Hoy toca la hora de la certidumbre con Donald Trump, y sabremos antes de que anochezca si sus amenazas con impacto en México se concretan, o no. Cuántos de los decretos sobre migrantes, narcotraficantes y aranceles que estarán sobre su escritorio firmará al terminar su primer día de regreso a la Casa Blanca, no lo sabe prácticamente nadie. Pero lo que sí es una realidad es que su mandato por otros cuatro años comenzará en las peores condiciones que podrían haberse dado para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
Nunca habíamos llegado en condiciones similares, donde fueran inexistentes los contactos previos entre los dos gobiernos durante la transición, y que el equipo entrante a la Casa Blanca hubiera rechazado tener relación con el gobierno mexicano, negando interlocución al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin saberse las razones, hay evidentemente un desdén de la administración entrante en Washington hacia el gobierno mexicano.
Sheinbaum la jugó mal, haciendo diplomacia en las mañaneras, con arrebatos nacionalistas que aunque los ha moderado y cambiado el discurso, la escucharon los asesores de Trump en Mar-a-Lago. Esa carta patriotera jugó bien ante las audiencias locales, pero poco ayudó a construir un camino hacia la futura relación bilateral. El gobierno mexicano llega a ciegas ante el nuevo gobierno en Estados Unidos y lo saben. Entre algunos miembros del gabinete hay inquietud por la falta de enlaces y, sobre todo, de información verificada sobre lo que viene.
El gobierno mexicano se ha enterado de los planes de Trump al mismo tiempo que cualquiera de nosotros, por la prensa y la televisión de Estados Unidos. Sheinbaum no ha podido calibrar el talante con el que llega Trump porque no ha tenido contacto con él desde el 26 de noviembre, hace casi dos meses, cuando conversaron por teléfono. Posteriormente recibió un mensaje de Ken Salazar, poco antes de terminar su misión como embajador en México, pero ni la alteró ni la apuró.
Salazar dijo que la relación con Trump iba a ser la peor en casi 40 años –desde el segundo periodo del belicista Ronald Reagan–, y que vendría el desmantelamiento de las políticas que emprendió el presidente Joe Biden –incluidas probablemente, aunque no lo mencionó, la tolerancia a la complacencia y complicidad con los cárteles de la droga. Pese a las banderas amarillas que levantó, Sheinbaum continuó diciendo que no entrarían en contacto con el equipo de Trump hasta que fueran confirmados por el Senado.
Sus deseos fueron cumplidos, aunque en privado trataron de hacer lo contrario. Llegaron tarde y no les tomaron las llamadas. Buscó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablar con el futuro secretario de Comercio, Howard Lutnik, pero no tuvo éxito. El canciller Juan Ramón de la Fuente ni siquiera tuvo enlaces de alto nivel, y mucho de lo que le dijo a la presidenta pareció salido de periódicos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, restableció contactos con sus contrapartes en Washington, aunque sin saber si transitarían a la siguiente administración. En contraste, el gobierno canadiense, pese al desprecio de Trump hacia el primer ministro Justin Trudeau, negoció con su equipo una estrategia para frenar la migración y el tráfico de fentanilo, para mitigar la posible imposición de aranceles.
Sheinbaum dijo al rendir su informe de los primeros 100 días al frente del gobierno, que “tenía un plan” para lidiar con el gobierno de Trump, y estaba convencida de que la relación sería buena y respetuosa, donde prevalecería el diálogo, que no quiso iniciar previamente primero por su decisión de mantenerse alejada de Trump y su equipo, y luego porque así lo dispusieron Trump y su equipo.
La diplomacia mañanera de Sheinbaum no tuvo ningún efecto, como fue ignorada al afirmar que México no aceptaría que los migrantes de otras nacionalidades que buscaban asilo en Estados Unidos, esperaran en territorio mexicano durante el proceso. El viernes, en su audiencia de confirmación, la secretaria de Seguridad Territorial, Kristi Noem, dijo que restablecería el programa Permanecer en México, contrario a lo que Sheinbaum planteó.
Siempre quedará en duda por qué perdió el tiempo y no tejió una relación personal con Trump, y permitir que su gabinete se reuniera con su equipo. Su cautela extrema, así como el rechazo del equipo del nuevo presidente, no tienen precedente. Los mandatarios electos de ambos países solían sostener reuniones previas con sus contrapartes para conocerse personalmente –muy importante para las relaciones bilaterales–, y para sembrar las bases para nuevas formas de cooperación.
En todo este tiempo hubo presidentes que no se reunieron previamente, pero en todos hubo una continuidad en la relación bilateral. Incluso el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se subió a ese vagón cuando el presidente Enrique Peña Nieto invitó a su equipo a que acompañara las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para el nuevo acuerdo comercial norteamericano, el T-MEC. Con Sheinbaum no hay nada de eso, y el Trump que inicia hoy su segundo periodo es muy diferente al primero.
En esta confusión empieza la falta de entendimiento de lo que viene, se concreten de manera inmediata o no las amenazas. Sheinbaum ha sido mal asesorada por De la Fuente, que le dice que no pasará nada, y por Ebrard, que le ha dicho que él conoce a Trump y sabe cómo negociar con él. Más allá de que Trump lo desprecia, tampoco es el mismo personaje. ¿Algo más distinto que en 2016 era proteccionista y hoy sea expansionista? En 2016, como publicó este fin de semana The Washington Post, no conocía a nadie, ni siquiera personalmente a su gabinete, y ahora “conquistó” Washington antes de asumir el poder.
Hay señales de que Sheinbaum no está preocupada, lo que es positivo porque su cabeza estará fría al tomar decisiones. El problema es que tampoco está listo su gobierno ante lo que podría venir si encuentran que Trump no era lo bocón que le creían sus colaboradores y comienza a cumplir lo que amenazó. Si no lo hace, no habrán estado en lo correcto, si no haber corrido con suerte en la adivinanza.

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La tercera audiencia de Ismael El Mayo Zambada en la Corte Federal de Brooklyn sirvió para una sola cosa, en términos reales: confirmar que los fiscales están tratando de llegar a un acuerdo con el exjefe del Cártel de Sinaloa para que, a cambio que se declare culpable de los delitos que se le imputan, se vuelva testigo cooperante y reciba algunos privilegios. Las negociaciones no han rendido frutos, admitió el fiscal adjunto Francisco Navarro, pero pidieron 90 días al juez para alcanzar un acuerdo y evitar un juicio. Zambada no ha hablado, como tampoco a su viejo compadre y socio, Joaquín El Chapo Guzmán, a quien traicionó y ayudó a la DEA en las operaciones de su captura.
De venir un juicio, los fiscales han adelantado que podrían llamar a declarar en su contra a Vicente Zambada, El Vicentillo, que fue detenido en 2009 por militares –el combate al Cártel de Sinaloa en el gobierno de Felipe Calderón se le había asignado al Ejército–, y 10 años después testificó contra quien había sido su jefe, El Chapo Guzmán, en la Corte de Brooklyn. Sus declaraciones fueron contundentes, al confirmar que su padre y su jefe eran líderes del Cártel y tenían en la nómina a políticos, que no identificó.
Los Zambada tienen mucha información de la narcopolítica mexicana.
En el mismo juicio de El Chapo, Jesús Reynaldo Zambada, apodado El Rey y hermano de quien era jefe de la organización criminal, reveló que el Cártel le había dado 7 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Su afirmación causó escándalo y desmentidos cuando se realizó en el segundo día del juicio de Guzmán en 2019 y se revivió cuatro años después en el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En este juicio, el abogado de García Luna, César de Castro, le preguntó:
–¿Recuerda haber hablado de un pago a Andrés Manuel López Obrador de 7 millones?
–No, respondió Zambada.
Más adelante agregó que recordaba haber pagado “algo de dinero” a un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, cuando el expresidente era jefe de Gobierno capitalino, “que según él era para la campaña, no para pagarle a López Obrador”. El Rey Zambada cambió los detalles de su financiamiento ilegal a funcionarios del gobierno capitalino de un juicio a otro, pero los señalamientos de De Castro están contenidos en el documento JRZG 36, que son notas que la DEA entregó a la Corte en Brooklyn para el juicio de Guzmán.
Salvo las notas de la DEA, todo lo anterior son documentos públicos que se refieren a aquellos años de principio de siglo. En el primer lustro, el Cártel de Sinaloa pagó protección para poder operar libremente en la Ciudad de México, particularmente en el aeropuerto internacional Benito Juárez, por donde llegaban cargamentos de cocaína para que la organización criminal la transportara a Estados Unidos. La seguridad pública en la capital durante esos años estaba a cargo de Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía.
En ese entonces, Héctor Beltrán Leyva, uno de los hermanos de la organización que en ese entonces era parte de la llamada Federación, que agrupaba a todos los cárteles de las drogas mexicanos menos el Cártel de Tijuana y el Cártel del Golfo, había infiltrado la oficina del secretario particular del presidente Vicente Fox, para que les informaran diariamente cuál era la agenda del mandatario. El secretario particular de Fox en esa época era Alfonso Durazo, que al pelearse con él se acercó a López Obrador, y hoy es gobernador de Sonora.
Durante ese primer lustro se fugó por primera vez El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano y poco después su hermano Arturo, apodado El Pollo, fue asesinado a tiros dentro de la misma cárcel. El Pollo había negociado con la DEA ser testigo colaborador, y les ofreció darles una lista de todos los funcionarios del gobierno federal que estaban en la nómina del Cártel. Para protegerlo mientras se procesaba su caso, fue ingresado al penal, donde lo mataron antes de que les diera la lista.
Quienes saben de toda la compleja red de complicidades y compra de autoridades son El Mayo y El Chapo, que hasta ahora no ha cooperado con los fiscales. Zambada, como mencionó el fiscal adjunto Navarro ayer en Brooklyn, no ha concretado un acuerdo de cooperación, pero la puerta está abierta para que Zambada, Guzmán o ambos, comiencen a cooperar y a hablar de lo que saben. En Brooklyn hay un apetito de algunos fiscales para judicializar nuevos indicios que apuntan al expresidente y contra algunos de sus viejos colaboradores que tienen vida transexenal. Pero todo es incierto en este momento, si habla o no, si los fiscales que llevan el caso sobreviven el cambio de gobierno en Estados Unidos, si Donald Trump será distinto a Joe Biden, o si cuando apriete el acelerador no lo suelte. Probablemente, todo se irá despejando este año.

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Donald Trump excluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum de su lista selecta de líderes invitados a su toma de posesión el próximo lunes en las escalinatas del Capitolio. Algunos pensarán que es un desaire luego de haber hecho público que lo haría, pero haberla eliminado de la lista –si es que alguna vez realmente estuvo considerada– es un elogio inopinado de Trump hacia Sheinbaum, porque no se mezclará con un puñado de líderes de extrema derecha o dictadores en una ceremonia donde el presidente electo, como muchas cosas que ha hecho, rompió con todos los antecedentes y por primera vez en la historia de las tomas de posesión en su país, será acompañado por gobernantes extranjeros.
La lista de dignatarios invitados es una aproximación al pensamiento de Trump y una marca de dónde está parado, identificando sus aliados estratégicos, así como sus miedos, como fue la invitación al presidente chino, Xi Jinping, con cuyo país Estados Unidos está luchando por la hegemonía mundial. Jinping había anticipado que no asistiría, pero que enviaría una delegación de muy alto nivel. Esta invitación era de alto riesgo, aunque había pocas probabilidades que el líder chino se prestara a servir de actor de reparto en Washington.
Por lo demás, salvo el caso del canciller japonés Takeshi Iwaya, que parece haber actuado con audacia y aprovechó las invitaciones protocolarias al cuerpo diplomático acreditado en la Casa Blanca para asistir a la toma de posesión –normalmente se presentan quien encabeza la embajada y su pareja–, como jefe de la diplomacia nipona, Trump se rodeará de personas que piensan como él y que forman parte del mundo que sueña construir sólidamente a partir del lunes.
En la lista aparecen dos mandatarios latinoamericanos en funciones, Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador. Milei es el ariete que está construyendo el trumpismo en el Cono Sur americano para contener la ola de gobernantes de izquierda en esa región, y de ahí comenzar a girar a las naciones latinoamericanas hacia modelos libertarios –como él–, o de extrema derecha. Al otro que están cultivando los trumpistas para que pudiera cerrar la pinza con Milei, es al mexicano Eduardo Verástegui, que está construyendo desde el Movimiento Viva México una opción de extrema derecha.
Verástegui ha estado con Trump y es cercano a varios miembros de su equipo, aunque el proyecto mexicano del MAGA –Make America Great Again– se antoja hoy de largo plazo y sin muchas posibilidades en el actual horizonte de cuajar. Verástegui ha tenido contacto directo con Milei y con Bukele, el darling del radicalismo que encarna lo que quisiera Trump de Sheinbaum, medidas draconianas y una mano extremadamentemete dura para combatir a los criminales, sin voltear a ver si en el camino, como en El Salvador, hay violaciones flagrantes a los derechos humanos.
Sheinbaum no cae en el diseño trumpista del revigorizado expansionismo norteamericano, cuya doctrina de “América para los Americanos” proclamada por James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos en 1823 para contener el hambre europea por conquistar Latinoamérica, fue decretada muerta 90 años después por John Kerry, el entonces secretario de Estado del presidente Barack Obama. Milei, Bukele, Verástegui y Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil que intentó, como hizo Trump con Joe Biden, descarrilar el gobierno electo de Luis Inazio Lula da Silva, y que figura en la lista de invitados a la toma de posesión, sí forman parte de este proyecto continental trumpista.
Hay afinidades políticas e ideológicas de Trump con ese grupo, como también con otros personajes invitados a la toma de posesión, como el primer ministro de la India, Narendra Modi, que gobierna de manera autócrata la democracia más grande del mundo, que será representado por su canciller, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y jefa del partido ultraderechista Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), que junto con el déspota Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, alter ego del próximo presidente estadunidense, son los únicos gobernantes europeos a quienes les corrió invitación.
Meloni y Orbán son el equivalente trumpista de los presidentes latinoamericanos en Europa, en donde el próximo jefe de la Casa Blanca tiene claro lo que desea, decirle adiós a la alianza atlántica de la OTAN y tender los lazos de hierro con la extrema derecha que piensa como él, o cree que puede manipular. En la lista de invitados figuran dos de quienes quiere utilizar como Caballo de Troya, los políticos de extrema derecha del Reino Unido, Nigel Farage, y de Francia, Eric Zemmour, que encabeza un partido con cuatro años de edad, Reconquête (Reconquista), y que ha llamado a Marine Le Pen, la hija del fundador de la extrema derecha francesa de la posguerra y líder del Frente Nacional, como una “mujer de izquierda”.
Farage es líder del partido populista de extrema derecha Reform UK, y es miembro del Parlamento británico, y en di-ciembre estuvo en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, donde discutió con el magnate Elon Musk, convertido en figura permamente del presidente electo con voz, voto y decisión en estrategia política, una posible donación de 100 millones de dólares para su partido, la más grande jamás de ese tipo en el Reino Unido. Musk, con el aval de Trump, está explorando vías de finan-ciamiento de grupos de extrema derecha en esa nación con el propósito de desestabilizar al primer ministro Keir Starmer, y provocar su caída.
La lista de invitados muestra la primera línea de dignatarios extranjeros con quienes piensa Trump reordenar la correlación de poder en el mundo a su manera. La exclusión de Sheinbaum del club de los radicales, si bien la debe hacer sentirse tranquila, tiene que levantar sus alertas todavía más. No es una aliada estratégica imprescindible –Trump sigue estando dispuesto a repudiar el acuerdo comercial norteamericano–, sino cabeza de un país al que desprecia, como se vio cuando ni siquiera igualó a México con Canadá en su pretensión de anexarlo estado de la Unión Americana.
La lista de invitados es un gran mensaje para Sheinbaum. Sabe dónde está exactamente parada en la mente de Trump y qué es lo que quiere. Abrió sus cartas. Ahora la presidenta, tiene que trabajar sus escenarios.

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La suerte de Cuauhtémoc Blanco se hizo pública el 3 de enero, cuando en una gira en Xochi-tepec, la presidenta Claudia Shein-baum dijo que para atender la segu-ridad no se necesita tener la mano dura, sino honestidad y justicia. Ocho días después, el gobierno de Morelos encabezado por Margarita González, interpuso las primeras cuatro denun-cias penales por presuntos actos de corrupción durante la administración de Blanco. La declaración presidencial le dio el visto bueno a la gobernadora para actuar contra Blanco y su entorno, que durante seis años protegió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su afán para que Morelos pasara a manos de Morena, sacrificó a los morelenses.
Blanco fue el gobernador peor eva-luado o uno de los que durante toda su administración estuvo al fondo de la tabla. Desinteresado de los asun-tos públicos –llegó a la política me-diante un pago de 7 millones de pesos que le dio el partido Social Demócrata, según denuncias de la prensa morelense–, dejó el poder a su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, inves-tigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero, y repartió la toma de decisiones con su medio hermano, Ulises Bravo. Las acusaciones de corrupción de su entorno fueron congeladas por López Obrador, a quien tampoco le importó la putrefacción que se profundizó durante el reinado de Blanco.
La declaración de Sheinbaum en Xochitepec se refería a este tipo de primera acción para enfrentar la seguridad.
Morelos no era un estado donde la criminalidad estuviera atomizada, sino concentrada en el Cártel de los her-manos Beltrán Leyva, que cuando fue liquidado por la Marina su jefe Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009 en Cuernavaca, se dividió y Los Rojos se quedaron con la plaza morelense y el corredor Amacuzac-Chilpancingo. Pero desde que asumió Blanco la gubernatura a fines de 2018, la degra-dación de los sistemas de seguridad y su incompetencia dispararon el fenómeno de la violencia. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible, incrementándose los secuestros y las extorsiones. Durante su gobierno se amplió con la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo local Comando Tlahuica, que controlaba el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, Guerreros Unidos, la Familia Michoacana y más recientemente, el Cártel Unión Tepito.
Blanco entregó Morelos a González como la segunda entidad más violenta del país, con una tasa de homicidios dolosos, según el Se-cretariado Ejecutivo del Sistema Na-cional de Seguridad Pública, de 6.3 homicidios por cada 100 mil habi-tantes entre enero y noviembre del año pasado. En ese periodo se intensificó la narcopolítica, que quedó develada en la primera semana de enero de 2022 cuando El Sol de México publicó una fotografía del gobernador con los líderes en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación y el jefe del Comando Tlahuica.
Blanco intentó defenderse afir-mando que “eran tan buena gente, que se tomaba fotos con todo el mundo”. La declaración no frenó la tormenta que le cayó encima, por lo que presentó días después una denuncia “contra quien resulte responsable”, de hacer campaña en su contra, identificando a los “narcopolíticos” a quienes había acusado de lanzarla cuando salió la fotografía, encabezados por el exgobernador Graco Ramírez y el ex comisionado de Seguridad, Alberto Capella. Los dos negaron las imputaciones y Capella abundó: hay nueve fotografías de Blanco con los mismos líderes, que se suponía eran enemigos a muerte. El gobernador elevó la apuesta y amplió la denuncia, incluyendo en las listas de vinculación con el narcotráfico a jueces, fiscales, policías estatales y municipales.
La narcopolítica en Morelos quedó expuesta en todo su esplendor y ventilada en la prensa. Eran suficientes elementos para una investigación federal, pero no sucedió nada. López Obrador tapó todo y blindó a Blanco con una diputación plurinominal y fuero.
El estado se encuentra en un hoyo negro del que quiere salir. Hoy se encuentra como la entidad 8 en número de homicidios dolosos, pero falta mucho por restablecer lo que fue hace mucho tiempo. El andamiaje de la narcopolítica permitió que hoy en día haya 18 alcaldes, de un total de 33, con presuntos vínculos al crimen organizado. Asimismo, se tienen identificados a varios diputados federales que también son cómplices de las organizaciones criminales.
Las investigaciones están en curso sobre alcaldes, legisladores y juzgadores, incluido el fiscal Ulises Carmona, pero la red tiene muchos nudos en la cadena de complicidades. No obstante, las acciones sugieren que se puso en marcha un laboratorio de prueba en Morelos en el tema de la seguridad, la delincuencia y la narcopolítica.
En contraste, hay otros gobernadores con denuncias públicas e informes del gobierno federal sobre su relación con cárteles de la droga, como Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y más cuyos expedientes criminales tiene la presidenta, contra los que no se han anunciado acciones. Ni siquiera contra Rocha Moya, cuyo aparato de procuración y administración de justicia participó en el encubrimiento del asesinato del ex diputado y ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.
No se sabe hasta dónde va a llegar la investigación, ni cuál será el nivel donde tope. Pero el mensaje está claro: la impunidad total que recibieron políticos incondicionales de López Obrador se va a ir desmantelando. Blanco fue protegido por el ex presidente hasta que se volvió in-sostenible por su pésima fama pública. Llegó a considerarlo como candidato al gobierno de la Ciudad de México, pensando en su momento que su popularidad le daría a Morena el triunfo, y al volverse inviable para un cargo de tan alto perfil, lo imaginó compitiendo por la alcaldía Cuauh-témoc. No le alcanzó al ex presidente más que para el Congreso.
Si las investigaciones no se frenan, el microcosmos de narcoestado que es en lo que se ha convertido Morelos, se puede desmantelar. Es un horizonte pro-misorio, pero sobre todo necesario. Morelos fue una de las muchas en-tidades que pasaron a ser controladas por criminales en complicidad con sus gobernantes durante el gobierno de López Obrador, una terrible pesadilla que sigue viviendo el país como herencia, a cuyos habitantes dejó el ex presidente como rehenes de los criminales.

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Andrés Manuel López Obrador pensó en una conferencia tempranera cuando llegó al gobierno de la Ciudad de México hace un cuarto de siglo por una razón práctica. El gobierno empezaba a trabajar muy tarde, como a las 11 de la mañana, me confió una vez, y todo lo que salía en la radio de hechos violentos se quedaban sin un punto de vista oficial. La radio, en especial el dinámico programa Monitor de José Gutiérrez Vivó, transmitía accidentes, heridos y muertos, robos en cajeros e incidentes urbanos que daban la impresión de un vacío de autoridad en la capital. López Obrador comenzó sus mañaneras a las 7 de la mañana en el Palacio del Ayuntamiento para construir la percepción de que sí se trabajaba.
Le funcionó muy bien. Trabajaba realmente tres horas en la mañana y se tomaba una siesta cerca del mediodía. Gradualmente comenzó a hablar de política y empezó a ver el impacto que tenían sus palabras en la opinión pública. La mañanera evolucionó y se convirtió en una plataforma política que 12 años después lo llevó a la Presidencia. Aquella experiencia la repitió, pero aparentemente con una clara estrategia desde el principio: utilizar para atacar a medios, periodistas y a quien se le cruzara en el camino, mientras establecía una narrativa maniquea entre él, como salvador del pueblo bueno, y los enemigos de la Patria, que representaba todo el pasado.
La mañanera fue un éxito. Logró desconstruir la realidad y construir una propia, disasociando su persona de su gestión como presidente, y construir una maquinaria de propaganda que acompañaba una narrativa, por más disparatada que fuera –¿algo más absurdo que los detentes religiosos como freno de la Covid-19?–, que le permitió mantener muy altos sus índices de popularidad y trasladarlos a las urnas para darle la victoria a Claudia Sheinbaum. La presidenta no quería mantener las mañaneras, pero no tenía espacio de maniobra para liquidarlas súbitamente ante las presiones de su antecesor.
También le han funcionado de maravilla, como lo prueba la encuesta de El Financiero sobre el acuerdo presidencial al arrancar el año, que la ubicó con una aprobación de 78 por ciento, el más alto registrado para sus antecesores desde que se mide, a principios de los 90. Una prueba adicional fue la encuesta anual de Latinobarómetro, la ONG chilena con tres décadas de medir la aceptación de la democracia en América Latina, que reprodujo parcialmente El Financiero ayer, que revela que la satisfacción de los mexicanos con la democracia es de 50 por ciento, el nivel más alto desde 1995.
La encuesta de Latinobarómetro fue publicada en diciembre, pero solo hasta ayer generó polémica al ser retomada por el diario, tras el periodo de vacaciones. La ONG reconoce el debate sobre la definición de cuál es el momento en que un país deja de ser democrático, aunque admite que la medición sobre la calidad de la democracia tiene que ver con la democracia liberal –con-trapesos, rendición de cuentas, régimen de libertades, particular-mente de prensa, y respeto a los derechos humanos– que vivió España tras la muerte de Francisco Franco. Hay otras definiciones, como la shumpetariana que la define a partir de elecciones libres y competidas, y otros siguen las ideas del politólogo Robert Dahl, de que es un proceso en constante aprendizaje.
Si bien la satisfacción con la democracia se sitúa en el 50 por ciento de la población, cuando se pregunta con qué, democracia o autoritarismo, están más de acuerdo, el 49 por ciento dice que con la democracia, que es un porcentaje exactamente igual que en 1995, cuando el país estaba sumido en una profunda crisis económica, y tres puntos menos que en el último año de Ernesto Zedillo en la Presidencia. Durante el gobierno de Vicente Fox el porcentaje fue muy superior, salvo en 2001 y en el de Felipe Calderón en 2009 (42 por ciento), cuando estalló la crisis financiera mundial, y la debacle de la imagen de Enrique Peña Nieto en 2013 (37 por ciento), manteniéndose relativamente estable hasta el sexenio de López Obrador, cuando la preferencia por un gobierno autócrata subió de 11 por ciento en 2018 a 33 en 2023, contra 38 y 35 por ciento, respectivamente, que prefería la democracia.
Sin embargo, los niveles de aprobación de López Obrador se mantuvieron altos mientras comenzaba la destrucción del edificio democrático liberal, sin que le afectara. La situación cambió en 2024, cuando el porcentaje de quienes optaban por la autocracia cayó a 24 por ciento y quienes apoyaban la democracia se disparó a 49 por ciento. ¿Cómo explicar el giro? Latinobarómetro ayuda. Los indicadores de opinión no son predictivos de comportamientos, sino más bien, delatan el ánimo de las naciones y sus peligros, señala en el informe.
Si tomamos literalmente esa aclaración, se podría argumentar que los mexicanos, en su mayoría, ni entienden mucho de democracia ni tampoco les interesa ese modelo de organización social. La votación mayoritaria por Sheinbaum en todos los segmentos demográficos, por educación o ingreso, revela las emociones y las reacciones ante los peligros que señala Latinobarómetro, y no por un sistema de largo plazo en donde existan juzgadores autónomos, deliberación parlamentaria, mecanismos de rendición de cuentas, libertades plenas y un poder que no esté concentrado en la presidenta.
A finales de año, en una gira por Tlaxcala, Sheinbaum dijo que México era, quizás, “el país más democrático sobre la faz de la Tierra”, que es como un billete de tres pesos. El nuevo régimen que se injertó en los primeros 100 días de su gobierno es autócrata, un modelo que como enfatizó Latinobarómetro, se instala con dificultad –aquí regresó unos 40 años después de haber comenzado su desmantelamiento– y se quieren llamar democracia, haciéndole creer a los ciudadanos que son democracias, sin serlo.
Pero da igual. Como López Obrador, Sheinbaum está construyendo su realidad alterna a través de la mañanera, un vehículo fundamental para construir el consenso para gobernar, neutralizar la crítica y descalificar a quien le estorbe. No tiene el carisma de su antecesor, pero heredó su maquinaria de propaganda y el modelo. La mañanera es un intrumento de estabilización y control social, muy importante ante los nuba-rrones en el horizonte.

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El informe de Claudia Sheinbaum por sus primeros 100 días en la Presidencia mostró en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, el corazón político de la nación, el verdadero proyecto de la llamada cuarta transformación: la restauración del viejo orden político, con el partido hegemónico y una forma de gobierno con poder absoluto. La Plaza de la Constitución estuvo ocupada mayoritariamente por los grandes sindicatos –maestros, petroleros, obreros y electricistas– y militantes de Morena, con imágenes a las que estábamos acostumbrados hace 50 años. Su discurso fue una línea continua de la narrativa del arquitecto de la rehabilitación del viejo sistema político, Andrés Manuel López Obrador.
No hay nada que deba sorprender a nadie, porque a nadie engañó López Obrador ni su sucesora, la presidenta Sheinbaum. Ella misma cuestionó a quienes pensaban que su sexenio no sería más de lo mismo y hoy la cuestionan porque no se distanció de su predecesor. “Nos critican algunos medios, la comentocracia, ¿por qué no nos diferenciamos? ¿por qué defendemos los programas del bienestar? ¿por qué hay continuidad?”, retó. “Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación iniciada en 2018”.
Los señalamientos de Sheinbaum son generalmente ciertos, aunque no es la comentocracia meramente la que la juzga, sino aquellos sectores que a través de los medios expresan su desconcierto porque al llegar al poder no cambió el rumbo. La ingenuidad de esos sectores debería calificarse de otra forma. Podían haber sido presas de su propia ignorancia cuando pensaban hace seis años que una vez en el poder López Obrador se moderaría, pero decir lo mismo tras la experiencia sexenal en el caso de Sheinbaum, muestra una mediocre capacidad analítica. El mismo ex presidente lo anticipó cuando declaró que su sucesora lo rebasaría por la izquierda.
Algunos más cínicos, en el ámbito empresarial, piensan que la centralización política y económica que está consolidando el gobierno de Sheinbaum no será un problema real, porque ya lo habían vivido durante el gobierno de Luis Echeverría. Su reflexión es incorrecta y limitada, porque se refieren a un mundo que no existe ya. La restauración del viejo orden político y económico no es resultado de los acuerdos de Bretton Woods y la Guerra Fría, sino consecuencia del resurgir revitalizado del proteccionismo y de los nacionalismos, impulsados por realineamientos geopolíticos tripolares y la migración global.
El informe de los primeros 100 días mostró el rumbo consistente y firme por el que avanza el llamado “segundo piso de la cuarta transformación”, con un gobierno rector de la economía, no solo regulador. Tampoco es algo inconsistente con sus acciones, como muestra su plan de “productos mixtos” en el sector eléctrico, donde quien quiera invertir tendrá que aceptar el 54% de propiedad estatal y el resto en manos del capital privado. Tomando como referencia el desastre que hizo el gobierno de López Obrador con Pemex, ya se verá quiénes son los valientes inversionistas que se lanzan al ruedo.
En el discurso de Sheinbaum no hay espacio para interpretaciones distintas. Prácticamente no se refirió a un trabajo donde el sector privado sea parte del crecimiento económico, dejando para este lunes el detalle de lo que hará con los empresarios con el anuncio del Plan México. Sin embargo, adelantó ayer que lo que han hecho con ese sector productivo es poner “orden y transparencia” en sus relaciones con el gobierno. Ya lo hizo con varias empresas que, como dijo Sheinbaum en su discurso, “cedieron” parte de su reserva de agua, como resultado de presiones para entregar entre el 10 y el 20% de su volumen disponible, sin que haya un plan de inversión gubernamental definido aún para evitar que su nueva agua no llegue ni al campo –que más lo requiere– ni a las ciudades.
La estatización de la economía está montada en el discurso contra los gobiernos neoliberales, que privatizaron muchos sectores y permitieron abusos, como fue el caso del agua. Pero la rectoría no podría lograrse si no existiera el control político absoluto de la vida pública, como se hizo durante los años del autoritarismo más recalcitrante del PRI. El viernes pasado, en una videoconferencia en el ITAM, el ex presidente Ernesto Zedillo, que terminó de desmantelar al PRI, se refirió a la reconfiguración del poder mexicano como una “tiranía”, que significa una forma de gobierno con poder absoluto que no está limitado por las leyes.
Sí hay un poder absoluto, pero no de Sheinbaum sino del régimen, porque ella no tiene el mando superior sobre el presupuesto, que tiene que compartir con Adán Augusto López, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que administra los intereses de López Obrador, y de Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada del partido en el gobierno en la Cámara de Diputados, que administra los intereses… de él mismo. Tampoco domina a Morena, donde la selección de candidatos para la próxima legislatura quedará en manos del hijo del ex presidente, y de Luisa María Alcalde, cuya familia es incondicional de López Obrador. Es decir, por lo pronto, si ella no encabeza la restauración de manera plena, es funcional para el objetivo.
Lo que Zedillo señaló con precisión es que Sheinbaum está destruyendo la democracia, que no le alcanzó a López Obrador hacerlo, pero que forma parte del proyecto de la cuarta transformación. Esto lleva a la única mentira flagrante que sostiene la presidenta, que el nuevo régimen es una democracia. No lo es, en términos de lo que se considera una democracia liberal con contrapesos, rendición de cuentas y un Poder Judicial autónomo. Vivimos en una democracia iliberal, o híbrida, caracterizada por funcionar con elementos democráticos y autoritarios, pero caminando definitivamente hacia una autocracia, que es un modelo que ha venido abriendo brecha en el mundo.
El obradorismo, donde Sheinbaum es una de sus piezas centrales, está profundizando a toda velocidad la colocación de los pilares que al PRI le llevó décadas consolidar. Es la restauración de un régimen autocrático. Cómo lo defina la presidenta, es secundario.

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Para varios países latinoamericanos, este viernes se volvió un problema. Hoy se espera que Nicolás Maduro rinda protesta para su tercer periodo como presidente de Venezuela, tras cinco meses de acusaciones de fraude electoral que dividió a la región y, al mismo tiempo, realineó regímenes. La toma de posesión de Maduro partió a América Latina en tres: el eje bolivariano que construyeron Hugo Chávez y Fidel Castro, al que se sumaron los dictadores Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de Nicaragua, Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce de Bolivia, las democracias de derecha e izquierda en el hemisferio y México, en la confusión de la falsa neutralidad.
Esta composición no se puede explicar en la geometría política clásica, que en los últimos años ha sido sepultada por los populismos, que no es una ideología sino un concepto polisémico que abrigan líderes carismáticos que movilizan masas a partir de un discurso maniqueo que se reduce a la lucha entre el bien y el mal. Bajo este prisma se puede entender que presidentes de izquierda como Luis Inazio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia, cuestionen la legalidad y legitimidad del supuesto triunfo de Maduro en las elecciones de julio pasado. En ese bloque estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se sumó al reclamo de ese grupo de pedirle a Maduro que mostrara las boletas electorales que confirmaran su victoria.
Maduro no presentó nada, como tampoco lo hizo el órgano que prometió hacerlo, el Consejo Nacional Electoral, integrado por el oficialismo, que sin boletas en la mano le asignó 6.4 millones de votos, contra 5.3 de su opositor Edmundo González. La oposición reclamó de inmediato e hizo públicas el 83.5 por ciento de las actas computadas, que le daban la victoria 2 a 1 a González, 67 por ciento contra 30 por ciento. El Centro Carter, que fue invitado oficialmente como observador electoral, afirmó que las elecciones no se adecuaron a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo cual no podía ser considerada como democrática.
El 30 de julio, días después de su triunfo en las elecciones, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que debían evitarse las especulaciones sobre los comicios venezolanos y esperar a que el Consejo Nacional Electoral transparentara los resultados, pero aquella prudencia se evaporó en estos meses. Su posición actual es que “le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir”. Se olvidó la transparencia que exigió y anunció hace días que enviaría una representación de su gobierno a la toma de posesión. La polémica que desató está subiendo.
Lula y Petro, como Sheinbaum, tendrán en sus embajadores representantes oficiales. Se le ha criticado a la mexicana que lo haga, pero el abordaje realizado está equivocado. Un gobierno puede mantener una representación diplomática sin que necesariamente signifique que está de acuerdo con su política interna. Si así fuera, ningún país con régimen despótico tendría misiones diplomáticas de países democráticos, como también podría argumentarse, naciones republicanas y monárquicas no tendrían relaciones bilaterales. Boric fue un paso más allá. Retiró a su embajador en Caracas para no tener ningún representante en esa toma de posesión, aunque no rompió relaciones.
La enorme diferencia entre Sheinbaum y Lula y Petro, es la explicación del porqué tendrán una representación a ese nivel. Lula, desde un principio, mantuvo la política de no reconocer la victoria de Maduro o la de González, y buscar una intermediación junto con México y Colombia, que no llegó a ningún lado. Petro dijo que no asistiría a la investidura de Maduro porque no reconoce que fueron elecciones libres y por la violación de los derechos humanos del régimen venezolano. En los tres últimos días, Maduro ordenó redadas y actos de represión contra opositores, activistas y ha detenido a más de 150 extranjeros, a los que acusa de “mercenarios”. Sheinbaum se tragó todo: elecciones bajo sospecha y violaciones a los derechos humanos.
Sheinbaum se refugió en la cantaleta elástica y moldeable de que respeta la autodeterminación de los pueblos, que utilizó a contentillo el régimen obradorista al que pertenece. López Obrador, sin embargo, entendió cómo se estaba moviendo el abanico y se sumó a la intermediación propuesta por Lula, anticipando quizás que iba a morir de inanición. Sheinbaum no ha tenido esos reflejos, y lo único que ha mantenido es la línea política que trazó su antecesor, una apuesta por las dictaduras y los populistas de izquierda, en donde se ubican prominentemente Maduro y el cubano Miguel Díaz Canel.
A Cuba lo financió con la contratación de doctores y maestros, grava para sus obras faraónicas que pagó pero nunca pudo desembarcar, y sustituir el petróleo ruso y venezolano con casi 500 mil barriles de petróleo que aún se desconoce si pagó Díaz Canel. En el caso de Venezuela, los lazos fueron más profundos. Durante la pandemia del coronavirus utilizó el aeropuerto de Toluca para establecer un puente aéreo con Caracas, a donde enviaba medicinas, alimentos y dinero, y llegaban operadores políticos ecuatorianos y bolivianos, o políticos de gobiernos afines perseguidos por la justicia en su país.
Sheinbaum no fue parte de todo ese tipo de andamiajes, pero la herencia política de López Obrador la ha asumido con mayor entusiasmo. En este camino, la probable investidura de Maduro este 10 de enero la dejó alineada con ese pequeño bloque latinoamericano, que es por dónde late su corazón y cómo piensa su cabeza, al llamar a los regímenes despóticos de Venezuela y Cuba gobiernos “progresistas”, equiparándolos con Brasil, Chile o Colombia, incluso.
La postura de Sheinbaum con Venezuela levantó las alertas en algunas oficinas en Washington, que probablemente se incrementarán cuando Donald Trump asuma la Presidencia. Este miércoles el internacionalista Fausto Pretelín recordó en El Economista una plática que tuvo con Marco Rubio, el próximo secretario de Estado, severo crítico del régimen de Maduro, que le dijo que no comprendía la admiración que despertaban en López Obrador los dictadores latinoamericanos. Sheinbaum, rebasando a su mentor por el extremo izquierdo, ha ido más allá.

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A la presidenta le falta gracia y le sobra demagogia. No serían relevantes sus capacidades y deficiencias si estuviéramos hablando únicamente de su método para construir el consenso para gobernar, pero se vuelve preocupante cuando se trata de la respuesta de Claudia Sheinbaum a Donald Trump, que el martes se lanzó contra cuatro países y un territorio con una retórica incendiaria y amenazante. Los dichos de Trump fueron respondidos por las partes afectadas, aunque ninguna reacción al nivel de la mexicana, que aquí nos permitió otear las limitaciones de Palacio Nacional.
El gobierno mexicano le dedicó un tiempo desmedido a lo que pareció una distracción de Trump, para contrarrestar mediáticamente su dicho de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos. La forma como lo hizo, no obstante, mostró que hay más narrativa que sustancia en Palacio Nacional, y más verborrea que significado. La mañanera de ayer consumió cuatro minutos y medio con una explicación del asesor político de Comunicación Social, José Alfonso Suárez del Real, que utlizó un mapamundi de 1607 para ilustrar lo que hoy es México, en ese entonces una gran nación llamada América Mexicana –que incluye buena parte del territorio que le entregó Antonio López de Santa Ana a Estados Unidos–, y subrayar que el nombre del “Golfo Mexicano” es un referente náutico desde el siglo XVI.
Interesante históricamente, pero políticamente inútil y ocioso.
Trump no se refirió en ningún momento a apoderarse del territorio mexicano –como amenazó a Panamá y Groenlandia, y amagó a Canadá–, sino meramente habló del cambio de nombre del Golfo de México. Este fue la primera ventana a la confusión que hay en el Zócalo y su anclaje en el pasado. El Golfo de México no le pertenece a México solamente, sino también a Estados Unidos y Cuba, mientras que la América Mexicana sí está en territorio estadunidense. El ejercicio comparativo fue entre peras y manzanas; o sea, equivocado. Si querían descalificar el dicho, ¿por qué no recurrieron a la información actual? La estandarización de los nombres de mares y océanos se institucionalizó en 1921, por el aumento de la navegación y el incremento del comercio, recayendo en la Organización Internacional Hidrográfica, hoy parte de las Naciones Unidas, la principal responsabilidad de la nomenclatura.
Podía el gobierno, incluso, haber tenido un momento humorístico a costa de Trump, sin confrontarlo, como recordar que quien primero propuso el cambio de nombre fue el comediante Stephen Colbert –abierto adversario del presidente electo– en 2010, al crear el Fondo del Golfo de América de la Nación Colbert, tras un derrame en Cayo Hueso, Florida, que amenazó los arrecifes corales. No actuó kosher Palacio Nacional, sino todo lo contrario. Sheinbaum se burló de él, cuando tras refutar cada uno de sus dichos, remató con el “se ve bonito” que usó Trump cuando habló del Golfo.
En esta falta de gracia y humor en donde no cabía, Palacio Nacional cayó en un ejercicio peligroso.
Con un día de retraso, Sheinbaum recorrió el camino de la fina ironía que usó hace unos días Elizabeth May, la líder del Partido Verde canadiense, que ante la osadía de Trump de sugerir reiteradamente que Canadá se convirtiera en el estado 51 de la Unión Americana, dijo que sería mejor que invitara Canadá a California, Oregon y Washington –toda la costa oeste de Estados Unidos–, a ser sus nuevas provincias, y la del premier de Ontario, Doug Ford, que bromeó con anexar a Canadá los estados de Alaska y Minnesota.
Sheinbaum entró en un terreno pantanoso al reiterar en la mañanera –que deja huella legal y política de lo que hace– lo que fue la América Mexicana. ¿Qué sucedería si Trump hablara de expandir Estados Unidos a México? No hay una medición que muestre cómo verían los mexicanos volverse estadunidenses, pero el Pew Research Center publicó una encuesta en septiembre de 2023 que arrojó que seis de cada 10 mexicanos, dijeron que quienes se van a Estados Unidos tienen una mejor vida, y solo el 5 por ciento respondió que es peor allá que acá. En Canadá, de acuerdo con un estudio demoscópico publicado en diciembre, solo al 13 por ciento le gustaría que su país fuera el estado 51.
Pero el mayor error de la presidenta estuvo en otro lado. Si Trump dijo que México está “esencialmente” gobernado por los cárteles de la droga, una expansión mexicana en Estados Unidos, aunque haya sido únicamente en forma retórica como una bravuconada –como aquella de recordar el Himno Nacional para enfrentar las amenazas militares de Trump–, fue como echarle en cara lo que critica y repudia: que los narcotraficantes controlen Estados Unidos.
Seguramente esta óptica no estuvo en sus consideraciones, repletas de demagogia y narrativa electoral, como al afirmar que “al presidente Trump… creo que le malinformaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna”. Le dijo ignorante al bully, sabiendo perfectamente que Trump está claro quién gobierna, y que el país al que señala de estar manejado por los capos de la droga no es el de hace más de 12 años, sino el que heredó de Andrés Manuel López Obrador, al que desde 2023 están señalando de presunta complicidad con el Cártel de Sinaloa. La forma como la empiezan a percibir en Estados Unidos es como cómplice o tapadera de lo que hizo su predecesor.
Sheinbaum tiene que ser más cuidadosa en lo que diga y haga. Pueden creer que solo son salvas, pero con Trump no hay nada cierto. Ayer mismo, la diputada trumpista de Georgia, Marjorie Taylor Green, anunció que este jueves presentará una iniciativa de ley para cambiar el nombre al Golfo, porque “los cárteles mexicanos lo están usando para traficar personas, drogas, armas y Dios sabe qué más, mientras el gobierno les permite hacerlo”. No tiene alas para volar, pero es un indicativo de lo que viene, que no será lo que cree, porque la conjunción de intereses estratégicos que tuvieron López Obrador y Trump, hoy ya no existe.

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Donald Trump volvió ayer a la carga, y la pregunta que surge es si la presidenta Claudia Sheinbaum empezará a tomar el futuro de las relaciones bilaterales de una manera más seria y responsable. Hasta ahora ha sido mucha la ligereza con la que ha actuado, y la posición beligerante que ha tenido frente a los amagos del presidente electo han tenido como audiencia primaria la mexicana, pero las consecuencias las tendrá su gobierno, que no parece estar preparado.
Sheinbaum decidió alejarse de Trump y de su equipo a partir de un etnocentrismo inexplicable para una jefa de Estado, que ha optado por jugar una apuesta nacionalista infantil, no digamos anacrónica, ejemplificada en la reciente evocación del “mas si osare un extraño enemigo” y en el análisis de Morena en el Senado sobre una intervención militar estadunidense.
Es muy confusa la posición de Sheinbaum, pero sobre todo, errática.
Trump disparó ayer sus cañones contra México durante una larga conferencia de prensa en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, donde dijo ocurrencias –como buscar que el Golfo de México sea rebautizado como Golfo de Estados Unidos–, pero también expuso sus percepciones. La peor fue asegurar que “México está esencialmente manejado por los cárteles” de las drogas. A decir de Trump, “México está realmente en problemas” y se ha convertido en un lugar “peligro-so” que no va a permitir que siga así.
Hasta dónde llegará Trump, no se sabe. Eliminar a los cárteles sí es algo que piensa y ha considerado, aunque no necesita a un nuevo general Pershing para que comande las tropas dentro de México, que es lo que se imagina la presidenta, por lo que dice, que pudiera darse. La respuesta que ha dado Sheinbaum a las amenazas de Trump ha sido la defensa implícita del Cártel de Sinaloa, repitiendo los temores y angustias del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, más preocupado por cómo se realizó la operación en sus narices, que en restablecer la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.
Sheinbaum ha dicho que habrá cooperación en la materia con Estados Unidos, pero solo son palabras, no hechos. Por decisión de ella, más ideológica que ignorante, no ha permitido contactos oficiales entre su gobierno y el equipo de Trump, aduciendo que no ha sido ratificado por el Senado. No todos en este campo de interés mutuo tendrán que pasar por el Capitolio, y es posible que inicie el segundo periodo del nuevo gobierno en la Casa Blanca sin que estén confir-mados todos aquellos que deben pasar por el proceso.
¿Pondrá Sheinbaum en espera la patada de salida de la relación bilateral? Le va a suceder lo mismo que cuando ganó la elección: tuvo que felicitarlo antes de que hubiera resultados oficiales, perdiendo tiempo importante para establecer una comunicación directa, como está sucediendo ahora. Trump no tiene prisa por arrancar la relación bilateral con ella, porque es irrelevante para sus objetivos unilaterales en materia de inmigración, al tener pensado firmar cinco decretos en las primeras horas de que esté despachando en la Oficina Oval.
La presidenta no tuvo los reflejos para buscar un encuentro con Trump en Mar-a-Lago, a donde fueron varios líderes para sostener una reunión con él, o hubo sesiones de trabajo entre el equipo del presidente electo y otros dirigentes para ver temas específicos, como los ucranianos que hablaron sobre las opciones para la guerra que tienen con Rusia, o los canadienses, que trabajaron con Tom Homan, el futuro zar de las drogas –uno de los que no necesita ratificación senatorial–, un plan fronterizo, y hablaron sobre el impacto de los aranceles con el próximo secretario de Comercio, Howard Lutnik. Tampoco ha tenido buena asesoría en su gabinete. Ayer, como ejemplo del desvarío, el secretario de Economía Marcelo Ebrard declaró que la renuncia del canadiense Justin Trudeau había sido consecuencia de su encuentro con Trump, lo que es falso; en todo caso fue esa visita una jugada desesperada para salvar su puesto, que no le salió.
Su desconocimiento y la falta de asesoría calificada, han llevado a Sheinbaum a equivocar la única estrategia que ha puesto en marcha, la migratoria. Armar un ejército de abogados para defender a inmi-grantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos, es una posición ética y solidaria, pero también es un acto de intervencionismo abierto en la política interna de ese país. A muchos nos molestan las amenazas de Trump y lo inhumano de sus políticas, pero la mayor parte de ellas se fincan en la ley.
Esgrimir como antídoto lo mucho que aportan los mexicanos a la economía estadunidense, es otra aberración. La gran mayoría de quienes emigraron fue porque ni su país ni sus gobiernos les proveyeron de las condiciones y oportunidades para vivir dignamente. Son refugiados económicos y vergüenza nos debería dar a todos que no hayan tenido otra opción antes de irse de México. El cinismo de elogiar su heroísmo por lo que han hecho –y las remesas enviadas que han sido factor de estabilidad social y política en estos últimos años– nos enseña lo trastocado del pensamiento mexicano.
No hay engaño con Trump. Migración, aranceles y cárteles, son sus temas con México. Sheinbaum integró un equipo con miembros de su gabinete, su oficina de asesores y otros consejeros, para trabajar sobre cómo hacer frente a las acciones que quiere emprender Trump y a sus declaraciones. Pero por los resultados vistos hasta ahora no han dado muestra de estar a la altura de las circunstancias.
El tiempo se está agotando mientras Trump está endureciendo sus posiciones. Ayer abrió la posibilidad de utilizar al Ejército para retomar el Canal de Panamá, una vía marítima donde quien más se beneficia en la actualidad es China, y forzar a Dinamarca a vender Groenlandia, porque dijo que es necesaria para la seguridad nacional. ¿El “Golfo de Estados Unidos” se encuentra en esa lógica? Sheinbaum tiene que ampliar sus escenarios y dejar de lado su ideología para actuar pragmáti-camente, buscando el consejo de quienes realmente entienden lo que está en juego, aunque no formen parte de su movimiento.

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Justin Trudeau se convirtió en la última víctima de la polarización y el populismo. Trudeau, un demócrata liberal, renunció al cargo de primer ministro de Canadá tras una paralización parlamentaria de más de un año y luego de seis meses caóticos, una pugna interna en el Partido Liberal por el poder, y una caída sistemática en la aprobación de la opinión pública, insatisfecha con el modelo y hambrienta de alternativas radicales.
Nueve años en el cargo cobraron su cuota de desgaste. Sin consenso en su partido, dijo, no podía encabezar a los liberales con éxito en las elecciones generales de octubre próximo.
“Al quitarme de la ecuación como el líder que peleará en la próxima elección por el Partido Liberal, también deberá reducirse el nivel de polarización que estamos viendo ahora mismo en el Parlamento y en la política canadiense”, agregó en su mensaje del adiós, donde describió el momento actual como “crítico en el mundo”.
Ciertamente, como señala un ensayo en el Journal of Democracy, ese momento se sintetiza en el declive notorio de la democracia como la conocemos, el de una representación que ha generado una profunda insatisfacción porque la gente piensa que no está funcionando y que solo sirve los intereses de los ricos y los poderosos, que generó un sentimiento contra las élites que fracturó el sistema de partidos, alimentó el surgimiento del populismo y creó oportunidades que fueron bien explotadas por los autócratas.
Esta es la etapa que señaló Trudeau, el advenimiento de las democracias iliberales, cuyos líderes llegaron al poder mediante las oportunidades de la democracia, para destruir la democracia desde adentro. Los dirigentes iliberales se están juntando y agregando figuras autócratas y de extrema derecha que impulsan la regresión política. Trudeau lo expuso en una crítica al líder conservador, Pierre Poilievre, cuyo partido aventaja al del ex primer ministro por 21 puntos en las encuestas, que rechaza el cambio climático, los valores y la diversidad que ha buscado siempre Canadá, atacando a periodistas e instituciones que “no es lo que los canadienses necesitan en este momento”.
La pregunta es ¿quién define lo que quiere la gente? Nadie, salvo la gente misma. Lo vimos en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump, donde las mujeres votaron por un misógino y los hispanos por un racista, y que en su mansión de Mar-a-Lago ha abrazado a tres líderes radicales, la italiana Giorgia Meloni, al argentino Javier Milei, y el húngaro Viktor Orbán. Trudeau también lo visitó para neutralizar las amenazas arancelarias, pero recibió burlas y humillación pública por parte de Trump. Los tiempos no son para los demócratas liberales, un modelo que parece ir de salida, mientras que los iliberales, autócratas, déspotas o dictadores, parecen la fórmula vigente.
Lo hemos experimentado en México desde 2018, cuando comenzó el colapso del sistema de partidos con la llegada de un populista a la Presidencia, que desde antes de tomar posesión empezó a aniquilar los cimientos de una inmadura democracia liberal, que era deficiente e insuficiente, pero que impedía la centralización del poder y la pérdida de contrapesos y libertades. La mayoría de los mexicanos en las urnas votaron por ese proyecto, que apoyaron desde un principio.
El 4 de marzo de 2019, El Financiero publicó una encuesta sobre la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus primeros 100 días de gobierno: 78 por ciento lo palomeó. Ayer repitió el ejercicio con la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo el mismo nivel de aprobación que su antecesor. A López Obrador lo desaprobaba el 17%, a Sheinbaum el 18%. Los datos son los mismos en condiciones completamente distintas, y en ambos casos mostraron mayor respaldo el terminar el primer trimestre de su sexenio que el voto en las urnas.
En otro ensayo en la misma edición de enero del Journal of Democracy, los autores recuerdan el último Grito de López Obrador, donde las últimas frases de la arenga fueron “¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva México!”, que buscaban que ese movimiento trascendiera su Presidencia, pero “no para sostener los valores democráticos y las instituciones, sino para pervertirlas”. Esa misma noche, agregaron, firmó la reforma constitucional cuyo objetivo fue debilitar al Poder Judicial, con lo cual los tres pilares del Estado quedarían subordinados a él, y 15 días después, a Sheinbaum.
López Obrador, recuerdan, puso en movimiento la demoli-ción gradual de la democracia mexicana, estableciendo su auto-ridad personal sobre las normas y procedimientos democráticos, soslayando frecuentemente las leyes, ignorando los controles legislativos, debilitando el control civil sobre los militares, atacando los tribunales y los órganos autónomos, violando las leyes electorales y mucho más. Es lo que algunos politólogos llaman “autocratización”, que es el pro-ceso inverso de la democrati-zación. Otros expertos clasifican el régimen imperante en México como “híbrido”, que es un sistema político que no es una democracia, pero tampoco una dictadura. No llega a Cuba, pero se está acercando a Venezuela.
Sheinbaum insiste que México es una democracia y que es muy respetado en el mundo. Ni una, ni otra, en el mundo de las democracias liberales. En el otro, el de los iliberales y los déspotas, sí. La consolidación de la autocracia mexicana cuenta con el respaldo y el mandato de la mayoría electoral, como lo muestra la encuesta de El Financiero publicada ayer. La democracia no es lo que para esa mayoría está en riesgo. De hecho, no les importa.
Esas mayorías quieren las transferencias de dinero sin importarles las libertades, la división de poderes, la violencia y la corrupción, en porcentajes casi idénticos a los que tenía López Obrador, que se montaba en ellos para vanagloriarse de su popularidad. Sheinbaum hace lo mismo y le está funcionando: cuatro de cada 10 mexicanos dicen que su gobierno es mejor de lo que esperaban.
La democracia y lo que significa el sistema ha dejado de ser una opción. Trudeau lo padeció, hundido en la radicalización del electorado y la polarización de la sociedad que no cambiará con su renuncia, como espera, ni será un camino hacia la reconciliación. No lo ve o lo niega, pero la temporada de truenos, para el mundo democrático, será larga.

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