Veintinueve figuras del narcotráfico de alto perfil desterradas a Estados Unidos el jueves pasado por encima de las leyes mexicanas, fue una acción sin precedente que podría definir la Presidencia de Claudia Sheinbaum. La expulsión de criminales que abarcan tres generaciones de narcotraficantes a lo largo de casi 40 años, estuvo sobre la mesa de la presidenta desde hace varias semanas, pero fue hasta las vísperas del fin del ultimátum del presidente Donald Trump para que a cambio de cancelar aranceles vieran resultados hacia la eliminación de la “intolerable alianza del gobierno” con el crimen organizado y el combate al fentanilo, que se apresuró la acción.
En Washington no le agradecieron –salvo un reconocimiento tímido del secretario de Estado, Marco Rubio, un día después–, pero le mandaron posteriores recordatorios de lo que realmente quieren: que entregue a funcionarios ligados con los cárteles de las drogas. Aunque no lo han dicho con todas sus letras, las declaraciones sobre la vinculación del gobierno con los cárteles, parecen estar centradas en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque nunca existió esa demanda antes y hoy la han fraseado en ese sexenio.
Hay una gran paradoja para López Obrador en lo que se está viviendo. Fue él quien le metió a Trump la idea de que en México había un “narcoestado”, cuando a cambio de hacer todo lo que quisiera en materia de migración, que era su prioridad, lograra que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Dallas a fines de 2019, imputara a decenas de políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación y periodistas en el periodo del neoliberalismo, que le facilitaría la demolición del régimen vigente.
García Luna se negó a declarar contra los apuntados en la lista. En cambio, en septiembre del año pasado escribió una carta desde la cárcel en Brooklyn poco antes de que lo condenaran tras ser encontrado culpable por un jurado de recibir dinero del Cártel de Sinaloa, donde aseguró que había registros –evidencias– de los gobiernos de ambos países sobre la vinculación de López Obrador con el crimen organizado. En ocho años, el “narcoestado” que buscó infructuosamente que Estados Unidos le desmantelara, tuvo un giro radical, perfilando Trump una versión mexicana del Proceso 8000 que se vivió en Colombia.
El Proceso 8000 se dio en los 90, cuando el Cártel de Cali, que contribuyó a la caída de Pablo Escobar y el Cártel de Medellín, incrementó su capacidad militar y económica y comenzó a penetrar estructuralmente al poder político. Las nuevas leyes electorales colombianas le facilitaron inyectar recursos a la campaña presidencial de Ernesto Samper –que fue absuelto en dos ocasiones por el Congreso–, y para las legislativas. La infiltración del narcotráfico en las estructuras políticas no ha desaparecido, y el presidente Gustavo Petro está luchando contra las acusaciones formuladas por su hijo de que su campaña recibió dinero del narcotráfico.
Las analogías entre México y Colombia llevan años. La entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, equiparó en 2010 a los cárteles mexicanos con los colombianos de los 90 por sus tácticas guerrilleras y el uso de autos bomba. Trump, sin trazar paralelismos, ha vinculado estructuralmente a los cárteles mexicanos con el régimen que comenzó a construir López Obrador. Tener capos en sus cárceles no lo satisface. Lo que hizo Sheinbaum, López Obrador se había negado a hacerlo, señaló la procuradora general Pam Bondi, horas después de que les entregaran a los 29 criminales. Lo que busca Trump, lo delineó el viernes en una entrevista con la revista británica The Spectator, al anticipar que pediría a Bondi una investigación a políticos mexicanos para establecer sus vínculos con los cárteles y el tráfico de fentanilo.
La entrega de 29 narcotraficantes no detuvo las amenazas militares contra México. Son amagos imposibles de saber si se cumplirán, porque la virulencia de Trump en las relaciones internacionales deja abierta cualquier posibilidad. Lo que existe actualmente son grandes similitudes con lo que se hizo hace casi tres décadas en Colombia. Una es el Proceso 8000 y otro el Plan Colombia, donde el papel central para combatir a los cárteles y frenar el tráfico de drogas, lo tuvieron la CIA, por encima de la DEA, y el Pentágono, que capacitó a las Fuerzas Armadas colombianas.
En México, desde el secuestro de Ismael El Mayo Zambada el año pasado, la DEA quedó relegada a un segundo lugar en el combate al narcotráfico en este país. La CIA está tomando ese papel, con la intensificación de las actividades de espionaje humano y tecnológico. Bajo la nueva dirección de la CIA está en marcha la planificación de operaciones clandestinas para recolectar información –mediante drones– que permita combatir y desmantelar a los cárteles, que en esta fase no está claro si como en Colombia, donde en coordinación  con el gobierno sudamericano, la CIA planeó asesinar a los líderes de las FARC, que había pasado de ser una mera guerrilla a un cártel de drogas.
Se desconoce hasta dónde está colaborando realmente el gobierno de Sheinbaum en las acciones militares y de espionaje estadunidenses contra los cárteles mexicanos, porque luce descolocado ante las crecientes acciones ofensivas. Y las contradicciones públicas en las que incurren en su gobierno, no permiten determinar qué sabe y qué desconoce de lo que está haciendo la Administración Trump. Sin embargo, el calor de la narcopolítica continúa subiendo y presionando a Palacio Nacional.
Ante esto, Sheinbaum está dejando de actuar ortodoxamente. El destierro de 29 narcotraficantes cruzó una raya que la coloca distante de su predecesor y mentor López Obrador, que ignoró los pedidos de extradición de varios de los capos de las drogas que fueron entregados en Estados Unidos el jueves. Se sabe parcialmente que varios de ellos y algunos otros de los que capturó el actual gobierno, tienen información que pudiera ser comprometedora para figuras del nuevo régimen, lo que lleva a la pregunta si Sheinbaum, para salvar su gobierno y darle viabilidad a la Presidencia, está políticamente dispuesta a continuar el camino que empezó el jueves pasado y cortarse una pierna para que la gangrena no le contamine el resto del cuerpo.

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Eduardo Fernández*, el poderoso y temido presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los 90’s, soberbio, perverso y explosivo, quedó exhibido como un extorsionador. El juez Cuarto en Materia Civil en la Ciudad de México falló en su contra en septiembre pasado por un intento de extorsión contra Televisa y ordenó la publicación de extractos de la sentencia en desagravio de a quienes quiso chantajear. Esta semana Fernández hizo público el expediente en Reforma, y en El Universal apareció una síntesis del veredicto. Fue el tercer litigio que perdió ante Televisa. El primero fue en el 11º Distrito Judicial en Miami, y el segundo ante la Audiencia General en Madrid.
Aquí, el juez determinó que Fernández actuó con “real malicia”, y le ordenó no difundir información sobre la empresa, sus filiales o sus ejecutivos, como lo había hecho previamente en The Wall Street Journal y en Aristegui Noticias, advirtiéndole que de insistir en lo que llamó sus “intimidaciones” o en la difusión de cualquier dato sobre la situación financiera y bursátil de la empresa, tendría que pagar 50 millones de pesos por daño moral.
La extorsión, que se detalló en este espacio hace un año, tiene como punto de ebullición la carta que envió a los ejecutivos de Televisa el 14 de marzo de 2023, con base en la denuncia que interpuso la empresa dos semanas después en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con un “anexo” de dos puntos escandaloso por las pretenciones de Fernández, una “contraprestación” de 250 millones de pesos y un plan detallado de cómo quería que la entregaran. No tiene desperdicio el alcance de sus ambiciones.
La “contraprestación”, indicó en la carta, debía ser entregada en billetes “de la más alta denominación posible o el equivalente en USD en billetes de 100, o una combinación”. Una vez que juntaran el dinero en efectivo, “personal de ustedes me traerá los paquetes en un vehículo de carga apropiado, sin logos, de no más de 2.20 metros de altura total, 2.10 metros de ancho total y máximo 7.6 metros de largo”.
“Dicho personal estacionará el vehículo en la cochera del edificio cuya dirección se especifica enseguida y entregará el o los juegos de llaves en la pequeña recepción de la misma planta baja”, especificó. La dirección que proporcionó en Ejército Nacional era la de su oficina, y probablemente las dimensiones del vehículo tenían que ver con el elevador de automóviles que tiene el edificio donde se ubica.
Las instrucciones eran precisas. El dinero tendría que ser entregado el miércoles 29 de marzo de 2023 a las 7 de la mañana, y el vehículo sería devuelto el 31 de marzo a las cinco de la tarde en Goethe, una calle aledaña a su oficina. Las llaves las recogerían en la planta baja del edificio donde está su oficina. Su mentalidad al momento de escribir el anexo parecía más la de un criminal que la de un financiero, aunque no se entiende que alguien conocedor pidiera dinero en efectivo, conociendo las dificultades para bancarizarlo.
Fernández es una persona que conoce perfectamente las regulaciones bancarias y financieras, aunque también sus lagunas legales. Durante seis años fue el terror de los empresarios, como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, donde tuvo más poder de lo que hoy en día podrían sumar el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Era el arma financiera del gobierno, al emitir opiniones para que la Secretaría de Hacienda pudiera querellarse por delitos bancarios, bursátiles y financieros, donde su poder radicaba en que era él quien sancionaba quién permanecería libre y a quién encaminaba a la cárcel.
Empresarios y abogados que padecieron sus años en la CNBV recuerdan que eran convocados a reuniones secretas en la sede de la Comisión en Plaza Inn, por las noches, en un piso vacío donde había una gran sala de juntas con el logotipo de la dependencia, donde discutían la posibilidad de emitir opiniones de no delito a cambio de dinero. Nunca hubo denuncias por miedo, y cuando algún empresario no aceptó el arreglo propuesto y se atrevió a dar un paso adelante, terminó detenido en el Campo Militar Número 1, como sucedió en un caso específico, que recuperó la libertad hasta que el presidente Zedillo lo ordenó.
Fernández vivió tiempos turbulentos cuando dejó la CNBV, y quedar marcado como el operador del Fobaproa, el rescate bancario por el cual los mexicanos seguimos pagando su deuda, pero sobre todo por sus aventuras ilegales. Fue puesto bajo arraigo a principios de siglo acusado de haber vendido al PRI en 25 millones de pesos información bancaria secreta sobre Amigos de Fox, el grupo que llevó a Vicente Fox a la Presidencia. Después de librarse de la cárcel, fundó una pequeña casa de bolsa en Nueva York que manejó durante tres años algunas cuentas de ejecutivos de Televisa.
Su negoció quebró y sus deudas crecieron. Pidió ayuda a los ejecutivos hace unos tres años, que se la ofrecieron, sin efectivo de por medio. Indignado, recicló una denuncia contra la empresa en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, pese a que en 2016 la había exonerado, amparándose en el sistema de recompensas para whistleblowers (soplones). Su denuncia no prosperó y tampoco lo gratificaron. Un año y medio después escaló las presiones contra los ejecutivos de Televisa, que respondieron con la denuncia de extorsión en su contra, que la sentencia del juez selló encontrándolo culpable del delito. Su historia bien merecería una serie sobre la caída de un poderoso funcionario, temido por muchos en su momento, que terminó delincuente.
* Para efectos de transparencia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso donde el juez, ilegalmente, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecido la pena económica a esa empresa.
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Dos procesos de extradición en estos días, uno exitoso y otro fallido, han pasado casi desapercibidos. El exitoso es el de Jesús Ricardo Patrón, apodado el H-3, líder de la organización criminal nayarita que surgió de los restos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que este lunes llegó a la Corte de Brooklyn con pase automático a la cárcel. El fallido es el nuevo amparo que obtuvo Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, acusado del asesinato y tortura del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Con el primero regresa a la turbulencia el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa; con el segundo se sigue cumpliendo una decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Caro Quintero purgaba una condena por 40 años de prisión cuando en 2013, luego de haber estado en la cárcel 29, fue liberado por un tecnicismo legal –que fue juzgado en tribunales federales y no en uno local por el delito de homicidio–, ante el descuido de la entonces Procuraduría General de la República. Su liberación enfureció al gobierno de Estados Unidos porque el viejo capo desapareció de la escena pública. Ante la falta de respuesta del gobierno, la DEA promovió un juicio civil en 2019 para lograr su extradición.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador no cambió la actitud del nuevo gobierno, y desde un principio comenzaron las presiones para su detención y extradición. William Barr, el entonces procurador en el primer periodo de Donald Trump se lo pidió varias veces al gobierno mexicano, pero se quedó esperando. El gobierno de Joe Biden mantuvo la exigencia pero también lo ignoraron. Cansados de las mentiras de López Obrador, el 12 de julio de 2022 cambiaron los términos institucionales.
Durante una visita de trabajo a Washington, poco antes de entrevistarse con Biden, López Obrador fue a un desayuno con Kamala Harris a la residencia oficial de la entonces vicepresidenta, en el Observatorio Naval, donde lo único que no existió fue cordialidad. Harris le exigió la captura y extradición de Caro Quintero. Para que no hubiera más pretextos, Harris le dio las coordenadas en donde podían encontrar al criminal, que para entonces ya había creado una nueva organización de narcotráfico, el Cártel de Caborca, y demandó que la Marina hiciera el operativo.
El viernes siguiente, Caro Quintero fue detenido por un comando de la Marina. López Obrador cedió a las presiones, pero su equipo de ideólogos, un grupo de aventureros radicales e ignorantes encabezados por el monero de La Jornada, Rafael Barajas, El Fisgón, le sugirió que no lo extraditara. Esa fue la decisión, que había sido incentivada por algo más. Abogados en la Corte Este de Distrito en Brooklyn, saben que Caro Quintero inyectó dinero a las campañas de Morena, que entregaba personalmente un familiar del viejo capo a López Obrador.
Parece una locura que esto sucediera, porque un presidente o un funcionario de alto nivel no tiene jamás ese tipo de contactos. No fue el caso de López Obrador, que tuvo otro tipo de encuentros, algunos poco frecuentes u otros regulares, como un influencer de Culiacán que solía llevarle mensajes de Los Chapitos, producto de comportamientos inexplicables, si eran derivados de su soberbia, de su profundo descuido o si pensaba que nunca iba a tener consecuencias. Caro Quintero, mientras tanto, sigue blindado en México.
La extradición del H-3, por otra parte, fue anunciada el lunes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que sea juzgado en Brooklyn como responsable de tráfico ilegal de miles de kilos de drogas y asesinatos múltiples. La “H” es referencia a quien fuera el último líder de la organización original, Héctor Beltrán Leyva, y el “3” obedece a que sustituyó al H-2, su hermano Juan Francisco Patrón, abatido por la Marina en 2017. El gobierno mexicano lo entregó sin nada a cambio, como podría haber sido con Ismael El Mayo Zambada.
Esta extradición tiene otras probables implicaciones para el Ejército, ante la posibilidad de que se reactive en Estados Unidos el caso contra el general Cienfuegos, que fue detenido en Los Ángeles en 2020 luego de haber sido imputado por el H-2 y su lugarteniente David Silva Gárate, el H-9, de haber recibido sobornos de esa organización criminal para protegerlos y lavar dinero. Cienfuegos fue liberado pocas semanas después por presiones del gobierno mexicano. Barr explicó que la repatriación del general se había hecho a fin de preservar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, por consideraciones políticas, pero los fiscales subrayaron que no cerrarían el caso.
La acusación contra el exsecretario de Defensa no se sostenía. Incluso, el Departamento de Justicia notificó oficialmente que todas las pruebas del caso eran los chats entre los criminales que le habían enviado, donde hacían referencias del general que se probaron falsas en modo, tiempo y lugar. Sin embargo, luego del juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quedó claro que bastan las declaraciones de criminales para obtener beneficios a cambio de declarar lo que pidan los fiscales para conseguir condenas, sin que les exijan pruebas y evidencias de sus señalamientos.
La extradición del H-3 intriga. ¿Por qué él sí y Caro Quintero no? ¿Acaso hay una mente en el obradorismo que esté calculando desviar la atención pública del estercolero en el que se encuentra la narcopolítica de Morena hacia los militares? Cuando detuvieron a Cienfuegos, la primera declaración de López Obrador fue aceptar su culpa, pero rectificó tras la presión de 18 generales que protestaron la posición del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
En aquel entonces el expresidente chantajeaba al gobierno de Estados Unidos con la migración, que le funcionó muy bien con Trump y Biden hasta que dejó de ser eficaz en 2023. Hoy, el chantaje es contra el gobierno de México por parte del exjefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y no hay muchos espacios para las evasivas y distractores. ¿Un general exsecretario de Defensa puede cambiarse por un expresidente o un gobernador? Si esa es la respuesta a las incógnitas, lo veremos con el tiempo.

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El fiscal Alejandro Gertz Manero llegó ayer al rescate de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gobierno, que desde el viernes había entrado en una espiral descendiente al haberles arrebatado la narrativa y la agenda un criminal, Ismael El Mayo Zambada. En respuesta al chantaje del exlíder del Cártel de Sinaloa para que intervinieran y lo repatriaran pues de lo contrario provocaría un colapso en la relación bilateral con Estados Unidos, Gertz Manero llegó a poner orden en la mañanera: lo que está pidiendo, ya lo hizo el gobierno mexicano. Su petición era extemporánea. Así extrajo a la presidenta del dilema en que se había metido: ¿defender a un criminal? ¿abandonar a su suerte a un ciudadano mexicano en el extranjero?
Getz Manero dio a conocer algo que no conocía Zambada, ni los mexicanos, ni aparentemente la presidenta, las cuatro ocasiones en que le pidió al gobierno del presidente Joe Biden que lo extraditara. No tuvo respuesta de Washington, pero el procedimiento constitucional sí lo cumplió. ¿Nadie le dijo a Sheinbaum lo que había hecho la Fiscalía General? O ¿no reaccionó adecuadamente para atajar la pregunta y matar mediática y políticamente el embrollo en que la había metido la carta de Zambada donde dejó clara su presión al gobierno mexicano?
La petición reiterada de extradición fue la novedad en la mañanera, que por lo demás reiteró lo que ya había explicado desde octubre, que Zambada fue secuestrado en territorio mexicano y llevado bajo coerción a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades. Gertz Manero recordó que es un caso similar al del doctor Humberto Álvarez Machain, que fue secuestrado en 1990 por caza recompensas, que se lo entregaron a la DEA en El Paso, Texas, curiosamente en donde también pusieron a Zambada a disposición de las autoridades. En el episodio de Álvarez Machain hubo una protesta oficial y sonora del gobierno de Carlos Salinas; en ésta, el silencio ha sido el puente transexenal.
Zambada, de acuerdo con la versión de Gertz Manero, fue secuestrado por su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que en contubernio con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo engañó con una supuesta reunión con el exdiputado federal Héctor Melesio Cuén en un fraccionamiento en Culiacán y lo llevó a un aeródromo con pista de tierra –que se suponía estaba bajo el resguardo del Ejército–, donde lo subió a un avión y se lo llevó a Estados Unidos.
El secuestro fue el 25 de julio, que dejó atónito al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual se agravó dos semanas después con la primera carta de Zambada el 10 de agosto, donde imputaba a Rocha Moya. Dos días después, la Fiscalía General abrió una investigación acusando a los dos de posibles delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, además de homicidio y privación de la libertad. López Obrador paró todo lo que afectara a Rocha Moya y ayer Gertz Manero solo habló del delito de traición en contra de Guzmán López, sin mencionar que como con Zambada, solicitó su extradición para ser juzgado en México por ese delito.
Pero para efectos de primer impacto, el fiscal se llevó la mañana. Si la primera carta de Zambada noqueó a López Obrador, la segunda le quitó el piso al gobierno de Sheinbaum. Su aparición en Palacio Nacional le volvió a poner una base al régimen, y frenó su caída libre. La presidenta Sheinbaum no tuvo la energía retórica el viernes pasado para responder a bote pronto la carta que entregaron los abogados de Zambada el día anterior en el consulado de México en Nueva York donde amenazaba a su gobierno de provocar un conflicto con Estados Unidos si no tomaban su caso de repatriación.
Sus ambigüedades y falta de firmeza en las respuestas propició que creciera la percepción en la opinión pública y las redes sociales que estaba protegiendo a Zambada. No hubo ningún elemento objetivo que permitiera llegar a esa conclusión, pero la fuerza de las percepciones pasó sobre de ella. Contribuyó negativamente que brotara información que uno de los abogados de Zambada está muy vinculado a varias personalidades de Morena, y que entre las fotografías que también vieron salida pública, estuviera una de ella saludándolo durante una serie de actos oficiales en varios lados, que profundizó la crisis de comunicación política hasta la mañana del martes.
Gertz Manero la frenó, pero es efímero. Aportó soporte legal para atajar la demanda de Zambada, pero quedan abiertos otros agravios y no neutraliza futuras acciones del narcotraficante. Tampoco neutraliza al cerebro que está detrás de las comunicaciones públicas del exlíder del Cártel de Sinaloa, que ha logrado que las cartas tengan una difusión mundial. Se mantiene el desdén del gobierno de Estados Unidos con México, y hasta hoy no le ha informado cómo se ejecutó el secuestro de Zambada. Contra la versión del fiscal, la del gobierno estadunidense es que la ejecutó el FBI y la Oficina de Investigaciones, del Departamento de Seguridad Interna, que combate al terrorismo a nivel mundial.
Parte intrínseca de ese desprecio fue cuando ofrecieron al gobierno de López Obrador información de la captura. Una decena de ministerios públicos que acompañaron al director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, Felipe de Jesús Gallo, a El Paso, fueron retenidos en un salón por horas, mientras que a su jefe lo llevaron a recibir datos adicionales, muy pocos, sobre la operación.
El potencial de problemas futuros para Sheinbaum y su gobierno no para ahí. En algún momento vendrá la tercera respuesta de Zambada. Gertz Manero le puso un freno, pero no lo detendrá. La primera carta tuvo como propósito denunciar a Rocha Moya, y la segunda se dio en el contexto de la fotografía del gobernador con Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena, entregándole su credencial de militante respaldando abiertamente a quien considera que lo traicionó. La segunda amplió el abanico de imputaciones a funcionarios y políticos de alto nivel.
Siguiendo la lógica, la tercera elevará el costo para el gobierno y para México.

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El primer colapsado de la carta de Ismael El Mayo Zambada publicada el viernes pasado, fue Juan Ramón de la Fuente. En la mañanera de ese día, al responder a una pregunta sobre el escrito, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que ese mismo día le había informado el secretario de Relaciones Exteriores que el abogado de Zambada la había entregado al consulado de México en Nueva York. El dato pasó desapercibido pero subrayó lo que es de muchos conocido: la incompetencia de un canciller de papel.
La carta le generó un problema de opinión pública a la presidenta –muy importante en Palacio Nacional, donde como sucedió con su predecesor Andrés Manuel López Obrador, el éxito de su gestión se mide en la popularidad, no en su efectividad como gobernante-–, por la forma como respondió. No tuvo Sheinbaum tiempo para que con su equipo político y jurídico la revisaran y prepararan respuestas, porque De la Fuente, metafóricamente hablando, se quedó dormido.
Si el horario de atención al público de lunes es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, el abogado de Zambada que llevó el escrito de su cliente al consulado tuvo que haberlo dejado antes de cerrarse las puertas. Si la diferencia de horario con la Ciudad de México en esta temporada es de una hora, pasadas las 5 de la tarde aquí debieron haber notificado a la cancillería en México para alertarla que acababan de recibir un documento de El Mayo Zambada. Sin saberse si lo hicieron o no, el hecho es que la presidenta se enteró más de 12 horas después.
¿Qué estaba haciendo el canciller De la Fuente? Lo que sea, menos su trabajo. La carta de Zambada reflejó mucho más. Acusó a la cancillería de no prestarle ayuda consular, lo que más allá de los crímenes por los que lo imputan en Estados Unidos y México, es un incumplimiento de sus funciones. Todavía más grave, en el señalamiento se deja ver que el consulado de México no ha estado atento al proceso que se le lleva en Brooklyn, como debería haberse hecho. Incluso durante el juicio del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que rechazó la ayuda consular, un funcionario acudía regularmente a las audiencias.
Este episodio es el último de una serie de tropiezos que ha tenido De la Fuente como canciller que han dañado al gobierno de Sheinbaum. Por ejemplo, fue uno de los principales voceros del optimismo ante las amenazas del entonces presidente electo Donald Trump, asegurando que no iba a imponer aranceles y que blofeaba. Su deficiente análisis fue resultado de su incapacidad para haber podido establecer comunicación informal y extraoficial con el equipo de transición de Trump, que le hubiera permitido medir mejor la temperatura en la que se encontraba Mar-a-Lago.
A la vista de muchos, De la Fuente se ha convertido en un actor de reparto en la relación bilateral. Durante los dos anteriores gobiernos las cabezas de la relación con los gobiernos de Trump y Joe Biden fueron los cancilleres Luis Videgaray, Marcelo Ebrard y posteriormente Alicia Bárcena. Hoy, De la Fuente no existe en esa categoría. Ebrard lo ha arrasado y en lo privado, la presidenta ha estado recurriendo a Bárcena para asesoría.
Su estrategia para contener las deportaciones masivas, contratar a más de dos mil 500 abogados para defender a los mexicanos inmigrantes que fueran expulsados a México no ha producido, por lo que se sabe, ni una sola defensa. Salvo que oculte información a la opinión pública, ni siquiera se han dado cuenta cuando los suben a aviones y autobuses para ser deportados. En otra pifia, la presidenta le pidió la semana pasada preparar un análisis sobre lo que significaba que Canadá clasificara a los cárteles mexicanos como terroristas, que había anunciado el primer ministro Justin Trudeau que haría con dos semanas de antelación. No parece haberlo notado De la Fuente, o si se dio cuenta, no trabajó un análisis.
No extraña. Al día siguiente que capturaron a Zambada en Culiacán, De la Fuente voló a Nueva York con el empresario-compadre del expresidente López Obrador a pasear, en lugar de haber pospuesto ese viaje y preparar documentos informativos y analíticos a la entonces presidenta electa, que ya lo había designado como secretario de Relaciones Exteriores, sobre las implicaciones políticas y diplomáticas. Durante el gobierno obradorista, cuando era el representante de México en las Naciones Unidas y formaba parte del Consejo de Seguridad, reuniones de emergencia sobre crisis internacionales lo llegaron a tomar desprevenido en la Ciudad de México, en conciertos de jazz.
De la Fuente goza de gran prestigio, pero parece ser más resultado de su enorme talento para las relaciones públicas que por su eficiencia. La presidenta prefirió consultar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre las implicaciones legales y políticas de la designación en Estados Unidos de los cárteles mexicanos como terroristas, que acudir por la asesoría jurídica de la cancillería.
El ambiente en Palacio Nacional sobre la gestión de De la Fuente se ha ido deteriorando por sus desatinos. Uno que tiene que ver con omisiones, es que los cambios en el Servicio Exterior naturales con los cambios de gobierno se tuvieron que aplazar porque se les olvidó pedir recursos presupuestales para los menajes para el cambio de países. El otro con un comportamiento que empiezan a criticar en el entorno de Sheinbaum, que tiene que ver con la percepción de que el canciller trabaja menos de lo que se esperaría de un funcionario con su nivel de responsabilidad.
La victoria de Trump en las elecciones de noviembre colocó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en una posición estratégica, pero De la Fuente no estuvo a la altura. Ebrard y Altagracia Gómez, la amiga de Sheinbaum que encabeza el Consejo Asesor Empresarial, son quienes controlan la agenda bilateral con Estados Unidos, junto con el gabinete de seguridad. Pero el canciller no tiene de qué preocuparse. No hay nada en el futuro mediato que sugiera un relevo. Para efectos protocolares, seguirá siendo la cara de la política exterior.

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La primera bomba que lanzó Ismael El Mayo Zambada contra el poder político en México, el 10 de agosto pasado cuando imputó al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya como cómplice de la organización criminal, tuvo apenas una foja y media de extensión. La segunda dada a conocer el viernes pasado, tiene 33, y está cargada de precedentes judiciales y una bomba contra el gobierno mexicano, que exhibió la trampa en la que él mismo se metió. Zambada también utilizó su caso para advertir que seguir jugando a la avestruz en Palacio Nacional, podría llevar a que funcionarios y políticos mexicanos sigan su suerte.
Zambada, por décadas líder del Cártel de Sinaloa, tiene la razón jurídica. Su escrito noqueó al gobierno.
Sí fue privado de su libertad en territorio mexicano y trasladado de manera coercitiva a Estados Unidos sin autorización ni conocimiento de las autoridades mexicanas. México fue “pasivo” y “omiso” en defenderlo como cualquier ciudadano, subordinándose ante un gobierno extranjero. Ciertamente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador nunca denunció de manera oficial la ilegalidad estadunidense, y su preocupación se enfocó a saber cómo lo habían capturado. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo mismo. Estados Unidos, bajo las administraciones Biden y Trump se han burlado de México pisoteando su soberanía.
El escrito de Zambada donde pide su repatriación problematizó su caso en el contexto de la relación bilateral y metió a Sheinbaum en una contradicción, quien extrañamente respondió pidiéndole a la Fiscalía General revisar el caso, aunque el fiscal Alejandro Gertz Manero ya lo analizó, y el 29 de octubre, en una mañanera frente a ella, explicó detalladamente que el secuestro estaba probado y se había cometido en México. Sheinbaum no ordenó en ese momento un extrañamiento al gobierno estadunidense ni pidió iniciar un proceso legal para que Zambada fuera repatriado. Se quedó callada.
Haberlo hecho no significaba apoyar al capo, sino defender la soberanía mexicana. Estados Unidos violó la ley y el tratado firmado en 1994 que prohíbe los secuestros transfronterizos, aunque hasta la fecha no ha sido ratificado por el Senado norteamericano. No obstante, la defensa de Zambada señaló que aún sin ratificación debía haber sido respetado.
Ese tratado, negociado por el gobierno del presidente Carlos Salinas, fue resultado de la protesta por el secuestro de Humberto Álvarez-Machain, a quien la DEA acusó de mantener con vida a su agente Enrique Camarena para que lo torturara el Cártel de Guadalajara en 1985, que fue llevado ilegalmente a Estados Unidos. Previamente, el presidente Miguel de la Madrid ordenó que los agentes de la DEA tendrían que ser identificados como tales, sin disfrazarse de diplomáticos. A finales de 1992, un juez federal en Los Ángeles ordenó que Álvarez Machain fuera repatriado a México.
Aunque no se sabe sobre qué bases legales mantiene Estados Unidos a Zambada preso en Brooklyn, sujeto a proceso, es posible que su argumentación se centre en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de junio de 1992, cuando al señalar que no era importante el método que se hubiera empleado para llevarlo ante la ley estadunidense, estableció el controvertido principio de la extraterritorialidad. Hay otro delito que se cometió contra las leyes migratorias, ignorado por Estados Unidos: Zambada entró de manera ilegal a Estados Unidos, por tanto es indocumentado y debían haberlo deportado. Es el único “criminal”, como definió la vocera de la Casa Blanca recientemente a los indocumentados, a quien no quieren deportar.
En su carta, Zambada urgió al gobierno de México a intervenir para que su asunto “no resulte en un colapso en la relación bilateral porque no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades” estadunidenses. ¿Qué significa esto? Como hipótesis de trabajo se pueden plantear las siguientes:
1.- Información sobre la participación del FBI y el área de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Interna, una oficina poco conocida que tiene bajo su responsabilidad combatir internacionalmente el crimen y el terrorismo, en su captura.
2.- Detalles del presunto acuerdo de Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos Ovidio y Joaquín Guzmán López con el gobierno de Estados Unidos para facilitar su detención y traslado a ese país, a cambio de beneficios y la posibilidad de que los dos últimos sean testigos cooperantes del Departamento de Justicia.
3.- Información de su larga cooperación con la DEA en México, que incluye haberles entregado información sobre El Chapo Guzmán que llevara a sus capturas, y sobre otros líderes criminales rivales del Cártel de Sinaloa.
4.- Información sobre sus nexos con gobernadores, líderes de Morena y altos funcionarios del gobierno anterior, incluido un presunto encuentro con López Obrador en la Sierra de Durango.
5.- Información sobre presuntos financiamientos de campañas presidenciales.
Esto es una doble amenaza en la carta contra ambos gobiernos, además de una advertencia a la presidenta Sheinbaum. “La pasividad que ha mostrado el gobierno mexicano refleja la subordinación de México ante los Estados Unidos… y si el gobierno de México no actúa…, seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda”, apuntó. “Además, esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía interviniendo para la detención de cualquier persona incluso políticos o funcionarios del Gobierno para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”.
La carta de Zambada revela un sentir de abandono legal por parte del gobierno de México, que explica el énfasis en su exigencia y planteamiento de lo que puede hacer si no actúan. La presidenta está en un dilema donde no gana bajo ningún escenario. El tiempo para defenderlo legalmente, políticamente ya expiró, y hacerlo ahora llevaría a la pregunta del porqué no se hizo en su momento. Mantener el discurso de reclamar información sobre cómo fue la captura sin ir a nada más, agudizará la nueva crisis que abrió El Mayo. Difícilmente Estados Unidos lo repatriará –¿qué podría darle a cambio Sheinbaum?–, por lo que hoy no se ve nada en el horizonte salvo la mecha prendida en la bomba.

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A menos de un mes y medio de haber asumido como presidentes municipales de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro aparecieron en un video de 40 segundos hablando con Júpiter Araujo Bernard, apodado El Barbas, uno de los líderes criminales en Morelos. No se sabe la fecha exacta de esa reunión, ni en dónde fue. Los acompañaban Samuel Márquez, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, Jorge Bazán, director de Mercados Municipales y Jorge Reyes, líder de los comerciantes cuautlenses, alrededor de una mesa de metal donde solo había bebidas sin alcohol. No tiene audio, pero por el lenguaje de los cuerpos estaban relajados.
El video que circuló a nivel nacional en las redes sociales hizo voltear a muchos sobre lo que ha estado sucediendo en Morelos desde hace unos 15 años y que se profundizó en cuanto a putrefacción y colusión institucional durante el reciente gobierno de Cuauhtémoc Blanco, actualmente diputado federal de Morena. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada atrajo el caso por las armas de uso exclusivo del Ejército que se ven en el video y abrió una investigación sobre presuntos nexos con criminales.
Morelos no ha estado bajo el escrutinio público por razones inexplicables, pese a que desde principios de 2022 El Sol de México publicó una fotografía de Blanco con los líderes de Guerreros Unidos y el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, tomada en la iglesia de Yautepec el 12 de diciembre de 2018. Tan cerca de la Ciudad de México, que le regala entre 300 mil y 500 mil visitantes cada fin de semana, y tan lejos de todo. Las historias de violencia fueron creciendo en los últimos meses, con robos y secuestros en la autopista, y asaltos a restaurantes en las zonas de descanso preferidas por los capitalinos, pero hasta ahora, paradójicamente gracias al video, las cosas podrían comenzar a cambiar.
El estado es un microcosmos de lo que sucede en otras regiones del país, donde las redes criminales y la política son uno mismo. Dieciocho de los 36 alcaldes, además de algunos diputados y exlegisladores, están presuntamente vinculados con el crimen organizado. Operan 14 grupos criminales en la entidad, reveló el secretario de Seguridad Pública Miguel Ángel Urrutia, durante una entrevista en el programa “Con los de Casa”, del periódico El Universal, donde describió el desastre en toda la infraestructura de seguridad y el abandono que encontró el nuevo gobierno de Margarita González.
Urrutia solo pintó un pano-rama general, sin entrar en deta-lles de la tragedia que vive More-los y la forma como las diferentes organizaciones criminales, algu-nas conectadas o filiales de los grandes cárteles mexicanos –tres de los que operan en el estado fueron declarados “terroristas” este miércoles por el gobierno de Estados Unidos–, controlan con plata o plomo algunas regiones del país, o donde se encuentran enfrentadas por la supremacía.
Desde hace casi una década El Barbas es el jefe de toda la zona que se conoce como “los volca-nes”, en las faldas del Popoca-tépetl, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de México, que además de incluir en su territorio de control los municipios de Cuautla y Atlatlahucan, abarca también a Ciudad Ayala, Yecapixtla y Ocuituco. El exalcalde de este último municipio, Hugo Boba-dilla, que sufrió un atentado en 2022, es esposo de la diputada federal Tania Valentina Rodrí-guez, ambos del PT, que denunció que hay una persecución contra su familia por parte de la gober-nadora González. Los dos, quizás no coincidentemente, tienen una estrecha relación con Uriel Car-mona, de quien pidió González recientemente su destitución.
El Barbas encabeza la célula criminal que depende de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, encabezada por el hijo de Ismael El Mayo Zambada, y que está ganando la guerra dentro de la principal organización criminal en el continente a Los Chapitos, encabezada por Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que se está enfrentando con los remanentes de Guerreros Unidos, quienes cometieron el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa en 2014, y con el Comando Tlahuica, una organización que de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa, estaba directa-mente relacionada con el exgo-bernador Blanco.
Todavía más cerca de la Ciu-dad de México, a 60 kilómetros, comienza el corredor criminal Huitzilac-Cuernavaca, que tam-bién se conoce como “la zona norte” del estado. En esa región operan Los Mayas, que también se denominan “Los de siempre”, que durante mucho tiempo han utilizado las zonas bajas de la serranía, a unos dos kilómetros de la autopista, como santuarios para secuestros exprés, como sucedió en noviembre, cuando privaron de su libertad a una famosa chef, Zahie Téllez, y a su esposo, que se detuvieron unos momentos en la carretera.
Los Mayas, durante mucho tiempo dueños de la zona, están enfrentados con La Familia Michoacana, en su vertiente guerrerense, con la que también están luchando por el control de Jiutepec, un municipio al sur de Cuernavaca, donde Los Mayas también tienen un frente abierto con otra banda criminal llamada Los Linos, que están asociados con el cártel Unión Tepito de la Ciudad de México, que tiene el control en el llamado “corredor industrial” entre Jiutepec y Yautepec, que colinda con Cuautla y Tlayacapan.
En el sur del estado, en los linderos con Guerrero, hay una lucha entre Fuerza Morelense y La Familia Michoacana. Fuerza Morelense, formada con restos de lo que quedó de la banda criminal de Los Rojos, está vinculada con el Cártel de la Sierra, también conocida como Los Tlacos, cuyo jefe es Onésimo El Necho Marquina, que es una fuerza criminal en la zona Norte de Guerrero y en Chilpancingo y vinculada con funcionarios del gobierno de Evelyn Salgado. En esa región, como en Morelos, su principal adversario es La Familia Michoacana.
El mapa criminal de Morelos no ha cambiado mucho en los últimos años, pero ninguna autoridad municipal, estatal o federal, había actuado seriamente para desmantelarlos. Incluso, como reveló Urrutia, en toda una década no se giró ninguna orden de aprehensión contra ninguno de sus líderes. Naturalmente, la descomposición y la ingoberna-bilidad, se cuentan solas.

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Es cierto lo que afirma la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no se atreva a identificar directamente a quien va dirigida su afirmación de que quieren debilitarla con filtraciones en la prensa de Estados Unidos y vulnerar a su gobierno. Dice mal al señalar a los mensajeros como los interesados en afectar su posición, aunque es más fácil dispararles a ellos que enfrentar a quienes sabe perfectamente que le enviaron sus recados: altos funcionarios del gobierno de Donald Trump. Lunes y martes le aplicaron una vieja técnica empleada para expresar su molestia con un tema en específico o fortalecer una posición negociadora, cuando le dijeron a CNN y al The New York Times que aviones espías de la CIA estaban sobrevolando el espacio aéreo mexicano con autorización de su gobierno.
Como se explicó ayer en este espacio, las filtraciones son una herramienta de la política exterior de Estados Unidos, y se utilizan para presionar a otros gobiernos por vías informales, con la salida plausible de que las informaciones no fueron autorizadas. También han sido utilizadas para establecer una posición de fuerza en vísperas de reuniones bilaterales. A varios presidentes mexicanos les aplicaron la receta, pero a diferencia de Sheinbaum, no acusaron con molestia el mensaje que recibieron, ni con emociones cruzadas.
Al presidente Miguel de la Madrid lo recibieron en Washington con la publicación de la columna sindicada de Jack Anderson en The Washington Post y en otros 400 periódicos en la víspera de una reunión con el presidente Ronald Reagan que, citando cables de la CIA, señaló que había transferido a Suiza entre 13 y 14 millones de dólares desde que asumió el poder. Las transferencias eran ciertas, pero no para el fin que sugería Anderson, sino para apoyar –por petición de Estados Unidos–, la causa de Nelson Mandela en Sudáfrica.
El gobierno de Reagan estaba muy molesto con la creación del Grupo Contadora y la negativa del gobierno mexicano a avalar una intervención en Nicaragua, que fue una molestia que se trasladó al gobierno de Carlos Salinas, que se topó con otra filtración en The New York Times donde señalaban que estaba financiando al gobierno sandinista, cuando eran solo algunos cientos de lápices que les enviaba. A Porfirio Muñoz Ledo le magnificaron en el New York Post un incidente callejero, que provocó su retiro de la representación en las Naciones Unidas, donde se había convertido en un dolor de cabeza para la embajadora Jeanne Kirkpatrick. Incluso al expresidente Andrés Manuel López Obrador, le cobró la DEA la factura de haber cortado su colaboración con la agencia, filtrando dos investigaciones sobre financiamiento del narco, que fueron canceladas por razones políticas.
El modus operandi del gobierno estadunidense tiene patrones claros. Si se sintió vulnerada la presidenta, su atención debe estar más enfocada a qué sucedió con sus colaboradores que no la alertaron de la posibilidad cuando empezaron a surgir filtraciones, que en responsabilizar a otros de sus deficiencias operativas. Cuando afirma que buscan debilitarla, tiene razón, pero parece que no quiere ver la dimensión de ese esfuerzo. Ayer dijo, con la vaguedad de no quererse meter en más problemas de lo que enfrenta, que “nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de las drogas, o la delincuencia organi-zada. Por supuesto que no”.
En ese punto ya la colocó Trump –el lunes por segunda ocasión este año–, el vicepre-sidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio; el jefe del Pentágono Mike Hegseth; el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Mike Walz; los jefes del Comando Norte, y varios senadores y diputados republicanos y demócratas en el Capitolio.
No la ayudan imágenes como la del sábado pasado en X, donde sonriente aparece el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, con su nueva credencial de militante del partido. Esas imágenes no pasan desapercibidas.
El gobernador fue imputado públicamente por el exjefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, el 10 de agosto del año pasado, de tener relaciones con el narcotráfico y haber estado involucrado en la operación que concluyó con su captura y en la de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien señaló como la persona que lo engañó para acudir a una cita donde estaría Rocha Moya, donde fue detenido y llevado a Estados Unidos. Desde entonces el estado está en guerra. La fotografía no ayuda en nada a la presidenta Sheinbaum en el contexto actual.
Sheinbaum ya debería de haber entendido que en el juego de ligas mayores en el que está, los estadunidenses siempre han jugado con pelota dura. Con Trump, en esta reedición presidencial, las condiciones son aún más difíciles. Ayer, por ejemplo, se designó a seis cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, con lo cual concluyó una discusión de Washington de más de una década, y que tendrá impacto sobre el conjunto de la relación bilateral, que pondrá en riesgo a empresas y personas que hayan tenido algún contacto con el crimen organizado, incluso por la vía del pago de extorsiones, sin dejarse a un lado alguna acción contra las remesas.
Filtraciones, declaraciones y designaciones fueron el coctel de bienvenida en Washington para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que empezará a conversar en una situación de desventaja. Nada nuevo tampoco. En Palacio Nacional deben perder la ingenuidad. Hay mucha historia de donde puede aprender para administrar los embates y evitar perder la cabeza fría.

Nota: En la mañanera de este miércoles, la presidenta Sheinbaum inquirió que “de dónde sacó” (el que esto escribe) que había operaciones de espionaje sobre México. Pues de funcionarios de Estados Unidos citados en la prensa, y que luego admitió ella que se habían dado como parte de un acuerdo de cooperación, contradiciendo lo que afirmó el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, la semana pasada, cuando a una pregunta sobre si los aviones espías que volaron sobre territorio estadunidense estaban espiando a los cárteles, dijo no saber porque no les habían informado nada. ¿Confuso? Sí. La narrativa no está cuadrando.

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Ni un mes demoró al gobierno del presidente Donald Trump para recetar a la presidenta Claudia Sheinbaum su primera lección de filtraciones incómodas. The New York Times y la cadena de televisión CNN revelaron ayer que la CIA está volando drones espías sobre territorio mexicano, en violación de la soberanía nacional, para detectar laboratorios de fentanilo. Sheinbaum podría pedir una explicación al Departamento de Estado sobre esta intromisión y exigir que se detengan estos vuelos. Sin embargo, no lo puede hacer. Los mismos despachos periodísticos señalan que esos vuelos son del conocimiento del gobierno mexicano, que a la vez recibe información de inteligencia que recogen sus drones.
Esto quiere decir llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano, contrario a lo que aseguró la presidenta y el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno, que en público afirma que no permitirían tales acciones. Una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de la Marina entren a México a capacitar infantes de marina mexicanos, si hay permiso no hay violación a la soberanía, aunque deja expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos.
No podía hacer mucho la presidenta para desmentir que conocía de esos vuelos de la CIA y proceder con una protesta diplomática. Optó como suele hacerlo, por la banalidad para desviar que la atraparon con los dedos en la puerta. “Es parte de esta campañita”, respondió.
Las filtraciones son una herramienta de la política exterior de Estados Unidos, y se utilizan para presionar a otros gobiernos por vías informales, con la salida plausible de que las informaciones no fueron autorizadas. También han sido utilizadas para establecer una posición de fuerza en vísperas de reuniones bilaterales.
Eso se vio recurrentemente en momentos difíciles de la relación bilateral en materia de seguridad, cuando aparecían en la prensa de Estados Unidos filtraciones sobre militares o funcionarios mexicanos vinculados con el narcotráfico. Este ABC de las filtraciones en Washington no puede escapar que las de ayer se dieran en la víspera del viaje de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Economía, Marcelo Ebrard, para hablar de dos temas que Trump vincula con lo mismo: aranceles y tráfico ilegal de fentanilo.
Fue un golpe bajo a la novatez del gobierno de Sheinbaum, que no entendió las señales que empezaron a enviarles en Washington desde el 4 de febrero, cuando The Wall Street Journal informó que la CIA estaba cambiando prioridades y que una de ellas sería el combate a los cárteles de las drogas, junto con espionaje sobre sus aliados para negociaciones comerciales. El lunes, The Washington Post adelantó en su edición digital lo del martes, al revelar que la CIA estaba considerando realizar operaciones clandestinas enfocadas en los cárteles de las drogas.
En el caso de México, las filtraciones siempre han cargado detrás una molestia de Washington con el gobierno de México. Su predecesor Andrés Manuel López Obrador lo vivió en la última parte de su sexenio cuando la DEA filtró a tres medios que dos campañas presidenciales suyas habían tenido financiamiento del narcotráfico, pero que las investigaciones fueron cerradas por razones políticas, no porque no tuvieran prueba de ello. Lo que dejó manchado a López Obrador, para utilizar un lenguaje que muchas veces usó, es que sus evidencias mostraron que sí tenían información sobre el narcofinanciamiento pero que se impuso el criterio del Departamento de Estado, acostumbrado a tratar con todo tipo de regímenes en el mundo en función de sus intereses estratégicos y de seguridad nacional.
López Obrador acusó el golpe y fue notable su descomposición en las mañaneras. Sin embargo, como lo hizo Sheinbaum, ocultó que había autorizado vuelos espías para recoger información de los laboratorios de fentanilo y que recibió la información para que actuara en consecuencia. López Obrador, se reveló ayer, no hizo prácticamente nada por desmantelarlos, aunque hizo algunas detenciones. No se sabe si en el caso de Sheinbaum esté utilizando la información para operaciones en lo que llaman diariamente “acciones relevantes” del gabinete de seguridad, o como en el sexenio anterior, finja demencia.
Las cuatro revelaciones en dos semanas reflejan gran prisa en la Administración Trump para saldar cuentas con las organizaciones criminales mexicanas que trafican con fentanilo y la “insatisfacción”, como lo llamó Trump hace 10 días, a lo que está haciendo México en ese campo. Las filtraciones son un apretón de tuercas al gobierno de Sheinbaum, que está obligada a dar una respuesta porque contradice completamente su narrativa pública y la exhibe políticamente. Harfuch y Ebrard llegarán a Washington con el golpe a cuestas y con espacios de maniobra para la negociación disminuidos.
Esto no es algo que no haya sucedido en el pasado. Lo que es diferente es que a partir de lo que han dejado ver las cuatro filtraciones, el gobierno de Trump ha escalado la lucha contra los cárteles en México, militarizando el combate, por un lado, como se explicó la semana pasada en este espacio, y haciendo a un lado, por lo pronto, a la DEA de las funciones primarias contra los cárteles, otorgándole atribuciones ampliadas a la CIA en este campo, que no se veían en América Latina desde el Plan Colombia, que se empezó a instrumentar en 1999.
Las filtraciones colocan a la presidenta Sheinbaum en una situación delicada y vulnerable, tras estos cuatro golpes que el gobierno de Trump escaló en cuestión de días. No se trata de que haya vuelos espías –como las más de dos decenas que ha hecho el Pentágono en la frontera con México–sino dos armas adicionales que están implícitas. Una quedó clara en las revelaciones de ayer, que los drones que están volando sobre México no están armados, pero en cualquier momento podría cambiar la orden y dispararlos sobre objetivos específicos. La otra, no menos compleja, es qué tanto está dispuesta la Administración Trump a ir filtrando a los medios información comprometedora para ella, con el propósito de arrinconarla y obligarla a concesiones que no habría estado dispuesta a ceder en condiciones políticas normales.

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A todos en su equipo sorprendió la presidenta Claudia Sheinbaum cuando adelantó un mes sus propuestas de reformas para la no reelección consecutiva y contra el nepotismo en cargos de elección popular en el Poder Legislativo y las alcaldías. Lo había planeado para principios de marzo y se apresuró Sheinbaum para que trabajaran a marchas forzadas desde el 3 de febrero para presentarlas en el aniversario de la Constitución en Querétaro 48 horas después. Buscó con ese adelanto, de acuerdo con algunos de sus colaboradores, tomar desprevenido a Morena y tratar de neutralizar las resistencias que sabía existirían. Dicho de manera coloquial, “madrugarlos”.
En los análisis en Palacio Nacional se planteaba que las principales resistencias estarían en los senadores Félix Salgado Macedonio de Guerrero, y Saúl Monreal de Zacatecas, que ya se habían apuntado para suceder a su hija Evelyn Salgado y a su hermano David Monreal. Nuevos jugadores se han ido añadiendo, como el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien el pago del servicio que dio al régimen otorgándole el voto que le dio la mayoría calificada para aprobar la reforma judicial, no parece haber terminado de saldarse. Los tres son fuerzas políticas autónomas o por proxy, como el veracruzano, con apoyos en vectores que están, al menos por ahora, fuera de control de Sheinbaum.
El cálculo de la presidenta era correcto; hay resistencias. Lo que no parece haber medido es el tamaño de la oposición que encontraría, de la cual posiblemente no esté enterada porque la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tiene manejo en las cámaras, ni los coordinadores de las bancadas, Adán Augusto López Hernández en el Senado, y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, la mantienen informada.
Sheinbaum enfrenta hoy una rebelión en movimiento emprendida por senadores de Morena, el PT y el Partido Verde, a los que se suman legisladores de la oposición, pero no para frustrarle su reforma, sino para que se acelere, entre en vigor en las elecciones intermedias de 2027, y se amplíe al Ejecutivo, al Poder Judicial y a los partidos.
No quieren que la reforma comience en 2030, como lo propuso Sheinbaum, porque es como un dulce para muchos legisladores en la actualidad, que como no estarían en riesgo sus curules o escaños, podrían votar sin mayor problema lo que quiere la presidenta. La intención de enmendar la iniciativa busca quitarle los incentivos para que voten en automático, y cuando menos analicen y reflexionen antes de votar, que es lo que sucedería con seguridad si la reforma entrara en vigor en 2027.
Los partidos más afectados por la reforma son los aliados en la coalición de gobierno, el PT y el Verde, que han vivido a expensas de las necesidades de los partidos grandes y de los porcentajes que les permiten formar mayorías. Los petistas y los verdes fueron centrales en la composición de la mayoría calificada de Morena, que la logró a costa de entregarles diputaciones y senadurías. Hay algunos de esos partidos que consideran que la iniciativa presidencial es un golpe directo contra ellos.
Las enmiendas que pretenden a la iniciativa presidencial tiene una manzana envenenada, al querer incorporar una provisión para que los familiares de expresidentes hasta en cuarto grado, no puedan acceder a ningún puesto del servicio público o elección popular en 10 años, similar a lo que planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador al comenzar su administración, de impedir legalmente por ese periodo a que al término de sus funciones en el servicio público federal, las y los funcionarios que buscaran integrarse a la iniciativa privada, tendrían un impedimento legal de una década, “para evitar más casos de corrupción e influyentismo”.
El punto que quieren plantear sobre el nepotismo es un sable ardiendo porque afectaría de manera inmediata, a partir de 2027, a familiares del expresidente López Obrador, en particular a su hijo Andrés López Beltrán, que no podría aspirar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, como sugirió en diciembre pasado, para contrarrestar la creciente idea de que el proyecto de su padre, encarnado en él, sería la Presidencia de la República en 2030.
Sheinbaum dejó fuera de su iniciativa al partido y al Poder Judicial, donde podría argumentarse que dos ministras que casi tienen amarrada su reelección –aún antes de votarse–, podrían ser excluidas, Lenia Batres, hermana del exjefe de Gobierno capitalino y actual director del ISSSTE, Martí Batres, y Loretta Ortiz, esposa del finado José Agustín Ortiz Pinchetti, por muchos años camarada de López Obrador y su primer fiscal electoral.
Las palabras con las que acompañó Sheinbaum al anunciar sus iniciativas encajan con algunos, en particular López Beltrán. Sus propuestas, dijo, buscan frenar las prácticas que han permitido que lleguen a puestos de elección popular “personas cuya única valía es contar con un vínculo familiar con quien actualmente está ocupando el cargo” –que no se aplicaría en el caso del hijo del expresidente–, y que las élites “se perpetúen en el poder”, en donde caben López Beltrán, Monreal, Salgado Macedonio y Yunes Márquez, por citar algunos de los más prominentes.
Se prevé que las propuestas de Sheinbaum comiencen a discutirse en el Senado este martes, y si la revuelta contra la presidenta avanza, no será un día de campo para muchos. Menos cuando se enteren los partidos de la alianza gobernante que la presidenta avaló el plan de López Beltrán para colonizar al PT y al Verde, que irían desapareciendo al ir siendo reclutados y registrados como militantes de Morena.
Paradójicamente, en parte le convienen a Sheinbaum las enmiendas, porque le quita poder a López Beltrán para que las listas de candidatos a diputados, a senadores y eventualmente gobernadores durante su sexenio pasen por su despacho, requieran de su aprobación y pueda vetar candidaturas. La ampliación de los sujetos de sus reformas así como adelantar la fecha para que entre en vigor la ley, la fortalecería ante su predecesor y sus testaferros políticos. Lo que falta es que ella vea su viabilidad en esta oportunidad y que la rebelión no sea sofocada.

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