Nueva información proveniente de Guacamaya Leaks, el grupo anónimo que hackeó los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, perfila lo que la ya extraída de sus servidores para ser difundida públicamente podría revelar cuando termine de analizarse y desencriptarse. Esto es lo que se asoma tras la exploración de un solo disco de correos con 2.2 millones de mensajes, de los cuales solo pudo examinarse la mitad porque el resto estaba encriptado y se necesitaría una escala de presupuesto para tecnología y capital humano que normalmente solo llegan a tener los gobiernos que permitirían descodificarlos.
De ese total, 430 mil mensajes pudieron limpiarse para poder ser leídos, y se encontraron 411 correos que contienen la palabra fentanilo, buscada ex profeso por el contexto actual de la relación con Estados Unidos. Los resultados aportan información que permite concluir que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mintió sistemáticamente sobre el arraigo de ese opiáceo en México, y ocultó datos sobre el incremento del trasiego de esa droga hacia Estados Unidos, que se producía en este país años antes de que él finalmente aceptara la realidad el año pasado.
Silenciar y encubrir el tráfico de esa droga provocó un quiebre en la relación con el gobierno del presidente Joe Biden y ha sido el motor principal de la hostilidad y represalias arancelarias del presidente Donald Trump contra el de Claudia Sheinbaum. Las nuevas revelaciones en Guacamaya Leaks muestran también otra faceta de lo que fue el tráfico de fentanilo durante el sexenio de López Obrador, donde floreció de la mano con las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa, en rutas que conectaban la Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Baja California.
La información no es concluyente. Los correos están contenidos en uno de los discos de la información difundida por Guacamaya Leaks en el periodo 2017-2020. Originalmente se tenía entendido que la información abarcaba el periodo 2016 a 2022, pero entre los 430 mil correos que se comenzaron a analizar, hay comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional fechadas en 2012. Es decir, lo que se ha encontrado hasta ahora revela 16 años de correos hackeados, que abarca todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El tráfico de fentanilo se convirtió en un problema de salud significativo en Estados Unidos a partir de 2019. Previo a ese año, las muertes por el opiáceo solo se habían registrado en los estados al este del río Mississippi –como referencia se puede trazar un eje desde Mineápolis a Nueva Orleans, hasta el Atlántico–, pero empezó a expandirse hacia el Oeste, coincidentemente con el despunte del tráfico ilegal de esa droga hacia California en 2018, al incrementarse los decomisos durante la transición del poder de Peña Nieto a López Obrador de una forma meteórica. Un análisis de José Luis Sabau publicado en febrero del año pasado en Nexos con datos de México Unido por la Delincuencia, muestra que de 94 kilos decomisados en 2017, brincó a 321 kilos en 2018.
López Obrador dejó de combatir el tráfico ilegal de fentanilo en 2019, y se desplomaron los decomisos a una tercera parte, con el inicio de la estrategia conocida como “abrazos, no balazos”. Hay un brinco de casi 300 por ciento en los decomisos en 2020 y otro importante al año siguiente, en coincidencia con el incremento dramático de muertes por fentanilo en Estados Unidos que subió de 35 mil 871 en 2019 a 70 mil 601 en 2021, y a 74 mil 225 en 2022, cuando los abrazos se extendieron en México y los decomisos cayeron a 125 kilos, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la DEA en 2024.
Los 411 correos electrónicos revisados con la palabra “fentanilo”, aportan información puntual y precisa de la Secretaría de la Defensa Nacional, registrada en un formato llamado “minutoXminuto” donde se ve que tan pronto como tenían el reporte oficial, lo transmitían a Lomas de Sotelo colocándolos en las carpetas “zmt.sedena.gob.mx”. Las siglas ZMT aparentemente son las Zonas Marítimas y Terrestres bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa. Información sobre fentanilo de otras dependencias, posiblemente aumentarían el tamaño del tráfico y las mentiras del expresidente.
López Obrador reconoció que se producía fentanilo en México hasta el año pasado, tras denuncias del gobierno y Congreso de Estados Unidos, y reportajes en los dos países de los laboratorios para producirlo, particularmente en Sinaloa. Pero desde el 12 de agosto de 2020, de acuerdo con los correos revisados, se registraron en el aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México decomisos de precursores para fabricarlo, particularmente uno que llamó la atención de 220 kilos procedente de España, sin precisarse el origen exacto.
Solo en esos correos se registran cientos de miles de pastillas y kilos de fentanilo y precursores decomisados en los dos primeros años del gobierno de López Obrador, quien negó la producción de la droga aquí desde la mañanera del 16 de marzo de 2023, cuando dijo que en México solo se “troquelan”, y afirmó que llegaba más fentanilo ilegal a Estados Unidos por Canadá y por Estados Unidos mismo. Las estadísticas, a partir de los decomisos señalan, empero, que el 98 por ciento de esa droga entra por México.
Los correos revisados registran un envío de pastillas de fentanilo del aeropuerto de Querétaro y un decomiso en Nuevo León. No tiene nada sobre el fentanilo en Chihuahua, cuya frontera con Texas identifica la DEA como la segunda con el mayor número de decomisos, después de la de Tijuana con San Ysidro-San Diego. El corredor Culiacán-Ciudad Juárez era controlado por las dos facciones del Cártel de Sinaloa, la de Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y la de Ismael El Mayo Zambada.
El hackeo de Guacamaya Leaks empieza a mostrar a López Obrador de cuerpo entero como lo que fue, un violador de leyes –por omisión o comisión–, y un benefactor –deliberadamente o no– del Cártel de Sinaloa. Los correos hackeados del Ejército permitirán apreciarlo, aunque será la Historia, porque no será este régimen, quien se encargue de él.

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En el primer caso de corrupción en el gobierno actual, que recién cumplió seis meses, cuatro altos funcionarios de Birmex, incluido el director Jesús Olmos que fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, fueron separados de sus cargos mientras se indaga sobre un presunto caso de corrupción de unos 13 mil millones de pesos en las licitaciones sobre medicinas y equipos médicos. Ya dirán las investigaciones quiénes son los responsables de las irregularidades que se encontraron en el concurso, que son una bocanada de oxígeno para la transparencia, fundamental para un gobierno abierto, y que está tratando de ser enterrado por los aliados del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Birmex, el acrónimo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, fue habilitado en 2020 por López Obrador para sustituir a todos los intermediarios que adquirían, almacenaban y distribuían las medicinas y los insumos médicos, para combatir sobreprecios y corrupción. Fue un fracaso en todos los objetivos que se plantearon, aunque no debería de extrañar. El de López Obrador fue el gobierno más corrupto que ha tenido México, no de saliva como él acusaba a todos en el pasado, sino de hechos, documentos y evidencias. Quien hizo de la honestidad una carrera política que convenció a muchos y engañó a más, ha ido probando inopinadamente con el tiempo, que fue el timo el recurso más eficiente que empleó para llegar al poder.
Hasta antes de llegar López Obrador a la Presidencia se consideraba que la llamada Estafa Maestra era el caso más grande de corrupción. La Estafa Maestra, como se definió un esquema que involucró a 128 empresas fantasma, ocho universidades públicas y una decena de dependencias federales, a través de las cuales el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desvió siete mil 670 millones, fue descubierto por la Auditoría Superior de la Federación, que la calificó como “fraude” y valoró como “corrupción”.
La corrupción en Birmex, sin embargo, es casi el doble de la Estafa Maestra, que también es superada por el caso de corrupción en Segalmex, una empresa creada por López Obrador para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar el bienestar de los pequeños agricultores. La Auditoría Superior de la Federación observó en las cuentas públicas de 2019 y 2020, nueve mil millones de pesos en irregularidades, de los cuales el año pasado el entonces secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, dijo que cuatro mil 800 estaban en proceso de análisis para determinar su estatus o definitivamente no habían sido aclarados.
De Segalmex ya no sabremos más. De acuerdo con información interna en la hoy rebautizada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se borraron expedientes de Segalmex de los sistemas de la dependencia. Es decir, encubrieron un caso de corrupción en esa paraestatal que le entregó López Obrador a Ignacio Ovalle, su viejo amigo y primer jefe que tuvo el expresidente en la administración pública, a quien a diferencia de Sheinbaum que separó al director de Birmex mientras se deslinda su responsabilidad, lo mantuvo al frente de la institución hasta la ignominia.
Ovalle representó la quintaesencia de López Obrador. Si era de los suyos, total encubrimiento. El caso de Javier Corral es un ejemplo. Cuando no pudo imponer a su candidato a la gubernatura para que lo sustituyera, se acercó con López Obrador aparentemente por protección. El expanista Corral, como lo había previsto, fue acusado por la Fiscalía panista de Chihuahua por presuntamente desviar 98 millones de pesos durante su gobierno. El expresidente lo protegió e incluso ordenó que impidieran que lo detuvieran en la Ciudad de México. Lo hizo diputado y, más aún, lo nombraron presidente de la Comisión de Justicia sin importar que tenía órdenes de aprehensión.
La corrupción era parte del ADN de López Obrador. Tras concluir su gobierno en la Ciudad de México, fundó la asociación civil Honestidad Valiente, que recibió donativos por 20 millones de pesos, por los cuales nunca pagó impuestos. Durante los gobiernos perredistas que le sucedieron, le entregaban el 10 por ciento del salario muchos trabajadores del gobierno capitalino, y por años le llevaron en cajas de huevo dos millones de pesos mensuales.
Durante su Presidencia, recibieron dinero en efectivo que les daba un colaborador del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, y argumentaba, como justificación, como sucedió en otros casos de personas cercanas a él a quienes descubrieron en actos de presunta corrupción, que los recursos eran sino para la “causa”, su movimiento político, no para su pecunio. Su magnetismo y su fachada austera, permitió que su discurso contra la corrupción lo blindara.
En su gobierno reinó la opacidad, combatida en todo el mundo porque alienta la corrupción. El año pasado, ocho de cada 10 contratos del sector público se entregaron sin concurso, manteniendo la proporción de los dos años públicos. En sus últimos ocho meses de gobierno, se registraron en el portal de Compranet 111 mil 145 adjudicaciones, de las cuales 77.6 por ciento fueron por adjudicación directa. No fue extraño entonces que la semana pasada, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que son leales a López Obrador, desaparecieran Compranet.
Hay empresarios que se quejan de la voracidad de funcionarios y políticos de Morena, que cobran comisiones de 20 por ciento mínimo para gestionar contratos de obra pública y en los megaproyectos del expresidente, se llegaron a adjudicar de manera directa a empresas recomendadas por Palacio Nacional, en números que no se habían visto nunca.
La corrupción es otra parte del legado de López Obrador. El último informe de Transparencia Internacional mostró una caída de cinco puntos de México en la lucha contra la corrupción, resaltando que pese a las promesas de acabar con el fenómeno, su sexenio terminó sin condenas ni activos recuperados. Sheinbaum dijo ayer que en su sexenio habrá cero corrupción. López Obrador decía que la había erradicado. La presidenta tiene a su favor que tiene cinco años y medio para demostrarlo. Su predecesor ya no. Es un caso que cuando se bajen las pasiones y las emociones, se le verá como lo que fue, un político corrupto que potenció este cáncer social.

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Nota: Esta columna dejará de aparecer durante Semana Santa.

 

Como si no fueran suficientes los fierros calientes que trae en la estufa la presidenta Claudia Sheinbaum, un nuevo problema le estalló ayer, resultado de la corrupción rampante que arrastra del gobierno de su mentor Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno decretó la nulidad “total” de la licitación para la compra de medicamentos y todos los insumos y equipos que necesita el Sector Salud, por presuntos sobornos en Birmex, los Laboratorios de Biológicos y Reactivos del gobierno que López Obrador usó para eliminar la intermediación en la compra, almacenaje y distribución de medicinas, para evitar, precisamente, esas ilegalidades. La ironía de esa política tiene un tufo a podrido. Paradójicamente, la secuela de parar la compra de medicinas, también.
El desenlace de esta licitación internacional en donde participaron 173 empresas y laboratorios mexicanos y extranjeros, se anticipó en marzo, cuando se revelaron presuntos casos de corrupción en Birmex por un monto estimado en 13 mil millones de pesos, por lo que Sheinbaum destituyó a su director, Iván de Jesús Olmos, que había sustituido en octubre al general de División, Jens Pedro Lohmann, nombrado por López Obrador, que encabezó el desastre criminal del desabasto de medicinas en el sexenio pasado, que provocó un número de muertes aún no cuantificadas.
La corrupción en Birmex, probablemente más grande y delicada que la de Segalmex, la empresa creada por López Obrador donde se llevó a cabo la mayor corrupción en la historia de este país conocida hasta ahora, salpica a todo el régimen de la 4T. Olmos llegó a la titularidad de Birmex de la Dirección Jurídica de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que encabezó por el voto mayoritario del Congreso local, controlado por Morena, y con el aval de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. No era un servidor público cualquiera. Olmos, describió el columnista Mario Maldonado cuando lo nombró director de Birmex, era de todas sus confianzas.
No deja de sorprender que las sospechas de corrupción sobre él emergieran a solo seis meses de haber llegado a Birmex, y a escasos 90 días de haberse iniciado el proceso de licitación en el Sector Salud. Sobre todo, si en octubre pasado se decretó que la compra de medicamentos para este año estaría a cargo de un comité colegiado encabezado por la Secretaría de Salud, con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción. Participaban el Seguro Social, el ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Hacienda.
Salvo el titular de Salud, David Kershenobich, todos los demás habían sido imposiciones de López Obrador, anunciadas en una mañanera dos semanas después de que Sheinbaum ganó la elección. Zoé Robledo se quedó en el Seguro Social, repitiendo el cargo, mientras que Alejandro Svarch, que era director de Cofepris, fue nombrado responsable de IMSS-Bienestar, y Martí Batres llegó al ISSSTE. En el momento del decreto el secretario de Hacienda era Rogelio Ramirez de la O, que también lo había sido de López Obrador, y Raquel Buenrostro, que tiene una larga historia y nada positiva en el tema de la compra, almacenaje y distribución de medicinas, en la Secretaría de Anticorrupción. ¿Qué sucedió entonces? ¿El cuerpo colegiado no se dio cuenta de lo que estaba haciendo Birmex?
En la industria tienen otros datos.
Buenrostro inició en el gobierno de López Obrador como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Pero no acordaba las cosas importantes con quien era su jefe en ese entonces, Carlos Urzúa, ni con Arturo Herrera, que lo sustituyó en el despacho de Hacienda. Con quien hablaba Buenrostro de manera regular era con López Obrador, que la llamaba frecuentemente al otro extremo de Palacio Nacional, donde se encuentran las dos oficinas.
López Obrador le había encargado combatir la corrupción, y uno de los primeros temas en los que se involucró fue en la distribución de medicinas. Buenrostro no sabía nada de las entrañas del negocio, pero tuvo en el entonces poderoso subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, su asesor, quien le explicó el mapa de navegación para destruir de tajo el sistema imperante por corrupto. Aunque política e ideológicamente motivados, en la esencia no estaban equivocados. Había una importante corrupción arraigada en ese sistema que controlaban solo unas cuantas empresas.
El problema lo conoció a detalle el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hicieron una evaluación costo-beneficio de la viabilidad de acabar con él de manera inmediata. El resultado era que saldría más caro que ir construyendo un modelo de compra de medicinas donde gradualmente se fueran desmantelando las redes de corrupción. La dupla Buenrostro-López-Gatell no hizo ese tipo de analisis ni previó las consecuencia, con lo que provocó un desabasto de medicinas cuyas secuelas se viven hasta hoy en día.
Al llegar Sheinbaum a la Presidencia buscó solucionar el problema y su otro hombre de toda confianza, el subsecretario de Salud Eduardo Clark, ideó un nuevo mecanismo donde volverían a incorporar a empresas privadas, muchas de las cuales había combatido Buenrostro. La secretaria, consideraron fuentes de la industria, se vengó de las empresas al actuar a raja tabla o, como describió su actuar una persona con amplio conocimiento del sector, “con irracionalidad”, porque de acuerdo con varias fuentes de la industria, la corrupción que planteó no se sostiene. “Sí hubo empresas descalificadas con precios más bajos”, precisó una de las fuentes, “pero solo bastaba con reponer esas claves y asignarlas al más barato”.
Un análisis jurídico preliminar al que se tuvo acceso señala que el total de claves licitadas –tres mil 900, de las cuales no hubo oferta en mil 318–, resultan afectadas por el fallo de nulidad total de la licitación, pero los contratos derivados de ella siguen vigentes y deben ser atendidos, porque de otra forma pueden ser causal de sanciones. En general, con la información hasta ahora disponible, hay lagunas en las explicaciones de la Secretaría Anticorrupción, incluso sobre aquellos casos que pudieran ser litigados mediante amparos. Una fuente de la industria dijo que el fallo generó mucha incertidumbre. Y se profundizará, porque Buenrostro pidió a la Secretaría de Salud que presente demandas penales, contra funcionarios públicos y contra algunas de las empresas que licitaron.

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Ido el dueño del circo, todo el vecindario que habitó en la carpa mañanera durante seis años perdió el consenso, y se están peleando unos con otros, se acusan de corruptos y defienden intereses particulares, por razones oscuras. Durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerraron filas en torno a él, golpeando a quienes les ordenaban por osar tocar a su jefe, ayudando así en la construcción del mundo irreal que hoy se está cayendo a pedazos. Al desaparecer el proyecto unificador, los mercenarios se balcanizaron, ofreciendo un espectáculo público antropológico que refleja la lucha de poder en Morena.
Una crónica del proceso que estamos viviendo, muy serio y profundo aunque protagonizado por los lacayos más conspicuos del obradorato, la hizo el lunes Marco Levario, director de la revista Etcétera y autor de dos volúmenes que son dinamita contra los mercachifles del régimen, Los Farsantes de la 4T (2022), en una entrevista con Carlos Loret en W Radio, quien le pregunta para abrir boca: “Pocos como tú han analizado e investigado el fenómeno de los propagandistas de la 4T, una camada de algunos de ellos creados al vapor, otros conversos, que han servido para impulsar la narrativa del gobierno. Y lo que hemos visto en los últimos días es que parece que se están peleando entre ellos”.
“Yo creo que no son una camada; son una parvada”, arrancó Levario. “Ya no son jilgueros, sino que parecen cuervos o buitres entre ellos mismos. A ver, ¿quiénes están peleando entre ellos? ¿Por qué se están peleando unos con otros? ¿Qué está pasando entre los propagandistas de la 4T? Yo creo que están reflejando lo que es la disputa política en nuestro país en la actualidad; es decir, representan distintas posturas de Morena en función de quién (le da) el alpiste (a) cada uno de esos integrantes.
“Sobre esa base, y recordando siempre a nuestra entrañable Celia Cruz con su conocida canción Burundanga, uno le da al otro, le dio al otro, le dio al otro… Pedro Salmerón (un polémico historiador, protegido por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador), pegándole durísimo a (la ministra) Yasmín Esquivel porque es una plagiaria. Luis Guillermo Hernández (un periodista frustrado que no tiene quien lo contrate) y El Chapucero (apodo de Nacho Rodríguez, uno de los blogueros inventados en el obradorato acusado de corrupción) haciéndolo (criticando) contra Canal 11.
“Canal 11 (dirigido por Renata Turrent, muy cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hecho el único trabajo respetable en los medios públicos) respondiéndole a través de Fabricio Mejía (uno de los sicarios más prolijos del obradorato) al menso de Vicente Serrano (otro testaferro frustrado), que al mismo tiempo también clama y reclama que no tiene un espacio en Canal 11. Pero sí, como decía Voltaire, de vez en cuando hay que ensuciarse las manos en los debates públicos y (es) esto mismo que estoy en estos momentos reseñando. A mí mismo me da pena. Nada más imagínate Vicente Serrano recordando que Fabricio Mejía es un plagiador, y Pedro Salmerón haciendo lo mismo con Yasmín Esquivel, mientras otros defendiéndola.
“Es una situación complicada para ellos, pero creo que el monero (de La Jornada José) Hernández (que es algo así como corre ve y dile del jefe de los cuadros de Morena, otro monero e ideólogo principal –no es broma– de López Obrador, Rafael Barajas, El Fisgón) es la joya de esta disputa porque escribió (que) la autopromoción que está haciendo (la senadora) Andrea Chávez en busca de la gubernatura de Chihuahua es simplemente inmoral, totalmente contrario al ejercicio ético de la política abanderada por AMLO. Una vergüenza, dice él.
“Dejemos a un lado, por supuesto, que nunca dijo nada frente a la campaña adelantada de Claudia Sheinbaum, pero que ahora lo recuerdo porque en ellos no importa la solidez intelectual ni académica. Lo que está haciendo es dirigir el obús directamente en contra de Abraham Mendieta (el polémico novio de la senadora) y Andrea Chávez, diciendo lo que muchos decimos. Esa campaña es ilegal, es antiética, etcétera.
“Entonces me parece que ya hay un resquebrajamiento. Lo creo irremediable porque dentro de todo eso El Fisgón (está) acusando a Luis Guillermo Hernández, que a su vez había criticado al Canal 11, de formar parte de un complot para un golpe de Estado. Es increíble. Y todos, todos, son propagandistas.
Inquiere Loret: “Esto es reflejo de dos cosas. Primero, de las pugnas que hay internamente entre la presidenta Sheinbaum, Ricardo Monreal (coordinador de Morena en la Cámara de Diputados), Adán Augusto López (coordinador de Morena en el Senado), y Andy López Beltrán (el secretario de Organización de Morena, y quien asegura tener la responsabilidad histórica de mantener el legado de su padre, el expresidente), porque cada uno de estos tiene sus patrocinadores. O sea, habiéndose ido López Obrador, ¿se diluyen las lealtades? Y la segunda, si no también es reflejo de que la mejor oposición a Morena está en Morena, porque la oposición afuera no logra dar nada efectivo”.
Continuó Levario:
“Ahorita este tipo de situaciones se están dando justamente porque la disputa política está dentro de Morena. Y por supuesto que hay un patrocinio documentado, (y) a diferencia de ellos, pues como en sus funciones de propaganda no sienten alguna obligación de documentar, nosotros y distintos medios (lo) hemos justamente mostrado (y) demostrado. Hablemos de un patrocinio. Álvaro Delgado y Alejandro Páez (editores del portal SinEmbargo), ¿no?, en donde ha quedado claro que han recibido más de 25 millones de pesos por medio de la publicidad y al mismo tiempo también reciben dinero, como eso, como jilgueros en Canal 11.
“Ellos tienen como encomienda principal defender a Claudia Sheinbaum y por supuesto que atacar a Ricardo Monreal. Y así nos vamos. Cada uno va teniendo sus propias funciones, ¿no? Vicente Serrano tiene la función de defender a Yasmín Esquivel, porque Vicente Serrano pues no sabe ni siquiera qué quiere decir la palabra plagio, pero ahí está”.
La carpa de lo que fue la famlia obradorista se está cayendo a pedazos. Y ellos, junto con ella.

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Jesús Ramírez Cuevas, el hombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, está en camino de convertirse en un problema de seguridad nacional. Los servicios de inteligencia en Washington le han puesto el ojo por la forma como ha promovido a rusos en México y a personajes cercanos al gobierno de Vladimir Putin, así como haber abierto las puertas a medios que son parte orgánica del aparato de propaganda del Kremlin. No hay una investigación abierta en su contra, hasta donde ha trascendido, pero sí es una persona de interés para los estadunidenses.
Ramírez Cuevas, un personaje atrapado entre paradojas, ha sido muy importante para el modelo del país imaginado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Oscuro como persona, por su manejo siniestro por hipócrita y cobarde, fue brillante interpretador del pensamiento de su jefe político, que operativizó en una maquinaria de propaganda cargada de una narrativa emocional que sedujo a todo tipo de perfiles socioculturales y socioeconómicos, que dio cobertura a una retórica divisiva y mentirosa, pero muy efectiva para los objetivos del régimen que estaba bajo construcción.
Las escuetas informaciones que han salido de Washington sobre Ramírez Cuevas, no vinculan de manera estructural a López Obrador con la red de relaciones que tejió su exvocero y operador político con activos rusos, pese a la proclividad del expresidente por Putin y esa nación, donde se ha impuesto un régimen represivo y corrupto, con un capitalismo de cuates exacerbado. Ramírez Cuevas, que se cree un hombre de izquierda, estimula los nexos con lo que representan Putin y Rusia en el concierto mundial, donde la ideología no es parte de la ecua-ción de intereses estratégicos, que son los que en el fondo despiertan la preocupación norteamericana.
Ramírez Cuevas no ha ocultado sus inclinaciones.
En octubre de 2023, Margarita Simonián, redactora en jefe (directora) del canal de televisión RT (que antes se llamaba Russian Television), que es una de las figuras permanentes de la lista de las 20 mujeres más influyentes en Rusia, anunció el inicio de transmisiones en español de su canal en el sistema del Metrobús de la Ciudad de México, “donde ahora los pasajeros pueden familiarizarse con las noticias mientras esperan su autobús”. La autorización pasó por Palacio Nacional, y quien lo permitió fue Ramírez Cuevas, que durante el sexenio pasado centralizó prácticamente todo lo que se trataba de comunicación social y política. RT, la máquina de propaganda rusa, junto con la agencia Sputnik incrementaron su presencia en América Latina tras la invasión a Ucrania, erosionando la democracia liberal y aumentando la polarización en la región.
En 2022 Ramírez Cuevas entregó, en nombre del Club de Periodistas de México, un premio post-mortem a Daria Dugin, hija de Alexander Dugin, quien fue asesinada ese año en las afueras de Moscú, que había sido incorporada en una lista de sancionados por el Reino Unido, como parte de la respuesta europea a la invasión rusa en Ucrania, por “brindar apoyo o promover políticas para desestabilizar” ese país. Su padre, llamado “el Rasputín” de Putin, es como la persona que más ha influido en la política exterior del presidente ruso. En la misma ceremonia fueron premiados tres corresponsales de RT por su “cobertura de la operación militar rusa en Ucrania”.
Al año siguiente, el Club de Periodistas premió al consorcio de medios Tsargard TV, propiedad de Konstantine Malofevv, uno de los ideólogos de Putin, que ha sido imputado penalmente en Estados Unidos y vetado en Bulgaria por actividades de espionaje, y cuyos canales promueven la propaganda del Kremlin en la guerra con Ucrania, que también fue sancionado por respaldar a combatientes separatistas en ese país. En la misma ceremonia premiaron a cuatro reporteros de RT, dos de Sputnik y al conductor del canal estatal ruso, Rossiya.
El año pasado Ramírez Cuevas le abrió las puertas de Palacio Nacional a la periodista rusa Inna Afinogenova, que fue subdirectora del canal en español de RT hasta 2022, cuando se integró al Canal Red, un canal de televisión en español que transmite por Internet, dirigido por Pablo Iglesias. En septiembre pasado, una investigación del The New York Times lo identificó como parte del aparato de propaganda del Kremlin. La entrevista de Afinogenova fue un baño de miel para López Obrador, quien tuvo que retirarla de las redes del gobierno porque el INE determinó que había violado las leyes electorales.
Otra de las operaciones de Ramírez Cuevas a favor de la propaganda rusa la descubrió el analista Javier Tejado en marzo del año pasado. Tejado encontró que en el monitoreo del INE sobre las campañas presidenciales, el Canal 13 –que no pertenecía a TV Azteca– había sido el que más tiempo les había dado. El Canal 13 es propiedad de Ángel Remigio González, mexicano naturalizado guatemalteco cuya empresa Telsusa Televisión México tiene un imperio de medios en Centroamérica.
Tejado se topó con un documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones fechado a finales de 2023 donde autorizaba la multiprogramación a favor de RT en todas sus concesionarias en Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Campeche, cuya cobertura presidencial iba con el tamiz acostumbrado de “manipulación mediática y guerra informativa”.
La expansión del aparato de propaganda ruso en México fue acompañada por un aumento significativo de presuntos espías, bajo cobertura diplomática, tras la invasión a Ucrania. Dolia Estévez, la experimentada corresponsal mexicana en Washington, que ha dado un seguimiento sin par a la presencia rusa en este país, reveló que mientras 600 presuntos espías rusos fueron expulsados de las embajadas europeas desde la invasión a Ucrania, México autorizó a 37 nuevos diplomáticos, que al sumarse a los 49 ya acreditados, sumaba un total de 86, el mayor contingente en cualquier legación en la Ciudad de México, sin justificación alguna.
Ramírez Cuevas negó rápidamente el tema del presunto espionaje, pero nunca ha explicado por qué permitió y estimuló la llegada de la maquinaria de propaganda del Kremlin para operar sobre la mente de los mexicanos, que es lo que ha llamado la atención en Washington.

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Ante el radical cambio de reglas global para el comercio de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan para fortalecer la economía interna como una alternativa concreta a un mundo que será diferente al que todos hemos conocido. A partir de un Plan México, buscará acomodarse a esta nueva realidad, pero a su estrategia le falta una pata: ¿cómo lidiar políticamente con un presidente atrabiliario, insaciable, demandante y violento? El plan no resuelve lo que ya está haciendo Washington, apretando para subordinarla a Estados Unidos.
La Administración Trump quiere encerrar a Sheinbaum y al gobierno. En la reunión con Kristi Noem en Palacio Nacional a finales de marzo, de manera suave aunque directa, la secretaria de Seguridad Interna le comentó que tendría que privilegiar la relación estratégica con Estados Unidos sin vínculos comerciales con China y Rusia, reduciendo el nivel de relaciones bilaterales con esas naciones y alejarse de bloques como los BRICS originalmente un grupo de cuatro países emergentes –Brasil, China, India y Rusia–, que nació hace 25 años.
Esta presión sutil se suma a la que está ejerciendo de manera creciente la Casa Blanca contra la narcopolítica, tomando acciones que aunque en los mensajes que han enviado a Palacio Nacional resaltan que son mensajes a los cárteles de la droga, también les han anticipado que la entrega de capos no es suficiente y requieren, como señal de que Sheinbaum habla en serio en el combate al crimen organizado, acciones contra miembros de la clase política.
La última preocupación presidencial tiene que ver con Manuel Bartlett, que súbitamente subió de perfil recientemente por las revelaciones de los nexos de su pareja, la empresaria Julia Abdala, con la familia Weinberg, que tiene abierto un juicio en Florida por presunta corrupción con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El trasfondo de la preocupación de Sheinbaum tiene que ver con las imputaciones contra Bartlett en el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA que investigaba al Cártel de Guadalajara en 1985, y cuyo autor intelectual, Rafael Caro Quintero, fue desterrado a Estados Unidos para ser juzgado en Brooklyn. La inquietud en Palacio no es por una relación de Sheinbaum con él, sino por el posible involucramiento con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador por sus vínculos con Bartlett.
Sheinbaum ha sido cuidadosa para no enfrentarse a Trump y cedido en sus peticiones sobre el crimen organizado y migración. Pero como le dijo Noem a la presidenta, no ha sido suficiente. Nada lo será para Trump, que trata a México como un mal necesario por la vecindad geográfica. Rehuir a la beligerancia y darle un spin épico a su manejo, la oxigena en la opinión pública local e internacional, pero no resuelve el problema de fondo y en algún momento esta comunicación política podrá tener rendimientos negativos.
La presidenta necesita una política que le abra opciones en su trato con Trump. Existe en una experiencia probada que le fue muy útil al presidente Adolfo López Mateos, la “independencia relativa” de Estados Unidos en política exterior, que permitió mantener la soberanía mexicana al tiempo de diversificar sus relaciones internacionales, no con el gran enemigo de Washington en aquel tiempo, la Unión Soviética, sino con países que buscaban escapar de la dialéctica de la Guerra Fría en la que estaban sumidas las dos grandes potencias de la época.
López Mateos logró espacios de maniobra política y diplomática con dos presidentes, Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy, en dos momentos cruciales de aquella época de tensión permanente, la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, donde México fue el único país que se abstuvo de votar en su contra, y la Crisis de los Misiles. En un libro seminal sobre la política exterior de López Mateos, Mario Ojeda, que fue director de El Colegio de México, explicó en Alcances y límites de la política exterior de México (1976) cómo México maximizó ante Washington su posición en el contexto mundial, y mantuvo una relación donde cada país se reservaba el derecho de juzgar por sí mismo los acontecimientos y actuar en consecuencia. López Mateos, que estaba rodeado de un grupo de diplomáticos excepcionales, pavimentó un camino que duraría décadas.
Dentro de la “independencia relativa” fue el primer presidente en viajar a Europa, Asia y África para diversificar las relaciones políticas y económicas, se abrió a América Latina y al Movimiento de Países No Alineados que encabezaban la extinta Yugoslavia, India y Egipto, y se acercó a algunos miembros del bloque socialista, como Polonia. A contrasentido de todo el Continente Americano, apoyó a Cuba escudándose en la Doctrina Estrada –que detalló históricamente a Estados Unidos–, lo que también contrarrestó las críticas de la izquierda en México. López Mateos, que vivió meses de tensión con Kennedy, fue ganándoselo hasta llegar a decirle que si Estados Unidos entrara en un conflicto, México le cuidaría la espalda.
López Mateos entendía que México no podía estar aislado del mundo, pero que tenía que encontrar una forma para tratar con Estados Unidos sin ser sumiso. La teoría de la “independencia relativa” tuvo combustible por décadas, y le sirvió a Luis Echeverría para votar a favor del ingreso de China a la ONU, a José López Portillo para firmar la Declaración franco-mexicana que dio beligerancia a la guerrilla salvadoreña, a Miguel de la Madrid para impedir con el Grupo Contadora la invasión a Nicaragua, y a Carlos Salinas para condenar la invasión a Panamá.
Sheinbaum tiene en la experiencia de la política exterior de López Mateos la alternativa frente a Trump, embarcado en su propia guerra. Ha tomado pasos en ese sentido, sin estrategia clara, para frenar la expansión china en México y olvidar los cariños a Rusia del sexenio pasado. Noem vino a México para acotar el espacio en el que se mueve, pero Sheinbaum tiene capital político en estos momentos ante Trump para intentar la “independencia relativa” asistiendo a la próxima cumbre de los BRICS en Río de Janeiro en junio, donde podría confirmar su participación y medir la reacción de Washington.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se congratuló de que México fuera excluido de los aranceles recíprocos anunciados por el presidente Donald Trump el miércoles. Ella ya lo esperaba, porque como había dicho la semana pasada, no veía cómo los podría imponer México si no le cobraba tarifas a sus exportaciones. Pero aún así, su declaración es un equivalente, solo en forma, a festejar que cuando lo robaron a mano armada, no lo hayan matado. El confeti acompañó a sus palabras. Todo esto, dijo, fue gracias a la “buena relación” con el gobierno de Trump.
Si lo que dijo fue para consumo interno y apuntalar el consenso nacional, perfecto. Para eso sirve la propaganda. Si realmente lo cree, tenemos problemas. No hay una buena relación de Trump con Canadá, pero el manejo arancelario con ese país fue idéntico al de México, y se podría argumentar que obtuvo mejor trato Ottawa por temores a represalias en el campo energético. Al mismo tiempo, relaciones cercanas de Trump como con el primer ministro del Reino Unido y el presidente de Argentina, no impidieron que les impusiera un 10 por ciento de arancel a sus exportaciones, como también hizo con el presidente de El Salvador, que abrió las puertas de su cárcel de máxima seguridad para criminales deportados de Estados Unidos.
No se trata de buenas relaciones. El trato preferencial corre por otro carril. También se lo otorgó a Rusia, que resultó el único inmune a los aranceles coyunturales de Trump, pues tampoco le ha impuesto tarifas como a México y Canadá para aquellos productos que no entren en el marco del acuerdo comercial norteamericano, en la industria automotriz, el acero y el aluminio, cuyas reglas de origen determinarán el monto de los nuevos aranceles que les colocará. Haber excluido a esas tres naciones de los aranceles recíprocos sugiere que son piezas importantes en el reordenamiento del comercio mundial en el que se embarcó antier por la vía de la coerción.
Los aranceles a México y Canadá que fueron impuestos previamente, se hicieron bajo el argumento de que ninguno de los dos había hecho lo suficiente para frenar la migración indocumentada y el trasiego de fentanilo. Si hubiera un momento en que Trump pensara que sus quejas se habían resuelto, el impuesto de 25 por ciento que tienen ahora los productos fuera del T-MEC, se reduciría a 12 por ciento. Es decir, todavía sería 2 por ciento más de lo que le está cobrando al Reino Unido, Argentina y El Salvador. El discurso presidencial, como se ve, no se sostiene en términos objetivos.
Pero en política existe lo ideal y lo real, y un político siempre busca acercar lo real a lo ideal. Se hace lo posible, en las condiciones de cada uno. Lo que hizo Sheinbaum, con su estrategia de no tocar a Trump ni con el suspiro, fue muy distinto a lo que hicieron Justin Trudeau y su sucesor como primer ministro canadiense, Mark Carney, que cruzaron golpes orales con Trump, que ante sus amagos amenazaron con represealias y no obstante, recibieron el mismo trato preferencial de México.
Por el tamaño de la economía canadiense y sus relaciones estratégicas con Estados Unidos –miembros del G-7, de la OTAN y del Norad, el paraguas nuclear en Norteamérica–, Trudeu y Carney tenían espacios de maniobra mucho más anchos que el que tenía Sheinbaum, que carecía de fuerza, como país, para tomar una postura beligerante. Se hizo lo posible en esta primera fase, lo que no significa que así deba quedarse, poniendo la mejilla cada vez que Trump golpee.
Un ejemplo de los parámetros entre los que se mueven se vio ayer con las radicalmente distintas formas de reaccionar de Shein-baum y Carney a los aranceles contra sus productos. Carney anunció aranceles equitativos de 25 por ciento a todos los vehículos construidos en Estados Unidos que no cumplan con lo establecido dentro del T-MEC, excluyendo a México de esa acción retaliatoria. Sheinbaum se alejó por completo de cualquier posibilidad de contramedidas contra Estados Unidos, optando por el fortalecimiento y “aceleramiento” del Plan México, con 18 acciones concretas que buscan una incipiente industrialización, apoyar pequeñas y medianas empresas, estimular el consumo interno, y facilitar la tramitología para las inversiones.
Carney se sumó a la discusión en la Unión Europea sobre qué medidas tomar si Trump seguía adelante con los aranceles. Sheinbaum no se movió. Los dos fueron proactivos en Washington y enviaron a sus ministros a persuadir a los estadunidenses de tener un trato preferencial con sus socios norteamericanos, que se tradujo en mantener el status quo de las tarifas que les había impuesto, sin agregarles aranceles recíprocos.
Hay otras diferencias que Sheinbaum debe tomar en cuenta para evitar que su postura se debilite y aumente su vulnerabilidad. La más importante es construir una red de relaciones en Washington que presione a la Casa Blanca en su beneficio, como tiene Canadá. El miércoles, el Senado aprobó una medida con el respaldo de todos los demócratas y cuatro republicanos, para bloquear algunos de los aranceles contra Ottawa, argumentando que haberlos impuesto por considerar que no había frenado la migración ni el tráfico de fentanilo, era injusto.
El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, principal promotor de la resolución, aseguró que “la emergencia del fentanilo es por México y China, no por Canadá”. Estadísticas oficiales reveladas por The Globe and Mail, el principal periódico canadiense, señalan que solo una décima parte del 1 por ciento de los decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos, pueden ser atribuidos a Canadá, mientras que el 99.87 por ciento de la droga están vinculados a México, Estados Unidos, o tienen un origen desconocido.
México no tiene quién lo apoye. Nadie en el Capitolio, incluso de los estados más afectados por los aranceles a México, está promoviendo acciones similares. Tampoco ha querido Sheinbaum sumarse a un bloque que pudiera provocar una reacción negativa con Trump. Camina sobre una fina cuerda cediendo a buena parte de las presiones de Trump, para mantener vivo el acuerdo comercial que tanto necesita para alcanzar su objetivo de mejorar la economía y el bienestar, y no cambiará. Es decir, está haciendo lo posible.

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Las recetas bíblicas no le funcionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Ni rechazar la Ley del Talión, del ojo por ojo y diente por diente del Antiguo Testamento, ni poner la otra mejilla del Nuevo Testamento. El presidente le mantuvo a México los mismos aranceles que a Canadá, basados en el trasiego de fentanilo ilegal a ese país, sin tomar en cuenta las concesiones y el trato no confrontativo de Sheinbaum con el toro de la Casa Blanca. Habrá quien considere que nos fue menos mal que a otros, contra quienes los aranceles fueron más elevados. Y tienen razón.
En una hora Trump modificó la política arancelaria de Estados Unidos, le disparó al corazón del acuerdo comercial norteamericano, el T-MEC, y declaró de manera simbólica la guerra comercial a más de 60 países, con economías de todo tamaño. Sin embargo, en el caso de México y Canadá aplicó un trato preferencial, como se lo ofreció al primer ministro Mark Carney –tras amenazarlo con represalias– y pidió la presidenta Sheinbaum. Todos los productos que cumplan con las reglas de origen del T-MEC seguirán importándose sin aranceles, que únicamente se aplicarán a aquellos componentes que tengan contenidos superiores a lo que se acordó, donde pagarán tarifas de 25 por ciento en el caso de los automóviles y 10 por ciento en los derivados del aluminio, que incluye la cerveza y las latas vacías.
No obstante, Trump le recargó retóricamente la mano a México y Canadá, a los que acusó de estar recibiendo “subsidios” por 300 mil y 200 mil millones de dólares anuales, que provocan el déficit comercial que tiene Estados Unidos con ellos. Lo que dijo es una mentira. Ninguno de los dos países es subsidiado por Estados Unidos, pero no importa. La teatralidad es lo suyo, como se vio ayer cuando anunció su plan arancelario en el Jardín de las Rosas, a unos metros de la Oficina Oval.
En uno de esos momentos donde dramatiza para efectos mediáticos, subió al atril por unos momentos al fundador del grupo Trabajadores de la Industria Automotriz por Trump, Brian Pannebecker, para enfatizar la aplicación de aranceles en ese sector. Desde la mañana del miércoles uno podría adivinar que las exportaciones de automóviles, motor del comercio de México con Estados Unidos, estaría en el centro de sus aranceles, aunque en términos reales, fue como pólvora mojada.
En un texto que había publicado esa mañana en el USA Today, Peter Navarro, el ideólogo de los aranceles y el halcón más duro en el equipo de Trump, se le lanzó a México y dijo que durante la Administración Biden, donde se relajaron los controles comerciales, “México se convirtió en el nuevo Michigan”, en referencia a que en ese estado están las grandes armadoras estadunidenses. “Una cadena de ciudades mexicanas conforman ahora ‘la diáspora de la Ciudad del Motor’”, agregó jugando con el nombre con el que se conoce a Detroit, irónicamente inspirado por unos murales que pintó Diego Rivera en 1932. “Volkswagen y Audi están en Puebla, GM y Stellantis en Ramos Arizpe, Ford en Hermosillo, Nissan y Mercedes-Benz en Aguascalientes”.
Utilizando a México y Canadá, Trump jugó con las imágenes. Pero con el resto de los países a quienes les impuso aranceles no fue así. Las nuevas tarifas desmantelaron acuerdos comerciales que estaban vigentes desde 1947 y colocó como sus principales enemigos a China, su archirival por la hegemonía del mundo, y la Unión Europea. Pero también incluyó en el castigo comercial a varias de las naciones más pobres en el planeta y otras más que están sumidas en guerras civiles. A quienes penalizó con economías más fuertes, las represalias recíprocas, por lo que habían anunciado, vienen en camino, lo que lleva a la pregunta: ¿Estamos en la puerta de un déjà vu con la imposición de aranceles de Trump?
Hace 95 años el presidente Herbert Hoover, contra la recomendación de mil economistas, firmó el Acta Smoot-Hawley, redactada por dos poderosos legisladores como respuesta al crack de la bolsa en Wall Street que produjo la Gran Depresión de 1929. La nueva ley, que elevó los aranceles en 20 por ciento, que subrayó un proteccionismo y un aislacionismo de Estados Unidos provocó la respuesta recíproca de una docena de países.
Entre 1929 y 1932, las exportaciones a Europa cayeron 70 por ciento y el comercio mundial se desplomó en similar porcentaje durante los cuatro años que estuvo vigente. Las consecuencias fueron negativas y los efectos de la Gran Depresión se profundizaron. Varios historiadores han argumentado que esa medida fue el trampolín que le permitió a Adolfo Hitler apoderarse del poder en Alemania y empezar la construcción de un imperio fascista que colapsó al perder la Segunda Guerra Mundial.
¿Estamos en ese umbral? Nadie puede señalarlo con certeza, pero las condiciones apuntan en esa dirección. México tendrá que seguir jugando ajedrez con Trump. Sheinbaum se reunió con su gabinete casi inmediatamente después de concluir el mensaje de Trump, y se espera que anuncie los pasos a seguir esta mañana. Aunque anticipó que de haber aranceles probablemente habría reciprocidad, el trato preferencial que recibió probablemente la lleven por el camino original –no se sabe si lo mantendrá– del Reino Unido, de asumir el costo de aranceles limitados y seguir jugando en una cancha diferente a la del resto del mundo.
Cuando lanzó su primera ola de aranceles y México, junto con el Reino Unido y Brasil decidieron esperar antes de tomar represalias, el gabinete de Trump reconoció a los dos primeros, excluyendo a Brasil, que no consideran un aliado. Un alto funcionario mexicano dijo que ese era el lugar donde querían estar, al lado del Reino Unido, que ha tenido una relación preferencial y extraordinariamente estrecha con Estados Unidos desde hace casi un siglo. Esa parece haber sido la estrategia que jugó Sheinbaum y las instrucciones que dio al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que estuvo en Washington cada semana dialogando con Lutnick.
“La libran por el momento”, tituló El Financiero en su edición digital al anuncio de los aranceles. Esta nueva pausa abre otra oportunidad para que el gobierno mexicano diseñe una estrategia que anule ser rehén permanente de los amagos y ánimos del impredecible Trump.

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El vuelo de la senadora Andrea Chávez parece estar llegando a su fin. Se había planteado como su siguiente objetivo la gubernatura de Chihuahua en 2027 y estaba trabajando intensamente en su tierra, incurriendo en actos que probablemente puedan ser anticipados de campaña. Las crónicas periodísticas narran los espectaculares que colocó en su natal Ciudad Juárez desde principios de este año y de su intensa promoción en las redes sociales. “La reina del cash”, la llamó Don Mirone, un seudónimo que firma la principal columna política de Norte Digital, porque “no batalla por dinero”.
Pero el muro con el que se estrelló fue el de la revelación que estaba utilizando unidades médicas móviles financiadas por el contratista preferido desde hace años por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Chávez reaccionó contra el portal Latinus, cuya reportera Ana Lucía Hernández hizo nacional un tema que se había mantenido localmente, y acusó al principal periodista del medio, Carlos Loret, de servir intereses políticos. No vio que lo que había provocado la publicación era un disgusto en donde menos le podría haber interesado tenerlo, en Palacio Nacional.
Cuando el portal Latinus reveló que la senadora estaba utilizando unidades médicas como parte de su estrategia de promoción rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa, no por el hecho en sí mismo, sino porque no comprendía cómo la soberbia y el cinismo de los morenistas involucrados en el caso, se habían abierto un flanco tan grande, al quedar expuesto, en medio de todo, al contratista y amigo del senador López, que estaba detrás de las unidades médicas, mejor adaptadas y equipadas que las que tiene el gobierno federal y muchos estatales.
Chávez, una política audaz y permanentemente muy echada para adelante, comenzó a meterse en un pantano con su lengua larga y filosa, llena de arrogancia, al confesar en la radio haber cometido un delito. No lo dijo tal cual, pero lo expresó claramente. Lo que hizo, señaló, había sido en beneficio de quienes más lo necesitan, como un acto de justicia, evocando la laxitud legal que aplicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando los límites constitucionales se atravesaban en el camino de sus objetivos. López Obrador se salió con la suya, pero ella no. López Obrador tenía fuerza propia; Chávez la tiene prestada, que es lo que le está cortando las alas.
Ayer, el PAN a nivel nacional y a nivel estatal, la denunció ante la Fiscalía General por 15 supuestos delitos. Algunos son del ámbito electoral, donde los panistas presentaron documentos de cómo estaban llegando recursos de otros estados para su precampaña electoral. Pero hay otros, quizás penales. Daniela Álvarez, líder panista en Chihuahua, y la diputada federal Kenia Rabadán, afirmaron que la ilegalidad de sus actos fue confesada al confirmar que las unidades móviles las financiaba el empresario Fernando Padilla Farfán, mediante la modalidad de “donativo”. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que si un servidor público acepta un donativo, incurrirá en el delito de cohecho.
Chávez es una delincuente confesa. En una mesa de análisis con Azucena Uresti en Radio Fórmula, se defendió a botepronto repitiendo que eran donativos, y que no había gastado “ni un solo peso” de recursos públicos. Una semana después, en el mismo espacio, cambió su versión y dijo que las caravanas que realizaba en las unidades médicas, estimadas por Latinus en 10 millones de pesos mensuales, eran convenios de colaboración con el sector privado. Este fue otro delito que confesó. Aunque sea servidora pública, no puede firmar convenios específicos en calidad de persona física. Solo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para suscribir convenios que involucren algún tipo de intercambio o prestación de servicios, como era el caso.
Chávez es probablemente la joven morenista más conspicua de su generación. También la de una carrera meteórica, de la mano del senador López. El ex precandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, ha invertido tanto en su promoción, que en el Senado llaman a Chávez “la jefa”, y hay legisladores que para quedar bien con el líder de su bancada, le aplauden y festejan todas las intervenciones de la chihuahuense. López ha ido mucho más allá. Le entregó una oficina en el Senado a Abraham Mendieta, un español nacionalizado mexicano, propagandista del obradorismo, que es novio de Chávez.
López, que tiene el control de todos los cargos administrativos –donde se maneja el dinero– del Senado, pretendió recientemente hacerla presidenta de la cámara, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, que lleva semanas con rendimientos decrecientes. Era demasiado. No pudo hacer el movimiento, aunque su cruzada para promoverla a la gubernatura de Chihuahua, no ha cesado. El episodio de las unidades móviles, empero, pone un antes y un después.
El involucramiento de Padilla Farfán en el esquema electoral de Chávez, dejó al descubierto los contratos multimillonarios que le dio en Tabasco y en Chiapas, a través de su excuñado, el exgobernador Rutilio Escandón –que hizo convenios con él sobre unidades médicas móviles, una de las cuales apareció en Chihuahua–, y cuando menos lo deja ante un posible delito de conflicto de interés. Chávez lo conoció años después de que el empresario estuviera metido en licitaciones públicas en entidades donde su amigo López tenía influencia e incidencia.
Desde el primer momento que apareció la publicación en Latinus, Sheinbaum comentó a sus colaboradores que hablaría con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que no pasara su candidatura a la gubernatura, y a López para que se olvidará de seguir impulsando a Chávez a la presidencia del Senado. Desde entonces, la situación de la senadora en Palacio Nacional se ha ido enredando y empeorando.
Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. Lo que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.

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Este miércoles es el “Día de la Libertad”. Así es como el presidente Donald Trump ve la fecha en que impondrá aranceles a todo el mundo para que, de esa forma, revierta los patrones de consumo vigentes desde hace más de 40 años y encierre a Estados Unidos en una burbuja de cristal. Visto desde otra perspectiva, también será el día en que comience una guerra comercial global. China, Japón y Corea del Sur anunciaron ayer que si les impone aranceles le responderán con la misma receta de manera conjunta. Europa prepara represalias tarifarias a partir de abril, y Canadá dijo la semana pasada que aplicará la Ley del Talión, pero más doloroso para Estados Unidos. La posición de México es esperar y tomar una decisión sobre hechos consumados.
Trump sostiene que el 2 de abril impondrá aranceles recíprocos de 25 por ciento a todo el mundo, además de 25 por ciento de aranceles al acero y aluminio, y otro tanto a los vehículos exportados a Estados Unidos. El descontento que hay en el mundo por las acciones unila-terales del presidente de ese país tiene su espejo interno. Una en-cuesta que dio a conocer este lunes la agencia Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago, reveló que el 60 por ciento de los estadunidenses están en desacuerdo con su manejo comercial y arancelario. Las bolsas, que han sido una presión para Trump, tuvieron una mala jornada ante las amenazas de Trump, que aseguró que no le importan las consecuencias que tengan para la economía estadunidense.
El presidente cree que va a cambiar los hábitos de consumo en su país y que rápidamente el impacto negativo de la imposición de aranceles, entrarán en un círculo virtuoso que beneficiará a todos los estadunidenses. Está convencido que la burbuja de cristal en la que quiere encerrar a esa nación no se romperá, pero no tiene la verdad en la mano. De hecho, ni siquiera tiene la información completa sobre lo que puede significar en toda su dimensión si aplica la barreras tarifarias que ha anunciado a algunos países… como México.
A lo largo de varias semanas el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo pedagogía con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre la complejidad y dificultad que implicarían los aranceles y los costos que tendría para ambos países. Uno de los ejemplos fue en la industria automotriz, uno de los sectores más integrados del acuerdo comercial norteamericano, el T-MEC, por las amplias cadenas de producción, que generan más de cinco millones de empleos, 67 por ciento del total, en Estados Unidos.
Ebrard le ejemplificó a Lutnick el caso del capacitator, un condensador eléctrico que almacena energía. El capacitator es vendido por un proveedor en Centennial, Colorado, a una empresa en Grand Rapids, Michigan, que lo envía a una planta en Ciudad Juárez, donde se integra a una placa de circuito impreso.
Esa placa regresa a una planta en El Paso, Texas, de donde cruza de nuevo la frontera a Ramos Arizpe, Coahuila, donde se ensambla a un mecanismo en el asiento que permite ajustar su posición con solo presionar un botón. De ahí se envía a las fabricas de asientos en Arlington, Texas, y Mississauga, Ontario, donde se instala. Finalmente ese asiento se manda a las plantas de ensamblaje en Toronto, para el modelo de la camioneta SUV Ford Flex, y de General Motors en Arlington, Texas, para las Suburban, Tahoe y Escalade.
Otro ejemplo que le planteó es en la industria aeroespacial, con el motor CFM LEAP-1B –que utiliza Boeing 737 MAX-8–, que es un motor aeronáutico civil que producen conjuntamente General Electric y Safran, una empresa francesa que tiene una fábrica en Querétaro. General Electric manufactura su principal componente, el módulo, en su planta en Cincinnati, Ohio, de donde la envía a México donde lo ensambla Safran. Ebrard le explicó a Lutnick que cada motor tiene un costo estimado de 15 millones de dólares, que con el arancel costaría casi 19 millones de dólares que, multiplicado por cada turbina, elevaría el costo del avión para Boeing en más de 7 millones de dólares, que significaría una pérdida de competitividad frente al modelo de Airbus con el que compite, de alrededor de 30 por ciento. Si se colocan los aranceles, dijo Ebrard, posiblemente Airbus también trasladaría su planta en Alabama, donde fabrican ese modelo, a Europa.
Lutnick reconoció que no sabía el grado de integración de las cadenas productivas en el T-MEC, ni la problemática que los cruces en la región norteamericana impondrían a los aranceles. Ebrard lo explicó en el caso de la industria aeronáutica, pero se potencia en la automotriz. ¿Cuántos aranceles se tendrían que pagar? ¿25 por ciento cada vez que cruce la frontera? En el caso del capacitor, este sería de al menos 50 por ciento. Quizás resultaría más bajo el arancel de automóviles chinos al mercado estadunidense, desde México, que pagarlos por automóviles fabricados en Norteamérica.
Pagar aranceles cada vez que cruce un componente la frontera no está en la lógica de Estados Unidos, pero es algo que no se habían puesto a pensar. ¿Cuánto es suficiente para Trump? Lutnick, que es una de las pocas personas que hablan con él, no lo sabe. Pero solo para problematizar la complejidad, las estimaciones mexicanas son que aun si el arancel fuera del 10 por ciento, tendría impacto a corto plazo en los tres países del T-MEC en producción, empleos, competividad y retroceso para las industrias norteamericanas.
Trump no da ninguna señal por dónde irá finalmente el miércoles, en el caso de México, porque es confuso y contradictorio en sus declaraciones. La semana pasada dijo que habría varios países a quienes “les (daría) un respiro”, pero este domingo no pareció que perdonaría a nadie. Ya una vez aplazó la imposición de aranceles a México y Canadá por la presión de las empresas estadunidenses y la caída en las bolsas. Esa situación se está repitiendo. ¿Podría hacer cambiar a Trump una vez más de opinión sobre sus socios? Quizás sí, quizás no. Trump parece tan irracional como es provocador y generador de incertidumbres. Habrá que esperar hasta este miércoles para conocer su decisión.

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