Salvo que este miércoles el presidente Donald Trump vuelva a echarse un giro de 180 grados y recule en sus sanciones comerciales, México será incluido en el paquete global de aranceles de 25% a sus exportaciones. El gobierno de Claudia Sheinbaum parece haberse resignado, como dejó ver el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al adelantar que buscarán un trato preferencial con Estados Unidos. Para que mejor se entienda, fracasaron los intentos de persuasión de que los aranceles perjudicarían más a Estados Unidos que a México, y la presidenta concedió: sí, nos afecta más a nosotros por la integración económica de la industria automotriz.
Cuando menos por ahora, el discurso nacionalista lo puso bajo llave y ya no convocó a un mitin de 350 mil personas en el Zócalo para mostrarle a Trump que su músculo es fuerte y que al llamado a la acción, entonarán el Himno Nacional. La teatralidad se ha agotado. La realidad es que todos los elogios en México y en el mundo sobre su cabeza fría y la mano de torera para lidiar con Trump, sirvieron para que no la maltratara, pero no para ganar concesiones arancelarias. Era evidente, pero no había objetividad sino ilusiones ópticas. Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, que enfrentó a Trump al decirle que estaba haciendo tonterías, cedió menos que Sheinbaum. Su sucesor Mark Carney le respondió que impondrían aranceles que dolerían más a Estados Unidos, y Trump le llamó por teléfono para negociar “una nueva relación económica” que es a lo que aspira Sheinbaum.
Las expectativas domésticas de que la forma no confrontativa le estaba haciendo ganar espacios con Trump se quedaron truncas. Los avances eran relativos, frente a la manera como iba entregándole a Trump todo lo que pedía. Un ensayo de David Frum publicado en The Atlantic –la revista que dio a conocer los chats de altos funcionarios de Estados Unidos planeando un ataque contra los hutíes– el viernes pasado, lo explica claramente para una audiencia extranjera que ha elogiado su manejo. “Otros aliados de Estados Unidos deben estar impresionados y envidiosos”, escribió. “¿Cuál es el secreto de Sheinbaum? ¿Cómo está salvando a su país de las intimidaciones de Trump y (el vicepresidente J.D.) Vance?
“La respuesta es clara, pero no es la que la operación en redes sociales de Palacio Nacional está tratando de proyectar. Contrario a las apariencias, el secreto de Sheinbaum es el apaciguamiento. La razón de que la presidenta de México no ha sido criticada por su complacencia con Trump es que la oposición política y los medios independientes del país están demasiado abrumados como para identificar la política por lo que es (nota del autor: no todos eludieron el tema). Pero la evidencia ahí está”.
Trump hizo demandas precisas a Sheinbaum, recordó Frum, y todas fueron cumplidas: cooperación más activa para frenar migrantes; recibir deportados, aunque no fueran mexicanos; darle un enfoque más militar al combate a las drogas; aranceles a China, y que México se someta de manera educada a esta extorsión, sin hacer mucho ruido.
Al presidente le importa mucho que tengan deferencias a su poder, argumentó Frum. Trudeau no lo hizo; todo lo contrario, lo desafió y se burló de él. En contraste, añadió, Sheinbaum nunca menciona a Trump por nombre y cuando responde a sus acciones agresivas contra México, es cuidadosa en no contradecirlo en público, con lo cual se ha ganado sus elogios. “Pero – se preguntó Frum–, ¿han tenido éxito sus métodos para defender a México del proteccionismo y las agresiones de Trump? ¿Pueden ser emuladas por otros? Las respuestas son ‘en realidad no’ y ‘no’.”
La argumentación de Frum es provocadora para una audiencia extranjera, auque no es tan novedosa en México. El modelo de apaciguamiento de Sheinbaum no lo pueden emular otras naciones, afirmó, pero en particular las democráticas, porque un prerrequisito de su estrategia es que encabeza una sociedad que está consolidando un partido hegemónico, con medios sujetos “a restricciones cada vez más estrictas y al control gubernamental”.
“Sheinbaum puede permitirse estar sometida a la coerción de Trump porque cuenta con mayorías abrumadoras en el Congreso, no tendrá elecciones legislativas hasta 2027, y ha implementado mecanismos para manipular esas elecciones cuando se realicen”, profundizó. “La biografía política de Sheinbaum es de izquierda, pero hoy la fisura política más importante no es la difuminación de la distinción entre derecha e izquierda, sino el creciente conflicto entre liberales e iliberales, democráticos y autocráticos”.
La relación de Trump con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue entre iguales, populistas con tendencias autócratas, que destestaban a los medios independientes y eran ideológicamente anti-establecimiento. No existe esa relación con Sheinbaum –hay factores subjetivos, como el que sea mujer y de origen judío, que pesan en el psique del presidente–, pero a cambio de eso la presidenta tiene en el régimen iliberal que encabeza –que se profundizará con la elección popular de los juzgadores– un apoyo no para negociar mejores condiciones en la relación con Trump, sino el sustento para que las cesiones que le haga no tengan repercusiones políticas y sociales en casa. El dominio de Morena, López Obrador y la línea dura que encabeza, le pavimenta el camino para estas concesiones que le han quitado independencia y soberanía a su gobierno sin mayor costo.
Trump no ha tratado bien a México pero sí a ella. Es un poco confuso, pero Frum lo explicó en The Atlantic: “Mientras México sigue los pasos de Estados Unidos en la iliberalidad, su liderazgo se ve sorprendentemente favorecido por el Washington de Trump, junto con Rusia, Arabia Saudita y El Salvador. En contraste, Canadá, otro aliado cercano de Estados Unidos, se ha visto condenado a unirse a Ucrania, Dinamarca, Panamá y las democracias de Europa y Asia Oriental en la lista de enemigos de Trump.
“La estrategia de Sheinbaum parece haber tenido éxito solo en el sentido que otros están perdiendo todavía más. Su política de apaciguamiento puede ser el camino menos malo para México, pero también debe ser visto por lo que es, no interpretándola equivocadamente como una resistencia con coraje, que definitivamente no es”.

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La relación de Estados Unidos con México ha cambiado radicalmente en los dos meses que lleva Donald Trump al frente de la Casa Blanca, para bien y para preocuparse. El castigo que le impuso el presidente Joe Biden al presidente Andrés Manuel López Obrador y reducir el nivel de interlocución al nivel del embajador Ken Salazar, después de que la tuvo durante casi tres años con su consejera de seguridad interna, Elizabeth Sherwood-Randall, ya no existe. Pero tampoco la ventanilla de la Casa Blanca, que nadie en el gobierno de Claudia Sheinbaum ha podido abrir.
Bajo Trump hay una reorganización profunda en la relación estratégica con México, que está dentro del gran muro que está creando a partir de las nuevas fronteras que pinta de manera provocadora en el Ártico canadiense y en Groenlandia al norte y al este, y en el Canal de Panamá al sur. México está dentro de ese perímetro de seguridad y aislacionismo que busca Trump, como un mal necesario, al que desprecia como nación y por sus líderes –a excepción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien compartía el manual y el lenguaje del populista–, pero con el que tiene irremediablemente que tratar.
El cambio ha sido radical. Desapareció Jared Kushner, el yerno de Trump que fue el enlace directo en su primer periodo con los excancilleres Luis Videgaray y Marcelo Ebrard, y apareció el secretario de Estado, Marco Rubio, que lleva la relación institucional y administrativa con el canciller Juan Ramón de la Fuente. La parte toral de la relación, que es la prioridad del nuevo gobierno en Washington, la seguridad, también ha girado, como parte de la restructuración. El Departamento de Seguridad Interna está enfocado al reforzamiento de las leyes migratorias en las fronteras y a la logística de los migrantes deportados de Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, estará hoy en México, en el cierre de una rápida gira de 48 horas que incluyó El Salvador y Colombia, donde se enfocó en los temas migratorios. En El Salvador visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel que construyó el presidente Nayib Bukele, donde hay más de siete mil denuncias de violación a los derechos humanos, y en Colombia firmó con la canciller Laura Sarabia una carta de intención para negociar controles biométricos para combatir cárteles, terroristas y la migración indocumentada. Una cárcel de máxima seguridad para narcotraficantes mexicanos se ha venido manejado entre México y Estados Unidos como una posibilidad, aunque se desconoce si será parte de la discusión que hoy sostendrá Noem en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad.
El Departamento de Seguridad Interna juega una parte importante en la cooperación bilateral en materia de seguridad, y Noem está armando una fuerza de tareas rápida que incluye una integración transversal con todas las áreas de inteligencia civil y militar del gobierno para el intercambio de información sobre los cárteles de las drogas mexicanas, con lo que se ha seguido profundizando la disminución del protagonismo de la DEA en México, y elevando el que tiene su área, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Interna, que junto con una unidad del FBI, diseñaron y ejecutaron la captura de Ismael El Mayo Zambada en Culiacán el año pasado.
Los cárteles de las drogas mexicanos, por sus exportaciones de fentanilo, son considerados como una de las mayores amenazas para la seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con la Evaluación Mundial de Amenazas que dio a conocer hace algunos días la oficina de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que junto con el jefe de la CIA, John Ratcliffe y el director del FBI, Kash Patel, se reunió en Washington el 7 de marzo pasado con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, donde hablaron de los cárteles y el fentanilo en el contexto de lo que se dio a conocer poco después.
Esa reunión, que se había mantenido en secreto incluso en Washington, fue revelada el miércoles por Ratcliffe durante una audiencia en el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Gabbard agregó, sin profundizar en la sesión abierta al público, que se había reiniciado la colaboración del gobierno mexicano, rota completamente durante el último año del gobierno de López Obrador. En la reunión cerrada que sostuvieron, los funcionarios debieron responder preguntas específicas sobre cómo estaban planeando la eliminación de los cárteles mexicanos.
Entre más pasan los días, más claro está el nuevo diseño para enfrentar a los cárteles de las drogas. La incorporación plena de la comunidad de inteligencia en su combate solo tiene precedente en Colombia, donde la CIA encabezó a finales del siglo pasado la lucha y desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali. A partir de la llegada de Trump a la Presidencia, la agencia adquirió un papel central en el espionaje de los cárteles en territorio mexicano, mientras que el Pentágono comenzó a participar en el sellamiento de la frontera terrestre con México y marítima en el Golfo de México y el Pacífico, militarizándose por primera vez en Estados Unidos, la lucha contra las drogas.
No hay mucho que pueda hacer el gobierno mexicano para impedirlo. Estados Unidos midió sus límites y la reacción de México, haciendo visible el espionaje realizado de manera unilateral, como lo ha sido también el desplazamiento de buques de guerra en aguas internacionales frente a la zona marítima patrimonial mexicano. No encontraron oposición. Tampoco había mucho espacio para resistirse. López Obrador provocó a Washington con su política que favoreció la expansión del narcotráfico en México y las exportaciones de fentanilo ilegal. La primera respuesta de la molestia fue la captura de El Mayo Zambada en el gobierno de Biden; la segunda, la violación de la soberanía mexicana.
Sheinbaum no ha comido lumbre. Hizo concesiones y restableció la cooperación, enviando el mensaje que sí hay un cambio radical en la lucha contra los cárteles, aunque discursivamente parezca que nada es distinto al mutis que hacía López Obrador.

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La imagen lo dice todo. Cuauhtémoc Blanco en la tribuna de la Cámara de Diputados diciéndose inocente de la imputación de tentativa de abuso sexual de su media hermana, y ofreciendo ir a declarar ante la autoridades ministeriales porque no tiene nada qué temer. Es patético. El valiente con el fuero a cuestas. Alrededor de él, más de una decena de diputadas de Morena lo arroparon gritando “¡no estás solo!”. El clamor exhibe a todas. No votaron en contra de su desafuero por una razón de técnica-jurídica, como alegaron, sino porque a los suyos nadie los toca. La instrucción provino de los hombres y su acatamiento no solo mostró el pacto patriarcal vigente sino mostró que el espíritu de cuerpo del régimen, está por encima de todas las cosas.
Blanco está arropado por el obradorismo. Por eso se dieron todas las ilegalidades e irregularidades que llevaron al voto para evitar el desafuero, como había pedido la Fiscalía de Morelos. La solicitud la recibió el presidente de la Comisión Instructora, Hugo Erick Flores, que debía analizarla. Flores era el líder del Partido Encuentro Social que en 2018 llevó a Blanco como candidato común con Morena a la gubernatura de Morelos.
Tres miembros de la Comisión se pronunciaron por su admisión, recordó Germán Martínez del PAN. “En ese momento el presidente (Flores) ordenó un receso de la sesión”, agregó en el pleno de la Cámara. “Al reanudarse llegó este dictamen (que desechaba la petición). No hubo admisión, contestación, periodo de pruebas, alegatos, y se pretende dar resolución sin oír a las partes, ni mucho menos ‘practicar todas las diligencias necesarias’, como nos autoriza la ley”. En otras palabras, el caso estaba decidido antes de que llegara a San Lázaro.
Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, se convirtió, retomando el sentir de mi compañera en N+ Foro Ana Lucía Ordoñana, en la representante de muchas, cuando peleó en la tribuna de San Lázaro para llegar al presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, títere del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y reclamarle haberle dado la palabra final de la sesión a Blanco, rompiendo toda la norma. Expresaba en su lenguaje de cuerpo, sus gestos y sus recriminaciones la frustración y la impotencia de un ejercicio arbitrario y pendenciero de Morena, el Partido Verde y el PRI, cuya indignidad aumenta su leyenda negra, donde cambiaron su votos por impunidad de otro, su líder Alejandro Moreno, que también está sujeto a un proceso de desafuero por enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Campeche.
Todas las mujeres de Movimiento Ciudadano y el PAN votaron por el desafuero y que Blanco, inocente hasta que se compruebe lo contrario, enfrentara el proceso sin blindaje legislativo. Treinta siete diputadas y diputados del PT, que forma parte de la coalición de gobierno, querían quitarle el fuero a Blanco. En el Partido Verde, donde los votos suenan a metálico, solo dos mujeres se sumaron a la minoría. En Morena, donde había expectativa que todas las mujeres de la bancada apoyaran el desafuero, apenas si una veintena votaron por él.
El grito de celebración de Claudia Sheinbaum cuando asumió la Presidencia de “¡llegamos todas!”, quedó ahogado en la ignominia del “¡no estás solo!”. ¿Cómo justificar política y moralmente que solo Blanco tuvo derecho a su palabra y jamás se la dieron a su media hermana, que lo acusó del intento de abuso sexual? Lo pretendió Sheinbaum ayer cuando pidió que se viera el “contexto” de la solicitud de desafuero, recordando que la había presentado Uriel Carmona, el ex fiscal de Morelos, con quien ella, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se enfrentó por un caso de feminicidio donde sus versiones son antagónicas. En 53 palabras, politizó todo el tema.
No es de extrañar. Espíritu de cuerpo.
Blanco es diputado plurinominal por decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ordenó dar el fuero a todos aquellos que hubieran puesto dinero a la campaña presidencial de Sheinbaum. Cuánto le dio, no se sabe, pero la Auditoría Superior de la Federación encontró un desvío de seis mil millones de pesos del erario de Morelos durante su gestión.
Sheinbaum y Morena dicen que no hay impunidad porque solo se revisó si procedía la solicitud, que puede volver a presentar la Fiscalía de Morelos que se encuentra bajo otro titular y con otra gobernadora, Margarita González, muy cercana a López Obrador. González se ha embarcado en una reconstrucción del estado y su fiscalía tiene abiertas varias carpetas de investigación contra Blanco. Hace unas semanas comentó en Palacio Nacional que la acusación contra Blanco era cierta y que había otros dos casos más. Sheinbaum ha ignorado todo. Si el caso de Blanco no la afectaba, estaría del lado de la protección y el encubrimiento.
Como varias veces en los últimos 10 días, no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Ayer lo respaldó e ignoró a la víctima. Como en el caso de los desaparecidos, ninguna empatía para la media hermana del diputado. El sistema patriarcal de Morena –y en general de la clase política– la supera. Las mujeres son tokens y pretextos. Se esperaba más de la presidenta en este campo, pero la politiquería pudo más que la sororidad, descalificando la investigación de la Fiscalía de Morelos porque la había llevado a cabo Carmona. En San Lázaro fue diferente. No había esos desacuerdos y rencores guardados; había una instrucción superior –no desde Palacio Nacional–, para la protección de Blanco.
“A una mujer humillada se le debe creer”, dijo Martínez en la tribuna de San Lázaro. “La perspectiva de género busca reequilibrar la relación procesal ciudadana violentada desde el poder”. No fue así el miércoles, día negro para la joven legislatura. Votar su desafuero no habría sido una señal de culpabilidad, sino la puerta para permitir a la víctima ser escuchada y al acusado defenderse. Blindando a Blanco lo condenan. El rechazo al desafuero, paradójicamente, refleja que no creen en su inocencia y por eso había que cuidar a uno de los suyos. Finalmente, espíritu de cuerpo, por más moral y políticamente retorcido que este sea.

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Las fotografías que publican en las redes los abogados de reciente fama pública Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla, son un mosaico de sus relaciones con personajes del régimen. Se retrataron con la presidenta Claudia Sheinbaum, con su predecesor Andrés Manuel López Obrador, con figuras que son miembros del gabinete, con legisladores y gobernadores, con líderes de Morena. Una fotografía no dice nada más, pero Ramírez y Penilla se volvieron un fierro ardiendo para toda la nueva clase política en el poder, luego que Penilla apareció hace poco como uno de los abogados de Ismael El Mayo Zambada. La razón es simple: muchas de las fotografías no podían haber sido tomadas con la cercanía como se hicieron, sin tener un acceso privilegiado.
El nombre de Penilla se vinculó rápidamente con el de su socio Sergio Ramírez, que provocó que volviera a circular la entrevista que le dieron hace unos dos años a Valores TV, propiedad de la revista Valores, que lleva casi tres lustros dedicada a informar sobre el empresariado. En la entrevista Ramírez afirmó que no tenían ningún temor de reconocer que eran abogados del crimen organizado y narcotraficantes, aunque no defendían ni secuestradores ni extorsionadores (como si no fueran parte de lo mismo).
La entrevista fue altamente polémica por el contexto en que se dio, pero fue tan escandalosa por los conceptos ahí vertidos, que llamaron la atención en Washington. El reconocimiento que hizo Ramírez de su trabajo, se saltó los parámetros de los abogados que deciden defender no a narcotraficantes ni al crimen organizado per se, como dijo, sino a litigar delitos sobre la delincuencia organizada. No es semántica. Entre una frase y la otra, hay una enorme diferencia conceptual y práctica.
Después de tan llamativa introducción ante la opinión pública mexicana, Ramírez y Penilla no pasaron desapercibidos en Washington, donde comenzaron a ser investigados por el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, que busca establecer el tipo de vínculos que tienen con políticos de Morena y varios gobernadores. La fotografía, con ese contexto, tiene otro significado. ¿Prueba de que establecieron contacto con quienes les pidieron hablar sus clientes narcotraficantes? ¿Punto de partida para otro tipo de relación entre políticos y criminales? El fraseo en la entrevista colocó en una situación incómoda a quienes hoy están en el poder.
Ramírez había llamado la atención en Palacio Nacional en enero de 2023, cuando le pidieron al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, información y seguimiento de una demanda que había interpuesto el abogado en nombre de la cantante Gloria Trevi contra José Manuel Torres Morales, conocido ampliamente como Chumel Torres, por el uso indebido de su canción “Todos me miran”, cuyo juicio ganó en marzo del año pasado.
La primera información que entregó Gertz Manero lo consideraba un oportunista que incluso actuaba de manera unilateral para después vender sus servicios a los clientes. Pero mientras el equipo del fiscal recopilaba la información, llegaron versiones a López Obrador que Martí Batres, en ese entonces secretario de Gobierno de la Ciudad de México, era cercano a él. Batres lo negó, pero el expresidente pidió que la Fiscalía General verificara la información. En una segunda tarjeta Gertz Manero aportó más detalles.
Los datos de inteligencia establecían que Ramírez y sus socios tenían relación con la organización criminal Unión Tepito, y que los habían defendido en varios juicios. Ramírez, agregó, era muy amigo del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que lo acercó a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ramírez y Penilla tenían un vínculo especial con Peralta, a través de Tamaulipas. Los abogados habían representado a Miguel Ángel Treviño, apodado el Z-40, ex jefe de Los Zetas, y desterrado por el gobierno de Sheinbaum a Estados Unidos. Peralta sostuvo reuniones con los líderes de la Columna Armada Pedro J. Méndez, que eran parte del Cártel del Golfo, para sentarlos a negociar la “pacificación”, que era algo que Penilla y Ramírez tenían como agenda en el país.
Penilla, además, era “asesor honorífico” del gobernador Américo Villarreal, muy cercano a Peralta. Ramírez, vinculado estrechamente a Pedro Haces, vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, presumía de ser muy amigo de José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente, y de varios generales, añadió Gertz Manero en la segunda nota informática a López Obrador.
La investigación que abrió el Departamento de Justicia contra Ramírez y Penilla se inscribe en todo el imaginario de la “inaceptable alianza” del gobierno mexicano con el crimen organizado que timbró en la frente de México Trump, y corre en paralelo a la petición de funcionarios del Departamento de Estado, referida en este espacio, para suscribir un acuerdo con el gobierno de Sheinbaum para investigar, detener y extraditar a políticos vinculados con criminales.
Morena está en entredicho, más que ningún otro partido, por las presuntas relaciones de sus militantes con el crimen organizado. En el caso de los abogados Ramírez y Penilla, es con quien Morena se identifica abiertamente. Ramírez fue diputado suplente de Sergio Meyer, quien reconoció que él lo propuso, aunque se desconoce si fue su relación con Batres o con el entonces líder del partido, Mario Delgado, como llegó a San Lázaro en 2021. A Penilla lo distinguió la Cámara de Diputados como “Embajador por la Paz” en 2023, por iniciativa del entonces coordinador de Morena, Ignacio Mier.
La relación de Ramírez y Penilla con los liderazgos de Morena en el gobierno federal, los estatales, el partido y las cámaras, no convierten a sus interlocutores en sospechosos de vínculos criminales en automático, pero sí los meterá en las líneas de investigación que se abran en Washington. Lo que ha quedado de manifiesto es que pese a haber reconocido ser abogados de narcotraficantes, Morena los acogió en todos los niveles, los hizo suyos, los reconoció y los promovió, sin que les causara rubor alguno, al llevarlos a la cima del poder para tener testigos gráficos de que ellos, que llevan los asuntos de algunos de los capos más poderosos del mundo, se codeaban de la Presidencia hacia abajo.

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La mañanera de ayer será memorable. Duró una hora con 36 minutos de los cuales una hora con 19 minutos fueron dedicados a Teuchitlán y al problema de los desaparecidos, pero con un énfasis en señalar que en el Rancho Izaguirre no había ningún campo de exterminio. Fue una mañanera corta, incluso para los estándares de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero monotemática, lo que es inusual. En 15 minutos se habló de los precios del combustible, como todos los lunes, y de la conectividad del aeropuerto Felipe Ángeles. El resto del tiempo fue una lucha por cambiar la conversación, recuperar la iniciativa comunicativa y borrar de la mente en México y el mundo, que en ese rancho mataban personas.
El diseño de la mañanera de ayer explica lo que está tratando de hacer la Presidencia. La sesión de preguntas respuestas no fue tal, sino que estuvo manipulada para servir como una caja de eco para la presidenta. Nunca le dieron la palabra a nadie de la prensa que no tuvieran bajo control y la garantía de que iban a seguir un guión, sin poner en apuros a Sheinbaum. Dalila Escobar, la aguerrida reportera de Proceso que cubre las mañaneras denunció en X: “(Ayer) en la conferencia no hubo sorteo para preguntas. En la primera fila sentaron a medios públicos y personas que se han dicho afines al gobierno”. Solo ellos preguntaron.
El arquitecto del espacio mañanero, Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria de propaganda del expresidente Andrés Manuel López Obrador y coordinador de asesores de la Presidencia, con el aval de Sheinbaum –se puede conjeturar–, no guardó las formas. Seleccionó a tres de sus youtuberos a sueldo y las preguntas de dos más que se prestaron a seguirle el juego, para que de manera preasignada plantearan juicios de valor para que fueran validados por la presidenta para fortalecer la narrativa que tratan de sembrar en la opinión pública. El ejercicio resultó burdo por la calidad de sus interlocutores.
César Huerta, de la revista Polemón, que por años ha estado vinculada a Ramírez Cuevas –su jefe editorial, Jorge Gómez Naredo, fue financiado en el sexenio de López Obrador mediante una aviaduría a costa del erario–, dijo algo monumental. “No había grandes hornos crematorios como en Auschwitz”, afirmó sin recato racional al describir lo que había visto en el Rancho Izaguirre. “Tampoco hornos de ladrillo”, agregó. En la crónica del propagandista –que para eso le dieron la palabra– al referirse a los hornos de ladrillo llevó su penitencia, sin darse cuenta de lo que había desvelado con esa pizca de información que usó para desacreditar.
Los hornos artesanales que tienen los cárteles de las drogas, como se ha encontrado en otras partes del país, son de ladrillo con tierra, y los mencionó la Fiscalía de Jalisco de manera superficial y con poco conocimiento en su comunicado del 9 de marzo, donde informó que había “detectado” la modalidad que no había utilizado el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde “además de calcinar los restos, estos fueron ocultados bajo una losa de ladrillo y capa de tierra”. La Fiscalía de Jalisco ha dado pasos para atrás desde entonces, para no contradecir la versión de Palacio Nacional.
Manuel Pedrero, el más articulado de los youtuberos de Ramírez Cuevas, dijo que los medios estaban realizando una “banalización del Holocausto” –similar a lo que diría más tarde Huerta, sin llegar a su aberración comparativa–, señalando que para que un campo de exterminio fuera considerado como tal, tendría que estar “auspiciado por el gobierno”, como lo hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero no es así. El capítulo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo define como “la imposición intencional de condiciones de vida… encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.
Pedrero mintió, pero tuvo una actitud de nivel escatológico al señalar que escurriendo de los orificios de bala que observó en un muro vio gotas secas de un líquido amarillo como el que se utilizan en los Gotcha, sugiriendo que las armas que empleó ahí el cártel más sanguinario de México eran de juguete. Su colega de trinchera, Hans Salazar, el preferido de Ramírez Cuevas para lanzar infundios, que se extendió en su descripción, concluyó que “no vi ni encontré ningún indicio de crematorios”. No iban a hallar nada parecido a los de Auschwitz, donde se puede visitar el único en pie, que se mantiene intacto dentro de una construcción más grande y robusta que cualquiera en el Rancho Izaguirre. Aquel era industrial; los de los cárteles son rústicos.
Hubo momentos donde parecía que Sheinbaum se molestaba porque no estaban subrayando lo que quería –que no había indicios de un campo de exterminio–, y les devolvía el micrófono para que siguieran narrando lo que habían visto. En uno de esos momentos metió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien leyendo su deseo dijo que no había indicios de un campo de exterminio. “¿Hay restos humanos en el predio”, presionó Sheinbaum. “Nosotros no lo tenemos confirmado”, respondió.
Antes del largo ejercicio de propaganda, García Harfuch informó sobre la captura de un comandante del CJNG apodado El Lastra, que admitió que en el Rancho Izaguirre “llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura”. Entonces, ¿cómo definir exterminio? El diccionario de la Lengua Española tiene un significado amplio, que va de la aniquilación a la matanza y al genocidio.
Bajo esa ambigüedad, el Rancho Izaguirre podría ser considerado un campo de exterminio. La presidenta está metida en esta discusión, para ella innecesaria. Es un tema que corresponde investigarlo y aclararlo a las fiscalías, no a ella. ¿Quién la metió en esta dinámica? ¿Ramírez Cuevas? ¿Podría estar manipulándola con teorías conspiracionistas? La presidenta comete un error absorbiendo un problema que no es de ella, sino de sus antecesores, sobre todo de López Obrador, el patrón real de Ramírez Cuevas. De ella es su solución, no las culpas.

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La estrategia de comunicación de la Presidencia para neutralizar las críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum y al de Andrés Manuel López Obrador, fracasó. Peor aún, empeoró. La visita que organizó el fiscal Alejandro Gertz Manero al rancho Izaguirre en Teuchitlán, que está convirtiéndose en el ícono de la tragedia de los desaparecidos en México, chocó con su iceberg. Decenas de madres que buscan a sus hijos desaparecidos y periodistas se encontraron con nada. La bodega donde se encontraron ropa, zapatos, cartas y fotografías, estaba vacía. Los 13 bultos con restos óseos tampoco estaban. Las madres se dijeron engañadas, y los medios calificaron de “tour” lo organizado por el fiscal.
Gertz Manero, sin embargo, cumplió con lo que, revelaron funcionarios, fue un plan diseñado como parte de una estrategia de comunicación para desviar la atención de la opinión pública, cuando se previó que el tema de Teuchitlán iba a crecer. No lo hizo el equipo de prensa de la presidenta –ausente en los momentos críticos–, sino el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que fue el jefe de la maquinaria de propaganda de López Obrador. El objetivo era uno solo, negar que ahí hubiera existido un campo de exterminio.
Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, encargado del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, planearon las acciones. El martes, Miguel Ángel Elorza, un académico que encabeza el proyecto Infodemia que depende de Villamil, denunció una “guerra sucia” contra Sheinbaum y López Obrador, pero no tuvo el impacto deseado. En apoyo de esa narrativa, Ramírez Cuevas participó en una mesa de análisis del Canal 14, que también depende de Villamil, que fungió como moderador, y presentado solo como “periodista” denunció una campaña internacional para desestabilizar al gobierno. Tampoco tuvo eco. Crear un enemigo externo, ya fuera la oposición en México o el gobierno de Estados Unidos, no prendió.
La suerte de la estrategia quedó en manos de Gertz Manero, que el miércoles dio un reporte sobre lo investigado extraoficialmente. En la víspera de su conferencia de prensa, Gertz Manero envió a Palacio Nacional un documento donde confirmó que seguiría la narrativa de la presidenta y que enfocaría las responsabilidades en la Fiscalía de Jalisco, en el exgobernador Enrique Alfaro y en los gobiernos municipales de Teuchitlán, que desde 2012 gobierna Movimiento Ciudadano. Adelantó también que no aceptaría caracterizar el rancho como un “campo de exterminio” y que se empataría a la línea establecida por su equipo, que era únicamente un campo de adiestramiento.
En paralelo se dio la reunión de la presidenta con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en donde le planteó que creara una Comisión de la Verdad para evitar que Teuchitlán se convirtiera en el Ayotzinapa de los dos gobiernos. Fue lo que anunció Lemus, que aceptó otra petición de Sheinbaum: dejar abierta la posibilidad que Alfaro y el exfiscal, Luis Joaquín Méndez, fueran llamados a declarar. Gertz Manero fue informado de esto, lo que le permitió ser más enfático en el deslinde de responsabilidades. Pero la coronación de la estrategia iba a ser la invitación a los medios a visitar el rancho Izaguirre.
Voceros oficiosos del gobierno hablaron de la transparencia que significaba ese ejercicio. Ramírez Cuevas envió a varios de sus influencers a sueldo al rancho para reforzar su plan. Max Kaiser, un académico experto en temas de corrupción –que se define en X como un “provocador profesional” ciudadano–, identificó a dos de ellos en el rancho, Juncal Solano y Hans Salazar, como puntas de lanza de la estrategia para negar que hubiera un campo de exterminio.
En la mañanera del viernes se sumaron otras dos de sus plumas, Nancy Flores y Manuel Pedrero, mientras que movilizó a sus periodistas a sueldo en medios electrónicos y prensa impresa. La estrategia había sido infructuosa aun antes de la visita a Teuchitlán, y la presidenta estaba molesta con los resultados. Entre el 12 y el 17 de marzo, reveló Elorza, las etiquetas #NarcoExPresidenteAMLO” y #NarcoPresidentaClaudia tuvieron 363 mil 30 publicaciones.
Lo que dejó la visita empeoró las cosas, y quienes fueron con un interés auténtico, se sintieron timados. Las madres iban a tratar de identificar la ropa de sus hijos desaparecidos; los medios a registrar el horror y a contar lo que habían visto. Sheinbaum pidió públicamente que los enviados de la prensa dijeran lo que vieron, que no había hornos crematorios, apoyada por la campaña de propaganda para acotar ese tipo de máquina de la muerte a la imagen de los hornos industriales que se conocen de Auschwitz. En México eso solo existe en las funerarias. Los narcos disuelven en ácido o incineran, como a los normalistas en el basurero de Cocula.
Sheinbaum dio instrucciones para que gobernadores y legisladores se sumaran a su narrativa, y la ayudaran a salir de la crisis. De acuerdo con lo que ha transcendido, hay una gran preocupación de que Teuchitlán se convierta en su Ayotzinapa y que el rancho Izaguirre defina su Presidencia, como Iguala lo hizo con el expresidente Enrique Peña Nieto.
La estrategia de impulsar que hay una “guerra sucia”, para neutralizar las críticas, se cae por su propio peso. No existe tal. Lo que hay son juicios abiertos sobre una realidad inatendida. Ramírez Cuevas y Gertz Manero no tienen autoridad para hablar. Como López Obrador y su gobierno –algunos que transitaron al de Sheinbaum–, fueron cómplices del silencio en donde encapsularon la crisis de los desaparecidos, su desinterés por resolverla y el infame ataque a las madres buscadoras.
Las cosas definitivamente no marchan bien en Palacio Nacional cuando Sheinbaum tiene que arremeter contra el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, cuestionar a los medios por no hablar de una guerra contra las drogas cancelada hace más de 12 años, y lanzarse contra Latinus y Carlos Loret, para desviar la conversación. Pero ni así. El sábado, el analista Javier Tejado escribió en X que solo ese día se publicaron 147 notas en la prensa mexicana, además de una crónica en la primera plana de The New York Times que mencionaba al rancho como “campo de exterminio”.

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Diciembre de 2014. Habían pasado menos de tres meses desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y en el gabinete de cocina del presidente Enrique Peña Nieto, pensaban que la crisis social, política y económica por la que atravesaban, era una tormenta perfecta, pero que no dejaba de ser tormenta y que, por lo tanto desaparecería. Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, decía que la opinión pública no les modificaría el rumbo escogido. “No vamos a ceder aunque la plaza pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas”, le dijo al diario El País. En este espacio se apuntó en ese entonces: “Las palabras de Nuño sugieren que en Los Pinos siguen sin darse cuenta que no se han dado cuenta”.
Lo que había detonado Ayotzinapa no era una tormenta perfecta. El proceso no desaparecería. Peña Nieto decía que había un proceso de desestabilización contra su gobierno por la resistencia a las contrarreformas y las críticas en la prensa por presuntos actos de corrupción, que se galvanizaron por el pésimo manejo de crisis de su gobierno para enfrentar el crimen en Iguala, su aislamiento y su decisión de no actuar contra las autoridades estatales y locales hasta que, cuando lo hizo, era muy tarde. Una crisis municipal terminó convirtiéndose en un “crimen de Estado”.
Ayotzinapa estaba en la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando irrumpieron violentamente en la opinión pública los hallazgos macabros en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, que colocó como nunca el tema de los desaparecidos como un problema prioritario en la agenda política. Varios de sus colaboradores revelaron que lo primero que hizo fue pedirle a Enrique Cervantes, un asesor de su absoluta confianza que ha trabajado con ella varios años, que revisara cómo gestionó Peña Nieto la desaparición de los normalistas para evitar los errores que contribuyeron al colapso de ese gobierno.
Del análisis realizado, se intuye, vino la recomendación de cómo hacerlo. No debía estar ausente –como Peña Nieto, a quien el entonces procurador Jesús Murillo Karam, le dijo dos días después de la desaparición, que era pleito entre “narcotraficantes”– sino proactiva –a diferencia de la conclusión de Nuño que era un mero asunto municipal. Había que ser empática y tomar decisiones que mostraran que estaba atendiendo el problema sin dilación –y no tardar más de 15 días en reaccionar. Tenía que limitarlo al ámbito estatal y municipal –a diferencia de Peña Nieto que rechazó durante un mes presionar al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, para que renunciara.
Sheinbaum así lo ha hecho. Sanitizó políticamente a su gobierno. Actuó como lo hizo el presidente Ernesto Zedillo tras la masacre de Aguas Blancas en 1995, cuando policías municipales y estatales en Coyuca de Benítez los emboscaron donde varios miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigían a esa ciudad para exigir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café, y los bajaron de los camiones en los que iban, los golpearon y luego les dispararon durante casi 20 minutos, asesinando a 17 y dejando 14 heridos.
La masacre se mantuvo en secreto durante más de seis meses, hasta que el periodista Ricardo Rocha obtuvo un video de la matanza y lo transmitió el 28 de febrero de 1996 en su programa “Detrás de la Noticia” en Televisa. Provocó un furor e indignación inmediata. Detrás del escrutinio público, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, habló con la dirigencia del PRD que le dijo que aceptaría cerrar el conflicto si el gobernador de Guerrero Rubén Figueroa pedía licencia, con la garantía de que no habría persecución. Zedillo rechazó en un principio la solución política planteada, pero finalmente obligó a su compadre a pedir licencia. Figueroa la presentó el 12 de marzo.
Aunque se determinó la responsabilidad política de Figueroa, su secretario general de Gobierno y su procurador, la justicia no los alcanzó. Pero el accionar rápido de Zedillo encapsuló el problema en Guerrero, inoculando política e históricamente al expresidente. Es el mismo camino que perfiló el fiscal general, Alejandro Gertz Manero el miércoles, apuntando la responsabilidad de Teuchitlán hacia el fiscal de Jalisco y autoridades municipales en esa región.
Aprender de Ayotzinapa fue lo mejor que pudo haber hecho Sheinbaum, aunque no es posible saber si en el mediano y largo plazo logrará mantenerse en el resultado de Aguas Blancas y se aleja del de Ayotzinapa. La forma como fue creciendo el crimen de los normalistas fue gradual, y se fue combinando con otros factores externos a la desaparición. Aguas Blancas comparte con Teuchitlán la indignación espontánea –aunque como hizo el PRD en 1995, hay grupos políticos que también están buscando sacar raja del rancho en Jalisco–, y los pocos días en que alcanzó niveles de crisis política. Zedillo mostró que la receta funciona para neutralizarla sin que contamine al Ejecutivo, pero su contexto no era como el de Sheinbaum.
La presidenta está cargando el enorme elefante en el imaginario nacional que se llama Andrés Manuel López Obrador, donde está pagando la secuela del desastre que provocó su gestión de la seguridad. De acuerdo con los expertos, la conversación digital entre el 6 y el 17 de marzo ha tenido un millón 100 mil menciones procedentes de más de 170 mil fuentes, con un alcance potencial de mil 280 millones de personas, alrededor de una octava parte de la población mundial. El impacto negativo ha recaído en diversas fuerzas políticas, pero mayoritariamente contra Morena con 32 por ciento de las menciones –casi cinco veces lo que tiene Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco–, donde se cuestiona la estrategia del expresidente.
El lastre del obradorato juega contra Sheinbaum y mina sus esfuerzos para evitar que Teuchitlán la hunda. Poner su destino en manos de Alejandro Gertz Manero no parece que le alcanzará. Tiene que hacer mucho más para salirse de la sombra de López Obrador al enfrentar la crisis de desaparecidos como ir a Teuchitlán junto con las madres buscadoras que mostraron el horror del Rancho Izaguirre, y encabezar un acto donde diga ya nunca más.

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Tal y como el gobierno federal lo perfiló desde la semana pasada, el fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló al equipo del exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a autoridades municipales en Teuchitlán, como los primeros responsables que el horror que está escupiendo el Rancho Izaguirre no se investigara a fondo ni se frenara. La imputación informal, sin tener plenamente documentadas sus hipótesis, generó soundbites en los medios y la confirmación de la existencia de restos óseos, conquistó los titulares. Pero lo más importante de este desaseo legal es que en una hora indujo a la opinión pública hasta dónde llegará y qué no tocará.
La estocada que le dio Gertz Manero a la Fiscalía de Alfaro, fue profunda. Narró una especie de catálogo de omisiones por parte de los fiscales jaliscienses durante dos diligencias ministeriales que realizaron en septiembre y octubre del año pasado, donde encontró 12 actuaciones irregulares, incompletas e insuficientes que podrían, primero ser motivo de responsabilidades penales donde el fiscal en ese entonces, Luis Joaquín Méndez, y su vicefiscal, Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía estatal en el nuevo gobierno de Pablo Lemus, podrían estar en riesgo de ir a la cárcel.
Dentro de las omisiones, Gertz Manero deslizó que pese a tener testimonios, no establecieron vínculos de presunta complicidad de autoridades en la región –o sea, más allá del municipio de Teuchitlán–, con el crimen organizado, que toma relevancia porque el fiscal señaló en otra parte de su intervención, que a partir de la identificación de huellas dactilares, habían confirmado que ahí estuvieron sicarios que fueron detenidos en otras entidades. Es decir, ese campo de entrenamiento y exterminio como se ha caracterizado a esa instalación del Cártel Jalisco Nueva Generación, produjo criminales que por culpa de los fiscales de Alfaro, siguieron cometiendo asesinatos en el país.
Gertz Manero se comportó como un torero ante la prensa. Capoteó las preguntas rápidas, interrumpía adivinando con tino lo que querían que respondiera, respondía sonriendo que quizás no habían escuchado lo que había declarado antes, y tenía un lenguaje de cuerpo suelto, dueño del escenario, como lo tiene un político de vasta experiencia. Inteligente tiró sobre el suelo del Coliseo mexicano prensas políticas y elementos para que el imaginario colectivo se satisficiera. Al mismo tiempo, sus disparos de largo alcance en una dirección, alejaron la posibilidad inmediata que voltearan a ver lo que también estaba haciendo: deslindar la responsabilidad de él mismo.
El fiscal fue habilidoso. Nada supo su oficina de los campos de la muerte en la región de los Valles de Jalisco, porque cuando se dio la primera intervención en el Rancho La Estanzuela de Teuchitlán en septiembre de 2024, quien actuó fue la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de la Defensa. Gertz Manero se lavó toda responsabilidad aduciendo que la Guardia le dio vista a la Fiscalía del estado porque eran delitos del fuero común. Esta es la primera inconsistencia en su presentación de ayer.
El comunicado de prensa nacional 164 de la Guardia Nacional que dio cuenta de esa acción donde participó el Ejército y la Fiscalía estatal, encontró entre otras armas, cuatro fusiles de asalto y una granada, cuya posesión ilegal no son parte del fuero común, sino federal. De acuerdo con Gertz Manero, al no darle vista a la Fiscalía General por los delitos de posesión, utilización de armas de fuego de alto calibre y delincuencia organizada, no intervino. Sin embargo, no necesitaba que pidieran que actuara, porque entre sus facultades de atracción se encuentran los delitos de secuestro, posesión de armas de fuego y explosivos –había una granada en el rancho–, y delincuencia organizada.
Es decir, tendría que haber intervenido de oficio. Pero al no hacerlo, la Fiscalía General resultó omisa y negligente. Al emitirse de manera oficial el comunicado de la Guardia Nacional, su oficina debió haberse dado por enterada. Ni lo hicieron ni actuaron Víctor Manuel Guajardo Sosa, en ese entonces jefe de la Delegación de la Fiscalía General en Jalisco, ni otros dos funcionarios que tendrían que haber intervenido, Sara Irene Herrerías, que era la fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos –aspira a ser juzgadora en el nuevo Poder Judicial–, y Alfredo Higuera Bernal, que es el fiscal Especializado en Delitos de Delincuencia Organizada.
El intento de Gertz Manero por dejar todo acotado a Jalisco y a la región de los Valles en donde se encuentra Teuchitlán, también deja libre de toda responsabilidad al entonces comandante de la Guardia Nacional, el comandante David Córdova Campos, y la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en ese entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a mando formal estaba ese grupo paramilitar que se creó para sustituir a la Policía Federal.
Con Gertz Manero a la cabeza, el gobierno federal quiere quedar exonerado de toda responsabilidad. Patear de lado y hacia delante los asuntos que le competen no es algo nuevo en el proceder del fiscal. Se inocula y protege al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ofreciéndole la cobertura para que no insista en la negación de lo que sucedió en el Rancho Izaguirre que planteó antes de tener información confirmada. La versión que adelantó es mediáticamente jugosa y como se vio poco tiempo después de ofrecerla, controló la narrativa de Teuchitlán y la enfiló hacia el gobierno de Alfaro.
El fiscal deslizó algunas de las líneas que consolidará y que eliminará. Sin plantearlo de manera determinante, sugirió que una de las conclusiones de sus peritajes será que no había un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, pero que había vínculos de autoridades municipales en Teuchitlán y Tala, la ciudad más grande de la región y cabecera del municipio del mismo nombre, distanciadas por 18 kilómetros, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con esto dejará satisfecha a una buena parte de la población, pero habrá otra parte escéptica que la verá insuficiente y, sobre todo, como sucedió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que la justicia sigue siendo injusta, porque es la política la que la orienta y manipula, por encima de todas las cosas.

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En un año, dos organizaciones criminales clasificadas por Estados Unidos como “terrorista”, se han echado un clavado para rescatar a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum de una crisis detonada por la extraña relación del primero con los cárteles de la droga. En marzo del año pasado fue el Cártel del Noreste, que negó haber financiado dos campañas presidenciales de López Obrador. El segundo empezó a difundirse el lunes por la noche, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación salió a respaldar la versión que intenta imponer el gobierno de Sheinbaum que no hay evidencias que el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, haya sido un campo de exterminio.
Los dos videos generaron sospecha. El video del Cártel del Noreste, comparado con anteriores que habían difundido, tenía una producción espectacular con uso de equipo de videograbación profesional, que pretendió neutralizar las denuncias periodísticas a partir de investigaciones de la DEA que fueron suspendidas por razones políticas, sobre el dinero mal habido para los fines políticos de López Obrador. El del CJNG no tiene la producción del primero ni su calidad, pero como en el primero, su contenido respalda las líneas comunicativas del gobierno de Morena. No obstante, es más claro y contundente que el primero.
El video del CJNG, leído por un encapuchado frente a 32 personas armadas, dice: “… Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada”. El viernes en la Rayuela, el micro editorial en la contraportada de La Jornada, vocero oficioso del régimen, apuntó: “Todo parece indicar que no hay tales hornos crematorios ni chimeneas, ni cenizas. A la primera revisión todo se tambalea”. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aportó su contribución: “Hay 200 zapatos ahí. Ah, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”.
Los mensajes son notablemente similares. Evocan los dichos de la presidenta que en la misma línea de La Jornada, el mismo día, puso en entredicho la veracidad de los hallazgos de grupos buscadores que fueron los que dieron a conocer el horror de Teuchitlán. Sheinbaum tampoco quiso descalificar los dichos de Fernández Noroña, y le concedió el derecho de opinar, aunque en anteriores ocasiones donde no ha ido en concordancia con ella, lo ha mandado regañar.
En el video del CJNG, el encapuchado leyó el texto redactado con la propiedad de los abogados penalistas y los fiscales, utilizando las palabras “tiempo y forma” para narrar cronológicamente lo que habían hecho las autoridades en el rancho el año pasado, y señalando con puntualidad de parte del gabinete de seguridad de los martes, que siempre lo había tenido asegurado el gobierno federal “con patrullaje por tierra y aire”. Esto fue planteado para sugerir que las madres buscadoras que encontraron las evidencias de un campo de exterminio en Teiuchitlán, habían sembrado pruebas.
“Un grupo de madres buscadoras respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia contradicen en un 100 por ciento los indicios encontrados de seis meses anteriores por elementos federales”, señaló el encapuchado. “¿Con qué autoridad intervinieron o con qué fundamento ingresaron a un inmueble asegurado el grupo de madres buscadoras? Su deber era comunicar a una autoridad competente y lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. ¿Qué están escondiendo? ¿Quién las respalda? ¿Por qué intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación con mentiras e historias inventadas y sin fundamento?”.
Para los medios de comunicación también hubo un mensaje específico: “deberían escoger con más cuidado los testimonios que acusan al Cártel Jalisco Nueva Generación y verificar la veracidad de lo que se dice, porque el Cártel no tenía presencia en la zona en el 2012”. Es un reclamo cuyo fraseo, como el de las madres buscadoras, se escuchan como una amenaza. Los criminales tienen identificados a quienes los están afectando. También el régimen.
“Otra vez los medios y la derecha montados en la tragedia”, dijo previamente Fernández Noroña. “Es otra vez otra campañita de esas típicas de la derecha”. La línea del CJNG y del presidente del Senado la continuó ayer la presidenta desde Palacio Nacional, donde dio a conocer un estudio sobre “una guerra sucia en la red social X, con cuentas bots, contra el gobierno”, a la que le destinaron 20 millones de pesos en cuatro días.
Hay una clara preocupación de la presidenta por el impacto negativo que ha traido Teuchitlán a su gobierno y a Morena. Javier Tejado lo midió en su columna semanal en El Universal, donde dijo que el hallazgo produjo en los primeros 10 días más de ocho mil noticias y opiniones, y hay cientos de registros en la prensa extranjera. Del 6 al 14 de marzo, agregó, hubo 479 mil menciones con un alcance potencial de casi 600 millones de personas, donde el partido gobernante y López Obrador se llevan el mayor descrédito.
Pero el alineamiento de los discursos es delicado. Si el video del CJNG fue realmente hecho por esa organización criminal, mal. Si fue producido por los proagandistas del régimen, peor. Como explica el periodista Augusto Chacón, que ha trabajado por años la región de Teuchitlán, “más allá de quién lo hizo, delinea una moral, una concepción del crimen organizado como parte del Estado, humanizado a la manera de López Obrador, y traza cierto orden jurídico y político”.
El video es como si tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, la organización criminal Guerreros Unidos hubiera dado a conocer un mensaje exonerando al gobierno de Enrique Peña Nieto, al de Ángel Aguirre, de Guerrero, y al de José Luis Abarca, de Iguala, del crimen, responsabilizando en cambio a la normal y a los medios de conspirar en contra de todos ellos. La similitud de la narrativa criminal con el gobierno en el video del CJNG o de quien lo haya hecho, le regala una enorme prueba al presidente Donald Trump, por subjetiva que parezca, que su afirmación que en México gobiernan los cárteles, tiene sustento.
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Es cierto, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, hackea-ron su teléfono celular, tal como lo reveló el fin de semana el periódico The New York Times. Pero además, agregó que también hackearon su correo electrónico. La presidenta minimizó los hechos –una estrategia política para ocultar la importancia de lo que sucedió–, pero en el camino abrió muchas dudas que no resolvió el desenfado con el que fue aportando detalles del hackeo. Desde el principio de su larga explicación fueron surgiendo hoyos negros sobre lo que pudo haber sucedido.
Nunca trazó una línea de tiempo del hackeo, aunque dijo que tanto el móvil como el correo los utilizaba desde hace tiempo. El Times, que no mencionó el hackeo al correo, dijo que la intervención se había dado después de que desterró a 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos el 27 de febrero. La presidenta no negó ni confirmó este dato, ni tampoco fue precisa. Mencionar que los tenía hacía tiempo no significa que el hackeo fue hace años. Esa referencia parece más bien un distractor.
La versión que dio del hackeo es confusa, insuficiente y contradictoria. Tras el hackeo de su teléfono, dijo, “Apple llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. La Agencia… de pronto, adecuadamente, la verdad, se dieron cuenta del hackeo. La Agencia… tomó cartas en el asunto y muy rápido lo revisó”. Esta declaración no se sostiene.
1.- Si Apple fue la que alertó a la Agencia es que esta no se dio cuenta del hackeo hasta que fue notificada de él.
2.- No es conocido que Apple tenga un sistema de monitoreo de números específicos para determinar un hackeo. Quien puede detectarlo es el proveedor del servicio, sobre el cual la presidenta no habló.
3.- La presidenta dijo que tanto el teléfono como el correo hackeados no forman parte del equipo gubernamental, y son de uso particular, que conserva, en el caso del móvil, por “cariño”. Entonces, ¿por qué Apple informaría del hackeo a una dependencia del gobierno si el teléfono y el correo de Sheinbaum son personales?
4.- La Agencia de Transformación Digital, además, no tiene atribuciones legales para ser enterada de este problema, ni tampoco está en sus funciones atender una ruptura de seguridad de esta naturaleza –porque un hackeo a las comunicaciones de la presidenta es un tema de seguridad nacional. La intervención de la Agencia es ilegal: su área de ciberseguridad sólo está facultada para actuar internamente.
5.- Sheinbaum dejó en tinieblas cómo se enteró del hackeo de su correo. Por experiencia propia, se puede saber si hay intentos de intervención contra el correo de Yahoo cuando aparece una leyenda donde dice que “un gobierno intentó hackear el correo”, desconociendo si tuvo éxito. Cuando esto sucedió en mi caso, Artículo 19 tomó el asunto y preguntó a Yahoo sobre la veracidad del mensaje, que confirmó la empresa. La presidenta no dijo qué hizo al respecto.
6.- En la mezcla de los tiempos que manejó ayer, Sheinbaum recordó que utilizaba el teléfono hackeado cuando era jefa delegacional de Tlalpan y que lo mantuvo como jefa Gobierno de la Ciudad de México pese a que “en aquel entonces” hackearon el teléfono de Mario Delgado, que era presidente de Morena. Él sí lo cambió, y por razones de seguridad ella y todo su equipo debieron haber hecho lo mismo porque sus dispositivos estaban comprometidos.
El hecho de que el hackeo fuera a un dispositivo y un correo activos de la presidenta, aún si son utilizados hoy en día para fines particulares y que de acuerdo con ella, no para tratar temas de Estado, es irrelevante. Por razones de seguridad nacional, aún los dispositivos y correos personales de la presidenta deben estar protegidos de cualquier ataque de esta naturaleza. Lo que sucedió es una ruptura importante en la seguridad del Estado mexicano.
Hasta antes de que llegara a Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, la dependencia responsable de la seguridad del presidente era el Estado Mayor Presidencial. López Obrador lo desapareció y trasladó sus funciones a la Ayudantía, integrada por sus amigos y los amigos de sus hijos, sin experiencia en temas de seguridad. La Ayudantía se mantuvo en el gobierno de Sheinbaum, y a lo largo de los años ha mostrado su incapacidad en proveer seguridad real a quien toma decisiones en nombre de más de 130 millones de mexicanos.
Meter a la Agencia de Transformación Digital en el centro de su protección es una irregularidad y una irresponsabilidad. Aunque su director José Merino sea una de las personas más cercanas a ella, no tiene las atribuciones legales ni tampoco, por lo que ha sido su formación profesional, experiencia y conocimiento sobre los temas que tienen que ver con la seguridad nacional. Sheinbaum hizo de lado la participación de su gabinete de seguridad en este hackeo, pese a existir varias áreas civiles y militares que velan por la ciberseguridad del Estado Mexicano.
No se sabe qué sucedió con el hackeo. Aunque por lo que se infiere no hubo un uso delincuencial de su teléfono o de su correo, se puede asumir con base en la información que dio la presidenta, que lo que se hizo fue tener un espejo de sus comunicaciones. De ahí la relevancia de lo revelado por el Times de que el hackeo al teléfono fue después del destierro de 29 líderes de todos los cárteles de drogas en México, que se puede pensar es cierto porque de otra manera tendría que haber sido desmentido inmediatamente.
La afirmación periodística coloca el tema de la seguridad de Sheinbaum en otro nivel. Haber hackeado su teléfono y correo significa que hay un interés de un individuo o grupo con poder que quiere saber sus movimientos, sus acciones y sus decisiones. No parecen haberlo logrado en este intento, pero no dejarán de perseverar en su objetivo. Si son narcotraficantes es aún más delicado que si fuera un gobierno, porque el traslado unilateral de los 29 criminales fue una señal no sólo a Washington, sino a los cárteles: los acuerdos que pudo haber, están rotos.

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