Acorralada y sin control de narrativa y agenda pública. Así está la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya frialdad existencial –que su propaganda vende como atributo coyuntural el reaccionar con “cabeza fría”– la ha metido en una contradicción: no engancharse con las amenazas ante el incendiario discurso de Donald Trump abrió la puerta para que el ala radical del obradorismo esté pidiendo la pena de muerte para aquellos que apoyen al presidente de Estados Unidos, presionándola a asumir posturas extremas en todos los sentidos.
Llevando al absurdo la propuesta formulada por el escritor y propagandista Paco Ignacio Taibo II, funcionario de su gobierno, sería como mandar al paredón a unos 30 millones de mexicanos, que son los que en recientes encuestas apoyan lo que está haciendo el jefe de la Casa Blanca con México. Taibo II, uno de los ideólogos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es la representación tropical de José Stalin hace casi un siglo, cuando ordenó la gran purga contra los disidentes del régimen comunista –opositores, socialistas y anarquistas–, y el asesinato de alrededor de un millón y medio de personas en la extinta Unión Soviética. Y hoy es un acicate ardiendo contra la presidenta.
No es la primera vez que el ala dura del obradorismo la presiona. En las últimas semanas se han visto varias expresiones públicas de ello por diferentes motivos, aunque en ningún momento se había llegado al extremo de Taibo II, que planteó en el Canal 11, que es gubernamental, llevar a los mexicanos al Cerro de las Campanas, “donde todavía hay tierra”, para fusilarlos. Aunque pueda ser una declaración metafórica, representa una línea de pensamiento dentro del régimen, crecientemente provocadora y hostil que le está acotando a la presidenta espacios de maniobra interna y respaldo político.
El resbaloso terreno en el que se encuentra se ha ido allanando sobre la base de sus zigzagueos mañaneros. Del no creo que Trump vaya a imponer aranceles, a reuniones de emergencia porque ya los impuso, a cambiar el orden del día de reuniones con empresarios porque ya los pausó y mejor ven cómo en 30 días lo convencen de las bondades que México siga como socio comercial de Estados Unidos. Del no vamos a aceptar la violación de la soberanía y para eso está el Masiosare, al que sí es cierto que nos están espiando, pero como lo hacen desde el territorio estadunidense no hay injerencia extranjera.
En su equipo no creían que Trump iría en serio con los aranceles, ni calcularon jamás la fuerza con la que lanzaría su caballería militar y política detrás de los cárteles mexicanos, sin importarle mucho lo que pensaran en la Ciudad de México. A lo que más habían reaccionado en Palacio Nacional era ante la posibilidad de que los clasificaran como Organizaciones Terroristas Extranjeras, para decir con toda potencia, tú las traes. El Pentágono da todas las señales de que prepara acciones militares contra los cárteles y tiran el dulce mediático de que están compartiendo su información con el gobierno mexicano. Es una declaración política, una verdad menos que a medias.
Por la laxitud y complacencia de López Obrador con los cárteles –principalmente el de Sinaloa, al que responsabilizan del mayor tráfico ilegal de fentanilo a Estados Unidos–, no tienen ninguna confianza en el gobierno mexicano, porque consideran que está coludido con el crimen organizado. ¿Necesita Sheinbaum mejor prueba de ello que la operación de captura de Ismael El MayoZambada a escondidas del gobierno mexicano? ¿No le basta la forma como ignoraron a su antecesor y a ella también todas las veces que han pedido información sobre lo que sucedió?
El profundo diferendo con Trump en este campo no va a parar. Puede intervenir unilateralmente o destruir laboratorios y abatir capos con drones manejados desde Colorado o desde sus barcos de guerra en aguas internacionales. O puede hacerlo en coordinación con las Fuerzas Armadas mexicanas. O puede no hacer nada. Pero, sin importar cuál sea su decisión sobre este problema, el discurso no se va a evaporar en los próximos cuatro años.
Respuestas como la que dio Sheinbaum el viernes que si designan como terroristas a los cárteles mexicanos ampliarán las demandas contra las armerías, es una frase dicha con retórica fría pero cabeza caliente, que nada resuelve en el corto plazo. Es innegable que sus respuestas frías no han servido de nada, y quienes las han hecho encendidas, han recibido el mismo o mejor trato que ella.
La cabeza fría no fue la variable de la pausa de los aranceles –¿o no una semana después le aplicó 25% de tarifas al acero y aluminio?–, donde sus apoyos están en los agentes políticos y económicos en Estados Unidos, que son quienes han frenado, aunque sea temporalmente, a Trump, y sus márgenes dependen de las concesiones que haga, entendiendo que en cuanto a los cárteles, no tiene aliados en Estados Unidos.
La decisión de combatir el fentanilo y los cárteles que lo introducen ilegalmente, frenar la migración indocumentada y ponerle un alto a China, es un acuerdo bipartidista donde Trump, a diferencia del tema comercial, goza de consenso para actuar contra los criminales en México. Sheinbaum y su gobierno están solos en ese campo. Tampoco tiene un acuerdo interno unánime para seguir evadiendo el tema de la colusión institucional con el crimen organizado. Ahí, solo el régimen y sus voceros están de acuerdo en ignorar al elefante en la sala, cuya piel endurece el ala dura obradorista al presionarla hacia su trinchera.
No obstante, desconcierta y confunde lo que realmente pretenda ella, porque ante los embates de Trump se mantiene dentro de los parámetros de López Obrador, pese a que las condiciones y amenazas son totalmente diferentes a las que vivió su predecesor. Insiste en culpar a Estados Unidos de la calidad de la violencia en México, pero limita su estrategia de seguridad a delincuentes y políticos de segundo o menor nivel. La narcopolítica más profunda parece mantener su status quo, sin ser tocada. Podemos asumir que Sheinbaum sí quiere acabar con los cárteles y sus cómplices en los más altos cargos de gobierno, pero quizás, ciertamente, no puede.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

Willy Ochoa, que tuvo un fugaz interinato como gobernador de Chiapas pero es un político de larga carrera, aprovechó uno de los errores tácticos más inexplicables que haya cometido la presidenta Claudia Sheinbaum al nombrar a Rutilio Escandón cónsul general en Miami, y tomó una iniciativa novedosa e interesante, presentar una denuncia de hechos ante la Casa Blanca, el Departamento de Estado, y los gobiernos estatal y local de Florida, que busca que lo veten como cónsul, una posibilidad que existe en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Nadie sabe si volará la denuncia, pero fue un movimiento quirúrgico facilitado por la presidenta.
Escandón, protegido por su excuñado, el senador Adán Augusto López, también lo era del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde sus luchas políticas en Tabasco en los 90, y estaba casado con Rosalinda López –que murió en junio del año pasado–, a quien conoció cuando vivió en la casa de la familia en Villahermosa. Escandón, uno más de los muchos encargados a Sheinbaum para protegerlos transexenalmente, fue designado por ella a los siete días de dejar la gubernatura, en “común acuerdo” por haber apoyado al movimiento obradorista. No le importó a la presidenta, o si le importó no pudo hacer nada, el desastre de estado que dejó atrás.
Ochoa lo resume en su carta. Su gobierno estuvo marcado por “la negligencia, la omisión y preocu-pantes vínculos con el crimen organizado”, refiriéndose sin preci-sar al abandono en las zonas serra-nas limítrofes con Guatemala, don-de por más de dos años vivieron el abandono institucional y sus comu-nidades quedaron al libre albedrío de los cárteles de la droga, que pro-liferaron, como agregó el exgober-nador, convirtiendo a Chiapas “en un campo de batalla entre los principales cárteles del país, lo que resultó en enfrentamientos violen-tos, bloqueos de carreteras y segre-gación”.
La denuncia de hechos retoma los trabajos periodísticos que se hicieron en esa región durante los últimos años, que nunca tomó en cuenta López Obrador y que ignoró Escandón, pero que cuadran perfecto con la narrativa de la Ad-ministración Trump de que quienes gobiernan en México en grandes extensiones de tierra, son los cárte-les de las drogas. “Desde la llegada de Rutilio Escandón Chiapas cayó en la espiral de violencia”, agregó el senador chiapaneco Luis Arman-do Melgar, cuyas bases electorales están entre las más incenciadas. “Nada de lo que dice Ochoa es falso. Tendrían que investigarlo”.
La denuncia fue recogida por Breitbart News, el sitio fundado por el ideólogo original de Trump, Steve Bannon, donde de manera sistemática han publicado repor-tajes y entrevistas que vinculan al gobierno con el narcotráfico. Ba-nnnon ya no tiene la misma cer-canía con Trump, pero el portal si-gue siendo fuente de información del movimiento trumpista y su ga-binete. Si no habían volteado a ver a Escandón y las decisiones de Shein-baum, ahora lo harán. La presidenta lo envió a Miami, que durante la transición se convirtió en el centro de poder de Estados Unidos.
Dos decenas de altos funcio-narios de su gobierno salieron de Florida, como su poderosa jefa de Gabinete Susie Wiles, el secretario de Estado Marco Rubio, la procuradora general Pam Bondi, y el director del Consejo Nacional de Seguridad Mike Walz, que comparten las ideas de Trump y del vicepresidente J.D. Vance acerca del control de los cárteles sobre el gobierno mexicano. Ron Johnson, a quien nombró como embajador en México, que aunque es originario de Alamaba, vivía en Florida. A ese nido de extremistas Sheibaum envió a Escandón como representante de su gobierno.
En su denuncia de hechos, Ochoa incorporó un párrafo que parece salirse de contexto pero que se inscribe en una línea de pensamiento que existe en el Pentágono desde 2005 en sus mapas de seguridad nacional. “El estado se convirtió en un correrdor incontrolable para el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tránsito de individuos vinculados a organizaciones extremistas como Al Qaeda, Hezbollah y las FARC”, escribió. No se sabe la fuente de inspiración de Ochoa para incor-porar estas líneas en su denuncia de hechos, pero es una segunda trampa para captar la atención de a quienes va primariamente dirigida en Washington.
Narcotráfico, fentanilo, cárteles de las drogas, chinos y migración, van en el mismo paquete del discurso generalizador de la Administración Trump. Durante el gobierno de Escandón llegó a Chiapas el Cártel Jalisco Nueva Generación a disputarle la plaza al Cártel de Sinaloa, que por más de 30 años fue su dueña para el tráfico de drogas, co-habitando con Los Zetas en la región, que se enfocaron al tráfico de personas y la trata. Los cárteles no introducen fentanilo o precursores químicos para fabricarlo por la frontera sur, pero mantienen el negocio de la cocaína y el tráfico humano, que les abastece el Clan del Golfo, un cártel que surgió de los grupos paramilitares que enfrentaron al Cártel de Medellín en Colombia, la principal organización criminal en la actualidad en ese país.
La denuncia de hechos de Ochoa comenzó a jalar las miradas de los sectores más radicales del trumpismo. Breitbart News lo alertó y este jueves varias publicaciones digitales de extrema derecha retomaron el documento. Nombrar cónsul en Estados Unidos a Escandón, a sabiendas de lo que pensaba y decían Trump y su equipo más cercano sobre los cárteles y el gobierno mexicano, fue un error táctico. Enviarlo a Miami, pareció una burla. ¿En qué estaría pensando la presidenta cuando lo hizo? Para protegerlo, como le habían pedido, no era obligado que fuera en Estados Unidos. México tiene más de 20 consulados sin contar los que existen en ese país, a donde podría haberlo escondido, pero hizo lo contrario.
¿En qué estaba pensando Sheinbaum? ¿Nadie en su gabinete o su equipo le explicó el potencial costo de mantenerlo en el gobierno? Su decisión fortalece la idea que tienen de que el goberno tiene una alianza con los cárteles de las drogas donde Escandón es un gran ejemplo: el gobernador del estado por donde entra la migración terrestre, que entregó Chiapas a los criminales sin combatirlos y que por ser parte del movimiento, lo premió la presidenta.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

En algún momento en las próximas semanas comenzará a circular un libro clasificado por la editorial Penguin Random House en el género de “delincuencia empresarial”, cuyo público objetivo son “jóvenes adultos”. El libro de 288 páginas tiene como eje central a Marcelo Ebrard, y retoma una vieja averiguación previa sobre presuntos actos ilegales en la construcción de la Supervía, una vía de peaje que conecta los suburbios de la Ciudad de México al poniente, y que cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal pudo concluirse tras más de tres décadas de intentos por construirse.
La reseña del libro dice que la obra, impulsada durante el gobierno de Ebrard, estuvo “plagada de irregularidades”, y que cuando el jefe de Gobierno dejó el cargo siete meses después de inaugurada se la entregó al consorcio OHL-México, que hoy se ha transformado en tres empresas, Aleatica, Atco y Copri. El libro retoma una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue publicada en junio de 2023 por la revista Contralínea, que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el vehículo de su ala radical para golpear adversarios.
El trabajo en Contralínea se publicó menos de un mes después de que López Obrador abrió la sucesión presidencial y reveló sus “corcholatas”, como peyorativa-mente llamó a quienes aspiraban a la candidatura, donde desde un principio las dos figuras más fuertes eran Claudia Sheinbaum, a quien construyó por años, y Ebrard, a quien le arrebató con amenazas de ruptura la candidatura presidencial en 2012 y prometió que luego que él llegara a Palacio Nacional, para él sería la candidatura. La aparición del libro coincide con otro momento estelar de Ebrard, como la figura más importante de la presidenta Sheinbaum en la relación con Estados Unidos.
El expediente que publicó la revista fue integrado en marzo de 2015 por órdenes de Peña Nieto que estaba sediento de venganza contra Ebrard. Lo señaló, sin prueba alguna, de haber filtrado al equipo de investigación de Carmen Aristegui los detalles de su residencia familiar de siete millones de dólares en las Lomas de Chapultepec, que legalmente era propiedad del Grupo Higa, cuyo presidente Juan Armando Hinojosa era muy cercano al expresidente desde que gobernó el Estado de México, en donde tuvo contratos millonarios, y quien iba a construir el tren rápido México-Querétaro que finalmente no se hizo.
Aquel trabajo periodístico se le conoce como la “casa blanca” y tuvo un enorme impacto en la opinión pública. Peña Nieto ordenó la investigación al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y se trabajó en la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Alberto Bazbaz, y del SAT, que encabezaba Aristóteles Núñez, que construyeron en menos de cinco meses un caso de corrupción y lavado de dinero. Ebrard se convirtió en un perseguido político y para evitar ir a la cárcel se fue del país.
Ebrard y toda su familia fueron sometidos a la acción del gobierno peñista. Les congelaron todas sus cuentas y les realizaron 19 auditorías. La investigación consta de 75 tomos y tiene 80 mil fojas. Poco más de un año después de haber sido iniciada, José Guadalupe Medina, fiscal especial para el Combate a la Corrupción en la entonces Procuraduría General de la República, le informó a la entonces titular, Arely Gómez, en 2016 que no había elementos para proceder. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que relevó a Videgaray, le comentó a Peña Nieto que no veía elementos que inculparan a Ebrard. El caso se fue desmoronando y en diciembre de 2017 se decretó el no ejercicio de la acción penal. Ebrard quedó exonerado de cualquier cargo por el mismo gobierno que lo persiguió, que lo único que logró fue que no pudo ser diputado.
Cuando Contralínea preparaba su reportaje, buscaron al abogado de la familia Ebrard, Alejandro Pascal, quien le dijo a su director, Miguel Badillo, que era un caso aclarado y cerrado, ofreciéndole revisar todo el expediente. No lo hizo. La publicación hizo ruido pero no lo descarriló de la contienda presidencial. Poco antes, según recuerda el abogado, lo buscó el periodista Daniel Lizárraga, que era el jefe del equipo de investigaciones de Aristegui y editor del reportaje de la “casa blanca”, para decirle que estaba trabajando el caso de la Supervía para un libro, y recibió el mismo ofrecimiento que luego recibió Badillo.
Pascal no volvió a oír nada de Lizárraga hasta hace menos de dos meses, cuando buscó entrevistar a Ebrard. El abogado fue quien le dio una entrevista. Lizárraga y Claudia Solera, coautora del libro que también ha hecho trabajos de investigación periodística, le pidieron documentos específicos sobre lo que estaban trabajando, pero ya no se volvieron a poner en contacto con él.
Ante la falta de comunicación, Pascal llevó los documentos a la oficina en México de Penguin Random House a entregárselos. Un editor se negó a aceptarlos porque no quiso firmar de recibido, por lo que Pascal llevó una copia a las oficinas de la editorial en Nueva York y envió otra a su cuartel general en Múnich. En Nueva York recibieron los documentos y días después Lizárraga se comunicó con el abogado, quien le entregó lo que había solicitado.
Se desconoce el contenido del libro y qué hallazgos lograron Lizárraga y Solera. Lo que dice la reseña no sugiere ninguno, pero es secundario porque su impacto se inscribirá en el contexto político, como sucedió con el reportaje de Contralínea en el arranque de la sucesión presidencial. La publicación del libro agarrará a Ebrard en el arranque de las negociaciones con la Administración Trump, y probablemente será aprovechado por los muchos enemigos que tiene dentro del régimen.
Ebrard, a quien la presidenta no le tiene mucha confianza, ha ido ganando espacios como un funcionario funcional, y es el secretario mejor calificado del gabinete, lo que le ha ganado odios reciclados en el ala dura del expresidente. El libro dará nuevos motivos para ataques a Ebrard y le quitarán, en muy mal momento, espacios de maniobra necesarios para la negociación en Washington.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

La mañanera del lunes pasado nos trajo un diálogo ríspido entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Dalila Escobar, una aguerrida reportera de Proceso con una conducta profesional consistente desde hace tres sexenios, en torno al general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional que fue uno de los invitados de honor a la ceremonia de la Marcha de la Lealtad. La reportera no la dejó escabullirse al pasado, salida fácil para desviar la atención al ojo ajeno, y entraron en dimes y diretes sobre los pormenores de una mala experiencia del general, donde la presidenta mintió.
No es cierto, como le precisó Escobar, que el general Cienfuegos fuera exonerado por el gobierno de Estados Unidos de la acusación por delitos relacionados con el narcotráfico, que provocaron su detención en Los Ángeles en octubre de 2020. Casi un mes después fue liberado, pero no eximido de culpa alguna, en el supuesto de que en México se haría una investigación. Los fiscales del Departamento de Justicia dijeron que se sostenían en la investigación que llevó a la captura de Cienfuegos, pero aceptaron el acuerdo político entre los dos gobiernos, derivado del interés, señaló el procurador William Barr, de “preservar la colaboración… en la lucha contra el narcotráfico”.
La investigación de la Fiscalía General, que lo encontró inocente de todo, duró un mes, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador canceló la cooperación con la DEA y la colaboración en seguridad. La acusación contra el general, para quienes analizaron las imputaciones, no se sostenía. No tenía pruebas sólidas, ni evidencias y, menos aún lógica. Se sostenía únicamente en los dichos de testigos protegidos. Cuando Sheinbaum se fue al pasado para echar candela al expresidente Felipe Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Escobar la volvió a detener. “Hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él (y) también señalaron al general Salvador Cienfuegos”, atajó la reportera.
A diferencia del general, donde el Estado Mexicano salió en su defensa, el mismo Estado quemaba todas las semanas a García Luna, condenado a 38 años de prisión a partir de dichos de testigos colaboradores, la mayoría de ellos que fueron capturados por él, algunos que ni siquiera lo conocían y otro cuyas mentiras incluyeron un edificio que dijo haberlo conocido cuando no existía, y un programa para espiar que juró que se lo ofreció dos años antes de haberse inventado. La forma como actuó López Obrador en esos casos fue antagónica, pero esa dualidad alimentada por sus objetivos políticos es hoy un riesgo para él y muchos más porque el Donald Trump del segundo periodo es un bicho totalmente diferente a aquél con quien trató en el primero.
La primera vez que Trump estuvo en la Casa Blanca, su única prioridad con México era la migración. Hoy sigue siendo un componente de sus necesidades políticas y estratégicas, pero intrínsicamente vinculada al narcotráfico, el fentanilo y a China, pero con la certeza en él y en su gabinete de que a México lo gobiernan en amplias franjas de su territorio, los cárteles de la droga. Lo que sucedió con el general Cienfuegos y García Luna, no es una anécdota o un martillo permanente contra los adversarios del obradorismo, sino el recordatorio de lo que puede venir. Los testigos protegidos nunca fueron anulados y hoy podrían ser piezas centrales para una reedición de la Casandra griega.
En expedientes e investigaciones en Estados Unidos se encuentran acusaciones de testigos protegidos y evidencias electrónicas y telefónicas de un importante número de políticos de Morena. Señalados como presuntos culpables o imputados figuran cuatro miembros del gabinete de la presidenta Sheinbaum, al menos seis gobernadores en funciones, dos ex dirigentes del partido, además de López Obrador y su entorno familiar. La mayoría de ellos y ellas han sido señalados únicamente por testigos protegidos y en al menos tres miembros del gabinete y dos gobernadores, los señalamientos son más sólidos de los que se emplearon para detener al general Cienfuegos o para condenar a García Luna.
Haber dejado vivos a los testigos como testigos por la ofuscación de López Obrador contra Calderón, sin haber separado su vendetta de otros casos, es un búmeran en riesgo de regresar. La forma apresurada para exonerar al general Cienfuegos y la consecuencia de romper la cooperación en materia de seguridad solo añadió sospechas al Estado mexicano.
La batería de testigos que tiene a su disposición el Departamento de Justicia incluye a quienes testificaron en los juicios de García Luna y Joaquín El Chapo Guzmán, al exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, que declaró contra el exsecretario de Seguridad y era parte de la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, uno de cuyos matones inculpó al general Cienfuegos, además de Ismael El Mayo Zambada, el exjefe del Cártel de Sinaloa, y de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, que están en negociaciones con los fiscales en Brooklyn y Chicago para afinar los términos en los que estarían dispuestos a colaborar y a declarar. En todos estos casos, ¿cuáles serían los incentivos de no hacerlo?
El intercambio que sostuvieron Sheinbaum y Escobar tuvo secuela el martes, como lo ofreció la presidenta. El fiscal general Alejandro Gertz Manero negó que el desistimiento de cargos por narcotráfico en contra del general Cienfuegos hubiera sido a petición del gobierno mexicano. Dice verdades con mentiras. El Depar-tamento de Justicia no se desistió –de hecho la posición oficial es la contraria–, el gobierno mexicano tampoco lo pidió, y Washington optó por el silencio público ante los resultados de su investigación. Nunca eliminaron la credibilidad de los testigos protegidos.
La negación del gobierno es monumental. El lunes fue la presidenta Sheinbaum, que ayer optó por no declarar nada, y este martes fueron Gertz Manero y Marcelo Ebrard, quien como canciller en ese entonces expuso a Barr las consecuencias de no entregar al general, al respaldar la versión del fiscal. Si no ven, no piensan, ni actúan y se preparan. Están a merced de Trump, de su gabinete que odia a México y de que sea la Santísima Trinidad la que los proteja.
[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Tras las amenazas de acciones militares contra los cárteles de la droga mexicanos en donde estén, el Pentágono reforzó su trabajo de vigilancia y recolección de inteligencia en la frontera con México, lo que puede ser visto de dos maneras que no son excluyentes, una fuerte intimidación a las organizaciones criminales que tienen en territorio mexicano sus santuarios, y un mensaje al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que no puede soslayar la acción de esos grupos como lo hizo su predecesor Andrés Manuel López Obrador, con la idea de que actúe. El día de campo para los capos de las drogas en México parece estar tocando a su fin.
La cadena de televisión CNN –que no tiene muchas simpatías por el presidente Donald Trump–, difundió ayer en sus noticiarios que el Departamento de Defensa había enviado sofisticados aviones espía en cuando menos 18 vuelos de vigilancia a la frontera mexicana en Texas y alrededor de la península de Baja California, como se detalló ayer en este espacio, a fin de recolectar información de inteligencia. La información no es secreta, sino que se recogió de fuentes abiertas, lo que significa que las operaciones militares están siendo realizadas para que se entere el gobierno mexicano, pero fue corroborada por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump.
El detallado informe de la CNN fue investigado por su corresponsal en jefe para asuntos de inteligencia y seguridad nacional, otra de sus corresponsales en ese campo y una de las corresponsales asignadas a la Casa Blanca. Refuerza una filtración de la semana pasada en The Wall Street Journal –que está siendo utilizado por la Administración Trump para adelantar acciones–, que reveló que en la reconstrucción de la CIA, su director John Ratcliffe pondrá énfasis en el espionaje en América Latina en países que “tradicionalmente no son considerados adversarios de Estados Unidos”.
Se puede asumir que el espionaje de la CIA en la región buscaría recolectar información sobre la penetración china y rusa, pero mal se haría en descartar a México como parte de este nuevo esquema en Washington, al ser señalado como la puerta por donde entran productos chinos al mercado norteamericano sin pagar aranceles, y haberse convertido en un nuevo campo de batalla de la inteligencia del mundo, con la autorización del gobierno de López Obrador a más de 90 diplomáticos rusos que han sido señalados como miembros de las agencias de inteligencia de su país.
Todo podría verse como no ligado, pero todo tiene vasos comunicantes. Hay mafias rusas, con aparentes conexiones con el Kremlin, operando en México redes criminales, particularmente desde Cancún. Los chinos están utilizando a México como vehículo para introducir productos a Estados Unidos, pero también son señalados como los principales exportadores de precursores químicos para fabricar fentanilo en México, que es una de las dos grandes razones por las que se intensificó el espionaje militar sobre México en las dos últimas semanas.
El espionaje en México es viejo, pero durante décadas la principal actividad proactiva de las agencias de inteligencia estadunidenses ha sido para conocer y neutralizar lo que están haciendo sus rivales –rusos, chinos, cubanos e iraníes, por mencionar los principales–, o conocer las relaciones del gobierno mexicano con países “enemigos”, sus intenciones –como estar financiando con petróleo a Cuba desde hace más de dos años– y acciones, para que no los tomen desprevenidos o, incluso, para aplicar antídotos. Otros servicios de inteligencia muy activos en México son los israelíes, británicos, españoles, franceses y alemanes.
No obstante, la llegada de Trump a la Casa Blanca, cambió cuantitativa y cualitativamente la actividad de espionaje sobre México. El lunes se mencionaron en este espacio los dos vuelos que realizó un avión RC-135 Rivet, de la Fuerza Aérea, equipado con sofisticados sistemas de inteligencia que utilizan para recabar información de Rusia y China.
CNN añadió al menos otros nueve, en la frontera de Arizona y Texas en donde utilizaron principalmente el avión de la Armada P-8, conocido como Poseidón, que es multitareas, pero equipado para atacar submarinos, neutralizar misiles tierra-aire, y con capacidad para tomar fotografías y captar señales de inteligencia. La televisora reveló el uso en una de sus misiones recientes del avión espía U-2, que causó un problema entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética en 1960, cuando uno de ellos fue derribado sobre territorio ruso en el pico de la Guerra Fría.
Nunca se había utilizado el U-2 en operaciones contra narcotraficantes, aunque tampoco había sido usual que utilizara Estados Unidos las otras naves para recoger información de inteligencia de los cárteles y, prácticamente por definición, del gobierno mexicano. Lo que esto significa es que todas las comunicaciones que se transmitieron en el noroeste del país durante estas dos semanas, como las realizadas por las facciones en guerra dentro del Cártel de Sinaloa, o las de los militares y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en todos su niveles, fueron monitoreadas y analizadas por los especialistas del Pentágono.
Un exoficial militar con amplia experiencia en los temas de seguridad interna, le confió a la CNN que las misiones de vigilancia de aviones espías en la frontera con México, fueron más importantes que utilizarlos en otras prioridades, como la actividad rusa en Ucrania, o estar cazando submarinos rusos o chinos. Es decir, Trump cambió sus prioridades estratégicas en el corto plazo, por un lado, y por el otro, que sus amenazas de utilizar la fuerza del Pentágono para ir contra los cárteles de las drogas, se han materializado con acciones específicas. ¿Hasta dónde va a llegar?
Es imposible anticipar lo que hará Trump contra los cárteles y si tomará en cuenta lo que piense Sheinbaum. Hasta ahora no. La presidenta ha sido reiterativa al hablar de la defensa de la soberanía mexicana, algo que el obradorismo perdió ante los cárteles, que gobiernan la mitad de los municipios del país. Trump ha vuelto la aniquilación de los narcotraficantes mexicanos un asunto de las Fuerzas Armadas, presionando a Sheinbaum a que cumpla lo que le ofreció la semana pasada, combatirlos de verdad y acabar con el tráfico ilegal de fentanilo.
[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

El próximo martes la Comisión de Marina del Senado votará una solicitud del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que marcará un antes y un después en la cooperación del régimen obradorista con Estados Unidos en materia de seguridad. Se trata de la autorización –que difícilmente negará– para permitir que fuerzas especiales de la Armada estadunidense entren a México para, explica, capacitar a las fuerzas especiales de la Armada mexicana. Nunca en la historia de las relaciones bilaterales, esas fuerzas letales habían entrado a este país con autorización oficial, donde la decisión de Sheinbaum se inscribe en un momento peculiar de ensalzamiento del nacionalismo y la soberanía nacional.
La solicitud es ambigua por cuanto a la identificación de cuál de las unidades de élite de la Marina estadunidense es la que llegará a México, al referirse a “una delegación de 10 elementos del séptimo grupo de fuerzas especiales” de Estados Unidos. En todo caso, no tienen precedente que vengan los marines a México, y lo más cercano fue en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando vino un grupo del 75 del Batallón Aerotransportado, que es un cuerpo de élite del Ejército, para ejercicios conjuntos.
Es altamente probable que se trate de una de las 10 unidades de SEALs que tiene acuartelados la Marina en dos grandes bases en Estados Unidos. El “Grupo 7” está asignado al Grupo de Guerra Especializada de la Marina en Coronado, donde se encuentra la 3a Flota de Estados Unidos, a menos de media hora por tierra de Tijuana. De esa base salieron el miércoles tres barcos de guerra que se dejaron ver frente a la costa de Ensenada, en Tijuana. Uno de los barcos era el Us Gov Vessel 8, que es utilizado para operaciones militares.
Previamente, el avión RC-135V River Joint realizó vuelos en los límites del espacio aéreo mexicano. Ese tipo de avión es uno de los mejores con los que cuenta la Fuerza Aérea de Estados Unidos para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y opera desde la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Nebraska. El avión partió de ahí, voló hasta el sur de California desde donde realizó el 3 y el 4 vuelos por toda la costa de las Baja Californias y giró en Los Cabos hacia el norte por el mar de Cortés. El viaje es de casi 4 mil kilómetros y en un momento estuvo a poco más de 400 kilómetros de Culiacán.
La polémica en México se centró en si violaron espacio aéreo y mar patrimonial mexicanos, que negaron las secretarías de la Defensa y la Marina, aunque es un tanto irrelevante. Lo extraordinario es que el avión espía, utilizado para vuelos de reconocimiento en Rusia y China, volara a una altura suficientemente baja para que fuera detectado por los radares militares de México y los comerciales. Igualmente puede decirse de los barcos de guerra que fueron avistados frente a Ensenada. Se supo de ellos porque los estadunidenses así lo quisieron.
Estas acciones militares comenzaron el mismo día en que el presidente Donald Trump aplazó los aranceles contra México a condición de dar resultados en el combate al fentanilo y freno a la migración en un mes, y dos días después de que en la orden ejecutiva de los aranceles afirmó que había una “alianza intolerable” del gobierno mexicano con los cárteles de las drogas.
Al día siguiente, el Comando Norte, responsable de la seguridad de Norteamérica y del cual expulsaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que dejó de ser un aliado confiable, puso a funcionar el cuartel general de la Fuerza Conjunta de Tareas en Colorado con alrededor de 140 militares que harán trabajo de inteligencia para abastecer de información y análisis de video de los cárteles a la patrulla fronteriza.
Todo ello fue en vísperas de que la procuradora Pam Bondi ordenara la “eliminación total” de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos, y que el zar de las drogas, Tom Homan, asegurara que si los narcotraficantes mexicanos atacaban a fuerzas de seguridad de su país, Trump los “borrará de la faz de la tierra”, y un día antes que el jefe del Comando Norte, el general Gregory Guillot, conversara telefónicamente con los secretarios de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y Marina, almirante Raymundo Morales, sobre temas de seguridad nacional y la cooperación bilateral.
La solicitud del Ejecutivo al Senado para autorizar la entrada de las fuerzas especiales de la Marina, también se dio a menos de una semana que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en su quinta y sexta comunicación con sus pares del mundo, habló por teléfono con Trevilla y Morales, a quienes les expuso la importancia de las fuerzas armadas para combatir a los cárteles que amenazan a Estados Unidos.
Son demasiadas coincidencias para ser coincidencias.
La solicitud del Ejecutivo busca la autorización para que las fuerzas especiales estadunidenses estén en México del próximo lunes al 28 de marzo para que “fortalezcan la capacidad de las fuerzas de Operaciones Especiales” de la Secretaría de la Marina, en su centro de capacitación y adiestramiento especializado en San Luis Carpizo, Campeche.
Los comandos mexicanos han sido adiestrados en el pasado por los SEALs, que tienen unidades de entre 8 y16 elementos entrenados para capturar o matar, pero nunca habían sido capacitados en territorio mexicano. Los comandos mexicanos gozan de toda la confianza de sus contrapartes estadunidenses por los resultados a lo largo de los años, como la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva y de Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta, que asumió el liderazgo del Cártel del Golfo cuando su hermano Osiel fue detenido.
Con apoyo en campo de las fuerzas especiales estadunidenses o no, está en marcha una acción militar contra los cárteles mexicanos. El regreso de la cooperación que canceló López Obrador entre los comandos de élite de los dos países ha sido aprobado por la presidenta Sheinbaum, que de esa forma puede mantener su discurso de no permitir injerencia o violación a la soberanía mexicana por parte de Trump.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

El nuevo Poder Judicial de México va a entrar a un túnel muy oscuro sin luz al final. ¿Producirá un Armagedón legal el potaje que se está haciendo? Nadie puede saberlo, pero las bases sobre los cuales se construirá el sueño del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no son promisorias. Ya se vio el desorden que tiene la organización de la elección de juzgadores por falta de dinero, y la ridícula boleta donde se votarán. Ya están los resultados del proceso de insaculación, realizada en una tómbola en el Senado parecida a la que usan en la Lotería, donde sus “niñas gritonas” no sacaron billetes premiados sino, en una buena parte de los casos, recompensas por ser parte de la 4T.
Las ministras de la Suprema Corte Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz, tuvieron pase automático para tener un lugar asegurado en las boletas. Pero quien piense que están en riesgo de perder la elección es bastante ingenuo. Como la tómbola del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que como denunció Roberto Gil, no incluyó 90 nombres como exigía la Constitución sino 39, de los cuales solo 27 resultaron seleccionados, y de estos, 16 tenían nexos directos con Morena. No cabe duda. Los tocados por el régimen tienen muy buena suerte.
Gil, un abogado panista con amplia experiencia constitucio-nal, fue excluido porque consi-deraron que no tenía buena fama, porque hace casi tres lustros estuvo involucrado en un incidente callejero en Madrid por defender a su entonces esposa, que no pasó a mayores. Nunca pisó la comisaría madrileña, ni tiene antecedentes penales, pero lo descarrilaron de cualquier forma. En cambio, inscritos, y como las ministras pasarán avantes en las urnas, se encuentran personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador como María Estela Ríos, su exconsejera jurídica, que lo empujó a violar la ley cuando gobernaba la Ciudad de México al hacer uso de un polémico terreno en Cuajimalpa, y demoró la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, porque no procesó correctamente la expropiación de terrenos y el pago de indemnizaciones.
El régimen defiende el proceso –criticado en todo el mundo–, y alega que fue demo-crático en donde se inscribieron miles de personas. Es cierto, pero requirieron un empujoncito. Jesús Ramírez Cuevas, el propagan-dista de López Obrador y coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaaum, habló con los gobernadores de Morena para que acarrearan abogados a registrarse, como sucedió en vísperas de que se cerraran las inscripciones, mientras que en el gobierno federal, como no podían conseguir que renunciaran los obradoristas para dar paso al equipo de la nueva mandataria, les sugirieron que mientras tanto se inscribieran como juzgadores.
La historia completa de este fraude nacional se irá contando gradualmente, y los resultados que arrojen permitirán saber si en efecto, quienes tienen dinero, como políticos, empresarios y delincuencia organizada, podrán comprar su juzgador, o si como alegan sus defensores, será un Poder Judicial químicamente puro porque emanará de la voluntad del pueblo. A saber. Sin embargo, hay antecedentes que permiten dudar de las afirmaciones del oficialismo. Un estudio de caso que vale la pena conocer hoy para evitar sorpresas mañana, es el de la jueza María Magdalena Malpica, titular del Juzgado Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, cuyo nombre capturó la atención pública porque falló en fast track a favor de la ministra Esquivel que el plagio de su tesis de licenciatura no había sido plagio, aunque todas las evidencias apuntan a que la copió de un trabajo presentado dos años antes.
Menos público, pero muy eficiente, ha sido la dinámica que ha tenido con el controvertido abogado David Cohen Sacal, que ha figurado en la prensa por temas como la vez que se estrelló un Lamborghini de seis millones de pesos con un auto estacionado en Polanco en 2020, al cual fue vinculado, o como cuando lo señalaron hace un año de recibir información confidencial del Poder Judicial y de haber sobornado a un magistrado para frenar órdenes de aprehensión. Cohen Sacal representa a varias empresas, y al menos seis casos de alto impacto que han tenido éxito, cruzaron por el juzgado de Malpica que resolvió en condiciones cuestionables.
El más famoso es el de la Cooperativa Cruz Azul, donde representó sin problemas de conflicto de interés, a Guillermo Álvarez y a su archienemigo Víctor Garcés, que fueron sacados de la empresa. Hace dos años, los cooperativistas denunciaron en la prensa que la juez Malpica habían sido omisa en emplazar a socios y distribuidores de la cooperativa para que prevalecieran sobre ellos “varias medidas cautelares, especialmente el bloqueo, inmovilización y/o suspensión de sus cuentas bancarias”.
Otro caso importante, por la escala del valor de la empresa, tuvo que ver con Pinfra. Cohen Sacal representó a su fundador y exdirector general, David Peñaloza Sandoval y su hijo, actual director, David Peñaloza Alanís, en un litigio por unos terrenos en la carretera federal a Toluca. La jueza Malpica otorgó, según la prensa, “medidas cautelares desproporcionadas y escandalosas, como embargos precautorios y congelamiento de cuentas bancarias contra el dueño” de las propiedades que quiere Pinfra.
Los seis casos de Cohen Sacal que pasaron con éxito por el juzgado de Malpica le representaron ingresos multimillonarios. Aunque no se puede establecer que la jueza obtuvo beneficios económicos por ello, la percepción en la prensa de ese y otros casos de juzgadores es de una profunda sospecha sobre su proceder. La jueza va a participar en la tómbola del Poder Judicial de la Ciudad de México, con la intención de mantenerse como juzgadora civil, y como muchos otros casos, particularmente en aquellos vinculados con el obradorismo, no habrá ningún filtro para determinar su “buena fama”, sus antecedentes o conflictos de interés.
En agosto del año pasado, la presidenta electa afirmó que la reforma judicial “fortalece la democracia, la autonomía y la honradez del Poder Judicial”, lo que hoy no se sostiene. Esta semana aseguró que había “muy buenos perfiles” entre los juzgadores seleccionados. ¿Producirá un Armagedón la reforma judicial? Sin saberse los resultados, se puede colegir que para los que menos tienen, definitivamente sí.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

El grupo político e íntimo de Andrés Manuel López Obrador que lo acompañó por un cuarto de siglo en su aventura que culminó con la Presidencia, está en guerra abierta, y el daño colateral son los tabasqueños. Un mal acuerdo político de López Obrador con su grupo, ha hecho del edén, como se le conoce a Tabasco por sus bellezas naturales, un infierno. La violencia es incontenible en ese estado que en unos cuantos meses, se pintó de rojo. El dato sin precedente nacional e increíble a la vez, es que entre 2023 y 2024, cuando López Obrador definió las candidaturas, se llevó a cabo la campaña para gobernador y la elección, los homicidios dolosos subieron ¡308%!
La experiencia mexicana ha enseñado que cuando esto sucede es que se rompieron los acuerdos explícitos o implícitos con las organizaciones criminales y no se renovaron. El país está descuadrado. Dos de los gobernadores más cercanos a López Obrador, Javier May de Tabasco y Rubén Rocha Moya de Sinaloa, tienen un problema de violencia estructural en sus estados. Rocha Moya va para cinco meses de sobrevivir en medio de la implosión del Cártel de Sinaloa, que ha mostrado que su exlíder era quien gobernaba el estado, y que los gobernantes eran sus títeres.
Con distinto abordaje, May está diciendo lo mismo de sus dos antecesores inmediatos, pero no como marionetas de los cárteles, sino de colusión y entendimiento con ellos. May ha imputado a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, porque su brazo derecho en seguridad durante su gobierno fue líder de “La Barredora”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las grandes organizaciones criminales en Tabasco. López Hernández y Carlos Merino, el interino que lo sucedió cuando López Obrador lo nombró secretario de Gobernación, ha dicho el gobernador sin mencionarlos por nombre, deben rendir cuentas porque los criminales se asentaron en el estado sin resistencia oficial.
En el caso de Sinaloa y Tabasco hay diferencias significativas. Sinaloa era un estado controlado por el Cártel de Sinaloa, que tenía como su facción más fuerte la encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, con cuya familia tenía grandes deferencias López Obrador –incluso se refería con respeto al ex líder de la misma organización como “señor”–, al tiempo que a través de los altos funcionarios estatales, negociaba puestos de elección popular con Zambada. En el de Tabasco no hay un sometimiento ante los criminales, sino que el conflicto está dado entre dos políticos muy cercanos al expresidente, cuya disputa por el poder tiene como derivada la violencia que tiene incendiado al estado.
La consultora TResearch International, que lleva un registro diario de la violencia en México con información del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó en 270 los homicidios dolosos en 2023, contra 919 en 2024. Hasta el martes, la suma de homicidios dolosos en el año era de 107. Tabasco se convirtió en el segundo estado más violento del país en cuanto a homicidios dolosos, ligeramente debajo de Guanajuato, donde las organizaciones que buscan controlar el multimillonario negocio del combustible robado –mucho más alto que el tráfico de cocaína–, se burlaron de la guerra contra el huachicol que dijo haber emprendido López Obrador, y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco ha podido contener.
El expresidente es política e indirectamente responsable de la pesadilla que están viviendo los tabasqueños por la forma como acomodó los procesos sucesorios, sin tomar en cuenta que una vez fuera de la Presidencia, reventarían los acuerdos. López Obrador que vivió en la casa de López Hernández en Villahermosa al regresar de un escondite en Veracruz donde estuvo tras un acto de violencia en el que lo involucraron, lo incorporó en la charada de las famosas corcholatas, como definió a quienes aspiraban a sucederlo.
López Hernández, como hizo también con Marcelo Ebrard, que era su canciller, fue utilizado como simulación para afirmar que Sheinbaum, por quien hizo precampaña presidencial por tres años, había sido ungida mediante un proceso democrático. En el armado sucesorio, quien perdiera iba a tener posiciones en la siguiente administración, por lo que López Hernández llegó a la coordinación de los senadores. Su amigo fraternal y compañero de batallas desde principios de siglo y que aceptó el tinglado de la candidatura presidencial, siguió recibiendo descolones políticos. López Obrador lo bloqueó en Tabasco, donde no tuvo voto en la elección del candidato a gobernador, y tampoco le abrió la puerta en Chiapas, donde junto con su cuñado Rutilio Escandón, quería poner sucesor.
Haber escogido a May fue un puñetazo en la nariz de López Hernández. May, a quien paseó López Obrador por varios cargos federales en su sexenio, formaba parte del grupo político que se construyó a finales de los 80 en su tierra y que se volvió su equipo de confianza cuando encabezó el PRD estatal. El lugarteniente de López Obrador en ese grupo era Octavio Romero Oropeza, a quien hizo director de Pemex y luego exigió a Sheinbaum que le dieran el Infonavit.
López Obrador sobrestimó su poder y subestimó a sus cercanos, políticos finalmente. El someti-miento que utilizó como método contra propios y extraños tenía como brazo el dinero y el poder. Una vez fuera de Palacio Nacional, el músculo ya no le alcanza. López Hernández es fuerza y poder en Tabasco, a diferencia de May que es poco conocido y políticamente débil. Ni puede con la violencia, ni tiene peso su palabra.
Las denuncias públicas que ha hecho no han movido a Sheinbaum para actuar rotundamente. Hace unos días el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo ante legisladores de Morena que era una ilusión negociar con criminales, una declaración directa al corazón de López Obrador, y cuyo saco cabría a varios políticos del poder. Pero no pasó nada. Sheinbaum dijo ayer que “pronto” informará sobre el reforzamiento de la seguridad en Tabasco. ¿Pronto? Quizás no estamos viendo bien las cosas y en Tabasco, como en Sinaloa, carece de recursos para resolver la violencia.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Desde que la Casa Blanca señaló en un documento oficial el sábado que los cárteles de las drogas tienen una “intolerable alianza” con el gobierno de México que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, la maquinaria propagan-dística dirigida por Jesús Ramírez Cuevas, el goebeliano vocero del expresidente Andrés Manuel López Obrador y coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, inundó las redes sociales para apuntar la acusación hacia el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El remate a esa narrativa lo hizo ayer la presidenta.
En su conferencia matutina, a una pregunta específica que si así como le pidió al presidente Joe Biden que le diera información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada, le pediría al presidente Donald Trump que le diera pruebas de la relación de su gobierno con los cárteles, Sheinbaum eludió contestar directamente, pero con un gozo que parecía preparado, mostró la línea de tiempo de la cuenta de la Casa Blanca en X para afirmar que la prueba que tenía Trump era un despacho de la agencia AP sobre la sentencia a García Luna. Salida fácil para la ovación de la gradería.
Curiosamente, la heterodoxa línea de tiempo de la Casa Blanca de Trump del 1 de febrero, es diferente a la línea de tiempo tres días después. Los extractos que mostraba de la agencia AP ese día, así como dos de la cadena de televisión CBS sobre un reporte de la DEA sobre el fentanilo y de un informe de la Cámara de Representantes sobre la producción de fentanilo en China, así como uno del diario Globe and Mail sobre la creciente fabricación de esa droga en Canadá, se habían borrado, sin saberse la razón de ello. Pero en todo caso, la conclusión de la presidenta era inexacta.
La orden ejecutiva, la posición oficial del gobierno de Estados Unidos, no incorporó recortes de prensa. El fraseo del decreto es en presente, y la “alianza” del gobierno de México con los cárteles de las drogas se establece a partir del tráfico ilegal de fentanilo. García Luna fue convicto por su relación con el Cártel de Sinaloa y tráfico de cocaína, no de fentanilo. La crisis con este opiáceo comenzó en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ha continuado hasta la actualidad.
No se puede argumentar, sin embargo, que la acusación de Trump estaba pensada en Sheinbaum, pero la forma como está abordando el problema con propaganda y protección política, no es la más indicada. Su narrativa está dirigida a una audiencia doméstica, para limpiar cara a López Obrador y desviar la atención de Morena y de todos sus militantes con presuntos vínculos con el crimen organizado. En Estados Unidos lo que diga en sus mañaneras los tiene sin cuidado, y ayudaría más la presidenta si escucha lo que están diciendo en Washington.
Después de emitirse la orden ejecutiva, el vicepresidente J.D. Vance escribió en X: “Pobre y triste México. Los cárteles de las drogas internacionales operan libremente dentro de sus fronteras y México no puede hacer nada al respecto. Es infantil y mágico pensar otra cosa de nuestro vecino al sur, que apenas si aplica las leyes”. Elon Musk, el magnate que es parte de la familia Trump por su cercanía, agregó: “Solo las fuerzas militares de Estados Unidos pueden derrotar a los cárteles”. Toda la frontera norte de México, afirmó recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio, está manejada operativamente por los narcotraficantes.
El director del Consejo Nacional de Seguridad, Mike Waltz, que en 2023 presentó junto con el diputado Dan Crenshaw una iniciativa para que se autorizara el uso de la fuerza militar contra los cárteles de las drogas, dice que el gobierno de Trump piensa combatir a los cárteles que “controlan porciones signi-ficantes de México”. El secretario de la Defensa, Pete Hegseth ha dicho dos veces en los tres últimos días que la opción militar contra los cárteles en México, está abierta, mientras el secretario del Interior, Doug Burgum, enfatizó: “Esta no es un guerra comercial con Canadá, México o China. Es por el fentanilo”.
No es el pasado, sino el presente a lo que se refiere la Casa Blanca. No es contra el gobierno de Sheinbaum, que apenas comienza sino contra el de López Obrador y el aparato político que está bajo sospecha de ligas con el crimen organizado. Desviar la atención le sirve bien en México, pero no resuelve el problema de fondo que tiene con el gobierno de Trump, y con quien se comprometió a dar resultados buenos en un plazo de 30 días.
Lo que parece estar en disonancia es el significado de “buenos resultados”. En materia de combate al narcotráfico y fentanilo, el gobierno de Sheinbaum ha ido avanzando con una estrategia distinta a la de López Obrador, como también ha mantenido la reducción de la migración indocumentada. En un mes podrá demostrar con estadísticas que hizo la tarea, pero, ¿es esa la métrica que utilizará Trump? Por lo que se vio con Canadá, no.
Trump parece estar pidiendo una cabeza para venderla internamente como el éxito de su presión sobre Sheinbaum que concluyó con la captura de un político vinculado al narcotráfico. Y la presidenta tendría que cambiar su forma de pensar y entender que deberá correr sangre morena –de otro partido parecería chivo expiatorio– para demostrar que sí va en serio la lucha contra los cárteles y el fentanilo, y que la ley en su administración sí se aplica. El dilema es muy complicado.
Sheinbaum tiene los expe-dientes de morenos con relaciones altamente sospechosas, y un abanico de posibilidades para abrir inves-tigaciones. Pero también puede enconcharse y no entregar la cabeza de ninguno de sus correligionarios, escudándose en la soberanía nacional y anteponiéndola, quizás, a acciones criminales. Hay caminos dolorosos, que puede recorrer y tendría que analizar para cuál le alcanza, cuál es menos costoso para su gobierno, para ella y para la viabilidad nacional. Pero antes, deberá estar ideológicamente convencida de que cualquiera de las dos alternativas es mejor en el largo plazo.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

La pausa en la imposición de aranceles contra México por un mes es una buena noticia, pero le impone obligaciones y candados importantes a la presidenta Claudia Sheinbaum. Se evitó la guerra comercial que iba a empezar este martes, pero Trump mantiene el arma cargada sobre su escritorio. El tema de fondo no eran los aranceles, que fue el vehículo de coerción para sacudirla y obligarla, como objetivo final de su pretensión, a combatir el tráfico ilegal de fentanilo. “Esta no es una guerra comercial”, dijo ayer por la mañana en una entrevista por televisión Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, uno de los brazos de la Casa Blanca. “Es una guerra contra las drogas”.
No estamos en el déjà vu de 2019, cuando Trump amenazó a México con 5% de aranceles si no se frenaba la migración indocumen-tada, que nos costó un acuerdo, en principio secreto, para recibir migrantes de otros países mientras se resolvían sus trámites migratorios en Estados Unidos, y el envío de 27 mil militares a la frontera sur, que provocó cambios en las rutas ilegales de tráfico humano y que Chiapas se volviera campo de batalla de los cárteles de las drogas. La negociación final duró escasos cinco minutos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador a distancia, y el excanciller Marcelo Ebrard en la Casa Blanca.
Trump utilizó el sábado la misma fórmula pero reforzada. La amenaza la hizo realidad como principio de negociación, acompañándola de una declaración sin precedente en la historia de las relaciones bilaterales, donde la Casa Blanca acusó al gobierno mexicano de tener “una alianza intolerable” con los cárteles de la droga. Sheinbaum lo rechazó casi de inmediato calificando a Trump de “irresponsable”, y señaló que quienes estaban coludidas con los criminales en México eran las armerías que les venden las armas.
Al final Sheinbaum, como López Obrador, tuvo que ceder. Imponer aranceles en represalia no era una opción, como lo fue para los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que lo hicieron como respuesta a acciones unilaterales de la Casa Blanca, y como pudo haber sido incluso para López Obrador, que optó por agachar la cabeza. Ninguno de ellos enfrentaba la doble amenaza actual, al incluirse en la orden ejecutiva de Trump anunciada el sábado, que si los aranceles eran enfrentados por México con aranceles, los elevaría nuevamente y cada vez que encareciera el costo a sus exportaciones. Esa loca carrera, Sheinbaum jamás la hubiera ganado.
El costo para México por la pausa es el envío de 10 mil soldados a la frontera con Estados Unidos para contener la migración y el tráfico de fentanilo. A cambio, Trump se comprometió, como lo han hecho los presidentes estadunidenses desde que el expresidente Ernesto Zedillo les reclamó hace 25 años que en la lucha contra el narcotráfico México ponía los muertos y ellos las armas, a trabajar para evitar el contrabando de armas a este país. La pausa fue una idea de Sheinbaum como respuesta a la petición de Trump sobre el envío de miles de militares a su frontera sur. Esta prórroga tiene fecha de caducidad y habrá una mesa de trabajo a nivel de secretarios de Estado para alcanzar, en palabras de Trump, un acuerdo conclusivo, en sus términos.
Sheinbaum quiso negociar con Trump que la pausa fuera definitiva, pero el presidente ni siquiera lo tomó como broma. “Al final me preguntó por cuánto tiempo quería poner en pausa”, recordó la presidenta su diálogo, “(y) le dije bueno, vamos a ponerlo en pausa para siempre. Me dijo, bueno, pues ¿cuánto tiempo?”. La presidenta puso el plazo y le dijo sentirse “segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados para su pueblo, buenos resultados al pueblo de México”. Luego convocó a Palacio Nacional al secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, para que de inmediato desplegara a sus militares a la frontera norte como se comprometió.
Esta secuencia de eventos sugiere que el gobierno mexicano nunca entendió que los aranceles tenían como pretexto el comercio, que en el fondo se trataba de la alerta máxima en Washington ante el control del narcotráfico sobre territorio mexicano, particularmen-te, como lo afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su audien-cia de confirmación, en la frontera norte.
Esta posición es compartida por republicanos y demócratas, que discrepan con Trump en el tema de los aranceles porque lastiman sus economías y bases electorales, pero piensan también que los cárteles de la droga tienen un enorme control sobre territorio e instituciones mexicanas. Varios sectores también han expresado su preocupación de que la reforma judicial abra la puerta para que los cárteles encuentren facilidades que nunca tuvieron en alcance para incorporar en sus nóminas a juzgadores.
El mal análisis dentro de Palacio Nacional sobre las motivaciones de Trump colocó a Sheinbaum en esta posición. Con mejor información habría sido menos oneroso el acuerdo con Trump, como lo hizo el primer ministro canadiense Justin Trudeau cuando envió un equipo para diseñar junto con el secretario de Comercio Howard Lutnick y el zar de la frontera, Tom Homan, un plan para frenar la migración y el tráfico de fentanilo, que son marginales frente a México –80 por ciento menos indocumentados que quienes entran por México, y 0.02 por ciento de los decomisos de fentanilo en la frontera sur–, que fue la base para lograr también una pausa de 30 días a la imposición de aranceles, pero en condiciones más cómodas y fáciles de instrumentar que lo comprometido por México.
¿Qué es lo que busca finalmente el presidente de Estados Unidos? No está claro. Pero de lo que no cabe duda es que no quiere que los cárteles de la droga controlen un país con quien comparte tres mil 200 kilómetros de frontera y trafiquen con fentanilo. Cambiar Sheinbaum esa percepción en un mes parece un tiempo insuficiente. Lo que necesita saber con precisión y rapidez es la definición de victoria de Trump. Esa información le permitirá actuar con una mirada quirúrgica, que es lo que requiere ahora, para evitar que el arma cargada en la Oficina Oval no se dispare.

[email protected]
X: @rivapa_oficial