A la presidenta Claudia Sheinbaum le estallaron el sábado dos problemas, la imposición de 25% de aranceles a todos los productos mexicanos a partir de las 11 de la mañana con un minuto del próximo martes, y la declaración histórica de la Casa Blanca de gobernar prácticamente un “narcoestado” que provee santuario para que los cárteles produzcan fentanilo y lo transporten ilegalmente a Estados Unidos, y permitir el paso de organizaciones criminales de Centro y Sudamérica. Una coerción vestida de medida comercial, pero sin engaño alguno.
La acusación de “narcoestado” que hizo el presidente Donald Trump, aunque no establece una línea de tiempo para determinar cuánto se remonta al pasado, se comenzó a hacer en Washington en 2019, cuando estalló la crisis del fentanilo, y demócratas y republicanos –con mayor virulencia– empezaron a llamar de esa manera a México, con imputaciones directas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se hicieron cada vez más difíciles de sortear para los funcionarios de la Administración Biden cuando iban a audiencias en el Capitolio.
Trump lo ha estado señalando hace años, aunque solo en este momento procedió a actuar con una virulencia ejemplar. En México, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum, como muchos aquí, no pensaron que llegaría a esos niveles, aunque el año pasado, imaginando escenarios, el expresidente expresó a su círculo más cercano que si Estados Unidos se atrevía a secuestrarlo en México, habría una revuelta social. La misma línea de pensamiento existe en el entorno de Sheinbaum, donde siguen insistiendo que una intervención directa de Estados Unidos, provocaría un levantamiento.
Esto no es más que una hipótesis, impulsada por el ala radical del régimen y funcionarios y asesores en el entorno de Sheinbaum que siguen negando que pese a la forma inaceptablemente tutelar de Trump, sí hay un problema serio con el narcotráfico en México que avanza como cáncer terminal. La prepotencia y fuerza bruta sin consideraciones colaterales con la que está actuando Trump, va a seguir ganando espacios mientras haya respaldos inexplicables a políticos que permitieron la putrefacción –Rutilio Escandón, uno de los más infamemente prominentes, que entregó Chiapas a los cárteles– o que están imputados por el narcotráfico –obvio, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, un estado donde la ley la imponen los criminales–.
El mensaje que envió Sheinbaum a Trump que la estrategia había cambiado, no se sostiene con esas señales contradictorias de detener a “generadores de violencia” pero proteger a “generadores políticos de violencia”. De ahí, quizás, la contundencia de la orden ejecutiva de Trump. Los cárteles, dice, tienen una “alianza intolerable” con el gobierno de México que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que “debemos erradicar la influencia de esos peligrosos cárteles del entorno bilateral”. Por “gobierno” se refiere al federal y al 30% de las comunidades, municipios, ciudades y estados, donde los cárteles son “el gobierno”.
El responsable de este desastre es López Obrador por haber llevado a cabo una política de seguridad que solo funcionó para los cárteles de la droga. Todos sabíamos que este problema iba a estallarle al siguiente gobierno, por la creciente inseguridad y la incontenible espiral de asesinatos. Negar “categóricamente” que México no es un “narcoestado”, como respondió la presidenta inmediatamente, no resuelve el conflicto con el gobierno de Estados Unidos, y la orden ejecutiva parece preámbulo de que este lunes clasifiquen a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Sheinbaum puede responder imponiendo 25% de aranceles a todos los productos estadunidenses, como amenazó que haría, y comenzar una guerra comercial con Trump, que aunque tiene muchas resistencias internas –incluso de gobiernos aliados como el de Texas–, no parece estar dispuesto a recular. Una guerra comercial duradera es el fin del acuerdo comercial norteamericano y si bien impactará con inflación y producción en Estados Unidos, a México lo metería en la ruta de la recesión.
El pleito es asimétrico y la coerción es clara: o se resuelve el tiradero interno en México, o la guerra va, en lo comercial, y eventualmente, si no hay nada claro sobre el combate a los cárteles y el fentanilo, podría incursionar en terrenos desconocidos, considerando que Trump estableció su orden ejecutiva dentro del marco de seguridad nacional, donde todas las opciones, declaró este fin de semana el secretario de la Defensa, Pete Hesgeth, “están abiertas”.
No serán decisiones fáciles para la presidenta porque afloran ingredientes subjetivos en las acciones de Trump, lo que hace más complejo y difícil la forma como Sheinbaum abordará este conflicto. Trump le tiene gran estima a López Obrador –lo ha dicho en público y en privado–, que se ha prolongado hasta estos momentos, soslayando lo que hizo en su sexenio con los cárteles, pero la empatía no fue transexenal.
Con Sheinbaum ha tenido diferencias públicas y Trump congeló a su gobierno durante la transición, ordenando que no hubiera contacto con ningún funcionario mexicano. El frío se ha prolongado. ¿Hay alguna razón de tipo personal, como la tiene Trump con el primer ministro Justin Trudeau desde hace años, por la que el arranque con Sheinbaum sea tan tortuoso? No hay una explicación pública, pero tampoco la presidenta hizo mucho por buscar canales de acercamiento personal con Trump, en tres meses.
Sin información de calidad, sus diagnósticos resultaron equivocados. Contra lo que creía su equipo y decía en público, Trump sí impuso aranceles. Sheinbaum decía que tenían tres planes para hacerle frente a lo que decidiera Trump, pero su lentitud para detallarlos hace pensar si en verdad estaba preparada, o la descolocó la cláusula de represalia en caso de retaliación, que quizás nunca vieron venir, porque tampoco pensaban que habría aranceles.
Su actuar contra los cárteles tampoco resultó suficiente –aunque quizás Trump iba a poner aranceles de cualquier forma para satisfacer las expectativas–, donde a diferencia del campo comercial, la decisión es más difícil, porque tendría que dejar la simulación y desmantelar las redes de protección institucional de personajes de Morena con los cárteles de las drogas, con lo que, en la práctica, rompería claramente con López Obrador. En efecto, es un salto cuántico.

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Está bien que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga la cabeza fría para torear las provocaciones y bravatas del presidente Donald Trump. Está mal si cree que la amenaza de imponer aranceles tiene que ver con el comercio. No es así. Con México y Canadá es para que frenen la migración y el tráfico de fentanilo. Con China por fabricar los precursores para producir fentanilo. Con Rusia por la guerra en Ucrania. Con Colombia por no recibir colombianos deportados. Con Europa si no relocalizan sus empresas en territorio estadunidense. Ha convertido los aranceles en un brazo de su política exterior, como parte de una estrategia contradictoria, buscando conciliar expansionis-mo con proteccionismo. Regresa a la visión imperialista del siglo XIX para apuntalar su visión del siglo XXI y ganar la guerra a China por la hegemonía mundial.
Trump quiere jugar boliche y tirar todos los bolos. Sheinbaum debe jugar ajedrez anticipando lo que hará, con discreción mañanera. La diplomacia y las negociaciones se deben llevar a cabo con sigilo y sin engancharse. Trump dice que mañana impondrá aranceles de 25 por ciento a México y Canadá, y Sheinbaum dice que no lo cree. Howard Lutnick, secretario designado de Comercio, dice que se cancelarán los aranceles si cumplen con lo que exige Trump, y los dos países, pese a todo, bailan a su ritmo: México aceptó enviar 30 mil guardias nacionales a su frontera sur y a desactivar las caravanas de migrantes –una revelación de la Casa Blanca que no fue desmen-tida–, mientras continúa infor-mando diariamente cómo está luchando contra el narcotráfico.
Sheinbaum no tiene mucho espacio de maniobra. Para beneficio del país, tampoco es una demente como el presidente colombiano Gustavo Petro, que con una delirante postura nacionalista que no tenía más fuerza que su inspirada pluma, pretendió tirar por la borda a su país, cuya economía depende en más de 25 por ciento de Estados Unidos. La realidad lo obligó a recular en unas cuantas horas y Sheinbaum resistió las presiones de los radicales oficialistas para seguir su camino. México depende en más de 80 por ciento de Estados Unidos, pero a diferencia de Colombia, también Estados Unidos necesita de México, al estar intrínsicamente relacionados por las cadenas productivas del acuerdo comercial norteamericano.
Esto, ante Trump, no es una variable racional, por lo cual se ignora cuál será su comporta-miento. Su nivel de impredic-tibilidad llega incluso a sor- prender a sus más cercanos y genera confusiones, como en estos días. La portavoz de la Casa Blanca dijo el martes que en la víspera había hablado con él y le dijo que el ultimátum para imponer aranceles se mantenía para mañana, pero luego publicó en su red Truth Social una gráfica que mostraba una dramática caída en “encuentros” –que no deportaciones– en la frontera con México desde que regresó al poder el 20 de enero, de dos mil 516 a 331, el nivel más alto de la semana, con días incluso en negativo. El miércoles, el secre-tario de Comercio designado, Howard Lutnick, dijo que habría aranceles si no cumplían con la exigencia, pero hasta abril, sin aclarar si el plazo del sábado estaba vigente.
Si los mensajes del nuevo gobierno reflejan contradicciones e inconsistencias, ¿qué se puede esperar de la lectura de Trump en otros países? Algunos no se quedan a especular en sus oficinas, como la canciller canadiense Mélanie Joly, que habló la semana pasada con el secretario de Estado, Marco Rubio, y se reunió con él este miércoles, de donde salió optimista. Otros no encuentran la puerta. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, no ha podido ver a Rubio y hasta ayer al mediodía seguía sin haber un re-gistro en la cancillería estaduni-dense de que hubieran tenido una conversación telefónica, como asegura Sheinbaum que sucedió. De cualquier forma, sí han habido negociaciones con el gobierno de Trump a través de la Embajada de Estados Unidos, y se han estado intercambiando mensajes las dos administraciones en los temas contenciosos.
Hasta ahora Sheinbaum ha capoteado bien los impulsos y las embestidas retóricas de Trump, que tiene una prisa existencial por cambiar a Estados Unidos lo antes posible. Haría bien si no presentara oposición a la fuerza que tiene el presidente, que se encuentra en un momento de enorme fortaleza y empoderado por la facilidad como logró que Petro diera marcha atrás en su retadora beligerancia. Pero no anteponer fuerza que pretenda ser simétrica, tampoco significa ceder en lo importante, que todavía no está siquiera en una mesa de negociación. Hay escarceos sobre el control migratorio y exigencias sobre el combate al narcotráfico, que ya se están atendiendo.
Sin embargo, su estrategia puede tener un segundo nivel, donde sin decir llanamente que no tiene prisa para negociar nada con el gobierno de Trump, como lo ha declarado, podría frasearlo de otra forma para mostrar compromiso político, pero demorando el inicio formal de esas negociaciones, como por ejemplo las comerciales, que el estadunidense quiere adelantar para mediados de este año. El tiempo corre a favor de Sheinbaum, porque Trump se está desgastando.
Una encuesta que publicó esta semana Reuters y la empresa IPSOS muestra una caída de dos puntos en la aprobación de Trump al concluir su primera semana en la Casa Blanca, luego de alcanzar 47 por ciento los dos primeros días en la Presidencia, que bajó a 45 por ciento cinco días después. Sus negativos crecieron en ese periodo de 39 por ciento a 46 por ciento. En materia comercial, el 55 por ciento está en contra de imponer aranceles a México y 60 por ciento en contra de ponérselos a Canadá, pero el 54 por ciento lo apoya si los aplica a otros países.
Sheinbaum está empleando, sin que seguramente lo enmarque en este contexto, la Apertura Italiana, una de las jugadas clásicas del ajedrez, donde hay un equilibrio en el desarrollo de la partida, y controla el centro del tablero con una agresividad estratégica. No obstante, hay que tener cautela y prudencia declarativa, pues a quien tiene enfrente le gusta patear mesas y tirar todo en sus exabruptos temperamentales. ¿Veremos a ese Trump mañana? Puede ser, o puede no ser. Pero es una experiencia que en algún momento tendrá Sheinbaum con él.

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El anuncio de la Casa Blanca que se abrirían los briefings a periodistas independientes, influencers, creadores de contenido y de podcasts, generó reacciones en México, donde se trazó una analogía con el sistema comunicacional y de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una línea que impulsó el oficialismo en medios impresos y electrónicos fue registrado en el Bajo Reserva de El Universal, que publicó que les habían confiado que la mañanera había triunfado en la Casa Blanca, exaltando la “consagración como modelo de exportación del formato mañanero mexicano de Jesús Ramírez Cuevas y de su jefe Andrés Manuel López Obrador”. La columna Confidencial de El Financiero, agregó: “Así que a quemarle incienso al republicano; solo falta que allá también empiecen a hacer preguntas a modo como los ‘Moléculas’ o los ‘Sin Censuras’”.
El Financiero lo registró bien. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es del todo nuevo lo que comenzó ayer en Washington pero será institucionalizado, y se mantienen diferencias fundamen-tales.
La vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt, que a sus 27 años es la más joven en haber ocupado ese estratégico puesto –la comunicación política ocupa el 80 por ciento del trabajo diario de la Presidencia de Estados Unidos–, mencionó la incorporación de los nuevos medios digitales, que tienen grandes audiencias y llegan a grupos que no se informan en los tradicionales, llamados Legacy Media, que han ido perdiendo confianza entre la gente, como registró en octubre una encuesta de Gallup que trajo a cuenta Leavitt. López Obrador y Ramírez Cuevas argumentaban lo mismo para justificar a sus youtuberos y medios digitales, que salvo excepciones, eran de carcajada.
Leavitt anunció que “en la medida que sean creadores de contenido noticioso y son periodis-tas legítimos e independientes”, serían bienvenidos a la Casa Blanca. López Obrador y Ramírez Cuevas le abrieron las puertas a Palacio Nacional a periodistas ilegítimos en muchos casos y dependientes de la Presidencia, por la vía de recursos directos que les inyectó el jefe de la propaganda del régimen a través de varias dependencias federales que por sus responsabilidades, podían esconder los pagos, o mediate prebendas de ingresos indirectos y tolerancia para que cobraran por preguntas pagadas por políticos, empresas o grupos de interés.
En la Casa Blanca, lucrar con el espacio que les otorgan en el salón de los briefings “James Brady” –en honor al vocero del presidente Ronald Reagan que recibió un disparo en la cabeza durante un intento de asesinato de su jefe en 1981–, es imposible siquiera pensarlo. De igual manera es inconcebible que los representantes de los nuevos medios que serán recibidos de manera estructurada, porque ya tenían acceso, tengan como principal función leer preguntas de la vocera de la Casa Blanca o sirvan como los payasos de circo como los que tenían López Obrador y Ramírez Cuevas, que tiraban miel al presidente de manera obscena, eran zalameros hasta la ridiculez, y diariamente ejercían su derecho a la estupidez. Por ejemplo, personajes como Carlos Pozas, que renació como “Lord Molécula”, sería imposible que existieran en los briefings.
Leavitt mencionó el requisito que quienes quieran el medallón de plástico con su fotografía que les da acceso a la Casa Blanca tienen que presentar sus cartas credenciales y pasar por la revisión previa de seguridad que hace el Servicio Secreto. La vocera no mencionó un primer filtro de seguridad que exige, cuando menos hasta hoy, la acreditación del Congreso antes de iniciar el trámite en la Casa Blanca. La mañanera de López Obrador no pasaba por ningún control de seguridad, sino era discrecional y no estaba destinada únicamente a medios –como en Washington–, sino entraban todo tipo de personas, incluidos músicos, comediantes y payasos auténticos para el Daily Morning Show del presidente. En la actualidad, los requisitos para asistir a las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, son más relajados, y aunque mantiene un formato similar, ha dejado fuera todo lo que se asemeje a la carpa del sexenio anterior.
Las mañaneras de López Obrador tenían un acomodo de youtuberos y periodistas particular. Durante la mayor parte del sexenio se entregó a los periodistas inventados por Ramírez Cuevas las dos primeras filas del teatro habilitado en el Salón de la Tesorería –donde otrora fueron las comidas y cenas de Estado–, que eran a quienes López Obrador les daba mayoritariamente la palabra. Lo que hacían eran preguntas a modo para que el presidente iniciara sus recorridos al espacio sideral y regresara muchos minutos después –una vez se extendió 43 minutos– a la Tierra sin responder lo que le preguntaron, pero aprovechando para fustigar a opositores, amigos, colaboradores, medios y periodistas.
En la Casa Blanca hay un arreglo diferente. Antes de Reagan, salvo los dos asientos en el pasillo central y en la primera fila, asignados permanentemente a las dos principales agencias de noticias –una hacía la pregunta inicial y la otra cerraba el briefing–, conforme uno llegaba se sentaba. Desde ese gobierno se asignaron asientos en las tres primeras filas a los medios más importantes de Estados Unidos. En la actualidad, la asignación de lugares se da mediante una negociación de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con los funcionarios de la oficina de la vocera. Leavitte, por lo pronto, no modificó el esquema, y colocó a dos medios digitales –el liberal Axios y el trumpista Breibart News– en los asientos que normalmente ocupaba el staff de la vocería.
Breibart lleva cubriendo la Casa Blanca más de ocho años y sus periodistas no incluyen farsantes como algunos de los inventos de Ramírez Cuevas. Los briefings son dados regularmente por la vocera y ocasionalmente pueden presentarse el presidente o funcionarios. Los briefings son ejercicios de información, comuni-cación y, propaganda. Las mañane-ras son ejercicios de difusión, comunicación, información, desin-formación, propaganda, ataques y, en el caso del expresidente, de gobierno. Sheinbaum trabaja todo el día; López Obrador dormía sus siestas, jugaba beisbol y a veces hasta cumplía con algo de sus responsabilidades.
Las mañaneras no se exportaron a la Casa Blanca, como dicen sus autores intelectuales y promotores. Fueron un producto tropical de la república bananera del obradorismo, que sigue presente.

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El pasado viernes 24 de enero Karoline Leavitt, la vocera del presidente Donald Trump, escribió en su cuenta de X que en la víspera, la presidenta Claudia Sheinbaum había aceptado un “récord” de cuatro vuelos diarios con mexicanos indocumentados deportados, adicionalmente a expulsiones sin límite por la frontera terrestre, deportaciones de no-mexicanos, reinstalación del programa ‘Quédate en México’, y la movilización de 30 mil elementos de la Guardia Nacional, presuntamente a la frontera con Guatemala. La presidenta confirmó los vuelos el lunes y no se metió en nada más. Está bien. No tiene que festejar que ya comenzó a aceptar las exigencias de Trump para evitar que imponga a aranceles a México.
Ayer, Leavitt añadió en el briefing en la Casa Blanca que la imposición de 25 por ciento de aranceles a partir del próximo sábado se mantiene, a menos, precisó, que México –al igual que Canadá–, frenen el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Es probable que Sheinbaum, después de haber cedido a las pretensiones de Trump sobre migración, no esperara el balde de agua fría de la Casa Blanca. Leavitt dijo que México y Canadá estaban haciendo esfuerzos para evitar los aranceles, incluida una buena cooperación con Washington por parte de los mexicanos, pero no ha sido suficiente. “Hasta anoche”, dijo refiriéndose a su última plática con Trump sobre el tema el lunes, el plazo para que hagan lo que les pidió, no ha cambiado.
¿Qué quiere Trump? Es muy claro, y lo que ha dicho reiteradamente: combate a los cárteles de la droga para acabar el suministro de fentanilo a Estados Unidos, y frenar la migración. No parece haberle hecho caso a la presidenta de que el problema lo tiene en su país, no en México, ni tener en cuenta su estrategia doméstica anunciada días antes de que asumiera la jefatura de la Casa Blanca, para evitar una crisis de salud como dice que existe en su país y en Canadá.
La diplomacia de la mañanera no ha servido para nada. La conferencia mañanera en la Casa Blanca, objetivamente hablando, pesa más. Los datos que manejan los servicios de información y policiales de los socios comerciales mexicanos, tampoco respaldan a Sheinbaum.
Los servicios de inteligencia canadienses tienen detectadas redes de tráfico de fentanilo desde México, donde están involucrados políticos y empresarios vinculados a Morena. En Estados Unidos, no tienen duda en dónde empezó su crisis de salud. En un reporte del Congressional Research Service, el brazo del Capitolio que trabaja como auditoría de las políticas públicas del gobierno, dado a conocer a mediados de diciembre, señala que la mayor parte del fentanilo ilícito que llega a Estados Unidos, se produce clandestinamente en México, utilizando precursores químicos chinos. En la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas que publicó la DEA en mayo pasado, identificó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, “las principales y más peligrosas organizaciones criminales trasnacionales” en México, como fabricantes de fentanilo en este país.
Los esfuerzos del gobierno mexicano han sido insuficientes. En migración, sin chistar públicamente, se acomodaron los intereses estratégicos de Trump a las necesidades estratégicas de Sheinbaum, pero queda a deber. Es difícil ver en los intentos por apagar el fuego de la semana pasada, una solución de largo plazo. El domingo partió una nueva caravana migrante de Tapachula con varios cientos de personas indocumentadas, con el propósito de llegar a las puertas de Estados Unidos. Las caravanas no se detendrán, pese a que se cierre la frontera norte, ni la movilización de miles de militares está funcionando.
Lo que se ha visto hasta ahora es una actitud reactiva por parte del gobierno mexicano, que no soluciona el fenómeno migratorio a largo plazo. Las señales del gobierno de Trump son gritos para que entiendan en Palacio Nacional. El diferendo con Trump no está en la frontera común, sino en la del sur. Si los migrantes continúan llegando a la frontera norte, el problema no lo habrá contenido México. La solución no son los cientos de abogados en los consulados para impedir las deportaciones –que hasta ahora no sabemos qué ha pasado con sus gestiones–, ni camas en centros de atención, o frazadas y comidas calientes. Qué bueno que las hay, pero son un paliativo.
Una nueva política migratoria en el sur no se compone únicamente de miles de guardias nacionales que sellen las carreteras y los bosques, o estrategias mareadoras para subir a los indocumentados en autobuses y hacerlos pensar que van a llegar a la frontera con Estados Unidos y engañarlos con recorridos agotadores por el centro del país para desincentivarlos. Tampoco está en muros y alambradas, militarizando las fronteras con Guatemala y Belice, sino mediante una estrategia integral –que más adelante se planteará en este espacio–, que reconozca a la migración como un fenómeno provocado por la desigualdad y por la violencia, de gobiernos o criminales.
La falta de una política migratoria ha ido de la mano de la deficiente comunicación política sobre lo que se está haciendo para combatir al crimen organizado y el tráfico de fentanilo, que no registra ningún reporte que su precio en el mercado norteamericano se haya elevado desde que Sheinbaum es presidenta por desabasto. El gobierno tiene que atajar de manera firme el fenómeno migratorio porque sus acciones reactivas no han sido suficientes para neutralizar la amenaza de Trump, así como dar pruebas de que México no es un país controlado por criminales, como lo perciben en Estados Unidos.
Sheinbaun necesita una política migratoria en su frontera sur como mensaje al norte y un compromiso que concilie los dichos y los hechos, para combatir a los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo, aunque no le guste a muchos en su trinchera.
Nota: La semana pasada el secre-tario de Estado, Marco Rubio, habló con 17 cancilleres. El domingo habló con dos más, y el lunes con otros cinco. Hasta el mediodía de ayer, no había información pública de la llamada que el gobierno dice que tuvo con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

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El apoyo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de la presidenta Claudia Claudia Sheinbnaum, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y de la maquinaria de propaganda del régimen, es lo que ha evitado su muerte política. No ha impedido, empero, que se haya podrido y que el apoyo incondicional del régimen esté infectando al gobierno. Rocha Moya es la cara más conspicua del poder del narcotráfico y de su control sobre el Estado Mexicano, por la fuerza y por la complicidad de miembros de la clase gobernante con el crimen organizado en el reino de impunidad y colusión en el que vivimos.
Culiacán lleva cuatro meses de guerra. López Obrador lo dejó a la deriva y Sheinbaum no ha podido evitar la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa que luchan por su control. La desestabilización en la casa del cártel más poderoso del mundo se originó por la captura de su jefe histórico, Ismael El Mayo Zambada, en julio pasado en una operación realizada por la unidad internacional antiterrorista del gobierno de Estados Unidos. Cínicamente, el expresidente acusó a Estados Unidos de que haber detenido a Zambada causó la violencia, en franco reconocimiento de quién mandaba en el estado.
En estos tiempos de virulencia retórica y amenazas del presidente Donald Trump contra México por su tolerancia a cogobernar con los cárteles, y por haberles entregado el bastón de mando para apoderarse de cuando menos una tercera parte del país –de acuerdo a la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Congreso–, el apoyo de Sheinbaum y del aparato del régimen a Rocha Moya no marcan diferencia entre ella y su predecesor, permitiendo el silogismo en la clase gobernante en Estados Unidos que si lo respalda es porque es cómplice.
No lo es. Las agencias de inteligencia estadunidense revisaron sus relaciones durante la campaña presidencial, y no encontraron vínculos con el crimen organizado. Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa, general Ricardo Trevilla, tienen enlaces en Washington y una comunicación que no se ha detenido desde la Administración Biden. Dicho esto, la primera fase de la estrategia de restablecimiento de la seguridad de Sheinbaum, que pasa por la pacificación de Sinaloa, ha fracasado hasta ahora. Hay muchos generadores de violencia detenidos, pero no paran los tiros, los ataques, los asesinatos y los desaparecidos, ni tampoco la desesperación culichi.
Rocha Moya agrega desestablización política y lo sostienen en el poder pese a saber de su involucramiento con el Cártel de Sinaloa, como lo señalan dos informes de inteligencia que tiene el gobierno mexicano; uno detalla cómo los reyes del huachicol amafiados con líderes de Morena, financiaron campañas de al menos seis gobernadores, entre los que se encuentra Rocha Moya; y otro sobre la captura de Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, donde se subraya el papel central que jugó en la celada a El Mayo, en el asesinato de su acérrimo enemigo, el exdiputado y exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, y en el encubrimiento de ese crimen. El ocultamiento de su participación lo hizo la Fiscalía General de la República, que abrió una investigación sobre el crimen donde exoneró implícitamente al gobernador, abierta como respuesta a una carta de Zambada publicada en las redes en agosto del año pasado, donde lo señalaba como pieza central en las relaciones con el Cártel de Sinaloa.
La carta de Zambada fue algo insólito para un capo que se mantuvo fuera del escrutinio público durante más de 30 años, que rompió únicamente cuando a través de Julio Scherer, que habló con él en la sierra, le envió un mensaje al entonces presidente Felipe Calderón a través de Proceso sobre el poder militar que tenía el Cártel de Sinaloa, para que fuera midiendo sus fuerzas. El Ejército, que era el responsable de combatirlo, no se le acercó. La carta de Zambada no iba sola.
Personas que conocieron cómo se dio la operación de captura de El Mayo y la forma como se ejecutó la operación, dijeron que fue acompañada de un documento de soporte que se entregó a las autoridades estadunidenses con sigilo, en donde se detalla la relación de Rocha Moya con el Cártel. Fue el primer guiño de Zambada por cooperar con Estados Unidos en el tema de la narcopolítica en México. No ha llegado todavía a un acuerdo con los fiscales en Brooklyn, pero están en negociaciones para evitar el juicio a cambio de información.
El respaldo a Rocha Moya de todo el régimen se explica en parte sobre lo que pudiera suceder si lo dejan a su suerte. Quienes lo conocen consideran que podrían intentar asesinarlo los grupos en conflicto –que sería un enorme golpe al gobierno de Sheinbaum–, o que fuera detenido por Estados Unidos, temiendo que por débil comience a cantar con la música que le pongan los fiscales en lugar de guardar silencio estoico y resistir su eventual juicio en prisión.
No sería extraño que los más altos personeros del obradorato vean este escenario con procupación, ante la incertidumbre de a cuántos de ellos podría vincular con el narcotráfico, y decir todo lo que sabe de López Obrador como, por ejemplo, cómo se organizó su primera visita a Badiraguato para saludar a la madre de El Chapo Guzmán, y qué se negoció a cambio. Los fiscales en Brooklyn tienen pruebas de dos transferencias electrónicas que salieron de Culiacán al entorno del expresidente poco después de ese encuentro.
En todo ese entramado no participó Sheinbaum, y hasta donde se sabe, tampoco estaba enterada de lo que sucedía entre Palacio Nacional y Sinaloa. Pero la está afectando y dañando profundamente con la nueva Admninistración Trump. La putrefacción que le genera Rocha Moya se le va a ir subiendo si no la corta. Su dilema es cómo y hasta dónde, no el qué y el porqué, que es la contradicción en la que debe encontrarse.

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E l miércoles pasado, al arrancar su mañanera, la presidente Claudia Sheinbaum informó que en la víspera, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, había iniciado conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Fue una muy buena conversación, muy cordial”, dijo Sheinbaum. “Se habló de temas de migración, de temas de seguridad. Es muy importante que todos lo sepan”. En efecto, después de haber estado congelado el gobierno mexicano por el equipo del entonces presidente electo Donald Trump, la noticia era muy positiva, sobre todo si, como afirmó, “la primera que hizo fue a México”.
Pero hay una duda razonable: ¿es cierto que De la Fuente habló con Rubio. No hay nada que soporte la afirmación de la presidenta, salvo los dichos del canciller. Agustín Gutiérrez Canet, ex corresponsal en Washington y con larga carrera en el Servicio Exterior, planteó el viernes en una entrevista que la escasa información de la conversación podría deberse a un acuerdo secreto entre los dos países, como el que pactaron Marcelo Ebrard y Mike Pompeo en 2018. La hipótesis es válida, aunque difícilmente una negociación de este tipo habría sido telefónica. Otros elementos dejan bajo fuerte sospecha la existencia de esa llamada telefónica.
La afirmación de Sheinbaum que fue a México la primera llamada de Rubio el martes 21, es cuestionable porque el registro público de las reuniones y las llamadas de Rubio publicadas en la página en línea del Departamento de Estado, muestra que la primera comunicación telefónica que tuvo el canciller estadunidense fue con ministro de Asuntos Externos de Filipinas el miércoles 22. Rubio tuvo cuatro llamadas más con sus contrapartes de Canadá, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. También habló ese día con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y luego con el príncipe heredero y canciller de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud. En medio de estas dos habló simultáneamente con el “presidente legítimo” de Venezuela, Edmundo González, y con la lideresa de la “oposición democrática”, María Corina Machado.
El jueves 23 tuvo Rubio otra intensa actividad de llamadas telefónicas con los cancilleres de Turquía, Costa Rica, Polonia, Israel y Egipto, así como con el jefe de la OTAN. Y el viernes 24, al cierre de su primera semana como secretario de Estado, habló con los ministros de Asuntos Exteriores de China, Vietnam, Dinamarca, Lituania, Latvia, Yemen y, la última de la semana, con el de Nueva Zelanda.
Las llamadas de Rubio son una aproximación a los intereses estratégicos de Estados Unidos, como fue la reunión presencial que tuvo el martes con los ministros del Exterior de Australia, India y Japón, con quienes forma el Grupo Quad (de Cuadrilátero), cuyo principal objetivo es cuidar la prosperidad y la democracia en la región Indo-Pacífico, poco después de jurar como secretario de Estado, dirigir un mensaje a todos los trabajadores de la cancillería y conceder tres entrevistas a la televisión.
La prioridad en el arranque de su gestión como el jefe de la política exterior de la Administración Trump, quedó clara en un mensaje al personal del Departamento de Estado, serán la migración y la seguridad, los temas que mencionó Sheinbaum que trataron Rubio y De la Fuente durante su “cordial” plática. La descripción de la conversación, sin embargo, no coincide con el espíritu del discurso de Rubio sobre las prioridades estadunidenses inmediatas, ni su primer viaje al extranjero.
“Primero –dijo Rubio–, debemos reducir la inmigración masiva y asegurar nuestras fronteras. El Departamento de Estado no emprenderá ninguna acción que facilite o anime la inmigración masiva. Nuestras relaciones diplomáticas con otros países, particularmente con América Latina, priorizará el aseguramiento de las fronteras de Estados Unidos, deteniendo la migración ilegal y desestabilizadora, y negociando la repatriación de los inmigrantes ilegales”. México sostiene que no hay inmigración masiva y se ha preparado para frenar en tribunales la repatriación de indocumentados, que por cierto, hasta ahora ha sido un fracaso.
Rubio viajará esta semana a El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. El foco en los cuatro primeros será la migración, y los ojos en Panamá estarán puestos en los temas relacionados con el Canal. La línea que empujará Rubio en la región probablemente se centrará en la conversación que tuvo con el canciller tico, Arnoldo André, que de acuerdo con la declaración pública sobre la llamada telefónica, además de la migración busca construir un esquema de seguridad ante las amenazas externas y frenar a las organizaciones criminales trasnacionales que “aterrorizan a nuestros países”.
La versión de la llamada con De la Fuente cobró verosimilitud por la referencia a vuelo de pájaro que hizo Trump sobre México durante una videoconferencia en el Foro Económico de Davos, donde su señalamiento que estaba lidiando con México “muy bien” y que querían que tratara a Estados Unidos “de manera justa”, se difundió en los medios como el que la relación bilateral estaba “muy bien”, aunque la frase estaba en el contexto comercial, y lo único que ha hecho es amenazar con aranceles si no frena México la migración y el tráfico de fentanilo, e intercambiar mensajes con Sheinbaum a través de los medios.
No existe ninguna rastro público en el Departamento de Estado de la susodicha conversación telefónica entre los cancilleres, y hasta ayer no había ningún comunicado en Washington sobre la presunta llamada, lo que es atípico en el contexto del despliegue comunicacional que hizo la oficina de Rubio, que difundió los detalles generales de las 17 llamadas telefónicas con cancilleres, además de otras dos con jefes de Gobierno, con el secretario general de la OTAN y con los opositores venezolanos, además de su reunión con el grupo Quad.
Un funcionario del Departamento de Estado que fue consultado el viernes pasado si Rubio había hablado con De la Fuente o con cualquier otro funcionario del gobierno de México, respondió: “No tenemos ningún comentario y nada que confirmar hasta este momento”. De la Fuente tiene que aportar más información para disipar las dudas sobre su palabra, y sobre todo dar la certeza de que no engañó a la presidenta.

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La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood debió haber anunciado las nominaciones para el Óscar el 12 de enero, pero los incendios en Los Ángeles obligaron a posponer el evento para el 14, y luego para el 17. El fuego lo hizo imposible, por lo que se reprogramó para este 23, tres días después de que Donald Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos. Nadie calculó que aquel momento donde se hubiera anunciado que el filme Emilia Pérez había arrasado con las nominaciones, pudiera haber cambiado tanto su contexto y su significado en apenas nueve días. Hace una semana y media, Estados Unidos vivía una realidad que hoy está siendo demolida con una fuerza indómita.
Emilia Pérez, un musical en español que ha partido por la mitad a los críticos de cine y a quienes la han visto, narra la vida de un capo de las drogas en México que decide dar un giro a su vida, simulando su muerte y sometiéndose a una intervención para cambiar de género, renaciendo como una mujer llamada Emilia Pérez que funda una organización no gubernamental dedicada a la búsqueda de los desaparecidos asesinados por los cárteles de las drogas. La película obtuvo 13 nominaciones, varias en las principales categorías, superando a todas sus competidoras.
La película se estrenó en el festival cinematográfico de Cannes en mayo de 2024, durante la campaña presidencial en Estados Unidos, y un mes antes del primer debate presidencial donde el colapso de Joe Biden fue tan dramático que detonó el final de su campaña por la reelección. Nadie sabía en ese entonces qué sucedería en la elección de noviembre, aunque había altas expectativas, sobre todo con la sustituta del expresidente, Kamala Harris, que los demócratas ganarían. Tampoco se esperaba que Emilia Pérez fuera a ser tan controvertida y, menos aún, de tan profundo contraste con la actualidad.
Diez días después de que Trump arrasó en las elecciones presidenciales, venció el plazo para presentar nominaciones al Óscar. El voto para seleccionar las mejores empezó el 8 de enero de este año y terminó cuatro días después. Una semana después Trump tomó posesión, como culminación de su victoria en la gran guerra cultural que se desató en Estados Unidos.
Desde su discurso inaugural proclamó el fin del “wokismo”, un término que significa “el despertar”, que aunque nació hace casi un siglo para describir a la comunidad negra informada, desde hace 15 años comenzó a utilizarse como una forma de abrir los ojos para combatir la desigualdad social, la negación de los derechos de los colectivos LGBTQ (lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero y queer, que describe una identidad de género y sexual distinta a la heterosexual y cisgénero). Pero no se detuvo ahí.
Ese mismo día canceló las acciones afirmativas establecidas por Biden dentro del gobierno federal para abrirse a la diversidad, la equidad y la inclusión, y ordenó suspender de sus labores a todas las personas LGBTQ y urgió a quienes trabajan con ellas a denunciarlas en un plazo no mayor de 10 días. Trump criticó lo que llamó la “ideología de género” que dijo impulsó la izquierda en su país, y afirmó que a partir de ese día, el lunes, “la política oficial del gobierno de Estados Unidos sería que solo hay dos géneros, masculino y femenino”. Su frase generó una enorme algarabía entre sus seguidores, en particular de los cristianos que fueron cruciales en la aplastante victoria de Trump en las elecciones, donde el 56 por ciento de ellos, entre un electorado donde dos de cada tres estadunidenses son cristianos, votaron por él.
La contrarrevolución cultural y la inmigración fueron las dos prioridades con las cuales Trump empezó su cruzada en la Casa Blanca. Su discurso generó una respuesta casi inmediata de la obispa Mariann Budde, líder de la Diócesis Episcopal de Washington, que el miércoles, en un servicio interreligioso en la Catedral Nacional para las primeras oraciones inaugurales a presidentes que se han hecho desde 1933, le pidió a Trump “compasión” por los inmigrantes y las personas LGBTQ. No era algo que hubiera pensado por largo tiempo, le confió a The New York Times, al que le agregó que cuando escuchó el mensaje del presidente, que ya no era de campaña sino de gobierno, pensó que la gente estaría preguntándose, “¿irá alguien a decir algo?”.
Trump demandó una disculpa de la obispa, pero ésta se mantuvo. “No veo ninguna razón para disculparme por haber pedido compasión”, dijo. En medio de la reverberación que ofreció a todos aquellos a quienes iban dirigidas las punzantes palabras de Trump –porque pudo haber cambiado la política de Biden sin la violencia retórica y la sevicia adminis-trativa– apareció Emilia Pérez y sus enormes 13 nominaciones al Oscar.
No se sabe cuántas estatuillas se llevará Emilia Pérez. El voto para determinar los Óscar tiene como plazo el 18 de febrero, para ser entregados en Los Ángeles, el 2 de marzo, pero para como se ha visto el talante de Trump, las nominaciones al musical es un desafío. Jacques Audiard, el cineasta francés que la dirigió, pensaba en la víspera del anuncio de las nominaciones, que el regreso de Trump haría voltear a la Academia hacia un cine más local. No fue así.
Hace ocho años, cuando Trump ganó su primera elección presidencial, Hollywood, mayoritariamente liberal y demócrata, respondió. Lo más notable fue la serie The Handmaid’s Tale (Los cuentos de la criada), que mostraba un país partido tras una guerra civil, con una dictadura encabezada por la extrema derecha cristiana que controlaba Washington y el Este de Estados Unidos. La multipremiada serie parecía premonitoria, incluso utilizando algunas frases que anticipaban la narrativa de Trump, como llamar “traidores de género” a los homosexuales.
La serie, inspirada en el libro de la canadiense Margarte Atwood, reflejaba una sociedad distópica donde no había democracia, y reinaba un fundamentalismo teocrático, al que enfrentaba una guerrilla. Emilia Pérez es todo lo que Trump odia, una película que Hollywood le ha puesto enfrente y que de alguna manera responde a la duda imaginaria de la obispa Budde: sí hubo alguien que dijo algo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió sin exabruptos a la instrucción del presidente Donald Trump para que su gobierno inicie el proceso para determinar si los cárteles de la droga pueden ser catalogados como organizaciones terroristas internacionales, y dijo que Estados Unidos “puede actuar en su territorio y en el marco de su Constitución”. Cierto, como también lo es que esa decisión puede traer complicaciones para México, a sus empresas, a las extranjeras, a inversiones y al empleo.
La orden ejecutiva que firmó Trump fijó un plazo máximo de 14 días, a partir del lunes pasado, para que el Departamento de Estado, tras consultar con los de Justicia y el Tesoro, y la Dirección Nacional de Inteligencia, recomiende si los cárteles mexicanos deben ser designados “Organizaciones Terroristas Extranjeras”, porque “representan un riesgo inadmisible para la seguridad nacional” de su país, y actúan “casi como entidades gubernamentales” en México, controlando casi todos los aspectos de la sociedad, y vinculados a China por la vía del tráfico de fentanilo.
En la columna de este miércoles se mencionó que la ley que regula esa acción es muy amplia, por lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la política de “abrazos, no balazos”, podría ser sujeto como persona física a que se le aplicara a la ley. Pero también, dentro de los criterios del Departamento de Estado cualquier institución financiera en Estados Unidos que está al tanto de que maneja fondos de una de las organizaciones criminales internacionales designadas “terroristas”, violaría la ley por considerarse que les dio “apoyo material”.
Esto conlleva un problema de otra magnitud a como lo está viendo Sheinbaum. Un análisis de la firma FTI Consulting señala que de incorporar a los cárteles mexicanos a esa lista, cualquier pago hecho por una compañía, una organización o un individuo afiliado a ellos, o que les haya provisto de ayuda logística, podría ser considerado como apoyo material para un grupo terrorista.
FTI Consulting recordó que la última encuesta sobre seguridad pública realizada por la Cámara Americana de Comercio en México, que aglutina a 218 empresas estadunidenses en este país, mostró lo “penetrante” que es la extorsión del crimen organizado. El 12 por ciento de las empresas norteamericanas reportaron en enero que los cárteles tomaron el control parcial de sus ventas, distribución y el precio de sus productos, mientras que el 45 por ciento admitió que habían recibido extorsiones y demanda de pagos a cambio de no hacerles nada. Estos pagos, si se designara “terroristas” a los cárteles, podrían ser considerados como “apoyo material”, señaló la consultora.
La extorsión criminal a empresas no es un fenómeno reciente, pero se ahondó en el gobierno de López Obrador, donde los cárteles tuvieron una impunidad casi absoluta. Las empresas mineras, mexicanas y extranjeras, fueron las primeras grandes compañías afectadas por los cobros de piso y los secuestros de sus ejecutivos para obligarlas a pagar por protección, si deseaban continuar en el negocio. Al menos una empresa petrolera estadunidense tuvo vínculos con un cártel que le vendía combustible robado. Empresas de alimentos han tenido que pagar a organizaciones criminales para que les permitan seguir haciendo negocios en algunas partes del país, y otras, que se negaron a ser extorsionadas, tuvieron que suspender por un tiempo sus operaciones en varios estados mexicanos. Algunas más, aparentemente sin relación con las organizaciones criminales, con perfil financiero, son utilizadas presumiblemente por los cárteles para enviar remesas, que se calculan en decenas de millones de dólares anuales, y que sirven para lavar dinero. Los transportistas, que pagan impuestos criminales en las carreteras, también se encuentran en este paquete.
Varias de estas empresas podrían ser sujetas a sanciones del gobierno de Estados Unidos si se designan “terroristas” a los cárteles mexicanos, como sucedió en 2011 con la empresa Chiquita Brands International, cuando una Corte Federal en Florida la encontró responsable de haber financiado al grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas de Colombia –que había sido designado como “terrorista” una década antes– y la obligó a pagar casi 40 millones de dólares a ocho familiares cuyos parientes fueron asesinados por ese grupo.
El juicio se dio luego que Chiquita Brands International aceptó en 2007 ante el Departamento de Justicia que había hecho pagos a las Autodefensas, que la habían extorsionado. En el juicio la defensa alegó que no había bases para ese fallo y apeló. El juicio se extendió hasta octubre pasado cuando la Corte Federal refrendó el fallo contra la empresa y la responsabilizó de haber violado los derechos humanos de las víctimas.
En caso de designarse como “terroristas” a los cárteles mexicanos, decenas de empresas nacionales y extranjeras en México podrían estar en riesgo de ser demandadas, como sucedió con Chiquita Brands International. Operar en zonas de alto riesgo se convertiría en un lastre para las empresas y, en caso de problemas legales, sus costos se elevarían por un tiempo indefinido. Algunas podrían solventarlos, pero otras tendrían que recortarlos, mediante reducción en sus nóminas o, eventualmente, el cierre de sus operaciones.
La orden ejecutiva de Trump no puede verse únicamente bajo el ángulo de una mera decisión soberana, porque existe la probabilidad de una externalidad económica con fuerte repercusión en México, tanto en el ámbito de los negocios y del empleo, como en las perspectivas de inversión. Sheinbaum no debería tomar las cosas tan a la ligera, ni sus asesores en la materia soslayar todos los ángulos que implican acciones como la que tomó Trump, que subrayan una profunda debilidad institucional.
El debate sobre la designación de los cárteles como “terroristas” se arrastra desde 2011, pero nunca estuvo tan cerca de convertirse en realidad. Trump quiso hacerlo en su primer mandato, y varios de sus principales funcionarios quieren la medida. El secretario de Estado, Marco Rubio, que los llamó recientemente “terroristas”, no se ha pronunciado abiertamente por la designación, pero ha dejado abierta esa posibilidad, que tiene un respaldo bipartidista. Cuando Trump lo mencionó en su discurso inaugural, la mayor ovación, con republicanos y demócratas de pie, fue cuando anunció su intención de declarar a los cárteles “terroristas”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum tiró agua fría sobre las incendiarias declaraciones del presidente Donald Trump y sus órdenes ejecutivas con impacto en México. Sheinbaum lo hizo minimizando sus acciones, comparándolas con algunas que emprendió durante su primer periodo en la Casa Blanca, como las barreras fronterizas y la declaración de emergencia para cerrar la frontera para evitar el paso de migrantes indocumentados, o encerrando en el ámbito legal local algunas otras, como la pretensión de iniciar el proceso para designar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas internacionales. Su diagnóstico sería correcto salvo que la problemática interna en México en 2019 no es la que se vive en 2024. El contexto establece dos realidades muy distintas que impide analizar en espejo acciones y decisiones, y altera su llamado a defender la soberanía mexicana.
No hay duda que la soberanía, que es la capacidad de un gobierno para tomar decisiones de manera autónoma e independiente, está en riesgo por el apetito injerencista histórico de Estados Unidos, y produce resultados inesperados, como ayer, cuando la presidenta cedió tácticamente a una de las imposiciones que lanzó Trump tras tomar posesión, la reinstalación del programa “Quédate en México” –para que vivan en territorio mexicano inmigrantes extranjeros mientras se tramita su ingreso a Estados Unidos–, que había rechazado reiteradamente.
La soberanía mexicana sí ha sido horadada y las intervenciones de Estados Unidos en este país no nos son ajenas. La última fue la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio del año pasado, resultado de una operación clandestina de unidades de élite estadunidenses, de la cual se enteró el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando su vocero le informó que la prensa estaba difundiendo la detención de Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el instrumento utilizado por las agencias estadunidenses. Sin embargo, la explicación de esa intervención ajena al conocimiento de López Obrador, era la certeza de que si le hubieran informado al expresidente, probablemente se habría dado una filtración que alertara al jefe del Cártel de Sinaloa.
La intervención extranjera en territorio mexicano, de cualquier manera, no se justifica bajo cualquier motivo o consideración. Pero la soberanía mexicana fue debilitada y vulnerada por la política de “abrazos no balazos” de López Obrador, que permitió el crecimiento y empoderamiento de los cárteles de las drogas, en particular el de Sinaloa, al tiempo que se convertía en el principal traficante de fentanilo a Estados Unidos, donde la crisis de salud por esa droga estalló en 2019. López Obrador hablaba siempre de la soberanía mexicana, mientras que amparados en sus acciones los cárteles construían sus santuarios, como fueron Sinaloa y Jalisco.
No es algo que desconociéramos. En 2022 el Comando del Norte de Estados Unidos –de donde expulsaron al gobierno de López Obrador hace un año, con lo cual reclasificaron a la baja la confianza con el gobierno mexicano–, afirmó que los cárteles de las drogas controlaban entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano. El expresidente rechazó la afirmación, pero la conversación y el hartazgo con él fue quedando cada vez más claro en Washington, en el Capitolio y entre los funcionarios estadunidenses que acudían a audiencias sobre seguridad e inteligencia, que cuestionaban su rol con las organizaciones criminales.
Hace 10 meses Antony Blinken, secretario de Estado del expresidente Joe Biden, dijo en una de esas audiencias que era “acertado” señalar que partes del territorio mexicano estaban controladas por los cárteles de la droga. La captura de Zambada probó que las afirmaciones eran certeras.
Los más de cuatro meses de guerra en Culiacán derivado por la implosión del Cártel de Sinaloa tras la captura, probaron que la Pax Narca que imponía Zambada se había quebrado, dejando un vacío de autoridad. El mismo López Obrador, con cinismo, ingenuidad o preocupación, acusó a Estados Unidos de haber sido el promotor de la violencia por detenerlo, lo que sugería que la estrategia de “abrazos no balazos” fue una estrategia para intercambiar gobernabilidad por control criminal sobre la vida y destino de comunidades, ciudades y estados.
La violencia contra ciudadanos estadunidenses y el tráfico de fentanilo hacia ese país fue catalogado como una amenaza a la seguridad nacional. Esa visión no se quedó en el gobierno demócrata, sino que se trasladó de manera integral a la nueva Administración Trump. El domingo pasado en una entrevista con la cadena de televisión CBS, el nuevo consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Walz, reiteró que era inadmisible que los cárteles de la droga controlaran el 30 por ciento del territorio mexicano, un crecimiento de 10 por ciento en solo cinco años, de acuerdo con un informe confidencial de la CIA. Días antes de la declaración de Walz, en su audiencia de confirmación, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que los cárteles tenían control operativo sobre “grandes franjas” de las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos, que afectaba a la soberanía de México y a sus procesos políticos.
La presidenta Sheinbaum tendría que añadir todos estos elementos a su análisis y diagnóstico para ver la diferencia de hoy con hace ocho años y en sus llamados a la defensa de la soberanía, entender –porque no lo aceptará jamás públicamente–, que la persona principalmente responsable de haberla colocado en esta situación y al país en riesgo de nuevas injerencias directas de Estados Unidos, es López Obrador.
Haber ordenado Trump, el inicio del proceso para clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, es consecuencia directa de la política de “abrazos no balazos” y, al mismo tiempo, en caso que el Departamento de Estado concluyera que legalmente procede etiquetarlos así, el expresidente estaría en riesgo de ser marcado por Estados Unidos como un colaborador de los cárteles, dado que la ley que establece esa relación es muy amplia y no necesita siquiera haber tenido relación directa.
Sheinbaum está pagando los costos políticos que le dejó López Obrador, pero difícilmente se los va a transferir. Pero cuando habla de traidores a la Patria, no son algunos opositores al régimen porque celebren los dichos de Trump sino su predecesor, que nos traicionó a todos en los hechos.

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Donald Trump no tardó nada tras jurar sobre la Biblia como presidente de Estados Unidos para mostrar que su prioridad de política interna es México. En su primer discurso como jefe de la Casa Blanca mostró un cambio radical en el enfoque de su relación con México, que pasó del amago y elevar los costos para negociar con ventaja como lo hizo hace ocho años al iniciar su primer mandato, a plantear de inmediato una serie de acciones radicales y unilaterales sin precedente. Varias horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum, como si el discurso de Trump hubiera sido lo opuesto, dijo que el diálogo, el respeto y la colaboración marcará la relación entre los dos países.
Trump y Sheinbaum hablan en frecuencias muy diferentes. La presidenta no parece tener prisa para relanzar la relación bilateral, y dijo que ya se encontraría el momento para que los equipos de ambos gobiernos se reúnan pronto para llegar a acuerdos en materia de migración, narcotráfico, contrabando de armas y comercio, pero sin activar ningún resorte para que esa temporalidad deje de ser un acto de fe. El presidente ya relanzó la suya sin importarle lo que diga Sheinbaum. Y no se trata de que le responda con bravuconadas, pero tampoco que su actitud parezca bañada en atole.
México fue la primera piñata de Trump. Declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México y anunció el despliegue de soldados y Guardia Nacional para “repeler la desastrosa invasión de nuestro país”, lo que significa, de aplicarse a su cabalidad, la militarización de la frontera que tendrá consecuencias en el tránsito legal de personas y productos. No está claro cómo y cuándo comenzará el desplazamiento militar, ni tampoco cuáles serán los parámetros para que intervengan, pero no son buenas noticias.
Aunque la militarización busca inhibir la migración indocumentada, su presencia no pueden desasociarse de la estrategia contra los narcotraficantes, iniciada con órdenes ejecutivas para iniciar el proceso para designar a los cárteles como organizaciones terroristas, al ubicarlas como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y considerando que gobiernos, personas y empresas o instituciones que las respalden, estarán violando la ley. En el mismo contexto invocó el Acta de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar arbitrariamente a cualquier no ciudadano considerado “peligroso para la paz y seguridad” del país, con lo que indocumentados mexicanos que hayan cometido delitos, serán expulsados.
Los agresivos anuncios de Trump entraron como cuchillo en mantequilla en Palacio Nacional, donde Sheinbaum, que antes había dicho estar en desacuerdo con esas medidas, guardó silencio. En contraste, José Raúl Mulino, presidente de otro país amenazado ayer por Trump, rechazó de “manera integral” las pretensiones del estadunidense para “retomar” el Canal de Panamá, y aseguró que es y seguirá siendo panameño.
Sheinbaum ha estado actuando con cautela, pero es preocupante que la prudencia vaya acompañada con una negación, cuando menos a nivel declarativo, de lo que sucedió ayer en Washington, donde se rompieron paradigmas al desaparecer la actitud transaccional que tenía Trump hace ocho años. Por ejemplo, amenazó a México con aranceles si no frenaba la migración, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, logró apagar ese fuego convirtiendo 27 mil guardias nacionales mexicanos en policías fronterizos, que contenían a los migrantes en el río Suchiate en lugar del Bravo.
Parte de aquel paquete forzado por Trump fue el programa “Permanecer en México”, para que aquellos migrantes que pidieran asilo, se quedaran en territorio mexicano durante el tiempo que durara su proceso. El programa que cerró la Administración Biden se “reinstalaría”, dijo Trump sin platicarlo con Sheinbaum.
La presidenta señaló después de sostener una reunión de gabinete para evaluar las acciones de Trump, que rechaza su instauración, lo que es un poco confuso. ¿Rechazar una política pública significa que también impedirá que les entreguen migrantes no mexicanos en la frontera? O Trump, como tenía medido a López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿piensa que será lo mismo con Sheinbaum? En todo caso, la presidenta no explicó que hará si Trump empieza a deportar migrantes indocumentados a México. Y como su equipo todavía no tiene contacto con el del estadunidense, arrancarán sin voz y en desventaja.
Sheinbaum ha mostrado mucha confusión sobre lo que son políticas domésticas y aquellas donde México sí está involucrado directamente. La estrategia frente a la posibilidad de redadas masivas que se inscribe en una lucha legal dentro de Estados Unidos contra una política interna, es un ejemplo. Ahora se pronunció por mantener la aplicación CBP One, que programaba citas para migrantes que buscaban entrar legalmente a Estados Unidos, y que Trump canceló ayer. Sin embargo, Sheinbaum soslayó el problema de dejar en el limbo a cientos de personas en ocho cruces fronterizos en la frontera mexicana, que ya no podrán entrar y se quedarán varados en México, aumentando las presiones municipales y las tensiones sociales con mexicanos.
Las primeras reacciones de Sheinbaum a las acciones de Trump inquietan por su recurrencia pasiva y limitada. Su gobierno no puede decirse sorprendido por las acciones emprendidas en su primer día en la Casa Blanca. Lo que asombra es la capacidad de respuesta tan acotada e inamovible durante semanas pese a las reiteradas amenazas, subrayando el señalamiento que su equipo minimizó el alcance de Trump y lo interpretaron mal, confiando en que era el mismo personaje que llegó al poder hace ocho años.
Su equipo no está a la altura de la circunstancia y tendrá que analizar con personas fuera de ese círculo, que ha estado tomando decisiones equivocadas que llevarán a los mismos resultados, si amerita un ajuste. Como punto de partida habría que revisar si las cabezas de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores son las mejores en esta nueva realidad, y si la de Economía podrá establecer interlocución con quienes lo desprecian, aunque antes de revisar esto, la presidenta tendría que estar completamente convencida de que una sacudida interna la ayudará externamente y que la diplomacia de atole que está llevando a cabo, no la conducirá a buen puerto con Trump.

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