Protestan en la capital trabajadores de unidades médicas móviles; piden viáticos

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Trabajadores del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica Móvil (PFAMM) marcharon en Chilpancingo, para manifestarse en contra de la reducción del pago de gastos de camino y la exclusión para recibir bases del personal operativo.
Unos 100 trabajadores del PFAMM, mejor conocido como Caravanas de Salud, se concentraron en la plazoleta Unidos por Guerrero y desde ahí marcharon hasta la Subsecretaría de Administración y Finanzas de Salud.
La marcha inició a las 10:40 de la mañana y avanzó por las avenidas Miguel Alemán y Lázaro Cárdenas, hasta llegar a las oficinas ubicadas en la Avenida de la Juventud, frente al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa.
En declaraciones, la enfermera Alba Luz Moctezuma Parra explicó que los trabajadores cubren una jornada de 20 días en zonas de alta y muy alta marginación, en todas las regiones, pero a partir de la transición hacia el IMSS-Bienestar y sin oficio formal, se les informó vía mensaje de Whatsapp que el pago de gastos de camino se reduciría a 10 y hasta 5 días.
Además, el personal del PFAMM que tiene entre 8 y 12 años de antigüedad no ha sido basificado, “nos inconforma, nos desalienta que sabemos de personal que recién egresó y está ganando lugares muy cercanos a sus lugares de origen. A nosotros, que vivimos en una región y trabajamos en otra región, se nos está negando la oportunidad de base”.
La enfermera Olga Cruz López afirmó que “hay discriminación de programas (…) no hemos sido tomados en cuenta para una base, cuando el presidente de la República dijo que iba a ser base para todo el personal de salud, sin discriminación de programa”.
“Estamos obligados a dar consultas en las escuelas, bajo un árbol, bajo el sol, bajo la lluvia. No tenemos un lugar fijo para dar las consultas, no tenemos casas de salud, no tenemos la estabilidad para dar una consulta de calidad a los pacientes”, expresó.
Por su parte, la enfermera Maybelinne Meribeth Muñoz García explicó que el personal cumple con las funciones de un centro de salud en unidades móviles, “brindamos atención de primer nivel”, por ello consideró injusto que en lugar de buscar mejorar sus condiciones laborales se afecte a los trabajadores.
El PFAMM cuenta con unos 150 trabajadores, que se dividen en 53 unidades móviles y reciben un pago de unos 5 mil pesos mensuales para gastos de camino. Ante estas circunstancias, los manifestantes exigieron a las autoridades que se les aumente el pago, a uno equivalente a los 20 días de su jornada, y que se les conceda la basificación.
Llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a que “nos apoye, porque nos están dejando olvidados”. De acuerdo con Olga Cruz, durante la visita del presidente a Costa Chica el domingo pasado, se le expuso la situación y les indicó que debían reunirse con el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, pero no lograron el encuentro.

Se respetará el pago en julio y agosto

Tras la marcha, una comisión fue recibida en las oficinas por la jefa de Servicios de Atención a la Salud de IMSS-Bienestar, Xóchitl Figueroa Flores; así como por los funcionarios Estela Ramos López, Juan Méndez Noguera, Rafael Julián Arcos y Marco Antonio Salgado Reynoso.
La reunión se prolongó hasta las 5 de la tarde. Al finalizar Olga Cruz informó que las autoridades se comprometieron a respetar el pago de gastos de camino de julio y agosto, como hasta ahora; es decir, los 15 días completos, para ello Xóchitl Figueroa gestionará el recurso correspondiente.
Sobre la basificación de los trabajadores, se les informó que las autoridades estatales no influyen en la contratación, por lo que el personal deberá dar seguimiento al tema directamente con la federación. El próximo 28 de agosto se realizará una reunión de seguimiento a los acuerdos logrados este viernes.

Trabajadores del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica Móvil, conocido como Caravanas de Salud, a su paso por la avenida Lázaro Cárdenas en ChilpancingoFoto: Jesús Eduardo Guerrero

Planteará una reducción salarial para los diputados locales de entre 10 y 20%, anticipa Flor Añorve

Diputados del PRI, del PVEM y de manera sorpresiva la de Morena bloquearon un exhorto dirigido al gobierno del estado, a los titulares de los órganos autónomos, al Poder Judicial, a los ayuntamientos y al propio Legislativo, para emprender medidas de austeridad que ayuden a enfrentar las consecuencias del incremento en el precio de las gasolinas.
Entre las propuestas planteadas en la iniciativa, que fue presentada por el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, estaba un recorte de 20 por ciento en el salario de funcionarios de primer nivel, magistrados y de los diputados locales.
Por su cuenta, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, informó que ya se prevén medidas de ese tipo, sin embargo dijo que para que se apliquen debe existir consenso al interior del Congreso.
Este miércoles se realizó la primera sesión de la Comisión Permanente correspondiente al periodo de receso. En ella el diputado Sebastián de la Rosa presentó una iniciativa en atención a la inconformidad social que ha desatado el gasolinazo en Guerrero y todo el país.
El exhorto propuesto va dirigido al gobierno estatal; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Robespierre Robles Hurtado; a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Flor Añorve; a los titulares de los órganos autónomos y a los ayuntamientos para implementar programas de revisión, evaluación y reestructuración administrativa “destinadas a enfrentar el impacto en la prestación de los servicio públicos derivado del aumento en el precio de los combustibles”.
Su propuesta plantea la revisión y evaluación del presupuesto de egresos para implementar adecuaciones a fin de garantizar el cumplimiento de las metas que establecen los planes y programas de inversión en infraestructura social y productiva, eficientar su operación y, en su caso, ampliar su cobertura y beneficios a los usuarios.
También propone la disminución inmediata del 20 por ciento en salarios de los servidores públicos de primer nivel, incluyendo al gobernador Héctor Astudillo Flores, secretarios de despacho y directores de los organismos públicos descentralizados, magistrados del TSJE, todos los diputados locales, titulares de órganos autónomos, alcaldes, síndicos, regidores y directores municipales.
La diminución del 20 por ciento incluye también los gastos de administración de las entidades y dependencias de la administración pública estatal y municipal no vinculados a la operación de programas sociales.
La intención, explicó De la Rosa, es que los recursos que se generen a partir de estas medidas se destinen a la ampliación de la cobertura y beneficios a usuarios de programas sociales prioritarios.
El perredista solicitó que su iniciativa fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución; sin embargo los priistas Flor Añorve, Saúl Beltrán Orozco, Héctor Vicario Castrejón, Eusebio González Rodríguez; la diputada del PVEM, Rossana Agraz Ulloa; y de manera sorpresiva la de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, votaron en contra, por lo que la propuesta -que fue respaldada sólo por Sebastián de la Rosa, Ricardo Mejía Berdeja, Jesús Martínez Martínez y Rosa Coral Mendoza Falcón- fue turnada a comisiones para su análisis.
En las intervenciones antes de la clausura de la sesión, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, aseguró que ese partido seguirá insistiendo en la necesidad de que se revierta el gasolinazo.
Lamentó que a pesar de que desde 2013 se advertía el fracaso de las reformas estructurales, principalmente de la energética, el gobierno federal haya insistido en aplicarlas generando consecuencias como lo es hoy el incremento en el precio de las gasolinas.
Después la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, aclaró que votó en contra de la iniciativa porque se trata de “una simulación” del PRD, pues recordó que ese partido avaló las reformas estructurales cuando firmó el llamado Pacto por México.
“Una vez más, los mismos de siempre vienen a hacerle el juego sucio al régimen, ahora salen con medidas de austeridad, eso es pura hipocresía y simulación, sólo para callar las voces de la enérgica y también legítima manifestación de la gente en contra del gasolinazo. La gente no es ingenua, diputadas y diputados, nadie les va a creer a los partidos del pacto contra México”, dijo.
De inmediato volvió a tomar la palabra el diputado Sebastián de la Rosa, quien dijo que si su iniciativa no fue aprobada fue porque Flor Añorve estaba molesta, presuntamente porque no le permitieron presentar la propuesta.
Criticó que mientras el gobierno del estado anuncia recortes en salarios de funcionarios y consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) disminuyeron sus ingresos en un 10 por ciento, el Congreso aún no informa si aplicará un plan de austeridad.
En una interpelación, Héctor Vicario dijo que la iniciativa fue turnada a comisiones porque estaba mal redactada, toda vez que no se debió incluir al propio Congreso en el exhorto.
En respuesta, Flor Añorve acusó a Sebastián de la Rosa, sin mencionarlo, de querer ser protagonista; además dijo que nadie en el Congreso está de acuerdo con el alza en el precio de las gasolinas porque sería estar en contra de la población.
Explicó que cuando las iniciativas se turnan a comisiones no es para desecharlas, sino para analizarlas y perfeccionarlas, y en caso de existir consenso se aprueban por mayoría o unanimidad ante el pleno.

Si habrá plan de austeridad, asegura Flor Añorve

En declaraciones a reporteros al concluir la sesión, Flor Añorve dijo que sí habrá un plan de austeridad y que el Congreso acepta el llamado que hizo el gobernador el lunes pasado para emprender acciones que ayuden a enfrentar las consecuencias del gasolinazo.
Indicó que las medidas que aplique el Congreso se definirán en la Junta de Coordinación Política, donde tienen voz y voto todas las fracciones parlamentarias y representaciones partidistas, a fin de que el plan de austeridad que se diseñe sea por consenso.
Dijo que buscará reunirse con todos los diputados del PRI para que juntos definan las propuestas que se presentarán en la Junta de Coordinación, aunque adelantó que se planteará una reducción salarial de los diputados entre un 10 y 20 por ciento.
Comentó que otra de las medidas a impulsar es que todos los documentos que circulen en el Congreso ahora se compartan vía electrónica y ya no en físico, para ahorrar en papelería.
En cuanto a los viáticos para trabajadores que son enviados a las diferentes regiones para entregar oficios o notificaciones, comentó que se diseñará una estrategia para que no tengan que pasar la noche fuera y así ahorrar el pago de hospedaje.
“Todas estas propuestas deberán ser consensadas con la Junta de Coordinación Política, no será una decisión de la diputada Flor Añorve, no será una decisión personal ni de mi fracción, a pesar de que tengamos la mayoría, sólo esperamos que todos los anuncios que se hagan tengan un verdadero consenso”.

Proponen Comisión de Política de Drogas

En la sesión de este miércoles, el diputado Ricardo Mejía presentó a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano una iniciativa de ley por la que se crea la Comisión de Políticas de Drogas del Estado.
Su planteamiento es que esta comisión se encargue de evaluar la política de drogas y la normatividad correspondiente; identificar las estrategias efectivas y de poco impacto de la política actual en materia de drogas ilícitas; analizar las iniciativas académicas que se formulen en la materia; y elaborar documentos de referencia para proponer ante las autoridades competentes la integración de la normatividad.
También se encargará de realizar consultas con entidades estatales, instituciones académicas, personas y organismos que la comisión considere pertinentes, para realizar la evaluación de la política implementada en materia de drogas ilícitas durante los últimos años y formular las recomendaciones correspondientes.
Y propuso que la comisión sea encabezada por el gobernador y la integren los titulares de la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública, de Gobierno, diputados y personalidades de la sociedad civil.
La propuesta fue turnada a comisiones.