Un grupo de académicos amplio, plural e interdisciplinario publicó recientemente un documento Propuestas para los próximos años (disponible en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx). Abarca distintos temas incluyendo las relaciones internacionales de México; la democracia; la política social; el trabajo; la seguridad y la paz; la cultura; la política económica; la energía; la infraestructura; el desarrollo sustentable; la gestión del agua; el México rural; y el territorio.
No se trata de un “compendio enciclopédico de los grandes problemas nacionales” y por lo tanto no están incluidos todos los temas de nuestra problemática nacional. Es, en cambio, un conjunto de propuestas desde distintos campos del conocimiento para abrir un diálogo amplio con actores políticos, sociales y académicos.
El documento es un resumen que fue resultado de un intercambio de puntos de vista y ponencias que se presentaron durante varios meses auspiciados por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y como respuesta a una convocatoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El propósito consiste en promover “cambios estructurales que permitan consolidar la recuperación tras la crisis de la pandemia de la Covid-19, y que, a la vez, nos encaminen a la superación de los rezagos que históricamente han marcado nuestra realidad, algunos de los cuales se agravaron después de la recesión de 2008-2009”. Y agrega:
“A las consecuencias de un largo periodo de bajo dinamismo económico, elevados niveles de pobreza y desigualdad, precariedad hacendaria, degradación ambiental, inseguridad y violencia generalizadas, incumplimiento de los derechos reconocidos y otros rasgos que caracterizan desde hace tiempo nuestra condición nacional, se suman ahora las incertidumbres globales caracterizadas por fluctuaciones económicas muy marcadas, las nuevas tensiones generadas por la guerra en Ucrania (y ahora la que ocurre en Palestina), el agravamiento del cambio climático y de otros referentes planetarios”.
El tema 5 “Trabajo, ingreso y protección social ante un nuevo entorno mundial”, estuvo a cargo de Norma Samaniego, Claudia Schatan y el autor de estas líneas. Consideramos que el trabajo es un elemento central para definir la estrategia de desarrollo para México ya que es un factor de crecimiento y la fuente de ingresos más importante de los hogares mexicanos. Por ello, el objetivo primordial de dicha estrategia debe consistir en la generación de empleos de calidad.
Las oportunidades que ofrece el T-MEC y las tensiones geopolíticas (el nearshoring) pueden ser aprovechadas si se adopta una mayor intervención del Estado para orientar esas inversiones tanto a nivel regional como en actividades productivas específicas.
Advertimos, sin embargo, que hay factores que pueden dificultar la creación de empleos, sobre todo, de calidad, en México : “en el plano externo… el bajo crecimiento esperado en la economía mundial, y en el plano interno la restricción del gasto social en aspectos esenciales como la educación y la salud, y la limitada expansión de la inversión pública”.
Frente a estos riesgos, México necesita hacer cambios estructurales que son impostergables; proponemos varios ejes de una nueva estrategia del mundo del trabajo en México:
Se requerirá en primer lugar impulsar una estructura productiva “generadora de mayor valor agregado y de empleos de mayor nivel de calificación e ingreso, con una distribución territorial más equilibrada de la actividad productiva y del empleo, y que favorezca a los jóvenes y las mujeres de manera prioritaria…”.
En segundo lugar, mejorar constantemente los ingresos y las condiciones de trabajo lo que incluye, entre otras cosas, continuar incrementando el salario mínimo y reducir la jornada laboral. De esta manera se promovería un aumento de la productividad y, al mismo tiempo, una mejoría de los ingresos y la calidad de vida de los trabajadores.
También se propone evolucionar hacia un régimen de protección social universal lo que implica construir un sistema público universal de salud, financiado por medio de impuestos generales; fortalecer los actuales sistemas de protección frente a los riesgos de enfermedades profesionales, incapacidad, y edad avanzada; en particular y de manera destacada un seguro de desempleo orientado a mitigar el impacto negativo de la pérdida del trabajo y del ingreso laboral ante situaciones críticas.
Igualmente, establecer las bases legales e institucionales para un ingreso vital como mecanismo de apoyo focalizado y temporal en momentos de crisis para trabajadores no asalariados que impida que caigan en la pobreza extrema (como en el caso de Acapulco debido a los estragos del huracán Otis, agrego, tal como lo expuse en un artículo previo publicado en estas mismas páginas de El Sur).
En el capítulo respectivo del documento, advertimos que “El cambio tecnológico ha dado lugar a nuevas modalidades laborales que cobraron presencia y se multiplicaron desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo híbrido y el trabajo asociado a las plataformas digitales”. Por ello, resulta indispensable brindar protección a quienes laboran de estas maneras ya que en muchos casos han quedado fuera de los esquemas de protección social vigentes. En lo que concierne por ejemplo a los empleados por plataformas digitales ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos.
Otro eje se refiere al sistema de pensiones contributivas, el cual requiere atención urgente: es necesario definir un esquema incluyente y sustentable que no represente, como el actual, una creciente carga fiscal pero también que ayude a solucionar el grave problema estructural que ha impedido que la gran mayoría de los adultos mayores gocen de una pensión digna o suficiente para su retiro.
Asimismo, proponemos “repensar la educación y la formación continua ante la presencia de la cuarta revolución industrial”, lo que implica no solo será vencer problemas ancestrales como el analfabetismo, sino encontrar respuestas oportunas a la brecha digital y nuevas formas de extender el aprendizaje y la actualización durante toda la vida laboral.
También se propone consolidar las nuevas instituciones en materia de impartición de justicia laboral, libertad y democracia sindical con base en la reforma laboral de 2019. Y asegurar el cumplimiento de las reformas en materia de trabajo doméstico y de subcontratación fortaleciendo la inspección y la difusión intensiva y lo más amplia posible, de los nuevos ordenamientos para orientar a los trabajadores y patrones.
Igualmente, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesitará también poner atención al fuerte déficit de instituciones del cuidado que implica mayores cargas para las mujeres.
Finalmente, consideramos que se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que son los más afectados durante los periodos de crisis; tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada.
El documento completo trata un conjunto de asuntos que se enumeran y explican de manera sucinta pero que, consideramos, deben formar parte de una agenda más amplia para la transformación del país. Ahora que las campañas electorales están comenzando, deseamos que sirva para que la competencia enriquezca sus contenidos y no sea un mero concurso de siglas y personas. Sabemos que existen otros espacios similares. Nuestra contribución, entonces, puede ser un puente de entendimiento para impulsar una causa común: un México más democrático, justo e incluyente.

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Durante los primeros cuatro años del sexenio actual, entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2022, de acuerdo con los datos del Inegi, el crecimiento de la economía mexicana, medida por el índice del Producto Interno Bruto (PIB), fue casi nulo ya que apenas alcanzó un 0.08 por ciento.
Este fenómeno se explica por varias razones, desde luego por el trauma de la pandemia que impactó principalmente 2020 y 2021. En casi todo el mundo, se frenaron las actividades económicas y se interrumpieron las cadenas de abastecimiento (refacciones y materias primas). Posteriormente, la inflación y el aumento de las tasas de interés afectaron también la elevación del producto. Además, en el caso de México, la política económica del presidente López Obrador, se inclinó por la austeridad para no poner en riesgo la balanza de pagos y evitar una devaluación de nuestra moneda.
Las expectativas para este año, 2023, apuntan a una cifra más optimista. El FMI proyecta un crecimiento para nuestro país de 3.2 por ciento. Las proyecciones del Fondo en realidad observan una mezcla de optimismo y pesimismo. Calcula el crecimiento mundial para 2023 en 3.0 por ciento y de 2.9 por ciento en 2024. Sin embargo, para Estados Unidos, las cifras serían de 2.1 y 1.5 por ciento respectivamente. Para México, del 3.2 ya señalado para 2023 pasaría al 2.1 por ciento en 2024. El próximo año creceríamos por debajo del promedio mundial, aunque por encima de Estados Unidos.
En resumen, en el sexenio de AMLO la economía (PIB) alcanzará quizás un crecimiento de alrededor del 5 por ciento, es decir un promedio anual de 0.8 por ciento gracias al repunte de 2023 y en menor medida 2024. Justificado por la crisis de la pandemia, pero muy lento en comparación a otros países que se recuperaron antes de 2023.
Las razones que ofrece el FMI para el repunte de México, en sus proyecciones para 2023 y 2024, se basan por un lado en un consumo e inversión más dinámicos que en el pasado, pero igualmente, advierte que factores como la política monetaria (tasas de interés elevadas) y un crecimiento más lento de la economía estadunidense podrían frenar nuestro crecimiento. Agrega que la situación podría mejorar si nuestro vecino del norte tuviera una expansión mayor de la prevista, o el gasto público en México (y el déficit fiscal de 5 por ciento del PIB) dieran por resultado un efecto multiplicador en la economía mayor a lo observado. En sentido contrario, señala, pueden presentarse una caída de las inversiones por razones políticas; un aumento de las tasas de interés en las economías desarrolladas y en México; o un retraso en las obras de infraestructura más importantes.
A nivel mundial, lo que parece explicar esta mezcla de pesimismo futuro y optimismo presente reside, particularmente, en la incertidumbre. Uno de los factores más importantes de esa perplejidad se encuentra en los riesgos geopolíticos que, por supuesto, con el grave conflicto entre Israel y Hamás se han agudizado todavía más. Ya había una situación delicada debido a la guerra en Ucrania y a las tensiones entre China y Estados Unidos.
La geopolítica está jugando un papel preponderante, a diferencia de las últimas décadas. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudios, los realineamientos y conflictos mundiales podrían tener efectos adversos en el comercio y el crecimiento mundial ya que los nuevos flujos podrían no compensar la contracción que se presentaría por los menores intercambios, principalmente, entre China y Estados Unidos.
Por lo pronto, esos reacomodos favorecen a México. El llamado “nearshoring” se ha reflejado en el caso de nuestro país en un aumento en la inversión extranjera hasta llegar al 5 por ciento del PIB. Las importaciones de Estados Unidos provenientes de México pasaron de 7 por ciento en 1994 y probablemente llegarán al 15 por ciento este 2023.
Ahora bien, a pesar de la marcha lenta de la economía en los primeros cuatro años del gobierno de AMLO, la ocupación y los salarios tuvieron un comportamiento menos negativo. Si medimos el primer rubro con el concepto de “brecha laboral” la cual incluye la desocupación abierta; los subocupados; y las personas que no buscan un trabajo, pero estarían dispuestas a aceptarlo debido a que necesitan esos ingresos, ésta representó alrededor del 18 por ciento a finales de 2018 y en marzo de 2023 fue de 17.5 por ciento. Un progreso pequeño que, no obstante, resultó mejor que el comportamiento de la economía en su conjunto.
Por su parte, el desempeño económico más elevado durante este año, comparado con el periodo 2018-2022, se ha reflejado en mejores cifras en materia de ocupación. Para el segundo trimestre de 2023, se observó una disminución de la tasa de desocupación en comparación al segundo trimestre de 2022 de 3.2 al 2.8 por ciento.
Esa disminución se debe, principalmente, a la mejoría de la ocupación en el sector servicios que tuvo un incremento de un millón de personas, casi todas asalariadas. Mientras, la agricultura redujo su ocupación en casi 200 mil personas y la industria tuvo un aumento muy débil. Dentro del sector servicios destaca el comercio con casi 400 mil nuevos empleos en micronegocios y pequeños establecimientos.
Sin embargo, la tasa de informalidad laboral apenas se modificó: del 55.7 por ciento al 55.2 por ciento.
En otras palabras, lo positivo es que la ocupación ya superó los niveles previos a la pandemia; el lado negativo reside en que no ha cambiado su estructura: seguimos arrastrando los mismos problemas, sobre todo los altos niveles de informalidad laboral.
En materia de salarios, el mínimo aumentó de diciembre 2018 a septiembre de 2023, en 85.9 por ciento en términos reales (descontando la inflación, según el Banco de México) en la mayor parte del país, aunque en la franja norte el aumento real fue de 180 por ciento. No obstante, los salarios registrados en el IMSS han tenido un desempeño más modesto: en ese lapso apenas crecieron alrededor del 5-6 por ciento. Destaca además que los salarios contractuales de los trabajadores de las empresas públicas han registrado aumentos mucho menores que los de las empresas privadas, tan sólo este año, 2023 la minusvalía ha sido de entre dos y cuatro puntos porcentuales de su poder adquisitivo. La política de austeridad les ha recortado sus salarios.
De esta manera, la ocupación se recuperó un poco más rápido pero sus problemas estructurales siguen siendo más o menos los mismos. En cambio, los salarios mínimos aumentaron sustancialmente y las modificaciones a la LFT en materia de subcontratación y días de vacaciones beneficiaron a los trabajadores. Ni éstas ni la reforma laboral acerca de la democracia sindical repercutieron en el empleo. Tampoco hasta ahora el aumento de las cuotas patronales por las enmiendas al sistema de pensiones. Asimismo, la inflación, las altas tasas de interés y la incertidumbre mundial no provocaron un desplome de la ocupación.
Este balance de luces y sombras debe hacernos pensar en el futuro inmediato. El reto consiste no sólo en “aprovechar” las nuevas tendencias del comercio mundial y los flujos de inversión extranjera (el nearshoring). Reside en cambiar el modelo de crecimiento para que ese fenómeno pueda transformar la estructura de la ocupación, en primer lugar, para abatir la informalidad. De otra manera, estaremos reeditando los tiempos del TLCAN durante la década de los 90s y los primeros años del siglo XXI, antes de la crisis mundial de 2007.
Además, un verdadero cambio del rumbo económico serviría para prepararnos mejor en caso de que la incertidumbre actual se convierta en catástrofes futuras debido a las tensiones geopolíticas o a la recesión estadunidense. Ese cambio tendría que descansar en por lo menos cuatro aspectos: una reforma fiscal progresista; mayor financiamiento de la banca de desarrollo, particularmente a las pequeñas y medianas empresas; una política monetaria orientada al crecimiento y no a la sobrevaluación el peso; una política industrial basada en un incremento aún más sustancial en infraestructura; y una agenda laboral que consolide las reformas y lleve a cabo otras muy necesarias, como la reducción de la jornada laboral.

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El sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos UAW (United Auto Workers) estalló la huelga en tres plantas pertenecientes a tres grandes compañías: General Motors, Ford, y Stellantis. Las huelgas no abarcan todas las instalaciones de esos consorcios en ese país ni participan los 150 mil miembros del sindicato. Se trata de huelgas parciales que involucran a 12 mil 700 trabajadores; la planta afectada más importante pertenece a Stellantis y se ubica en Toledo, Ohio.
Los paros de labores obedecen a la renovación de los contratos colectivos que existen en estas compañías. Las demandas: un 40 por ciento de incremento salarial que se aplicaría durante los siguientes cuatro años; ajustes al salario adicionales para compensar la inflación que pudiera presentarse en ese lapso; reponer las pensiones para todos los trabajadores (suprimidas durante la crisis de 2007); mejorar los beneficios por retiro; reducir la jornada de trabajo a 32 horas semanales; y poner fin a la política de la empresa que contrata trabajadores nuevos con salarios mucho menores que el promedio. También han puesto sobre la mesa la demanda de que los trabajadores de las nuevas plantas que se construyan sean protegidos por los contratos colectivos de la rama.
Los voceros de las tres grandes compañías alegan que está invirtiendo miles de millones de dólares para construir autos eléctricos, lo que le impide pagar salarios más altos. Agregan que están en desventaja con sus competidores, como Tesla, empresa en la que los trabajadores no están sindicalizados y que controla el mercado de vehículos eléctricos.
Las huelgas han llamado la atención debido a la simultaneidad de los paros, las demandas levantadas por los trabajadores, y la aparente determinación de sus dirigentes para obtener mejoras sustanciales.
Según diversos reportajes, como el publicado por el New York Times, la huelga definirá la correlación de fuerzas entre los trabajadores y la patronal en los próximos años. Un triunfo de la UAW le proporcionaría un fuerte aliciente para tratar de organizar a los trabajadores de Tesla y de otras armadoras como Hyundai que tienen sus plantas o piensan construirlas en el sur de EU, precisamente en los estados en los que la legislación es más desfavorable para los sindicatos. De esta manera, quedaría en buena posición para negociar las condiciones laborales en la nueva industria de autos eléctricos. Por ello, su insistencia en que todas las plantas tengan que adoptar los contratos colectivos de la industria automotriz. La patronal, por su lado, ha respondido que no puede acceder a esa petición debido a que se trata de proyectos financiados por diversos consorcios (joint ventures). Muy probablemente este asunto no se resolverá con la huelga, aunque, dependiendo de su resultado, se verán más claramente las perspectivas del sindicalismo en la rama automotriz.
Como es sabido, la patronal siempre aduce, en todas partes del mundo, que las demandas de los trabajadores y las huelgas le restan competitividad. En este caso, sin embargo, ese argumento debe verse a la luz de otros factores:
Primero, que la productividad de las empresas ha aumentado más rápidamente que los salarios desde hace unos cuarenta años. Según Dean Baker, del Centro de Investigación de Economía y Políticas Públicas (CEPR, https://cepr.net) con sede en Washington, si el salario mínimo hubiera crecido al ritmo de la productividad, sería de 25 dólares la hora y no de 18, como es ahora, una pérdida de casi 40 por ciento. La productividad se ha elevado fundamentalmente por las nuevas tecnologías, robots e Inteligencia Artificial (IA). Así, la demanda del sindicato para reducir la jornada se justifica plenamente. La huelga entonces busca que el progreso tecnológico se comparta de manera más equilibrada.
Además, el sindicato ha llamado la atención acerca de los ingresos desorbitados de los CEO, es decir, los gerentes ejecutivos de mayor responsabilidad que se embolsan unos 27 millones de dólares al año, unos 200 o 300 veces más que un obrero promedio. Los gerentes de nivel inferior se llevan uno 10-15 millones y los de tercer nivel alrededor de 3 millones. Por eso consideran que su demanda de aumento salarial está más que justificada. De igual manera, se ha dado a conocer que las ganancias de estas tres grandes compañías se elevaron 92 por ciento entre 2013 y 2022. En los seis meses de este año los tres consorcios han obtenido 21 mil millones de dólares y esperan un total de 32 mil millones a fines de este año. De esta manera, la huelga busca una menor desigualdad en las empresas, y entre el lucro corporativo y los salarios.
Por todas estas razones, se trata de una huelga ejemplar. Pero también, dice la revista The Nation, porque la huelga goza de un apoyo extraordinario del pueblo estadunidense. Según una encuesta de Gallup, levantada antes de estallada la huelga, el 75 por ciento de los encuestados apoyaba al sindicato y apenas el 19 por ciento a la empresa. Y un 61 por ciento consideró que los sindicatos ayudan y no afectan negativamente la economía estadunidense.
Se trata, dice The Nation, de un revés para la mayoría de los medios y los políticos anti laboristas, sobre todo republicanos e incluso algunos demócratas, que se alinean con los intereses empresariales. Igualmente, significa una refutación a la teoría que se propagó desde 1991 y que rezaba de la siguiente manera: “La competencia es global, la innovación tecnológica es constante, la fuerza de trabajo, cada vez más calificada. En este escenario económico, los sindicatos no sirven para los fines ni de las empresas ni de los trabajadores. Cuando mucho resultan irrelevantes… en el peor de los casos, un obstáculo… no sorprende que estén desapareciendo…”. (Harvard Business Review).
De esta manera, la huelga representa una lucha contra la cultura predominante y anuncia, quizás, un nuevo despertar del sindicalismo.
Para México, las huelgas de la industria automotriz tienen importancia, aunque no aún por los daños económicos, como vociferan algunos. Según ellos, las empresas ubicadas en nuestro país pueden perder millones de dólares debido a la suspensión de envíos de las refacciones que demandan las empresas en huelga. Sin embargo, como ya mencionamos, los paros son por ahora parciales y apenas han pasado unos días. Todavía es muy pronto para calcular los daños. Además, estos consorcios tienen muchas plantas armadoras alrededor del mundo. Stellantis, por ejemplo, es un consorcio que tiene su matriz en Holanda, de capitales europeos y estadunidenses, y produce una gran diversidad de marcas: Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Maserati, Opel, y Peugeot, y los modelos de Chrysler, Dodge y Jeep.
Las huelgas, en cambio, pueden afectarnos de dos maneras: si es derrotada, los consorcios tendrían las manos más libres para dejar de cumplir el contrato colectivo, mover más rápidamente sus plantas a lugares con poca o nula sindicalización, y mantener salarios y prestaciones desventajosas. México podría ser elegido para localizar nuevas plantas armadoras o refaccionarias tanto de vehículos a gasolina como eléctricos, pero con un perfil laboral muy pobre.
Si la huelga triunfa y se fortalecen los contratos colectivos en estos consorcios, esas conquistas podrían replicarse en otros lugares de Estados Unidos. En el caso de México, un UAW más fuerte podría presionar a las empresas y establecer alianzas con los sindicatos mexicanos para elevar las condiciones de trabajo.
No debe olvidarse que las diferencias salariales son muy elevadas. El salario promedio en la industria manufacturera mexicana es de 392 pesos diarios y en Estados Unidos el mínimo es de 18 dólares la hora, es decir alrededor de siete veces mayor. Esas diferencias pueden ampliarse o reducirse dependiendo, entre otras cosas, de la fuerza y la solidaridad sindical. De ahí que los trabajadores mexicanos deben estar atentos y apoyar, en lo posible, la huelga automotriz en Estados Unidos.

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Se acerca el inicio de sesiones del Congreso de la Unión, previsto para el 1º de septiembre. Entre los asuntos pendientes, vale la pena destacar aquellos que tienen que ver con las cuestiones que afectan a los trabajadores. La más importante es la enmienda que se refiere a la reducción de la jornada de trabajo ya que, según algunos medios, es la que más expectativa ha generado en los últimos meses y que, seguramente, será un asunto muy polémico. Aunque ya fue aprobada en las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados, no parece haber consenso entre los distintos grupos parlamentarios; hay que tomar en cuenta que se trata de una reforma constitucional que requiere mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Se pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios.
Como era de esperarse, el sector empresarial ha rechazado la propuesta aduciendo, entre otras cosas, que se han acumulado otras “cargas”, como los aumentos al salario mínimo; la reforma de 2020 para la democratización de los sindicatos y la contratación colectiva legítima; la regulación de la subcontratación; el incremento de los días de vacaciones; y la subida de las cuotas patronales al fondo de pensiones. Sin embargo, también será interesante observar la posición de los partidos políticos, sobre todo porque los tiempos se ha adelantado y en unos cuantos días tendremos a la vista los candidatos a la presidencia de la república por parte del bloque oficialista y del opositor.
En favor de la reforma, hay que recordar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en los países desarrollados, pero también en otros similares al nuestro, como Chile y Brasil. En el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado” es decir, los obreros, la situación es peor que en el sector servicios (alrededor de 20 por ciento mayor).
Por ello, el debate debería centrarse en este sector, el “secundario” es decir la industria manufacturera, la minería, la construcción, la agroindustria, y la energética (petróleo y electricidad). En estas ramas, algunos contratos colectivos ya cuentan con la semana de cuarenta horas; sin embargo, la mayoría no contempla esta prestación. En realidad, las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras y fincar empresas industriales que forman parte de la cadena de valor de los grandes consorcios mundiales. Tales son los casos de la industria automotriz; la electrónica; y otras técnicamente más complejas como la aeroespacial.
De esta manera, y sobre todo ahora que tanto se anuncia el efecto del “nearshoring”, es decir el cambio de la localización de esas cadenas de valor, desde China y otras regiones de Asia a otros países como México, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. Podría provocar que esas plantas industriales no descansaran principalmente en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: es decir en mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores. Ayudaría a que México pudiera transitar de esquema maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos, y repercutiría positivamente en el conjunto del aparato económico.
Algunos legisladores han señalado que el recorte de la jornada requeriría ciertas medidas y un plazo de varios años, como ha sucedido en otros países en los que recientemente se aprobó, por ejemplo, en Chile con cierta flexibilidad en el reparto de las horas, y Colombia que lo hará entre 2023 y 2026. Habrá que revisar esas experiencias, pero urge que el asunto pase al pleno y se propicie su aprobación lo más pronto posible.
La reducción de la jornada no es el único punto pendiente en la agenda laboral. También tendrá que discutirse la nueva tabla de enfermedades de trabajo que tiene varias décadas de atraso; y otras reformas a la ley relacionadas con la violencia y el acoso por razones de género; y la igualdad entre hombres y mujeres en materia de salarios. Asuntos que parecen estar más avanzados en el Congreso. Hay que anotar, además, un tema de gran importancia que incluye no sólo la legislación laboral: el “sistema de cuidados”, sobre todo para abrir mayores oportunidades para las mujeres al acceso a una ocupación remunerada y elevar la calidad de vida las familias trabajadoras.
Aun así, faltan otras cuestiones: la regulación de los trabajadores que laboran en las plataformas digitales; el seguro de desempleo; y la revisión del sistema privado de pensiones (y la reforma aprobada en 2021). El primer asunto es especialmente urgente debido a la completa desprotección que sufren, pues al no estar reconocidos como empleados de una empresa (trabajo subordinado) no tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral. Los otros asuntos, más complejos, podrían requerir un estudio más detenido mediante la formación de grupos de trabajo ad hoc formados por especialistas y representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno, que pudieran entregar sus resultados en un plazo perentorio. El seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México) es una medida que ya han adoptado varios países de América Latina desde hace más de una década. En el caso de las pensiones, a pesar de la última reforma, hay serias dudas acerca de su viabilidad financiera y presupuestal, y de sus resultados en el largo plazo (cuando venza el periodo de transición de ocho años).
Como puede verse, la agenda laboral es muy abultada. Y es que refleja una ominosa realidad: durante más de cuarenta años, los ordenamientos jurídicos en materia laboral no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto) de 2012. Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”. Por estos últimos términos debemos entender la simulación y engaño que representaron la existencia legal de sindicatos y contratos colectivos de trabajo desconocidos por los trabajadores, lo que permitió su absoluta indefensión frente al patrón y la ausencia de una capacidad de negociación efectiva de sus condiciones de trabajo.
Los tiempos han cambiado en México y el mundo, como lo atestigua la posición de Canadá y Estados Unidos, plasmadas en el T-MEC que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En estos países (y otros que sería muy extenso enumerar específicamente), se observa también un renovado activismo sindical.
Detener y revertir los abusos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos no será resultado únicamente de los cambios legales, pero sin duda pueden ayudar a cambiar esa situación. En los próximos meses, los partidos políticos y sus legisladores, y luego los candidatos, tendrán que asumir posiciones ante la agenda laboral. Habrá que observarlos con cuidado, pues su voluntad reformista o conservadora se verá en buena medida cuando aborden (o no) los temas laborales. El avance de esta agenda propiciaría el progreso del país y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La protesta obrera puede parecer, todavía, poco visible en México. Sin embargo, ya hemos presenciado algunas manifestaciones y conquistas de un sindicalismo más independiente y combativo. Muchos trabajadores, quizás millones, esperan respuestas ante las condiciones tan opresivas que aún padecen. Y votan…

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Un breve reportaje publicado en el New York Times hace un par de semanas (02-08-23), advertía que figuras influyentes del Partido Republicano (PR) de Estados Unidos han estado proponiendo en los últimos meses “planes de intervención militar contra los cárteles mexicanos, lo que significaría un acto de guerra contra México.” Agregaba que nuestro país había sido considerado uno de los aliados más cercanos de Washington, tanto por los gobiernos demócratas como republicanos. Sin embargo, esto podría estar cambiando. Legisladores del PR han expresado una hostilidad cada vez más abierta contra el vecino del sur de Estados Unidos y sus candidatos presidenciales, incluso han llamado a bombardear México o enviar soldados, como una medida unilateral para detener el tráfico ilegal de drogas.
Germán Lopez, autor de la nota, subraya que, como se ha revelado, Trump consultó, en algún momento de su mandato con el Pentágono, la posibilidad de un ataque con misiles contra México; ahora, para ganar la candidatura de 2024 está apoyando una acción militar. Ron DeSantis, otro aspirante republicano a la presidencia ha pedido el uso de la fuerza letal y un bloqueo naval de los puertos mexicanos para detener a los narcotraficantes. Otros candidatos, “más moderados”, también han respaldado la propuesta de que el ejército estadunidense actúe contra los cárteles de la droga en México.
Lopez considera que estas posturas representan un verdadero cambio de las políticas republicanas. Apunta que este viraje se está dando en la dirigencia, pero igualmente, entre los electores: según una encuesta, los votantes que se declaran republicanos están más divididos en esta materia: hasta 2021, el 75 por ciento de estas personas opinaban que México era un aliado de Estados Unidos, en 2023 esa opinión se había reducido al 46 por ciento.
Los políticos del PR han insistido en tratar a los cárteles mexicanos como al Estado Islámico u otros grupos terroristas. Este desplante ha sido rechazado por muchos expertos en política internacional en Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que hablar del envío de fuerzas militares estadunidenses al sur de la frontera es “irresponsable” y “una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”.
El autor de la nota publicada en el NYT advierte que esa retórica, tan agresiva, de los republicanos, “se deba tal vez a las primarias presidenciales, un momento en que los políticos tienden a adoptar las posiciones más extremas acerca de todo tipo de asuntos antes de moderarse en las elecciones generales”.
Sin embargo, en otro escrito (en su blog del 03-06-23), un economista e historiador destacado, Adam Tooze, considera que la idea de bombardear México, aunque parezca “surrealista” y “absurda” no sólo es un “teatro político”.
Tooze reconoce que el T-MEC o USMCA es, claramente, el núcleo más importante del comercio estadunidense y se ha vuelto indispensable para diversas cadenas de fabricación, en primer lugar, el complejo de vehículos motorizados de América del Norte. Además, México se ha convertido en un espacio clave para relocalizar las cadenas de suministro globales y aprovechar las oportunidades abiertas por el desacoplamiento de Estados Unidos con China.
No obstante, recuerda también los asuntos más espinosos de la relación entre ambos países: la migración mexicana y centroamericana; los muros que se han levantado; la guerra contra los cárteles de las drogas y el tráfico de armas; e incluso la postura mexicana hacia la guerra en Ucrania, que califica como “neutral”. Subraya que “el surgimiento del negocio de fentanilo ha dado un giro catastrófico al desastre de larga data de las guerras contra las drogas mexicanas que llegan a los estadunidenses”. Reconoce que el presidente mexicano, como sus antecesores, ha desplegado a las fuerzas militares para combatir el tráfico de estupefacientes, pero considera que no ha conseguido un avance decisivo para retomar el control de la situación. Y afirma: “Los desacuerdos acerca de la crisis de los narcóticos están aumentando la tensión política peligrosamente… lo que ha sido explotado por los republicanos como un garrote útil para vencer a Biden y, al mismo tiempo para alentar el militarismo estadunidense”. Insisten en que “los cárteles tienen a México bajo un dominio absoluto…. No podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera, proporcionando refugio a los grupos narcoterroristas que se aprovechan del pueblo estadunidense”.
Frente a estos problemas, dice Tooze, “la arquitectura política para resolver las tensiones entre los dos países es asombrosamente frágil”. Incluso el USMCA o TMEC está cargo solamente de los ministerios de comercio especializados y no es un asunto que involucre a todo el gobierno. En realidad, “las relaciones estadunidenses-mexicanas se negocian, definen y redefinen constantemente en un juego de poder desigual e históricamente dependiente entre los dos países…”.
Advierte que, debido a la estructura política de Estados Unidos, los funcionarios de la administración de Biden, incluyendo los jefes militares de Estados Unidos, aunque se oponen a cualquier movimiento unilateral contra México, están obligados a responder a las propuestas más escandalosas del lado republicano. “El resultado surrealista es que Washington ahora está inmerso en un serio debate: bombardear, sí o no, a México”.
Sin embargo, asegura Tooze, el problema es que la epidemia del fentanilo es realmente desastrosa y Biden no tiene otras alternativas que ofrecer. La concepción planetaria de Estados Unidos acerca de su propia seguridad no proporciona margen de maniobra para el gobierno ya que, se supone, su deber consiste en proteger a los estadunidenses en todas partes de cualquier amenaza y utilizar las herramientas a su disposición para hacerlo.
Por ello, si los republicanos ganaran las elecciones en 2024, un ataque a México podría ser más probable. Recuerda las múltiples crisis que enfrenta Estados Unidos: la guerra de Ucrania y su apoyo al gobierno de ese país junto con la OTAN para tratar de detener y sacar a los rusos; las tensiones crecientes con China que también podrían desembocar en una guerra por el caso de Taiwán. Frente a estas “amenazas”, Tooze apunta una “tendencia general”: las soluciones militares siempre son apoyadas por los dos partidos. Las posiciones republicanas, agrega, reflejan el espíritu político-empresarial de la derecha estadunidense; ahora, su nacionalismo desinhibido y su pretendida defensa de la seguridad nacional, están obligando a toda la clase política a discutir abiertamente sus propuestas, por más descabelladas que sean, incluso en sesiones abiertas del Congreso.
En resumen, nubes de guerra se están apilando en el cielo de Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos del presidente Biden. No sólo en el caso de México; también para lidiar con supuestas amenazas en otras partes del mundo. Sin embargo, esas nubes cubren no sólo el campo internacional; quizás las más ominosas están presentes dentro de su propio país. Ya otros analistas (cf. NYT 05-10-22 y 12-10-22) han mencionado la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos o, al menos, disturbios violentos a cargo de diversos grupos sociales si, por ejemplo, Trump perdiera por poco margen las elecciones en 2024, recordando el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
La gran potencia atraviesa un momento crucial. Su hegemonía, cuestionada por diversos fenómenos mundiales, acelera las angustias militaristas de una parte de su electorado y, de la misma manera, el odio y las disputas irreconciliables entre republicanos y demócratas. Quizás una derrota aplastante del candidato del PR en los comicios de 2024 podría ayudar a bajar las tensiones en esa nación. Eso, por supuesto, es muy pronto para saberlo; mientras tanto, las amenazas contra México probablemente seguirán subiendo de tono.

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El Inegi dio a conocer, hace algunos días, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) correspondiente a 2022. Enumero aquí algunas tendencias que me parecen más destacables (todas las estimaciones abarcan el periodo 2016-2022). La primera observación, para decirlo en pocas palabras, consiste en que los ingresos de los hogares aumentaron en promedio muy poco en eso años, apenas un 0.2 por ciento, pero se distribuyeron de manera más equitativa. Por lo tanto, la desigualdad entre la población más rica y la de menores recursos, disminuyó.
Dos factores incidieron en esta disminución: el aumento de los ingresos del trabajo (2.5 por ciento) y, sobre todo, las transferencias en efectivo (10.7 por ciento). En el caso de los ingresos laborales, vale la pena subrayar, se incrementaron mucho más los que se obtuvieron por el “trabajo independiente”(18.3 por ciento) que aquellos que se recibieron por un trabajo subordinado (1.6 por ciento). Por su parte, en lo que toca a las transferencias, destacan el aumento de los ingresos por jubilaciones y pensiones (22 por ciento), las remesas (41.3 por ciento) y los beneficios de los programas gubernamentales (58.6 por ciento).
A pesar de un crecimiento de la economía (el Producto Interno Bruto) muy débil en estos años, en buena medida por la catástrofe sanitaria y por la política económica estabilizadora del gobierno de AMLO, se redujo la desigualdad gracias a las subidas al salario mínimo (que probablemente incidieron en el conjunto de las ocupaciones del país) y, principalmente, a las transferencias en efectivo, particularmente las remesas y el programa de adultos mayores, que sin duda tuvieron incrementos significativos. También explicaría que los ingresos por trabajos independientes, seguramente, en su mayoría, en el sector informal, hayan aumentado más que los provenientes del trabajo asalariado y formal, es decir, estable y protegido por la seguridad social.
En otras palabras, esa menor desigualdad no modificó una estructura del empleo que se arrastra desde hace decenios: las ocupaciones mejoraron por la cantidad de los ingresos recibidos, no tanto por un cambio en la calidad de esos trabajos.
De esta manera, se puede entender mejor que los primeros tres deciles de la población (los más pobres) hayan aumentado su participación en los ingresos totales entre 2016 y 2022 de 8.9 a 10.2% por ciento, mientras que el último decil haya disminuido esa participación de 36.4 a 31.5 por ciento. Igualmente, que esa mejoría no se remitió solamente a la población de menores recursos, ya que los deciles intermedios (IV, V y VI) aumentaron su participación de 15.4 a 20.6 por ciento, lo mismo que los deciles VII, VIII y IX, que lo hicieron de 36.1 a 37.6 por ciento. Lo anterior se explica, en buena medida, debido al impacto universal del principal programa, el de adultos mayores ya que, como se sabe, otorga la misma cantidad de dinero a todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos.
La eficacia de los programas sociales de transferencias monetarias también se tradujo en que la brecha de género haya disminuido ligeramente. La cantidad de ingresos que recibieron los hombres con relación al que obtuvieron las mujeres pasó de 1.73 veces a 1.53. Una disminución relativamente menor en comparación a los otros indicadores señalados pero que, de la misma manera, confirma un cambio de tendencia. Sin embargo, en lo que toca a la brecha regional, es decir, entre las entidades más pobres y las más desarrolladas económicamente, la disparidad aumentó: las cinco entidades más pobres (Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas) muestran un aumento de los ingresos de los hogares de 10.7 por ciento mientras que las entidades más desarrolladas (Baja California Sur, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Chihuahua) observaron un incremento de 15.3 por ciento. La diferencia entre unas y otras pasó de 1.94 a 2.02 veces. Ello se debe a que las entidades más prósperas se beneficiaron de los incrementos del salario mínimo y de las prestaciones gubernamentales en efectivo bajo un patrón de empleo que desde hace años tiene salarios más altos y menos empleos informales, en tanto que las entidades más atrasadas no han modificado sensiblemente su estructura ocupacional.
Otro asunto de gran importancia que merece mayor atención es que la ENIGH muestra que el cambio de tendencias ocurrió principalmente en el medio rural. El ingreso corriente promedio trimestral de los hogares catalogados como urbanos por el tamaño de la localidad vieron una reducción de sus ingresos entre 2016 y 2022 de -2.1 por ciento, mientras que los hogares en el medio rural observaron un incremento muy significativo de 21.7 por ciento. Todavía más destacable es que los ingresos por trabajo en los hogares urbanos hayan aumentado 0.6 por ciento y los rurales 21.7 por ciento. Igualmente, las transferencias aumentaron más en los hogares rurales (16.1 por ciento) que en los urbanos (10.2 por ciento). Por lo anterior, la reducción de la pobreza se observa con mayor claridad en los hogares rurales: los tres deciles más pobres aumentaron en promedio 25.2 por ciento en tanto que esos hogares en el medio urbano se incrementaron en 12 por ciento. Asimismo, la ENIGH muestra que los hogares en los que viven las personas que no se consideraron indígenas vieron crecer sus ingresos en 5 por ciento mientras que aquellos en que las personas dijeron que hablaban una lengua indígena los hicieron en 40 por ciento.
Sin embargo, la desigualdad en el medio rural casi no se abatió. Llama la atención que, en estos hogares, el decil más rico, el X, aumento sus ingresos en 19.2 por ciento. De esta manera, si en los hogares urbanos la diferencia entre los tres deciles más pobres y el más rico disminuyó de 3.75 a 2.82 veces, en los rurales apenas se modificó pasando de 3.24 a 3.05 veces.
Esta disparidad se debe a que, según la ENIGH, la “renta de la propiedad” disminuyó severamente en los hogares urbanos entre 2016 y 2022 en un 47.8 por ciento mientras que en los rurales aumentó 71 por ciento. Un dato que habrá que estudiar con mayor detenimiento y que puede explicarse en principio debido a que las personas más acaudaladas y en particular el 1 por ciento más rico, viven en las ciudades. Este pequeño sector de la sociedad muestra una disminución de sus ingresos debido probablemente a dos fenómenos: la subdeclaración de ingresos en la encuesta, y la caída de sus ganancias, debido a la interrupción transitoria de la actividad económica por la pandemia (entre 2020 y 2022) o, como en otros momentos de crisis, por la caída general de la actividad económica.
Este año, 2023, la economía seguramente crecerá más que en los años anteriores y es probable que se confirme una reducción de la pobreza y un reparto menos desigual de los ingresos debido al aumento de los salarios y de los montos de los programas del gobierno. Estas mudanzas, para que se conviertan en un cambio estructural, requerirán por lo menos dos factores: el primero, un crecimiento sostenido de la producción; y, en segundo lugar, una política social que mejore no sólo lo ingresos monetarios sino también la oferta de servicios públicos. En particular, el sistema de salud requiere una atención prioritaria. La ENIGH muestra un dato catastrófico: el gasto de los hogares en este rubro aumentó casi 30 por ciento, el renglón más cuantioso que desembolsaron los hogares en comparación con, por ejemplo, alimentación (11.5 por ciento) y, sobre todo, frente a la caída en el gasto en vestido y calzado (-14.3 por ciento). Es decir, ante la carencia de un servicio de calidad y oportuno, y la menor dotación de medicinas gratuitas, los hogares tuvieron que destinar una cantidad muy significativa de sus ingresos para proteger su salud .
Ante estos claroscuros, el próximo gobierno está obligado a profundizar el cambio de las tendencias que han abatido la pobreza y la desigualdad y, principalmente, a elaborar un programa para construir un nuevo modelo de desarrollo económico y social. De otro modo, los avances observados corren el riesgo de revertirse en poco tiempo.

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