilegal de combustible, que equivalen a 25 millones de pesos. Qué gran paradoja.
El sexenio de López Obrador comenzó con la gran mentira de la “guerra contra el huachicol”, para esconder la crisis en el abasto de gasolina que provocó la incompetencia del ex director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y terminó en un fracaso, uno de tantos en el sexenio: el robo de combustible empeoró y las organizaciones delincuenciales lo hicieron parte central de su portafolios criminal. Entre 2019 y 2024, el huachicol le costó a Pemex 75 mil millones de pesos, que sumó otros cinco mil millones y medio en el primer trimestre de este año.
El catálogo del desastre es amplio.
Dos Bocas, otra perla. La refinería que soñó López Obrador y se entercó para que se construyera muy cerca del lugar donde nació, es otro monumento a la torpeza, falta de planeación, según personas de la industria, la corrupción. López Obrador dijo que costaría 8 mil millones de pesos y a finales de 2023 produciría 290 mil barriles diarios de gasolina. En mayo, el costo superaba los 21 mil millones de pesos y producía 3 por ciento de lo prometido. Su verborrea no resistió ni un año la prueba de la realidad.
Ayer, El Universal publicó que LitioMx, la empresa que creó López Obrador hace dos años y medio para controlar los yacimientos, minas y producción de baterías de litio, un muy preciado metal alcalino, es una empresa fantasma con una inversión que apenas llega al 0.01 por ciento de lo que necesita, convirtiéndola en un bote de basura donde se tiraron 31 millones de pesos en salarios por hacer nada. Es un proyecto tan absurdo como la ocurrencia que tuvo en diciembre de 2023, que para ocultar las quejas por el desabasto de medicinas, anunció una megafarmacia para distribuir los medicamentos a todo el país. Como sus otros proyectos faraónicos, fracasó: surtió 2.7 recetas diarias en los primeros cuatro meses de operación, comparadas con las 617 mil recetas diarias que entregaba el Seguro Social antes que su política de salud lo demolieran.
López Obrador vivía en el estatismo de los 70 que provocó crisis que duraron una generación. Empapado en esa necedad creó Mexicana, una aerolínea manejada por el Ejército para volar a ciudades que no atendían las aerolíneas comerciales. Nunca se hizo. Tampoco voló su flotilla de tres aviones que de acuerdo con El Financiero, el año pasado perdió tres millones y medio de pesos diarios por falta de ingresos. Las pérdidas, que tuvieron que absorber los contribuyentes, fueron de mil 250 millones de pesos.
Mexicana tuvo como aeropuerto sede el otro capricho de López Obrador, el “Felipe Ángeles”, luego que desechó el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México en Texcoco, que llevaba construido una tercera parte, y que hoy tendría resuelto el problema del saturamiento en el “Benito Juárez”. El nuevo aeropuerto acumula pérdidas, porque no hay ni conectividad terrestre ni frecuencias de vuelos suficientes para que pueda volar. El año pasado tuvo ingresos por 290 millones de dólares, tras pérdidas acumuladas en sus dos primeros años de operación por mil 500 millones de pesos, más otros 2 mil 500 millones en subsidios. Más tiradero de recursos.
Los números todavía no salen, como tampoco al Tren Maya, otro de los caprichos de López Obrador, que tiene una pérdida operativa de 2 mil 560 millones de pesos, con corridas que duran eternidades y estaciones fuera de las ciudades. Junto con el “Felipe Ángeles” y Mexicana, sus pérdidas rebasan los cinco mil millones de pesos, y no está claro si en algún momento las megaobras del ex presidente cambiarán su destino, que hoy van al despeñadero.
Sus obras faraónicas fueron hechas sin control ni vigilancia, modelos de una administración autoritaria y cerrada, que bajo el pretexto de que se inscribían en proyectos de “seguridad nacional”, no fueron sujetas de auditorías, ni tenían que rendir informes o ser transparentes. Son cajas negras, en donde varios de esos proyectos –los manejados por el Ejército, sobre todo–, nadie sabe en qué se gasta, ni cómo se gasta o quiénes se beneficiaron de la obra.
En el gobierno de López Obrador un alto número de empresas –algunas que nacieron junto con las ideas del ex presidente– involucradas en las megaobras, fueron recomendadas al Ejército desde Palacio Nacional, y el 80 por ciento de los contratos se entregaron por adjudicación directa, una discrecionalidad presupuestal sin precedente. Según datos del IMCO y México Evalúa, más de mil 500 billones de pesos se dieron sin competencia abierta.
Como ha documentado la prensa, hubo jóvenes que se convirtieron en millonarios espontáneos, abundaron los conflictos de interés en la asignación directa de contratos y las denuncias de corrupción galopante fueron frecuentes. No se abrieron investigaciones porque dentro del propio régimen las taparon. López Obrador cabalgó en una impunidad que maquilló de honestidad. Ese liderazgo que construyó sobre la superioridad moral, pero esa superioridad ya no existe. Lo que queda es un discurso repetido, lleno de mentiras y enemigos fabricados, frente a una realidad terca y documentada que muestra un gobierno capturado por la opacidad, rodeado de lealtades ciegas y cargando con resultados tan pobres como los que el régimen criticaba. Pero también, una sucesora que le servirá de tapadera.

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Dos casos que afectan a la libertad de expresión han mostrado sus caras antagónicas: el síntoma de lo que viene, el ataque a la prensa, el último dique que tiene el régimen autoritario que se está terminando de construir en México, y la resistencia de los periodistas pese a la asimetría con respecto a las fuerzas que enfrentan. Esta no es una lucha de poder, sino por las libertades. No es una batalla que sume a ciudadanos, porque no les interesa aunque serán ellos los más afectados al vivir en una sociedad opaca y sin rendición de cuentas. Los términos de esta inevitable confrontación se plantearon en Campeche y Puebla.
La gobernadora Layda Sansores, ampliamente reconocida por carecer de límites, acusó a Jorge Luis González, ex director del diario Tribuna, de haberla calumniado y utilizado un discurso de odio y violencia en su contra. Una jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, ignoró el alegato del periodista que los contenidos de los que ella se quejaba, ni eran suyos ni los había publicado en ese medio, al que dejó de pertenecer en 2017. No le importó: le ordenó dejar de ejercer su profesión durante dos años y no publicar nada, ni en redes sociales. A la Organización Editorial del Sureste, que edita Tribuna, le ordenó desaparecer su sitio Web, sin sentencia firme ni escuchar sus alegatos de defensa.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta, coronó su primer semestre en el poder de agresiones a periodistas y a medios de comunicación, los ha insultado y amenazado, al publicar una ley que como diputado presentó su actual coordinador de asesores, sobre Ciberseguridad, que tipifica el “ciberasedio”, que permite que cualquier persona pueda solicitar la eliminación de contenidos digitales, que diga que la insultaron, injuriaron, ofendieron o agraviaron con la “insistencia necesaria” para causarle un daño en su integridad física o emocional, sin necesidad de una orden judicial.
La Red de Periodistas de Puebla, que se ha organizado para enfrentar los ataques de Armenta, denunciaron inmediatamente lo que se ha llamado la “Ley Censura”, que entró en vigor el domingo, reclamo al cual se sumaron Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa por considerar que es un riesgo para la libertad de expresión al allanar el camino para que quien lo desee, pueda silenciar denuncias periodísticas y críticas a su gestión. Esta nueva ley, recordó Artículo 19, forma parte de un acoso judicial al alza, utilizando la normativa para iniciar procesos penales contra periodistas.
En los últimos cinco años, más periodistas han dirimido querellas presentadas por políticos y funcionarios de Morena que, hasta donde alcanza la memoria, el total de periodistas en el pasado, donde ciertamente hubo tensiones, hostilidad y presiones para despidos, pero fueron individualizados, selectivos incluso, no masivos contra todo un gremio y contra personas que, como común denominador tienen su crítica al gobierno. Como lo animaba Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, y gradualmente lo está comenzando a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, la intimidación mediante los instrumentos del poder, buscaban la previa censura y el silencio. Con ello, el fin de la rendición de cuentas y el contrapeso, que de consumarse la estrategia, los más perjudicados serán aquellos que hoy ven el ominoso fenómeno con indiferencia y absoluto desinterés.
Estamos caminando sobre una línea muy delgada entre el acoso y la crítica política, porque ante leyes tan ambiguas y de tan amplia interpretación y aplicación, periodistas y medios quedan sujetos a la subjetividad acomodada a los intereses para acallarlos. Ya han empleado esos recursos para saturar a periodistas con denuncias de género, utilizándolo como pretexto para que aún como servidoras públicas, una crítica sea considerada un ataque a su género. Pocos casos han fructificado, más por malas defensas que por razones fundadas, pero con el nuevo Poder Judicial en manos del régimen, esas defensas legales muy probablemente van a cambiar.
El caso de González en Campeche se inscribe en la persecución con la que diversos personeros del régimen han buscado acallar a sus críticos. En el de Puebla, sin minimizar la existencia de acoso digital violento, la legislación y el potencial uso faccioso, que parece estar en el ADN del gobernador, apunta a la criminalización de quien ejerza su derecho constitucional a expresarse y disentir. Siguen vivos los intentos de censura en Tamaulipas contra el periodista Héctor de Mauleón y El Universal, así como la estalinista Ley de Telecomunicaciones y radiodifusión claudista.
La censura ya no necesita de golpes ni desapariciones. Basta con un código penal y un juez dócil. Silenciar las voces críticas mediante leyes ambiguas y fiscalías serviles, que cada vez son más frecuentes, es una estrategia de control. La ley es bastante expedita para juzgar a quienes critican al corrupto o a quien abusa de su poder. Este régimen está construyendo leyes en un país donde la impunidad es norma –lo cual se incrementará en los próximos meses con la captura del Poder Judicial–, y como lo demostró sistemáticamente López Obrador y cada vez más fluye con mayor regularidad en su sucesora, caminan para que sean utilizadas de manera instrumentalizada para proteger a los suyos.
En Campeche, la gobernadora no ha dicho nada. Los medios acosados y varios de los que murieron durante su administración, no han tenido fuerza ni respaldo nacional. En Puebla sucedió lo contrario, pero la respuesta es la burla. El gobernador pidió al Congreso que revisara la “Ley Censura”, pero en forma extemporánea: él ordenó su publicación en el diario oficial. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recomendó que se revisara, lo que es otra tomadura de pelo. Al ser ella la responsable de la política interna del país, su atención e interés debió haber estado durante las deliberaciones en el Congreso poblano, no cuando todo está cuajado. Es la misma treta que ayer planteó la presidenta. No pueden decirse inocentes.
Pero aún si la presión interna y externa tuviera efecto, ante las crecientes críticas al régimen por autoritario que crecen como margaritas en el mundo, el mensaje es claro: criticar tiene costo, y puede tener castigos que destruyan profesional y económicamente a quien los desafíe.

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En cuestión de minutos, la atención sobre la Cumbre del G-7 en Kananaskis, en las montañas rocosas de Canadá, perdió atención para México. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum llegaba a Calgary, a 90 kilómetros de ahí, el presidente Donald Trump preparaba su abrupto regreso a Washington para atender la crisis del Medio Oriente. Por toda la información pública disponible, Sheinbaum se enteró por los medios que se cancelaría su primer encuentro cara a cara con él, previsto para el martes por la tarde. El interés se evaporó tan rápido como su equipo trató de disfrazar el impacto negativo por el no-encuentro.
La propaganda desplegada mostró la preocupación que esa cancelación podría provocar a su imagen. Rápidamente la Presidencia distribuyó una lista con todas las reuniones programadas para el martes que fueron canceladas y ratificó que Sheinbaum mantendría el resto de su agenda. Solo en Australia, otro de los líderes que no pudo ver a Trump, emergió también el revés político que sintieron con la cancelación de su reunión, en donde el primer ministro Anthony Albanese había visto el encuentro como una oportunidad para construir una relación con él. Un analista en el influyente diario Melbourne Age dijo, capturando el momento, que el revés revelaba el lugar que tenía Australia en la mesa de los grandes.
Sheinbaum ni nadie que fue al G-7, podía haber hecho nada para evitar el regreso de Trump a la Casa Blanca, quien llegó directo al Situation Room para recibir toda la información del Medio Oriente y decidir si interviene Estados Unidos en la solución final del conflicto entre Irán e Israel, como lo dijo textualmente. Pero si bien no es culpable de ello, sí es culpable de que mientras todo esto se estaba cocinando en Kananaskis, ella estuviera viajando a Vancouver y esperar en la escala un vuelo a Calgary, a donde llegó unas 11 horas después.
La presidenta decidió viajar en un vuelo comercial a Calgary, y de ahí trasladarse a Kananaskis posiblemente por tierra, para ser consecuente, para un recorrido de alrededor de 90 minutos, hasta el martes. ¿Por qué voló la presidenta Claudia Sheinbaum a Canadá en línea comercial si en sus recorridos aéreos en México utiliza aviones de la Fuerza Aérea Mexicana? La sencillez es una máscara que esconde su propaganda. Volar en línea comercial no iba a proyectar positivamente su imagen ante el resto de los líderes del G-7. Mostrar a la gradería mexicana que no es una gastalona, que no viaja con privilegios y por eso voló en clase turista, es una falsedad.
Visto desde el lado económico, Sheinbaum pagó por el boleto redondo en Air Canadá 812 dólares más impuestos. Viajó acompañada por un número no revelado de colaboradores. ¿Dos? ¿Tres? Calculemos a la baja: 4. El costo estimado fue de tres mil 248 dólares más impuestos. Su comitiva que incluía a tres secretarios de Estado más su equipo de apoyo, no voló con ella. Pero para efectos de argumentación, asumamos que en el extremo de comitiva más apoyo, viajaron 10 personas. El costo de sus boletos habría rondado en los ocho mil 120 dólares más impuestos. Pero ninguno de ellos viajó con la presidenta. Hay información no desmentida que viajaron en un avión Gulfstream de la Marina, cuya matrícula es ANX-2012, lo que es un poco extraño. El designador AN, por Aeronáutica Naval y X de mexicana, se refiere a un avión de uso estrictamente militar, aunque también sirve de transporte, pero el Gulfstream es un jet privado de lujo.
Si viajó la comitiva en un avión de la Marina, toda vez que iba a realizarse el gasto, ¿por qué no lo hizo también la presidenta? Por mera simulación, se puede argumentar. Si viajaron en un jet ejecutivo de lujo de la Marina, se puede comparar con los costos que tiene la Fuerza Aérea Mexicana, que dependiendo del modelo, cuesta de 7 mil a 12 mil dólares la hora. Para tener una referencia, un jet ejecutivo para 10 personas cuesta tres mil 500 dólares la hora aproximadamente, por lo que el viaje redondo tiene un costo de 42 mil dólares, mientras que en un avión militar mexicano, al mínimo costo, sale al doble.
Si todos en la comitiva de Sheinbaum hubieran viajado en avión comercial, habría salido más barato. Pero si el ahorro hipotético de toda la comitiva de 14, contra un vuelo privado, hubiera sido de 22 mil 736 dólares, ¿432 mil pesos bien valen la farsa de austeridad? En absoluto. La presidenta estuvo desconectada o con comunicación limitada unas siete horas, que es lo que duraron los dos vuelos comerciales. Más allá de su seguridad, ¿cuánto nos costó a los mexicanos que dejara de gobernar o tratara a susurros asuntos de Estado en público?
No se puede calcular en pesos y centavos, pero sí en desaprovechamiento de oportunidades. Sheinbaum no estuvo en Kananaskis el lunes, donde Trump pasó todo el día, ni tampoco su equipo, que llegó unas siete horas antes pero no salió de Calgary. No interactuaron en el G-7 ni tuvieron encuentros fortuitos, como pasó con el primer ministro japonés, Shigeru Ishíba, cuya bilateral de este martes fue cancelada, pero que platicó ayer con Trump, y como dijo a la prensa de su país, acordó continuar fortaleciendo la alianza militar Indo-Pacífico, que era el tema central que llevaba Albanese a su reunión.
Sheinbaum llevaba asuntos sustantivos con Trump –aranceles, fentanilo, migración y redadas–, pero al cancelarse el encuentro necesitaba políticamente un gesto para consumo interno. Pudo haberse negociado un saludo y una fotografía con él, o buscado una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, que abriera la posibilidad concreta de reagendar el encuentro, o una señal que reflejara que México, como socio norteamericano, tenía un trato diferenciado. Nada de eso. No tuvo capacidad de reacción. Era muy complicado. Estaba volando en Air Canadá. Ayer por la mañana, al salir del hotel en Calgary, un reportero de Bloomberg le preguntó sobre la cancelación del encuentro con Trump. “Ya habrá otra oportunidad”, respondió. En algún momento, en algún lugar, pero no como en este, neutral y a salvo de emboscadas.

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