La cuenta regresiva para el Mundial de Futbol el próximo año comenzó la semana pasada, al mismo tiempo que el presidente Donald Trump intensificó las redadas contra los inmigrantes, particularmente en Los Ángeles, donde se jugará la final de la Copa FIFA el 19 de julio, y se prepara para ampliar la lista de países cuyos ciudadanos, hoy no puedan entrar a Estados Unidos. Esto ya se puede problematizar: entre los tres únicos países clasificados para el Mundial, sin contar las tres naciones sede, se encuentra Irán, vetado para acceder a visas.
La entrega de visados ha sido una preocupación constante desde que Trump asumió por segunda ocasión la Casa Blanca. En abril, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha visto varias veces a Trump –se esperaba que máximo en mayo viajara a México para supervisar los avances de la organización, lo que no sucedió–, dijo que había recibido garantías de la Casa Blanca de que los aficionados de cualquier país del mundo podrían viajar a Estados Unidos, y recordó que el gobierno estadunidense había firmado las garantías cuando presentó su solicitud como país sede.
La selección de los tres países de Norteamérica se dio durante el primer mandato de Trump, y según Infantino, la FIFA firmó el llamado Acuerdo de Garantías con el presidente y los gobernadores de las 11 ciudades sede, que son los compromisos que un país anfitrión debe cumplir para asegurar un evento de la FIFA. De lo que no habló Infantino es de otro documento menos conocido que se llama Cuaderno de Cargos, mediante el cual el país anfitrión garantiza la entrada de cualquier miembro de la delegación de un país competidor, sin excepción, para que pueda participar plenamente en el torneo.
En la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, el gobierno del presidente Bill Clinton no firmó el Cuaderno de Cargos, y no se sabe si el de Trump lo hizo. Pero aún si lo suscribió, lo que es dudoso, no valdría nada. Irán es parte del grupo original de 12 países a cuyos nacionales se les negó la entrada y el visado, por lo que, hoy en día, Irán está vetado para jugar en ese país. La semana pasada el The Washington Post reveló que otros 36 países serían añadidos a aquella lista, entre los que se encuentran Libia, Burundi y Sierra Leona, que según varios analistas de futbol, tienen posibilidades de calificarse.
Infantino declaró en abril que “el mundo sería bienvenido” a Estados Unidos durante la Copa FIFA, pero dos meses después pudo ver que no era cierto. Al zaguero del Boca Juniors, Ayrton Costa, el Servicio de Inmigración y Aduanas le negó la visa con lo cual su participación en el Mundial de Clubes, que se está llevando a cabo en Estados Unidos, se había acabado. Gestiones de la FIFA y las autoridades deportivas de Argentina lograron que le dieran una visa especial de 26 días para que pudiera participar en el torneo. Costa había participado en un robo hace unos siete años, pero no fue a juicio al aceptar una sentencia con libertad condicional en 2023.
Las restricciones de visas y las redadas se sumaron a los temores en torno a los juegos de futbol en Estados Unidos. El sitio deportivo The Atlethic, una rama de The New York Times, publicó hace unos 10 días que la venta de boletos para el juego inaugural de la Copa Mundial de Clubes entre el Inter de Miami y su astro Lionel Messi, contra el cuadro egipcio Al Ahly, era tan baja que redujeron los precios de boletos de 230 dólares a 55. Solo así lograron un estadio casi lleno, ante los temores de una asistencia de menos de dos terceras partes de su capacidad por la cruzada antimigratoria de Trump.
La primera ola de redadas afectó otros partidos de futbol. Por ejemplo, reportó Los Angeles Times, la asistencia al estadio SoFi el sábado pasado, donde abrió México la Copa de Oro ante República Dominicana, tuvo una asistencia de 10 mil personas abajo del promedio de sus últimos tres juegos en el mismo caso, que dejó casi vacía la tribuna más alta y a medio llenar la más baja. En Salt Lake City, Utah, donde el seleccionado mexicano jugó un partido de exhibición contra Suiza, se vendieron 40 mil boletos, pero solo asistieron 30 mil personas. Días antes en Chapell Hill, Carolina del Norte –una zona llena de mexicanos– donde jugó contra Turquía, la asistencia no rebasó el 50 por ciento del cupo.
Hoy estamos a menos de un año de la inauguración de la Copa FIFA en el estadio Banorte Azteca, pero con una incertidumbre creciente sobre lo que pueda pasar en Estados Unidos, donde se llevarán a cabo 74 de los 104 partidos de la Copa FIFA, y a dos de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, donde a diferencia del Mundial de futbol, participarán solo 48 escuadras, se espera que compitan 208 países, incluidos prácticamente todos los de la lista de Trump.
La inquietud sobre los dos eventos deportivos más grandes del mundo llevó a 55 diputados en Estados Unidos a enviarle una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para pedirle que agilizara las visas para los visitantes en ambos eventos, que estiman dejarían una derrama económica de tres mil 75 millones y 18 mil millones de dólares, respectivamente.
En ese momento, cuando arrancaba el segundo gobierno de Trump, todas las preocupaciones fueron resueltas. Hoy, lo que dijeron entonces ya no tiene validez, en función de cómo está actuando el gobierno. Lo que suceda mañana con Trump es impredecible. Lo que pase dentro de un año, todavía más. No hay garantía de nada, ni certeza de sus acciones. No hay discusiones de la FIFA con los países sede, sobre alternativas en caso de que Trump endurezca su posición de visas y redadas, que afectan al futbol y que solo en la Copa del Mundo tendría, calculan, ingresos por 11 mil millones de dólares. Y todo, sometido a los humores de un Trump peligrosamente mercurial.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

Raymundo Riva Palacio

La cumbre anual del G-7, que reúne a los países más industrializados de Occidente –Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido–, siempre ha capturado la atención mundial desde que comenzó hace 50 años. Pero en este nuevo encuentro en Kananaskis, un destino turístico en las Montañas Rocallosas canadienses, el interés se ha incrementado y focalizado en Donald Trump, que en la anterior ocasión que se celebró esta cumbre en Canadá, en 2017, saboteó el comunicado final y ordenó a su delegación retirarse de las negociaciones del texto acusando al ex primer ministro Justin Trudeau de traidor. Mark Carney, el actual primer ministro, no quiso que pasase lo mismo y en su calidad de presidente del G-7, decidió que no habrá comunicado.
La acción de Carney habla de los riesgos que puede tener esta cumbre, que inicia hoy desahogando el temario de las discusiones entre los líderes, que girarán en torno a la guerra económica, la guerra en Ucrania, a la cual piensan invitar a participar al presidente Volodimir Zelensky, y muy probablemente el conflicto Israel-Irán. Hasta el martes invitarán a un desayuno de trabajo a los otros cuatro líderes de países no miembros del G-7 que fueron convidados a este encuentro, quienes no tendrán tiempo ocioso por sus reuniones bilaterales programadas. Estas serán lo más importante en esta cumbre, particularmente las que sostengan con Trump, con quien todos quieren hablar.
La Casa Blanca no ha informado de ninguna reunión bilateral que vaya a sostener Trump, lo que no significa que no las tendrá. Si la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el sábado que tendrá un encuentro con Trump, así será –salvo que la cancelara el estadunidense en el último minuto–, aunque no se sabe si será bilateral, o como ha buscado Carney, que sea con un formato para que dialoguen los tres socios comerciales de Norteamérica. Hasta este momento no se sabe qué tipo de reunión tendrán los tres, ni cuánto tiempo podría durar. Si fuera bilateral, como sucede con estos encuentros en estos espacios, lo más seguro es que será breve.
Todos los líderes en esta cumbre saben que el Trump que tendrán enfrente es muy diferente al de su primer mandato, porque no tiene contrapesos internos en el gobierno, es más violento, más impertinente y abusivo, más peligroso y con una inestabilidad aún más volátil que aquel entonces. En México y en otros países flotan en la mente las reuniones bilaterales de Trump con Zelensky y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa –invitado también a esta cumbre–, donde no pudieron dialogar con él, sino fueron emboscados e insultados. Ante esos muy incómodos momentos, el pensamiento convencional en México fue que había sido mejor que Sheinbaum no hubiera querido reunirse con Trump.
Ese buen deseo, sin embargo, sugería una desconfianza en su capacidad para lidiar con Trump cara a cara. Pero Carney lo hizo muy bien, así como el presidente francés Emmanuel Macron, aunque más fino y frío el primero que el segundo. Y si Sheinbaum presume de cabeza fría, ¿habría razones para temer cómo le pueda ir? La presidenta no es en donde hay motivos para preocuparse, sino en dos de sus equipos. Uno es el de comunicación y propagandístico; el otro es el de Relaciones Exteriores.
El primero, por el tipo de manejo que están haciendo de la cumbre. A algunos periodistas que estarán en la cumbre, acuartelados en Banff, el mejor destino turístico de Canadá para esquiar, a media hora de Kananasksis, les han dicho que Sheinbaum es “invitada de honor” al G-7, lo que es falso. También están comentando sobre una amplia agenda en su temario para tratar con Trump, lo que no se va a cubrir por el formato de este tipo de encuentros, sin saberse aún si será bilateral o trilateral. Elevar tanto las expectativas de una forma irresponsablemente artificial es contraproducente y la única afectada sería Sheinbaum.
El segundo es por el tipo de preparación que esté haciendo la cancillería. El secretario Juan Ramón de la Fuente ha demostrado que no es la lechuga más fresca en el conocimiento de Trump y su equipo, y ha tenido yerros importantes en sus diagnósticos. Uno esperaría que el equipo diplomático de Sheinbaum tenga para este lunes una idea mucho más clara del tiempo que tendrá con Trump y saber si tendrá un encuentro bilateral, o uno trilateral con Carney o los dos, para que puedan preparar los puntos, no los temas, que le interesa desahogar.
Importante será preparar los escenarios para un Trump estilo Zelensky-Ramaphosa, particularmente en un tema que adelantó Sheinbaum con tono de campaña: “Sepan ustedes que ahí vamos a defender dignamente a las y a los mexicanos, de aquí y del otro lado de la frontera”. Ese tono retador no va a existir, no porque se intimide necesariamente, sino porque provocaría un choque con el inconteniblemente violento Trump. Tampoco sabemos si habrá espacio para hablar del tema migratorio, de alto interés para México, pero que se ubica en el marco de la política interna de Estados Unidos. Los frenos que ha tenido Trump en las redadas, han sido por presiones internas, no por escuchar los reclamos de México.
El gran tema para el futuro de su gobierno, porque atraviesa por el crecimiento, el desarrollo y el bienestar, es el comercial. Este es el interés de Carney por tener un encuentro trilateral donde necesita a México para presionar a Trump a que, cuando menos, se comprometa a negociar el acuerdo comercial norteamericano, que está para revisión el próximo año, y puedan establecerse nuevos términos en la aplicación de aranceles. Si esto fuera posible, sería un gran triunfo para Sheinbaum (y Carney), al garantizarle un periodo adicional de certidumbre y estabilidad a los inversionistas, y una expectativa sobre el futuro comercial.
No es mucho lo que podrá salir de la cumbre del G-7 para México. Pero lo que se logre será muy importante en relación con lo poco avanzado hasta ahora. La decisión de Sheinbaum de finalmente buscar un encuentro con Trump es laudable. Ahora falta la segunda parte: que saque lo mejor y más que pueda, dentro de lo posible.

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El caso sobre el atentado del periodista Ciro Gómez Leyva hace dos años y medio, está en camino de cerrarse en cuanto célula que debió haberlo matado. Esta semana le dictaron sentencia al jefe del grupo de siete personas encargadas de ejecutarla y a uno de quienes le disparó a quemarropa, sin éxito por el blindaje de la camioneta en la que viajaba, y probablemente sentenciarán a los cinco restantes en este mes. El caso, sin embargo, apesta.
La versión oficial del atentado presentada al juez por el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, es la historia de cómo Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más violenta de México, se enojó con Gómez Leyva porque se metió con su familia y contrató en outsourcing a un sujeto que a su vez reclutó a un grupo de matones en la Ciudad de México, que fueron entrenados en un campo en Ciudad Guzmán, donde un exmilitar colombiano los adiestró durante 15 días.
Gómez Leyva escribió ayer en Excélsior que después de haber estudiado las declaraciones –casi iguales– de Pool Pedro Gómez Jaramillo y Héctor Eduardo Martínez Jiménez, le resultaba “poco confiable, verosímil y creíble la versión de que la orden de matarme viniera de El Mencho”. Se quedó corto.
La hipótesis original de la autoría intelectual del jefe del CJNG fue de Omar García Harfuch, cuando era secretario de Seguridad de la Ciudad de México –donde empezó la investigación–, que la hizo pública en febrero de 2023. No se sabe cuáles serían sus razones, porque tampoco tenía pruebas en ese momento. Su actuar no era inédito. Cuando quisieron matarlo en 2020, tan pronto como pudo hablar, sin investigación de por medio acusó al CJNG del atentado. Lo demás, cuadrar su idea con los hechos, fue lo de menos.
Ese método acientífico se repitió en el caso de Gómez Leyva, pues las primeras declaraciones de Gómez Jaramillo y Martínez Jiménez que establecían el vínculo con ese cártel, fueron un año después, en abril de 2024. La idea que sembró García Harfuch, que tiene un viejo diferendo no resuelto con el CJNG, fue retomada por la Fiscalía General de la República, a donde acudió Gómez Leyva porque no avanzaba la investigación en la Ciudad de México.
Al final, todo regresó al principio, por lo que la duda expresada sobre su solidez por varios periodistas que han trabajado temas del narcotráfico, es muy pertinente. No hay que extrañarse. Desde el atentado a García Harfuch, hasta Ayotzinapa o la persecución a la familia política del fiscal general Alejandro Gertz Manero, el olor de las averiguaciones locales y federales es el de inducción y pruebas falsas para inculpar con mentiras a quienes, de antemano, apuntaron como responsables.
La versión del atentado a Gómez Leyva parece pegada con saliva sin resolver las inconsistencias y contradicciones de los sentenciados.
Primero, que se sepa o se recuerde, Gómez Leyva nunca se metió en las entrañas criminales, políticas o financieras del CJNG y, para efectos, tampoco en la de ningún otro cártel. Menos aún con la familia de El Mencho. Pero esa versión suena bien para la gradería. Ya había un precedente que permitía acomodarlo 28 años después, la orden del Cártel de Tijuana de matar al periodista Jesús Blancornelas en 1997, porque publicó cartas personales de los llamados narcojuniors con sus madres.
Segundo, un don del narco tan poderoso como El Mencho, habló con un delincuente menor, Armando Escárcega, apodado El Patrón, para pedirle que matara a Gómez Leyva, por lo que reclutó a siete matones en los barrios del oriente profundo de la Ciudad de México para ejecutar el crimen. Le dijo que para prepararlos, los llevara a capacitarse por 15 días a un campamento de entrenamiento. Ahí les abrieron la puerta a esos extraños, empoderados por el elusivo Mencho que, según la versión oficial, él mismo buscó quién lo vengara, sin compartimentar la información. Así no son las cosas en la vida real, pero es la realidad construida de la célula de ejecución.
Escárcega también declaró sobre el CJNG en noviembre pasado y amplió su confesión a principio de este, pero su contenido se mantiene reservado porque su juicio no ha acabado. Como se están acomodando las cosas, no sorprendería que dijera la Fiscalía General que El Patrón trabajaba para El Mencho, a fin de darle soporte teatral a la versión.
La conclusión oficial cuadra con lo que se ha sembrado en el imaginario en los últimos meses. El CJNG es el que opera campos de entrenamiento de sicarios, como el de Teuchitlán, similar al de Ciudad Guzmán, donde declararon que El Mencho los mandó para que los capacitara un exmilitar colombiano, como los que recientemente García Harfuch señaló que están siendo contratados por cárteles mexicanos.
Toda la historia en torno a Gómez Leyva gira alrededor del CJNG, el grupo criminal que hoy es el enemigo número uno del gobierno mexicano, que están cazando en todo el país y más allá, como sucedió recientemente en Chiapas, donde la policía especializada del estado, dirigida por viejos compañeros de García Harfuch en la policía, se metió a Guatemala para asesinar a quien era el jefe de plaza de esa organización en Frontera Comalapa, que está en disputa con el Cártel de Sinaloa.
La investigación del atentado contra Gómez Leyva comenzó en la Ciudad de México y avanzó unas cuantas semanas, porque en diciembre de 2022 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que dejara de hacerse. Las autoridades capitalinas se dedicaron a patear el bote, por lo que Gómez Leyva se quejó públicamente que ni siquiera le permitían ver su carpeta de investigación, que legalmente le correspondía por ser la víctima, y tocó la puerta de la Fiscalía General. Avanzó en la parte procedimental y obtuvieron confesiones y sentencias condenatorias. ¿Se hizo justicia? Algo apesta. La conclusión jurídica es la misma que deslizó García Harfuch mucho tiempo antes de que sus dichos cuadraran con las declaraciones ministeriales. Dos años y medio después se regresó al mismo lugar, con criminales confesos que sustentaron lo que habían inducido.

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La relación con Estados Unidos atraviesa por un momento sumamente delicado. Hay un proceso en marcha para desestabilizar y encajonar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se puede ver a través de una línea de tiempo. La finalidad no puede ser otra que someterla y que acepte todas las exigencias de Washington, donde deben percibirla, como aquí, que sus espacios de maniobra son muy reducidos. Solo en lo que va de esta semana, la presidenta ha recibido tres mensajes de la Administración Trump:
1.- El nivel de interlocución de la presidenta de México con el gobierno de Estados Unidos es el de subsecretario de Estado. Pocos presidentes mexicanos han tenido interlocución permanente con el jefe de la Casa Blanca, pero en buena parte de los últimos 45 años la han tenido el menos con el despacho al lado de la Oficina Oval, el del director del Consejo de Seguridad Nacional. Al expresidente Andrés Manuel López Obrador le fueron degradando el nivel de interlocución, pero nunca lo sacaron de la Casa Blanca. Con Sheinbaum ni siquiera hubo el interés de abrirle un canal directo con el 1600 de la Avenida Pennsylvania.
El presidente Donald Trump, que se mueve entre el día y la noche cuando habla de Sheinbaum en público y en privado, trasladó la relación bilateral al Departamento de Estado, donde el canciller Marco Rubio no parece interesado en tener un canal abierto con la presidenta. Haber enviado al subsecretario de Estado, Christopher Landau, para hablar con ella como parte de un viaje por El Salvador y Guatemala, revela que por lo pronto no es vista como pieza fundamental e indispensable en la relación bilateral. Veremos en los próximos días si cambió la ecuación.
2.- En Washington piensan a México como un mal necesario, con el cual tienen que lidiar, pero sin incorporarlo en su diseño geoestratégico. No consideran que Sheinbaum tenga gravitas, y altos funcionarios de la Administración Trump están convencidos que no ha roto la relación que tuvo el gobierno de López Obrador con los cárteles de la droga, por la forma pasiva como han visto que actúa en el combate a la red de protección institucional. A finales de marzo Sheinbaum recibió una probada de la creciente ansiedad en Washington sobre este tema, al anticiparle la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que el Departamento de Estado estaba preparando una lista de políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado, para cancelarles la visa.
Sheinbaum no hizo nada al respecto. Este martes, con el aval de Trump, Noem la acusó de instigar las manifestaciones violentas en Los Ángeles. Fue un golpe debajo de la línea de flotación de la presidenta, que no termina de salir del hoyo en el que se metió hace poco más de 15 días cuando llamó a la movilización para protestar por las iniciativas para gravar las remesas. Sheinbaum llevaba dos días, hasta ayer, explicando que no dijo lo que le acreditan, lo cual es cierto, por lo que debería de recordar que cuando hay que dar tantas explicaciones sobre lo que se dijo, es que lo hizo mal.
3.- Tras aquel mensaje de Noem en marzo y ante la indiferencia que mostró Sheinbaum, se redujo el hermetismo que había existido en Washington sobre la narcopolítica en México. El primer indicativo fue en julio con la filtración a ProPublica que un equipo en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca dirigido por Anthony Salisbury, consejero sobre Seguridad Nacional –ese era el nivel que tenía López Obrador de interlocución al final de su sexenio–, supervisado por el ideólogo de la política migratoria y jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, estaba compilando una lista de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, que coincidía en parte con el expediente de unos 35 funcionarios de López Obrador que realizaron dos agentes de la DEA en 2019, cuando el expresidente cortó la relación con la agencia. Uno de esos agentes, Terrance Cole, es el director designado por Trump para encabezar la DEA.
La respuesta de Sheinbaum fue descalificar la información a partir de la ridiculización de su autor, Tim Golden, y tampoco hizo nada con la revelación de la existencia de una lista que incluía a líderes de Morena, a varios gobernadores y políticos cercanos al expresidente. Ayer recibió el tercer mensaje. La agencia de noticias Reuters distribuyó desde la mañana a sus miles de suscriptores en 165 países, a través de los cuales tiene un alcance de mil millones de personas, que el gobierno de Trump estaba presionando a México para investigar y perseguir a políticos con presuntos vínculos al crimen organizado. El despacho, originado en la Ciudad de México, cita a Rubio como el autor de las presiones. Noem se lo había advertido a Sheinbaum, y podría conjeturarse que la noticia podría responder a una actitud, cuando menos, displicente.
Reuters reveló que en al menos tres ocasiones Rubio y su equipo le pidieron a funcionarios mexicanos con quienes sostuvieron reuniones bilaterales –la primera a siete días de haber iniciado la Administración Trump–, que investigara el gobierno a funcionarios actuales por sus presuntos vínculos criminales, y amenazaron con elevar aranceles si no lo hacían. No dio a conocer al detalle de los nombres que plantearon al canciller Juan Ramón de la Fuente, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al fiscal general Alejandro Gertz Manero, pero incluía a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cinco funcionarios actuales de Morena y un ex senador.
En este contexto adverso Sheinbaum habló con Landau. Previamente dijo que hablaría con él sobre la acusación de Noem, y se esperaría que también hubiera un seguimiento de la revelación de Reuters. No se sabe si esos temas fueron abordados, porque públicamente solo se dijeron las obviedades de costumbre, que fue un encuentro cálido y se habló de los temas de la relación bilateral. Es seguro lo segundo, pero no sabremos de lo primero. Fueron dos horas de reunión de la cual se sabe poco. Eventualmente iremos sabiendo los pormenores de ese encuentro en este momento tan difícil y delicado para México.

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Cada vez le está costando más cara la mañanera del pueblo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Se la impuso su mentor Andrés Manuel López Obrador y no se la pudo sacudir. Aunque cada vez se ve más cómoda en ese espacio, sin el talento de su antecesor, su olfato, cinismo y sangre de atole, ese púlpito prestado se ha venido convirtiendo en un aparador que no puede llenar y un recurso demagógico contraprodu-cente. Ayer, consecuencia de ello, le pegaron un mazazo desde la Oficina Oval de la Casa Blanca. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, la acusó de incitar las protestas en Los Ángeles.
Noem lo dijo sin ambages: “Claudia Sheinbaum salió públicamente y alentó más protestas en Los Ángeles. La condeno por eso. No debería estar incentivando las protestas violentas que están sucediendo”. Pero si la declaración fue demoledora y no le mostró respeto (le habló por su nombre sin título, como marca la cortesía y el protocolo), el contexto en el que se dio acentuó lo delicado del momento.
Su crítica fue precedida de una pregunta a Trump donde le pidieron comentar la condena de Sheinbaum a la violencia en las protestas, con lo cual coincidió, agregando que su intervención era para acabar con la violencia. Su contexto no era el mismo de la presidenta, y le pidió a Noem que profundizara el tema de la violencia en Los Ángeles. Mientras lo hacía, Trump ni hizo gestos de sorpresa ni desaprobó lo que escuchó. La interrumpió cuando se refirió al gobernador de California, pero no cuando le tiró pedradas a Sheinbaum.
La presidenta dijo que era “absolutamente falso” lo que había dicho Noem, pero en lugar de pedirle al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que hablara directamente con ella para aclarar las cosas y resolver el diferendo, anunció que había dejado en su cuenta de X sus declaraciones del lunes donde condenaba las manifestaciones violentas para que las viera. Esto fue peor que las mañaneras. Si fue pertinente el rechazo a los señalamientos de Noem, fue una broma, por no decir una torpeza de principiante, que le dejara prueba de que actuó de buena fe en las redes sociales. La política y la diplomacia no se litigan en público. Ya debería de saberlo. Sea más seria, por favor.
Sheinbaum se ha perdido en la traducción. Trump, Noem y todo el gabinete de seguridad en Washington han dicho que las “protestas violentas” conforman un cuadro de insurrección, que es la palabra que están utilizando para justificar constitucionalmente el envío de la Guardia Nacional y tropas en activo. Sheinbaum seguro los ha oído, pero no los ha escuchado. Si están hablando de insurrección y magnificando la violencia a través de sus declaraciones y las imágenes de Fox News, cualquier referencia no condenatoria a las manifestaciones, la condenan.
Es cierto que Sheinbaum hizo un llamado el lunes a la comunidad mexicana para que no se manifestara violentamente ni cayera en provocaciones. Pero la carga política de Trump y sus acompañantes de viaje, sugiere que esperaban que la presidenta mexicana guardara un silencio prudente, o que descalificara las manifestaciones. Sheinbaum, como se apuntó en este espacio ayer, modificó su discurso desde el domingo, de uno intervencionista donde incitaba hace dos semanas a que se movilizaran los inmigrantes contra el impuesto a las remesas, a uno enfocado en el respeto de sus derechos humanos. Este matiz, ni fue visto en Washington, ni tampoco, si lo captaron, les interesó.
Sheinbaum y sus asesores debieron haber trazado un mapa de riesgo desde el lunes, cuando comenzaron a aparecer las denuncias en los grupos trumpistas que la acusaban de las manifestaciones violentas. El tiempo le fue ganando, aunque la ortodoxia de sus guiones mañaneros suelen hacerla llegar tarde a muchas cosas. Ya no debería de sorprender que no entiendan ni ella ni su equipo las cosas que pasan frente a ellos, pero asombra que siguiera avivando el fuego, sin darse cuenta de lo que hacía. O ¿cómo podría entenderse que en medio de esta crisis social, política y legal en la que se adentra Estados Unidos, saque de la chistera la ocurrencia de proponerle a Trump una reforma integral migratoria? La presidenta tiene que escapar de la burbuja de ignorancia demagógica que la envuelve en Palacio Nacional.
Esa ceguera de taller, por llamar de alguna manera generosa lo que sucede en el Zócalo, le impidió ver otra señal muy clara de que las relaciones con la Administración Trump estaban caminando sobre un camino lleno de espinas, luego que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que pensaba visitar México, pero en lugar de que su equipo acordara fechas y temas con la cancillería mexicana, despachó al subsecretario, Christopher Landau, para que viera con Sheinbaum –como sucedió ayer–, si había condiciones para el viaje de su jefe. Esto le debería indicar cuál es el nivel en el que la tienen clasificada en Washington, y pensar en cómo cambiarlo.
El manotazo de Noem con la venia de Trump tendría que ser analizado en su fondo, no en la forma, sobre todo a escasa una semana que viaje al espectacular Kananaskis, en la provincia canadiense de Alberta, donde se celebrará la cumbre del G-7, a donde fue invitada. El lunes dijo que quizás se reuniría con Trump. ¿Por qué lo hizo si no está confirmada la bilateral? Ahora que sabe qué piensan de ella en la Casa Blanca en el tema de las protestas en Los Ángeles, ¿qué hará? ¿Se realiza? ¿Se cancela?
Sola ella y su equipo se han metido en esta nueva tormenta, donde su incontinencia verbal mañanera, la exacerbación de su populismo, la propaganda y la venta cotidiana de un México que no existe en los términos como los plantea, funciona bien… hasta que deja de funcionar. Es decir, cuando una variable fuera de su control se altera, la deja débil, vulnerable y descolocada. La cara positiva es que tiene solución, si deja de mal imitar el modelo de su mentor y construye uno propio que cumpla el mismo propósito, pero con su estilo, necesidades y capacidades.

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Los disturbios en Los Ángeles han vuelto a poner el acento en la ruptura que existe en el corazón de Morena, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. También reflejan las contradicciones al interior del movimiento y los caminos opuestos por el que avanzan las dos vertientes del obradorismo, la que gobierna, y los que siguen soñando con la insurrección ininterrumpida. A López Obrador le funcionó durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero ni él ni los suyos entienden que el sujeto con el que hay que lidiar en el segundo, no tiene nada que ver con aquél.
Las revueltas callejeras de los últimos días en Los Ángeles tienen el componente político suficiente para entender que lo que comenzó con redadas el viernes como parte de una serie de detenciones masivas en el sur de California, rebasa el ámbito migratorio. Es parte de la guerra política y cultural de Trump en contra de los liberales, escogiendo a California, el más progresista de todos los estados, el más rico y que ha sido santuario de inmigrantes por décadas, para embestir a los demócratas en su principal bastión desde hace 33 años.
En esta nueva confrontación, primera estación para las elecciones legislativas del próximo año y para la elección presidencial en 2028, no hay que equivocarse. La presidenta Sheinbaum parece haberlo entendido al haber modificado significativamente su discurso retador e intervencionista de hace dos semanas, amenazando con movilizaciones por los gravámenes a las remesas que piensan aprobar en el Capitolio por uno inteligente en donde no se mete a discutir políticas internas, sino aboga por la defensa de los derechos humanos de los migrantes, donde reprueba la violencia de unos y pide a los otros que se apeguen a la ley.
Sin embargo, no todos en el régimen obradorista lo entienden de la misma manera. El sector radical, veleidoso y suicida en torno al ex presidente López Obrador, articulado, organizado y administrado por su ex vocero y jefe de la maquinaria de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas –coordinador de asesores de Sheinbaum–, se envolvió en el lábaro patrio tras ver las fotografías de los manifestantes ondeando banderas mexicanas, que se convirtieron, en los ojos de la prensa internacional, en el símbolo de la violenta protesta.
Hans Salazar, uno de los inventos de Ramírez Cuevas que cobraba mensualmente en la Secretaría de la Defensa y era el principal alfil para sus mentiras y difamaciones, escribió: “Reacción ante la brutalidad de la policía de la política anti migratoria de Trump en Paramount, California. Vivan nuestros compatriotas!”. Jorge Gómez Naredo, el aviador que dirige una publicación que floreció cuando Ramírez Cuevas llegó a la Presidencia, apuntó: “Y que nunca se olvide. California es más mexicana que gringa. California nos la robaron los gringos”, la misma línea de La Rayuela, el mini editorial del obradorista La Jornada. “La Catrina Norteña”, una cuenta colectiva que encabeza una funcionaria de la Secretaría Anticorrupción, subrayó: “SERÉ BREVE. California será el Estado 33 de México”.
“La Catrina Norteña” acompañó su mensaje con la misma fotografía que publicó en toda su portada el New York Post, uno de los medios trumpistas. Los radicales de López Obrador manejados por Ramírez Cuevas, empalmaron sus imágenes, aunque con diferente contenido, a las utilizadas por los sectores de extrema derecha estadunidenses, entrando tontamente al juego de la provocación. “La última vez que el gobierno federal demandó a los demócratas que obedecieran la ley y terminaran con el empleo barato y explotado, lanzaron la Guerra Civil”, escribió una analista en Breitbart News, líder de los medios alternos extremistas. “Esta vez parece que intentan quemar sus propias ciudades”.
Las imágenes de las banderas mexicanas como eje visual de las protestas han servido para polarizar todavía más a la sociedad y ubicar a la migración mexicana como el motor de lo que Trump ya comenzó a llamar una “insurrección”. Stephen Miller, director adjunto del Gabinete y el gran ideólogo de Trump contra los migrantes, escribió en X que “ciudadanos extranjeros, ondeando banderas extranjeras, están obstruyendo los esfuerzos de la policía para expulsar a los invasores ilegales extranjeros”.
La maquinaria de propaganda obradorista de Ramírez Cuevas no lo entiende así. Su radicalismo primitivo se fortaleció durante el primer mandato de Trump y en el gobierno de Joe Biden porque López Obrador dio a cambio de que cerraran los ojos a todo lo que pasaba en México, lo que quisieron en materia migratoria, agachándose ante el primero y pisoteando al segundo. Las intromisiones en la política interna de Estados Unidos llegaron a niveles tales que López Obrador activó a las células de Morena en la campaña presidencial para apoyar a Trump y actuar en contra de Biden.
No se sabe si participaron la células de Morena en Los Ángeles para apoyar en los disturbios del fin de semana, pero desde la Ciudad de México los radicales que siguen siendo incondicionales de López Obrador, actuaron de acompañamiento como lo han hecho en anteriores ocasiones. La violencia mexicana que apoyan, es la narrativa que están tratando de imponer los extremistas de Trump.
“En el momento en que aparecieron las banderas extranjeras en las violentas protestas contra ICE el fin de semana en Los Ángeles, es cuando Donald Trump ganó su autoridad moral”, escribió Miranda Devine en el New York Post. “(Los demócratas están amarrados a una tierra sin orden, debiéndole a Biden la invasión con agitadores enmascarados violentos ondeando cualquier bandera, menos la de Estados Unidos”. Fox News, la cadena que ve Trump, repitió imágenes de violencia con la bandera mexicana ondeando en primer plano. Y el FBI ofreció una recompensa de 50 mil dólares a quien informe sobre uno de los protestantes que atacó a los policías el sábado, que llevaba en la mano una bandera mexicana.
Sheinbaum está chocando con el radicalismo obradorista. La presidenta pidió a la comunidad mexicana en Los Ángeles actuar pacíficamente, sin caer en provocaciones; los puros del obradorismo avivan el fuego. Ese aventurismo ya no tiene cabida en estos tiempos y Sheinbaum, si es que puede, tendrá que neutralizarlos antes de que le causen más daño político.

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Candidatos potenciales a que Estados Unidos, si decide ser ortodoxo con sus nuevas políticas de cancelación de visas por afectar sus intereses, los declare algo así como non gratos, son dos altos funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: José Merino, uno de los más cercanos a ella, cuya súper agencia de Transformación Digital instaurará un Estado policial; y Zoé Robledo, director del Seguro Social. No sería por tener relaciones con el narcotráfico, que no es el caso, o cantar corridos de apología de los criminales, que tampoco lo es. Les podría llegar la sanción si le quiere subir el presidente Donald Trump el calor a la estufa en donde tiene parada a Sheinbaum.
Merino, autor de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, criticada por el tufo censor que tiene, tuvo que recular y tragarse los calificativos de autócrata para evitar que cayeran en la presidenta, que está tan convencida como él de construir los instrumentos para silenciar la disidencia. Sheinbaum anticipó que se eliminaría el artículo más controvertido de la ley, el 109, que le daba la facultad a Merino para bloquear plataformas digitales, sin importar las restricciones a la libertad de expresión y a la previa censura, cuyo camino pavimentaba.
Sin embargo, Sheinbaum y Merino han dejado vivo el artículo 201, que establece que los concesionarios necesitan autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, inclusive en vivo. El pretexto era evitar spots como los que se transmitieron en televisión abierta de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, sobre la migración indocumentada. Pero es tan discrecional su aplicación, que YouTube, por donde sigue transmitiéndose el spot, podría ser sancionado por el gobierno mexicano.
La ley es tan estalinista como absurda. Asuntos de interés público como el atentado terrorista a Estados Unidos en 2001, habría necesitado autorización de la Secretaría de Gobernación para transmitirse, porque hubiera sido imposible que pasara por la oficina censora de Bucareli dos semanas antes de los ataques. La cobertura de la muerte del papa Francisco o la reina Isabel II, tampoco podrían haberse transmitido en ninguna plataforma digital por las mismas razones. Sheinbaum y Merino, que junto con los abogados del emporio del magnate Carlos Slim revisaron los detalles y alcances de la ley, dejaron abierta la posibilidad de que discursos de jefes de Estado que fueran críticos del gobierno o audiencias en el Capitolio sobre México, puedan ser interrumpidos por Gobernación.
El artículo 201 –suponiendo que el 109 efectivamente será excluido de la ley–, entra en la nueva política sobre visas que estableció el 28 de mayo el secretario de Estado, Marco Rubio.  En una declaración oficial, Rubio estableció restricciones para quienes busquen censurar a ciudadanos y empresas tecnológicas, bajo el criterio de que estarían atacando la libertad de expresión. La razón original de ese impedimento adicional está en una respuesta a Europa que ha estado limitando a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, pero se aplica también a cualquier otro país, bajo el precepto de que, desde la óptica en Washington, se está afectando la libertad de expresión.
“La libertad de expresión es uno de los derechos más preciados que disfrutamos como estadunidenses”, apuntó Rubio. “Este derecho nos ha distinguido como un ejemplo de libertad en todo el mundo. Incluso mientras tomamos medidas para rechazar la censura en nuestro país, observamos casos preocupantes de gobiernos y funcionarios extranjeros que no lo están haciendo. En algunos casos han tomado medidas censoras flagrantes contra empresas tecnológicas, ciudadanos y residentes estadunidenses, sin tener la autoridad para hacerlo.
“Es inaceptable que funcionarios extranjeros demanden a las plataformas tecnológicas de Estados Unidos adoptar globalmente sus políticas de moderación de contenidos o embarcarse en actos de censura que van más allá de su autoridad y de Estados Unidos. No toleraremos invasiones de la soberanía estadunidense, especialmente cuando esas intervenciones dañan el ejercicio fundamental del derecho a la libertad de expresión”.
Si Merino está en riesgo, Robledo todavía más.
Hace una semana Rubio anunció la restricción de visas a funcionarios de varios gobiernos de Centroamérica y a sus familiares por su vinculación a un esquema de esclavitud laboral del régimen cubano, responsables de “programas de misiones médicas que incluyen elementos de trabajos forzados y explotación de trabajadores cubanos”. Aunque el anuncio estaba dirigido a otra región, el gobierno mexicano se puso el saco, entendiendo que en cualquier momento este criterio podría extenderse al régimen obradorista.
Robledo fue el responsable de contratar médicos cubanos para que trabajaran en México durante la pandemia, aduciendo que no había suficientes doctores para atender las necesidades. El ex presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los médicos mexicanos de no querer trabajar fuera de su zona de confort y que por eso se necesitaban los cubanos, que los metió en esta nueva tesitura. López Obrador y este año la presidenta Sheinbaum, contrataron doctores cubanos cuyos salarios no los reciben ellos, sino el gobierno de La Habana, que recibe el pago en dólares y remunera en pesos cubanos a los doctores en la isla.
La revista especializada en temas de salud The Lancet, estimó que entre 2022 y 2023 el gobierno de López Obrador pagó al régimen cubano 24 millones de dólares por sus médicos. La prensa calculó que se pagaron alrededor de mil 300 dólares por cada médico cubano a una empresa estatal, que les entregó solamente una tercera parte de lo ingresado por su trabajo. La contratación de médicos cubanos fue renovada este año en los mismos términos, y por eso Sheinbaum, sintiéndose aludida, retó a  Estados Unidos a demostrar que hay explotación laboral.
Rubio no hablaba de México, pero hizo un control de daños preventivo. El arreglo entre Palacio Nacional y La Habana ha sido criticado no solo por ser un financiamiento disfrazado para el régimen cubano, sino violatorio de derechos laborales. Sheinbaum captó la amenaza velada a Robledo, pero aún no se percata que, en otro campo, más peligroso para su proyecto autócrata, es la que se cierne sobre Merino.

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En la Ciudad de México conviven los dos gobiernos de mayor influencia y recursos del país, el federal y el local que, sin embargo, no están gobernando. Millones de personas han resultado afectadas por plantones y movilizaciones. Cientos de miles lo han sido porque las lluvias han hecho de las grandes avenidas capitalinas canales de agua que impiden transitar. Hay apagones de luz que a veces tardan horas en resolverse, y un Metro con problemas diarios que grita semanalmente que viene una tragedia. La presidenta y la jefa de Gobierno están rebasadas, por la realidad y en sus capacidades.
Hay estampas que subrayan el descontrol.
Los casi tres kilómetros cuadrados del primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se encuentra el Palacio Nacional y el Palacio del Ayuntamiento, asiento de los poderes federal y local, la Catedral, dos de los mejores museos del país, Bellas Artes, y el principal corredor de compra y venta de joyas en el país, hoteles, restaurantes y el corazón de una vida cotidiana intensa, están inutilizados por un plantón de la disidencia magisterial, que desbordó al Zócalo y se amplió a las principales avenidas y calles que convergen en la Plaza de la Constitución.
Otras son estampas lastimeras.
Policías que con cubetas recogen agua de los bajo puentes inundados, llenos de frustración e impotencia a sabiendas que nada lograrán, que refleja la falta de trabajo de desazolve del gobierno capitalino. Los museos, incluido el ganador del Premio Princesa de Asturias, el Museo Nacional de Antropología, que se encuentra entre los 10 más importantes del mundo (El País, 13/09/2018), estuvo cerrado junto con los más grandes e importantes de los 189 que hay en la capital, porque no hay dinero para cuidarlos, hasta que quedaron exhibidas las autoridades. El hombre al que atropelló un autobús en un aparcadero y que tuvo que esperar tirado en la calle una hora hasta que llegara una ambulancia a apoyarlo.
Agentes manejando el tránsito, que es un eufemismo de despropósito en la administración de la circulación, que manipulan los semáforos viendo sólo la esquina ante sus ojos, sin indicarles nadie –como se hacía en el pasado–, qué hacer para evitar congestionamientos de varios kilómetros de longitud. Los baches que se van expandiendo cada día porque por días, semanas o meses, incluso, las autoridades no acuden a taparlos, como tampoco resuelven las innumerables fugas de agua que tiran miles de metros cúbicos de tan preciado bien. O las obras de la CFE que dejan abiertas las calles por semanas.
En efecto, qué desastre.
La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, prometió llevar su proyecto de Utopía de Iztapalapa, que gobernaba, al resto de la Ciudad de México, ofreciendo hacer posible lo imposible, pero empatanándose en la realidad de una ciudad distópica. No está mejor su examiga y camarada, la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien se le han ido de las manos temas del ámbito federal que impactan en la capital, como la temporada de plantones y movilizaciones de la CNTE, que siempre comienza el 15 de mayo hasta que doblega al gobierno en turno y se van con prestaciones y dinero en las bolsas, pero que ahora le han subido las presiones y los costos.
Una de las tantas frases de campaña que se hacen sin pensar en lo que ofrecen, se convirtió en un búmeran, la derogación de la Ley del ISSSTE sobre pensiones. Como sucede con quienes de la oposición saltan a ser gobierno, la realidad la rebasó. No hay dinero por lo que Sheinbaum no puede cumplir lo que juró. Como respuesta le inmovilizaron Palacio Nacional y sabotearon sus actividades.
En los primeros 15 días de las movilizaciones, las ventas de más de cinco mil negocios en el primer cuadro del Centro Histórico se desplomaron 90 por ciento, afectando a un millón de trabajadores, de acuerdo con el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, que calculó en esas dos primeras semanas pérdidas por 15 mil millones de pesos (Excélsior, 29/05/2025). Ahí mismo, un millón de clientes abandonaron los 30 mil establecimientos mercantiles que dan empleo a 170 mil personas (El Financiero 20/05/2025).
El plantón y las movilizaciones afectan a decenas de miles todos los días, que ven a Sheinbaum actuar con acciones que favorecen a la CNTE. No los vamos a reprimir, ha dicho, confundiendo el orden para que los maestros mantengan la libertad de protestar y movilizarse hasta el punto donde afectan la libertad de otros. La presidencia no entiende mucho del concepto clásico de libertad, y los capitalinos están pagando su deficiencia que, por lo demás, le sigue constando cada día más. Sus negociadores quisieron resolver el problema dividiendo a la CNTE con privilegios y dinero para la Sección 22, pero fue contraproducente.
Un puñado de normalistas chiapanecos –quizás no más de 30 cada día–, estrangularon durante más de 40 horas el cruce de Reforma e Insurgentes, las dos grandes arterias de la ciudad y posiblemente la intersección, en términos de cruce de personas e impacto económico, más importante de América Latina, con el pretexto de un supuesto asesinato de uno de sus compañeros, que tiene detrás a los maestros de Chiapas, donde nació la CNTE, reclamando que fueran excluidos de la negociación. Los maestros de Guerrero también mostraron su inconformidad y atacaron la Secretaría de Gobernación para tirar su puerta y sabotear su reunión con la CNTE. Fueron repelidos con el humo de extintores, que para la violencia que mostraron, fue casi como lanzarles pétalos de rosas para que se fueran.
La violencia en el país se ha extendido a la Ciudad de México, con ejecuciones al alza, colgados de puentes y restos humanos en bolsas que no habíamos visto, y convoyes de criminales que hasta antes del plantón circulaban sin problema muy cerca de donde duerme la presidenta. La capital está sumergida en el caos.
Sheinbaum y Brugada no pueden con una realidad que arrasó con la gobernanza. Los capitalinos tendremos que salir adelante como otras ocasiones, ignorando a los gobiernos, y administrando el desorden y la ingobernabilidad hasta el nuevo día.

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Ya salió la segunda parte de la charada judicial. Con el 80 por ciento de las actas computadas, un ejercicio meramente de trámite en el Instituto Nacional Electoral, cuatro de los cinco aspirantes al nuevo Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, cuyos nombres circularon profusamente en los acordeones que distribuyó el gobierno y Morena para inducir el voto, son quienes más respaldo tuvieron en las urnas. Con esto se amarran las pinzas del Poder Judicial: La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Disciplina, que jugará las veces de comisario político, quedarán en manos del régimen, aunque el jefe de prácticamente todos los juzgadores que quedaron en esos cuerpos, será Andrés Manuel López Obrador.
Ni la Suprema Corte ni el Tribunal de Disciplina se integraron sobre la base de méritos, más allá de que varias y varios de sus integrantes tengan buenas calificaciones, como se puede apreciar en los cómputos distritales, donde ningún contendiente que saliera del Poder Judicial actual quedó cerca de los elegidos por los liderazgos del nuevo sistema político, subordinados al expresidente, que dejó algunos pequeños espacios libres para que las demás fuerzas de Morena -¿–que no es un movimiento hegemónico, sino con cabeza de Medusa– se repartieran posiciones.
El Tribunal de Disciplina ratificó el poder de López Obrador. Celia Maya, que fue dos veces candidata al gobierno de Querétaro y dos veces nominada por López Obrador a la Suprema Corte –lo que subraya su apoyo a ella–, se perfila para encabezar el Tribunal de Disciplina al tener el mayor número de votos. Atrás de Maya están Bernardo Bátiz, incondicional hasta la ignominia del expresidente, de quien fue procurador cuando gobernaba la Ciudad de México, y Eva Verónica de Gyvés, a quien también impulsó López Obrador para la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República.
De Gyvés es esposa del poderoso presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, que tiene una casi inmejorable relación con Yasmín Esquivel, que repetirá como ministra en la Suprema Corte, y que junto con Lenia Batres, Loretta Ortiz, María Estela Ríos y Hugo Aguilar, quién será el nuevo presidente del máximo órgano constitucional, deben a López Obrador esa nueva fase de su vida.
Maya, Bátiz y de Gyvés pasarán al Tribunal de Disciplina directamente del órgano al que sustituirá, el Consejo de la Judicatura, al que llegaron por el dedo de López Obrador. De los dos restantes miembros que integrarán el Tribunal de Disciplina, hay uno totalmente pro-régimen, Rufino León, trabajó en los gobiernos de la Ciudad de México bajo Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, muy cercano al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mientras que Indira García, que llegará tras una larga carrera administrativa y judicial en Colima, parece ser la única no morenista de la lista.
El Tribunal de Disciplina es un órgano fundamental por ser quien vigilará y garantizará que jueces y magistrados “actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley”, pero su independencia técnica y de gestión, a lo cual legalmente estaría obligado, no se va a dar. No se requiere adivinar el futuro, sino recordar el pasado.
Maya, Bátiz y de Gyvés aportaron tres de los cuatro votos para que en diciembre pasado se cerrara la investigación en el Consejo de la Judicatura contra el exministro Arturo Zaldívar, redactor de la reforma judicial que deseaba López Obrador, por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial mediante presiones, amenazas y represalias contra jueces y magistrados, “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, de acuerdo con una denuncia anónima de 32 páginas.
La instrucción era proteger a Zaldívar y así lo hicieron. El exministro había sido un instrumento estratégico de López Obrador para acosar y perseguir a jueces y magistrados que emitieran resoluciones en contra de sus megaobras, sin importar las múltiples violaciones a la ley que cometiera. Si eso hizo cuando el Poder Judicial no estaba entregado a él y existían contrapesos, lo que sucederá a partir del 1 de septiembre no necesitará negociación ni presión del régimen; será una instrucción que se acatará.
El Poder Judicial que conocemos está en la fase final de extinción. El nuevo no resolverá las injusticias actuales ni construirá una ley igualitaria, porque la premisa bajo la cual funcionará en las áreas estratégicas para la consolidación del régimen, es la subordinación. De su colonización por parte del gobierno y los polos de poder del régimen, ha surgido la crítica y preocupación del aniquilamiento del estado de Derecho al que conduce el camino de la incertidumbre jurídica, que pone en riesgo no solo las inversiones, sino el sistema de libertades que se irá aniquilando.
No es una percepción doméstica. Así nos están viendo en todos aquellos países donde la democracia sigue siendo el sistema de organización social. Es una bufonada hablar de que nos parecemos a los griegos y su democracia. La elección judicial del domingo tuvo todas las características que lejos de reflejar a los atenienses de hace unos dos mil 500 años, la actitud del régimen recuerda a los macedonios que los aplastaron junto con su democracia. Basta leer la prensa internacional o ver los noticieros extranjeros para comprobar que aquí pueden engañar y comprar votos y conciencias, pero no pueden timar a todos.
Tampoco se trata en este momento de la regresión al pasado que se consumó, sino de cuáles serán los resultados de lo que viene. Es una mentira cínica hablar de que este nuevo Poder Judicial será más justo, más libre y nos coloca en la cima de las democracias. Este nuevo Poder Judicial llevará a quién tenga un problema legal o quiera invertir, a hablar con quienes sean capaces de garantizar la certidumbre jurídica, como sucede en países de África y Asia, donde cobran los jefes tribales y warlords para que los dejen vivir en paz o trabajar. Aquí tendrán que ir a Palenque, con los nepobabies de Morena, con la presidenta, con los coordinadores parlamentarios de su partido o con los grupos criminales, porque certidumbre jurídica institucional, no existirá.

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Las frases que definirán el control del gobierno sobre el Poder Judicial, el último contrapeso institucional que le faltaba colonizar, son memorables. Fue un éxito democrático, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Votó el pueblo informado, agregó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. ¿Acordeones con los nombres de quienes debían ser votados? No fue obra del gobierno, ni del partido, ni de la Santísima Trinidad con cara de morena. Fue gracias a “un montón de creatividad” de los mexicanos, explicó la líder del partido en el poder, Luisa María Alcalde. La magia mexicana y sus frutos.
Los nombres de las personas que quería el régimen que ganaran, los mexicanos muy bien informados los trasladaron a un acordeón para iluminar a los votantes. El ejercicio fue “un ejemplo para el mundo”, describió Sheinbaum. La lista de nombres que salió de Palacio Nacional vía WhatsApp a los gobernadores hace tres semanas, apareció en las guías repartidas en las calles en vísperas de la votación. Posteriormente, el Instituto Nacional Electoral confirmó que lo que estaba ahí escrito era ley: quienes querían en la nueva Suprema Corte de Justicia, resultaron electos.
De esta forma se consumó el Primer Acto de la farsa mexicana, una tragicomedia con consecuencias para el país. No hubo ninguna sorpresa en el grupo que recibió el mayor número de votos, salvo que las favoritas, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, fueron superadas ampliamente por un desconocido para muchos, Hugo Aguilar Ortiz, pero muy cercano al presidente emérito, Andrés Manuel López Obrador, que lo metió en la contienda –y quizás lo llenó de votos– en agradecimiento que hubiera sido él quien le consiguió los derechos de vía del Tren Maya.
Sheinbaum fue la mensajera que transmitió a los gobernadores los deseos del régimen, que fueron operados por Andrés López Beltrán, el hijo del emérito a quien llaman Andy, que quería de ellos un acarreo del 20 por ciento de participación. Se quedaron cortos. En Chiapas, donde se encuentra la residencia de López Obrador, solo participó el 10 por ciento del padrón. En Palenque, donde está su finca “La Chingada”, la participación fue igual.
La Ciudad de México, el principal granero de votos de Morena, entregó una participación de 16.2 por ciento, donde la movilización en Iztapalapa, bajo control de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contribuyó con el 14 por ciento de ese total, y la Gustavo A. Madero, donde se encuentra su otra máquina de votos, contribuyó con el 16 por ciento. En el estado de México, la segunda entidad con mayor fuerza del régimen, apenas si participó el 10.9 por ciento. Y en Veracruz, donde hubo elecciones locales, hubo una participación de 17.4 por ciento, aunque en los comicios votó casi el 50 por ciento del padrón.
Es decir, en los grandes estados morenistas, votaron entre 1 y 1.7 personas de cada 10 –sin descontar votos anulados o no rellenos, que bajarán el porcentaje de votación efectiva a un 8 por ciento–, con lo que la corona de laureles para la reforma judicial, se humedeció. Las comparaciones de Sheinbaum de peras con manzanas y confundiendo la magnesia con la mayonesa para eliminar el hecho que la gran reforma del régimen salpica ilegitimidad, no la dignifican como jefa de Estado. El videógrafo del expresidente, Epigmenio Ibarra se esforzó para alcanzar la lucidez de Rodríguez, Alcalde y Sheinbaum, y preguntó: ¿por qué tendrían que haber salido a votar?
La respuesta es simple: la legitimidad democrática se basa en la participación electoral, y cuando un poder alinea los subsistemas sociales, no hay legitimidad. México dejó de ser una democracia ante los ojos de muchos, internamente y en el mundo. Vivimos, como clasificó a México el Índice de Democracia de The Economist, el semanario más influyente del mundo, en un “régimen híbrido” que no es ni demócrata ni una democracia fallida, debido a sus irregularidades electorales, presiones sobre la oposición y un débil estado de Derecho. El rumbo que tomó el país hace tres décadas, cambió en 180 grados su puerto de destino.
El que hayan votado oficialmente 12.4 de cada 100 personas, definitivamente no da legitimidad. La reforma es legal, de cualquier forma, lo que no le quita lo fraudulento, ni de origen –como se ha explorado en este espacio en ocasiones anteriores–, ni en el resultado.
Alcalde, que por lo que se ve entiende bastante de la idiosincracia y capacidades mexicanas, es la única que quizás pueda explicar metafísicamente cómo fue posible que Hugo Aguilar Ortiz, un funcionario de cuarto nivel, desconocido y sin promoción, que sin terminar aun el cómputo, es el candidato a ministro de la Suprema Corte más votado, con cinco millones 295 mil 364 boletas a su favor.
Aguilar Ortiz, es parte del primer acto del engaño judicial. Dijo que es indígena, pero es mestizo; afirmó que fue asesor del EZLN, pero los asesores del movimiento ya lo desmintieron. Nadie encuentra tampoco su título de maestro, un grado que dijo tener. El abogado está en el umbral de dirigir la Corte durante los próximos dos años, a la que habrá llegado con mentiras y fraudes.
El nuevo ministro le debe todo a López Obrador, igual que Yasmín Esquivel, que invirtió mucho para ser la presidenta de la Corte y no le alcanzó, Loretta Ortiz, que tiró por la borda una distinguida carrera de tanto que se hincó ante los deseos del presidente emérito, y Lenia Batres, que tiene la segunda votación más alta. Es hermana de Martí, un experimentado operador político en la capital federal, que además contará con otro cercano en la Corte, Francisco Anaya, que trabajó con López Obrador antes de irse con el actual director del ISSSTE. Sara Irene Herrerías le deberá el cargo a su jefe, el fiscal Alejandro Gertz Manero, que la ha apoyado con todo. Y nadie de los tres abogados que también llegarán a la Corte, Irving Espinosa, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero, tiene vínculos visibles con Sheinbaum.
Su Corte le pertenecerá a otros, subrayando la farsa más grande de este primer acto. Nunca un presidente tuvo más poder que Sheinbaum, y probablemente nadie tendrá menos poder que ella, que lo ha tenido que repartir, como diseñó su mentor.

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