Un breve reportaje publicado en el New York Times hace un par de semanas (02-08-23), advertía que figuras influyentes del Partido Republicano (PR) de Estados Unidos han estado proponiendo en los últimos meses “planes de intervención militar contra los cárteles mexicanos, lo que significaría un acto de guerra contra México.” Agregaba que nuestro país había sido considerado uno de los aliados más cercanos de Washington, tanto por los gobiernos demócratas como republicanos. Sin embargo, esto podría estar cambiando. Legisladores del PR han expresado una hostilidad cada vez más abierta contra el vecino del sur de Estados Unidos y sus candidatos presidenciales, incluso han llamado a bombardear México o enviar soldados, como una medida unilateral para detener el tráfico ilegal de drogas.
Germán Lopez, autor de la nota, subraya que, como se ha revelado, Trump consultó, en algún momento de su mandato con el Pentágono, la posibilidad de un ataque con misiles contra México; ahora, para ganar la candidatura de 2024 está apoyando una acción militar. Ron DeSantis, otro aspirante republicano a la presidencia ha pedido el uso de la fuerza letal y un bloqueo naval de los puertos mexicanos para detener a los narcotraficantes. Otros candidatos, “más moderados”, también han respaldado la propuesta de que el ejército estadunidense actúe contra los cárteles de la droga en México.
Lopez considera que estas posturas representan un verdadero cambio de las políticas republicanas. Apunta que este viraje se está dando en la dirigencia, pero igualmente, entre los electores: según una encuesta, los votantes que se declaran republicanos están más divididos en esta materia: hasta 2021, el 75 por ciento de estas personas opinaban que México era un aliado de Estados Unidos, en 2023 esa opinión se había reducido al 46 por ciento.
Los políticos del PR han insistido en tratar a los cárteles mexicanos como al Estado Islámico u otros grupos terroristas. Este desplante ha sido rechazado por muchos expertos en política internacional en Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que hablar del envío de fuerzas militares estadunidenses al sur de la frontera es “irresponsable” y “una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”.
El autor de la nota publicada en el NYT advierte que esa retórica, tan agresiva, de los republicanos, “se deba tal vez a las primarias presidenciales, un momento en que los políticos tienden a adoptar las posiciones más extremas acerca de todo tipo de asuntos antes de moderarse en las elecciones generales”.
Sin embargo, en otro escrito (en su blog del 03-06-23), un economista e historiador destacado, Adam Tooze, considera que la idea de bombardear México, aunque parezca “surrealista” y “absurda” no sólo es un “teatro político”.
Tooze reconoce que el T-MEC o USMCA es, claramente, el núcleo más importante del comercio estadunidense y se ha vuelto indispensable para diversas cadenas de fabricación, en primer lugar, el complejo de vehículos motorizados de América del Norte. Además, México se ha convertido en un espacio clave para relocalizar las cadenas de suministro globales y aprovechar las oportunidades abiertas por el desacoplamiento de Estados Unidos con China.
No obstante, recuerda también los asuntos más espinosos de la relación entre ambos países: la migración mexicana y centroamericana; los muros que se han levantado; la guerra contra los cárteles de las drogas y el tráfico de armas; e incluso la postura mexicana hacia la guerra en Ucrania, que califica como “neutral”. Subraya que “el surgimiento del negocio de fentanilo ha dado un giro catastrófico al desastre de larga data de las guerras contra las drogas mexicanas que llegan a los estadunidenses”. Reconoce que el presidente mexicano, como sus antecesores, ha desplegado a las fuerzas militares para combatir el tráfico de estupefacientes, pero considera que no ha conseguido un avance decisivo para retomar el control de la situación. Y afirma: “Los desacuerdos acerca de la crisis de los narcóticos están aumentando la tensión política peligrosamente… lo que ha sido explotado por los republicanos como un garrote útil para vencer a Biden y, al mismo tiempo para alentar el militarismo estadunidense”. Insisten en que “los cárteles tienen a México bajo un dominio absoluto…. No podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera, proporcionando refugio a los grupos narcoterroristas que se aprovechan del pueblo estadunidense”.
Frente a estos problemas, dice Tooze, “la arquitectura política para resolver las tensiones entre los dos países es asombrosamente frágil”. Incluso el USMCA o TMEC está cargo solamente de los ministerios de comercio especializados y no es un asunto que involucre a todo el gobierno. En realidad, “las relaciones estadunidenses-mexicanas se negocian, definen y redefinen constantemente en un juego de poder desigual e históricamente dependiente entre los dos países…”.
Advierte que, debido a la estructura política de Estados Unidos, los funcionarios de la administración de Biden, incluyendo los jefes militares de Estados Unidos, aunque se oponen a cualquier movimiento unilateral contra México, están obligados a responder a las propuestas más escandalosas del lado republicano. “El resultado surrealista es que Washington ahora está inmerso en un serio debate: bombardear, sí o no, a México”.
Sin embargo, asegura Tooze, el problema es que la epidemia del fentanilo es realmente desastrosa y Biden no tiene otras alternativas que ofrecer. La concepción planetaria de Estados Unidos acerca de su propia seguridad no proporciona margen de maniobra para el gobierno ya que, se supone, su deber consiste en proteger a los estadunidenses en todas partes de cualquier amenaza y utilizar las herramientas a su disposición para hacerlo.
Por ello, si los republicanos ganaran las elecciones en 2024, un ataque a México podría ser más probable. Recuerda las múltiples crisis que enfrenta Estados Unidos: la guerra de Ucrania y su apoyo al gobierno de ese país junto con la OTAN para tratar de detener y sacar a los rusos; las tensiones crecientes con China que también podrían desembocar en una guerra por el caso de Taiwán. Frente a estas “amenazas”, Tooze apunta una “tendencia general”: las soluciones militares siempre son apoyadas por los dos partidos. Las posiciones republicanas, agrega, reflejan el espíritu político-empresarial de la derecha estadunidense; ahora, su nacionalismo desinhibido y su pretendida defensa de la seguridad nacional, están obligando a toda la clase política a discutir abiertamente sus propuestas, por más descabelladas que sean, incluso en sesiones abiertas del Congreso.
En resumen, nubes de guerra se están apilando en el cielo de Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos del presidente Biden. No sólo en el caso de México; también para lidiar con supuestas amenazas en otras partes del mundo. Sin embargo, esas nubes cubren no sólo el campo internacional; quizás las más ominosas están presentes dentro de su propio país. Ya otros analistas (cf. NYT 05-10-22 y 12-10-22) han mencionado la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos o, al menos, disturbios violentos a cargo de diversos grupos sociales si, por ejemplo, Trump perdiera por poco margen las elecciones en 2024, recordando el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
La gran potencia atraviesa un momento crucial. Su hegemonía, cuestionada por diversos fenómenos mundiales, acelera las angustias militaristas de una parte de su electorado y, de la misma manera, el odio y las disputas irreconciliables entre republicanos y demócratas. Quizás una derrota aplastante del candidato del PR en los comicios de 2024 podría ayudar a bajar las tensiones en esa nación. Eso, por supuesto, es muy pronto para saberlo; mientras tanto, las amenazas contra México probablemente seguirán subiendo de tono.

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El Inegi dio a conocer, hace algunos días, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) correspondiente a 2022. Enumero aquí algunas tendencias que me parecen más destacables (todas las estimaciones abarcan el periodo 2016-2022). La primera observación, para decirlo en pocas palabras, consiste en que los ingresos de los hogares aumentaron en promedio muy poco en eso años, apenas un 0.2 por ciento, pero se distribuyeron de manera más equitativa. Por lo tanto, la desigualdad entre la población más rica y la de menores recursos, disminuyó.
Dos factores incidieron en esta disminución: el aumento de los ingresos del trabajo (2.5 por ciento) y, sobre todo, las transferencias en efectivo (10.7 por ciento). En el caso de los ingresos laborales, vale la pena subrayar, se incrementaron mucho más los que se obtuvieron por el “trabajo independiente”(18.3 por ciento) que aquellos que se recibieron por un trabajo subordinado (1.6 por ciento). Por su parte, en lo que toca a las transferencias, destacan el aumento de los ingresos por jubilaciones y pensiones (22 por ciento), las remesas (41.3 por ciento) y los beneficios de los programas gubernamentales (58.6 por ciento).
A pesar de un crecimiento de la economía (el Producto Interno Bruto) muy débil en estos años, en buena medida por la catástrofe sanitaria y por la política económica estabilizadora del gobierno de AMLO, se redujo la desigualdad gracias a las subidas al salario mínimo (que probablemente incidieron en el conjunto de las ocupaciones del país) y, principalmente, a las transferencias en efectivo, particularmente las remesas y el programa de adultos mayores, que sin duda tuvieron incrementos significativos. También explicaría que los ingresos por trabajos independientes, seguramente, en su mayoría, en el sector informal, hayan aumentado más que los provenientes del trabajo asalariado y formal, es decir, estable y protegido por la seguridad social.
En otras palabras, esa menor desigualdad no modificó una estructura del empleo que se arrastra desde hace decenios: las ocupaciones mejoraron por la cantidad de los ingresos recibidos, no tanto por un cambio en la calidad de esos trabajos.
De esta manera, se puede entender mejor que los primeros tres deciles de la población (los más pobres) hayan aumentado su participación en los ingresos totales entre 2016 y 2022 de 8.9 a 10.2% por ciento, mientras que el último decil haya disminuido esa participación de 36.4 a 31.5 por ciento. Igualmente, que esa mejoría no se remitió solamente a la población de menores recursos, ya que los deciles intermedios (IV, V y VI) aumentaron su participación de 15.4 a 20.6 por ciento, lo mismo que los deciles VII, VIII y IX, que lo hicieron de 36.1 a 37.6 por ciento. Lo anterior se explica, en buena medida, debido al impacto universal del principal programa, el de adultos mayores ya que, como se sabe, otorga la misma cantidad de dinero a todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos.
La eficacia de los programas sociales de transferencias monetarias también se tradujo en que la brecha de género haya disminuido ligeramente. La cantidad de ingresos que recibieron los hombres con relación al que obtuvieron las mujeres pasó de 1.73 veces a 1.53. Una disminución relativamente menor en comparación a los otros indicadores señalados pero que, de la misma manera, confirma un cambio de tendencia. Sin embargo, en lo que toca a la brecha regional, es decir, entre las entidades más pobres y las más desarrolladas económicamente, la disparidad aumentó: las cinco entidades más pobres (Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas) muestran un aumento de los ingresos de los hogares de 10.7 por ciento mientras que las entidades más desarrolladas (Baja California Sur, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Chihuahua) observaron un incremento de 15.3 por ciento. La diferencia entre unas y otras pasó de 1.94 a 2.02 veces. Ello se debe a que las entidades más prósperas se beneficiaron de los incrementos del salario mínimo y de las prestaciones gubernamentales en efectivo bajo un patrón de empleo que desde hace años tiene salarios más altos y menos empleos informales, en tanto que las entidades más atrasadas no han modificado sensiblemente su estructura ocupacional.
Otro asunto de gran importancia que merece mayor atención es que la ENIGH muestra que el cambio de tendencias ocurrió principalmente en el medio rural. El ingreso corriente promedio trimestral de los hogares catalogados como urbanos por el tamaño de la localidad vieron una reducción de sus ingresos entre 2016 y 2022 de -2.1 por ciento, mientras que los hogares en el medio rural observaron un incremento muy significativo de 21.7 por ciento. Todavía más destacable es que los ingresos por trabajo en los hogares urbanos hayan aumentado 0.6 por ciento y los rurales 21.7 por ciento. Igualmente, las transferencias aumentaron más en los hogares rurales (16.1 por ciento) que en los urbanos (10.2 por ciento). Por lo anterior, la reducción de la pobreza se observa con mayor claridad en los hogares rurales: los tres deciles más pobres aumentaron en promedio 25.2 por ciento en tanto que esos hogares en el medio urbano se incrementaron en 12 por ciento. Asimismo, la ENIGH muestra que los hogares en los que viven las personas que no se consideraron indígenas vieron crecer sus ingresos en 5 por ciento mientras que aquellos en que las personas dijeron que hablaban una lengua indígena los hicieron en 40 por ciento.
Sin embargo, la desigualdad en el medio rural casi no se abatió. Llama la atención que, en estos hogares, el decil más rico, el X, aumento sus ingresos en 19.2 por ciento. De esta manera, si en los hogares urbanos la diferencia entre los tres deciles más pobres y el más rico disminuyó de 3.75 a 2.82 veces, en los rurales apenas se modificó pasando de 3.24 a 3.05 veces.
Esta disparidad se debe a que, según la ENIGH, la “renta de la propiedad” disminuyó severamente en los hogares urbanos entre 2016 y 2022 en un 47.8 por ciento mientras que en los rurales aumentó 71 por ciento. Un dato que habrá que estudiar con mayor detenimiento y que puede explicarse en principio debido a que las personas más acaudaladas y en particular el 1 por ciento más rico, viven en las ciudades. Este pequeño sector de la sociedad muestra una disminución de sus ingresos debido probablemente a dos fenómenos: la subdeclaración de ingresos en la encuesta, y la caída de sus ganancias, debido a la interrupción transitoria de la actividad económica por la pandemia (entre 2020 y 2022) o, como en otros momentos de crisis, por la caída general de la actividad económica.
Este año, 2023, la economía seguramente crecerá más que en los años anteriores y es probable que se confirme una reducción de la pobreza y un reparto menos desigual de los ingresos debido al aumento de los salarios y de los montos de los programas del gobierno. Estas mudanzas, para que se conviertan en un cambio estructural, requerirán por lo menos dos factores: el primero, un crecimiento sostenido de la producción; y, en segundo lugar, una política social que mejore no sólo lo ingresos monetarios sino también la oferta de servicios públicos. En particular, el sistema de salud requiere una atención prioritaria. La ENIGH muestra un dato catastrófico: el gasto de los hogares en este rubro aumentó casi 30 por ciento, el renglón más cuantioso que desembolsaron los hogares en comparación con, por ejemplo, alimentación (11.5 por ciento) y, sobre todo, frente a la caída en el gasto en vestido y calzado (-14.3 por ciento). Es decir, ante la carencia de un servicio de calidad y oportuno, y la menor dotación de medicinas gratuitas, los hogares tuvieron que destinar una cantidad muy significativa de sus ingresos para proteger su salud .
Ante estos claroscuros, el próximo gobierno está obligado a profundizar el cambio de las tendencias que han abatido la pobreza y la desigualdad y, principalmente, a elaborar un programa para construir un nuevo modelo de desarrollo económico y social. De otro modo, los avances observados corren el riesgo de revertirse en poco tiempo.

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