La monstruosidad descubierta en Teuchitlán ha puesto bajo la lupa la veracidad de los datos oficiales sobre homicidios dolosos. Hay señalamientos de que el descenso reiterado de los asesinatos no incorpora a quienes fueron incineradas en hornos crematorios clandestinos como los descubiertos recientemente en esa comunidad de Jalisco o en Reynosa, en Tamaulipas. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a ello el viernes pasado aparentemente enojada y fastidiada, y afirmó que “es mentira, es falso, que haya más desaparecidos que homicidios estos días”. Dos versiones sobre los mismos hechos.
En el último reporte dado a conocer por el gobierno el martes pasado sobre la estadística de incidencia delictiva, la tasa de homicidios dolosos en los primeros cinco meses de la presidenta Claudia Sheinbaum mostró una baja de 15 por ciento en los primeros cinco meses de su gobierno, y en el anualizado desde 2018, cuando Morena se hizo a cargo del mando en el país, la disminución es de 26 por ciento. Los números, de acuerdo con críticos y especialistas, no reflejan la realidad.
El sitio de La Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia –creado y mantenido con apoyo financiero de la Unión Europea–, con información actualizada hasta mayo del año pasado, muestra el histórico de desapariciones en el siglo con números muy estables, casi en cero, hasta 2008, cuando comenzó la guerra contra las drogas, con un repunte importante –menos de 300 desapariciones– en 2011, una disminución significativa de 2012 a 2018, y un repunte de casi 400 por ciento en 2019, con un nuevo descenso en 2020 y 2021, los años de la pandemia, y volver a subir dramáticamente hasta 2024.
El número de personas desaparecidas en 2022 llegó a cuatro mil 21; en 2023 ascendió a cinco mil 475, y hasta mayo de 2024 se contabilizaban 6 mil dos. El punto donde se registraba el mayor número de desapariciones en ese momento era la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, y el principal granero de votos de Morena a nivel nacional, donde pasó de tener 782 casos a 965. La jefa de Gobierno capitalino era Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa Clara Brugada, hoy la mandamás política en la capital federal.
No se puede establecer de manera automática que las desapariciones sean homicidios dolosos. Pero tampoco se puede descartar. Hay razones objetivas para la sospecha. Cuando empezaron a subir los datos de exceso de mortalidad por la pandemia del Covid-19, José Merino, una de las personas de mayor confianza de Sheinbaum y director de la Agencia Digital de Innovación Pública capitalino –un cargo idéntico ocupa hoy en el gobierno federal–, modificó la metodología y reclasificó las muertes para bajar la tasa y reforzar la narrativa de lo bien que se estaba manejando la enfermedad. Lo mismo hicieron con la incidencia delictiva.
Los homicidios dolosos se dividieron la categoría de “muertes violentas no aclaradas”, y mientras en el país la media de ellas era 6 por ciento, en la Ciudad de México fue de 35 por ciento. La organización no gubernamental Causa en Común, señaló que la reclasificación de homicidios dolosos en más subcategorías como “delitos que atentan contra la vida” (categorizado como homicidio culposo) y “otros delitos contra la vida y la integridad”, produjeron la disminución de homicidios dolosos y el incremento de los culposos. “Las cifras a nivel nacional muestran que entre 2018 y 2024, el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó 11%, mientras que el número de víctimas de homicidio culposo aumento 11%, y el de ‘otros delitos contra la vida y la integridad’ aumentó 102%”.
El manejo de las estadísticas, además, tenía un componente político. En Guanajuato, gobernado por el PAN, no se reclasificaron los delitos, apuntó Causa en Común, y fue la entidad que más homicidios dolosos registró en 2024. Pero no solo eso. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones como resultado de la impunidad, señaló, explica el grave problema de subregistro en los reportes de incidencia. Las estimaciones del Inegi muestran que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las fiscalías fue de 93 por ciento, lo que significa que las autoridades sólo reportan el 7 por ciento de los delitos (no solo homicidios) que se cometen en el país.
¿Quién tiene la verdad? Existe evidencia que la disminución de los homicidios dolosos está asociada directamente a los cambios metodológicos que hizo el equipo de Sheinbaum en la Ciudad de México, que prevalece en la actualidad. De esta forma, los datos que presenta regularmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son irrelevantes para poder establecer la verdad sobre los homicidios dolosos. El gobierno capitalino de Sheinbaum alteró la estadística de incidencia delictiva y rompió la certidumbre que había sobre esa medición.
Lo mismo hizo en el caso de las desapariciones, con un cambio metodológico instrumentado por Merino, que en sus tiempos de activista y fundador de Data Cívica había creado una muy eficiente herramienta para evitar que el gobierno federal escondiera las desapariciones. En el gobierno, creó otra para hacer lo contrario. El Comité de Desapariciones Forzadas denunció desde 2021 una crisis forense en el país, que altera profundamente la realidad macabra de México.
El choque técnico es por el manoseo metodológico del gobierno, pero está inmerso en la confrontación política. Hay mediciones objetivas que contradicen la subjetividad de los datos oficiales. Por ejemplo, de acuerdo con un análisis de incidencia delictiva de Causa en Común, al cierre de 2024, el 62 por ciento de los ciudadanos consideraba que la ciudad en donde vivían era insegura, y un 53 por ciento pensaba que la situación seguirá igual de mal o empeoraría este año.
En su réplica a las críticas, Sheinbaum aseguró que no minimizaba las desapariciones y que siempre estaría cerca de las víctimas, pero días antes se indignó de que F. Cartwright Weiland, el funcionario de mayor rango en la Oficina de Narcóticos y Asuntos Jurídicos del Departamento de Estado, criticara al gobierno de Sheinbaum de que mientras seguían matando en México, celebrara en el Zócalo con “mucha música y mucha fiesta… el fin de ‘abrazos, no balazos’.” Pero, ¿no es eso lo que hizo Sheinbaum para festejar que no hubo aranceles? Sí. Eso me imaginaba.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Teuchitlán socializó a nivel nacional la tragedia que vive México desde hace años. Las imágenes de la ropa y los zapatos, las bolsas y las mochilas, las cartas y las fotografías de sus cercanos en un rancho donde había operado hasta muy recientemente un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y tres hornos crematorios, vincularon a las víctimas que murieron ahí con los temores y angustias de miles. No fue el primero ni el más grande centro de capacitación de sicarios y aniquilamiento en el país, pero fue el primero al que su exposición pública sacudió a la nación. Hasta el día de ayer, la búsqueda en Google de “Teuchitlán exterminio”, alcanzaba casi un millón 300 mil consultas.
La consternación también llegó a Palacio Nacional, y la presidenta Claudia Sheinbaum se ha referido repetidamente esta semana al horror vivido en ese rancho. Tiene que saberse qué pasó, dijo, para que a partir de la información y la investigación se deslinden responsabilidades. “Es un tema muy crítico, y muy grave”, calificó el martes el fiscal general Alejandro Gertz Manero. “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”.
Sheinbaum reveló que desde la intervención del rancho en septiembre del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco lo tenía bajo resguardo, enfilando los señalamientos de responsabilidad en las autoridades del gobierno de Enrique Alfaro. Hay un poco de confusión en sus señalamientos, porque el rancho “Izaguirre” en Teuchitlán, al que se refiere, no es el mismo que se intervino en septiembre, en la comunidad de La Estanzuela en el mismo municipio, pero a dos kilómetros de distancia.
No obstante, es cierto, hay que ir más al fondo. Los señalamientos de Sheinbaum y Gertz Manero acotan en el gobierno de Alfaro y el municipal de Teuchitlán a los posibles responsables de probable omisión, o negligencia, o encubrimiento o eventualmente complicidades. Pero también hay funcionarios y exfuncionarios federales que pueden ayudar a comprender qué sucedió, porqué sucedió, o quién o quiénes, si fuera el caso, ordenaron silenciar la monstruosidad de los campos de exterminio y las fosas masivas clandestinas. Los primeros en esa lista que deberían ser llamados a declarar podrían ser:
1.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en ese momento secretaria de Seguridad Pública, que era la cabeza del sector que tenía bajo su responsabilidad formal a la Guardia Nacional, cuyos elementos intervinieron junto con la Fiscalía de Jalisco el rancho en La Estanzuela en septiembre. Su Secretaría tenía amplia información sobre ese tipo de campamentos en Jalisco y en el resto del país.
2.- El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, en ese entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, y quien en era el jefe de facto de la Guardia Nacional.
3.- El general de Brigada Luis Rodríguez Bucio, primer comandante de la Guardia Nacional, en cuyo periodo sus guardias encontraron restos óseos en Teuchitlán.
4.- El general de División David Córdoba Campos, que estaba al frente de la Guardia Nacional durante la intervención del rancho en La Estanzuela en septiembre pasado.
5.- El general de División, Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional desde el 5 de octubre, junto con todo el gabinete de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el 29 de enero de este año aseguraron en Teuchitlán un campo de adiestramiento vinculado con “un grupo delictivo” –en esa zona solo opera el CJNG–, donde detuvieron a 37 personas, cuatro equipos de radio comunicación, equipo táctico y precursores químicos.
Teuchitlán es el microcosmos de la gran tragedia mexicana. Nadie sabe todavía cuántas personas murieron ahí o cuántas fueron reportadas como desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación ha contabilizado casi 113 mil personas desaparecidas o no localizadas hasta mediados de esta semana, más de la mitad de ellas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con un reporte de César Martínez para la organización A dónde van los desaparecidos, que integran periodistas en todo el país dedicados a evitar que este tipo de fenómenos desaparezca de la memoria, el fenómeno se ha agravado en el gobierno de Sheinbaum. En los primeros 100 días de su administración, señaló Martínez, se registraron en promedio 40 desapariciones por día, que significó un aumento del 60 por ciento en comparación con el sexenio de López Obrador, cuando el promedio diario fue de 25. Del 1 de octubre al 8 de enero, han desaparecido otras cuatro mil 10 personas.
Sobre el total de fosas clandestinas como las halladas en Teuchitlán, no hay información reciente. El último mapa que publicó a Comisión Nacional de Búsqueda abarca del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2023, donde se tenían registradas dos mil 863 fosas. En esa fecha terminó de actualizarse, que coincide con los problemas que estaba teniendo dentro del gobierno Karla Quintana, que encabezaba la Comisión, por las quejas de varios gobernantes de que el trabajo que estaba realizando estaba exponiendo el incremento de las desapariciones en sus entidades, incluida la Ciudad de México. López Obrador la maltrató y la obligó a modificar su metodología para desaparecer a los desaparecidos, a lo que se negó. En agosto de ese año renunció.
Ese episodio tenso y clarificador de cómo quería el gobierno federal ocultar el tema de los desaparecidos, no puede limitarse a Teuchitlán y ayudaría a comprender el contexto. Tres declaraciones ministeriales adicionales serían de gran valor. La de López Obrador, que tiene que explicar cómo se le desbordó el fenómeno; el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hoy alto funcionario en el gobierno de la Ciudad de México, que era el jefe de Quintana, para reconstruir esa crisis, y Quintana, que lo que no la dejaron hacer en México, está haciendo en Siria, comisionada por la ONU.
La presidenta ha pedido que se investigue lo que sucedió en el rancho Izaguirre, pero no puede haber reduccionismo si en realidad se quiere comprender el problema y evitar más teuchitlanazos.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

Desde que Donald Trump anunció la imposición de aranceles a México y Canadá en una de sus primeras acciones como presidente, la respuesta de Palacio Nacional ha sido consistente: son injustas, perjudican a Estados Unidos, se mantendrá el diálogo y se explicará que el acuerdo comercial norteamericano ha sido benéfico para todos. No obstante, el 31 de enero reveló la presidenta Claudia Sheinbaum que su gobierno estaba preparado con un “plan A, B y C”, para lo que decidiera Estados Unidos. Se veía bien plantada y decidida.
La semana pasada convocó a un mitin en el Zócalo para anunciar represalias arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos, que no reveló porque Trump pospuso su amenaza. El secretario de Economía Marcelo Ebrard viajó el lunes a Washington para persuadir al secretario de Comercio, Howard Lutnick, que no incluyera a México en los aranceles al acero y aluminio que entraron ayer en vigor. No lo logró. Antes de viajar Ebrard dijo que si se ponían aranceles, se respondería con aranceles, pero lo frenaron.
Sheinbaum dijo que esperaría hasta el 2 de abril, cuando Trump dé a conocer su estrategia comercial global, para responder. Esto significa que durante 20 días México pagará aranceles sin chistar. Sin embargo, por lo que se está viendo, los planes “A, B y C”, nunca existieron como una alternativa real. Las opciones que le presentaron las desechó. Su método combina la cabeza fría, atole con el dedo y miedo.
La cabeza fría no ha servido para nada en materia de resultados, pero sí funcionó, lo que no es menor, para que la locomotora trumpista no le pasara encima, como sucedió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con los presidentes Volodimir Zelensky de Ucrania, Raúl Mulino de Panamá y Gustavo Petro de Colombia. En materia de resultados, excluyendo gritos e insultos, a Canadá le fue mejor que a México: aunque a los dos les recetaron aranceles, Trudeau cedió menos que Sheinbaum, que entregó lo que le pidieron y lo que no también, en materia de seguridad.
El atole con el dedo se asocia con el ensalzamiento de su cabeza fría para lidiar con Trump y tener éxito, se presume, en sus negociaciones. El éxito se puede medir claramente en decibeles y buen trato, pero no da para más. Sigue la amenaza de los aranceles y el arma cargada la mantiene sobre la mesa. Los esfuerzos en materia de seguridad fronteriza y combate al fentanilo, han sido insuficientes para Trump, quien además presume que sus amenazas provocaron la desinversión en México y el comienzo de la mudanza de fábricas a su país. La propaganda por un lado, el orgullo nacionalista por el otro, y el deseo que a México le vaya bien, proveen la masa del atole al que le echan agua en Palacio.
El miedo puede ser interpretado por su inacción, porque teniendo a la mano el tablero para aplicar represalias equitativas, nunca apretó el botón. Aunque su discurso se mantiene con la retórica de la defensa de la soberanía, en la práctica se ha agachado. No quiere que se enoje Trump con ella, como se apreció cuando narró su última conversación telefónica con él, donde enfatizó que le recordó que le habían enviado 29 narcotraficantes, para demostrarle que sí estaba haciendo lo que le había pedido. La cabeza fría, sobresaliente por su tono y no caer en provocaciones, no cohabitan con estar presta a cumplir lo deseado –10 mil soldados a la frontera norte, por ejemplo. La fórmula es, a Trump lo que quiera y no lo tocará ni con el pétalo de un verbo.
Las tres categorías hipotéticas sobre su toma de decisiones se entrelazan, pero cada una tiene una explicación. El atole con el dedo es la administración de expectativas, que le permite tomar acciones cosméticas para ganar tiempo, mientras decide qué hacer de fondo. Lo hace con la cabeza fría, que aplica incluso para darle la vuelta a las cosas y jugar con la audiencia. Ayer, mientras hablaba de cosas relevantes, pero no más que el futuro económico de México, y algunas vaciladas que le pusieron sus propagandistas para agotar el tiempo de la mañanera, decenas de países se declaraban la guerra comercial.
Ante la imposición de aranceles en acero y aluminio, la Unión Europea respondió con aranceles en esos metales, en productos agrícolas, electrodomésticos y textiles por 28 mil millones de dólares, que incendió a Trump –en realidad es como un piromaníaco político–, y Canadá le impuso aranceles por 20 mil millones de dólares en esos metales, herramientas, hierro fundido, computadoras y artículos deportivos.
Como Sheinbaum, el presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva, aplicó la “calma” con la cabeza fría. Pero sus realidades son muy distintas. Aunque su relación comercial con Estados Unidos tiene un peso significativo, Brasil, la octava economía del mundo, tiene un portafolio de exportaciones e importaciones mucho más diversificado. Estados Unidos es su segundo socio comercial –el primero es China–, y sus exportaciones a Brasil representan el 2.3 por ciento del total de las estadunidenses, mientras que las importaciones de Brasil son apenas el 1.2 por ciento del total de las importaciones de ese país.
Para México, Estados Unidos lo es todo. Es la 12ª economía del mundo, y el 76 por ciento de sus exportaciones van a Estados Unidos, mientras que el 29 por ciento de las importaciones estadunidenses llega a México. A diferencia de Brasil, México no tiene una política industrial que le permita apoyar el consumo interno, ni Lula tuvo un predecesor irresponsable que dejó a su país amarrado presupuestalmente y sin dinero. Tampoco tiene palancas claras para que lo chantajeen, como las tiene Sheinbaum con el tema de los narcopolíticos.
México no tiene la fortaleza de Brasil, de la Union Europea o Canadá, ni Sheinbaum el carácter de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón que respondieron a las imposiciones unilaterales de aranceles de Estados Unidos con aranceles, con la cabeza fría y sin pelearse personalmente. Pero en nuestra realidad, esto es lo que tenemos: sumisión sin sobresaltos innecesarios.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Para una sociedad que ha normalizado las ejecuciones, los decapitados y los descuartizados, el horror provocado por el hallazgo de un centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en un rancho en Teuchitlán, que además tenía tres hornos crematorios, es un atisbo de esperanza. Es paradójico, pero finalmente tuvo que aparecer un campo de exterminio donde asesinaron a quién sabe cuántas personas durante quién sabe cuánto tiempo, para que escandalizara a la nación. Hay que agradecerlo a dos colectivos, las Madres Buscadoras de Jalisco y Guerreros Buscadores de Jalisco, que siguieron las denuncias que recibieron y dieron a conocer lo que el gobierno estatal y el federal, habían ocultado. ¿Por qué callaron tanto tiempo?
A esta instalación de la máquina criminal más violenta de México había llegado la Fiscalía de Jalisco el 26 de septiembre del año pasado para rescatar a varios detenidos. No se sabe cómo fueron dirigidos al rancho “Izaguirre”, pero liberaron a varios de ellos y otros, que se hicieron pasar como víctimas, pero eran victimarios, fueron detenidos. La Fiscalía la encabezaba Luis Joaquín Méndez, y uno de sus dos segundos era Salvador González de los Santos, actual titular. En ese entonces la Fiscalía minimizó todo y dejó que desapareciera de los medios. El entonces gobernador Enrique Alfaro, tampoco hizo nada.
Alfaro siempre fue reacio a aceptar que había desapariciones, cuando en su gobierno fueron privadas de su libertad ocho personas que trabajaban en un call center en Zapopan que poco después aparecieron muertas en 2023. El primer caso de desaparición de alto impacto, sin embargo, había sido en 2018, en el último año de gobierno de Aristóteles Sandoval –asesinado dos años después en Puerto Vallarta, una plaza totalmente controlada por el CJNG–, cuando tres jóvenes estudiantes de cine fueron levantados por equivocación por los criminales. Los cuerpos de los jóvenes aparecieron en Tonalá, disueltos en bidones con ácido. En aquél entonces Sandoval confió al periodista Augusto Chacón que el cocinero del cártel ganaba tres mil 600 pesos a la semana.
El problema de las desapariciones en Jalisco estalló, tras años de silencio, por complicidad o miedo. Chacón recordó que la primera vez que escuchó de ellas fue en 2010, en Tala, a 10 minutos de Teuchitlán, donde habían sido privadas de su libertad ocho personas. Al año siguiente escuchó de más. Desde entonces, dijo, esa zona “estaba llena de halcones”. Ese municipio desnudó la realidad en febrero de 2019, cuando Alejandra Guillén y Diego Peterson publicaron un extenso reportaje en El Informador donde un sobreviviente de ese campo, similar en todos los sentidos al de Teuchitlán, les contó lo que había visto y experimentado ahí.
Los hornos crematorios que provocaron el horror en Teuchitlán no son mecánicos, como los instrumentos de exterminio nazis, sino artesanales, con tepetate y piedra entre las cuales se prende fuego. Son como los que se encontraron años antes en Tlajomulco y Lagos de Moreno, en Jalisco. No es algo único, sino que, como describió Chacón, “es un sistema del crimen organizado”.
Teuchitlán es un manotazo sobre la mesa contra las autoridades federales y de Jalisco. Alfaro, rebasado por el crimen organizado pero con aspiraciones presidenciales, no hizo nada. En la última parte de su gobierno vivía aterrado y pasaba buen tiempo al mes en Los Ángeles. La noche que entregó el gobierno tomó el avión a Madrid, donde meses antes ya había enviado a su familia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también fue omiso.
López Obrador tenía la información que los líderes del CJNG vivían alrededor del Lago de Chapala, pero no autorizó su captura. En un momento le dijo al Ejército que solo hicieran patente que lo tenían vigilado. Sabían él y el gobernador que su zona de influencia, que utilizaban como tiradero de cadáveres, estaba en Zapotlanejo, que es parte de la zona metropolitana de Guadalajara, Ixhuatlán del Río, al norte de la capital, y Tepatitlán, rumbo a Lagos de Moreno.
Durante el gobierno las autoridades encontraron comunes denominadores en las desapariciones. Había números considerables de personas que trabajaban en los call center, a través de los cuales el CJNG estafó a miles de estadunidenses que querían comprar propiedades en Puerto Vallarta, y otros que habían pasado por las empresas de seguridad en el estado, que tienen permiso para portación de armas, donde un número importante de ellas, según información que circuló en el gobierno obradorista, servían como centro de reclutamiento para futuros sicarios de la organización criminal.
Ayer en la mañanera, el fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que abriría “toda una línea de investigación” sobre la historia de Teuchitlán. “No es posible que una situación de esa naturaleza no haya sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”, agregó. Gertz Manero habló bonito y duro, pero inconsistente. Las autoridades municipales y estatales sí supieron del caso, como se probó con el rescate de varias personas secuestradas en el rancho “Izaguirre” hace medio año. Pero también hay una responsabilidad de él, porque la Fiscalía General, que debe seguir por oficio las desapariciones, fue omisa.
Los colectivos de buscadores se acercaron muchas veces a la Fiscalía General para buscar respaldo de la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, que poco hizo por ellas; ahora aspira a ser parte del nuevo Poder Judicial. Tampoco hizo mucho Germán Castillo, cuya Fiscalía Especializada de Control Regional, tenía jurisdicción sobre este delito, ni Alfredo Higuera, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La historia de Teuchitlán también atraviesa por el palacio de cristal de Gertz Manero. No son los únicos. El expresidente López Obador despidió a Karla Quintanilla, comisionada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque se negó a modificar la metodología para disminuir el número de ellas.
Teuchitlán y el horror que despertó e indignó es una oportunidad para Sheinbaum. La sociedad pareciera gritar un “basta ya” ante las monstruosidades que apenas se empiezan a asomar en ese rancho, que es uno de muchos similares que hay en el país, producto de lustros de abandono e indiferencia que deben parar.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

No todas las noticias que han salido de Washington en los últimos días han sido positivas para el gobierno de México, aunque sean efímeras, como la nueva suspensión de aranceles. La más inquietante de todas es la confirmación de que el presidente Donald Trump sí quiere la cabeza de políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado y su gobierno está explorando acciones inéditas para lograrlo. Las presiones han estado subiendo de tono, aunque todavía de manera informal, para la entrega de narcopolíticos a la justicia estadunidense.
Funcionarios del Departamento de Estado han sostenido conversaciones con sus contrapartes en México para proponer un acuerdo bilateral para investigar a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, con el propósito de que sean detenidos y puedan ser extraditados a ese país. La petición ha ido acompañada de una velada amenaza: si no ven avances en esa dirección, podría darse una denuncia pública en Washington antes de que venza el siguiente plazo para la revisión de aranceles el próximo 2 de abril.
Nunca se había dado una petición tan inusual, pero tampoco habían existido tanta información y evidencias sobre políticos mexicanos trabajando con los cárteles de las drogas, que al mismo tiempo hubieran sido blindados desde lo más alto del poder en este país que se tradujera en impunidad.
Los funcionarios estadunidenses no pusieron nombres sobre la mesa, hasta donde se sabe, pero causaron preocupación en Palacio Nacional, donde los dos grupos de trabajo que apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum en el análisis de la relación bilateral –uno es institucional, encabezado por los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, y el otro es externo, dirigido por un consultor muy cercano a ella, con quien ha trabajado por años–, tendrán que proponer alternativas para contener y evitar que la petición informal se materialice.
Las noticias sobre el interés de Washington sobre políticos mexicanos metidos con el crimen organizado vinieron a reforzar la creencia que la Administración Trump sí está pensando en actuar contra algunos de ellos, con o sin autorización del gobierno mexicano. Hay incluso preocupación dentro de Morena sobre lo que pudiera pasar con dos gobernadores, Rubén Rocha Moya de Sinaloa, y Américo Villarreal de Tamaulipas, que están incluidos en una investigación bilateral que data de más de un año, por sus presuntas vinculaciones con el Cártel de Sinaloa y con los empresarios que manejaban el robo de combustible en el noreste del país, con el cual financiaron ocho campañas de Morena para gubernaturas en 2021.
En el contexto de la petición informal de funcionarios del Departamento de Estado, hubo deliberaciones al más alto nivel en donde se llegó a plantear la posibilidad de que en esa lista se incorpore a los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
El primero ha sido señalado por el actual gobernador de Tabasco, Javier May, de haber nombrado como secretario de Seguridad a quien era el jefe de una organización criminal –caso que entra en la “inaceptable alianza” del gobierno mexicano con criminales, planteada por Trump–, mientras que el segundo tiene una historia familiar de presuntos nexos con narcotraficantes en Zacatecas, y es muy cercano del vicecoordinador en el Congreso, Pedro Haces, que tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.
La semana pasada se publicó en este espacio una relación de políticos mexicanos cuyos nombres han aparecido en declaraciones en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, de los cuales únicamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que su nombre forme parte de las indagatorias.
Hay testimonios donde mencionan a funcionarios mexicanos durante los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán –cuyos hijos Ovidio y Joaquín están negociando ser testigos cooperantes–, y del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ya imputó abiertamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que los dos gobiernos tienen pruebas contra él, y a quien los fiscales estadunidenses insisten en que declare sobre la narcopolítica en México. Pero también hay declaraciones no judicializadas donde involucran a otros políticos encumbrados de haber recibido dinero de organizaciones como La Familia Michoacana y de Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, recientemente desterrado dentro del paquete de 29 criminales que le regaló Sheinbaum a Trump.
El gobierno de Estados Unidos tiene información suficiente para proceder contra varios políticos mexicanos, pero ha sido muy cuidadoso de no actuar para no generar un conflicto político con un vecino cuya estabilidad depende en amplias zonas del país del narcotráfico. Lo que no se había dado antes es buscar la cooperación del gobierno en turno, para que las investigaciones, detenciones y extradiciones sean parte de un acuerdo de cooperación bilateral.
Sheinbaum ha dicho reiteradamente que está dispuesta a colaborar siempre y cuando no existan acciones unilaterales, pero esta nueva iniciativa no estaba considerada en sus escenarios. La presidenta no tiene muchos espacios de maniobra y tampoco se sabe el alcance que podrían tener algunas detenciones de alto impacto sobre su gobierno, como en el hipotético caso de una captura de Rocha Moya, quien ha sido poco discreto en decir –sin que signifique que sea cierto–, que contribuyó con varias decenas de millones de pesos en efectivo a la campaña presidencial. El gobernador, sin embargo, tiene la capacidad de incriminar a López Obrador por las sospechosas relaciones que tuvieron los dos con los líderes del Cártel de Sinaloa.
De llegar a formalizarse la petición de un acuerdo en esta materia a nivel de cancillerías, Sheinbaum estaría en un dilema, pero también ante una oportunidad. Podrían firmarlo e iniciar las investigaciones, que por su naturaleza tendrían que ser guardadas con todas las reservas. No habría un desgaste en esta etapa, y junto con las autoridades estadunidenses sabría hasta dónde están llegando y cómo procederían conjuntamente.
Siendo claros, si varios de los políticos bajo sospecha resultaran inculpados, le irían limpiando el camino de obstáculos para gobernar. Lo único que tendría que evaluar es que por su naturaleza de ser un esfuerzo bilateral, no hay punto de retorno, aún si las pesquisas llegaran a terrenos que ella no quisiera pisar.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

El acarreo fue como se esperaba. Los principales graneros de votos de Morena movilizaron miles de personas al Zócalo de la Ciudad de México, como también lo hicieron Morena y las centrales sindicales. La idea era saturar la Plaza de la Constitución y mostrar el apoyo “popular” a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la imposición unilateral de aranceles del presidente Donald Trump a México, pero cuidando de no mostrar de manera excesiva pancartas para disfrazar su esencia corporativista. Tenía sentido la convocatoria, aunque fuera un acto partidista, porque en este evento anunciaría las medidas de retaliación contra Estados Unidos.
Pero en medio de los preparativos, Trump dio marcha para atrás y suspendió los aranceles hasta el 2 de abril. El miércoles pasado, en la víspera que Trump hablara por teléfono con Sheinbaum, el Departamento de Estado comunicó al gobierno mexicano que ante el impacto de su decisión, abriría un espacio para que alcanzaran un entendimiento durante una nueva suspensión de la aplicación de aranceles. Sheinbaum creía que el aplazamiento se debía al destierro de 29 narcotraficantes –pese a la mofa que hizo de ello Trump en su mensaje a la nación el martes–, pero el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que había sido resultado de la presión de la industria automotriz y el sector agroindustrial estadounidenses. El acto de este domingo había perdido su razón de ser.
Varios de los asesores de la presidenta sugirieron que el mitin dominical se cancelara, pero ella no quiso. Insistió en mantenerlo, aunque no había decidido hasta el sábado el tono y la dirección que llevaría su discurso. El mensaje fue pendular. Recordó las intervenciones militares estadunidenses, el despojo de más del 50% del territorio nacional en el Siglo XIX, así como los apoyos políticos de sus presidentes a México. Hubo un mensaje cáustico a Trump cuando dijo que no haría nada que lastimara a su país, lo que no se entiende si fue un ejercicio retórico o un anticipo que puede hacer lo que quiera con México, porque no habrá retaliación. Intramuros, Sheinbaum es beligerante con Estados Unidos, pero en su interacción con Trump ha optado, correctamente, por la civilidad.
Sheinbaum no se va a pelear con Trump como lo hizo el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que prácticamente terminó ayer su liderazgo en el Partido Liberal y su mandato, pero hace mal en pensar creerse que la cabeza fría y no caer en las provocaciones le ha dado ventajas sobre lo alcanzado por Canadá. De hecho, Canadá ha cedido menos que México, y el gobierno de Sheinbaum no ha acordado nada equitativo; ha entregado lo que ha pedido Trump y hasta lo que no le ha solicitado, obteniendo idénticos resultados ambos países: aranceles unilaterales y suspensiones.
Ha sido abundante la miel vertida sobre Sheinbaum por mostrarse ecuánime frente a Trump, pero en el comparativo con Trudeau, los resultados domésticos han sido inferiores para la presidenta. De acuerdo con la serie de aprobación presidencial de El Financiero, Sheibaum subió 4 puntos de aprobación de enero a febrero (de 81 a 85), mientras que sus negativos se mantuvieron estables (15%). Trudeau subió 14 puntos de finales de diciembre a finales de febrero y sus negativos bajaron 16 puntos. Las encuestas electorales que mostraban al Partido Conservador adelante del Liberal por 24 puntos en enero, también se redujeron dramáticamente. El viernes la diferencia era de 10 puntos con tendencia al alza de los liberales y a la baja los conservadores, cuyo líder, Pierre Polievre, que parecía hace unas semanas como seguro primer ministro, se ha deslindado de Trump por el costo que le estaba causando su inclinación hacia él.
Sheinbaum parece estar tomando decisiones sobre un análisis endogámico. Sus declaraciones en enero confiada en que Trump no cumpliría la amenaza de aranceles resultaron equivocadas, provocando que toda su agenda de trabajo se alterara y tuviera que enfocarse en ver qué hacía. Pensar que la entrega de una treintena de narcos saciaría a Trump, tampoco funcionó. El mitin del domingo fue pensado a las carreras y no quiso cancelarlo. ¿Qué celebró la presidenta? Una nueva pausa, que no cancela la amenaza.
La presidenta dijo que confiaba en que no habría más aranceles a México, pero es un acto de fe. Trump es indescifrable, incluso para sus más cercanos, metidos también en una dinámica de confrontación, particularmente en este tema, donde chocan las visiones moderadas del secretario de Comercio, Howard Lutnick, y las radicales, encabezadas por el halcón de los aranceles, Peter Navarro, a quien hace mucho caso el presidente. Qué hará Trump el 2 de abril, la próxima semana o la siguiente, nadie lo sabe. Quizás ni siquiera él mismo.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélany Joy, dijo la semana pasada ante empresarios en Toronto, que “no podemos ir a través de este psicodrama cada 30 días”. El problema, agregó, es que no está claro qué quiere Trump. “He tenido conversaciones con mis colegas en Washington a quienes les digo que ‘al final del día, ¿qué es lo que quieren’?, y me responden que ‘están a punto de saberlo’. Sólo hay un tomador de decisiones en el sistema. (Trump) es el único que sabe”.
Lo que pasará con Canadá, sucederá con México. Sheinbaum desperdició capital político manteniendo el mitin de este domingo, contra la recomendación de varios de sus colaboradores, gastando músculo y recursos que quizás pueda necesitar más adelante. Tampoco hay una discusión interna en su gobierno sobre qué opciones pueden activar, más allá de las conversaciones bilaterales a nivel de gabinete para tratar de darle la vuelta a la hoja a las amenazas de Trump.
No obstante, México sí puede hacer algo en coordinación con Canadá, para acabar con el “psicodrama” de Trump: pedir la revisión del acuerdo comercial entre los tres países lo antes posible, sin esperar al próximo año, y meter de esa manera el tema comercial y los aranceles en una distinta ruta. Si eso es lo que quiere Trump, habría que tomarle la palabra, con lo cual podrían meterse sus amenazas y simulacros de ajusticiamiento comercial en una congeladora.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

El enfoque impredecible con el que aborda el presidente Donald Trump a toda política que toca, le dio un respiro a México en materia de aranceles. Un mes más de gracia para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum demuestre que está haciendo lo suficiente, ante sus ojos, para combatir el tráfico ilegal de fentanilo. Nada que se sepa, sin embargo, de cómo están dándole cauce al tema controvertido de la “inaceptable alianza” del gobierno mexicano con los cárteles de la droga, que tan enérgicamente ante su audiencia doméstica, ha denunciado Sheinbaum. En este tema no hay plazo que valga.
En México hay una fuerte corriente de opinión pública que sostiene que aranceles y cárteles corren por rutas separadas e independientes. No es lo que piensan Trump y su gabinete. El secretario de Comercio, Howard Lutnick ha dicho que no se trata de una guerra comercial con México, sino una guerra contra los cárteles de las drogas. El vicepresidente J.D. Vance declaró el miércoles ante una pregunta sobre aranceles durante una visita a Eagle Pass, ciudad hermana de Piedras Negras, que “en realidad creo que le está haciendo (Trump) un gran favor al pueblo de México, porque si no controlan a estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un Estado narco, donde los cárteles tienen más poder que su propio gobierno”.
La narcopolítica es el nombre del juego político que está planteando Trump y su gobierno. El martes, en su mensaje a la nación, el presidente se refirió como nunca lo había hecho ningún antecesor a México. En la suma de las palabras México y cárteles, hubo 9 referencias, contra 8 que hizo de Ucrania, 7 sobre Rusia y los rusos, y 6 sobre China. De las veces que pronunció la combinación México-cárteles, solo una tercera parte habló en el contexto del acuerdo comercial norteamericano y los aranceles, donde también mencionó tres veces a Canadá. Es decir, la prioridad de su mente esa noche estaba en su vecino al sur del Río Bravo.
México y los mexicanos arrastramos un problema serio y creciente de imagen y percepción. Recientemente un abogado mexicano viajó a Houston y el agente migratorio que le revisó los papeles no hizo las preguntas típicas que a veces hacen como a qué va a Estados Unidos o cuánto dinero lleva. El oficial le preguntó qué pensaba de que su país fuera un narcoestado, qué de lo que decía Trump al respecto, y qué del tráfico ilegal de fentanilo.
Hace tres décadas era notoria la forma estereotipada como veían a los colombianos, a quienes trataban por igual como si fueran el mismísimo Pablo Escobar. Pero nunca antes la Casa Blanca había señalado a un país como “narcoestado”; ni siquiera Afganistán bajo el gobierno talibán, cuando floreció el cultivo y tráfico del opio. Sheinbaum ha sido enérgica y vehemente en rechazar las afirmaciones de Trump y casi todo su gabinete de seguridad sobre la llamada “alianza” del gobierno mexicano con los cárteles, pero no ha exigido ni protestado, hasta donde sabemos, la categorización.
La firme creencia en Trump y su entorno político, militar y de inteligencia de que hay una colusión orgánica entre políticos mexicanos y cárteles, no desaparecerá y será una constante fuente de tensión y desgaste para Sheinbaum. La narrativa de los propagandistas del régimen de tratar de desviar la acusación al gobierno de Felipe Calderón y al exsecretario de Seguridad Pública, es intensa pero poco eficaz para efectos prácticos. Trump y su gobierno hablan en presente o en función del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Declaraciones en juicios en Estados Unidos, particularmente en Brooklyn, donde fue juzgado y condenado García Luna a 38 años de cárcel por las declaraciones de criminales cooperantes con el Departamento de Justicia, también señalaron en sus testimonios a otras figuras de la 4T:
* López Obrador, el de mayor rango, por presuntamente haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial de 2006. Filtraciones de la DEA a la prensa agregaron en paralelo la información de que dos investigaciones sobre financiamiento de cárteles, fueron canceladas por motivos políticos.
* Indirectamente en estas acusaciones ha sido señalado Marcelo Ebrard, de los tiempos en que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, por dinero recibido del Cártel de Sinaloa para protección a sus operaciones en la capital federal.
En otros casos existen informes de inteligencia compartidos por los dos países, sobre financiamiento de las campañas para gobernador en Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, con dinero proveniente del huachicol, que estaba controlado por el empresario Sergio Carmona, asesinado en noviembre de 2021. Presuntamente involucrados con él figuran:
* Mario Delgado, actual secretario de Educación, que era presidente de Morena en esos momentos, que tenía una relación con Carmona y está bajo investigación por la DEA en Texas.
* Ricardo Peralta, muy cercano a la senadora Olga Sánchez Cordero, que fue el primer director de Aduanas en el gobierno de López Obrador, que le dio la aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio, y actualmente testigo cooperante de la DEA. Cuando la Marina presionó para que lo removieran, Sánchez Cordero lo hizo subsecretario de Gobernación, donde promovió una estrategia de pacificación, mediante negociaciones públicas con organizaciones criminales en Michoacán y Tamaulipas.
Hay otros políticos sobre los cuales existen investigaciones viejas de su presunta relación con cárteles de las drogas, además del recientemente mencionado en este espacio, Manuel Bartlett, por su presunto involucramiento en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, como Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y exgobernador de Zacatecas, durante la expansión de Los Zetas en el estado –dos de sus líderes fueron extraditados la semana pasada a Estados Unidos. En 2009 el Ejército decomisó 14 toneladas de mariguana que estaban en la bodega de un rancho de su familia en Fresnillo.
No son los únicos, pero sí los más prominentes. No en todos los casos existen investigaciones judicializadas, pero de todos hay información en Estados Unidos. Las percepciones de la “inaceptable alianza” tienen las asideras que dan vida y durabilidad a los señalamientos de Trump y su gobierno en contra de políticos mexicanos.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

Mes y medio de la presidencia de Donald Trump nos permiten ver el bicho político que está comenzando su segundo periodo en la Casa Blanca. Más altanero y petulante, más malcriado e insolente, bien asentado en el poder y con un mandato popular que no se veía en tiempos de paz desde hace 40 años. También ya debe estar claro que la característica transaccional que mostró en su primer periodo, ha evolucionado al chantaje descarnado y avasallante para que las cosas se hagan a su manera y en el momento que quiera.
La imposición de aranceles a sus principales socios comerciales, México, Canadá y China, sacudió los mercados por el impacto que tendría en la economía global, aunque horas después de entrar en vigor se anticipó que los relajaría. Los mercados se tranquilizaron y las angustias en gobiernos y sectores industriales se aplacaron, pero nadie puede estar contento. Trump jugó al policía malo y su secretario de Comercio, Howard Lutnick al policía bueno. Lutnick tejía y por la noche Trump, como Penélope, deshacía lo avanzado. Lutnick lanzaba señales de confianza que la acidez arrogante de Trump borraba.
Las últimas 48 horas debieron haber sido una clase exprés para la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su vecino y principal socio comercial. Quitando algunas cursilerías y lugares comunes reiterados en sus discursos, se aprecia que empieza a haber un cambio en su actitud, dispuesta a enfrentar a Trump sin la altanería que le sale al toro empoderado y rencoroso por todos los poros. No puede hacer otra cosa después de su prepotente comportamiento en el discurso sobre el Estado de la Nación el martes en la noche, donde dijo que haber enviado México a 29 capos del narcotráfico, fue por la presión de los aranceles y para que estuviera contento.
¿Cuál es el objetivo final de Trump? Quizás ni siquiera él lo tiene claro. Negociar con él es un ejercicio que requiere partir de varias premisas: que pueden caer en una emboscada (como el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky); que puede insultarlo cuando terminen de hablar (como al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau); que puede extorsionarlo (como sucedió con Panamá); y la primera, que no es un líder confiable porque su palabra no se apoya en la verdad ni existe garantía alguna que respetará lo que en privado se comprometa.
Trump lo está haciendo porque puede. Pero aún más, porque juega perfectamente a las emociones. Un panel que organizaron la cadena de televisión y YouGov para evaluar el discurso de Trump el martes en el Capitolio, midió lo que les hizo sentir, esperanza (68 por ciento), orgullo (54 por ciento), preocupación 27 por ciento), y enojo (16 por ciento). También calibró cómo lo vieron, presidencial (74 por ciento), entretenido (74 por ciento), inspirador (71 por ciento), unificador (62 por ciento), y divisivo (46 por ciento).
El mensaje tuvo un fuerte impacto positivo para Trump, aunque el promedio de calificación de su joven gobierno no llega a esos niveles. De acuerdo con el agregador de Real Clear Politics, el 48. por ciento lo aprueba, pero el 47.5 por ciento, no.
Ante este mercurial y peligroso personaje, Sheinbaum pidió la unidad nacional. Su llamado es político, que habría sido más convincente si lo hubiera hecho como jefa de Estado, no como militante de Morena, si hubiera escogido hablar a todos los mexicanos en cadena nacional, en lugar de llamar a un mitin político el domingo para que el partido movilice sus clientelas y llene el Zócalo. Cada quien decidirá cómo participa también en la fortaleza de México, pero todos debemos tener claro que la pistola de Trump seguirá cargada y lista para disparar. El “alivio” que dio por un mes a los aranceles al sector automotriz en México y Canadá, será continuidad de los chantajes y extorsiones que ha venido haciendo. Sheinbaum no tiene mucho para dónde hacerse. Pero nosotros, como ciudadanos, ¿por qué no contribuimos a la fortaleza nacional? Empecemos por castigar a las empresas estadunidenses saboteando sus productos, y no viajemos a ese país.
Dejemos la pasividad de lado y sigamos a los canadienses, cuya sociedad, más allá de sus preferencias políticas y posiciones ideológicas, se le está enfrentando a Trump. Las guerras comerciales no se ganan con armas, sino elevando los costos de embarcarse en ellas. Un anuncio de la cerveza Molson televisado hace un cuarto de siglo con la frase “Soy canadiense”, ha sido motivo de orgullo una vez más, retomando su vieja popularidad. No se trata solo de un patrioterismo cosmético ni se limita a cantar el “O Canada” y abuchear el “Star-Spangled Banner” cada vez que lo tocan en certámenes deportivo. La reacción de un pueblo enojado por los atropellos de Trump a la nación, va mucho más allá.
Hay bares que dejaron de servir licor estadunidense y en los supermercados están identificando los productos nacionales con “Hecho en Canadá”. Hay un boicot para productos estadunidenses que ha producido que el 75 por ciento de los consumidores canadienses estén cambiando sus compras de productos norteamericanos por canadienses. Amazon ya perdió el 55 por ciento de sus clientes.
Flight Centre Travel Group, una multinacional australiana de viajes, reportó que sus reservaciones canadienses para Estados Unidos se desplomaron casi 40 por ciento. Air Canada reportó que redujo sus viajes a Florida, Las Vegas y Arizona –principales destinos turísticos durante el duro invierno canadiense– en 10 por ciento, y WestJet notó que ha habido un cambio de reservaciones de Estados Unidos a otros lugares con sol en México y el Caribe. De mantenerse la tendencia, una caída de solo 10 por ciento en los viajes de los canadienses, que representan el mayor porcentaje de visitantes a ese país, significarían pérdidas de dos mil millones de dólares y 14 mil empleos.
¿Queremos hacer algo? Este es un camino desde la sociedad civil, la organizada y la desarticulada. Es una decisión personal y de conciencia. Hay en la historia un momento en donde un pueblo fue empujado a reflexionar y actuar individualmente. “Compatriotas”, dijo John F. Kennedy cuando juró como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 1961, “no pregunten lo que su país puede hacer por ustedes. Pregunten qué pueden hacer ustedes por su país”. Lo hecho en México es una alternativa colectiva.

Fuentes: ABC News, Canadian Broadcasting Service, CBS, Le Monde, The Globe and Mail y YouGov.

 

La imposición de aranceles de 25 por ciento a México por parte de Estados Unidos lleva en este momento a dos escenarios: el final del acuerdo comercial norteamericano y la recesión en México. Ambos son altamente negativos para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que sigue mezclando la política populista, como anunciar la repuesta al presidente Donald Trump el próximo domingo en un mitin en el Zócalo, con el trabajo de fondo para librar esta crisis que puede afectar al nuevo régimen porque la fusión de los escenarios la dejaría sin dinero para alimentar la maquinaria electoral a través de los programas sociales. Sheinbaum coincidió con Canadá y China en que respondería con medidas de retaliación, pero a diferencia de ellos, no entró en detalles hasta, quizás, en seis días.
Sheinbaum abrió un espacio de tiempo para negociar con Trump directamente, si es que el jueves, como espera, le tome una llamada para conversar. Se puede interpretar como una acción prudente, aunque si se ve su actuar en estas semanas, también puede argumentarse que no ha sabido cómo enfrentarlo. Su prudencia, temple y sangre fría, como reiteró en la víspera citando a “Kalimán”, un personaje de tira cómica, no ha funcionado, y hoy parece más una actitud medrosa que una estrategia calculada de jefa de Estado. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se enfrentó con Trump, y el arancel fue el mismo. El presidente chino Xi Jinping optó por el silencio, y el trato fue igual.
Sheinbaum le dio concesiones a Trump, como el envío de 10 mil soldados a la frontera norte, y cambio no solicitado, como el destierro de 29 narcotraficantes la semana pasada a Estados Unidos, algunos con viejas solicitudes de extradición, otros sin ellas, y unos más que apenas iban a empezar sus procesos judiciales. Envió a todo su gabinete de seguridad –salvo la secretaria de Gobernación– y al secretario de Economía a Washington, sin ningún resultado concreto a fin de que la pausa de un mes para convencer de sus esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo, la migración y el fin de la “intolerable alianza” del gobierno con los cárteles de la droga, pudieran persuadir a Trump y ampliar la prórroga.
Este antecedente es lo que hace dudar de Sheinbaum, sobre si el tiempo que quiere ganar para negociar con Trump realmente vaya en ese sentido y no a una claudicación. Lo veremos en unos días, tras la esperada llamada con Trump. De ella, si se efectúa o no, dependerá lo que anuncie el domingo. Ayer dijo que tenía preparadas medidas arancelarias y no arancelarias, que en su conjunto forman un buen paquete para concertar. Hasta ahora, la estrategia de negociación ha sido más para satisfacer al cliente, Trump, escuchar qué quiere y ver qué tanto puede hacer para que esté complacido. Este puede ser el momento de abandonar la pasividad y actuar de manera proactiva, entendiendo la asimetría de la relación.
De todas aquellas naciones y regiones donde está imponiendo aranceles, México es el más golpeado. De acuerdo con un análisis de Goldman Sachs, con el 25 por ciento de tarifas, el impacto para México alcanza los 501 mil millones de dólares, casi 100 mil más que Canadá, más de 130 mil millones que China, y el 80 por ciento de lo que le costaría a toda la Unión Europea. En cambio, el impacto en Estados Unidos podría decirse que sería casi marginal. Incluso, aunque la inflación tendría un incremento en este año, a partir de enero de 2026 comenzaría a bajar, reflejando lo que dijo hace meses el actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, que los aranceles tendrían un impacto en inflación y desempleo, pero que en el mediano plazo cedería. El cálculo de Trump y su equipo, es que el beneficio es mucho más alto que el costo.
Sheinbaum dice que responderá aranceles con aranceles, para lo cual existe hace años un análisis en la Secretaría de Economía que muestra en qué estados y ciudades elevar un arancel costaría políticamente más, según el partido que esté en la casa Blanca. También anticipó que habría acciones no arancelarias, que podrían enfocarse en área de servicios, como por ejemplo, según un experto, cancelar operaciones en México de empresas que provean servicios a las armerías, de donde sale el 75 por ciento de las armas para los cárteles de las drogas.
Opciones tiene en materia comercial, pero hay un problema de fondo. Los aranceles corren por una vía lateral que tiene que ver con el fentanilo y la relación de funcionarios mexicanos con el crimen organizado. Lutnick lo reiteró ayer mismo una entrevista en televisión: “No se trata de una guerra comercial. Se trata de una guerra contra las drogas”.
Esto es evidente en la hoja de datos que dio a conocer la Casa Blanca sobre las razones de Trump para imponer aranceles. “Las organizaciones de narcotraficantes mexicanas, las mayores traficantes de fentanilo en el mundo, operan sin obstáculos debido a la intolerable relación con el gobierno de México”, señaló Trump, hablando en presente. Afirmó que el gobierno de México ha proporcionado un santuario para los cárteles, que los cárteles son conocidos por su brutalidad extrema, que son los principales introductores de fentanilo ilegal a Estados Unidos y a Canadá, y que su violencia, incluidos drones armados y dispositivos caseros con explosivos, cada vez se acercan más a la frontera con Estados Unidos y más dispuestos a atacar a soldados y policías mexicanos.
El diagnóstico es devastador para el gobierno mexicano. Sheinbaum lo calificó como “ofensivo, difamatorio y sin sustento”, palabras que poco importan en la Casa Blanca.
La presidenta ya debe haber reconocido que lo que ha hecho hasta ahora es insuficiente.
Si quiere atajar las arbitrariedades de Trump tiene varios caminos, además de los económicos. Uno de escuchar lo que está pidiendo –acciones contra políticos de Morena vinculados a los cárteles–, y otro es dejar las adivinanzas y actuar como lo hacen otras naciones, con solidez y firmeza de hecho no de palabra, sin juegos de espejos mañaneros, y reaccionar proporcionalmente, no para entrar en guerra con el gobierno estadunidense, sino plantarse con dignidad verdadera e inteligencia.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

En el verano de 1986 había un frenesí en el Capitolio. Se llevaban a cabo las audiencias del Irán-Contras, donde el Comité Selecto del Senado investigaba el intercambio de armas por dinero con el régimen del ayatola Ruhollá Jomeini en Teherán. Eran los tiempos de la Guerra Fría. John D. Negroponte, desde su puesto de embajador en Honduras, había construido junto con la CIA un ejército de mercenarios, los “contras”, para luchar contra el régimen sandinista. Las armas eran para ellos y la investigación se centraba en si Reagan sabía de ese acuerdo secreto, que violaba la Enmienda Boland, que prohibía específicamente la ayuda militar a la contra.
El testigo estelar era el coronel Oliver North, especialista en Centroamérica en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. En el primer día de testimonio, que desbordaba la audiencia, se colocaron dos mesas grandes con documentos –algo normal–, y en una de ellas estaba el testimonio de Víctor Lawrence Harrison, un testigo protegido de la DEA, de 59 páginas. La declaración parecía ajena a lo que se hablaba ahí, y nunca fue tema en los intensos interrogatorios de los abogados del Senado a North. El testimonio de Harrison implicaba al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, en el crimen de Enrique Camarena, el agente de la DEA que había sido asesinado un año antes por órdenes de Rafael Caro Quintero, segundo a bordo en el Cártel de Guadalajara.
La atención estaba puesta en Irán y Nicaragua, no en Camarena. Pero para México tenía una enorme relevancia porque era la primera vez que quedaba expuesta la alianza entre el narcotráfico y las más altas esferas del gobierno. No avanzó la denuncia en aquellos tiempos del neoliberalismo, ni tampoco en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que como el entonces presidente Carlos Salinas, lo protegió nombrándolo director de la Comisión Federal de Electricidad, y moviendo su máquina de propaganda para encubrirlo cuando fue recapturado Caro Quintero en 2020, por presiones de la Administración Biden. La defensa se centraba en la acusación de que la CIA había ordenado el asesinato de Camarena, esperando que con tantos decibeles todos se olvidaran de Bartlett, como salvo para algunos sucedió.
Hoy Bartlett, que tras el término de la administración obradorista ha guardado un perfil muy bajo, está de nuevo bajo los reflectores porque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo desterró el jueves pasado a Estados Unidos, como parte de una estrategia desesperada para que el presidente Donald Trump no imponga aranceles este martes. Después de casi cuatro décadas de pedir su extradición Estados Unidos, les cayó como el año pasado Ismael El Mayo Zambada, del cielo, en forma expedita y sin ningún trámite judicial. Caro Quintero se declaró inocente al llegar al juzgado en Brooklyn, pero todo apenas comienza. La DEA, que hizo del Caso Camarena su leit motiv y argumento para ganar presupuesto, nunca dejó de tener el ojo puesto sobre Bartlett.
La afirmación de que la CIA participó en el crimen de Camarena proviene de Phil Jordan, que era el director del Centro de Inteligencia en El Paso, y de Héctor Berellez, que encabezó la investigación de la DEA en México sobre el asesinato. Ambos identificaron a Félix Rodríguez, una figura legendaria de la CIA que participó en la invasión de Bahía de Cochinos y en la persecución y el asesinato de Ernesto Che Guevara. Rodríguez, que vive retirado en Miami, donde hay una importante comunidad de exveteranos de la CIA, fue la pieza central de las operaciones de la contra en América Central.
Jordan y Berellez llegaron a la conclusión sobre Rodríguez por el mapa de navegación que dibujó Harrison, que era asistente de Ernesto Fonseca, Don Neto, que también fue acusado y purgó condena en México por el asesinato de Camarena. Harrison mencionó directamente a Bartlett de ser actor importante en el asesinato de Camarena y de Manuel Buendía, el columnista político más influyente del último cuarto del Siglo XX, que estaba investigando un mes antes de su muerte la relación de políticos mexicanos con el narcotráfico. Buendía me había comentado poco antes de que lo mataran que había encontrado la pista del contrabando de armas desde Texas a Honduras a través de México. Tras su muerte, Excélsior documentó la participación del Cártel de Guadalajara en esa operación, donde en pipas de Pemex metían drogas a Texas y regresaban con armamento.
En los 90 publiqué en El Financiero un informe confidencial que realizó un grupo al mando de Samuel del Villar, que trabajó en Los Pinos con el presidente Miguel de la Madrid como el arquitecto del proyecto de renovación moral, que concluyó que el asesinato de Buendía se decidió un mes antes de ejecutarse a finales de mayo de 1994, autorizado por Bartlett y el entonces secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, bajo el supuesto que el columnista tenía detalles de la narcopolítica mexicana. Bartlett siempre ha negado enfáticamente todas las imputaciones sobre los crímenes de Camarena y Salazar que, sin embargo, nunca han dejado de perseguirlo, incluso con afirmaciones de que si viajara a Estados Unidos podría ser detenido, lo que nunca ha desmentido, ni se sabe de alguna visita a ese país en estos largos años. Arévalo Gardoqui fue señalado en Estados Unidos de estar metido en el tráfico de marihuana.
En 1987 el coronel North fue encontrado culpable de encubrimiento y acciones ilegales en el caso del Irán-Contras, y contra su voluntad, Reagan lo tuvo que correr. En 1991, el presidente George H.W. Bush, exdirector de la CIA, lo perdonó y se convirtió en comentarista de Fox News –la cadena preferida de Trump– y representante de la poderosa Asociación Nacional del Rifle. Aquel episodio se cerró, dejando solo abierto y vivo a partir del testimonio de Harrison, el asesinato de Camarena y la presunta responsabilidad de Bartlett en aquel crimen que narcotizó la relación bilateral con Estados Unidos y que hoy cobró una nueva vigencia con la acusación de Trump que existe una “inaceptable alianza” entre el gobierno y los cárteles de la droga.

[email protected]
X: @rivapa_oficial