En una de sus múltiples colaboraciones periodísticas, Salvador Guerrero Chiprés escribió el viernes pasado en el 41 aniversario del asesinato de Manuel Buendía, el columnista político más influyente de su generación, e incluyó en sus últimas líneas una afirmación que no venía al caso, pero que sugiere conflictos dentro del gobierno de la Ciudad de México por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los dos colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que mañana cumple dos semanas de haberse ejecutado.
“Por fortuna –apuntó–, eso no sucede (asesinatos como el de Buendía) en la ciudad gobernada por Clara Brugada, ni en el país cuyo ejecutivo preside Claudia Sheinbaum. En aquel entonces (1984) se ocuparon casi cinco años para detener a José Antonio Zorrilla Pérez (director de la extinta Dirección Federal de Seguridad), autor intelectual del crimen contra Buendía”. La inteligencia investigadora ha mejorado.
Guerrero Chiprés es director del C-5, el centro de comando de la Ciudad de México desde donde se controlan las más de 81 mil cámaras de videovigilancia en las calles de la capital que alertan a las autoridades de situaciones de riesgo y emergencias. Lo han criticado porque, acusan en la opinión pública, las cámaras no funcionaron durante el asesinato de la secretaria particular de Brugada y de su principal asesor. “La inteligencia investigadora ha mejorado”, dijo cáusticamente.
Esa frase intriga por lo que oculta. No es cierto que ya no sucedan asesinatos como el de Buendía. De hecho, hay más asesinatos o atentados de alto impacto en la actualidad, que hace cuatro décadas. No obstante, entre los dos episodios hay una fuerte analogía: el de Buendía fue para eliminarlo porque creían altos funcionarios del gobierno federal que iba a publicar detalles de la narcopolítica, mandando un mensaje al periodismo de investigación. El de Ximena y José fue un mensaje para Brugada, blancos perfectamente seleccionados para que entendiera de lo que se trataba. Los tres crímenes fueron en una hora pico en avenidas muy transitadas. Los tres fueron para amedrentar y cambiar el rumbo de las cosas.
Guerrero Chiprés miente para esconder cosas. El asesinato de los asesores de Brugada fue mucho más grave que el de Buendía. Al periodista lo calló el Estado; los asesores de la jefa de Gobierno murieron porque hay cosas ocultas del gobierno capitalino sin resolver, que se arrastran desde que Brugada era alcaldesa en Iztapalapa. En el primero no hubo desafío al Estado; el segundo fue una afrenta al Estado. Pero no es lo único de lo que no está hablando. El director del C-5 afirma en público y en privado que las cámaras sí funcionaron, pero no existe evidencia de ello. Guerrero Chiprés, enamorado del micrófono y las cámaras, no ha dado ninguna entrevista, ni aportado pruebas de que dice la verdad.
Cuando atentaron contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2023 casi a las 11 de la noche, el entonces secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, mostró a la prensa 12 horas después la línea de tiempo del atentado con videos y horas de cómo huyeron y hacia donde se escaparon los atacantes. El crimen de Ximena y José fue poco antes de las 8 de la mañana, y hasta unas 30 horas después, el secretario capitalino, Pablo Vázquez, y la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Luján, narraron en una conferencia de prensa cómo huyeron los atacantes sin mostrar una línea de tiempo con horas de la huida.
A diferencia de lo que hizo García Harfuch, no dieron a conocer los videos que sustentaran sus dichos. Por lo que escribió Guerrero Chiprés sí existen, por lo que la pregunta es porqué la esconden. Desde que aparecieron Luján y Vázquez juntos, no se ha dado prácticamente nada de información, y la más sustanciosa provocó un choque entre ellos. La Secretaría de Seguridad informó que la Oficina de Asuntos Internos había suspendido a dos policías presuntamente por manipulación de pruebas. Un día después, Luján desmintió que hubiera tal irregularidad, enfatizando, sin embargo, que era un caso complejo que llevaría tiempo resolver. ¿Quién mintió?
El choque se apagó en la opinión pública pese a tener un importante hipertexto. Vázquez pertenece al grupo de García Harfuch, quien ejerció su influencia para dejarlo a cargo de la Secretaría de Seguridad capitalina, pese a que Brugada es políticamente rival del actual titular de la Seguridad federal. Brugada pertenece al ala dura del régimen, del que surge la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que se distanció de esa facción y de Brugada cuando fue el ariete del sector puro del presidente emérito Andrés Manuel López Obrador en la lucha por la candidatura al gobierno en la capital federal. Luján pertenece a esa franja del obradorismo, como su hermana Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, que junto con Andrés López Beltrán, secretario de Organización del partido, controlan parte del poder del régimen.
Hay un enfrentamiento entre Sheinbaum y Brugada a nivel de equipos, que va en aumento, aunque la jefa de Gobierno mantiene informada directa y permanentemente del avance de las investigaciones a la presidenta. Nada ha salido de estas, pero durante el velorio de los colaboradores, miembros de la UPREZ, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, que cuenta entre sus líderes a los hermanos de Muñoz y a la propia Brugada, expresaron su convencimiento que el asesinato de Ximena y José, había sido un ajuste de cuentas interno. No es el único crimen extraño en las entrañas del régimen en los últimos meses. Funcionarios federales piensan que el asesinato de Milton Figueroa, el jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad capitalina el año pasado, muy cercano a García Harfuch, fue para frenar sus investigaciones de presuntos vínculos de comandantes locales con criminales.
Los asesinatos de los tres funcionarios tienen que resolverse, y las diferencias entre las diversas alas del régimen, superarse. De otro modo, las conjeturas que se hacen los equipos que sugieren una guerra interna entre facciones por el poder, seguirán creciendo y, eventualmente, trasladarse a acciones que todos puedan lamentar, si es que no estamos ya en esa etapa.

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Para quienes nacieron hace 31 años, el México al cual despiertan hoy no será igual. Son alrededor de 63 millones y medio, casi la mitad de quienes nacimos antes de 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial. Este que conocimos, con sus fallas, injusticias, corrupción y privilegios, fue también un contrapeso al presidente en turno que emitió resoluciones históricas para frenar y corregir abusos y excesos. Al que nos adentramos quienes vivimos ese Poder Judicial y para quienes navegarán en una nueva experiencia, será como entrar en un túnel oscuro donde no sabemos qué nos deparará.
Muchos pidieron una reforma urgente al Poder Judicial, pero no es lo que se consumó ayer. Con trampas y engaños, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum lo liquidaron. Se escudaron en que era la voluntad popular que votó mayoritariamente por ella, pero era otro engaño. Votó la ciudadanía por algo abstracto, sin conocer la demolición que tenían en mente. La narrativa que era una institución repudiada también fue falsa; su nivel de confianza era similar: 53.6% el gobierno y 52.6% la Suprema Corte –con la que se identifica al Poder Judicial–, de acuerdo con la última encuesta del INEGI.
El “pueblo”, tras el cual esconden su alma autoritaria, no les dio el mandato para reformar la Constitución y liquidar el sistema que teníamos. Hicieron fraude a la ley para tener una mayoría calificada en el Congreso, y comprar votos a cambio de perdonar actos criminales para alcanzarla en el Senado. Esto, que es cosa del pasado, se les cobrará en el futuro. Los traidores levantamanos de hoy, serán juzgados mañana. No será su problema, pero sí para sus hijos y descendientes, que cargarán la infamia que les heredaron sus padres, que cambiaron su conciencia por un huesito de poder efímero. Será difícil olvidar sus apellidos.
Se desconoce cuántas personas acudieron a votar ayer por los juzgadores de la nueva reforma judicial de López Obrador y su sucesora Sheinbaum. Hasta en esto ya cocinado, violaron la legalidad. Hubo inducción de voto, se metió el régimen a manipular obscenamente la opinión de los electores, e inyectaron millones de pesos en el acarreo nacional. Y, por las dudas, para buscar la legitimidad tienen la la complicidad del Instituto Nacional Electoral, de embarazar urnas en el recuento de votos, sin testigos independientes en ello.
Para muchos de los que tienen menos de 31 años, quizás no les importe mucho lo que se consumó ayer. Quizás les diga algo que, como apuntó un editorial del The Washington Post el sábado, México ya es parte del club de los autócratas que modificaron el Poder Judicial a modo de sus necesidades, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Turquía, Hungría, Filipinas y Zimbabwe . Si aun así los mayores en ese grupo no comprenden lo que significa matar el Estado de derecho, pueden hacer un ejercicio a partir de quiénes será los juzgadores en los tribunales que más importan porque son los que definirán el futuro del país, para vislumbrar el México en el que vivirán a partir de hoy.
La cabeza de la reforma judicial es la Suprema Corte de Justicia. En unos días podrán ver si la lista en los acordeones que distribuyeron con los nombres de a quién quería Sheinbaum como vecinas, lo ratifica. También podrán confirmar si las cartas del régimen para presidirla, Lenia Batres o Yazmín Esquivel, resultan electas como la cabeza de toda esta transformación en reversa.
Hay otros juzgadores que habrá que revisar de manera inversa; es decir, quién quedó y cuáles son sus orígenes y apoyos. Algo que concierne a todos, porque es la parte donde más ha mostrado su cara autoritaria el régimen, es en el aspecto penal. Ahí, los juzgados a analizar quiénes los encabezarán son los penales del Altiplano, en el Estado de México; Puente Grande, Jalisco, y Reynosa, Tamaulipas, sin olvidar el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a donde envían a los políticos a los que se acusa, justa o injustamente, de un delito. En varios de ellos se espera ver la mano de Morena, y en algunos más habrá que ver si esa mano oculta la de los cárteles de las drogas.
Otros tribunales importantes para observar a quiénes queden, son los juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que ven regulaciones, impiden monopolios y empresas predominantes, cuyos fallos tienen impacto directo en los consumidores. Los tres juzgados especializados están en la Ciudad de México, aunque tienen competencia en el resto del país, y dos de ellos se votaron en Iztapalapa. ¿Por qué en esa alcaldía? Nadie lo ha explicado, pero es donde Morena tiene su locomotora de movilización y su principal granero de votos.
Muy importantes son los 32 tribunales administrativos en el país, en particular el 4º y el 5º, donde tradicionalmente los jueces y magistrados son los más influyentes a nivel nacional, por ser nombrados en ellos los más capaces, cuyos fallos y resoluciones suelen ser seguidos por sus pares a nivel nacional, y donde algunos frenaron los abusos y violaciones legales de López Obrador.
Finalmente, habrá que revisar quiénes quedan al frente del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura y se encargará de la disciplina y el control interno de jueces y magistrados. La referencia será el fallo del Consejo de la Judicatura en diciembre pasado que cerró la investigación en contra del ex ministro de la Corte Arturo Zaldívar y de varios de sus colaboradores, por posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones, observando quiénes de los que votaron para cancelar el expediente, fueron premiados con cargos en ese tribunal.
Hay dos visiones encontradas sobre esta reforma. El régimen y sus voceros sostienen que será un sistema más justo para todos, por su origen democrático  donde “el pueblo” los eligió. Los críticos en México y en el mundo democrático, piensan lo contrario. No será más justo. Tampoco fortalecerá la democracia sino a la tiranía. Los que menos tienen sufrirán más. Y la ley quedará en manos de los poderosos y los criminales.

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Este domingo se consagrará en las urnas el berrinche de Andrés Manuel López Obrador. La venganza del expresidente contra la Suprema Corte de Justicia, en su mente perversa, estrecha y absolutista, acabará con la República que dos generaciones conocieron y nos regresará a la era del partido hegemónico y autoritario una vez que se consuma en las urnas lo que desde septiembre ya era un hecho: un sistema de juzgadores electos por la voluntad popular, en un proceso ilegítimo desde un principio al ser aprobada su reforma judicial por una mayoría calificada ficticia, cuyo camino espurio hacia la transformación negativa de México marcará el final de la transición democrática que nunca llegó a consolidarse.
Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no habrá un Poder Judicial más democrático que aquel que emane de la voluntad popular. Qué otra cosa puede decir. Ella piensa como López Obrador, violador sistemático de la legalidad, sangre de su sangre política y que suele confundir el concepto de democracia, que busca un equilibrio de poderes, no el sometimiento de todos los poderes al Ejecutivo, que es lo que va a suceder. Su afirmación superficial, que nunca desarrolló como argumento, se cae como un castillo de papel. Nadie sabe si de entre las más de tres mil personas que se apuntaron al proceso saldrán buenos juzgadores, pero sí se sabe que la decisión del voto no dependerá de quién era la mejor o mejor capacitado, sino quién tenía el respaldo político y económico para llevar personas a las urnas.
La movilización corporativa está en marcha, con exigencias desde Palacio Nacional para que los gobernadores del régimen lleven el domingo a las urnas del 10 al 20 por ciento de su padrón electoral local. El voto está inducido mediante acordeones que circulan abiertamente, donde se señalan en plantillas los nombres de quienes deberán escoger. Los medios han documentado hasta ahora que varios gobiernos de Morena, incluido su bastión en la Ciudad de México, y uno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, participan de esta manipulación profundamente antidemocrática.
El daño a la Nación se consumó en septiembre, pero lo que busca ahora Sheinbaum es darle legitimidad con un alto número de votos, por lo que ha polarizado la elección, donde votar es ser de izquierda, aunque el método para conseguir los sufragios sea similar al que utilizan las dictaduras, y no votar es de derecha, descalificando incluso a aquellos que coinciden con su proyecto general. Los cálculos de participación van del 10 al 20 por ciento del padrón electoral –que coincide con lo que exigieron a los gobernadores–, pero cualquiera que sea el resultado, tendrá una enorme mancha de sospecha sobre lo que salió.
Los arquitectos de este bodrio no estuvieron preocupados por ello, y contó con cómplices en el camino. El Instituto Nacional Electoral organizó una elección que no será contada por los ciudadanos, sino por ellos, no en las casillas, sino en los distritos electorales, y no se cancelarán las boletas no utilizadas, algunas de las cuales, como se ha denunciado, están marcadas desde hace algunos días. Es decir, lo que antes era abierto y transparente, ahora será cerrado y opaco.
Lo más candente de la elección ha sido la discusión entre quienes anuncian que no irán a votar, y los que sí lo harán. El debate es sobre la legitimidad del proceso, donde quienes piden el boicot alegan que una baja participación mostrará el poco apoyo de la reforma al proceso. Su razonamiento es correcto, pero no para el México en el que hoy vivimos. Al régimen no le importa si tiene legitimidad o no, porque no le cuesta. La presidenta está reprobada en prácticamente todos los rubros de su gestión, pero mantiene una aprobación de más de 7 de cada 10 mexicanos, a quienes tampoco parece interesarles la elección. En una reciente encuesta de Enkoll, el 86 por ciento dijo estar enterado de la elección, mientras que el 77 por ciento dijo que no sabe quiénes competirán. ¿Y? ¿Algún problema?
Lo que sí mostraron los encuestados de Enkoll, fue optimismo. El 65 por ciento dice que aumentará la confianza al Poder Judicial, porque, como respondió el 60 por ciento, reducirá la corrupción. No hay indicios de que esto vaya a suceder, sino todo lo contrario. Los análisis de quienes saben de cuestiones judiciales, incluidos especialistas que simpatizan con el régimen, entre quienes se encuentran algunos que diseñaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para Sheinbaum, consideran que será una regresión.
No se están esperando a ver los resultados del nuevo Poder Judicial, que es la forma como se mide si algo funcionó o no, sino a la profunda incertidumbre jurídica que este inédito modelo en el mundo, significa. El campo es tan abierto, que sería el equivalente a votar por el doctor que le hará un trasplante de corazón, o que los pasajeros voten por un piloto para depositar sus vidas en las manos de cualquiera confiando en que los llevará sin peligro a su destino. Por supuesto hay muchos aspirantes que tienen méritos como juzgadores, aunque quizás no todos para los retos que tienen enfrente, como una ministra de la Corte que recuerdan sus compañeros en la Facultad como una estudiante buena para nada, y otra que por tener una relación con el colaborador de un muy alto funcionario, ganó su pase automático al máximo tribunal mexicano.
Las entrañas que ha mostrado esta transformación del Poder Judicial están trasladándose de lo subjetivo –las percepciones ominosas– a la realidad, como el freno de la inversión extranjera, la mudanza de multinacionales agobiadas por la corrupción, y la idea global de que la democracia mexicana está agonizando. Lo que anticipan hoy los expertos es que la justicia que dice el régimen vendrá en los tribunales, producirá resultados contrarios para quienes menos tienen, y no desaparecerán las injusticias que existen hoy. La solución de litigios se decidirá en la medida de los apoyos del régimen o la profundidad del bolsillo. Es cierto que no sabemos que vendrá en el futuro, pero los escenarios dramáticos planteados se nutren de lo que estamos viviendo en el presente, derivado del berrinche vitriólico de un solo hombre.

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Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, la institución que está acreditada en la Corte de Miami con representante del gobierno de México en el caso que inició hace un lustro contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, dijo que Samuel Weinberg y su hijo Alexis, a quienes se les menciona como sus socios, tienen 30 días para formalizar un acuerdo con la Fiscalía General para obtener el criterio de oportunidad, donde imputarán a importantes ex funcionarios a quienes presuntamente pagaron miles de millones de pesos, a cambio de contratos multimillonarios. Hasta este día, eso parece un mero formulismo técnico, porque el acuerdo está terminado, aunque no judicializado.
La denuncia la presentó originalmente el anterior jefe de la UIF, Santiago Nieto, que retomó Gómez con un abogado en Miami hábil y talentoso, que le dio cuerpo y forma a un caso que parecía que no tendría alas para volar. También fue una pieza central en el armado de las declaración de los Weinberg ante ministerios públicos federales mexicanos en Miami, que fue evolucionando. El acuerdo original que le ofrecieron a los Weinberg fue el criterio de oportunidad a cambio de imputar a García Luna. Gómez lo profundizó. Durante meses insistió en que declararan contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que finalmente terminaron de hacer.
Las declaraciones de los Weinberg, que forman parte del proceso para obtener el criterio de oportunidad, son prácticamente idénticas y están bien cuidadas y acotadas, probablemente para que en el momento en que se inicie su juicio en México –que habrá salvo que tengan un desacuerdo en el momento de judicializar sus pruebas–, no brinque en direcciones que no desean que afecte a personas a las cuales han logrado encapsular de cualquier imputación.
Una de ellas es Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo nombre apareció hace unas semanas porque su pareja sentimental, la empresaria Julia Abdala, le vendió una propiedad en Polanco a Alexis Weinberg. La operación fue mercantil, como lo demostró públicamente, pero alimentó la especulación. Bartlett fue a ver a Gómez para conocer si había alguna acusación en su contra, pero el jefe de la UIF lo tranquilizó y le aseguró que no había ninguna investigación en su contra. Abdala tiene una muy larga relación con los Weinberg porque la esposa de Samuel, Silvia Pinto, es tan cercana a ella que muchas veces piensan que son primas. A través de Abadala, Bartlett conoció a Samuel cuando era gobernador de Puebla, y compartieron la mesa con García Luna y su esposa, en la boda de Alexis en 2003.
Pero hay nombres que no fueron revisados, pese a estar señalados explícita o implícitamente, y sus responsables no figuran, como algunos de quienes fueron imputados en la denuncia de la Fiscalía General en 2020 contra 61 funcionarios, los Weinberg y su socio Natan Wencier Taub.
Entre ellos destacan, toda vez que muchos de los contratos que presentaron los Weinberg como prueba de sobornos a cambio de las adjudicaciones tienen que ver con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, los ex comisionados del organismo Eduardo Enrique Gómez y Eduardo Guerrero Durán, y Paulo Uribe, que fue director administrativo de los penales federales, y parte del círculo íntimo de Osorio Chong, acusados de peculado por haber firmado contratos a empresas ligadas con García Luna por 88 millones de pesos.
Aunque la corrupción en los penales fue amplia, según señalaron los Weinberg, hay otro nombre que no incluyeron, cuando menos en los expedientes revisados, Sergio Montaño, que fue oficial mayor de la Secretaría de Seguridad bajo el mando de García Luna, acusado de presuntos actos de corrupción en la concesión de penales, y cuyo caso fue reactivado y se encuentra actualmente siendo analizado por la ponencia de Loretta Ortiz para determinar si lo atraen a la Suprema Corte de Justicia.
Montaño era muy cercano a los Weinberg y participaba regularmente en sus fiestas en los yates y las playas del sur de Miami. También trabajaba muy de cerca de quien era coordinador de asesores de García Luna, José Antonio Polo Oteyza, que saltó a dirigir la empresa de los Weinberg International Consulting and Technology, y que en la actualidad dirige la organización civil Causa en Común.
Hay otros exfuncionarios que dirigían dependencias en donde se adjudicaron muchos contratos por los que hubo pagos, que no están mencionados. El más relevante es el de Eugenio Imaz, director del CISEN que durante casi todo ese sexenio de Peña Nieto, que junto con los penales fue la institución en donde más contratos se les adjudicaron a los Weinberg en ese gobierno bajo el esquema presuntamente de corrupción. Los Weinberg mencionaron 14 contratos por más de 250 millones de dólares obtenidos a cambio de pagos ilegales, sin que mencionaran en nada a Imaz, cuyo hermano Carlos estuvo casado con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otro más que aparece desvinculado al Caso Weinberg en Miami es Damián Canales, ex comisionado de la Policía Federal, que adquirió un sistema de explotación de información de inteligencia en 2015, por el que se pagaron 133 millones de dólares, y que tiene una causa abierta en este momento en la Fiscalía General. Ese sistema lo produce la empresa israelí, Rafael, vinculada al Ejército de ese país, cuyo proveedor en México son los Weinberg. En su declaración, Samuel Weinberg revela que ellos lo vendieron, pero no se vuelve a hablar más de ello.
Samuel Weinberg declaró que vendieron equipos a la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal de Investigación, el Ejército, la Marina, el CISEN, la Policía Federal y “muchas otras instituciones”. Sobre las Fuerzas Armadas no hay nada en los expedientes revisados, ni de las “otras instituciones”. Vendieron sistemas de interceptación de llamadas, el sistema Laguna, que es mencionado públicamente como un equipo de espionaje y equipos para las aduanas.
El criterio de oportunidad que negociaron con la UIF y la Fiscalía General excluye detalles de esos contratos, y solo incluye aquellos donde aseguran pagaron para que se los adjudicaran.

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En mayo de 2018 el presidente Enrique Peña Nieto hizo un pacto con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador: no intervendría en la elección y le quitaría combustible a la campaña del aspirante del PRI, José Antonio Meade, a cambio de inmunidad para él y varios de sus cercanos, sobre todo para el secretario de Desarrollo Social Miguel Ángel Osorio Chong. López Obrador mantuvo el acuerdo secreto, y resistió todas las presiones que los radicales en Palacio Nacional y su movimiento le hicieron para buscar meter a Peña Nieto a la cárcel. Esa fue la razón por la que, para darle posibilidades de maniobra, le pidió que se fuera discretamente del país. Ese pacto, hoy en día, parece haberse extinguido, y los poderosos priistas están entrando a un túnel de tormentas judiciales.
Peña Nieto y Osorio Chong no figuraban en la investigación que inició la Fiscalía General en 2020 contra 58 funcionarios, Samuel Weinberg, su hijo Alexis, y su socio, Natan Wancier Taub, proveedores de servicios de seguridad al gobierno mexicano por más de un cuarto de siglo, acusados de peculado, recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La idea original era perseguir al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apostando a que en algún momento imputaría al expresidente Felipe Calderón. La investigación de la Fiscalía la tomó el entonces titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para presentar una demanda civil en Miami contra García Luna y los Weinberg, por presunta corrupción.
El juicio en Miami llevó por caminos insospechados en ese momento, que tomaron nuevo brío cuando los Weinberg y Wancier Taub pidieron a la Fiscalía General el criterio de oportunidad, y Pablo Gómez, que había relevado a Nieto, enfocó sus baterías políticas. Durante meses presionó para que los Weinberg imputaran a Peña Nieto, pero, sobre todo, a Osorio Chong. Varios borradores de la declaración ministerial que iban a hacer en Miami para lograr el criterio de oportunidad fueron revisados y rechazados, hasta que en México quedaron satisfechos.
Los Weinberg entregaron documentación sobre decenas de contratos que les otorgó el gobierno de Peña Nieto entre el 22 de julio de 2013 al 20 de abril de 2018 por 465 millones de dólares, y cobraron una parte similar que les adeudaban del sexenio anterior. Inicialmente se comprometieron 10 contratos para la empresa de los Weinberg y Wancier Taub, dentro del esquema de corrupción que acordaron con los financieros de Miami Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto Arámburu. En la columna del lunes se explicó la relación personal de Fernández Moreno con Peña Nieto y las razones del acceso directo que tenía con él, que le permitió a él garantizar que tendrían contratos con lo que iba a ser el nuevo gobierno.
Por diferentes razones no explicadas, los contratos relacionados con los penales “no se cumplieron en su totalidad”. No obstante, si Nunvav Inc. S.A., propiedad de los Weinberg con Wancier Taub, “presentaba las facturas como si los contratos se hubieran cumplido y servidores públicos en las organizaciones Peña Nieto/Osorio Chong lograban que la entidad las pagara, aún sin el cumplimiento total de los contratos”. Con la gestoría de Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu, otros 20 contratos fueron asignados y pagados por el gobierno de Peña Nieto:
1.- Diez contratos con el OADPRS entre febrero de 2012 y octubre de 2017 por un total de 403 millones de dólares. Cinco de esos contratos, por poco más de la mitad del costo, fueron adjudicados en el último año de Calderón, pero no se pagaron. El entrante de Peña Nieto se los liquidó. Los penales federales, que en el gobierno de Calderón dependían de García Luna, en el de Peña Nieto fueron trasladados a la Secretaría de Gobernación, que encabezaba en ese momento Osorio Chong.
2.- Catorce contratos con el CISEN –actualmente llamado Centro Nacional de Inteligencia–, entre julio de 2013 y abril de 2018, por un total de 256 millones 831 dólares.
3.- Cinco contratos con la Policía Federal entre febrero de 2009 y mayo de 2012, por un monto de 60 millones 312 mil dólares, que no fueron saldados en el gobierno de Calderón, lo fueron en el de Peña Nieto.
4.- Un contrato con la Procuraduría General de la República por 214 mil dólares.
“Todo lo anterior”, dijeron los Weinberg y Wancier Taub, “a cambio de la obtención de beneficios personales para los servidores públicos involucrados”. El gobierno mexicano realizó los pagos a Nunvav Inc. S.A., y a sus empresas relacionadas, como Nunvav Technologies Inc. S.A., donde el 82.5 por ciento de la compañía, fundada en 2014, era propiedad de Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu. Las transferencias de dinero se realizaron a 17 bancos mexicanos y 18 en Barbados e Israel. La documentación que aportaron los testigos de la Fiscalía en 15 anexos a sus declaraciones, mezcla transferencias que se realizaron en el gobierno de Calderón y en el de Peña Nieto.
Las adjudicaciones, en sí mismas, no significan que fueran irregulares o ilegales. Lo que fue ilegal, de probar sus dichos en un tribunal los Weinberg y Wancier Taub, fueron los presuntos sobornos que le dieron a Peña Nieto y a Osorio Chong que suman más de 100 millones de dólares directos a lo que llamaron su “organización”, así como casi 20 millones de dólares adicionales disfrazados de “contribuciones políticas” y al PRI, realizados desde Barbados a cuando menos ocho empresas “fantasma”.
Las revelaciones de los Weinberg son un golpe para el gobierno de Peña Nieto, con el cual López Obrador tuvo grandes consideraciones y encubrimientos de posibles actos de corrupción. El expresidente nunca estuvo en el imaginario colectivo hasta que se negoció el criterio de oportunidad con ellos y Wancier Taub. En cuanto a Osorio Chong, un número importante de sus excolaboradores en Gobernación figuraron en la investigación de la Fiscalía General sobre los 61 exfuncionarios y empresarios que inició en 2020. Abrir este caso es cancelar el pacto de inmunidad que acordó López Obrador con Peña Nieto, y posiblemente, el fin de su impunidad.

Mañana: Lo que no dijeron los Weinberg y a quiénes protegieron.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

En el gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública le adjudicó 10 contratos de la Policía Federal y del sistema penitenciario a la empresa Nunvav Inc. S.A., propiedad de Samuel Weinberg, su hijo Alexis, y el excapitán de la Fuerza Aérea israelí Natan Wancier Taub. Durante ese sexenio, afirmaron los tres, el exsecretario, Genaro García Luna y el exsubsecretario Francisco Niembro, “nos ayudaron a obtener contratos a cambio de remuneraciones económicas y otros beneficios a su favor de Nunvav”.
Así empiezan sus declaraciones ante los ministerios públicos que la Fiscalía General envió a Miami para que, a cambio de imputarlos, obtuvieran el criterio de oportunidad, en donde pese a perder prácticamente todas sus propiedades y realizar pagos millonarios de reparación de daño, serán libres. Los tres aportaron información que le dieron cuerpo y forma a las acusaciones que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2020 a los contratistas, García Luna y otras 57 personas. Y para apoyar sus dichos, entregaron 10 contratos que les adjudicaron entre febrero de 2009 y julio de 2012.
En sus declaraciones, los Weinberg y Wancier Taub detallan los contratos que obtuvieron y los montos de cada uno de ellos. “A cambio de su ayuda para obtener contratos mientras estaban en sus respectivos cargos, entregamos a Genaro García Luna y a José Francisco Niembro González, así como sus familiares, dinero, bienes inmuebles, bienes personales y pagos a sus nombres, y otros favores como los trámites de migración para su residencia en Estados Unidos”, señalaron.
Desde el 18 de noviembre de 2011 hasta el 27 de noviembre de 2012, en vísperas de que García Luna dejara el cargo, le transfirieron por lo menos 662 mil dólares “para su beneficio en diversas formas”. De acuerdo con sus declaraciones, fueron realizadas a Restaurants and Beverage Operator Los Cedros LLC, que operaba como Oggi Café en Miami, para apoyar un nuevo negocio de su esposa, Cristina Pereyra, y para ayudarles a obtener una visa de inmigración a Estados Unidos.
García Luna recibió una visa EB-1, la llamada “visa Einstein”, que se otorga en solo un mes a personas “con habilidades extraordinarias”, y cuyos logros fueran ampliamente documentados. Su esposa recibió también una visa permanente y la ciudadanía, días antes de que detuvieran a García Luna en 2019, acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, por lo cual fue sentenciado y condenado a 38 años de cárcel.
El exsecretario fue condenado en Brooklyn a partir de testimonios de criminales del Cártel de Sinaloa, a quienes combatió y detuvo, sin que aportaran una sola prueba de sus dichos. Los testigos de la Fiscalía estadunidenses cometieron peculado y mintieron abiertamente, pero las irregularidades no fueron tomadas en cuenta por el juez. El caso de los Weinberg no está relacionado con el juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York.
En sus declaraciones, los Weinberg y Wancier Tab, dijeron que como “contraprestación” por los contratos otorgados a Nunvav y sus empresas relacionadas con la Policía Federal y el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS) mientras él era secretario de Seguridad Pública, le pagaron a García Luna y a Niembro González por cinco adjudicaciones con el OADPRS y cinco con la Policía Federal de febrero de 2009 hasta julio de 2012, por casi 295 millones de dólares.
Sin embargo, fuera de la transferencia de 662 mil dólares a García Luna y su esposa, ninguno de los tres testigos de la Fiscalía General ubicaron los pagos a él mientras fue secretario de Estado. No fue así en el caso de Niembro, donde fueron más específicos sobre un pago directo por un servicio que les hizo cuando fue subsecretario, al ordenar un dictamen favorable para que les otorgara un contrato multianual de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones para la cárcel de Papantla, Veracruz, por 171 millones de dólares.
Como prestación de dicha instrucción, especificaron, el 15 de octubre de 2012 le regalaron una casa en el condado de Aventura, al norte de Miami, que costó casi dos millones de dólares, y que disfrazaron como préstamo entre el todavía entonces subsecretario de Tecnología y responsable de Plataforma México –que corría sobre el sistema de telecomunicaciones de Telmex, cuyo director Héctor Slim, lo había recomendado a García Luna– y Nunvav “para no tener problemas con las autoridades mexicanas”. Nunca se pagó el crédito, precisaron.
“Los pagos y bienes que recibieron en Estados Unidos García Luna y Niembro González sumaron aproximadamente 13 millones de dólares”, agregaron. Tras dejar sus respectivos cargos se incorporaron a trabajar con Nunvav Inc. S.A. en las oficinas en Leibnitz, Polanco”. En ese edificio, que habían comprado a la empresaria Julia Abdala, pareja desde hace más de 20 años del político Manuel Bartlett, estaba International Consulting Intelligence and Techonology, la empresa cuya matriz tenían los Weinberg en Miami, y que era dirigida por José Antonio Polo Oteyza, que había sido coordinador de asesores de García Luna, que tampoco trabajó en esa empresa.
Los Weinberg y Wancier Tab, no obstante, precisaron varios pagos a García Luna. Los primeros se dieron a partir del 20 de marzo de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2018, por tres millones 911 mil dólares a GL&Associates Consulting, la consultora que fundó tras dejar el gobierno. Los segundos, por un total de cinco millones 991 mil dólares, fueron pagados a otra de sus empresas, Delta Integrator LLC, de octubre de 2015 a noviembre de 2018.
García Luna y su esposa fueron encontrados culpables la semana pasada en una corte de Miami donde los denunció el gobierno de México por sus negocios con los Weinberg. El fallo fue porque no tuvieron un abogado que los defendiera. A diferencia de ellos que se han declarado inocentes, tres semanas antes, Niembro se declaró culpable de los delitos imputados. El caso contra ellos no ha terminado en México. Simultáneamente comenzarán otros, abiertos por los Weinberg y Wancier Tab con el criterio de oportunidad que tomaron, sin saberse hasta dónde llegará.

Mañana: Los 440 millones de dólares que recibieron los Weinberg del gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Dos miembros de la familia Weinberg y un viejo socio, que por décadas fueron proveedores de servicios de seguridad multimillonarios para el gobierno de México, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para obtener el criterio de oportunidad y declarar sobre la corrupción política en este país. Los Weinberg han sido señalados como socios del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que junto con su esposa fue sentenciado la semana pasada a pagar en una Corte de Miami casi dos mil 500 millones de dólares, como presuntos beneficiarios de operaciones fraudulentas con ellos. El caso, sin embargo, encierra una bomba nuclear: sobornos al ex presidente Enrique Peña Nieto, y al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Este proceso comenzó en 2020 con una investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en contra de 61 personas, que utilizó la Unidad de Inteligencia Financiera para presentar una demanda civil en Miami en septiembre de 2021. La demanda es un éxito para el gobierno.
La historia comienza cuando los Weinberg, Samuel y su hijo Alexis, preocupados que el cambio a un nuevo gobierno a fines de 2012 perjudicara sus contratos públicos, escucharon la recomendación de un amigo suyo de buscar en Miami a Jorge Fernández Moreno y a Adolfo del Cueto Arámburu, que dirigían en esa ciudad la casa de bolsa Bulltick, a la que meses antes del cambio de poder le revocaron la licencia para operar en la Bolsa Mexicana de Valores, por un error en sus controles de riesgos que provocó el colapso de la bolsa.
Los Weinberg y su socio Natan Wancier Taub, un ex capitán de la Fuerza Aérea israelí que fue quien los conectó con todo el conglomerado tecno-militar y de seguridad judío, así lo hicieron. Los tres declararon en Miami ante los ministerios públicos federales, casi verbatim, la misma historia. “Fernández Moreno y del Cueto Arámburu, nos señalaron que tenían conexiones importantes y acceso directo con la nueva administración de Enrique Peña Nieto”, dijeron. “Fernández Moreno mencionó tener contacto directo con el presidente Enrique Peña Nieto”.
Ellos no lo sabían, cuando menos en ese entonces, pero la relación de Fernández Moreno y Peña Nieto era muy cercana. La esposa del financiero era muy cercana a la actriz Angélica Rivera y la acogió en su casa en Miami tras su primer divorcio. En ese periodo Peña Nieto empezó su noviazgo con ella y la visitaba en Miami, pasando largo tiempo con la pareja anfitriona de Rivera.
“Fernández Moreno”, agregaron los Weinberg y Wancier Taub, “nos solicitó que realizáramos un pago disfrazado de ‘contribución política’ de un millón de dólares para facilitar nuestros próximos negocios con la nueva administración federal de Peña Nieto. Nos aseguró que el mismo Peña Nieto sabría del pago. Este pago se realizó a finales de 2011 o comienzos de 2012 con el concepto de ‘contribución política’, mediante una transferencia directa a Fernández Moreno. En enero de 2013, Fernández Moreno nos informó por correo electrónico que se había reunido personalmente con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, y que ‘el proyecto sigue adelante’.”
Los Weinberg aseguraron que nunca se reunieron con Peña Nieto ni con Osorio Chong, pero confiaron en sus nuevos enlaces. Para que se facilitaran las cosas, acordaron fundar una nueva compañía Nunvav Technologies, Inc., SA, que estaría asociada con Nunvav Technologies, de los Weinberg y Wancier Taub, y dos empresas en Bahamas, High Systems Ltd. y Old Fort Financial Ltd., donde también participaría un sujeto de nombre Robert Jensen, que no se detalla quién es o qué hacía. En febrero de 2014, Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu, se quedaron con el 82.5% de la nueva empresa.
Los Weinberg y Weincer Taub declararon que la compra accionaria fue convenida con ellos a cambio de la obtención de nuevos contratos con el gobierno de Peña Nieto. “De nuestras conversaciones con Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu entendimos que Peña Nieto, Osorio Chong y otros servidores públicos se beneficiarían de los pagos hechos (a sus nuevos socios)”. La realidad es que los contratos sí fueron cayendo, como lo habían prometido los financieros.
De mayo a noviembre de 2016, detallaron, “hicimos pagos por 19 millones 843 mil 950 dólares disfrazados de ‘contribuciones políticas’ a la organización Peña Nieto/Osorio Chong y su partido político, por medio de pagos hechos desde Barbados a varias empresas”. En sus declaraciones aparecen los nombres de nueve de ellas, pero en los anexos se detallan todavía más compañías utilizadas para estas transferencias.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 realizaron otros pagos también disfrazados de “contribuciones políticas” a Peña Nieto, Osorio Chong y el PRI, mediante transacciones a empresas fachada a través de Vector Casa de Bolsa, fundada por Alfonso Romo, que fue jefe de Oficina del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, por poco más de 47 millones de dólares. “Los pagos que hicimos directamente a favor de la organización Peña Nieto/Osorio Chong sumaron por lo menos 99 millones 722 mil 755 dólares”, señalaron los Weinberg y Weincer Taub.
“Fernández Moreno y Del Cueto Aramburu afirmaron que los ingresos obtenidos fueron redistribuidos a funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto”, añadieron. “Entendíamos de Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu que esto incluía al presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Por ser una actividad interna de esa administración y esos funcionarios, desconocemos los nombres de los demás beneficiarios. No participamos en reuniones con altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto”.
El acuerdo con la Fiscalía General de la República les garantizará la libertad, pero perderán prácticamente todas sus propiedades y deberán pagar una suma multimillonaria por reparación de daños. La mirada está ahora enfocada en Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu que siguen en Miami y contra quienes se girará una orden de aprehensión y, eventualmente, un ofrecimiento de criterio de oportunidad, en donde la joya más preciada, incluso históricamente hablando, sería Peña Nieto.

Mañana: Los negocios de los Weinberg con García Luna.

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El asesinato el martes pasado de dos de los colaboradores más cercanos en afecto y trabajo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, provocó en las primeras 24 horas de haberse cometido el crimen una revelación involuntaria de ella y del secretario de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez, que exteriorizaron su sentir que el atentado había sido resultado del combate contra las organizaciones delictivas en la capital federal.
Poco después del doble homicidio, Brugada aseguró que su gobierno continuaría “con su lucha implacable contra la inseguridad”, cuya frase perdió la ambigüedad al día siguiente, cuando Vázquez ubicó el crimen contra Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, y José Gómez, su principal asesor político, en el contexto de la lucha contra las bandas criminales en la capital federal. “No daremos ni un paso atrás”, enfatizó, prometiendo que “ninguna forma de violencia doblegará a la Ciudad de México”.
Con la investigación en sus primeras horas y sin los peritajes terminados, los funcionarios eliminaron en los hechos las hipótesis de trabajo que tendrían que haber sido incorporadas: conflictos personales o políticos como probables móviles del crimen. Aunque la verdad, estamos bastante acostumbrados a tener asesinatos de alto impacto, sin saber nunca qué los provocaron. Brugada y Vázquez, sin embargo, se brincaron esa fase y lo perfilaron como una venganza contra las autoridades locales. Aun así, está poco claro el perfil de quien ordenó las muertes.
La afirmación de Vázquez –el crimen como respuesta al combate frontal a los delincuentes–, tiene un punto débil: quienes responden de esa manera no son las bandas, sino los cárteles de las drogas y lo hacen de manera directa. El Cártel de Sinaloa quiso matar a José Luis Santiago Vasconcelos, que era el encargado de delincuencia organizada en la entonces Procuraduría General de la República, pero logró evadir un bazucazo que le dispararon cuando iba rumbo a la oficina.
La misma organización mató a dos de los mandos del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que estaban golpeando a los líderes del Cártel, que también buscó matar al jefe de la Policía de la Ciudad de México en 2008, pero la bomba que iban a colocar debajo de su auto explotó antes por el mal manejo al transportarla. En 2020, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuvo cerca de morir en un ataque de un grupo numeroso de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con ese patrón, quienes debieron haber sido los objetivos naturales de un atentado de esta envergadura, eran Vázquez mismo o la fiscal capitalina, Bertha Luján. Guzmán y Gómez se salían completamente del perfil como enemigos frontales de los cárteles. Adicionalmente, quien los escogió como objetivos sabía perfectamente que sus muertes golpearían a Brugada en el centro, lo que lleva a la pregunta de quién, con esa capacidad de fuego y la organización para poder huir con éxito y apostar con certeza a la impunidad –aunque caigan los autores materiales–, pudo haber escogido blancos tan precisos para enviar un mensaje directo y personal a la jefa de Gobierno. Brugada y Vázquez, por sus palabras, parecen haber decodificado de esta manera el atentado, por lo que hay que entender que en esta línea de argumentación, la siguiente no será una advertencia sino una acción directa.
Esta línea lleva a la siguiente pregunta sobre porqué advertir y no matar. Experiencias en otras ciudades o incluso países, tienen como común denominador que quienes reciben ese tipo de advertencias es porque incumplen un pacto y esperan que se corrija. Incumplir puede ser visto como una traición, pero esta lleva directamente a un atentado con fines letales, mientras que el mensaje radical busca corrección al acuerdo violado.
Brugada y Vázquez dejaron más preguntas y dudas que certezas con sus intervenciones, lo que obliga a la revisión de los antecedentes de la ex alcaldesa de Iztapalapa, que es en extremo compleja y de alta incidencia criminal, que colinda con municipios bravos del Estado de México.
Iztapalapa forma un corredor en la zona oriente de la Ciudad de México hasta Tepito, en donde se controlan los mercados criminales, y conectan con los cárteles de las drogas –no confundir en tamaño, dimensión del negocio y capacidad de fuego con las bandas criminales que también se hacen llamar “cárteles”– por dedicarse también al narcomenudeo.
Brugada, que gobernó la al-caldía por nueve años, bajó de manera significativa la percepción de inseguridad entre sus goberna-dos, aunque, paradójicamente, en el último año de su gestión se comenzaron a prender las alertas amarillas sobre presuntas relaciones de la administración local con grupos criminales, que fueron advertidas al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este miércoles se reveló en este espacio que en el penúltimo año de gobierno de Brugada y López Obrador, el gabinete de seguridad le informó al presidente que habían detectado que el Cártel Unión Tepito, la organización criminal que domina la Ciudad de México, le había puesto precio a la “cabeza” de la actual jefa de Gobierno, molesto por un reacomodo político-criminal en Iztapalapa. Las alertas comenzaron en el otoño, cuando el gabinete de seguridad le informó que la Unión Tepito buscaba vengarse por el fortalecimiento de su rival en Iztapalapa, el grupo Anti-Unión Tepito, y la creciente presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que había entrado a la capital por las alcaldías de Milpa Alta y Tláhuac, responsabilizando a la alcaldesa de la irrupción.
López Obrador, que tuvo en Brugada una operadora eficiente y fiel por años, y la estaba impulsando para quitarle a García Harfuch la candidatura de Morena al gobierno capitalino, ordenó que se le reforzara la seguridad, pero no solicitó que se investigara si en efecto había el reacomodo señalado. En diciembre, el presidente recibió nueva información de que Brugada y la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, estaban siendo señaladas por la Unión Tepito de haber incumplido pactos con ese grupo mientras que han sido condescendientes para no afectar las operaciones de sus adversarios. Sin embargo, el gabinete de seguridad no tenía confirmación de que ello fuera correcto.

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Desde hace varios lustros la Coordinadora magisterial, un grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha chantajeado a gobiernos con plantones, movilizaciones y provocaciones que canjean por plazas y dinero. Lo que nunca había sucedido hasta ayer, es que se atrevieran a prácticamente secuestrar a la presidenta de la República y mantenerla sitiada en Palacio Nacional. La disidencia magisterial escaló un peldaño peligroso, retando a la presidenta Claudia Sheinbaum a medir fuerzas. Y el resultado, hasta ahora, es que van ganando.
Ayer fue la primera batalla. Los maestros cercaron Palacio Nacional a las 3 de la mañana sin que ninguna autoridad federal o local, los impidiera. Cuando la prensa comenzó a llegar a la sede de gobierno y residencia oficial de la presidenta alrededor de las 5 y media de la mañana para la conferencia matutina, no pudieron entrar. Ni ellos, ni nadie. Solo un número reducido de secretarios de Estado logró ingresar por una pequeña puerta en la calle de Corregidora, en la cara sur del recinto, que estaba sin vigilancia.
Al comenzar a despuntar el día, rompieron las vallas de desfile, frágiles porque suponían aliados del régimen, la Ayudantía de la Presidencia no vio la necesidad utilizar las vallas de metal que colocan cuando hay marchas de feministas. Hicieron varias fogatas junto a los muros de Palacio Nacional, y si no escalaron la destrucción, fue porque no quisieron. No hubo ninguna autoridad que lo impidiera. Se replegaron voluntariamente para continuar estrangulando la ciudad en otros puntos, no sin antes provocar imágenes de debilidad presidencial.
Sheinbaum no instruyó a la Ayudantía a desalojar los accesos a Palacio Nacional, y la policía de la Ciudad de México tampoco intervino. La presidenta dijo que no iba a reprimir, confundiendo el restablecimiento del orden con una acción de fuerza ilegal. Dentro de Palacio Nacional se consideró cancelar la conferencia matutina, pero se optó por mantenerla y transmitirla a través de las redes sociales. Ahí estaba la presidenta en el Salón de la Tesorería, prácticamente sola, hablando a sillas vacías.
No era lo que había pensado que pasaría.
Cuando se aproximaba el inicio de la temporada de movilizaciones de la Coordinadora, el secretario de Educación, Mario Delgado, le garantizó que todo lo mantendría bajo control, y el 15 de mayo respondió en 13 páginas las demandas en el pliego petitorio de la disidencia magisterial, encabezadas por su insistencia a la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 –que rechazó por su inviabilidad fiscal–, y un incremento salarial de 100 por ciento –contra el 9 por ciento retroactivo a enero y el 1 por ciento a partir de junio, que ofreció Sheinbaum. Delgado fracasó, como también falló Martí Batres, director del ISSSTE, que habría ofrecido lo mismo a Sheinbaum. La presidenta, molesta con ellos, puso como enlace de los maestros disidentes a Leticia Ramírez, que inexplicablemente el presidente emérito Andrés Manuel López Obrador nombró secretaria de Educación, y que actualmente es coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Tampoco funcionó.
La Coordinadora magisterial es un grupo que ha estado muy cerca de Morena, y fue pieza central en la pérdida de credibilidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando lo llevó al extremo en 2013 forzándolo a utilizar la fuerza de la policía para desalojarlos del Zócalo y recuperar la gobernabilidad. Jugó electoralmente con Morena, por lo que se anticipaba que en la primera temporada de protestas –que preparan cada año para llegar el clímax el 15 de mayo, el Día del Maestro– que enfrentaría Sheinbaum, no tendría las turbulencias que enfrentaron los gobiernos previos al de López Obrador. Se equivocó la presidenta.
Sheinbaum no calculó los alcances de los maestros disidentes. O quizás, no reparó en el apoyo político de los rebeldes del magisterio. El principal se encuentra en Palenque, desde donde el presidente emérito maneja los hilos de ese grupo de maestros a través de otros operadores políticos en el país, aunque también hay gobernadores que subsidiaron 10 mil tiendas de campaña a un costo promedio de tres mil pesos. La logística para acampar tuvo una inversión de 30 millones de pesos, pero habría que agregar al costo total miles de pesos al día en alimentos y transporte.
El músculo de la disidencia magisterial se encuentra en el respaldo del ala radical del régimen, al cual perteneció Sheinbaum, pero con la cual se encuentra en un choque abierto por el poder desde hace poco más de un año. La pregunta sin respuesta es si en estos momentos el desafío de la Coordinadora a la presidenta tiene que ver con subir la presión –que suelen hacer– para obligarla a que los reciba antes del viernes para negociar directamente, que fue lo que se acordó el martes en la Secretaría de Gobernación, o con un nuevo mensaje del ala pura del obradorismo para seguirla hostigando, acotando y debilitándola.
En cualquier caso han expuesto sus vulnerabilidades con una fuerza humana que trasladaron a la Ciudad de México como no se había visto antes. Sus protestas cuentan con cientos de participantes, siguiendo el mapa que tienen bien probado: movilización y plantón en el Zócalo, bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obstrucciones en las casetas de las autopistas que conectan a la capital federal con el resto del país, interrupción de la circulación en los principales de la ciudad y cercos en embajadas. La innovación este año fue el cerco que realizaron por horas ayer a Palacio Nacional, con la presidenta dentro y aislada.
La acción de la Coordinadora, en los términos y los alcances como la están desarrollando, es una prueba para Sheinbaum, en donde los maestros verán hasta dónde es capaz de permanecer pasiva y resistir sin hacer nada para desactivarlos y frenar la desestabilización de la ciudad, o si logran, como ha sido en la mayoría de los casos en el pasado, doblar a la Presidencia y alcanzar su objetivo real, no la derogación de leyes o incrementos salariales de 100 por ciento, que no es una locura sino una táctica de negociación, sino plazas y recursos, como condición para retirarse tranquilamente.

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El asesinato de dos colaboradores muy cercanos de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sacudió el corazón del régimen. A Brugada la tocó en lo más profundo, y estuvo a punto de quebrarse durante un mensaje que sólo sirvió para llenar espacios y evitar rumores. A la presidenta Claudia Sheinbaum la empujó la noticia a minutos de confusión en Palacio Nacional, y recordó a Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz, su principal asesor político, como parte del movimiento obradorista.
La violencia nacional pegó en los dos niveles más altos de la administración pública, de la peor manera posible. Fue directo contra Guzmán, colaboradora y amiga de Brugada por más de 15 años, mientras podría argumentarse que Muñoz, a quien conoció de muy joven, que por los movimientos del atacante no era el objetivo central, y fue un daño colateral.
Los disparos se centraron en Guzmán, con tiros agrupados en el parabrisas a la altura de la cabeza de la funcionaria, que posiblemente –lo determinarán los peritajes– le causaron la muerte. El asesino disparó a Muñoz al iniciar su huida, sin tener movimientos que mostraran que también buscaba matarlo, antes de rematar a Guzmán por el vidrio lateral del conductor.
Las imágenes de la cámara de seguridad que capturó el momento del crimen, muestran que el asesino huyó a pie en dirección contraria al tráfico, y parecía llevar una pañoleta que le cubría parte de la cara. No se manejaba como un amateur. Mostró tener mano firme –aparentemente entrenada– para disparar, y supo a dónde dirigirse para escapar. No se puede descartar, sin embargo, que sea una pieza desechable para quienes son él o los autores intelectuales del ataque, y que sea el tercer muerto conectado con este crimen.
El asesinato, puede conjeturarse en este momento, no fue improvisado. Fue planeado, como se puede deducir por la información que arrojaron las primeras imágenes del ataque, porque revela que se estudiaron las rutinas de Guzmán, y que probablemente sabían que a una determinada hora y en el mismo lugar recogía a Muñoz, con quien recorría 6 kilómetros hasta el Palacio del Ayuntamiento, la oficina de la jefa de Gobierno en el Zócalo. En ese punto, junto a un paso a desnivel peatonal, el asesino esperó a su víctima.
Los investigadores determinarán la mecánica del asesinato, cometido alrededor de las 7 y media de la mañana sobre la Calzada de Tlalpan, esquina con Napoleón, muy cerca de la estación Xola del Metro y del Viaducto Miguel Alemán. Es decir, por la hora y el lugar, se dio cuando la circulación comenzaba a sentirse pesada y había mucha circulación de personas y vehículos. Los testigos que vieron el asesinato podrán aportar detalles que permitan la identificación del asesino, que para haber actuado en esas condiciones, debió haber pensado –como lo hacen todos–, que podía salir impune de lo que hizo.
Se desconoce el móvil del crimen, pero la forma como reaccionaron Sheinbaum y Brugada podría descartarse en principio un asesinato pasional, que no estuvo en ningún momento, por su conducción, en su imaginario. También en principio, y meramente como una hipótesis de trabajo, podría eliminarse una motivación política, aunque el asesinato golpeó al sector más duro y comprometido con el proyecto de nación del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta comentó también que no tenían conocimiento de que hubiera amenazas en su contra.
El asesinato de los colaboradores de Brugada se inscribe, no obstante, en la ola de violencia que sacude al país y que ha venido al alza en la Ciudad de México.
Lo sucedido ayer alcanzó una gran prominencia por quienes murieron, que no había tenido nada comparable en la Ciudad de México desde 2020, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación intentó asesinar a Omar García Harfuch, en ese entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Sin embargo, no es el único asesinato de alto impacto que ha sacudido las estructuras capitalinas. En julio del año pasado asesinaron a Milton Morales, coordinador de Estrategia y Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad capitalina, muy cercano de García Harfuch, que esperaba incorporarlo al gobierno federal.
La hipótesis de un asesinato cometido por un grupo criminal tendrá que ser una de las líneas de investigación de este crimen. Sobre todo porque en el penúltimo año de gobierno de López Obrador, le informó el gabinete de Seguridad que habían detectado que el Cártel Unión Tepito, que es la organización criminal dominante en la Ciudad de México, había puesto precio por “la cabeza” de Brugada, molestos por un reacomodo político-criminal en Iztapalapa. López Obrador ordenó que reforzaran la seguridad de Brugada, que con el tiempo se fue relajando, al igual que los temores de que hubiera una acción contra ella.
Todos los antecedentes y precedentes tendrán que ser incorporados dentro de las hipótesis de las autoridades capitalinas, para encontrar no solo a los autores materiales sino, sobre todo, a los intelectuales, y conocer cuáles fueron las razones que los llevaron a contratar un sicario que realizara la ejecución. No fue un asesinato ordinario, sino profesional. Si no se sabía de amenazas contra Guzmán o Muñoz, la pregunta es para quién iba dirigido el mensaje y qué hay de trasfondo en él.
Por lo pronto, todo esto son meras conjeturas, y las investigaciones recién comenzaron. Pero es de enorme relevancia para Brugada y para Sheinbaum conocer al detalle –que no significa informar al detalle– quiénes y porqué decidieron matar a los colaboradores tan queridos.
Hay muchas dudas sobre el crimen, pero también algunas claves. Se puede descartar un intento de desestabilizar al régimen, que habría requerido de un objetivo en el primer nivel del gobierno federal. Parece más una acción acotada al gobierno capitalino. ¿Por qué no asesinaron a Guzmán al salir de su casa, lejos de las cámaras de seguridad, de una manera más segura para escapar impunemente? Esta es la pregunta central, porque quién lo ordenó, a menos que sea un loco, quiso mostrar músculo para castigar con la mayor exposición. Y si lo hizo, es porque puede.

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