El primer round en la lucha por el poder dentro del movimiento obradorista se lo apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum. El Consejo Nacional de Morena respondió a una serie de recomendaciones que le envió en una carta que inspiró un código de comportamiento aprobado por 249 de los 363 delegados que se reunieron este domingo en la Ciudad de México. Los lineamientos impactan en el comportamiento y estilo de vida de los dirigentes de Morena y algunas de sus figuras más conspicuas. La duda que queda no es si los romperán, sino cuándo lo harán.
Sheinbaum, una persona auténticamente austera en el mundo de la élite de Morena que se revuelca en la simulación, buscó restablecer la sobriedad de una clase política dirigente que se ha perdido en el alma de nuevo rico y su aspiración burguesa. De sus propuestas surgieron normas que tienen destinatarios específicos, como el de la mesura, viajes en primera clase o fiestas ostentosas.
El dardo mayor es contra Pedro Haces, el numero 2 de Morena en la Cámara de Diputados, que suele hacer fiestas y comilonas en su rancho en el Ajusco y tomar su helicóptero en los jardines de San Lázaro para ir a Toluca, donde toma su avión a diferentes destinos. No se sabe si Haces dejará de hacerlo, porque como él afirma, todas esas propiedades y costumbres las tenía antes siquiera de entrar a la política. Junto con él, a quien le quedó el saco que antes le quedaba grande, fue a su compadre Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Congreso, que ha sido beneficiario de los lujos de su camarada.
Los criterios aprobados meten en contradicción a otras figuras de Morena. Uno de ellos es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que ha hecho del exhibicionismo un estilo de vida pública. Fernández Noroña luce con orgullo su camioneta híbrida Volvo –con un valor superior al millón de pesos–, y viaja en clase ejecutiva o en primera clase, hospedándose en hoteles de lujo. Sin pudor alguno, está convertido en el rey de las selfies aspiracionistas.
Otro lineamiento, sobre la prohibición de ropa de marca y costosa, toca la vanidad disfrazada de Andrés López Beltrán, el hijo del expresidente que desde que era líder de la izquierda social, ya había mostrado su debilidad por ese tipo de vestimenta. López Beltrán es el número 3 de Morena, su secretario de Organización pero con un poder implícito superior al de la líder nacional, Luisa María Alcalde, que fue muy cercano de Sheinbaum pero que desde hace dos años le ha jugado las contras, sin que eso vaya a cambiar, según ha expresado a sus colaboradores. Otro lineamiento impide utilizar vehículos blindados y escoltas, que afecta a muchos en Morena, pero quizás más a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que viaja en convoyes de autos blindados con una fuerte seguridad, incluso pagada por ella.
La carta de Sheinbaum fue inspirada en tres personas, los senadores Andrea Chávez, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, que aspiran las gubernaturas de Chihuahua, Guerrero y Zacatecas en 2027, para quienes fueron hechos a la medida la prohibición de recursos públicos o privados para promover la imagen de quien aspira un cargo de elección popular, cuya destinataria principal es Chávez. Para los otros dos fue la regla contra el nepotismo, donde ningún candidato podrá suceder a un familiar en el mismo cargo.
Chávez sostiene que ninguno de los nuevos lineamientos tiene dedicatoria a ella, lo que no es cierto. Sheinbaum ha tenido una creciente molestia contra ella por su promoción electoral anticipada, pero sobre todo porque es una pieza de Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, que es uno de los arietes en contra que tiene la presidenta. López, que está apoyado por el expresidente, no ha sido leal a Sheinbaum, que carece de aliados en el Senado, una cámara de donde suele salir un alto número de gobernadores. No quiere la presidenta que Chávez sea una más de ese bloque de gobernadores, que le deberían el caro a su enemigo político.
El caso de la senadora ha sido el más controversial en los últimos meses. En al menos dos ocasiones la presidenta le pidió a Alcalde, que frenara las aspiraciones de Chávez y que se encargara que no se presente siquiera como candidata a la gubernatura. Sin embargo, no va a ser fácil, como se empezó a ver cuando Sheinbaum, que anunció que daría a conocer su carta en la mañanera, optó por no hacerlo. Hacerlo habría sido prematuro, porque se estaban dando fuertes negociaciones entre los consejeros para buscar el consenso en torno a los lineamientos.
Una de las más difíciles negociaciones, que perdió Sheinbaum y ganó el senador López, tiene que ver con un artículo transitorio en el borrador del documento que se aprobó el domingo, que exigía la suspensión de cualquier acto que pudiera ser considerado como proselitista, de promoción personal o personalizado, que fue eliminado del texto final. Sin esta restricción, la senadora Chávez podrá seguir haciendo campaña en Chihuahua, sin ninguna restricción política, ni legal, pues los órganos electorales están completamente colonizados por Morena.
Salgado Macedonio, cuya hija Evelyn Salgado gobierna Guerrero, y Monreal, cuyo hermano David Monreal lo hace en Zacatecas, dijeron cáusticamente que respaldaban los acuerdos. Salgado Macedonio dio un videomensaje el domingo por la noche donde se refiere a los avances en los lineamientos, pero no dijo nada de la regla contra el nepotismo. Está totalmente en contra, y ya recibió las garantías del expresidente Andrés Manuel López Obrador que, llegado el momento, él será el candidato a gobernador. Monreal no tiene esos apoyos, pero la posibilidad de que contienda por un partido que no sea Morena, es amplia.
La carta de Sheinbaum fue un golpe de mano en Morena, que no le responde a ella, aunque aprobaron sus propuestas. Algunas de sus figuras consideran que el acuerdo fue más una concesión coyuntural que una medida de largo alcance, que no cambiará hasta que ella tome el control del partido, lo que no se ve en el horizonte.

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La relación entre México y Estados Unidos se encuentra en uno de los peores momentos de su historia. No en lo cosmético, donde todo parecería marchar sobre miel, sino en el fondo. Las dos últimas conversaciones telefónicas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump han sido calificadas como “muy cordiales” y “productivas”. Pero cuando se cruza el lenguaje diplomático y se ve cuáles han sido los resultados de los contactos, no han llegado a ninguna parte. Sheinbaum no ha logrado que Trump cancele aranceles en acero y aluminio, ni frenado las demandas en otros ámbitos, agua, jitomates, contaminación. Mucho menos ha impedido la escalada de sus intentos intervencionistas ante lo que ve Trump como displicencia y negligencia en el combate a los cárteles.
La revelación el viernes pasado en The Wall Street Journal de que Trump le pidió a Sheinbaum en su conversación del 16 de abril que le permitiera la participación de tropas estadunidenses contra los cárteles de las drogas, fue confirmada por la presidenta al día siguiente. Sheinbaum no necesitaba hacerlo. En Washington nadie confirmó ni negó la información del diario, y ella pudo haber hecho lo mismo, pero por alguna razón, quizás para buscar consenso interno en momentos en donde su fuerza política real se ha disminuido –que disfrazan con la popularidad en las encuestas–, reconoció que, aunque con matices, era cierta la publicación.
El temor de Sheinbaum de que Trump llegara a pedir el envío de tropas se materializó. Pero la mano dura, envuelta en terciopelo, la comenzó a sentir desde la visita de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, el 28 de marzo en Palacio Nacional, donde le dijo directamente, como lo reveló días después, que México “tenía muchos pendientes” en la lucha contra el narcotráfico y migración. El encuentro estaba programado para durar media hora, pero como reveló Noem a la cadena Fox News tres días después, se prolongó por casi dos horas y fue “productiva”.
Pero de acuerdo con detalles de la conversación a los cuales se ha tenido acceso, fue más que eso. Podría decirse que fue, incluso, amenazante. Lo que quiere Estados Unidos es que la Fiscalía General de la República abra investigaciones y procesos penales en contra de funcionarios, políticos, empresarios y artistas presuntamente vinculados con el crimen organizado. Noem no proporcionó ninguna lista de nombres, pero el mensaje fue entregado.
En Washington no esperarán a que la presidenta instruya al fiscal Alejandro Gertz Manero a realizarlo, si es que en algún momento decide actuar en ese sentido, por lo que el Departamento de Estado está depurando una primera lista de mexicanos a quienes les retirará la visa. De hecho, al día siguiente de ese encuentro revocó las visas de turismo y trabajo a los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco, que cantó un corrido dedicado a Nemesio Oseguera, El Mencho, mientras proyectaban su imagen en el escenario en un auditorio en Zapopan porque, como explicó el subsecretario Christopher Landau, “no vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”. El 17 de abril, un día después de la llamada con Trump, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, fue detenido cuando intentó cruzar la frontera con Brownsville, y le retiraron la visa.
Visto en retrospectiva, Noem fue la mensajera que advirtió lo que vendría.
Sheinbaum y Trump han hablado alrededor de 55 minutos en dos semanas. La última,  el jueves pasado, duró 10 minutos, y solo fue hablar para que los secretarios de Comercio y Tesoro, que han tenido reuniones bilaterales, se vuelvan a reunir para ver cómo se reduce el déficit comerial de Estados Unidos con México, y cómo conciliar los aranceles con el deseo de Trump de que la barreras arancelarias cambien de supervisor, y que una vieja oficina en el Departamento del Tesoro, rebautizada como Servicio Recolector de Impuestos Extranjeros, sea quien se encarge de cobrar las tarifas.
La penúltima del 16 de abril, duró 45 minutos. Oficialmente se informó que solo hablaron de comercio y aranceles, pero en México comenzó a trascender que había sido una llamada ríspida. No fue lo que dijeron los presidentes cuando informaron de esa conversación que con las revelaciones del diario neoyorquino se puede comprender la razón de la duración.
Sheinbaum dijo que rechazó tajantemente la petición de Trump, que ha dicho que México “está dominado casi en su totalidad por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total, que amenaza la seguridad nacional” de Estados Unidos. Sheinbaum siempre negó esas imputaciones y en la conversación de abril le dijo que “nunca aceptaría una intervención militar”.
La revelación del The Wall Street Journal puede interpretarse como una presión pública del gobierno estadunidense a México, y la confirmación por parte de Sheinbaum, una respuesta pública de la posición de México en busca del respaldo interno para hacer frente a lo que parece ser una hoja de ruta donde se están colocando las ruedas de la maquinaria que concreten las amenazas que ha venido haciendo Trump y su gabinete de seguridad en contra de los cárteles de las drogas y de la complicidad y red de protección institucional de la que gozan aquí.
Una situación de esta naturaleza no se había visto antes.
En 1977, Peter Bensinger, director interino de la DEA, dijo en una audiencia en el Capitolio que tenían una lista de 770 nombres de políticos, funcionarios y artistas mexicanos que intercambiaban drogas por armas a través de la frontera común, pero nunca hicieron nada con esa relación. Hasta 1985 cambió el marco de la relación por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que logró desnarcotizarse, aunque no desapareció, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.
La crisis de fentanilo en Estados Unidos en 2019, y la tolerancia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador con los cárteles de las drogas, narcotizó nuevamente la relación, pero desató presiones inéditas en su dimensión y escalamiento, que son las que tiene que administrar Sheinbaum, atrapada entre las extorsiones de Trump y los compromisos de inmunidad para los privilegiados del régimen.

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La última mañanera de abril mostró dos caras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, la exasperación porque su intento marrullero para colar una ley de telecomunicaciones y radiodifusión centralista, autoritaria y de control social y político, no pasó desapercibido pese al ruido ensordecedor de otros temas en la opinión pública. Y por el otro, que los argumentos contra la crítica que la denunciaba como un intento de censura para minar la libertad de expresión, se caen bajo el propio peso de sus falsas conclusiones.
La presidenta, entregada a la campaña de propaganda de su coordinador de asesores –ex vocero de Andrés Manuel López Obrador–Jesús Ramírez Cuevas, y su brazo ejecutor, Jenaro Villamil, director interino del Sistema Público de Radiodifusión del gobierno, presentó en la mañanera a un académico orgánico del régimen, Carlos Augusto Jiménez Zárate, que presentó un estudio sobre la reacción en las redes y medios a la ley. El profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue a cumplir su misión: lanzar cortinas de humo y con afirmaciones sin prueba, buscar un cambio en la conversación.
“El análisis de los usuarios más relevantes nos confirma que las cuentas son de políticos, medios, periodistas y trolls que forman parte de una red que lleva muchos años emitiendo noticias falsas, desinformación y ataques contra los gobiernos de la cuarta transfor-mación”, afirmó. O sea, una operación mediática estructurada que une a personas con diferentes posiciones e intereses, algunas incluso enfrentadas entre sí, en una “campaña artificial” contra la ley, como si la coincidencia en preocupaciones por la conculcación de libertades fuera una operación colectiva. Otra más de las mentiras que inventa Ramírez Cuevas, a través de una boca diferente a las usuales.
No le gusta a la presidenta que le digan censora con tentaciones autócratas, pero en lugar de elaborar respuestas con argumentos, respon-de con epítetos. La confrontación de ideas no se le da ni a ella ni al régimen. Ciertamente, no es fácil sostener una discusión con razones. Sus llamadas “réplicas” no presen-tan evidencias, sino emociones. Funciona en la forma, pero no en el fondo.
La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí es un documento que atenta contra las libertades y censor. A petición de Sheinbaum el Senado detuvo su aprobación para mayor discusión, pero en el mismo formato está otra trampa. El Senado convocó a un conversatorio en lugar de un parlamento abierto. Aunque los dos son foros para escuchar ideas y opiniones, un conversatorio no pasa de eso, mientras que en el parlamento abierto se presentan propuestas para ser tomadas en cuenta en la elaboración de leyes. Si les hacen caso o no, es otra discusión, pero en el conversatorio, por definición, ese paso no se da.
Los intentos de la presidenta y la maquinaria de propaganda no van a frenar la crítica. De hecho, en su análisis, Jiménez Zárate excluyó a varios voceros oficialistas y a funcionarios federales que también han criticado la ley, incluso calificándola en algunos casos como censura. Incorporar esas opiniones anulaba la denuncia de una “campaña alterna”, por lo cual esconderlas era más funcional para su objetivo.
Sheinbaum ha reducido la discusión de su ley a un artículo sobre plataformas digitales, que podría “apagar” si incumplen normas y observaciones que no se sabe cuáles son, pero que podrían interpretarse bajo los criterios generales y ambiguos de otros artículos, como el de las amenazas, o el uso de lenguaje que consideren los censores inapropiados. Programas de sátira política como El Privilegio de Mandar, Los Peluches, o noticieros como La Radio de la República, donde Chumel Torres combina la sátira con la información, podrían ser censurados.
La ley, entre muchas otras co-sas, le permite al gobierno inter-venir en la infraestructura de telecomunicaciones en caso de alteraciones del orden público, sin especificar cuáles serían las alteraciones, por lo que una marcha que no organizara el gobierno, podría caer bajo esos criterios y silenciar su difusión. Lo mismo podría suceder si considera que hay una amenaza a la seguridad nacional, que tampoco define qué es. Una acusación al aire, como las que ha hecho Sheinbaum de mexicanos que querían que interviniera Estados Unidos contra el narco, ¿entraría en esa categoría? Probablemente, vista la línea de pensamiento del régimen, sí.
Hay un artículo que con diferente terminología busca reincorporar el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2022 porque abría la puerta al gobierno de vulnerar la privacidad de los usuarios, y que ahora llaman “registro de usuarios del servicio móvil”, sin tener claridad sobre los procedimientos y alcances que pretende. La ley permite también la creación de una base de datos nacional georeferenciada de la infraestructura de telecomunica-ciones y radiodifusión, que puede utilizarse como una herramienta de control social y político.
La ley crea, aunque no lo dice, la figura de una especie de comisario político, responsable de vigilar y controlar a la sociedad. Esa figura es José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se convertiría en el velador de la ideología del régimen, en la visión de Sheinbaum, atento a que nadie piense y actúe más allá de los parámetros que ha establecido unilateralmente, y que cuando eso suceda, reprima y suprima de inmediato a quien haya osado desafiarla.
La figura de comisario político surgió durante la Revolución Francesa pero adquirió su fama represora en la era estalinista de la Unión Soviética, donde tenía poder sobre los más altos rangos del Ejército para el control ideológico y mantener la lealtad al Partido Comunista. Aunque originalmente se inscribía en el ámbito militar, hoy se utiliza para referirse a quienes son nombrados con el objetivo de controlar que una sociedad se mantenga dentro de los confines políticos marcados por la autoridad superior.
Esto es lo que quiere Sheinbaum que haga Merino, a quien la ley le otorga la concen-tración de 64 facultades regulatorias, operativas y sanciona-doras, para decidir qué quiere la presidenta qué se diga, cómo se diga, quién lo diga y en qué momento lo diga.

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Quien no conoce a Alejandro Gertz Manero debe saber que tiene una inmensa inteligencia política y una sofisticación que en los últimos siete años ha puesto a disposición del régimen como un consiglieri en Palacio Nacional, más con Andrés Manuel López Obrador que con Claudia Sheinbaum. Pero en ambos casos, ha servido bien a la causa como un fiscal general de encu-brimientos. Ayer nos regaló otra de sus joyas en su nuevo informe sobre el horror de Teuchitlán, pesebre del rancho Izaguirre, donde un colectivo de buscadoras encontró restos óseos y decenas de objetos personales y testimonios de jóvenes que iniciaron ahí forzadamente una vida criminal, o la perdieron por rechazar ese destino.
Hace siete semanas la presidenta Sheinbaum le pidió a la Fiscalía General que atrajera la investigación para saber todo lo que fue ese rancho. Lo más importante, sin embargo, era descalificarlo como un centro de exterminio, como lo había caracterizado el colectivo de buscadoras y colocado en la opinión pública. Preocupaba mucho a la presidenta que la frase transportara al imaginario colectivo a Auschwitz o Treblinka, se esforzó el gobierno hasta el ridículo para pelearse con el molino de viento de la semántica. “¿Había ahí un sitio de cremación?”, se preguntó a sí mismo Gertz Manero sin esperar que la prensa lo hiciera. “No hay un sola prueba que acredite el dicho”.
Gertz Manero detalló: los peritos de la Fiscalía levantaron todas las huellas de tierra, las piedras, los materiales de construcción, pero sobre todo de aquellas áreas en que podía haber existido una prueba de que hubieran cremado cuerpos. Pero nada. Ni siquiera se encontraron muestras que superaran los 200 grados, agregó, reforzando de esa forma la imposibilidad que hubieran alcanzado los 750 grados que científicamente se considera el mínimo para quemar un cuerpo, particularmente los órganos y los tejidos suaves.
El fiscal no explicó, si no hubo cremación humana, cómo llegaron ahí los restos óseos que fueron encontrados por el colectivo y los propios peritos de la Fiscalía de Jalisco. Las únicas pruebas que encontró de alta temperatura fueron huellas de fogatas y hoyos, jugando con la imaginación de los fuegos en los campamentos en bosques, pero sin abundar en las temperaturas estimadas en ese fuego, que científicamente pudieran alcanzar hasta los mil 600 grados.
Gertz Manero cumplió la encomienda. En la batalla de las palabras y los conceptos generales, echó agua al fuego del “centro de exterminio”. Punto. Ahí no mataban. ¿Y entonces? El rancho Izaguirre, dijo, fue utilizado como un centro de reclutamiento por parte de la organización criminal que controla Jalisco, que operó de 2021 a 2024. “Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación”, agregó. ¿Cómo lo probó? “Por confesionales, testimoniales, documentales”, informó, pero también, porque “no se encontraron osamentas completas o parciales”. Extraña declaración, por decir lo menos. Ninguna cremación deja osamentas completas o parciales. Deja cenizas. No obstante, para él, “la virtud de esas informaciones (las declaraciones) es absolutamente indudable”.
Tardó siete semanas en alcanzar esta conclusión. El fiscal dijo que también están investigando otro campo cercano similar al rancho Izaguirre, a siete kilómetros de distancia, el rancho De la Vega. Ya veremos si tarda casi otros dos meses en dar un informe sobre este nuevo lugar, donde ya dijo que anunciará: será un campo de entrenamiento y reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. A este ritmo se llevará los tres años que le quedan de fiscal y descubrirá unos siete más de estos. Nos dará circo y no mucho adicional. Querrá verle la cara a todos y a los que se quejen los ignorará. Es una farsa lo que está diciendo para darle la vuelta al tema de los desaparecidos y quitarle presión a la presidenta, pero no es sostenible.
Los campos de entrenamiento y reclutamiento no son nuevos, sino viejos muchos de ellos y públicos. El periodista tapatío Augusto Chacón ha dicho que la primera vez que escuchó sobre un centro de esa naturaleza había sido en 2010 en Tala, a 10 minutos de Teuchitlán. En 2019, Alejandra Guillén y Diego Petersen publicaron en El Informador de Guadalajara el reportaje “El Regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos”, donde entrevistan a un joven sobreviviente de uno de esos campos en la región.
“Gracias a su relato y a testimonios anónimos”, apuntaron los reporteros, “sabemos ahora que a la sierra de Ahuisculco se llevaron a decenas de hombres de los valles de la región de Tequila, del Área Metropolitana de Guadalajara, de otros estados e incluso centroamericanos, y que la esclavitud y el trabajo forzado ha sido un modus operandi del Cártel Jalisco Nueva Generación para asegurar el funcionamiento de sus negocios”.
Tres meses después de su reportaje, la cadena Telemundo difundió una entrevista con otro sobreviviente de un campo de entrenamiento y muerte del Cártel Jalisco Nueva Generación, y reproducen un diálogo que tuvo “Francisco”, como lo identificaron, y otros jóvenes con sus reclutadores:
–Bueno, van ustedes a un adiestramiento en la Sierra de Guadalajara para ser guardias de seguridad, ¿verdad?
–Sí –asintieron todos.
–Pues no van para guardia. Van a trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
–Pero es que a mí no me dijeron esto –protestó uno de ellos.
–Si te quieres ir, anda, vete… –y cortó cartucho con la pistola. Aquí la única forma de que te vayas es con las patas por delante. El que se quiera ir detrás de él, que lo diga ahorita. No estamos para jugar.
Gertz Manero no descubrió el hilo negro. Quiere timarnos a todos. Las fogatas y los hoyos que encontraron los peritos del fiscal estaban construidos de manera artesanal, con tepetate y piedra, como los que años antes se encontraron en Tlajomulco y Lagos de Moreno, donde cremaron a quién sabe cuántas personas. “Es un sistema del crimen organizado”, comentó recientemente Chacón.
Cómo se refieran a esos campos es secundario. El problema de fondo, las desapariciones, no tiene puerta de solución enfrente. La violencia menos. Y la palabrería gubernamental no podrá ocultarlo.

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No paran las críticas desde todos los frentes en contra de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la primera criatura en el joven sexenio que es hechura completa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además se ha convertido en un escándalo por lo amenazantes de sus alcances. El ingeniero de la ley es José Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Teleco-municaciones, el Big Brother de la novela 1984 de George Orwell que está construyendo su propio Ministerio de la Verdad mediante mecanismos de control social, político, empresarial y, por encima de todo, la conculcación de libertades. Sheinbaum lo niega y asegura que no propicia la censura de la que la acusan, pero los mexicanos no le creen.
El miércoles pasado envió la Ley, pensando que el spot en la televisión mexicana (en canales de Televisa, donde Merino formó parte de su plantilla editorial) y en YouTube de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, contra la migración indocumentada, levantaría la tolvanera suficiente para meterla como cuchillo en mantequilla para su aprobación en el Senado. Se equivocó. El spot que buscó amplificar para convertirlo en el gran tema de conversación el jefe de la propaganda del régimen, Jesús Ramírez Cuevas –coordinador de asesores de Sheinbaum–, no prendió como esperaban. La Ley de marras, sí.
Un análisis de la conversación digital el jueves y viernes siguientes arrojó que hasta las 10 de la mañana del 25 de abril, se habían dado 210 mil 287 menciones en las redes sociales sobre el tema de la Ley, de las cuales Televisa y TV Azteca, en donde se habían enfocado las cuentas de Ramírez Cuevas en trasladarle los costos para neutralizar las críticas, sumaron apenas un 5 por ciento del total, 10 mil.
En el share of voice en las redes sociales, que refleja las conversaciones, se repartió en 3 por ciento en Televisa, con un alcance de 6.6 millones de personas, 2 por ciento en TV Azteca con un alcance de 5.4 millones, seguido de Latinus con 1 por ciento y un alcance de 4.2 millones y Milenio/Multimedios, con un porcentaje ínfimo que alcanzó a siete mil 544 personas. La conversación orgánica, que es la espontánea y que no está incentivada por publicidad, acaparó el 94 por ciento de la conversación en esas primeras 27 horas, que representaron un alcance estimado en 125 millones de personas.
A esa gran masa de usuarios no la convenció Sheinbaum. La narrativa dominante fue contra la Ley, cuya etiqueta #LeyCensura alcanzó 139 mil menciones en ese periodo, que la hizo la principal tendencia en redes en México durante más de un día. La etiqueta de la Ley de Telecomunicaciones tuvo 88 mil 300 menciones, mientras que #LeyMordaza logró cinco mil 159. La palabra censura fue el motor de la conversación, reflejando implícitamente el temor entre los mexicanos sobre la pérdida de sus libertades.
La conversación se calentó hacia el mediodía del jueves, luego que el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, publicó en X que Morena iba por el control total de internet, redes sociales, radio y televisión. La síntesis de la crítica siguió poco después, cuando en comisiones del Senado aprobaron la iniciativa de 226 páginas sin que la gran mayoría de los legisladores del partido gobernante, la hubieran leído. Se juntaron los intentos censores con la borregada de Morena que levantó la mano porque así lo había pedido Sheinbaum.
Pasadas las siete de la noche del jueves alcanzó nuevos niveles la conversación contra la ley cuando se publicó la preocupación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que afectara la libertad de expresión y violara acuerdos internacionales. Para la medianoche del 24, más de 16 mil personas estaban interactuando en las redes, cuyo volumen se desplomó cuando se fueron a dormir.
El impacto estaba claro. La tolvanera del spot de Noem se disipó rápido ante algo que la mayoría en las redes sintieron como un peligro, que llevó a Sheinbaum a que en la mañanera del 25 le pidiera al Senado frenar la aprobación para revisar el artículo 109, que se refería a las plataformas digitales que tanta polémica habían causado. La borregada del régimen en la cámara alta, frenó su aprobación, aunque enfocándose en ese artículo y no en otros donde lo mismo que podrían censurar plataformas digitales podrán hacer cuando se apruebe la ley, con noticieros de radio y televisión y multar a quienes consideren –a su juicio, no mediante normas reglamentadas–, que la violaran con el 10% de su salario anual.
La petición de Sheinbaum fue el único momento donde empató la presidenta con la conversación positiva. En ningún otro momento logró cambiar el curso de la conversación la propaganda del régimen. Las dos principales cuentas que se utilizaron, la de Carlos Vijnovsky Zenteno, jefe de Información del periódico oficialista El Soberano, y la de la @catrina-nortena, que controla Ramírez Cuevas, sólo tuvieron el apoyo de las cuentas del régimen.
Lo que produjo la Ley es una batalla abierta por la libertad de expresión y en contra de la censura. Sin embargo, es prácticamente testimonial, como lo es la lucha que se ha dado en los medios, con una abundante reflexión de los expertos sobre la perversidad que entraña el adefesio de la presidenta. Igualmente testimonial es la oposición, porque no tienen los números para poder frenarla en las cámaras. La única palanca de presión real contra esta ley tendrían que ser Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México, porque viola los acuerdos de competencia que incorpora el acuerdo norteamericano.
El futuro inmediato mexicano, no necesariamente depende únicamente del exterior. Impedir la consolidación de un poder centralizado y autócrata que nos regrese medio siglo, puede ser frenado internamente si la resistencia en las diferentes trincheras mexicanas eleva los costos políticos a la presidenta y la hace pensar dos veces si consuma o no este nuevo ataque a la democracia. Es decir, que la protesta que se vio en las redes sociales, se sume a la que se está haciendo en la primera línea de carne y hueso.

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En su siempre agudo cartón, eufemismo de la historia gráfica que cada domingo hace sobre la vida pública de México, Paco Calderón trazó la analogía del gobierno de Claudia Sheinbaum con el fascismo nazi, parafraseando una cita del jefe de la propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels: “Llegamos para pertrecharnos con las armas de la democracia. Si esta es tan tonta como para darnos vía libre y hasta sueldos, ese es su problema, no el nuestro. Cualquier método que logre la revolución es aceptable para nosotros”.
La cita original de Goebbels está en el ensayo que publicó en 1928 en el periódico que editaba en Berlín, Der Angriff  (El Ataque), intitulado “¿Por qué queremos entrar al Parlamento?”, donde con sarcasmo, exponía porqué quería contender por un escaño en el Reichstag. La analogía de Calderón le parecerá a muchos excesiva y será motivo de ataques. Pero no lo es en función de la pérdida de libertades, cuyo último capítulo mexicano es la reforma de Sheinbaum a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La reforma fue criticada por los voceros del régimen aduciendo que protestaban los interesados en proteger sus intereses. No es así. Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, y Martha Tudón, oficial del Programa de Derechos Digitales escribieron un texto el viernes en El Universal donde desmenuzaban la nueva ley cuyo propósito, afirmaron, era “otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones –y en última instancia al Poder Ejecutivo federal–, un control antidemocrático sobre el espectro radioeléctrico e internet”, mediante mecanismos “profundamente” discrecionales para la asignación de concesiones de radio, televisión y otros servicios, “utilizándolos como premios o castigos políticos”.
Concluyeron que fue una legislación apresurada sin la participación de un amplio espectro de actores sociales. Tienen parte de razón, porque la ley llevaba varios meses cocinándose en las oficinas del director de la Agencia, José Merino, que veía el ángulo político y regresaba los privilegios al empresario del régimen, Carlos Slim, porque al subsumir el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica en su dependencia, se eliminará la definición de “agentes económicos preponderantes” bajo la Ley de 2013, que tuvo enormes beneficios para los consumidores.
La Ley Merino es antidemocrática 360 grados. El conglomerado de Slim volvería a adquirir su carácter monopólico y recuperar, a costa de los consumidores, los 7 mil millones de dólares al año que perdió con la anterior. Sheinbaum y Merino, claramente, no piensan en la gente, sino en el control social y electoral mediante la censura y el control de medios de comunicación y periodistas, eliminando el pluralismo y la inclusión, que Maldonado y Tedón describen como “otro paso en la deriva autoritaria que se profundiza en México”.
Este proyecto desnuda la verdadera izquierda que representa Sheinbaum, arropada por activistas que formaron en 2012 la organización civil Democracia Deliberada, “para cambiar las instituciones y las políticas públicas (desde) la izquierda”. Varios de ellos trabajaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros acompañaron a Sheinbaum desde la Ciudad de México a Palacio Nacional, como Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario; Graciela Márquez, presidenta del Inegi, y Gerardo Esquivel, ex subsecretario de Hacienda, además de intelectuales orgánicos con espacios prominentes en los medios.
La izquierda que representan algunos de ellos no es una izquierda democrática, sino que se acerca más a la anacrónica estalinista, pero que como Goebbels decía de los nazis, llegarían al poder pertrechados en la democracia. Típico de líderes autócratas, como fue Hugo Chávez en Venezuela, Viktor Orbán en Hungría, y Donald Trump en Estados Unidos, que llegaron al poder gracias a la democracia, para ahora destrozarla. Merino y los funcionarios que son parte de Democracia Deliberada engañaron a muchos para hacerse de poder.
El 4 de junio de 2014, en un manifiesto en Animal Político, elogiaron la Ley que se había aprobado en 2013 como “uno de los pocos logros” del Pacto por México, y criticaban fuertemente las leyes secundarias. “La iniciativa de ley secundaria busca desmantelar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones al subsumir algunas de sus funciones regulatorias a la Secretaría de Gobernación”, apuntaron. “Un regulador fuerte es clave para emparejar la cancha, porque este pone las reglas en un mercado en el que sería imposible la competencia si no hay intervención del Estado. Lo que hace fuerte al regulador, en lo formal, son los instrumentos de ley, pero también la capacidad de inclusión de actores en la definición del interés general a través –como el modelo de IFT recoge–, de la participación ciudadana en la regulación”.
La Ley Merino propone exactamente lo contrario. Adiós a la cancha pareja. La quieren desigual. A Sheinbaum no se le puede acusar de hipócrita, pues ha sido consistente en sus acciones poco democráticas por años –disfrazadas de su activismo universitario y social–, pero a Merino y comparsas de Democracia Deliberada, sí. Son estalinistas de clóset con métodos goebbelianos. La concentración de poder que desean algunos de sus integrantes está avanzando.
Esta reforma fue introducida aprovechando la coyuntura de un escándalo mediático por la difusión de un spot de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, sobre migración –agresivo, hostil, estableciendo la rigidez de sus leyes–, que fue acordado con el gobierno mexicano, que no conocía el contenido, sin embargo, a cambio de un spot sobre la campaña contra el fentanilo que se difunde en Estados Unidos. Sheinbaum apresuró a Merino a sacarla –estaba prácticamente terminada–, para meterla detrás del spot estadunidense y tratar de minimizar las reacciones que sabría tendría. No le funcionó la chicanada y ante la crítica generalizada, pidió al Senado revisarla. Pero lo hizo con trampas. Pidió analizar solo el artículo que afecta a plataformas digitales, pero no el conjunto de la Ley, en donde se encuentran los detalles que llevan al infierno. Ella está convencida de su sustancia y fondo; Merino y los intereses económicos detrás de ellos, son quienes le dieron forma y lo instrumentarán, a menos que la presión doméstica y externa –porque viola el acuerdo comercial norteamericano–, logren ponerle un freno.
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Ayer será un día que deberá quedar grabado en la Historia nacional por el reconocimiento oficial de que hay una guerra abierta en el país entre los cárteles en donde el gobierno está a la expectativa, sentado en una butaca de primera fila para observar la tragedia mexicana, reconociendo que no hace nada. ¿Por qué? Porque no quieren y, quizás, porque tampoco pueden con los cárteles de las drogas, que el miércoles hicieron una demostración de extraordinaria capacidad de fuego, logística y movilización bélica sin preocuparse del Estado mexicano.
Veintiocho municipios en tres estados, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, se vieron comprometidos en una lluvia de fuego y balas entre organizaciones criminales, en un teatro de operaciones bélicas transfronterizo que nunca se había visto en este país. Lo más cercano a esto fue el 1 de mayo de 2015, cuando la Operación Jalisco para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho, terminó con una gran derrota militar.
Siete comandos de élite y una policía federal murieron cuando el helicóptero táctico Blackhawk en el que viajaban fue derribado por su guardia pretoriana con un RPG-27 de manufactura rusa que impactó su misil tierra-aire en el rotor. Para evitar un nuevo intento de captura, el CJNG atacó a las fuerzas federales en 25 municipios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Colima. Enorme acción, pero ni ese día, ni la implosión del Cártel de Sinaloa que mantiene en una situación de guerra a Culiacán desde septiembre, ni la lucha por la frontera con Guatemala que transformó Chiapas para siempre, son similares a lo que vimos el miércoles, donde hubo operaciones militares simultáneas de diferentes organizaciones criminales que tuvieron su Batalla de Stalingrado.
La Jornada, un diario cercano al régimen, reportó que funcionarios federales le informaron que entre los grupos que participaron en la batalla del 23 de abril se encontraban los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Nueva Familia Michoacana –los tres considerados por el gobierno de Estados Unidos como “organizaciones terroristas”–, la banda criminal de Los Viagras –que con sus aliados del CJNG son quienes controlan el narcotráfico en Michoacán–, y su brazo armado Los Blancos de Troya.
Participaron, entonces, cinco organizaciones criminales –tres de ellas en alianza táctica–, pero por el alcance que tienen los tres grandes cárteles involucrados y el tipo de acciones que realizaron el miércoles, ya no se puede hablar solamente de bandas criminales con legiones de sicarios, sino de ejércitos irregulares, como se llama a aquellos grupos paramilitares bien organizados y flexibles capaces de operar en zonas urbanas y rurales, que no están subordinados a formalidades legales.
Las guerrillas suelen ser incluidas bajo este concepto, pero la gran diferencia con los grupos criminales es que estos no luchan por una causa y el derrocamiento del gobierno, sino por monopolios criminales y dinero, usurpando algunas de las funciones de las instituciones, como el uso de la fuerza, el control de la movilidad de la gente y los mercados, cobros de impuestos criminales y la seguridad, mediante la extorsión y el terror.
Este 23 de abril será un día para la Historia por la forma criminalmente extraordinaria como se movieron las organizaciones criminales en el centro del país. Pero también, por la candidez, o error político, en el que incurrió el gobierno mexicano al admitir el tamaño de lo que sucedió –con los números absolutos de su extensión territorial–, su falta de capacidad para impedir ese miércoles de violencia, el reconocimiento de que no actuaron, y conformarse con señalar que se trató de un asunto entre criminales. Son políticamente inaceptables las explicaciones dadas.
“No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, apurada en cuidar la narrativa de que el actuar con fuerza el gobierno provocaba la violencia, mientras reconocía la incapacidad de su gobierno para impedir que esto suceda ante sus ojos y pasividad. “Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo todas las investigaciones”. ¿Qué investigarán? ¿Habrá detenciones? Eso es lo que dijo el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch. “Estos hechos no quedarán impunes e informaremos de las detenciones correspondientes”. Ya veremos. Por lo pronto, la palabrería por encima de todo.
García Harfuch informó que los ataques fueron resultado de los conflictos entre dos grupos que disputan los territorios, como repitió Sheinbaum. Lo dijeron como si fuera algo normal, miméticos a la pérdida de nuestra capacidad de asombro a lo que sucedía hasta hace poco en la colonia Condesa en la Ciudad de México, o en Frontera Comalapa, o Culiacán y muchos lados, donde pelean por plazas y mercados. Pero no es común, sino extraordinario, que en un solo día hubiera hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, dos en Guanajuato y uno en Jalisco, donde grupos criminales antagónicos realizaron operaciones de ataque y defensa por horas en tantos puntos a la vez.
Mientras, en admisión de parte gubernamental, las fuerzas federales esperaron para actuar y cuando se fueran los criminales de las carreteras, restablecer el libre tránsito, y limpiar de vehículos que horas antes habían sido utilizados como narcoestrategia de guerra, para bloquear la llegada de posibles refuerzos o para facilitar el repliegue. Miles de mexicanos quedaron atrapados en esta batalla, sin más protección que la que podían brindarse unos a los otros, porque quienes debían proveérselas, no lo hicieron. Dos policías estatales muertos en uno de los tres estados –porque ni siquiera eso han informado con precisión–, es la mejor señal de que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano fueron espectadoras de este miércoles negro.
Estamos viviendo lo que no se hizo. Cuando el ataque el 1 de mayo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a acabar con el CJNG, pero fracasó. El presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera lo intentó. Cuando la Marina le dijo dónde se encontraba, ordenó no actuar contra El Mencho. Este miércoles no pudieron o no quisieron intervenir. Los criminales no lo sabían, pero tampoco les importó. No le temen a las Fuerzas Armadas ni a ninguna policía mexicana. Pueden actuar con impunidad, cuando así lo deseen.

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Claudia Sheinbaum, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, es la primera mujer presidenta de México, introduce Stephania Taladrid a la jefa de Estado en probablemente el perfil más ambicioso realizado a la fecha sobre la lideresa mexicana publicado esta semana en la revista The New Yorker. “Es tan clara y controlada como impetuoso era AMLO”, añadió. “De hecho, habla menos que él con los periodistas, por lo que sus declaraciones en el Salón de la Tesorería –donde realiza su versión de la mañanera– suelen ser las mejores indicaciones de las prioridades y planes de su gobierno”.
Taladrid se sorprende que un día después de que tomó posesión Donald Trump como presidente, en lugar de hablar cómo lidiaría con él, habló de salud. No reparó la autora, pese a que describió los ires y venires de Sheinbaum por las preguntas de periodistas, que sus prioridades no son las que trascienden a la opinión pública, pero dibuja la forma cómo el mecanismo inventado por López Obrador, engaña. Ser el rey o la reina de la conversación no significa imponer la agenda noticiosa del país ni el debate en la arena pública.
Como lo hizo con Trump y lo hace diariamente casi sin excepción, mantiene el formato de su mentor con rigor envidiable, hablando de acciones que usualmente están alejadas de las preocupaciones y ansiedades más cercanas de la población. Es una tarea de difusión y comunicación gubernamental, a lo que está obligada por la ley, pero la parte más relevante es el segmento de preguntas y respuestas. López Obrador lo hacía para denostar y atacar a sus críticos, para quitarles credibilidad y dispersar en reguilete mentiras y propaganda, que aunque siempre fue un arma poderosa del arsenal de los autócratas, recordó Bardia Rahmani, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, en un interesante texto en el Journal of Democracy, “en años recientes, sin embargo, se ha convertido en una herramienta de primer recurso”. Hay una discusión sobre si López Obrador fue un autócrata o no. No podría llamársele así porque el edificio institucional que existía –lo demolió a menos de 30 días de terminar su mandato– no se lo permitió, pero sus políticas y acciones, como el desmantelamiento de las instituciones de segunda generación democrática y el Poder Judicial, son naturales en los autócratas del mundo.
La evolución del país durante el obradorismo fue hacia la autocracia, donde la propaganda fue instrumentada a partir de un diseño poderoso de su jefe de mentiras, Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, en donde inventó medios alternos de propiedad privada, que son caracterizados por Rahmani en sus estudios de caso como instrumentos que “difuminan la línea entre los medios públicos y privados, (y) aunque sus propietarios son, en teoría, ciudadanos privados, sus vínculos informales con partidos gobernantes autocráticos plantean dudas sobre la independencia de sus redacciones. Esas preocupaciones son justificadas: a menudo, funcionan como medios de propaganda de facto”.
Sheinbaum inició sus mañaneras con otra intención, pero el cúmulo de problemas heredados y los nuevos desafíos del exterior, no parecen haberle permitido continuar con una construcción diferente de la comunicación política. Algo que no quería era tener cerca de esos personajes que trabajaban bajo las órdenes de Ramírez Cuevas, pero ha tenido que volver a utilizarlos para que cumplan la misma función que hacían con López Obrador, donde el exvocero y colaborador suyo ha ganado fuerza en Palacio Nacional.
Sheinbaum no parece comprender que esa estrategia tuvo un éxito relativo de plazo sexenal. Apreciar la forma como proliferan las denuncias y críticas en los medios y de periodistas contra el expresidente, habla del fracaso de la estrategia de Ramírez Cuevas a mediano y largo plazo. Actualmente, tampoco le está funcionando. Controla la conversación, pero no la agenda pública. Es decir, le imponen la agenda pública y por el peso de su palabra ella domina la conversación. Ayer es un ejemplo de ello:
1.- Salió en apoyo de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que fue acusada por diputados de Morena, de acuerdo con unas grabaciones filtradas a la prensa, de “déspota” y supuestos actos de corrupción. El tema lo puso en la agenda pública La Jornada. Sheinbaum actuó a la defensiva.
2.- Se refirió al órgano que debería de retirar candidaturas al Poder Judicial, luego que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, admitió que entre ellos, como habían denunciado organismos de la sociedad, había abogados que defendían a narcotraficantes. El tema fue noticia principal de Excélsior.
3.- Pidió investigar si al delegado del IMSS en Tamaulipas que detuvieron y liberaron pese a que le encontraron armas en el automóvil, se las plantaron. Esta fue la nota principal de Reforma.
4.- Tocó la queja del director de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, que exigió a México que dejara de contaminar las costas de California, y dijo que ya estaba negociando con él la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena. También lo publicó Reforma.
Las respuestas de la presidenta fueron registradas entre las principales informaciones de los portales de noticias, aunque eran los temas de los cuales no iba a hablar. Otros, como sus cifras preliminares sobre homicidios dolosos, cumplieron casi 24 horas de críticas, porque la metodología que utilizan para decir que hay reducciones, no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, como apuntó ayer Carlos Loret en El Universal, “sin ir más lejos, los asesinatos han ¡aumentado! Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, al pasar de 73 a 75 en promedio al día”.
No le está funcionando la comunicación política, el brazo más poderoso para acompañar un gobierno. Quería hacer algo distinto y tenía la legitimidad y el bono para hacerlo, pero parece haber claudicado al entregarse al modelo fallido de su antecesor. Hay una frase que le atribuyen –es cuestionable– a Albert Einstein, que dice que es una locura “repetir una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes”. Es cierto. La presidenta científica tendría que reevaluar lo que está haciendo en ese campo. Le iría mucho mejor.

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Mirarse al ombligo fortalece la vanidad pero aleja de la realidad, que es lo que está pasando en Palacio Nacional, donde el enjambre de colaboradores alrededor de la presidenta Claudia Sheinbaum están llenando su ego con miel y su cabeza con humo. Todavía hacía unos días, por las palabras suaves que recibía de Donald Trump, que se magnificaban en los medios nacionales y extranjeros porque a nadie trataba el iracundo presidente con la deferencia como a Sheinbaum, tuvieron la ocurrencia de diseñar una estrategia mediática para fortalecer su imagen y liderazgo en América Latina –que creen es la esfera de influencia de México– y, sin límites existenciales, también en el mundo.
La genialidad se amarraba a la atención selectiva, o lo que es lo mismo, todo aquello en el entorno que no reforzara lo que querían ver, lo excluían del consciente. Por eso, que a la presidenta le hubiera ido muy bien en el trato con Trump, sin importar que a México le fuera de la patada con los aranceles, como lo reportó ayer el Fondo Monetario Internacional al dar a conocer sus perspectivas de crecimiento –seremos el único país con recesión este año–, les daba suficientes argumentos para que si lo empataban con los altos índices de popularidad, podrían venderla como una líder del tamaño, dijo uno de ellos, de Ángela Merkel, la excanciller alemana.
Lo que no han pensado es que el eficiente cabildeo mediático que ha tenido –sin incluir la propaganda diaria en Palacio Nacional–, siempre tiene el límite de la realidad. Y en algún momento, sus audiencias empezarán a observar –algunos adentro y afuera de México ya lo están registrando– que torear a Trump ayuda con la narrativa, pero no impide las represalias unilaterales de los aranceles, ni las amenazas injerencistas que no deja de hacer. En algún momento regresará el búmeran. ¿De qué sirvieron tantas concesiones y apaciguamiento si nos va peor que a todos?
Sheinbaum debe dejar de escuchar las sandeces frívolas de algunos de sus colaboradores y retomar lo que en ella es puro, lo analítica, lo fría, sin ínfulas ni soberbias venenosas, que a veces parecen virtudes perdidas en el tránsito del poder. Que siga con su estrategia mediática y la propaganda con las cuales se construye el consenso para gobernar, y seguir administrando las expectativas, que es el otro brazo para el mando, pero que tenga claro que no es suficiente. No puede perder, por una visión etnocéntrica dominante, las oportunidades que se le presentan, para hacerse presente en carne y hueso, no solo a través de caracteres y algoritmos.
Si está dispuesta y convencida que la talla de líderesa que pretende su equipo no sea solo de papel, tiene que ser más proactiva y aprovechar las oportunidades políticas que se le presenten, aunque se trata de las honras fúnebres del papa Francisco. Ayer informó que no asistiría al funeral de Estado el próximo sábado en la Basílica de San Pedro, donde decenas de jefes de Estado y de gobierno, así como de organismos internacionales, han confirmado su asistencia. “Estaremos en las exequias del Papa, como debe ser”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron. Sheinbaum, como lo hace todos los fines de semana, se irá a una gira por varias comunidades en el país, como si nada extraordinario hubiera pasado, como si no suspender sus visitas por el México de a pie, donde casi 8 de cada 10 personas son católicas, fuera la normalidad y no una excepción.
La presidenta dijo que enviará a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, bajo cuyo cargo recae la relación con las iglesias, pero que no es muy bien vista por la Iglesia católica. La secretaria estará en un escenario de dignatarios, compartiendo el travertino de la Basílica de San Pedro con, entre otros, Donald Trump, mientras Sheinbaum dejó escapar la posibilidad de haber podido negociar unos 10 minutos de conversación privada con el jefe de la Casa Blanca –que es algo que suelen hacer los presidentes en este tipo de reuniones–, para continuar su negociación de aranceles –a menos que tenga pánico de tenerlo en vivo como interlocutor.
Rodríguez es la jefa nominal del gabinete, pero no es quien manda ni lo coordina. No lo saben en Roma, pero les informará la Nunciatura. Tampoco es una buena señal que manda la presidenta al enviarla como su representante a El Vaticano, porque la relación, como se explicó el martes, no es la mejor. Ir al funeral habría sido un guiño para la Iglesia católica mexicana y con seguridad sería bien visto por los millones de católicos mexicanos. Hasta la muerte del papa de Juan Pablo II, a cuyo funeral asistió Vicente Fox con su esposa Martha Sahagún, no iban los presidentes a las honras fúnebres, y como representante del Estado Mexicano se acostumbraba enviar a la cabeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Francisco era el papa con el que más coincidencias tenía la presidenta Sheinbaum, a quien llamó “humanista” y defensor de los pobres, evocando sutilmente la autodefinición del régimen como “el humanismo mexicano” y la frase de su mentor el expresidente de “por el bien de todos, primero los pobres”. Francisco fue la voz de los sin voz y crítico del libre mercado, que son parte de las arengas y llamado a la acción del régimen. Pero ni así. ¿Habría forma que cambiara su decisión?
Un vuelo directo entre la Ciudad de México y Roma, sin escalas, es de 11 horas y media. No podría hacerlo, porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador remató el avión presidencial, pero podría realizar el viaje con dos escalas en uno de la Fuerza Aérea en alrededor de 15 horas. Sheinbaum saldría el viernes para asistir a la ceremonia el sábado por la mañana, y regresar a la capital mexicana por la tarde. Serían 48 horas las que estaría ausente del país. Nada frente a todos los mensajes positivos que enviaría, sin dejar que el presidente brasileño Luis Inazio Lula da Silva sea, como hasta ahora, el verdadero líder latinoamericano de talla mundial a quienes todos en el mundo escuchan.

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La muerte del papa Francisco es, paradójicamente, un alivio para el gobierno de México cuando menos durante casi tres semanas, que es cuando se elegirá un nuevo jefe de la Iglesia católica. Francisco, un jesuita con un interés personal en el tema de la inseguridad y la democracia, fue una molestia para el régimen, que se tradujo en tensiones permanentes con el Episcopado Mexicano. La tirantez pública entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus representantes se disipó con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la mala relación con el Vaticano se mantiene.
No se sabe quién será electo nuevo Papa y pese a que dos terceras partes de los cardenales que decidirán su sucesor fueron nombrados por él, es incierto si la visión progresista de Francisco continuará. Su paso reformador como jefe de más de mil millones de católicos enfrentó las resistencias de una fuerte corriente conservadora encabezada por el cardenal estadunidense Raymond Leo Burke, que llamó a su papado como “un barco sin timón”, y de gobiernos autócratas a los que también enfrentó.
El año pasado, en Trieste, afirmó que “la democracia no goza de buena salud en el mundo actual”, y calificó como “la escoria de la ideología” a las políticas populistas. “Las ideologías son seductoras”, agregó. “Algunos las comparan con el flautista de Hamelin. Te seducen, pero te llevan a negarte a sí mismo”. México era uno de los países en donde tenía grandes preocupaciones. Consideraba a López Obrador como uno de esos populistas que llevaban al país a la autocracia, y en el Vaticano pensaban que sería igual con Sheinbaum.
Por ello, meses antes de la elección presidencial se formó un grupo de trabajo de las principales diócesis del país, que enviaba semanalmente un documento a los 92 mil sacerdotes en el país con líneas generales para ser incluidas en sus homilías, como parte de una política marcada desde El Vaticano. No hicieron un llamado a votar contra Sheinbaum, pero buscaron concientizar a los católicos para que pensaran en otras opciones.
Cuando llegó López Obrador a la Presidencia Francisco ya era papa, y desde el principio mostró poco interés en tener buenas relaciones con la Iglesia Católica, negándose reiteradamente a reunirse con sus líderes. Era tal su desinterés, que cuando tomó la decisión para el relevo del embajador ante El Vaticano, en una no tan increíble equivocación, nombró al periodista Alberto Barranco como representante de México, aunque a quien le habían sugerido para el cargo era Bernardo Barranco, uno de los grandes conocedores de la Iglesia Católica en México.
La visión progresista de Francisco contravino la visión conservadora de López Obrador, que heredó a Sheinbaum la frialdad con la Iglesia Católica. Uno de los puntos más álgidos fueron las críticas del régimen al papel de los jesuitas que buscaban el esclarecimiento del crimen contra los normalistas de Ayotzinapa. A finales de 2023 acusó a Mario Patrón, el respetado abogado y exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, de abogar por los 43 jóvenes al tiempo de defender los derechos humanos de quienes los desaparecieron, lo que fue desmentido de los jesuitas. López Obrador, incapaz de resolver el crimen, buscó distraer con difamaciones a los jesuitas y organizaciones de derechos humanos, que decía internamente que sólo estaban lucrando política y económicamente con los padres de las víctimas.
El quiebre con los jesuitas, sin embargo, se dio a mediados de 2022 por el asesinato de dos de sus sacerdotes en la Sierra Tarahumara, cuando señaló que había religiosos “que no siguen el ejemplo del papa Francisco”, acusándolos falsamente de callar la violencia del pasado. Francisco estuvo siempre muy pendiente del tema de la inseguridad, y de manera regular iba una comisión de obispos a Roma para informarle el estado de cosas. Las noticias siempre eran malas. En el sexenio pasado asesinaron a 10 sacerdotes, dos desaparecieron, se registraron cerca de 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia Católica, y cada semana 26 templos fueron atacados, profanados y asaltados, de acuerdo con el informe anual del Centro Católico Multimedia.
El enfrentamiento de la Iglesia Católica con López Obrador condicionó a Sheinbaum, que en marzo del año pasado acudió a una convocatoria del Episcopado Mexicano para firmar, junto con otros candidatos presidenciales, un acuerdo de paz. Lo hizo, pero aclaró que no coincidía con los planteamientos, en particular sobre la militarización del país, que negó existiera. En el Episcopado se tomó como una descortesía lo que había hecho, y algunos pensaron que hubiera sido mejor que no firmara nada.
Ni López Obrador ni Sheinbaum son católicos, lo que no impedía una buena relación con la Iglesia Católica. López Obrador, sin embargo, ignoró al catolicismo para apoyar a los evangélicos, que votaron por él en la elección de 2018. Sheinbaum, de origen judío, no tiene esa predilección, ni interés real en una buena relación con El Vaticano, una religión que profesa el 77 por ciento de la población. No lo necesita. Para eso están los programas sociales, donde el materialismo inmediato opaca la fe.
La muerte de Francisco convino políticamente al régimen. Francisco era de verdad en su opción por los pobres, no un farsante. En Trieste pidió alejarse de “la polarización que empobrece”, y descalificó las políticas sociales clientelares, enemigas de la democracia, que deshumanizaban y hacía inútil a la gente. Sin hablar directamente de López Obrador, le había hecho un traje a la medida. La democracia de Francisco era la que practicaba una sociedad incluyente, “que se confronta libre y secularmente, donde se arriesga a la confrontación aportando sus propios ideales y razones, que es donde germina la libertad”.
Los gobiernos autócratas tendrán oportunidad para sacudirse la visión liberal y progresista del papa muerto, incidiendo en la elección de su sucesor, como hizo el presidente Ronald Reagan al impulsar a Juan Pablo II y convertirlo en su principal soldado de la Guerra Fría. Al mismo tiempo podrán quitar esa loza de la espalda a países que, como México, consideraba en retroceso democrático, y que al confrontarlos por su naturaleza, les molestó tanto por años.

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