Héctor de Mauleón es un periodista experimentado, serio, informado y respetado por sus pares. Formado en el periodismo cultural fue transitando, sin abandonar sus orígenes, hacia la investigación y cobertura de temas de seguridad, en donde se fue ganando un lugar reconocido por todos. Incómodo para algunos, molesto para muchos, se ha mantenido firme y consistente pese a varias amenazas contra su vida. De Mauleón no ha permitido que lo silencien, como ahora pretende Tania Contreras, que fue consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y hoy es candidata a magistrada del Supremo Tribunal Electoral.
No le gustó a Contreras lo que leyó en su columna de hace 20 días, “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, donde, como el mismo De Mauleón recordó ayer en un relato pormenorizado del conflicto, hizo referencia a uno de los correos de la Secretaría de la Defensa hackeados por el colectivo Guacamaya, donde el exsecretario, el general Luis Cresencio Sandoval alertó al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, sobre una red de tráfico de huachicol, corrupción, sobornos y extorsiones, que dirigía el administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios.
Por influencias de Contreras, se puede conjeturar, el Tribunal Electoral de Tamaulipas –controlado por Morena y por su prima hermana y un exempleado de su esposo–, dictó medidas cautelares contra De Mauleón y El Universal en cuestión de días, y notificó al periodista gracias a que el INE inexplicablemente le proporcionó la dirección particular del columnista, contenida en el padrón electoral, que podría argumentarse como una violación de procedimiento por los fines para los cuales se solicitó, así como una violación de los datos personales.
Pero tampoco es de extrañarse. Para eso llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.
Taddei ha sido una pieza instrumental del régimen para la colonización del órgano electoral, jugando en el lado oscuro de la ilegalidad y la hipocresía. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su enlace era Jesús Ramírez Cuevas, el exvocero presidencial y jefe de la maquinaria de propaganda obradorista, que le transmitía las instrucciones de su jefe. Cuando era urgente Ramírez Cuevas viajaba al INE, cerca de la salida a Cuernavaca, y cuando se trataba de las reuniones de rutina para recibir órdenes, la veía en Palacio Nacional, de acuerdo con funcionarios federales que conocen de estos acuerdos y de sus visitas al Zócalo.
Es inadmisible que el Tribunal tamaulipeco, el brazo ejecutor de la censura que pretende el régimen, violente la libertad de expresión contemplada en la Constitución y amenace al periodista y al diario que si no acatan el retiro de la columna de sus plataformas, incurrirán en desacato, y las sanciones a las que se harían acreedores van desde multas hasta la cárcel. Lo que hizo con De Mauleón y El Universal fue censura, pero el mensaje intimidatorio, implícito para quienes busquen explorar el fenómeno vinculado con la política, avisa la previa censura.
Ante la embestida de Estado, De Mauleón y El Universal decidieron hacer lo que se necesita en estos momentos de tiempos tan aciagos para las libertades: enfrentar los riesgos. No retiraron la columna del periodista, como pidió el Tribunal tamaulipeco, porque no quisieron abrir la puerta a la censura.
La libertad de expresión vive momentos sombríos en México. No es un fenómeno nuevo, pero el clima de hostilidad desde el poder se fue intensificando desde el gobierno de López Obrador. No se trata únicamente de ataques verbales desde la tribuna presidencial. El problema es más profundo: un intento sistemático por deslegitimar el disenso, criminalizar la crítica y cercar a los medios independientes.
López Obrador hizo de la polarización su herramienta política favorita. Cada mañana señalaba a periodistas, ridiculizaba a medios y lanzaba acusaciones sin pruebas. En un país donde ejercer el periodismo implicaba riesgos mortales –con 47 periodistas asesinados durante su sexenio y una decena en el actual–, el discurso desde Palacio Nacional no es menor: es combustible. El ataque no fue meramente simbólico. El Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Defensa fueron utilizados para espiar a comunicadores. La Unidad de Inteligencia Financiera aportó información confidencial que hizo pública en Palacio Nacional.
El gobierno obradorista decía tolerar la crítica, pero hay una diferencia entre tolerar y respetar. Tolerar implica resignación, no convicción democrática. El respeto, en cambio, se demuestra en la protección activa de la prensa, en garantizar el derecho a disentir y en abstenerse del uso del aparato del Estado para silenciar voces. Al terminar su mandato cambió el tono de las mañaneras con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en la medida que la estufa del gobierno se está sobrecalentando, está recurriendo cada vez más a la estrategia golpeadora de su mentor.
Hay una narrativa instalada desde el poder: que los periodistas están vendidos, que responden a intereses oscuros, que son parte del “bloque conservador”. Es una fórmula eficaz: desacredita el mensaje al atacar al mensajero. Pero es también profundamente autoritaria. Porque si el único periodismo legítimo es el que aplaude al gobierno, entonces lo que se busca no es información, sino propaganda. El discurso desde el poder ampara a personas como Contreras, y abre espacios para que un tribunal se inmiscuya de manera forzada en temas que no le competan y cuenta con el respaldo ilegal del INE.
La libertad de expresión no es un privilegio de un segmento de informadores. Es un derecho ciudadano. Defenderla no es defender a periodistas o medios en particular. Es defender la posibilidad de vivir en una democracia. Sin prensa libre, no hay contrapesos. Sin crítica, no hay corrección de rumbo.
De Mauleón o El Universal no pueden quedar solos y aislados en este acto valiente de desafío ante una autoridad judicial. Varios columnistas comenzaron desde ayer su apoyo al periodista y a su diario, y debe seguir extendiéndose y ampliándose. No se pueden permitir atropellos de esta naturaleza que afectan aún a aquellos que quizás no alcanzan a ver lo que se está perdiendo. La defensa de ellos es la defensa de todos. En tiempos de asedio, callar es conceder.

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Eso de la sensibilidad no se le da mucho al gobierno de Claudia Sheinbaum, que comete errores importantes sin darse cuenta. Acaba de hacerlo con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien un gesto de cortesía lo convirtieron en una descortesía. Johnson fue recibido por parte del gobierno mexicano por Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aunque el gesto no es parte del protocolo y lo que hace Velasco es más importante de lo que dice su título, es un rango menor al del embajador, cuyo par sería un subsecretario. Estas sutilezas no se le dan a este gobierno, y en el contexto actual cobran mayor relevancia.
Desde que John D. Negroponte llegó a México como embajador a finales de los 80 tras haber organizado un ejército mercenario en Honduras para hacer la guerra al gobierno sandinista en Nicaragua, ningún otro enviado estadunidense había generado tantas críticas por su perfil como Johnson. Pero a diferencia de Negroponte y muchísimos más, ningún nuevo embajador de Estados Unidos había llegado a México en un momento donde las relaciones bilaterales estuvieran bajo un intenso fuego cruzado por parte de Washington.
Johnson llegó a México el jueves, en una semana aciaga por la revelación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de que el gobierno de Estados Unidos le había revocado la visa. Esa acción provocó un cisma en el gobierno, antes incluso que se hiciera pública la cancelación de la visa, lo que confirmó a Sheinbaum la advertencia que había recibido de la Administración Trump siete semanas atrás sobre la revisión de visas a funcionarios, políticos, empresarios y artistas por parte del Departamento de Estado. No sabía a quiénes se las retirarían, ni cuándo empezaría, pero sobre advertencia no había engaño.
Llegó por Baja California, cuando le informaron extraoficialmente a la gobernadora que le habían revocado la visa. Ávila pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que la ayudaran a confirmarlo, lo que hizo. Pero con la respuesta, como se informó a la presidenta, de acuerdo con información que ha trascendido, vino una advertencia: si México no lo hacía público, Washington lo haría, en vísperas de la llegada del nuevo embajador.
La descripción que se hace del enojo de la presidenta contra la gobernadora probablemente no alcance a reflejar el tamaño de la molestia. Pero las órdenes fueron que diera a conocer la decisión del Departamento de Estado y la advertencia que si su esposo, Carlos Torres, a quien también le revocaron la visa en la frontera de San Ysidro con Tijuana cuando regresaba de Estados Unidos –el semanario Zeta ha publicado que le quitaron la visa cuando intentó entrar a ese país–, resultaba imputado en algún delito, el gobierno mexicano no lo iba a defender.
Información de fuentes diplomáticas han dejado abierta la posibilidad, por los mensajes que han llegado del Departamento de Estado, que durante la conversación que sostenga Johnson con Sheinbaum cuando presente sus cartas credenciales este lunes, le transmita cuáles son las razones por las que se le revocó la visa a la gobernadora.
Ávila fue citada este fin de semana a la Ciudad de México para hablar con la presidenta fuera de Palacio Nacional, pero no se sabe si se concretó el encuentro por la apretada agenda que tiene Sheinbaum los fines de semana que va de gira por el país. Este tema es el que le quitó el sueño y el humor la semana pasada, que motivó una extraña –por inusual– visita de la presidenta a la Secretaría de Gobernación para que la titular, Rosa Icela Rodríguez, le diera toda la información recabada por la dependencia y el Centro Nacional de Inteligencia sobre la gobernadora y su esposo.
La situación en la que se encuentra Sheinbaum es muy delicada porque carece de un canal de comunicación confiable para ambos gobiernos, que se rompió en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador al pudrirse la relación bilateral por la expansión territorial de los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo, cuando se situó, en los hechos, del lado de las organizaciones criminales en lugar de fortalecer la colaboración con Estados Unidos para combatirlas.
Sheinbaum está pagando los costos de esa política criminal de López Obrador –coloquialmente llamada “abrazos no balazos”–, que contabilizó en su sexenio el mayor número de homicidios violentos en tiempos de paz en este país, dejándole además un entramado de presuntas complicidades de figuras prominentes de Morena con los cárteles de la droga. De ahí vienen las revocaciones de visas y las informaciones en México y Estados Unidos de la existencia de una lista de funcionarios y políticos que podrían ser suceptibles a esa acción.
La falta de ese canal de comunicación ha hecho que Washington mantenga a Sheinbaum en una burbuja de silencio en donde no entra ninguna información confidencial y sensible que le dé tiempo para hablarla con la Casa Blanca para desactivarla o preparar sus respuestas. La presidenta se está enterando de los asuntos que desestabilizan a su gobierno por la prensa o cuando son decisiones ya tomadas en Washington, como sucedió con el anuncio sobre la revocación de visas que le adelantó Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o la exigencia de la cancillería estadunidense para que se diera a conocer la revocación de la visa a Ávila.
Ronald Johnson será el tercer embajador que acreditará un gobierno del nuevo régimen. Christopher Landau, actual subsecretario de Estado, fue el primero, seguido de Ken Salazar. Con Landau todo empezó bien y terminó mal, ante los desacuerdos y las crecientes tensiones con el gobierno mexicano. Salazar fue colonizado por López Obrador, que defendía más los intereses del presidente emérito que los de su gobierno. Pero a diferencia de ellos, el momento en el que comenzará sus funciones Johnson está en una borrasca, donde el presidente Donald Trump exige acciones determinantes a Sheinbaum en contra de narcopolíticos de Morena, y la presidenta está atrapada en los intereses del régimen y sus limitaciones para vencerlos.

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La semana está cerrando para la presidenta Claudia Sheinbaum como empezó, a la defensiva, con la iniciativa perdida y envuelta en un torbellino de contrainformación. Sheinbaum se encuentra en un brete por una fotografía publicada en varios medios de cuatro agentes en uniformes tácticos presumiblemente estadunidenses, y un texto que decía que la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) y de la oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Nacional, habían encabezado un operativo en Sinaloa donde desmantelaron tres laboratorios para fabricar drogas sintéticas.
La publicación del comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México sobre el operativo, fue empaquetado con un boletín de ICE que al subirse a la plataforma X, provocó de inmediato cuestionamientos a Sheinbaum por lo que se leyó como una intervención estadunidense autorizada por la presidenta, pese a insistir que eso no sucedería. Latinus fue quien primero lo subió a las 4:33 de la tarde del miércoles, y de ahí fue escalando en los medios, que coronó La Jornada con la fotografía de los uniformados –en uno de ellos se alcanza a apreciar que tiene el escudo de ICE–, donde el mensaje generalizado era que quien tomaba las decisiones en operaciones contra los cárteles eran los estadunidenses.
Quince horas después que comenzara a subir la crítica y los cuestionamientos por la incongruencia, la presidenta dijo que la fotografía era falsa y que se lo habían hecho saber en la víspera a La Jornada. Sheinbaum no dijo cómo supieron que era un fraude, pero el diario no hizo ninguna corrección, ni nadie, para los efectos deseados por la presidenta, proba-blemente amparándose éticamente en que la imagen la sacaron de una cuenta oficial del gobierno estadunidense.
La Embajada de Estados Unidos en México comenzó el control de daños en la mañana del miércoles, y ante las sospechas de que fuerzas especiales de su país habían tomado parte en operativos en territorio mexicano, enviaron una carta al programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula donde negaron por completo esas versiones y dijeron que el desmantelamiento de los laboratorios había sido hecho por la Agencia de Investigación Criminal, la policía ministerial de la Fiscalía General de la República.
Las cosas, sin embargo, no fueron zanjadas en su totalidad, porque no se podía. La fotografía colocada en la cuenta oficial de ICE era muy poderosa.
La Embajada, que esperaba la llegada del nuevo embajador Ronald Johnson este jueves, no mintió pero escondió las cosas. Es cierto que la información que difundió el miércoles, como insistió en su carta, señalaba que había sido dirigida por un equipo de la AIC que estaba “certificado” por ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, sin aclarar lo que “certificado” significaba. Lo que ya no aclaró la Embajada en su carta es la afirmación de ICE que fue “una operación” dirigida por “una unidad certificada” de esa agencia y de la oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Nacional, apoyados por las secretarías de la Defensa y la Marina. Y tampoco calificó de falsa la fotografía.
El comunicado de la Embajada, sin embargo, desmiente a Sheinbaum en cuanto a la fotografía, que lleva a preguntarse que si no fueron los estadunidenses quienes le expresaron que era apócrifa esa imagen –de otra manera lo habrían negado este jueves–, ¿quién le informó de ello? Saber quién le da ese tipo de reportes es muy relevante para saber la calidad de información que recibe de sus colaboradores la presidenta.
La parte más relevante de la carta aclaratoria es que si bien reitera que la operación fue dirigida por la AIC, no niega que haya estado involucrada “una unidad certificada” estadunidense. Estas unidades certificadas –“vetting” es como se les define en Estados Unidos–, funcionaban durante el gobierno de Felipe Calderón de manera recíproca en operaciones coordinadas, con equipos que habían pasado los controles de confianza establecidos por ambos gobiernos.
El presidente Enrique Peña Nieto, cuyo pensamiento sobre la colaboración con Estados Unidos era similar al del presidente Andrés Manuel López Obrador, cambió los términos de la relación, que se volvió nula durante el sexenio pasado. Ayer, la presidenta reiteró los lugares comunes de su narrativa, que no hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en ninguna operación, ni coordinan a agentes mexicanos en su territorio. El comunicado de ICE dice cosas que la contradicen en materia de coordinación y colaboración orgánica entre los dos países.
No obstante, pueden plantearse tres hipótesis:
1.- Si la presidenta está totalmente informada de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad que se han ido forjando en los últimos siete meses, o si la mantienen en la oscuridad en temas altamente sensibles –que, por su personalidad, sería difícil que eso sucediera–, para darle una salida plausible en caso de que se descubriera que su gobierno está caminando hacia el tipo de relación que tenía Calderón con la Casa Blanca.
2.- Si la Embajada de Estados Unidos cometió un error al empaquetar su comunicado con el de ICE, que incluía una cooperación mucho más profunda de lo que México quiere admitir en público, o si lo hizo deliberadamente con la salida plausible de que las revelaciones sobre asuntos delicados en el tema de la seguridad no salieron de la representación diplomática sino de Washington, pero dejando claro que una cosa es lo que dice la presidenta en México, y otra en dónde está parada en realidad.
3.- O si ICE es quien incurrió en un error y la fotografía que publicó no tiene que ver con México.
En cualquier caso, el gobierno y la Embajada se metieron en un enredo comunicacional que por un lado, de no aclararse satisfactoriamente para la presidenta, deja a Sheinbaum metida en una contradicción entre lo que dice y lo que hace; y por la otra, aunque podría considerarse como algo positivo, que su estrategia de seguridad está reconstruyendo la parte más importante que se había perdido con López Obrador, el intercambio de inteligencia de alta calidad para golpear a los cárteles de las drogas.

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Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pese a que no ha informado Estados Unidos del acuerdo que alcanzó con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, prevalece el respeto para su gobierno. Se queja al mismo tiempo que tengan acuerdos con miembros de una organización que clasificó como “terrorista”, cuando afirman que no negocian con terroristas. Pero igualmente, advierte que no debe utilizarse la clasificación de terrorista a un grupo del crimen organizado para intervenir en México. Y para rematar, censuró una iniciativa republicana en el Capitolio para gravar las remesas que extranjeros envían fuera de Estados Unidos.
La presidenta parece estar desorientada.
Es un asunto de soberanía estadunidense llegar a un acuerdo con quien considere conveniente para sus intereses, aunque no guste en México y cuestionemos su sistema de justicia. A Sheinbaum no le parece el arreglo con Guzmán López, cuya calidad de información debe ser tan valiosa para el gobierno de Donald Trump que alcanzó para garantizarle un santuario a ¡17 miembros de su familia!, incluida su madre y hermana, pero cuando esos mismos manejos se hicieron para condenar sin pruebas al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se montó en sus consecuencias para reforzar su narrativa.
¿Acaso tiene miedo la presidenta de lo que podría revelar Guzmán López a los fiscales estadounidenses?
Cuando vuelve a referirse a la clasificación de cárteles como terroristas, dejó de admitir, como lo hizo cuando se anunció la medida a principio de febrero, que se trataba de “una decisión autónoma” de Estados Unidos, aunque subrayó, como reiteró ayer, que no debería de ser una oportunidad “para invadir nuestra soberanía”.
El cambio de matiz se da en el contexto de establecer un Paralelo 28 a lo largo de más de mil kilómetros de frontera en California, Arizona y Nuevo México, el envío de buques de guerra frente a las costas mexicanas y los sobrevuelos espía sobre territorio mexicano, invadiendo el espacio aéreo, que lleva a la pregunta si la Presidenta tiene miedo que, en algún momento, Trump cumpla su amenaza de enviar una fuerza de expedición terrestre.
¿Acaso tiene miedo de que una acción extrema se encuentre ya en el terreno de los escenarios posibles?
Cuando cuestiona la iniciativa sobre las remesas y reta, “a ver, cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá”, esconde que en México pagan impuestos las remesas enviadas por quienes no sean familiares de primer grado y que se tienen que pagar impuestos sobre la renta, al declararlas, por ley, en Hacienda. La presidenta puede tener una preocupación legítima porque el 5 por ciento de impuestos propuesto a las remesas, significaría una caída de poco más de tres mil millones de dólares al año en ingresos, importante merma para la principal fuente de divisas y sustento del tejido social. Pero lo que diga ante esa decisión soberana en Washington, es irrelevante porque no les harán caso. La iniciativa pretende utilizar esos impuestos para fortalecer la seguridad en la frontera con México y está previsto que la voten el 26 de mayo. Si se descarrila o no se aprueba, será por razones domésticas, no por los lamentos mexicanos.
¿Acaso tiene miedo que la pérdida de esos recursos impactará en los programas sociales que afecten su popularidad y pongan en riesgo la hegemonía de Morena?
Su amalgama de reacciones a las decisiones y acciones en Estados Unidos le dio sentido a lo que en la prensa se comenzó a manejar desde este martes como una debilidad.
El columnista Salvador Camarena escribió en El Financiero: “Quién sabe quién convenció a la presidenta de que la mejor arma política para lidiar con un acontecer complejo es decir que no sabe de esto o de lo otro. Parecer desinformada tan a menudo, prácticamente diario, y no corregirlo, es un gran defecto”.
El político de oposición Germán Martínez apuntó en El Universal: “Palacio Nacional, que pide una y otra vez información a la Casa Blanca, a la DEA, al FBI, en cada caso presuntamente criminal, solo evidencia dos cosas: o bien es inepto para atrapar a los delincuentes, o bien simula una persecusión… (Pero) ya no puede hacerse pato en el combate al crimen”.
El excanciller Jorge Castañeda observó en el mismo diario: “Dolia Estévez tiene toda la razón cuando escribe que normalmente temas como los de la familia de Ovidio, el acuerdo de Ovidio y la revocación de la visa de la gobernadora de Baja California se avisan. No descarto que en los cuatro casos mencionados Sheinbaum haya sido informada con anticipación. Pero ha dicho que no. Más aún, en lo tocante a la gobernadora, pidió explicaciones, pero a toro pasado. Entonces una de dos: o no le avisan sus amigos en Washington (y no son tan amigos), o no nos dice la verdad (no sé qué gane mintiendo)”.
Definitivamente, no son buenos amigos los gobiernos de Sheinbaum y de Trump, aunque insista la presidenta en que pese a las desaveniencias, hay respeto. Los hechos muestran todo lo contrario, y la hostilidad y nivel de agresión contra México no se recuerda en tiempos de paz. La presidenta aparece todas las mañanas en Palacio Nacional y se le ven los estragos de las preocupaciones, con una retórica desarticulada que, en efecto, la hace ver desinformada. ¿O no vemos entre las sombras? Castañeda dice que no sabe qué ganaría mintiendo, pero hay otra ventana.
Si es una estrategia de pagar el costo de decir que no sabe nada para protegerse del presidente emérito Andrés Manuel López Obrador porque, si supiera, tendría que defenderlo cuando el calor empiece a quemarlo, que hoy es una posibildad, ¿está construyendo una salida plausible? Después de todo, ella conoce la información de inteligencia sobre las vinculaciones de importantes personajes del régimen con el crimen organizado, algunos muy cercanos a López Obrador, y Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, le dijo hace 48 días lo que estaba por venir. Quizás no conocía la partitura pero escuchó la música de Washington. Esa sería una forma de mentir para ganar, como presidenta, en el mediano y largo plazo.

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Andrés Manuel López Obrador descubrió que le habían cerrado la llave de la información en Estados Unidos el 26 de julio del año pasado. Claudia Sheinbaum confirmó el 12 de mayo que no van a abrírsela. Aquel día, el expresidente se enteró por la prensa que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López habían sido capturados en Texas. El lunes, la presidenta se enteró por la prensa que la madre de Ovidio y Joaquín, Griselda López, y 16 familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, se entregaron a las autoridades estadunidenses en la frontera de San Ysidro.
La captura de Zambada y Guzmán López provocó la guerra en Culiacán, al implosionar el Cártel de Sinaloa. Al someterse Griselda y sus parientes, se puede anticipar un cisma en el seno de la familia del Chapo Guzmán. Las detenciones de julio fueron una traición a quien por una generación fue el jefe de la organización criminal más grande del mundo. La entrega en mayo huele a rompimiento entre los hijos de quien fue cojefe del Cártel de Sinaloa, dejando solos en su guerra a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, sus hijos mayores.
Todo apunta a que el gobierno de Donald Trump está comenzando la limpia del Cártel de Sinaloa, destruyendo los pilares que sostenían su vertiente más violenta, la de Los Chapitos. Entregarse Griselda junto con su hija y otros 15 familiares a los federales estadunidenses, coincidente con la revisión de un acuerdo de culpabilidad del hijo menor del Chapo Guzmán, capturado en enero de 2023 por presiones de Estados Unidos y extraditado en septiembre de ese año, no se entendería sin el quid pro quo de su colaboración con los fiscales de Chicago, donde se lleva su caso.
La captura de Zambada fue mediante una sofisticada operación que contó con la colaboración de Ovidio, para tenderle una trampa a través de Joaquín, el hermano al que más quiere, y que siempre tuvo reticencias a seguir la vida criminal de su familia. Fueron los prolegómenos de un acuerdo de colaboración, que como primer pago fue sacado de la prisión días antes de ejecutarse la captura, y llevado a resguardo en una propiedad secreta. La pinza se cerró el lunes. Con el núcleo familiar más cercano salvo, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo se convirtieron en piezas desechables.
Griselda López era un símbolo para todos los leales al Chapo. Aunque fue su segunda esposa, de la que estaba divorciado, nunca dejó de ser su principal apoyo, y por años fue el cerebro de la administración y los asuntos financieros del capo. El Chapo nunca tuvo la confianza que le dispensaba a ella con Alejandrina, la madre de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, ni de Emma Coronel, la madre de las dos gemelas que son su adoración, y lo sabían bien en Sinaloa. El que se haya ido a Estados Unidos con la familia más cercana, será para muchos una señal de desamparo y probablemente les represente la definición de la guerra interna que vive el Cártel de Sinaloa desde septiembre, inclinada hoy a favor de La Mayiza.
El gobierno de Estados Unidos, en las administraciones de Joe Biden y de Donald Trump, han jugado su tablero pacientemente, manteniendo en la oscuridad de su diseño y operación a López Obrador, primero, y a Sheinbaum, después. Del expresidente desconfiaban. Un funcionario estadunidense afirmó que estaban seguros de que si le hubieran informado que planeaban capturar al Mayo, le habría avisado para que escapara. De Sheinbaum no tienen información de su involucramiento con los cárteles, pero tampoco confían en su gobierno, infectado de leales al expresidente que saben que están vinculados con el narcotráfico.
La captura del Mayo y Guzmán López fue resultado de un trabajo de meses de una unidad del FBI que opera en Washington bajo las órdenes de un anglosajón, que es considerado quien más sabe del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, y ejecutado por la oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Interior, que realiza acciones clandestinas contra terroristas en el mundo. Todavía no hay información suficiente para conocer los detalles de aquella operación, que provocó tantas turbulencias en Washington por haber excluido a la DEA y la secrecía en la que se desarrolló, que la orden que le dieron a los protagonistas fue no hablar. La rendición de la familia de Ovidio y Joaquín en la frontera, también fue operada por el FBI.
Las autoridades federales estadunidenses parecen haber entrado a la segunda fase del combate al Cártel de Sinaloa y trabajan para llevarlo a un nivel en donde pueda ser manejable, sofocando la guerra interna que vive la organización. López Obrador responsabilizó al gobierno de Biden en su momento, de ser el causante de la violencia que había estallado en Sinaloa, que se detonó por la ambición de Los Chapitos de hacerse por la fuerza de la organización ante la ausencia del Mayo. Comenzaron ganando la guerra, pero gradualmente fueron perdiendo terreno con golpes estratégicos a sus principales lugartenientes.
La guerra interna comenzó en las últimas semanas del gobierno de López Obrador, y el de Sheinbaum se planteó como definición de victoria de la nueva estrategia de seguridad, pacificar al estado al nivel en que cuando menos se encontraba previo a la captura de Zambada. No fue así. En 2024, de acuerdo con el Índice de Paz México, la tasa de homicidios se elevó en 86.6 por ciento, donde 8 de cada 10 asesinatos se cometieron con arma de fuego, un incremento de 124 por ciento en ese tipo de violencia.
El gobierno de Sheinbaum ha naufragado en Sinaloa. En febrero, la prensa reportó que se le escapó a las fuerzas federales Iván Archivaldo Guzmán, que fue desmentido por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El lunes, el periódicoThe Wall Street Journal citó fuentes del gobierno estadunidense que confirmaron que sí se les había escapado. Fue otra señal de que han perdido la paciencia y la confianza de lo que esperaba Trump de Sheinbaum, un país sin violencia y con seguridad, que no puede lograrlo por más esfuerzos que esté haciendo.

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Una vez más, el gobierno de Estados Unidos dejó con un palmo de narices a la presidenta Claudia Sheinbaum. Poco después que anunciara en su conferencia matutina que solicitaría información al Departamento de Estado para saber las causas por las que revocaron las visas de la gobernadora de Baja California y de su esposo, un ambicioso político que tiene fuerte incidencia en la administración estatal, la Embajada de Estados Unidos en México decidió no hacerla esperar. En una declaración que circuló entre periodistas le respondió: es información confidencial, por lo que no le dirán nada.
Sheinbaum no puede hacer nada ante Washington, como lo ha experimentado con sus peticiones para que le informen sobre cómo fue la operación de la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en julio del año pasado en Culiacán, que ignoró el presidente Joe Biden y que ha tenido el mismo tratamiento del presidente Donald Trump. Quizás la presidenta está volteando al lugar equivocado, cuando menos en el caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y de su esposo Carlos Torres, porque en este caso es un daño auto inflingido.
La revocación de las visas es algo que podía haberse evitado, pero la red de complicidad con Morena, como designio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cubrió a la pareja con un velo de impunidad que el fiscal general Alejandro Gertz Manero cuidó como si fuera el oro en Fort Knox. Las omisiones políticas del pasado, que se volvieron complacencias en el presente, tienen a Sheinbaum metida en esta delicada situación, un escalón más en las presiones de Estados Unidos para que atienda el problema de los narcopolíticos.
Se desconocen las razones de ello, aunque sugiere que la gobernadora también es persona de interés para Estados Unidos. Ávila y Torres minimizaron la decisión de la Administración Trump tratándolo como un procedimiento de rutina. “La realidad es que, en este caso”, escribe Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana en su edición digital, “la acción correspondió a una investigación desde Washington… la cual fue ejecutada por personal del CBP (Aduanas y Patrulla Fronteriza) en una de las dos garitas internacionales Tijuana-San Diego”.
Navarro agregó, de acuerdo con sus fuentes de información, que la revocación de las visas fue consecuencia de “una investigación (que) tiene varios meses en marcha, y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California”. La violencia en el estado se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura y se reacomodaron las organizaciones criminales, surgiendo como las fuerzas de mayor presencia y control los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que hoy luchan por el territorio.
La violencia fue denunciada en agosto de 2022 desde la tribuna de la Comisión Permanente del Senado por Jaime Bonilla, antecesor de Ávila en la gubernatura, que en su primer discurso al regresar a su escaño en esa cámara, denunció: “Lo que pasó en Baja California no fue una casualidad; fue un acto que se coordinó por los cárteles como un reclamo al gobierno de Baja California. Se le hizo un reclamo a la gobernadora, en una manta inmensa, con señalamientos con nombre y apellido (que dicen) que violó el acuerdo”, retomando un mensaje en las calles de Tijuana colocado el 15 de marzo de ese año, dirigido a Ávila y a su entonces fiscal, Ricardo Iván Carpio. Bonilla pidió la intervención de López Obrador para que Gertz Manero lo recibiera y le aportara la información que tenía, pero se desconoce si se dio la reunión, aunque si esta se llevó a cabo, el fiscal general no hizo nada.
Gertz Manero tendría que haber actuado de oficio cuando Bonilla hizo la denuncia contra la gobernadora desde el pleno del Senado. No lo hizo porque no estaba en el ánimo del expresidente actuar contra la gobernadora. De hecho, un día después de su discurso en el Senado, 21 gobernadores de la alianza en el poder, incluida Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el líder de Morena a la sazón, Mario Delgado, publicaron un comunicado de total apoyo para Ávila. El velo de impunidad, sin embargo, llevaba meses.
López Obrador había recibido un informe de la Secretaría de Seguridad días después de que aparecieran mantas contra la gobernadora, donde abundaron los vínculos de agentes ministeriales y personal del secretario particular del fiscal Carpio con Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, presunto líder de una célula del histórico Cártel de Tijuana, que dirigían los hermanos Arellano Félix, y a quien le atribuían una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, enfrentado con el Cártel de Sinaloa.
El reporte que le mostraron en el gabinete de Seguridad mencionaba que dos agentes de Carpio, trabajando con Huerta Nuño, habían robado 145 kilos de cocaína de Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, que mantenía una vieja relación con Ismael El Mayo Zambada. En la implosión del Cártel de Sinaloa, El Chapo Isidro unió fuerzas con el hijo de El Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicarios, El Mayito Flaco, mientras que Huerta Nuño, que aparentemente fue detenido en Tijuana en diciembre, pagó 300 mil dólares a las autoridades para fugarse, según Zeta.
López Obrador se tragó toda la información en 2022 y no actuó contra el equipo de Ávila. Varios asesinatos se podrían haber evitado de haber actuado Gertz Manero, y no hacerlo llevó a una crisis de violencia y desapariciones en Baja California que hizo imposible a la gobernadora sostener a Carpio. La batalla de La Mayiza y el CJNG se ha intensificado en el estado.
Gertz Manero no es el único responsable de la tragedia y de las acciones estadunidenses contra Ávila y su esposo. López Obrador es el culpable de lo que sucede en Baja California por sus omisiones criminales, y si no toma acciones que la deslinden de ese pasado, Sheinbaum se convertirá en cómplice. Las revocaciones de visas a funcionarios y políticos, no debe olvidar, continuarán como primer señal de que algo más grande vendrá.

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Marina del Pilar Ávila es una de las gobernadoras preferidas del régimen. El ex presidente Andrés Manuel López Obrador decía que era “lo mejor que le había pasado a Baja California”, y la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que es muy buena gobernadora, sensible y está muy cerca de la gente. Estados Unidos piensa diferente. El fin de semana, el Departamento de Estado le revocó la visa –sus dos hijos nacieron en California– y a su segundo esposo, el político Carlos Torres. La gobernadora no aclaró las razones de la anulación, y se limitó a describirla como “una situación” que estaban enfrentando y aclararían.
Es la primera funcionaria mexicana en el cargo de la que públicamente se sabe que Estados Unidos le canceló la visa. Más allá de violaciones migratorias o antecedentes penales que son causales de esa acción, se puede revocar una visa a discreción por razones de seguridad nacional, o por ofensas criminales. La gobernadora y su esposo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace poco más de dos años por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana, y Ávila, en una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA, fue una de las siete candidatas a gobernador en 2021 cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, después de las elecciones.
Sheinbaum sabía que esto vendría, aunque desconocía nombres y apellidos, pero no hizo nada. O no creyó que Estados Unidos lo haría, o como ha sido constante en el entendimiento de cómo está actuando la Administración Trump, calculó mal su estrategia. El lunes pasado se publicó en este espacio que Estados Unidos tenía una lista negra de prominentes mexicanos y que iba a empezar a anular visas a funcionarios, políticos, empresarios y artistas presuntamente vinculados con el narcotráfico.
Esto fue anticipado por la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, durante su visita a Palacio Nacional el 28 de marzo pasado, dejando entrever que esperaban que la Fiscalía General abriera investigaciones y procesos penales contra ese segmento, pero la única acción realizada fue iniciar el proceso contra el grupo Los Angeles del Barranco por hacer apología del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de la gobernadora, su antecesor Jaime Bonilla entregó pruebas en agosto de 2022 de la presunta relación de Ávila y su esposo con el crimen organizado, coincidente con la denuncia que hizo en el Senado acusándola de negociar con el CJNG. Tampoco se hizo nada, y la inseguridad se elevó.
En junio de 2023 se retomó en este espacio la violencia que azotaba a Tijuana por la lucha entre los cárteles de Sinaloa, CJNG y los remanentes del Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, como resultado, dijeron entonces funcionarios federales, del desmantelamiento emprendido por Bonilla de la red de protección institucional construida en el gobierno de su antecesor, Francisco Kiko de la Vega, que tenía en Torres, el esposo de Ávila, a uno de sus principales operadores. Bonilla deshizo el status quo prevaleciente, que fue restablecido por Ávila, de acuerdo con los reportes de inteligencia.
La génesis de aquella situación se dio en medio de los reacomodos que volvieron a realizarse con la llegada de Ávila a la guberrnatura y el intento de restablecer lo que se había erradicado de la administración de Kiko de la Vega. El nuevo reacomodo fue un desastre al no poderlo manejar y administrar el gobierno de Ávila. De acuerdo con información de inteligencia, el reacomodo de los cárteles intensificó la guerra entre ellos.
En Tijuana y Ensenada fueron reducidos los herederos de los Arellano Félix, convirtiéndolas en plazas en disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. En Mexicali, ante la debilidad del Cártel de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero, que estaba separándose definitivamente de Culiacán y que había sido aliado táctico de los hijos de los Arellano Félix, estos se aliaron con el CJNG para enfrentar al de Sinaloa. El fiscal Iván Carpio, nombrado por Ávila sin cumplir con los requerimientos para el cargo –a quien conoció como polícía y ministerio público en Mexicali, cuando fue alcaldesa–, tuvo que renunciar ante la violencia y la crisis de desaparecidos.
Los apoyos de Sheinbaum y López Obrador se dieron en el marco de este clima de violencia y desorden en Baja California. La revocación de la visa fue planteada por la gobernadora y su esposo como una acción que iba diriga contra Torres, que “alcanzó” a Ávila. Torres dijo que no había ninguna acusación, investigación, ni señalamiento formal, lo que es relativo. De haberse concluido ese proceso, no le revocarían la visa, sino anunciarían qué lo estaban imputando y pedirían su extradición. Pero esto no significa que no sepa de qué se trata.
En 2014, cuando el Departamento de Estado revocó la visa de Diosdado Cabello, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y actual ministro de Relaciones Interiores del gobierrno de Nicolás Maduro, dijo que se la habían anulado por una denuncia de haber entregado un millón de dólares a Osama bin Laden. Cuando en 2019 se les canceló a 340 allegados a Maduro, se informó que fue por violaciones a los derechos humanos. Y cuando recientemente se anularon las visas a Los Angeles del Barranco, el subsecretario de Estado, Christopher Landau dijo que no iban a extender una alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas.
Ávila dijo que respaldaba personal, moral y también políticamente a su esposo, lo que sugiere que saben mucho más de lo que hicieron público y dejó abierta la conjetura del porqué actuaron contra ellos.
La anulación de la visa a una gobernadora en funciones coloca en una situación incómoda y delicada a Sheinbaum, que está obligada a fijar una posición. No puede fingir que nada pasó, pero su fraseo deberá ser cuidadoso. Lo más importante, sin embargo, es que tome con seriedad y apremio lo que advirtió Noem y revise los cabos sueltos en el régimen, para evitar más sospresas y para encontrar un hoyo para salir del acorralamiento.

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La jerarquía de la Iglesia Católica representada por 133 cardenales, que vivió el turbulento papado de Francisco, que enfrentó fuertes resistencias a sus ideas de reforma para armonizar la religión de mil 400 millones de personas con un mundo enfrentado culturalmente entre sí, no le dio la espalda a su legado, como proponía una poderosa corriente de opinión en El Vaticano, pero tampoco le entregó carta blanca a su sucesor para que corriera completamente sobre sus rieles. En Robert Francis Prevost, electo ayer en el cónclave cardenalicio, optaron por una figura que no alienara a ninguno de los extremos. León XIV, como pidió ser llamado, es considerado un moderado que, sin embargo, tiene una sensibilidad reformista.
Prevost, el primer cardenal estadunidense en ser electo Papa, no se encontraba en la lista corta de los favoritos, reflejada en las apuestas mundiales, donde quien encabezaba los momios era Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, el número dos de la Iglesia Católica que se anotó un enorme punto al lograr que los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelensky solucionaran su conflicto y se reconciliaran políticamente durante el funeral de Francisco. Los apostadores iban por un canciller experimentado, y después de él, por los dos cardenales que mejor representaban el pensamiento progresista de Francisco, el filipino Luis Antonio Tagle, y el italiano Matteo Zuppi.
No se saben aún los pormenores de los cabildeos tras los muros vaticanos que llevaron a Prevost a la silla de Pedro, pero todo apunta a que se optó por la unión y la conciliación interna en la cabeza de la Iglesia Católica. Los 88 cardenales que nombró Francisco con capacidad para elegir, incluidos 24 que representaron a países que nunca habían tenido voz en un cónclave, como Haití y Myanmar, no actuaron como bloque para lograr dos terceras partes del voto necesarias para uncir a un nuevo Papa, pero tampoco se aprecia un choque intramuros que costara mucho resolver. Prevost se convirtió en León XIV en cuatro votaciones, las mismas que necesitó Joseph Ratzinger para salir de la Capilla Sixtina como Benedicto XVI, y una menos de las que requirió Jorge Bergolio para emerger como Francisco.
“Popular entre conservadores y progresistas por igual, en el Cónclave donde poca gente se conocía, tenía visibilidad mundial”, subrayó en un perfil sobre el nuevo Papa el diario La Repubblica de Roma. Acaso, como sugirió el principal periódico italiano, León XIII, electo Papa hace casi 150 años, ¿Prevost seguirá sus huellas como un Papa que creía que los deberes de la Iglesia incluían también la actividad pastoral en el ámbito político”. León XIII, como Francisco mucho después, escribieron encíclicas que buscaron evitar el aislamiento de la Santa Sede y reconectar con el mundo para recuperar un sitio de influencia.
Prevost, que ha seguido el espíritu renovador y dialogante del Concilio Vaticano II, ha estado cercano al pensamiento de Francisco y a su estilo pastoral, con más de 20 años de trabajo en Perú –cuya nacionalidad también tiene–, llevándolo a El Vaticano hace dos años para que presidiera la Pontificia Comisión para América Latina. “Tiene un perfil centrista y pragmático, capaz de mediar entre las diferentes almas de la América católica”, agregó La Repubblica. “Tiene una profunda sensibilidad hacia las cuestiones sociales y culturales, y podría dar continuidad a un pontificado orientado al diálogo”.
León XIV fue electo Papa en un entorno geopolítico radicalmente opuesto al que llegó Bergolio cuando se convirtió en Francisco. Al asumir el papado en marzo de 2013, el liberalismo político y los gobiernos y líderes progresistas comenzaron un declive en Estados Unidos y Europa, mientras que América Latina estaba inmersa en la marea rosa del advenimiento de gobiernos de izquierda. Cuando murió, ese mundo había cambiado, con la emergencia de líderes populistas, carismáticos y autoritarios, a quienes enfrentó con discursos.
Este es el mundo que recibe a León XIV, por lo que uno puede preguntarse qué tanto influyó el contexto para que la jerarquía de la Iglesia Católica se hubiera decantado por Prevost. ¿Un Papa para los tiempos de la Iglesia y del mundo? El presidente Donald Trump fue el primero en felicitarlo. El presidente Vladimir Putin, el segundo. Acaso, atentos a su realidad interna y al nuevo orden mundial que se está viviendo, 9 de los 10 cardenales estadunidenses que participaron en el cónclave –el décimo era Provost–, ¿trabajaron para impulsar alguien con quien se sintieran cómodos para hablar en las grandes capitales del mundo, en la redefinición de fuerzas globales, como lo hicieron en 1978 para que el polaco Karol Wojtyla se convirtiera en Juan Pablo II?
León XIV no será Francisco, pero tampoco será el vocero de la extrema derecha vaticana, como el cardenal Raymond L. Burke, que enfrentó a Francisco y dijo que su papado era una tragedia. Tampoco los alineará. Tímido y reservado, poco se ha conocido de su pensamiento en la última década, aunque en 2012, en una reunión con obispos –recordó ayer The New York Times–, lamentó que los medios de comunicación en el mundo y la cultura popular adoptaran “la simpatía por las creencias y las prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio”, mencionando entre ellas “el estilo de vida homosexual” y “las familias compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptivos”, que su predecesor abrazó.
No obstante, como abrevó de los agustinos, su orden, favorece el diálogo interculatural y está comprometido con los pobres, como Francisco, coincidiendo con una línea más pastoral que doctrinal, que fue lo que separó a Francisco de Benedicto XVI. El Papa recién fallecido lo llevó a El Vaticano hace dos años y lo puso al frente del Dicasterio para los Obispos, uno de los más influyentes de la Iglesia Católica –es el que selecciona a los obispos–confiando en que continuara el trabajo de una Iglesia participativa y corresponsable, más misionera y menos clerical.
Francisco lo colocó en la ruta del papado, que llevó finalmente a la decisión salomónica de este jueves y que León XIV, como el papa San León I hace mil 500 años, restablezca la estabilidad en El Vaticano.

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En vísperas de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta, su secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, decía que la definición del éxito de la nueva estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada, sería la pacificación de Sinaloa. Recién había comenzado la guerra interna del Cártel de Sinaloa, que no necesitaba diagnóstico para saber lo que representaría. Existía la experiencia por un fenómeno similar en la misma organización en 2008, cuando la implosión por traiciones de sus líderes comenzó en enero con matanzas que se extendieron por cuatro meses, antes de ser controlada. Hoy, la guerra interna en el Cártel duplica ese periodo en batallas que no tienen para cuándo acabar.
Sinaloa se está convirtiendo en la metáfora de un gobierno que enfrenta a los cárteles, pero no puede con ellos. Todos los días hay un parte policial de acciones, detenciones y decomisos, pero los asesinatos no cesan y cada vez hay más soldados y policías que son eliminados por los criminales. Cada semana informa el gobierno que el índice de homicidios dolosos ha bajado significativamente, pero choca con el espejo de los escépticos que les recuerda que están comparando peras con manzanas desinformando a la población, con trampas metodológicas que proyectan bajas en ese tipo de delitos mientras el número de desaparecidos se ha ido elevando imparable y significativamente.
La violencia no ha cesado en el país, pero en el epicentro de la atención pública, Sinaloa, claramente el gobierno federal está siendo derrotado.
La guerra comenzó el 9 de septiembre del año pasado en Culiacán, como consecuencia de la traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a su padrino, Ismael El Mayo Zambada, que en una operación clandestina el 25 de julio coordinada por el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, fue capturado en Culiacán y trasladado subrepticiamente a Nuevo México. Resultado de aquella acción, este martes Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín, pospuso su audiencia en Chicago, programada coincidentemente para el viernes, porque está por llegar a un acuerdo con los fiscales estadunidenses para cooperar con ellos.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre y diciembre del año pasado, se cometieron 656 homicidios dolosos en Sinaloa, de los cuales, más del 50 por ciento se registraron en octubre y noviembre. Datos de la Fiscalía General del Estado muestra una tendencia al alza en los crímenes, superando sistemáticamente la cifra de 200 por mes, cerrando el periodo enero-abril de este año en 847 personas asesinadas. Esto es lo que describió este lunes pasado el gobernador Rubén Rocha Moya, otra de las metáforas de la tragedia sinaloense, como “un problemita”.
La guerra del Cártel de Sinaloa comenzó al revés de lo que son las guerras, en la capital, en lugar de ser la última en ser afectada por la violencia, por una razón simple: era el santuario de los hijos de El Chapo Guzmán. Pero no comenzó con ellos siendo atacados, sino ellos tratando de aprovechar la ausencia del jefe, El Mayo Zambada, y atacando la periferia de Culiacán, que es semirural, y la parte baja de la sierra, los bastiones de las milicias mayistas.
Era el intento de los Guzmán por quedarse con el control del Cártel, pero no calcularon bien la fuerza de la mayiza. Gradualmente los frenaron y los fueron repeliendo. Les quitaron la iniciativa y poco a poco también les fueron arrebatando Culiacán, de acuerdo con personas con conocimiento de primera mano de sus operaciones. El lunes, en vísperas de iniciar el octavo mes de guerra en Sinaloa, la violencia se extendió por muchas partes del estado. Informes de la Secretaría de la Defensa citados por El Sol de México –que tiene en Culiacán a un reportero, Juan Veledíaz, con gran acceso a los militares–, la sacudida violenta alcanzó municipios que eran considerados “tranquilos”, como Mocorito, Salvador Alvarado y Guasave, en el norte del estado, donde prácticamente no había enfrentamientos.
De acuerdo con la información del diario, se debió a presunta alianza entre los grupos que responden a Ismael Zambada Sicarios, apodado El Mayito Flaco, segundo hijo del exlíder del Cártel que está disputando el control de la organización con Iván Archivaldo Guzmán, con Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, una fuerza criminal autónoma que controla el norte de Sinaloa, y que hasta ahora se había mantenido al margen del conflicto entre las dos facciones dominantes del cártel.
Los chapitos no forjaron ninguna alianza con otra organización criminal, y de acuerdo con fuentes del más alto nivel del gobierno federal, las versiones de un acuerdo con el Cártel Jalisco Nueva Generación no eran ciertas. La guerra parecía encontrarse en una especie de empantanamiento hasta este lunes, por lo que se experimentó con la violencia en regiones que se habían mantenido relativamente al margen de ella, con la participación de El Chapo Isidro que aumentó la capacidad de fuego de la mayiza, que por lo que se vio parece haber modificado la correlación de fuerzas en Sinaloa.
La confrontación ha sido narrada puntualmente por la prensa en Sinaloa, informada y valiente como pocas, cuyos despachos de guerra muestran a dos fuerzas paramilitares irregulares que no se detienen por la presencia de las Fuerzas Armadas ni de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo trabajo de inteligencia le da para detener criminales y decomisar armas y dinero, y para destruir sus laboratorios de drogas, pero sin mermarles recursos y capacidad de fuego, ni arrebatarles control territorial.
Las fuerzas federales están sentadas en la segunda fila de un conflicto que no pueden controlar. La nueva estrategia centrada en la pacificación de Sinaloa, está reducida a palabras y buenos deseos. Quizás, con el reacomodo de las fuerzas criminales que se observa, tras nuevos picos de violencia, la facción ganadora regrese la tranquilidad y la gobernabilidad a Sinaloa. Esa nueva pax narca que añoró el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando estalló la guerra hace siete meses, volverá a definir al gobierno en la lucha contra los cárteles de la droga.

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El viernes pasado al mediodía el usuario en X que se identifica como @vampipe, una cuenta anti-régimen que exuda creatividad y buen humor, y que lleva a cabo un marcaje personal sobre las principales figuras del poder obradorista, publicó una fotografía de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, especulando si habría ido a solicitar la nacionalidad española. La especie detonó cataratas de críticas a la señora Gutiérrez Müller por la incongruencia de su actos agresivos y dolosos contra España, dañando una relación histórica de fraternidad y solidaridad cuyas heridas se mantienen hasta ahora.
No había prueba de nada, pero lo circunstancial de la escena captada en la fotografía y el nefasto pasado político de Gutiérrez Müller, provocó reacciones bajo el supuesto de que era cierta la especie. Se habría esperado un desmentido, pero no llegó. La esposa de López Obrador, que fue una guerrera autoritaria durante su sexenio, guardó silencio. Su cuenta de X, por donde suele comunicarse, no tiene actividad desde el 7 de abril. Tampoco hubo quien, de las figuras del régimen, entrara a la discusión en la arena pública. Silencio total.
Este martes, el periódico ABC de Madrid, uno de los más sólidos de España, publicó la confirma-ción. “Nieta de españoles, estaría haciendo uso de la Ley de Memoria Democrática para ello”, apuntó su informado corresponsal en México, Milton Merlo, citando fuentes diplomáticas. “La obtendría en un plazo de dos años, aproximadamente”. Una vez más, silencio total.
Si las especulaciones durante el fin de semana dejaron a los obradoristas sin articular una salida mediática coherente, la confirmación en ABC debe haber sido como un tiro al corazón. Gutiérrez Müller formaba parte del círculo íntimo del presidente López Obrador, con voz y voto, con veto y capacidad para meterse en decisiones de Estado y políticas públicas. Quizás la más dañina para el país fue la construcción de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, que encargó a Marx Arriaga, su incondicional colaborador, que encabezó un equipo que entregó, de acuerdo con los expertos, llenos de errores conceptuales, pedagógicos y didácticos. Eran malos y resul-taron inútiles.
Gutiérrez Müller se metió en designaciones de embajadores, en todos los ámbitos de la cultura, reclutó historiadores, escritores y periodistas para elaborar una obra epopéyica sobre López Obrador, manipulando los asuntos de gobierno, como fue un encuentro en octubre de 2023 de presidentes y cancilleres latinoamericanos en Palenque, donde está el rancho de López Obrador, para hablar de la migración a Estados Unidos, que surgió de una idea de su esposa para incorporar la reunión en el libro de su legado, proyectándolo como líder mundial.
También cabildeó con HBO para que le cancelaran un programa a Chumel Torres, por sus ocurrentes comentarios llenos de ácido contra López Obrador y sus dislates, y protestó airadamente a El Universal por publicar la fotografía de su hijo en silla de ruedas saliendo de una consulta en el hospital –que ella misma había hecho pública–, que le costó el trabajo a dos experimentados editores y a una reportera.
Pero lo que causó el escándalo por su revelada solicitud para la nacionalidad española, es la autoría de la carta que envió López Obrador al Rey Felipe VI en la primavera de 2019, donde le pedía que ofreciera disculpas a los pueblos originarios en México por los crímenes y atropellos durante la Conquista, con lo cual quería conmemorar la pareja los 500 años de la caída de Tenochtitlán. La carta, que recogía el pensa-miento de Gutiérrez Müller, fue rechazada por el gobierno de España, y provocó un choque con el Palacio de la Zarzuela y la Moncloa, así como por la mayoría de los partidos y la academia, generando sorna en medios españoles que se contagió a otras partes del mundo.
López Obrador, presionado por Gutiérrez Müller, no reculó. En marzo de 2022, puso en “pausa” la relación con España. Qué tanto era un asunto más personal que influido por su esposa, no se sabe. Pero desde la toma de posesión se vio que las cosas no andaban bien. A la toma de posesión de López Obrador solo se invitó a Felipe VI, pero no a la reina Letizia, en una descortesía que no se había dado en el protocolo mexicano. El diferendo fue una de las herencias a la presidenta Claudia Sheinbaum, que en su toma de posesión no invitó al rey, pese a ser el jefe de Estado español, por no responder la carta.
Durante el sexenio de López Obrador no hubo ningún gobierno contra el cual se hubiera dado una relación hostil continua, con críticas permanentes a sus autoridades y empresas, que fueron demonizadas sistemáticamente. Atrás de él siempre estuvo la palabra de Gutiérrez Müller, que pesó más que la cancillería, a la que también doblegó. Su actitud contra la Corona fue personal e ideológica, que es parte de lo que ha brincado con las informaciones sobre la solicitud de la nacionalidad.
Sin existir confirmación oficial de ello, que para este momento sería extemporánea y se entendería más en la lógica de un control de daños, Gutiérrez Müller queda como incongruente e hipócrita, pero sobre todo como una desvergonzada después de los actos hostiles en contra de España. Deja también en ridículo al régimen, que ha puesto a andar a su sicariato mediático para denostar a los ex presidentes mexicanos que viven o vivieron en España y quienes optaron por cambiar de país su residencia.
A López Obrador lo deja en una posición sumamente incómoda, por entregarle el poder para atacar a España y satisfacer sus caprichos ideológicos, metiéndolo en un conflicto que no quiso ni pudo resolver. Gutiérrez Müller no pagará las consecuencias de ello, porque no tenía responsabilidad política de los actos de gobierno, pero su esposo sí. Lo ha desnudado su esposa, mostrando su fragilidad ideológica, inconsistencia política y una actitud embustera que se anidó y creció en la cueva de odio. Faltaría el tiro de gracia: jurar obediencia y fidelidad a Felipe VI, hincándose ante la Corona española.

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