Este año comienza con presagios ominosos para México por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en exactamente 15 días. Trump ha enfocado en México el mayor número de amenazas –comerciales, deportaciones masivas, y contra los cárteles de las drogas–, pero funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum y algunos empresarios quedabién, sostienen que el segundo periodo de Trump en la Presidencia de Estados Unidos, será positivo para México. Fuera de ese grupo y algunas voces aisladas en Estados Unidos que piensan que las amenazas son de humo, nadie duda aquí o afuera que tomará medidas en distintos grados desde el primer día en la Oficina Oval que afecten a mexicanos en ese país e impacten en México.
La presidenta Sheinbaum se ha inclinado hacia la minimización de las amenazas de Trump, aunque ha tomado medidas en el campo solo de la migración, que es la primera amenaza planteada, porque ha comprado el argumento que Trump es transaccional. Es cierto, pero ese análisis, que se basa en su primer periodo de gobierno no se aplica para el segundo, donde las condiciones y circunstancias –al no poderse reelegir no necesita hacer concesiones, y la sociedad está radicalizada– son muy diferentes a las que había hace ocho años.
El escenario más realista que le han presentado a Sheinbaum sobre lo que significará el segundo mandato de Trump, lo planteó Ken Salazar, el saliente embajador de Estados Unidos a un alto funcionario del gobierno, que lo hizo llegar a la presidenta. Salazar comentó que México deberá esperar un endurecimiento superior al que tienen previsto en Palacio Nacional, porque lo que cree su gobierno es que Trump desmantelará las políticas comerciales –toleró las violaciones al T-MEC a cambio de frenar la migración–, migratorias –relajamiento a las medidas draconianias de su predecesor–, y de seguridad –frenó dos investigaciones contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con el narcotráfico– del gobierno estadunidense.
Trump lo ha venido subrayando en los mensajes que coloca en la plataforma X, donde se ha enfocado en los últimos días en la migración y las fronteras abiertas, a las que responsabiliza de todos los males en su país.
Salazar reiteró, para que no se equivoquen en el gobierno, que los principales temas en los que se enfocará Trump en el inicio de su administración son la migración –hace semanas adelantó que en su primer día en la Oficina Oval firmaría cinco decretos contra los migrantes– y el crimen organizado, cuyo subtexto es el tráfico de fentanilo.
La respuesta de México ha sido contratar abogados para pelear en las cortes estadunidenses contra Trump una decisión doméstica, un botón de pánico para cuando aceche la migra, y decirle mentiroso al The New York Times por un trabajo sobre las cocinas de fentanilo en Culiacán. La pelea allá es contra molinos de viento; en México, es para construir consenso para gobernar, creando un enemigo externo.
La señal que envió Trump es que esos dos temas son prioritarios en su agenda, señaló Salazar, como el nombramiento de Ronald Johnson, un coronel retirado que participó también en misiones paramilitares de la CIA en varias zonas calientes en el mundo, como su embajador en México. Salazar, que parece saber que Sheinbaum no tiene un canal abierto con el equipo de Trump, sugirió que buscaran a Christopher Landau, su predecesor, designado como subsecretario de Estado, para servir como una ventana en la nueva Casa Blanca.
No obstante, Landau no tiene una buena relación con varios miembros del equipo de Sheinbaum. Durante su paso por México tuvo varias fricciones con el entonces canciller Marcelo Ebrard, que comenzaron con la necedad de López Obrador de reabrir el caso de Rápido y Furioso, que había sido investigado y concluido por el gobierno de Barack Obama en 2012. Ebrard se burló de Landau en otro momento y dijo que tenía problemas de traducción cuando señaló que la seguridad era fundamental para el crecimiento económico de México –que en los hechos probó ser cierto–. El ex embajador también le reclamó el ofrecimiento de asilo político de López Obrador a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks al que perseguían por violar leyes de seguridad nacional, y ante las críticas a Estados Unidos por el tráfico de armas que entraban a México para los cárteles, afirmó que Ebrard se había negado a recibir equipo para detectarlas.
Landau, de cualquier forma, será un canal diplomático, aunque quizás no tan amigable como Salazar se imagina, porque Sheinbaum ha tenido declaraciones y acciones muy opuestas a la futura política exterior de Washington. La más relevante es haber calificado recientemente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, como “progresista” y anunciar que enviará una representación oficial a su toma de posesión esta semana.
Landau, así como el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, ven a Maduro como un dictador, y no hay prácticamente nadie en el mundo, incluidos los gobiernos de izquierda latinoamericanos, que definan a Venezuela como “progresista” (o democrático, como sugirió la presidenta), y que se reeligió mediante un fraude electoral que los tribunales venezolanos no han desmentido.
Posiciones de Sheinbaum como el mencionar a Maduro como un “progresista” –mismo nivel en el que ubicó a la dictadura cubana–, o las versiones de empresarios mexicanos que han mencionado que en al menos una reunión la presidenta elogió y pareció admirar al presidente ruso, Vladimir Putin –otro autócrata–, siembran más sospechas.
La actividad pública en México retomará su dinamismo a partir de esta semana, y continuaremos escuchando lo que está haciendo el gobierno para contener o enfrentar las políticas que quiere Trump poner en marcha al retomar el mando. Sheinbaum ha perdido mucho tiempo al no establecer grupos de trabajo informales con el equipo del presidente electo “porque no han sido ratificados por el Senado”, que es un tecnicismo impreciso porque no todos tienen que pasar por ese proceso, como, por ejemplo, quienes redactan los decretos contra los inmigrantes. Su pasividad no ha sido prudente, sino un error estratégico, y aunque Trump no haga todo lo que amenazó con realizar de manera inmediata, nadie duda que habrá acciones antimexicanas.

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La última vez que Donald Trump ganó la Presidencia, dijo recientemente la Fundación para la Libertad de Prensa, creada en 2012 para vigilar y cuidar el derecho a informar y expresarse en Estados Unidos, estábamos alarmados por la posibilidad de que lanzara demandas de difamación e insultara a periodistas desde el atril de la Casa Blanca. Aquellos temores parecen pequeños hoy en día, piensa, y por encima de las demandas y los ataques verbales que no han concluido, hay mucho más en juego en su segundo periodo. Las advertencias por los peligros para el orden de libertades, sonaron mucho antes de lo esperado.
En menos de una semana Trump consiguió que la cadena de televisión ABC le pagara 15 millones de dólares para desistirse de una demanda por difamación contra uno de sus principales colaboradores, George Stephanapoulos, por decir incorrectamente que lo habían encontrado civilmente responsable por violación, y demandó a la encuestadora Ann Selzer y al periódico Des Moines Register, el principal diario de Iowa, por haber realizado y publicado una encuesta que colocaba a Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata, arriba de él, aunque dentro del margen de error, por “interferencia electoral”.
Ganett, la cadena de periódicos a la que pertenece el Register dijo que la demanda no tenía sustento, pero que era una amenaza a la libertad de expresión. Días antes, The New York Times publicó que había una embestida legal dirigida a intimidar a medios de comunicación que han criticado o cuestionado al presidente electo y a sus nombramientos para encabezar el Pentágono y el FBI. “La oleada de demandas por difamación parece mostrar su determinación para reprimir la cobertura desfavorable”, agregó el diario. En la exageración de las intenciones de Trump está una demanda contra el comité de selección del Premio Pulitzer.
La actitud de Trump responde a su perfil populista. Este tipo de líderes carismáticos, como Hugo Chávez en Venezuela, Viktor Orban en Hungría, Rodrigo Duterte en Filipinas o Recep Erdogan en Turquía, han buscado controlar a los medios para cumplir sus objetivos de mantenerse en el poder. Por diseño son una amenaza para la libertad de expresión y para la democracia. Igual hizo Andrés Manuel López Obrador desde hace más de dos décadas, intentando, como el resto de los populistas en el mundo, acelerar el declive de la confianza en los medios y sus periodistas, con difamaciones y mentiras, pero con una retórica beligerante y sistemática de daño reputacional.
López Obrador logró durante su sexenio, con sus ataques sin fundamento, utilizando información secreta –pero manejada tramposa o falsamente– contra periodistas y en general contra quienes cuestionaran sus actos de gobierno, amedrentar a muchos. Hubo personas importantes que prefirieron renunciar a sus puestos ante las presiones de procesos penales si no se hacían a un lado y dejaban de estorbar sus intenciones. Hubo periodistas que también optaron por dar un paso atrás en sus críticas, para evitar llegar a ser vilipendiados en las mañaneras, que significó una previa censura. Públicamente pidió varias veces desde el atril de Palacio Nacional, que los medios despidieran a sus colaboradores críticos.
Estas prácticas de los populistas en el mundo han cobrado cuotas. Periodistas amenazados y asesinados, o desplazados y obligados a asilarse, lo que es un tiro al corazón a la libertad de expresión porque el silencio de los periodistas cancela el derecho a una sociedad a estar informada. Gobiernos y organizaciones criminales imponen silencio. Quienes logran evitar la muerte sa van al exilio. Al menos 300 periodistas de Guatemala, Ecuador y Nicaragua se han asilado en los útimos años; este número se elevaría si existiera información sobre el fenómeno en Venezuela, de donde se han ido durante el autoritarismo de Chávez y Nicolás Maduro, más de siete millones de personas.
Las presiones de los autócratas también han provocado que los medios tomen precauciones o se hinquen al poder para que no pasen por el flagelo. En los últimos seis años regresamos en México a la autocensura, que la habíamos superado desde mediados de los 90’s, salvo en el caso de las zonas calientes por el narcotráfico, donde los valores de la democracia tienen que ser medidos bajo los parámetros de la vida o la muerte. Y en el sexenio anterior, algunos medios, para evitar la furia mañanera de López Obrador, aceptaron incorporar en sus plantillas de colaboradores a periodistas que estaban en la nómina secreta del entonces vocero presidencial y jefe de la maquinaria propagandista, Jesús Ramírez Cuevas.
En Estados Unidos, el regreso de Trump, ha provocado lo que era impensable, que medios consolidados cambien su política editorial. Recientemente, el magnate Pat Soon-Shiong, propietario de Los Angeles Times, corrió a todo el consejo editorial y anunció que habría un cambio para buscar un contenido “balanceado”, que fue visto como una señal negativa porque su disolución sugería que el diario era tendencioso y afectaba su independencia editorial.
Esta semana el sitio Axios publicó una exclusiva sobre las tribulaciones en The Washington Post, consecuencia de la cancelación de un editorial que apoyaba a Harris para la Presidencia por órdenes de su propiertario Jeff Bezos, dueño de Amazon y de una compañía contratista de la NASA, que no puede encontrar director para el diario. Los dos candidatos para dirigirlo pidieron que no los consideraran y otros dos mencionados dijeron que no estaban interesados.
Los últimos 15 años han sido difíciles para medios y periodistas en el mundo, y vienen peores. Trump no es el primer populista que ve a medios y periodistas como enemigos que hay que acabar. Nosotros vivimos con López Obrador la experiencia. Claudia Sheinbaum, su sucesora, es parte del proyecto del nuevo régimen, pero no es una populista. Ha tenido que mantener la mañanera –a contrapelo de sus deseos–, y en ocasiones ha sido una cámara de eco de las diatribas de López Obrador. No parece estar en su ADN, y sería una desgracia y traición a las luchas de la verdadera izquierda, que regresaran esos momentos oscuros del obradorato.

Nota: Esta columna dejará de salir las dos próximas semanas, y reanudará su publicación el lunes 6 de enero.

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A Donald Trump le bastaron unos gritos y amenazas, a casi tres meses de asumir la jefatura de la Casa Blanca, para que México y Canadá comenzaran a pensar que algo tenían que hacer y evitar que, como anticipó, impusiera aranceles de 25 por ciento a todos sus productos si no frenaban la migración y el tráfico de fentanilo. Trump se ha ufanado de la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Justin Trudeau –“ya están avisados”, dijo hace unos días–, cuya forma de enfrentar sus intimidaciones provocaron tensiones en las relaciones de esos dos países que siguieron estrategias completamente distintas.
Esta semana quedó más que manifiesto.
En la mañanera de este miércoles Sheinbaum permitió un poco de espectáculo, con un grupo que tocó su melodía “Himno Migrante”, que hace un homenaje nostálgico por todos aquellos mexicanos y mexicanas que se fueron a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Igualmente realizó una melodramática conexión con El Paso, donde el canciller Juan Ramón de la Fuente, rodeado de unos cuantos cónsules y líderes hispanos de la zona, dijo que se está reforzando la red consular ante la amenaza de las deportaciones masivas.
En la víspera, el gobierno canadiense anunció un plan de cinco pilares para reforzar la seguridad fronteriza, con una inyección de 900 millones de dólares, que incluye más agentes fronterizos equipados con nuevos helicópteros, drones y torres de vigilancia con tecnologìa de punta, acompañados con equipos caninos, así como la creación de una fuerza de tareas conjunta para luchar contra el crimen organizado trasnacional. El anuncio lo hizo el ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, acompañado del ministro de Inmigración, Marc Miller, la ministra de Comercio Internacional –la negociadora del T-MEC–, Mary Ng, la ministra de Salud Mental y Adicciones, Ya’ra Saks, el comisionado de la Policía Montada y el presidente de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.
Sheinbaum estaba muy emocionada en la mañanera y durante la videoconferencia desde Texas les reiteró que “son héroes y heroínas que han salido adelante, valerosos”, a quienes se les reconocería siempre en México, su casa. En el anuncio de la nueva estrategia, LeBlanc señaló que era importante mostrar a los canadienses y a nuestros socios estadunidenses que “compartimos su preocupación por la seguridad y la integridad fronteriza”.
Son dos mundos aparte.
Los canadienses le están hablando a Trump, y los mexicanos lo están desafiando. Los canadienses tomaron nota de las amenazas y reforzaron su frontera, mientras los mexicanos retaron a Trump al anunciar una estrategia legal para ayudar a quienes quiera deportar y defenderse en tribunales para evitar que los expulsen de Estados Unidos. Los canadienses hablaron en plural sobre lo que pueden hacer conjuntamente, y los mexicanos lo hicieron en singular para anunciar lo que harán para frenar las intenciones trumpistas.
LeBlanc reveló que el plan migratorio fue consensuado con Tom Homan, a quien Trump designó como el zar fronterizo en el gobierno entrante, y conversado con Howard Lutnick, designado como el próximo secretario de Comercio, y bajo cuya responsabilidad quedará la revisión o renegociación del T-MEC. Sheinbaum ha dicho que no han tomado contacto con ninguna de las personas designadas por Trump de interés para México, porque esperarán a que sean ratificados por el Congreso en sus cargos, lo que sucederá probablemente en enero. Parece ser que la presidenta no fue informada que Homan, que será parte del staff de la Casa Blanca, no necesita de esa ratifiucación para comenzar a operar el plan de las deportaciones masivas que quiere Trump. Lutnick sí necesita ser ratificado, y aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de quien será par, lo ha buscado por teléfono, no le ha tomado la llamada.
Los canadienses, finalmente anglosajones, han adoptado una estrategia ejecutiva, de manos a la obra. Los mexicanos estamos en otra cosa.
En la mañanera de ayer se tocó dos veces el “Himno Migrante”, emotivo para muchos de nosotros, aunque no fuéramos parte de las oleadas migratorias, porque nos conecta culturalmente con esas generaciones de mexicanos que no necesitaban de coyotes para cruzar como indocumentados, pero sí de mucho valor para entrar cruzando el cañón Zapata en Tijuana, el río Bravo en Tamaulipas, y más adelante el desierto de Arizona. La melodía toca las fibras de una generación cuyos descendientes ya no son mexicanos, sino estadunidenses que nacieron en una cosmogonía anglosajona donde la cultura y el pasado mexicano no les pertenece.
Los canadienses anunciaron que utilizarán Inteligencia Artificial y herramientas de imagenología para detectar y romper el tráfico de fentanilo, incrementado el intercambio de información con las autoridades estadunidenses y expandiendo la capacidad de recolección de inteligencia de diferentes agencias de los dos países. Los mexicanos han respondido a las denuncias de Trump argumentando que el problema de adicción de fentanilo lo tiene Estados Unidos, y los canadienses de paso, enfatizando que los avances de los cárteles mexicanos son por culpa de ellos, por no frenar el contrabando de armas –omitiendo la coladera que son las aduanas mexicanas–.
La migración mexicana indocumentada fue resultado por décadas de búsqueda de una vida mejor, siendo refugiados económicos, hasta que se vivió la reversión de la migración, que repuntó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por razones económicas, pero sobre todo por el fenómeno de la violencia, por lo que es sorprendente la normalización que existe en México de esta tragedia que en lugar de aplaudirlos para que sigan enviando remesas, debería avergonzarnos a todos. Los canadienses no se han detenido en la migración, al sumar el 0.2% de los indocumentados que cruzan por su larga frontera a Estados Unidos. En el fentanilo tampoco: los decomisos de la droga que entra por Canadá son 500 veces menores que los que ingresan por México.
Las realidades entre ambos países son distintas, pero las amenazas de Trump fueron a los dos en los mismos términos. Las reacciones y las estrategias han sido más diferentes de sus propias realidades y cada quién evaluará cuál fue el mejor camino, hasta que los resultados ante las amenazas y acciones de Trump nos regalen la métrica para saber qué gobierno acertó y cuál se equivocó.

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Yazmín Esquivel no pudo escapar del escándalo sobre el plagio de su tesis hace dos años para contender por la presidencia de la Suprema Corte, pero su perseverancia, alimentada por su ambición, concluyó este lunes con un fallo definitivo que impedirá que el Comité de Ética de la UNAM, que analizó si la tesis con la que se tituló en 1987 había sido plagiada, publique sus conclusiones. Asegurada que no enfrentará ninguna situación incómoda, correrá hacia la presidencia de la Suprema Corte cuando se instale el Poder Judicial del nuevo régimen. Lograrlo es otro tema, porque ella no es a quien quiere el obradorismo.
Esquivel, por lo pronto, se salió con la suya. Sus argumentos ante los tribunales de la Ciudad de México fueron más convincentes que los esgrimidos por los abogados de la UNAM. La institución admitió el fallo y aseguró que lo respetará, pero consideró la decisión del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como “una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y la legislación universitarias”, que constituye, además, “un atentado a la libertad de expresión y el derecho a saber de la comunidad universitaria y de la sociedad en general”.
La controversia pública estalló el 21 de diciembre de hace dos años, cuando el escritor Guillermo Sheridan reveló que la ministra Esquivel, que aspiraba a presidir la Suprema Corte de Justicia, había plagiado su tesis de licenciatura. El hallazgo la descarriló, pero inició un largo camino para limpiar su imagen que, al final, no pudo. Pidió el apoyo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo de manera limitada y sin que le alcanzara a sus fines.
Pero cuando el Comité de Ética de la UNAM, la institución que le otorgó el título, inició una investigación para determinar si en efecto había plagiado su tesis, logró mediante una hábil argucia legal que un tribunal colegiado impidiera la difusión de sus conclusiones. La UNAM fue acallada y la conclusión de su análisis, en junio del año pasado, nunca se filtró. El fallo judicial de este lunes permitirá que quede sin efecto en forma definitiva el procedimiento universitario.
Los tribunales nunca estudiaron el fondo, si plagió o no la tesis, porque de eso no trataba el recurso que introdujo la ministra. Esta discusión se mantiene viva y existen evidencias sólidas de que, en efecto, Esquivel copió la tesis del abogado Édgar Ulises Báez, entregada en julio de 1986, 14 meses antes que lo hiciera la ministra. Esquivel ha sostenido desde entonces que es un infundio y que no copió nada, pero desde hace casi dos años, la UNAM informó que su tesis tenía “un alto contenido de coincidencia” con el del entonces pasante.
La lucha de Esquivel fue tenaz. El escándalo la inhabilitó para contender por la presidencia de la Suprema Corte, y votó por Norma Piña como una forma de venganza contra el entonces presidente del tribunal, Arturo Zaldívar, al que siempre responsabilizó de la filtración de su tesis. El candidato de Zaldívar se quedó a la orilla del camino, pero el ministro que hoy es un funcionario de la Presidencia, fue el arquitecto principal de la reforma al Poder Judicial que la ministra siempre respaldó.
La búsqueda de la presidencia de la Suprema Corte bajo del nuevo arreglo, es el objetivo de Esquivel, que se embarcó en una campaña abierta –como la también ministra Lenia Batres–, para el cargo. La lucha entre la “ministra del pueblo”, como se autodefine Batres, y la “ministra de la transformación”, como le gusta a Esquivel que la llamen, ha generado molestia en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum les ha enviado mensajes de que se moderen y no violenten los procedimientos legales para la promoción de quienes aspiren a ser juzgadores.
No le han hecho caso. Las cuerdas de la sucesión en la Suprema Corte no pasan por el Zócalo, sino por las oficinas del secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, que ya le dijo a Esquivel que la candidata del obradorismo es Batres, y del ISSSTE, donde su hermano Martí –en otro de los argumentos del hijo del ex presidente–, movilizará a las tropas morenas para que la respalden.
Esquivel ha prestado oídos sordos y está buscando capitalizar el fallo judicial del lunes. Rápidamente sacó un comunicado de prensa difundido en redes en tercera persona donde dice de manera tramposa que el tribunal había reconocido la autoría de su tesis, conclusión a la que también había llegado la UNAM. Lo que dijo en ese momento la institución es que en ese momento ella cumplió con todos los requisitos para su titulación y que no había un procedimiento previsto en la legislación universitaria para anular su título profesional.
Tampoco había, omitió en su defensa, sistemas y mecanismos para poder determinar si había plagios en las tesis. Para conocerse de esta violación y falta de ética se requería que hubiera denuncia. El abogado Báez nunca la denunció y la directora de su tesis, Martha Rodríguez fue despedida de la UNAM tras el escándalo. En el comunicado de marras se afirma que Esquivel fue “injustamente difamada” por las anteriores autoridades universitarias, refiriéndose al ex rector Enrique Graue, a quien le enderezó una campaña de desprestigio en la prensa por presunta corrupción.
La imputación de plagio de la tesis se mantiene. Una primera revisión que hizo la UNAM casi de inmediato utilizando el software iThenticate, que no existía cuando se tituló Esquivel, más de un 90 por ciento de coincidencia con la tesis de Báez, quien reiteradamente le dijo a un reportero de Eje Central que la tesis era suya. La creencia que Esquivel era una plagiadora se dio en el ínterin de la polémica con la UNAM, cuando el diario El País reveló que copió cerca del 40 por ciento de su tesis de doctorado.
La sombra de plagiadora va a perseguir a Esquivel por todos lados, pero tiene una gran posibilidad de acallar a quienes dudan de su integridad: que pida al Comité de Ética de la UNAM que dé a conocer sus conclusiones. Si está tan segura de que no plagió, no tiene qué temer.

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El metabolismo en Palacio Nacional ha cambiado. La presidenta Claudia Sheinbaum se despabiló ante las amenazas continuas del presidente electo Donald Trump y empezó a tomar acciones preventivas en caso de que todo lo anunciado en materia comercial y migración, se materialice a partir de enero. La reacción fue tardía, pero a tiempo. Dejar atrás la confusión, los malos diagnósticos y peores recomendaciones, cuando menos en su reconocimiento, es un avance.
Trump ha venido ejerciendo el poder y moviendo cosas desde que ganó la elección en la primera semana de noviembre. Los europeos se apresuraron a firmar un tratado comercial con el Mercosur. En Canadá, la amenaza de elevar aranceles dividió al gobierno de Justin Trudeau, y rompió el consenso con la viceprimera ministra y responsable de Finanzas, Chrystia Freeland, que es una de las razones por las cuales sorpresivamente renunció ayer. Y en Estados Unidos, los presidentes de las principales empresas dejaron de dudar de las amenazas comerciales luego que su equipo en Mar-a-Lago les aseguró que Trump está decidido a llevarlas a cabo sin importarle las probables consecuencias inflacionarias en ese país.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum demoró muchas semanas en procesar que las amenazas eran reales, y llegó a la conclusión que sin importar si se cumplían o no, tenía que preparar a su gobierno. Sheinbaum había recibido una pésima asesoría del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que decía que Trump no podría hacer lo que decía, y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que le aseguraba que las propias empresas lo presionarían y terminaría reculando, pero fue cayendo en cuenta que esos diagnósticos eran limitados y que minimizar las amenazas no era buena idea.
Trump está planeando firmar más de 25 órdenes ejecutivas y directivas –que no necesitan autorización del Congreso–, de las cuales se estima que una quinta parte de esta ráfaga de políticas públicas que serán firmadas el 20 de enero, su primer día en la Casa Blanca, tengan que ver con la migración y el uso del Ejército para deportaciones masivas. La idea inicial de Trump, según diplomáticos estadunidenses, es que expulsen a México no solo a mexicanos, sino también venezolanos, haitianos y nicaragüenses, como sucedió mientras duraba el programa Tercer País Seguro, negociado por Ebrard durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el que Sheinbaum no está de acuerdo.
Tampoco había sido tomada la amenaza migratoria con la seriedad estratégica adecuada. Hablar con los cónsules mexicanos en Dallas fue un acto mediático pero inútil. El problema no estará tanto en Estados Unidos para efectos de su impacto en México de darse las deportaciones masivas –para los migrantes sí–, porque todavía no hay planes logísticos para absorber oleadas de expulsiones en grandes volúmenes.
Ayer mismo, en su primer conferencia de prensa desde que ganó la elección, Trump volvió a dejar clara su fobia migratoria al quejarse del presidente Joe Biden por vender parte del muro fronterizo que construyó durante su administración, y la semana pasada anunció que Ronald Johnson, con dos largas carreras en el Pentágono y la CIA, enfocado en temas de seguridad e inteligencia, será el próximo embajador en México.
La incredulidad de Sheinbaum sobre los dichos de Trump ha ido cambiando conforme su curva de aprendizaje del personaje se amplía. Hasta la semana pasada parecía estar paralizada, sin ninguna iniciativa efectiva, pero su actitud cambió el lunes de la semana pasada cuando Trump se refirió al déficit en la balanza comercial con México como un “subsidio” a este país, por lo cual alegó que sería mejor anexarlo como el estado 52—porque el 51, había señalado días antes, sería Canadá–. Aranceles, migración e importaciones chinas que entran como producto mexicano al mercado norteamericano, forman parte de la misma ecuación y son temas indivisibles.
La reacción en Palacio Nacional fue inmediata. Sheinbaum instruyó la creación de un equipo especial que será el responsable de definir la estrategia a seguir frente a las acciones que probablemente llevará a cabo Trump al asumir la Presidencia en materia de migración y comercio. El equipo será encabezado por De la Fuente, Ebrard, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la coordinadora del Consejo Empresarial, Altagracia Gómez. Para apoyar a la presidenta se trasladará una parte del grupo de asesores a oficinas contiguas a Palacio Nacional, desde donde trabajarán exclusivamente ante las contingencias y emergencias que puedan presentarse.
Finalmente se preparará una estrategia articulada e intersecretarial, que es lo que estaba faltando en el gobierno, con declaraciones sueltas, iniciativas particulares y mensaje desarticulado. Sin embargo, no será suficiente. Ante la alineación que tendrá Trump con el gabinete y el staff de la Casa Blanca para ver los asuntos de México, se requerirá tener un gabinete estadunidense que responda inteligentemente a los términos en los que se está planteando la relación bilateral, así como el perfil de quien será embajador (mejor que embajadora ante un personaje tan misógino), que pueda hablarle en sus códigos al presidente.
El perfil y la designación del embajador es tan importante como la estrategia, que debe añadir un componente que no se ha planteado aún: construir el consenso interno para lo que vendrá con Trump. Sheinbaum recibió un país polarizado que no ha buscado despresurizar, al que se le han añadido las fisuras dentro del partido gobernante y de su propio gobierno. Entrar dividida al segundo periodo de Trump en la Casa Blanca, que es importante resaltarlo porque no tendrá la contención de ir por la reelección, la debilita.
Despabilarse ante Trump fue una buena señal, pero necesita enviar otra a los actores políticos y agentes económicos mexicanos para construir el respaldo de todos los sectores que la apoyen, para cuando eventualmente reciba imposiciones inaceptables de Washington. Esta es la pata que necesita en su estrategia, que será incompleta si no la construye y reduce las vulnerabilidades que hoy tiene.

Nota: En la columna del lunes se mencionan incorrectamente los recortes a los presupuestos de Salud y Seguridad Pública. Las sumas señaladas son en miles de millones de pesos.

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Nada podría ilustrar mejor el trimestre dickensiano en el arranque del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbnaum que la primera quincena de diciembre. Luz en el mundo y sombras en casa. Enorme poder que observan desde afuera y una gran debilidad que se siente adentro. Sheinbaum, elogiada y reconocida en el mundo, pero acotada y atrapada en la vorágine de la borrachera del nuevo régimen en donde ella no es la protagonista ni la cabeza de su nacimiento, sino actora de reparto porque ni siquiera en el ramo de las múltiples cabezas que están marcando el rumbo y los tiempos de la nueva era, ocupa un asiento delantero.
La temporada de honores foráneos de Sheinbaum comenzó el 5 de diciembre, cuando la edición de fin de semana del Financial Times la incluyó entre “las 25 mujeres más influyentes del mundo”. Continuó el 9, cuando Time la colocó en la lista de finalistas a ser la persona del año, y cerró el 11, cuando Forbes la ubicó como la cuarta mujer más poderosa, entre 100 mujeres, de 2024. Un gran cierre para la imagen y ánimo de la presidenta al ser distinguida entre un selecto grupo por el diario financiero más importante del mundo, por la revista que inventó hace un siglo el reconocimiento a la persona más destacada del año, y ser considerada por una revista global famosa por sus listas de personajes singulares.
Los tres medios de comunicación mencionaron su victoria en las elecciones que la convirtieron en la primera mujer presidenta en 200 años de historia de México, y su experiencia como científica en temas de cambio climático. Time y Forbes mencionaron que es judía, lo que no deja de llamar la atención por el talante antisemita de Donald Trump, el próximo presidente de Estados Unidos, cuya relación bilateral a partir de enero también es señalado como uno de sus desafíos. El Financial Times señaló como uno de sus atributos su “férreo carácter”. Luces para una narrativa que no se sostiene domésticamente.
La presidenta está atrapada en las disputas de poder del nuevo régimen.
La más cínica y escandalosa es la que se da entre los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Cínica porque el fondo del pleito es el recorte de 123 millones al presupuesto del Senado, completamente insignificante frente al hacha inescrupulosa que utilizaron para quitar 81 millones de pesos de presupuesto al Sector Salud, 34 millones a la seguridad pública –políticamete criminal y, a la vez, de complicidad indirecta con los criminales porque le quitan fuerza a quien debe combatirlos–, o 481 millones a la gobernanza del país, como algunos ejemplos.
Escandalosa por la forma como los dos coordinadores, que fueron puestos ahí y responden al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se están enfrentando con métodos gangsteriles. Como respuesta al recorte presupuestal, López responde a Monreal con la recisción de varios contratos firmados durante su gestión en la Cámara alta, para limpiar “cualquier sospecha de corrupción”. Le dice corrupto. Monreal replica desafiante que le busquen, porque no encontrarán nada. La presidenta no puede mas que pedirles que “actúen con cabeza fría”. Es algo un poco más complejo que eso, pero la presidenta no tiene brazos, ni en el Senado, ni en el Congreso, que le permitan hablar menos y presionar más.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que también le debe el puesto a López Obrador, acusó a Monreal de no haber acatado “instrucciones” sobre el presupuesto. O sea, se fue por la libre. López experimentó lo que ha hecho a Sheinbaum –al igual que con Monreal– que ignora sus recomendaciones. En el Senado es cada vez más común la conversación sobre la falta de senadores que le respondan a la presidenta, y en la Cámara de Diputados, Monreal ha actuado sin miramientos para neutralizar a los pocos representantes que tiene Sheinbaum en esa cámara.
El comportamiento de los coordinadores debería de ser administrado por el partido, cuyo jefe informal pero real, es quien despacha en Palacio Nacional. Sheinbaum, sin embargo, se excluyó de esa tarea metaconstitucional, quizás porque sabía que el partido nunca lo controlaría ella, sino su ex jefe. Morena no ha intervenido en el diferendo entre los legisladores, porque Andrés López Beltrán, número tres nominal pero quien realmente manda ahí –¿nadie es tan ingenuo para pensar que Luisa María Alcalde, la presidenta, es quien decide las cosas, verdad?–, no ha decidido hacerlo. Que se coman entre ellos, mientras el canibalismo moreno no toque al partenón.
La presidenta se empequeñece en momentos de decisiones. Ahí está la de Rutilio Escandón como cónsul en Miami. Escandón tendría que ser investigado por su  responsabilidad en convertir a Chiapas en el campo de batalla más espantoso del país, dejando a más de 200 mil personas abandonadas y a merced de tres cárteles de la droga. Sheinbaum, que lo premió a la vez que lo rescató, dijo con una hilaridad involuntaria, que Escandón, de quien piensa lo peor en privado, estaba capacitado para el puesto.
No puede romper con las cadenas obradoristas, que defienden a los infames gobernantes hasta la ignominia. El problema de ella es que esa debilidad, contrastante con el “carácter férreo” con el que la caracteriza el Financial Times y que quien la conoce puede dar testimonio de ello, tiene ante otros una actitud de paloma, porque no puede confrontarlos o por acomplejada, como parece ser el caso del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que tras las revelaciones de abusos de colaboradores de su antecesora Alicia Bárcena, pronunció un discurso sobre la ética dirigido a ella, pero que no se atrevió a pedirle moderación para evitar mostrar las fracturas en su gabinete, y solo esperará que no vuelva a repetirlo.
Sheinbaum está atrapada y no se le ven salidas. Carece de fuerza real en el nuevo régimen y tampoco ha generado respeto a lo que representa. Las luces en el mundo se irán desvaneciendo cuando se den cuenta de lo que realmente está sucediendo en México.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

Raymundo Riva Palacio

Este domingo se cumplen dos años del atentado de un comando que quiso matar al periodista Ciro Gómez Leyva. En este lapso se ha ido construyendo una verdad jurídica, con detenidos, declaraciones y criminales confesos que permitirá eventualmente a las autoridades cerrar el caso. Las dudas seguirán, como suele suceder con los crímenes de alto impacto, aunque en este caso, lo inverosímil de los componentes con los que se está construyendo la verdad jurídica, permite argumentar que lo único real en lo que se está avanzando, es en el encubrimiento. ¿Quién mandó matar a Gómez Leyva? La pregunta seguirá viva.
La Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero hizo lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de Ernestina Godoy, cuando estaba al frente del gobierno capitalino la presidenta Claudia Sheinbaum, no hizo, encontrar al presunto jefe de la célula que atentó contra el periodista a escasos 200 metros de llegar a su casa. Hace un mes Armando Escárcega, apodado El Patrón, declaró ante el ministerio público, pero lo dicho no esclarece nada.
Las autoridades capitalinas determinaron desde un principio que la célula cumplía órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En su declaración, El Patrón no afirma que las recibió de esa organización criminal, sino de “un cercano” de su líder y fundador, Nemesio Oseguera, El Mencho. No aportó ninguna prueba de sus dichos, ni ofreció ninguna explicación del porqué de la orden, salvo que los tenía “hasta la verga”. Es decir, no hay móvil. Tampoco hay lógica. “Jamás dije algo ni presentamos trabajos sobre él”, dijo Gómez Leyva. Aún si lo hubiera hecho, no es la forma como mandan asesinar los narcotraficantes a periodistas por su trabajo, quienes les envían antes avisos para amedrentarlos y forzarlos a callar. Gómez Leyva nunca recibió amenazas de ningún tipo.
¿Por qué matarían a un periodista que nunca hizo referencias a ese cártel o a su líder, fuera de la información cotidiana sobre la violencia? ¿Por qué, sobre todo, si había una orden para matarlo, nunca insistió el cártel en asesinarlo? Cuando otro comando del CJNG atentó contra el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020, no cejó en su intento de liquidarlo. Hace pocos meses, durante el periodo de la transición, Sheinbaum aceptó que se fuera a España durante varias semanas luego de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) descubrió un nuevo plan para matarlo. La amenaza sigue latente.
La responsabilidad del atentado contra Gómez Leyva se ha limitado a los presuntos autores materiales, sin autor intelectual claro. Los ministerios públicos que entraron al relevo de la Fiscalía capitalina, donde todo se había empantanado, continuaron sobre la línea de investigación del CJNG, sin tomar en cuenta otras hipótesis que se manejaban dentro del gobierno federal. La más importante, que no fue un atentado relacionado con el narcotráfico, sino uno político por su crítica al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
En septiembre del año pasado se publicó en este espacio que una investigación del CNI encontró que el atentado fue ordenado por un militante de Morena –en ese entonces diputado federal–, que actuó por iniciativa propia pensando que le haría un favor a López Obrador quitándole de encima a un agudo crítico de su gobierno. De acuerdo con lo encontrado, el militante de Morena tenía conexiones con La Familia Michoacana, que le facilitó los contactos de una de las células criminales que operan en la Ciudad de México para hacer ese trabajo por su cuenta, riesgo y pago. Las células criminales que hacen trabajos en la capital federal no son parte orgánica de ningún cártel, y trabajan bajo pedido.
La información era preliminar y ubicaba el atentado en el campo de la política. En Palacio Nacional también recibieron información de otras áreas de la inteligencia civil poco después del atentado, que apuntaban a un sospechoso en el Senado, donde uno de los líderes de Morena, molesto por la indiferencia de López Obrador hacia él y la forma como después de utilizarlo lo marginó, buscó crear un clima de inestabilidad con el atentado a Gómez Leyva, no para matarlo, sino para crear una crisis política que afectara al ex presidente.
Las dos vertientes políticas nunca derivaron en investigaciones. El senador fue llamado a Palacio Nacional tiempo después, y aunque no se sabe lo que habló con el presidente ni los temas por los cuales fue convocado a su despacho después de largo tiempo en el ostracismo, salió con una docilidad insólita. La investigación del CNI tampoco avanzó, ni nunca se procedió de ninguna manera con el diputado, ni siquiera, hasta donde se sabe, con un extrañamiento.
No había ningún interés del presidente por resolver el atentado. En el mismo diciembre del ataque a Gómez Leyva, López Obrador dio instrucciones que no se investigara más el crimen, que fue el momento en donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina detuvo sus pesquisas y quiso ir ganando tiempo con reuniones periódicas con el periodista y su abogado, hasta que se exasperaron y pidieron la intervención de Gertz Manero. El fiscal general terminó la parte de la investigación criminal con procesos en curso, pero la falta de solidez en las pruebas, genera incredulidad y los argumentos de que se trata de un encubrimiento.
La vida de Gómez Leyva siguió, pero destrozada frente a lo que había sido. “No solo cambié rutinas”, señala el periodista. “Mi vida cotidiana y mi vida en general giraron 180 grados. Pasé, entre otras cosas, a tener vigilancia de la policía de la Ciudad de México 24/7. Fueron excelentes policías, por cierto”. Gómez Leyva se salvó de morir porque viajaba en una camioneta con blindaje 7 –uno de los máximos–, pero su vida dejó de ser vida. Quedó en una jaula de oro, como describió años antes su vida el periodista Jesús Blancornelas luego de que el Cártel de Tijuana quiso matarlo. Gómez Leyva escapó de la jaula de oro y se fue a España. Quiso volver a respirar.

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Donald Trump no está dejando espacio para la interpretación. Hizo a un lado a Kari Lake, una fanática y extremista para el cargo de embajadora en México, y optó por Ronald Johnson, un coronel retirado que también trabajó para la Oficina de Ciencia y Tecnología de la CIA –cuya importancia lo señala en que recibe casi dos terceras partes del presupuesto de la agencia–, y experto en operaciones especiales que fue jefe de Misión en El Salvador, donde prácticamente sometió al presidente Nayib Bukele para que endureciera sus políticas migratorias y se alinearan a los designios del entonces presidente.
En México, está diciendo Trump, es el tiempo de los militares y la mano dura contra el crimen organizado. No hay espacio para la relación con los civiles, sino para alguien en quien confía el Pentágono y la CIA, dos de las dependencias del gobierno estadunidense más críticas de la política de tolerancia y entrega de territorio a los cárteles de las drogas emprendida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando presentó el Departamento de Estado al Senado su nominación como embajador en El Salvador en 2019, resaltó su experiencia de campo en contraterrorismo, combate al narcotráfico y refugiados.
No ha habido un embajador propuesto para México con un pasado bélico, primero, y tan polémico como Johnson. El último que generó inquietud en México fue John D. Negroponte, designado embajador en 1989 tras haber pasado por Tegucigalpa, donde como jefe de la Misión en Honduras organizó a la contra antisandinista, lo que provocó una discusión en Los Pinos donde se analizó y evaluó negarle el placet. No lo hizo el presidente Carlos Salinas, y la experiencia con Negroponte, un halcón con mano de terciopelo, no fue negativa. Johnson es otro halcón, pero su mano probadamente es de hierro.
Al hacer el anuncio en X, Trump dijo que “juntos pondremos fin al crimen de los migrantes, detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas en nuestro país, ¡HACIENDO A ESTADOS UNIDOS SEGURO OTRA VEZ!”. Johnson, que regresa a la actividad después de haberse jubilado en 2021, tiene el perfil con el que ha construido su equipo, en donde el énfasis en los temas para los cuales recibió el mandato popular, explica por qué hizo a un lado a Lake y se inclinó por él.
El Centro y Escuela de Guerra Especial que se encuentra en el Fort Liberty de Carolina del Norte, una de las instituciones educativas de élite del Ejército que entrena a sus alumnos en las tres ramas de operaciones especiales, las fuerzas especiales, asuntos cívicos y operaciones sicológicas, publicó el año pasado una pequeña biografía de Johnson que se leía como hoja de servicios:
“Se enlistó en la Guardia Nacional del Ejército en 1971. Completó la Escuela de Candidatos a Oficiales en 1973 y se graduó del curso para oficiales de las Fuerzas Especiales en 1977, mientras estuvo asignado al 20º Grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportadas. En 1984 comenzó su obligación de tiempo completo como comandante de destacamento del 3er Batallón y del 7º Grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportadas en Panamá… Pasó un tiempo significativo de su carrera militar en el Comando Sur y es fluente en español. Encabezó operaciones de combate en El Salvador y fue uno de los 55 consejeros militares durante la guerra civil en los 80’s.
“También fue destacado en los Balcanes en los 90’s como oficial senior de un equipo integrado por elementos de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y personal de la Misión Especial, para capturar a personas acusadas de crímenes de guerra. Luego de su carrera militar, hizo una segunda carrera en la CIA y participó en experiencias de combate y operativas en todo el mundo. También fue representante superior tanto para la Dirección Nacional de Inteligencia y la CIA en el Comando Sur, y enlace de Ciencia y Tecnología del Comando de Operaciones Especiales de la CIA”.
Johnson vivió varios años en Latinoamérica, aunque el país en donde más se involucró fue en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos han señalado que su protagonismo en ese país transcurrió “en uno de los períodos más oscuros” de su historia, donde lo acusan de haber apoyado la represión durante la guerra civil en los 80. En su testimonio de confirmación como embajador en El Salvador en 2019 ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido en ese entonces por Marco Rubio, secretario de Estado designado por Trump, dijo que para “Estados Unidos, combatir el crimen trasnacional y contener la migración ilegal, son prioridades fundamentales. Están vinculadas a un lento crecimiento económico y desempleo”.
Johnson llegó a El Salvador para ampliar y profundizar la agenda de Washington, apoyada en programas para fortalecer el sistema de justicia criminal, con coordinación e intercambio de información, luchas contra las pandillas y construcción de una reforma institucional que fortaleciera el combate a criminales. Estos objetivos los ha repetido por algún tiempo el gobierno estadunidense que deben instrumentarse en México, por lo que la reforma judicial aprobada por el régimen fue tan criticada por abrir la posibilidad a que los criminales controlen a los juzgadores.
¿Por esa razón pudo haber cambiado Trump su nombramiento de Lake a Johnson? Una posible respuesta, para lo que quiere el presidente electo, se puede encontrar en un ensayo de Rubén Zamora, miembro fundador del Frente Democrático Revolucionario y negociador de la paz en El Salvador, meses después de su llegada a ese país, donde mencionó que su trabajo produjo fuertes golpes a las pandillas, pero con un costo: Bukele se convirtió en el típico “sí señor”, implementando las desastrozas políticas antimigrantes de Trump, aceptando la línea dura que imponía, sin presentar resistencia, aunque violara la ley internacional.
Zamora describió la forma cómo había operado Johnson durante los primeros cuatro meses de haber llegado a El Salvador, utlizando las redes sociales y difundiendo fotografías en donde aparecía regularmente escoltado por Bukele y el ministro de Defensa. La política exterior salvadoreña, recordó Zamora, capituló. Johnson, para efectos prácticos, se convirtió en un procónsul. Que sirva esto en México, como un comportamiento que no debemos permitir.

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Si Pedro Haces buscaba atención, ya la tiene, aunque quizás no es del tipo que desearía. Estrafalario líder sindical y brazo derecho de Ricardo Monreal en la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Haces se ha convertido en una persona de interés para la DEA.
Los agentes federales están siguiéndole la pista a sus relaciones con un importante restaurantero de la Ciudad de México a quien han vinculado con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La investigación se encuentra en sus primeras fases, pero es una prioridad de la principal oficina de la DEA en México.
El empresario que identifican agentes de la DEA como muy cercano a Haces, tiene restaurantes fácilmente reconocidos porque se especializan en carne y contratan meseras que usan uniformes ajustados y escotados.
En uno de sus establecimientos, de acuerdo con la investigación formal que está realizando contra el restaurantero, detectaron un centro de distribución de fentanilo, una droga que manejan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en la capital federal.
Las presuntas vinculaciones de Haces con el crimen organizado no son nuevas. La primera vez que su nombre apareció en un caso criminal fue en la declaración de Édgar Veytia, el exfiscal de Nayarit que se entregó a las autoridades estadounidenses tras cruzar la frontera en Tijuana en 2017, y que fue en la Corte del Distrito Este de Brooklyn en septiembre de 2019 a 20 años de prisión por conspiración en la distribución de drogas.
Veytia había comenzado a trabajar con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, que cuando fueron eliminados del mapa criminal, sus lugartenientes formaron el Cártel del H-2, con enclaves en Nayarit y Sinaloa.
Veytia reconoció en su declaración que sí había proporcionado protección al grupo criminal a cambio de sobornos, y en un momento mencionó al diputado Haces como uno de los enlaces que tenían los narcotraficantes con el sector público mexicano.
La referencia pasó desapercibida y no generó en México ni ruido ni el inicio de ninguna investigación contra el político y empresario taurino que en la actualidad es una figura poderosa en San Lázaro.
La organización de los Beltrán Leyva y su continuación, el H-2, se diversificaron en negocios como la construcción, y de acuerdo con información de inteligencia federal y estatal, buscaron involucrarse en los trabajos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Su presión para vender materiales de construcción provocó problemas en los trabajos, afloraron durante una mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2021, donde a una pregunta sobre extorsiones y amenazas de tres sindicatos de los trabajadores en los complejos petroquímicos de Veracruz, que en efecto había prácticas indebidas e ilegales de sindicatos charros.
Aunque López Obrador no identificó ni a los sindicatos ni a sus líderes, el que tenía la mayor presencia en la zona era la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México fundada hace 15 años por Haces. Más adelante se supo que era uno de los principales -si no el mayor- proveedor de grava para los trenes Interoceánico y Maya.
El interés actual de la DEA en Haces no había tenido ningún antecedente hasta fechas recientes, cuando sus investigaciones sobre el restaurantero y posible distribuidor del fentanilo en la Ciudad de México, se cruzaron con su nombre.
Haces representaría una persona de interés por dos vías. Una es por la investigación en México, y otra derivada, es porque hace poco más de dos años abrió en Washington una oficina, en la zona del Capitolio muy cerca de donde se encuentra el cuartel general de los Teamsters, el poderoso sindicato de camioneros que tiene una larga historia de nexos con el crimen organizado.
La CATEM USA busca organizar a los descendientes de mexicanos en Estados Unidos, donde hay una fuerza laboral registrada de 35 millones.
Aunque Haces puede formar un sindicato en Estados Unidos siendo ciudadano de otro país, tener un pie con fuerte potencial para expansión y crecimiento en el mercado laboral, probablemente al cruzar su nombre con la investigación contra el restaurantero, levantó alertas.
Para formar un sindicato, a diferencia de representar intereses extranjeros que requieren de registro y permiso especial del Departamento de Justicia, no se pregunta sobre el estatus migratorio durante las investigaciones o litigios para autorizarlo.
Haces es un extrovertido personaje que ha buscado convertir a la CATEM en la organización que remplace a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, que fue un pilar de la estructura corporativa del PRI en una buena parte de la segunda mitad del siglo pasado.
Los esfuerzos de Haces, que fue priista y ahora es morenista, han ido de la mano del respaldo político de Monreal, quien ha tenido algunos reveses recientes por ser compañero del exhibicionismo de lujos y riquezas de su amigo.
El diputado tiene la piel bastante dura y, ciertamente, también cinismo. Cuando surgió el escándalo junto con Monreal por el uso de un helicóptero privado para transportarse, primero dijo que era una herramienta de trabajo y al no amainar las críticas, le a El País, que “cuando una estrella brilla, todos la quieren apagar”. Pero eso no significa que le despreocupe lo que se diga de él.
Una hace casi dos años de la organización Forbidden Stories, que realiza periodismo colaborativo, reveló que pagó 110 mil dólares a la empresa Eliminalia para desaparecer 300 informaciones entre 2019 y 2020 que recordaban que había sido fichado por rodo y posesión de armas, o de acusaciones por misógino. Hasta hoy, sus antecedentes criminales pueden accederse por Internet.
Haces no ha dejado de ser un personaje conspicuo que tiene una marcada debilidad por el protagonismo. Sus fanfarronerías por mostrar su riqueza -de la cual no hay información sobre cómo se generó hace más de un cuarto de siglo-, carecen de límites. Hasta ahora ha navegado sin mayores problemas y podrá mantenerse de la misma forma, siempre y cuando el interés de la DEA por él resulte que no tenía razón de ser.

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Ayer dejaron sobre la carretera 15 de Sinaloa, en las inmediaciones de Elota, un municipio a 141 kilómetros al sur de Culiacán, un mensaje espeluznante: una cabeza sobre una hielera con una rebanada de pizza en la boca y una parte de un brazo. El mensaje era claro y probablemente venía de la mayiza, las milicias al servicio de Ismael El Mayo Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa preso en Brooklyn. La pizza es el símbolo que identifica a los chapitos, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a quienes la mayiza está persiguiendo por el sur del estado.
De esta forma comenzó el cuarto mes de la implosión del Cártel de Sinaloa, que causó una guerra entre las dos facciones en disputa por el control de la organización criminal trasnacional más importante del mundo, que es un recordatorio de la transgresión del expresidente Andrés Manuel López Obrador por haberle permitido erigirse en la autoridad suprema y garantizar que la pax narca administrada por Zambada contuviera la violencia. Capturado Zambada a finales de julio, la realidad se modificó por la ambición de los chapitos para hacerse del control del Cártel.
López Obrador no hizo nada por pacificar Sinaloa en las tres semanas de guerra que cohabitaron con su administración. Lo que hizo fue declarar todo el tiempo que en la captura de Zambada no había participado su gobierno, como si quisiera mandar un mensaje a Sinaloa que él no lo había traicionado, como afirman en Culiacán, y acusar a Estados Unidos de realizar esa operación a sus espaldas y provocar la violencia. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, subrayó que López Obrador se quejara de que habían detenido a Zambada, sin festejar la detención.
Era una ironía que sugería la relación inconfesable de Palacio Nacional con el Cártel de Sinaloa, y escondía la razón por la cual la operación se hizo a sus espaldas. En Washington estaban convencidos que si le informaban lo que harían, los alertaría y se frustraría esa acción que llevaba casi año y medio en preparación. De ese tamaño es la creencia en el gobierno de Estados Unidos de su involucramiento con los criminales, que López Obrador ha negado con vehemencia.
Pero, en su contra, estuvo la realidad. La implosión mostró la dimensión de un sexenio de laxitud y de apoyo inopinado a esa organización criminal. Rota la pax narca quedó al descubierto la ingobernabilidad del gobierno de Rubén Rocha Moya, que no gobierna, ni manda, ni tiene control de nada. Sinaloa es del Cártel, que primero tenía repartidos los territorios y que hoy disputan sus facciones. La vida de los sinaloenses también les pertenece.
En estos tres meses, son los narcotraficantes quienes han marcado el ritmo de la vida. Son los que han establecido un toque de queda informal, marcando con su violencia a qué hora empieza y termina el día, arrastrando en ello a la actividad económica, donde los comercios cierran a la hora del crepúsculo porque nadie sale a comprar ni a comer nada. Las clases presenciales dependen de lo que digan ese día los criminales, así como también las corridas del transporte público. El aeropuerto termina sus operaciones a las ocho de la noche. Circular en las calles de noche es un peligro; hacerlo en una carretera es una invitación a que lo maten.
López Obrador puso a Rocha Moya como gobernador y era su enlace político con Zambada, de acuerdo con informes de inteligencia mexicana, que señalan que se ponían de acuerdo con él sobre candidaturas a puestos de elección popular. El expresidente les respondía indirectamente de diversas formas, como la construcción de una carretera de 141 kilómetros entre Badiraguato, la tierra de El Chapo Guzmán -que visitó seis veces sin mayor problema-, y Parral, Chihuahua, una ruta que históricamente ha sido trasiego de drogas hacia el mercado de Estados Unidos, que benefició mayoritariamente al Cártel, deliberada o inopinadamente, al hacer más fácil y rápido el tráfico. Otra forma presuntamente de agradecimiento era no combatirlo e ir debilitando a sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El status quo cambió tras la captura de Zambada, y la guerra fratricida del Cártel dejó al descubierto al gobierno de Rocha Moya, que durante los dos primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum fue tolerado pese a su incompetencia. La semana pasada se acabó la paciencia, tras más de 500 muertos en este periodo, al despachar la presidenta a Culiacán a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para coordinar las acciones contra el Cártel. Pero García Harfuch ha sido más que eso.
Ante la ingobernabilidad de Rocha Moya, está restableciendo la gobernabilidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas, no sólo en las percepciones sino en los hechos, mostrando que este gobierno, a diferencia del de López Obrador y el del gobernador, no abandona a los sinaloenses. El desastre que dejó ese par no será fácil resolver. Podrían ayudar fuertes inyecciones de recursos para reactivar la economía, pero Sheinbaum no tiene dinero. Podría ayudar si continúan las acciones contra los criminales, pero los resultados no serán vistos en el corto plazo, donde si son efectivas lo más probable es que se incrementará el número de muertos antes de que empiece a bajar, lo que significaría que la estrategia funcionó.
Las opciones que tiene el gobierno son limitadas por los escasos espacios de maniobra que les dejaron. La guerra seguirá por algún tiempo más y el gobierno de Sheinbaum necesitará distractores para generar expectativas mientras continúa trabajando hacia una solución definitiva. Tampoco tiene en este campo muchas alternativas, y la única que se está anidando en la opinión pública es la salida de Rocha Moya, que con seguridad sería muy aplaudida. Es el único fusible a la mano, y reforzaría la idea de que están haciendo cosas. No sería fácil, porque el Congreso local y federal lo controla Morena e indirectamente López Obrador, que lo sigue apoyando. Pero cientos de muertos y desaparecidos exigen acciones extraordinarias para recuperar Sinaloa y, de paso, al país.
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