El sistema de pensiones en México sufrió un cambio radical hace unas décadas. El esquema solidario e intergeneracional fue sustituido por otro, basado en cuentas individuales a cargo de una administradora privada (para los trabajadores afiliados al IMSS) o pública en el caso de quienes cotizan al ISSSTE.
Con este propósito se impusieron dos reformas, en 1997 a la Ley del IMSS y en 2007 para enmendar la del ISSSTE. A partir de esas fechas, las personas trabajadoras tuvieron que financiar su propia jubilación con los recursos ahorrados en sus años de servicio, resultado de sus aportaciones y las que hicieron los patrones (IMSS) o el gobierno (ISSSTE). Adicionalmente, fueron obligados a pagar una cuota a las administradoras por el “servicio” que prestan por manejar estos recursos.
Ocurrió una privatización parcial de la seguridad social. La administración de los fondos de pensiones se convirtió en un gran negocio que dio lugar al surgimiento de poderosas empresas financieras, un verdadero monstruo oligárquico que hoy maneja una cantidad de recursos equivalentes a casi el 23 por ciento del PIB.
Además, el sistema no cumplió las metas que se había fijado. El monto de la pensión resultó muy bajo y muchos trabajadores no tuvieron acceso a esa prestación debido a las semanas de cotización requeridas. Estas fallas fueron advertidas por la OIT y otros estudiosos del tema desde hace años. Según esta organización, varios países del mundo han echado para atrás el modelo privado y han vuelto al esquema solidario público. En Chile, la crítica al sistema privatizado, que se inició en tiempos del dictador Pinochet, ha sido constante a lo largo de todos estos años lo que ha motivado varias reformas, la última del presidente Boric poco antes de terminar su mandato. En los últimos años el presidente Petro de Colombia también intentó enmendar la ley, pero se enfrentó a la poderosa oligarquía de las administradoras privadas y la iniciativa quedó congelada.
El Banco Mundial (BM) fue uno de los principales impulsores de la reforma en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Su diagnóstico falló en varios aspectos: sobrestimó el envejecimiento de la población; no calculó correctamente el llamado “costo de transición”, es decir los recursos públicos destinados a mantener el pago de las pensiones bajo el viejo sistema; y tampoco entendió las características del mercado laboral latinoamericano: muchas personas se ocupan en el sector informal y, al mismo tiempo, muchos empleos registrados en la seguridad social son inestables o precarios, lo que impide a las personas trabajadoras reunir las semanas de cotización necesarias para pensionarse.
En 2021, los representantes de las administradoras privadas reconocieron que, en México, “varios millones de asegurados con el nuevo sistema no cumplirían con los años de cotizaciones requeridos para recibir una pensión y 70 por ciento de los jubilados cobraría una pensión menor a un salario mínimo”.
Ante la catástrofe que se avecinaba, el presidente López Obrador propuso una reforma que, en los fundamental, aumentó las aportaciones de los empleadores y redujo, parcial y transitoriamente, las semanas de cotización necesarias para pensionarse. Sin embargo, esta reforma sólo modificó la Ley del IMSS y al poco tiempo se consideró insuficiente. Por ello, en abril de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación otras enmiendas destinadas igualmente a la Ley del IMSS y, ahora también, a la del ISSSTE.
El texto de la iniciativa presidencial, en su exposición de motivos contenía una crítica severa de las reformas de 1997 y 2007, y las calificó como una “regresión histórica” y “una transgresión a los derechos laborales”. Reconocía que en la actualidad “lastimosamente” los jubilados reciben una pensión que equivale a menos de la mitad de su salario.
No obstante, la iniciativa se propuso sólo “reducir los daños”, es decir no cambió el modelo que tan duramente condenaba. El “remedio” consistió en modificar las leyes para “procurar” que los trabajadores “reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal” para que su pensión alcance un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS en ese año, 16 mil 777 pesos con 68 centavos, monto que se “actualizará anualmente el 1° de enero de acuerdo con la inflación estimada para ese año”. Para 2026 se calculó en 17 mil 885 pesos. Este apoyo sólo aplica para los trabajadores que se jubilen a partir de julio de 2024, estén inscritos en una cuenta individual, y cumplan con los años de cotización que marca la ley.
Para financiar esta reforma, se creó el “Fondo de Pensiones para el Bienestar”. En el caso de los afiliados al ISSSTE, los recursos provendrán, principalmente, de las cuentas no reclamadas de la subcuenta de vivienda y de la cuenta individual de cada trabajador en PENSIONISSSTE.
Habría que aclarar que muchas personas trabajadoras no han reclamado los recursos acumulados en sus cuentas individuales por diversas razones: dejaron de laborar; hubo errores en su inscripción; o nunca supieron que tenían esos ahorros. Todo lo cual nos habla de una falla más del sistema.
Recientemente, el director del ISSSTE, ante las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reconoció públicamente las deficiencias del modelo, pero argumentó dos cosas: una, que las cuentas individuales tienen dueño y que el estado no puede apropiarse de ellas, y segundo que “el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir un nuevo esquema solidario”.
Ambas afirmaciones son discutibles: la primera, porque, si se llegara a crear un sistema solidario, los trabajadores con cuentas individuales podrían voluntariamente solicitar su cambio a ese modelo alternativo. Hoy, de acuerdo con la ley vigente, una persona trabajadora puede elegir otra administradora privada o pública y darse de baja de la que está inscrito.
La segunda afirmación, el 20 por ciento del PIB, es dudosa porque el gobierno no ha explicado cómo calculó esta cifra. En realidad, el gobierno gasta una cantidad considerable de recursos del presupuesto federal para pagar las pensiones de los trabajadores del viejo sistema solidario que destruyó. Es decir, en lugar de que estas se paguen con el fondo común que existía, ahora los pagos se han tenido que hacer con dineros que provienen del presupuesto de cada año. Como ya se dijo, esto fue una falla del sistema desde su inicio porque no se calculó correctamente este “costo de transición”.
En 2025 el gasto total en jubilaciones y pensiones fue de alrededor 1.6 billones de pesos, poco más del 17 por ciento del gasto neto total y equivalente a más del 4 por ciento del PIB. Para las que están a cargo del IMSS fue de 962 mil millones de pesos y para las que corresponden al ISSSTE 382 mil millones de pesos lo que representó, en este último caso, un 4.1 por ciento del gasto total y 1 por ciento del PIB.
La Ley ISSSTE de 2007 exige, para otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez, 25 años de cotización y 60 años de vida de tal manera que las personas trabajadoras que podrán aspirar a esas prestaciones lo harán hasta 2032 si ya cumplieron la edad requerida. Hay muy pocos trabajadores, unos 65 mil, que ingresaron a trabajar antes de 2007, decidieron ingresar a una Afore, incluyendo PENSIONISSSTE, y por lo tanto se han jubilado con las reglas del sistema de cuentas individuales. La gran mayoría decidieron acogerse al X Transitorio de la Ley y sus pensiones quedaron a cargo del presupuesto del gobierno federal.
La posibilidad de diseñar un modelo solidario para los afiliados al ISSSTE, como reclama la CNTE, tendría entonces varias ventajas: en lo que se refiere a los trabajadores que cotizaron en el viejo modelo (antes de 2007) y ya están jubilados o lo van a hacer en los próximos años, la carga para las finanzas públicas podría ser menor pues se reduciría el “costo de transición”. Por su parte, las personas trabajadoras que ingresaron a trabajar después de 2007 y tienen una cuenta individual en PENSIONISSSTE, podrían elegir entre mantener esa cuenta o ingresar al nuevo esquema solidario que se llegara a crear. Si se deciden por este último, el monto de la pensión y la tasa de reemplazo podrían ser mayores. debido a que ya no contarían solamente con sus propios ahorros; el fondo solidario serviría para financiar su retiro.
Como puede verse, el debate tiene un componente técnico y presupuestal complejo pues se trata de calcular los montos de las pensiones que se pagan hoy y las que se harán en el futuro. Sin embargo, la experiencia internacional enseña que el sistema intergeneracional con una administración pública es mejor para el trabajador y menos oneroso para las arcas públicas.
La posibilidad de construir un sistema solidario alternativo no puede descartarse con razones poco claras. La demanda de la CNTE no es un disparate y la ley del ISSSTE no puede convertirse en un tabú. Todavía contamos con tiempo para analizar seriamente el asunto. Las reformas más recientes al modelo de cuentas individuales tanto del IMSS como del ISSSTE no garantizan su sustentabilidad financiera, ni una pensión digna para todos los trabajadores. Tampoco sirven para remediar el enorme gasto del presupuesto público, el cual va aumentando año tras año. Urge una revisión del sistema de pensiones en su conjunto. El resultado puede ser beneficioso para el país y un ejemplo para el mundo.

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Desde la semana pasada, el gobierno de la república ha anunciado “buenas noticias que muestran la fortaleza de la economía mexicana”. Entre ellas, ha señalado que la tasa de desempleo alcanzó apenas un 2.5 por ciento, “una de las más bajas del mundo”.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta y publica el INEGI, el dato más reciente es aún menor: en marzo la tasa de desocupación “abierta” fue de 2.4 por ciento de la PEA (Población Económicamente Activa). Sin embargo, este indicador no es la única variable que debe tomarse en cuenta para observar la marcha de nuestra economía y la situación del mercado laboral.
Primero, es necesario aclarar que ese indicador se obtiene tomando en cuenta aquellas personas que contestaron que no trabajaron ni una hora en la semana, estaban disponibles para trabajar, y estuvieron buscando un empleo o una ocupación remunerada. Es decir, la encuesta incluye a las personas que laboran por cuenta propia, como patrones, o como asalariados.
Con base en esos datos, se puede observar que uno de los problemas estructurales más graves que vive el país desde hace décadas, es lo que el INEGI llama la “tasa de informalidad laboral”, es decir los trabajadores que laboran sin seguridad social y son “laboralmente vulnerables”, ya sea porque laboran por cuenta propia con medios de producción muy rudimentarios, por ejemplo, vendedores ambulantes o campesinos en condiciones de subsistencia , pero también aquellos trabajadores cuyo patrón no reconoce la relación laboral y no los registra en el IMSS.
El caso es que esa tasa de informalidad en México registró en marzo un índice del 54.8 por ciento, lo que quiere decir que más de la mitad de los trabajadores mexicanos laboran en condiciones precarias: si trabajan por cuenta propia, sus ingresos laborales son irregulares y generalmente escasos; y si laboran para un patrón, lo hacen sin contrato escrito o por temporadas y, generalmente, sin ninguna prestación. En ambos casos, carecen de los beneficios del seguro social: su protección por enfermedad general o profesional; accidente de trabajo; maternidad de la trabajadora o de la esposa del trabajador; y pensión por invalidez o jubilación.
En las últimas décadas, el trabajo informal, como se describe más arriba, ha absorbido a las personas que no encuentran un empleo formal, de tal manera que la tasa de desempleo abierto puede mantenerse muy baja en la medida en que las personas encuentran cabida en las ocupaciones y los empleos informales, generalmente obteniendo un ingreso reducido, para apenas sobrevivir.
Hay otros indicadores que publica la ENOE que también muestran las fallas del mercado laboral: la subocupación, por ejemplo, que en marzo alcanzó el 6.7 por ciento de la PEA. O las “condiciones críticas de ocupación” que se refiere a las personas trabajadoras que declararon tener condiciones inadecuadas de empleo por el tiempo que les exige o por los ingresos que obtienen. En ese mismo mes, este indicador llegó al 39.6 por ciento.
Vistos estos indicadores en su conjunto, puede observarse que la situación del mercado laboral mexicano no se ubica entre “las mejores del mundo”. Además, el panorama ha empeorado en el último año incluyendo la tasa de desempleo abierto que era menor en marzo de 2025. Por su parte la tasa de informalidad laboral aumentó entre 2025 y 2026, del 54.3 al 54.8 por ciento. Y las condiciones críticas lo hicieron del 38.4 al 39.6 por ciento en ese periodo.
Sin duda, sobre todo la segunda mitad de 2025 y lo que va de 2026 han sido desfavorables, aunque no catastróficos, en materia de empleo. Según datos de la ENOE, el número de trabajadores asalariados y remunerados entre marzo del año pasado y marzo del actual aumentó casi nada, apenas en 46 mil personas. El sector secundario (la industria) perdió más de 180 mil puestos de trabajo y, en especial la manufactura observó una disminución de casi 150 mil. La construcción por su lado perdió poco más de 76 mil empleos.
Si tomamos en cuenta los datos del IMSS que, a diferencia de la ENOE, no son resultado de una encuesta sino de los registros efectuados, en marzo de 2026 en comparación a abril del año pasado, hay un déficit de casi 300 mil empleos menos registrados en el IMSS. En este periodo (marzo de 2025-marzo 2026), los jóvenes sufrieron especialmente la caída del empleo ya que en ese periodo se registró una disminución de 4.2 por ciento en el número de personas trabajadoras menores de 25 años ocupadas. Tomando en cuenta los sectores, aquellos que sufrieron las mayores reducciones fueron la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un retroceso anual de 3.2 por ciento, y la industria de la transformación que cayó en 2.1 por ciento.
Al mismo tiempo, sin embargo, el salario mínimo volvió a aumentar notablemente en enero de este año. Por su parte, el salario medio de cotización del IMSS también lo hizo, aunque mucho más moderadamente, apenas 2.4 por ciento anual en términos reales, es decir, descontando la inflación. Lo anterior, especialmente el aumento al mínimo dio lugar a que la pobreza laboral en marzo de este año presentara una disminución a nivel nacional del 33.9 al 30.7 por ciento y, aunque sigue siendo elevada en la población rural, ésta se redujo del 48 al 44.2 por ciento mientras que el área urbana bajó del 29.7 al 26.9 por ciento.
El problema es que, a mediano plazo, no es sostenible que siga cayendo la oferta de empleos formales y, simultáneamente, aumenten los salarios como ha sucedido en los últimos meses. El débil incremento del salario medio del IMSS da cuenta del agotamiento de esta situación. Especialmente, porque estas señales contradictorias se ubican en un contexto en el que la economía mexicana no crece, está casi estancada. Y no lo hace porque la inversión fija bruta, la que se traduce en la adquisición de maquinaria y equipo ha caído severamente. Este fenómeno se ha presentado con mayor fuerza en la inversión pública. Para el primer trimestre de 2026 la reducción del gasto público en inversión física era del casi 16 por ciento. Y representó como porcentaje del PIB el índice más bajo desde 2008.
Al festejar la cifra de desempleo abierto, el gobierno no sólo desestima otros indicadores oficiales que dibujan, con mayor puntualidad, el comportamiento del empleo. Tampoco parece aceptar que las condiciones están empeorando. Pareciera ser que el gobierno en realidad quiere convencernos de que “vamos bien” en materia económica, es decir que el esquema de integración a Estados Unidos mediante la inversión extranjera directa y las exportaciones a ese país está dando resultados positivos. Y, por lo tanto, que no es necesario modificarlo. Sin embargo, vale la pena recordar que ese modelo de crecimiento es el que se heredó desde los años noventa. Sus resultados han sido insuficientes en materia de crecimiento, empleo y nivel de vida. Persistir en ese rumbo económico, aún con los aumentos al salario mínimo, es insistir en una ruta equivocada y en un dogmatismo neoliberal.
Para que los aumentos salariales mantengan su ascenso es necesario poner las bases de un cambio estructural que permita abatir la informalidad laboral, principalmente mediante la aceleración de la economía y el aumento de la inversión pública en infraestructura productiva, y servicios sociales (educación, salud, equipamiento urbano, transporte público). No es viable una ruptura de los lazos económicos con Estados Unidos. Pero sí lo es llevar a cabo una serie de modificaciones en la orientación y el monto del gasto público. Se ha creado un círculo vicioso: austeridad-menor gasto-menor inversión-estancamiento económico- menores ofertas de empleos formales. Romper esa espiral mediante una reasignación de las prioridades del gasto y una mayor recaudación, con una reforma fiscal que grave las grandes fortunas y los ingresos más elevados y aligere la carga de los salarios más reducidos, podría ser el inicio de un nuevo camino de desarrollo.

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En memoria de
Luis de la Peña Auerbach.

La Institución Brookings publicó hace unos días una investigación acerca de los hijos de migrantes cuyos padres han sido encarcelados en los últimos años en Estados Unidos. Consideran que “la administración Trump ha convertido la detención y la deportación en los ejes centrales de su política migratoria”. Y afirman que en estos momentos hay alrededor de 60 mil personas en prisión y casi 400 mil han sido recluidas dentro de Estados Unidos en centros a cargo de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026.
Muchos niños se han visto afectados por haber sido separados de sus padres. La mayor parte de las personas detenidas son adultos y padres de familia; se calcula que el 60 por ciento de las madres privadas de su libertad habían sido deportadas y el 17 por ciento permanecían bajo custodia de ICE. Brookings calcula que el número de niños que sufrieron la captura de un progenitor suma alrededor de 205 mil, y que 145 mil de esos menores son ciudadanos estadunidenses. De ellos, más de 22 mil han experimentado el arresto de los dos progenitores.
Una nota del diario El País, que cita la investigación de Brookings agrega que “desde que comenzó la ofensiva de Trump contra los migrantes, han circulado por las redes sociales y los medios de comunicación numerosos vídeos de escenas dramáticas de detenciones donde se ve a padres desesperados mientras son separados a la fuerza de sus hijos”.
La investigación advierte que “no existen datos confiables para saber cuántas personas apresadas o deportadas tienen hijos en Estados Unidos, ni qué sucede con esos niños una vez que su progenitor es puesto bajo custodia”. El Departamento de Seguridad Nacional (Departament of Homeland Security) informó que, para el año fiscal de 2025 habían sido detenidos 18 mil 277 padres de hijos estadunidenses, una cifra que los investigadores consideran sumamente inferior a la realidad.
Los autores decidieron llevar a cabo un análisis alternativo. Con base en la cifra de 400 mil personas recluidas, estimaron que el número total de niños afectados por el arresto de un progenitor sería de alrededor de 205 mil (nacidos fuera o en territorio de EU).
En lo que se refiere a los 147 mil niños que son ciudadanos estadunidenses, calcularon que sus padres, en su mayoría, son de origen mexicano, un 54 por ciento del total. Aquellos de ascendencia guatemalteca representarían alrededor del 15 por ciento; de Honduras un 11 por ciento; de El Salvador 6 por ciento; y de Ecuador el 2 por ciento. De otros países de América Latina y el Caribe podrían ser alrededor del 8 por ciento. En cambio, los niños de padres provenientes de Asia apenas sumarían un 2 por ciento.
La investigación también arrojó datos acerca de la edad de los niños que fueron separados de sus progenitores: el 37 por ciento tienen o tenían en el momento de la captura de uno o ambos padres, menos de 6 años; el 36 por ciento entre 6 y 12 años; y el 27 por ciento entre 13 y 17 años.
El lugar en que se encontraban esos 140 mil niños cuyos padres fueron detenidos se extiende a toda la Unión Americana, pero sobresale, con mucho, el estado de Texas, aunque destacan, igualmente, Nevada, Arizona, Utah y Wyoming.
Lo más grave, señala la investigación, es que se sabe muy poco acerca de lo que ocurre con los hijos de las personas recluidas. Los niños indocumentados pueden enfrentar detención o deportación. Sin embargo, consideran que la mayoría de los niños son ciudadanos estadunidenses por lo que, en algunos casos, viajan al país de origen del padre deportado, pero el gobierno no publica regularmente datos acerca del traslado de esos niños al extranjero.
Frecuentemente, los menores se quedan con otro familiar, un amigo cercano o un hogar de acogida. Sin embargo, hay testimonios que dan cuenta de que esta solución puede ser trágica. El País relata que “el mes pasado se conoció que una niña de tres años había sufrido abusos sexuales en la casa de acogida que la recibió después de que su madre fuera deportada y mientras su padre, en reclusión en Estados Unidos, pasó meses reclamando que se la entregaran.
La mayoría de los padres prefiere no dar aviso a los servicios públicos de bienestar infantil, incluso si cuenta con opciones de cuidado deficientes. ICE ha publicado un folleto titulado “Padres detenidos y Tutores Legales, preguntas frecuentes” en el que “sugiere” que si un padre recluido sospecha que su hijo es víctima de maltrato o ha sido abandonado por la persona encargada del cuidado, puede denunciarlo a una autoridad estatal o llamar por teléfono a la “línea de Información y Denuncia de los Centros de Detención”. Si el padre o madre va a ser expulsado y sus hijos son ciudadanos de Estados Unidos, “ICE puede ayudarles a conseguir los formularios especiales para menores y obtener pasaportes de Estados Unidos”. Ahora bien, agrega el folleto, “si sus hijos no son ciudadanos, el padre debe notificar al oficial de ICE que está manejando su caso”, y llenar un formulario “documentando su solicitud de ser expulsado con su hijo”.
Es decir, tanto las denuncias por maltrato como las peticiones de salir expulsados de Estados Unidos con sus hijos requieren que los padres proporcionen información acerca de sus familiares o amigos cercanos, seguramente la dirección del hogar y otros datos que los detenidos temen sean usados para ubicar a migrantes de origen latinoamericano y llevar a cabo más redadas.
Además, ICE no contempla la posibilidad de que los niños se queden protegidos y seguros en territorio estadunidense, sin peligro de que también sean expulsados, aunque sean ciudadanos de ese país.
El desconocimiento de las autoridades estadunidense acerca de la situación de los niños separados de sus padres deja a muchos desamparados. Ni el gobierno ni la sociedad saben, con exactitud, cuantos niños han quedado completamente desprotegidos.
El estudio advierte que, en el futuro inmediato, las circunstancias seguramente van a empeorar. “El número de ciudadanos estadunidenses niños que enfrentan la amenaza de separación familiar es mucho mayor que los aproximadamente 145 mil que se estima la han experimentado hasta ahora durante esta administración. Se calcula que hay 13 millones de adultos indocumentados o con un estatus migratorio precario con protección solo parcial. Sus familias incluyen a más de 4.6 millones de niños estadunidenses que viven con un progenitor en riesgo de deportación, incluidos aproximadamente 2.5 millones que, en el peor de los casos, podrían enfrentar el arresto de los dos padres que viven con ellos en el hogar”.
La investigación concluye que “Cuando detenemos o deportamos a los padres de un niño, la nación tiene una obligación clara de reconocer, contabilizar y salvaguardar el bienestar de ese niño.”. Pero esto no está sucediendo y, por el contrario, Washington y varios gobiernos estatales prefieren ignorar el asunto.
De acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, el gobierno ha condenado oficialmente las políticas de separación familiar y ha intervenido activamente para lograr la reunificación y repatriación de los niños mexicanos afectados. Los consulados mexicanos fungen como el primer punto de contacto y proporcionan orientación y asesoría para la repatriación segura del menor a México. Sin embargo, no pueden regularizar la situación migratoria de los niños, ni representarlo legalmente en procedimientos judiciales en Estados Unidos. Además, no se conoce un informe detallado de los asuntos en que han intervenido.
Niños y niñas radicados en Estados Unidos, la mayoría ciudadanos de ese país, están siendo víctimas de un drama: su separación de uno o ambos padres, resultado, principalmente, de una política racista claramente dirigida a familias “latinas”. Un saldo trágico de la guerra que Trump ha desatado en su propio territorio con el pretexto de frenar la migración indocumentada.

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El primero de mayo, en una ceremonia oficial, con la presencia de la presidenta de la República y algunos dirigentes sindicales, el secretario del Trabajo Marath Bolaños afirmó que México vive una “primavera laboral”. Argumentó que en el pasado neoliberal se debilitaron todos los derechos de los trabajadores, lo que dejó una “profunda huella de desigualdad”. Luego, enumeró los principales logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T), principalmente los incrementos al salario mínimo y los cambios legislativos en materia de: reparto de utilidades, subcontratación, pensiones, trabajadores de plataformas digitales, jornaleros agrícolas y jornada semanal de 40 horas. Advirtió, sin embargo, que “el actual gobierno busca consolidar y ampliar estos derechos con nuevas reformas ya que no se ha logrado “revertir los efectos de más de tres décadas de políticas neoliberales.”.
El secretario tiene razón en advertir ambas cosas: en efecto, el clima laboral ha cambiado y, al mismo tiempo hay asuntos pendientes muy importantes. Los aumentos salariales han ocurrido no sólo en los mínimos legales, también, aunque en menor medida, en los salarios medios (de cotización del IMSS), principalmente en la industria manufacturera. Así, mientras los mínimos (promedio nacional) han crecido, entre 2018 y 2025 en más de 134 por ciento en términos reales (descontando la inflación), los medios lo han hecho en alrededor del 30 por ciento y los manufactureros en casi 39 por ciento. Estos incrementos han reducido la pobreza laboral en más de diez puntos porcentuales.
La “primavera laboral”, no obstante, arrastra serios problemas estructurales: el más destacado, la informalidad, la cual alcanzó en marzo de este año casi el 55 por ciento (ENOE-Inegi). Un nivel que casi no se ha movido en los últimos años. Hay que agregar que este porcentaje se compone de trabajadores por cuenta propia, que no dependen de un patrón (29 por ciento), y aquellas personas trabajadoras que son asalariadas, pero no cuentan con seguridad social (25 por ciento). Este último dato es relevante porque muestra que, en México, la ley no se cumple a cabalidad ya que la inscripción al IMSS u a otra institución similar, es obligatoria.
El secretario no mencionó este problema como tampoco habló de la caída tendencial del empleo que se ha presentado desde 2025. En la industria de la transformación el saldo anual (2025-2026) es, incluso negativo, es decir se han perdido empleos.
Un problema esencial que debe destacarse se refiere a la brecha que existe entre las leyes y la realidad. El pasado neoliberal se caracterizó por sus políticas de contención salarial, de flexibilidad, y particularmente por el fomento de sindicatos fantasma y contratos de protección patronal, instrumentos que se distinguieron por la carencia absoluta de prácticas democráticas, lo que a su vez inhibió la protesta de los trabajadores. Todo ello convirtió la contratación colectiva en una falla sistémica. Muy pocos trabajadores discutieron y participaron en las negociaciones con los patrones para mejorar sus condiciones de trabajo.
El problema es que ese desperfecto estructural casi no se ha modificado. A pesar de las reformas constitucionales y legales de 2017 y 2019 que ofrecieron la democracia mediante el voto directo y secreto de los agremiados para elegir a sus dirigentes y decidir acerca de sus revisiones contractuales, el panorama sigue dominado por organizaciones y prácticas que no se han ajustado a esos nuevos lineamientos. Peor aún, han surgido o tomado fuerza sindicatos y confederaciones cercanas al partido Morena que han sido acusadas de graves hechos de corrupción y violencia. El caso más evidente es la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México).
La brecha entre la ley y la vida cotidiana que sufren muchos trabajadores diariamente también se ha reflejado en otros ámbitos: por ejemplo, en el sector público. El gobierno federal, y los estales y municipales mantienen la práctica de contratar por honorarios o por el llamado capítulo 3000, es decir, por tiempo determinado, sin prestaciones y con bajos salarios. Además, las reformas a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado no han dado por resultado una verdadera democracia sindical.
Hay que resaltar, igualmente, que algunas instituciones recién creadas todavía están en una situación precaria. Los juzgados laborales no ofrecen todavía una justicia pronta, expedita y apegada a la ley. O los centros de Conciliación y Registro laboral mismos que no cumplen plenamente con su función u obedecen a dictados de los gobernadores.
Muchos problemas derivan de la llamada “austeridad republicana”. Los recursos presupuestales destinados a las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley, como la inspección laboral, han disminuido en los últimos años a pesar de que desde el pasado neoliberal México conserva uno de los últimos lugares en América Latina en esta materia. De acuerdo con cifras de la OIT, los inspectores laborales por cada 10 mil empleados tuvieron un índice de 0.84 en Chile, 0.31 en Brasil y apenas un 0.13 en México. No sólo la inspección. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo o a las partidas destinadas al fomento del empleo también han sufrido recortes. Por su parte, el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal carece de “dientes” para obligar a las empresas y sindicatos a cumplir con sus lineamientos y ha visto una reducción de su presupuesto. En fin, en general, las instituciones laborales se han debilitado.
Hay, igualmente, casos en que las reformas o bien han sido incompletas, o mal diseñadas. Por ejemplo, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”; o la que busca asegurar a los trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y la contratación colectiva. Sin embargo, el asunto más relevante es el del sistema de pensiones contributivas, aquel en el que las personas trabajadoras y los empleadores aportan cuotas a las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), empresas privadas (con excepción de Pensionissste) encargadas de manejar estos recursos y otorgar la pensión correspondiente. Aunque ha habido varias reformas, principalmente la del 2020, el sistema sigue siendo muy oneroso para las arcas públicas y ofrece una cobertura limitada en relación con el total de personas trabajadoras. La tasa de reemplazo (es decir la cantidad que recibe el trabajador al momento de jubilarse como proporción de su último salario mientras estaba activo) ha requerido cada vez más subsidios gubernamentales para elevarla a un nivel entre 50 y 70 por ciento. Además, los trabajadores jubilados se quejan de que su pensión apenas aumenta cada año.
El análisis de cada reforma aprobada en estos últimos ocho años podría mostrar bondades, esfuerzos por mejorar la protección de los trabajadores, pero también debilidades en su aplicación o diseño. Las movilizaciones sindicales y el surgimiento dificultoso de nuevas organizaciones democráticas, ocurridas en los últimos años, son una expresión tanto de las modificaciones legales acaecidas recientemente, como de las fallas y persistencias de viejos problemas.
De esta manera, la “primavera laboral” anunciada el pasado primero de mayo todavía padece de bajas temperaturas, no ha brillado el sol en su plenitud, ni han renacido muchas flores después del largo invierno neoliberal. Ha habido cambios, sobre todo en materia salarial y en las reformas legales; sin embargo, el gobierno enfrenta ventiscas que amenazan estas mudanzas. El principal, en estos momentos, es la caída del empleo particularmente en la industria manufacturera.
Para que se produzca una transformación de la magnitud con la que pretende ilustrarnos el secretario Bolaños, se requieren no sólo más reformas. Es necesario acelerar el crecimiento económico; cambiar la orientación del gasto, revisar la “austeridad republicana” ahí donde ésta debilita las instituciones del trabajo; y una ruptura del gobierno y su partido con algunos grupos sindicales que mantienen las prácticas antidemocráticas y violentas del pasado neoliberal.

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En febrero de este año, Oxfam, una organización “de la sociedad civil integrada a una red global cuya labor se centra en la promoción de la igualdad, la erradicación de la pobreza y la defensa de los derechos humanos”, dio a conocer un documento titulado Oligarquía o democracia. Se trata de un estudio acerca de la desigualdad y la concentración de la riqueza en México. Dicho informe ha sido comentado ya, varias veces, en la prensa nacional.
Sin embargo, recientemente, el 14 de abril, la presidenta Shienbaum, durante la conferencia matutina, “descartó, por el momento, impulsar un nuevo impuesto a las grandes fortunas en México, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar una mayor contribución de quienes perciben más ingresos”.
La pregunta que dio lugar al comentario de la mandataria se basó en un informe, también de Oxfam, publicado unos días antes, el cual señalaba que la riqueza del 0.1 por ciento más rico del mundo que se oculta en paraísos fiscales es mayor que la que posee la mitad más pobre de la humanidad. De esta manera, ocultan sus activos y evaden y eluden al fisco, todo lo cual afecta los ingresos de las arcas públicas
En el caso de México, el 0.1 por ciento más rico posee una riqueza inmensa en los paraísos fiscales. Las 132 mil personas más ricas del país poseen 47.6 mil millones de dólares en activos en el exterior que no pagan impuestos.
El informe de febrero, por su parte, describía el fenómeno de la concentración de la riqueza, con más detalle: el 1 por ciento más rico de la población mexicana, apenas 1.3 millones de personas percibe el 35 por ciento del ingreso total, acapara el 40 por ciento de la riqueza privada nacional y es responsable del 23 por ciento de las emisiones contaminantes.
Agrega que esta concentración de la riqueza se ha consolidado en los últimos treinta años en una oligarquía: los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tan ricos como hoy. Hay 22 milmillonarios con una fortuna calculada en 219 mil millones de dólares. Para ser más precisos, Carlos Slim ha multiplicado su fortuna 8.6 veces entre 1996 y 2024: los otros milmillonarios (principalmente Larrea y Bailleres), 4.2 veces; y el 1 por ciento más rico, 2.38 veces. Sin embargo, la economía mexicana apenas ha crecido 1.76 veces.
Todas estas cifras marean y son difíciles de imaginar. No obstante, es innegable que la desigualdad y la concentración de la riqueza han sido resultado de decisiones políticas. En primer lugar, se propició un modelo económico “injusto” desde la puesta en marcha del TLCAN y una ola de privatización de empresas públicas. Pero también ha otorgado, en los últimos años, “concesiones, licencias y permisos para explotar bienes públicos en sectores estratégicos”.
Oxfam considera que, a pesar del poder de la oligarquía, “el cambio es posible” como lo demuestran los aumentos a los salarios mínimo ocurridos en los últimos años. No obstante, la inversión pública como proporción del PIB sigue siendo muy reducida y ha venido disminuyendo. Representaba en 2024 menos de la mitad de la que teníamos hace 45 años. En 2025 cayó todavía más.
De ahí la necesidad de “fortalecer el papel del Estado como garante de derechos e impulsor de la igualdad”. Para ello, Oxfam propone diferentes medidas. Una de ellas, precisamente, un impuesto progresivo a la extrema riqueza y las ganancias del capital, especialmente al 1 por ciento más rico, o bien un gravamen mínimo de 2 por ciento a las fortunas superiores a mil millones de dólares.
Estos gravámenes ayudarían a corregir lo que Oxfam llama “la irresponsabilidad fiscal de los milmillonarios”. Con los datos disponibles, calcula que las personas con ingresos anuales mayores a 500 millones de pesos contribuyen solo con el 0.21 por ciento del total recaudado por impuestos federales. Se trata, agrega, de un sistema tributario que “favorece la acumulación de riqueza en lugar de distribuirla”.
Las sugerencias de Oxfam incluyen, además, eliminar las exenciones a las grandes herencias, donaciones y sucesiones superiores a un millón de dólares; corregir la disparidad entre la tasa que se paga por dividendos y acciones, y la que se recauda por sueldos y salarios; y una Ley General de Predial progresiva enfocada las personas y familias que concentran gran parte de las propiedades inmuebles.
Una mayor y mejor recaudación fiscal serviría para aumentar la inversión pública y generar un mayor crecimiento, el cual ha sido muy escaso desde 1981. Igualmente, para fortalecer las instituciones que garantizan los derechos de los mexicanos. Por ejemplo, en los asuntos laborales, al mismo tiempo que se han aprobado varias leyes protectoras de los trabajadores, los recursos destinados a la inspección laboral, el Centro Federal de Conciliación o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo han venido disminuyendo relativamente, incluso en términos absolutos como en los últimos dos años. Es decir, agregamos, se ha ampliado la brecha entre la ley y la realidad, debido a la mayor incapacidad de las instituciones para hacer cumplir los ordenamientos jurídicos.
Oxfam señala, además, la necesidad de impulsar una banca de desarrollo que fortalezca la infraestructura social y productiva y apoye a las pequeñas empresas; desarrollar la infraestructura social para los cuidados; impulsar una nueva gobernanza democrática del agua; revisar los subsidios a la electricidad; y financiar más decididamente el transporte público masivo eléctrico (como el Metro de la Ciudad de México).
Oxfam afirma con razón que “la democracia y la economía no son esferas separadas: se sostienen o erosionan mutuamente”. Y agrega que “cuando las decisiones económicas se concentran en pocas manos la democracia política se vacía de contenido”.
En conclusión, el mundo padece de una desigualdad y una concentración de la riqueza monstruosa que se mantiene protegida por los paraísos fiscales. En el caso de México, además, por un régimen tributario que los beneficia desproporcionadamente y una política económica que ha potenciado su riqueza. A pesar de los cambios ocurridos en los últimos años, la economía mexicana sigue atrapada en una dinámica de bajo crecimiento y una caída de la inversión. Para empezar a remediar esta situación, se requiere un impuesto mínimo a la extrema riqueza y otras leyes y políticas fiscales que proporcionen más recursos al Estado. Un fortalecimiento de las finanzas estatales serviría para aumentar la inversión pública y las capacidades de las instituciones que garantizan los derechos de los mexicanos.
El gobierno mexicano ha negado, más de una vez, desde el sexenio pasado, la necesidad de una reforma fiscal progresiva alegando que otras medidas han incrementado la recaudación. Sin embargo, nuestra oligarquía sigue amasando su riqueza a un ritmo cada vez más rápido, mientras que las finanzas públicas sufren aprietos cada vez más severos. La contradicción entre, de un lado, la política social que ha mejorado los salarios mínimos, la legislación laboral y las transferencias monetarias, mientras del otro, la política fiscal disminuye el gasto para la inversión productiva, la infraestructura social y debilita las instituciones públicas, está llegando a un límite. No solo porque afecta el ejercicio real de los derechos de la población. También, porque la creación de empleos está decayendo y se han incrementado las ocupaciones informales.
La revisión del TMEC no va a remediar, fundamentalmente, esta situación e incluso puede agravarla. Se requiere entonces tomar decisiones políticas. Mantener las prebendas y privilegios de nuestra oligarquía, o cambiar hacia un nuevo curso de desarrollo. Profundizar lo que ya se ha avanzado, o quedarnos conformes con lo hecho. La experiencia histórica ha demostrado que, en momentos críticos como los que se viven hoy en el entorno mundial y en el país, se pueden reformular los vínculos entre el poder económico y el Estado. Hay que tomarle la pala-bra a la presidenta y hacer, pronto, una revisión de los gravámenes a las personas y familias más acaudaladas.

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Hace unos días la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el documento llamado “precriterios” el cual, según la oficina gubernamental, ofrece “el marco preliminar de las perspectivas macroeconómicas y fiscales del Gobierno de México, que servirán de base para la elaboración del Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2027.” No se trata, entonces, de los proyectos definitivos que se entregarán al Congreso para aprobar el Presupuesto y la Ley de Ingresos de 2027. Son propósitos y cifras iniciales, que deben ser interpretadas como señales de lo que se propone hacer el gobierno y la visión que sostiene en materia de política económica. Su importancia no es menor, aunque los lineamientos planteados pueden sufrir modificaciones importantes.
El documento analiza la situación internacional subrayando su “volatilidad” por los conflictos geopolíticos, las disrupciones del comercio global y los cambios en la política comercial de Estados Unidos en momentos en que se negocia la revisión del T-MEC.
Frente a estos retos, dice Hacienda, el país cuenta “con fundamentos sólidos gracias a una deuda pública baja y sostenible, un sistema financiero resiliente, niveles de inversión extranjera históricamente altos” y, sobre todo, subrayamos nosotros, a “una posición estratégica dentro de las cadenas de valor de América del Norte”.
No obstante, Hacienda va más allá y afirma que “el modelo de desarrollo con bienestar” se sostiene en tres pilares: el primero, el fortalecimiento de los ingresos de los hogares mediante el aumento del salario mínimo y las “trasferencias directas y políticas”. El segundo, la “inversión en infraestructura estratégica” la cual servirá para aumentar el crecimiento y elevar la capacidad productiva, cerrar brechas regionales y detonar la inversión privada. El tercer pilar es “la responsabilidad fiscal” para preservar la estabilidad.
El modelo expuesto en el documento tiene varias virtudes: se propone redistribuir el ingreso; acelerar el crecimiento mediante la inversión pública; mantener la estabilidad de precios y evitar una posible crisis por la magnitud de la deuda pública y un empeoramiento de los conflictos mundiales.
Hay que destacar la importancia que le otorga a la inversión ya que ha sido, desde hace décadas, una falla estructural. El año pasado, ésta se desplomó. El documento reconoce que la inversión pública disminuyó en 19 por ciento y la privada en 4. Hay que destacar que la inversión en maquinaria y equipo cayó 8.1 por ciento, lo que indica que la capacidad productiva se achicó y por lo tanto también las fuentes de empleos en el sector industrial.
Hacienda parece reconocer este problema y afirma que “el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar y el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 permitirán acelerar proyectos prioritarios en transporte, energía, puertos, agua y salud”.
El documento da cuenta, asimismo, de los problemas del empleo. Señala que, al cierre de 2025, el número de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 22 millones 517 mil, lo que representó un incremento de 279 mil plazas respecto al cierre de 2024.
No obstante, precisa que esa cifra incluye los 217 mil trabajadores que forman parte del programa piloto de trabajadores en plataformas digitales. Excluyendo estos registros, ya que se trata de empleos que ya existían, el año pasado sólo se crearon 72 mil nuevos puestos de trabajo formales. En cambio, agrega, hubo un aumento de 630 mil personas en el sector informal, lo que implicó un incremento en la tasa correspondiente, la cual llegó hasta el 54.9 por ciento de la ocupación total.
Aumentar la inversión, particularmente la púbica, es indispensable para mejorar los niveles de bienestar, alentar el crecimiento y el empleo. Como subraya el documento, “la meta no es únicamente crecer más, sino crecer mejor”.
Sin embargo, estos propósitos no se ven reflejados en los números: según el documento, el gasto público se verá de nueva cuenta afectado. Calcula que, para 2027, el gasto neto presupuestario tendrá una reducción real de 4.1 por ciento respecto al de 2026 y el gasto programable pagado sufrirá una disminución real de 6.8 puntos porcentuales.
No se logra apreciar cómo se lograrán los propósitos señalados, sobre todo en materia de inversión, si se seguirá ajustando el gastó del gobierno
La caída del gasto que vislumbra Hacienda se explica porque los ingresos presupuestarios del gobierno federal serán menores en 2027 en comparación con lo estimado para 2026. Al mismo tiempo, se propone disminuir el déficit público y mantener los niveles actuales de la deuda pública. Entonces, la rebaja del presupuesto es la única opción, es decir, más austeridad.
Las reducciones del gasto que el documento prevé para 2027 se ven reflejados en lo que Hacienda llama “programas prioritarios”. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores, la pensión para mujeres y las becas Rita Cetina tendrán incrementos moderados de alrededor del 4 por ciento. Más importante aún: los incrementos previstos para salud serán menores, 3.4 por ciento, y los servicios educación media 3.3.
Por su lado las inversiones, por ejemplo, en vivienda social aumentarán apenas en 3.9 por ciento: las carreteras y caminos 3.2, la infraestructura ferroviaria 3.4 y el rubro operación y mantenimiento energía eléctrica 3.3 por ciento.
Es difícil pensar, con estos aumentos, en una expansión de la inversión pública de acuerdo con la importancia y el papel que les asigna el modelo anunciado. Tampoco se pueden imaginar los beneficios para incrementar la producción.
Hacienda calcula que en 2027 se alcanzará un crecimiento del orden de 1.9-2.9 por ciento, superior al previsto para 2026 –entre 1.8-2.8 por ciento–, y muy por encima del que ocurrió en 2025, apenas del 0.8 por ciento, pero la reducción del gasto público apuntada deja en duda estos números.
Más bien, parecería que el objetivo principal sigue siendo reducir la inflación: el documento calcula que ésta disminuirá a un nivel inferior al previsto para 2026, 3.7 popr ciento; para 2027 sería de 3 por ciento.
De esta manera, el optimismo de Hacienda para calcular un mayor crecimiento económico se basa en la inversión extranjera: El documento presume que: “a pesar del entorno de incertidumbre, en 2025 México registró un máximo histórico en IED de 40 mil 871 millones de dólares, con un incremento anual de 10.8 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares.”
Aunque reconoce que las actividades industriales disminuyeron el año pasado en 1.3 por ciento anual, y que la producción de equipo de transporte, fundamentalmente destinada a la exportación, registró una contracción de 5.6 puntos porcentuales, destaca los crecimientos en la fabricación de equipo médico no electrónico, productos derivados del petróleo y equipo de cómputo. Este último, agrega Hacienda,” fue impulsado por niveles elevados de exportaciones hacia Estados Unidos, asociados con la expansión de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial”.
El documento de Hacienda admite que las exportaciones de manufacturas han sido el principal motor de crecimiento de la economía mexicana. Expone que, el año pasado, las exportaciones crecieron en 7 por ciento y el consumo interno en 1.1.
Sin una expansión sustantiva del gasto y la inversión pública, Hacienda sigue confiando en que las exportaciones a Estados Unidos, ahora principalmente de productos de cómputo y ya no tanto de las automotrices, será la fuente más importante de la aceleración de la economía mexicana.
No obstante, la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que ese impulso aporta un crecimiento muy bajo, debido a que no se producen en el país muchos componentes del bien final. El valor agregado de nuestras exportaciones es reducido: México ensambla los bienes que adquiere el consumidor final, en un alto porcentaje, con piezas y refacciones importados de Estados Unidos. Lo anterior afecta el consumo interno: aunque los salarios aumenten (principalmente los mínimos y en menor medida los contractuales), el empleo formal crece poco y, por ende, aumentan las ocupaciones informales.
Los buenos propósitos de Hacienda requieren menos retórica y más contundencia en los hechos. Los números anunciados en los “precriterios” en materia de gasto e inversión pública no anuncian un “cambio verdadero” en la conducción de la política económica. Ojalá corrijan.

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La huelga en el Nacional Monte de Piedad estalló el 1 de octubre del año pasado y se mantiene en los más de 300 centros de trabajo de la institución. Este miércoles 18 de marzo cumple 169 días. En estos casi seis meses los huelguistas han resistido no sólo la falta de pago de sus salarios; también la incomprensión de los jueces y la indiferencia de los directivos del Monte. En noviembre del año pasado lograron ganar un recuento: mil 408 trabajadores votaron a favor de la huelga y sólo 460 en contra. Más del 75 por ciento respaldó el paro. No obstante, posteriormente, un juez, Luis Antonio Hernández Berrios, inusitadamente, declaró la huelga inexistente accediendo a un amparo de la patronal. El sindicato interpuso un recurso de revisión y el asunto se encuentra en manos de una Tribunal Colegiado. Los representantes de los trabajadores han señalado que, de ser necesario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El conflicto obedece, de acuerdo con declaraciones de los huelguistas, a la violación del contrato colectivo y a la petición de un aumento de salarios. Debe señalarse que no hubo incrementos de las percepciones de los trabajadores en 2021, 2022 y 2023. En 2024 se llevó a cabo una reestructuración de la Institución que llevó a un alargamiento de la jornada de trabajo de 35 a 40 horas con la consiguiente reducción del pago de tiempo extra y se cancelaron algunas prestaciones para los trabajadores de nuevo ingreso. Además, se redujo el personal sindicalizado de dos mil 753 personas trabajadoras a mil 950. A pesar de que el sindicato mostró su voluntad de negociar y aceptó varios de esos cambios, los directivos del Monte incumplieron el contrato firmado ese año. En particular, desconocieron las comisiones mixtas encargadas de la promoción de los trabajadores con base en la evaluación de su desempeño y la antigüedad.
El sindicato del Monte de Piedad se ha distinguido por su vida democrática. Dada su historia reciente, se puede afirmar que representa la voluntad de los trabajadores como lo mostró el recuento efectuado ante la autoridad correspondiente. Las demandas del sindicato son, con base a los acuerdos de marzo de 2024, evitar decisiones unilaterales en las jornadas de trabajo y en el pago y asignación de plazas. En este último asunto reclaman que se revise la llamada “boletinación” y se asignen los puestos bajo las reglas pactadas en el CCT. También demandan la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago correcto de las horas extras, y un aumento de salarios y prestaciones de acuerdo con la inflación ocurrida.
Durante estos días de huelga, los empleados de confianza (los cuales suman más de 2 mil personas), y, por supuesto, los directivos de la institución y los miembros del Patronato siguen percibiendo el 100 por ciento de sus salarios y prestaciones, lo que el sindicato considera ilegal.
La huelga ha afectado gravemente a millones de clientes que acudieron a la institución a empeñar sus prendas y ahora han tenido que seguir pagando intereses por los préstamos recibidos. Según la información disponible, el Monte de Piedad otorga más de 7.2 millones de préstamos prendarios y atiende a más de 1.1 millones de clientes anualmente Su cartera de préstamos alcanza los 29 mil millones de pesos.
El responsable de la institución es el Patronato, el cual se compone de un puñado de personas que parecen ver al Monte como una empresa y no una institución de asistencia, legalmente una IAP (Institución de Asistencia Privada).
El manejo de los recursos de la Institución es, dicen los huelguistas, muy poco transparente. Afirman que tiene un presupuesto solvente y que por lo tanto no debería haber problema para enfrentar sus obligaciones laborales. Según datos consultados que son de dominio público, tiene una utilidad de alrededor de 300 millones de pesos. Sin embargo, los trabajadores no han mejorado sus percepciones salariales en los últimos años. En cambio, afirma el sindicato, los miembros del patronato ganaban alrededor de un millón de pesos al año hasta 2024 y posteriormente se autodesignaron un ingreso que puede llegar a los seis millones de pesos anuales.
El secretario general del sindicato, Arturo Zayún, ha declarado que “el Monte de Piedad ha dejado de cumplir con su función social ya que sólo dedica el 2.3 por ciento a la función social que tiene como mandato. Ello se debe, en gran parte, a los gastos destinados al personal de confianza, principalmente a los directivos y a los integrantes del patronato, y a pesar de que goza del privilegio fiscal que lo exenta del pago del impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades”.
Hace casi 28 años, en junio de 1998 el Monte sufrió una huelga que también duró mucho tiempo: del 5 de diciembre de 1997 al 3 de junio de 1998, seis meses. Fue resuelta gracias a un arbitraje del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas. Se trató de una solución excepcional a un conflicto particularmente difícil y prolongado. En esos momentos, el que suscribe estas líneas y el licenciado Manuel Fuentes estábamos al frente de la Subsecretaría del Trabajo de la Ciudad y propusimos al ingeniero Cárdenas que asumiera esa responsabilidad sabiendo que la solución final tendría que tomar argumentos de ambas partes para tratar de darle estabilidad laboral a la institución.
Sin embargo, los acontecimientos posteriores mostraron que los directivos de la Institución no entendieron el mensaje y han persistido en la idea de que el contrato colectivo es un estorbo y no un instrumento para concertar esfuerzos y mejorar las relaciones laborales. Igualmente, que el sindicato no es un grupo de alborotadores, sino que refleja, verdaderamente, la opinión de los trabajadores.
La decisión del juez Hernández Berrios ha servido para darle pretextos a la empresa para alargar el conflicto mientras se resuelve la apelación del sindicato. Los dirigentes y asesores legales de la organización gremial aseguran que van a ganar este pleito dado que el juez se basó en una causal inexistente en la ley. Sobre todo, confían en los resultados del recuento ocurrido en febrero de este año como principal argumento a su favor.
Desde luego, la huelga podría terminarse si la Institución aceptara un acuerdo. No obstante, hasta ahora, no ha dado señales de apertura. Tal parece que, con alargar la huelga, se intenta destruir el sindicato y el contrato colectivo. Esperemos que las autoridades laborales hagan ver al Patronato que debe poner en primer lugar el interés público y los convenzan de resolver el conflicto lo antes posible.

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La fuerza del trabajo mundial, en 2026, está formada por 3 mil 822 millones de personas. El 7.8 por ciento se ubican en los países de “bajos ingresos”; mientras que casi tres cuartas partes están localizadas en países de medianos ingresos los cuales se dividen en dos niveles: el inferior (35 por ciento) y el superior (38 por ciento). Por su lado, los países de altos ingresos concentran sólo el 20 por ciento de la fuerza de trabajo. Lo anterior según el informe de la OIT, “Tendencias sociales y del empleo 2026” (disponible en www.ilo.org), publicado hace un par de semanas.
La clasificación en esos cuatro niveles fue elaborada por el Banco Mundial de acuerdo con el nivel de ingresos per cápita de cada país, calculados en dólares estadunidenses. Las naciones más pobres suman 26, entre ellas, muchas africanas y algunas asiáticas como Afganistán o Siria. Las de medianos ingresos del nivel inferior son 51, entre las cuales hay también varias ubicadas en África, pero igualmente algunas latinoamericanas como Bolivia, Haití, y Honduras; y países tan destacados como India. En el nivel superior de medianos ingresos están 49 naciones, comprende la mayoría de nuestro subcontinente incluyendo México, pero igualmente China Irán, y Turquía. Finalmente, las de altos ingresos son 63; en esta clasificación se encuentran casi todas las naciones europeas, algunas latinoamericanas como Chile y Costa Rica; Rusia; varias naciones asiáticas como la República de Corea; y países árabes exportadores de petróleo (Arabia Saudita, Emiratos, y Catar).
Esta clasificación es un tanto inexacta ya que no mide otras variables como los niveles de desarrollo productivo y tecnológico, ni los índices de bienestar y desigualdad. Sin embargo, resulta útil para algunas comparaciones. Por ejemplo, el año pasado, aunque el desempleo a nivel mundial se calculó en 4.9 por ciento, la desocupación juvenil fue mucho mayor, 12.4 por ciento. Además, el porcentaje de personas de estas edades que no recibieron un ingreso por su trabajo y tampoco estaban estudiando o en algún programa de capacitación llegó a 20 por ciento a nivel mundial y era mucho más alto en los países más pobres (28 por ciento), en los de ingreso medio inferior (22.8 por ciento), y en los del nivel mediano superior como México, (17.1 por ciento) mientras que en las naciones ricas el porcentaje de estos jóvenes sin empleo ni educación era de 11 por ciento. Es decir, mayores oportunidades de empleo o educación para los jóvenes propicia mejores ingresos per cápita a nivel nacional.
Algo similar sucede en las tasas de informalidad y trabajadores por cuenta propia, grupos que tienen en su gran mayoría una gran vulnerabilidad ya que no están asegurados, no tienen contratos ni estabilidad en el empleo ni, frecuentemente, un ingreso irregular. En los países más pobres, los trabajadores por cuenta propia representaban el 53.5 por ciento y los informales el 90.2 por ciento; en los de medianos ingresos de nivel inferior, 49.4 por ciento y 83.4 por ciento respectivamente; en los medianos de nivel superior como el nuestro, 26.6 por ciento y 53 por ciento. En cambio, en las naciones ricas, los trabajadores por cuenta propia fueron apenas el 7.4 por ciento y los informales el 8.5 por ciento del total de la fuerza de trabajo. Así, el nivel de informalidad y el porcentaje de trabajadores por cuenta propia pueden tomarse en cuenta como indicadores, muy elocuentes, del nivel de prosperidad de una nación. Es posible afirmar que la pobreza de ingresos laborales por persona en un país es mayor en la medida en que lo sea la existencia de trabajadores informales y empleados por cuenta propia.
Además, el fenómeno de la informalidad ha venido aumentando: a nivel mundial: pasó de 57.4 por ciento en 2015 a 57.7 por ciento en 2025 y afectó especialmente a las mujeres pues el nivel de informalidad de los hombres en los últimos 10 años (2015-2025) disminuyó ligeramente de 59.1 a 58.9 por ciento mientras que en el caso de las mujeres aumentó de 54.8 a 55.9 por ciento. Lo anterior mostraría que, no obstante algunos progresos en materia de equidad entre los géneros, las condiciones de las mujeres trabajadoras han empeorado.
Evidentemente, los ingresos que se reciben por el trabajo y la informalidad laboral se ven reflejado en los niveles de pobreza, según los parámetros de la OIT y el BM. En los países con menores ingresos la pobreza extrema llegó al 50.5 y la moderada al 17.2 por ciento del total de la fuerza de trabajo; en los medianos inferiores, 10.1 y 13 por ciento; en los medianos 1.4 y 2.3 por ciento, y en los ricos no hubo registro estadístico. Las mujeres fueron más afectadas en las naciones más pobres: en 2023, la pobreza extrema y moderada fue de 66.8 por ciento para los hombres y de 71.1 por ciento para las mujeres.
En síntesis, a pesar de las objeciones que pueden hacerse a la clasificación del Banco Mundial, de manera agregada puede encontrarse que, a menores ingresos per cápita, la informalidad será mayor, los trabajadores por cuenta propia más numerosos, y por supuesto más elevados los niveles de pobreza por ingresos laborales.
Como señalamos antes, las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo ubicadas en los países de medianos ingresos (inferior y superior) tienen un nivel de informalidad agregado de casi 50 por ciento. Si agregamos las naciones más pobres, la informalidad aumenta a 56.4 por ciento es decir 2 mil 155 millones de personas trabajan en la informalidad, incluyendo mil 58 que trabajan por cuenta propia.
En otras palabras, los brazos de hombres y mujeres que mueven al mundo son en su mayoría trabajadores sin protección, sin gozar de derechos laborales y con ingresos poco seguros.
En México, según los últimos datos de Inegi, la pobreza laboral (es decir, las personas con un ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta básica) alcanzó en el cuarto trimestre de 2025 a nivel nacional al 32.3 por ciento de la población; fue más elevada en el ámbito rural (46.6 por ciento) y menor en el urbano (28.1 por ciento). Mostró una disminución anual de 3.1 puntos porcentuales, el cual se explica por el aumento del ingreso laboral per cápita de 5.3 por ciento a nivel nacional
No obstante, hay que subrayar que, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la pobreza laboral sigue siendo elevada con niveles de 59.8, 56.6 y 51.3 por ciento, respectivamente. En cambio, en Baja California Sur y Baja California se observaron los más bajos: 14.2; y 18.2 por ciento en ese orden. Porcentajes similares a estos se observaron en otras entidades norteñas. Igualmente, en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de informalidad fue de 55 por ciento y fue más acentuada entre los jóvenes (68 por ciento).
Ambos indicadores, el de pobreza laboral y de informalidad, no son comparables con los de la OIT ya que miden cosas diferentes. Sin embargo, muestran que el reto para México sigue siendo mejorar la calidad de los empleos.
Lo anterior supone, destacadamente, cerrar la brecha regional, principalmente, entre el medio rural y el urbano, y entre las entidades del sureste y el norte. Esta brecha ha sido resultado de procesos históricos de muchos años que se ha acentuado debido a la integración de México a la economía estadunidense.
Superar esa brecha supone un conjunto de políticas públicas relacionadas con la inversión en infraestructura social y productiva, la atención al campo y a sus trabajadores; mejorar las oportunidades de educación y capacitación para los jóvenes; y proteger a las mujeres trabajadoras. Implica, asimismo, reducir la dependencia del modelo exportador de manufacturas hacia Estados Unidos y construir una economía más sustentable en el consumo interno y en cadenas de valor más complejas y diversificadas.
Los brazos y manos de los mexicanos y mexicanas que producen lo que consumimos y permiten exportar mercancías no pueden estar divididos entre una mayoría que labora en la informalidad o por cuenta propia, y otra, minoritaria, que labora en mejores condiciones. Todos merecen un futuro más promisorio, pero la posibilidad de esa mejoría depende en buena medida de que los más vulnerables superen esas condiciones críticas.

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La reforma constitucional del artículo 123 ha sido aprobada en el Senado y pronto será discutida y seguramente tendrá luz verde, sin modificaciones, en la Cámara de Diputados. Pasará entonces a los congresos estatales los cuales también la votarán favorablemente.
La reforma consiste en varios cambios: reduce la jornada semanal “ordinaria” a 40 horas; aumenta el “trabajo extraordinario” a doce horas (en lugar de las nueve vigentes) las cuales se pagarán un cien por ciento más que las horas ordinarias; y prohíbe que las personas menores de 18 años (en lugar de 16) laboren tiempo extra. Añade, como obligación patronal, el registro electrónico de la jornada laboral para cada persona trabajadora. Finalmente, establece la reducción gradual de la jornada semanal, cada dos años, a partir de 2027 hasta 2030.
La reforma ha causado polémica entre sindicalistas, abogados laboralistas y académicos que se ocupan de estos asuntos debido, en primer lugar, a que deja sin cambios la jornada semanal de seis días con uno de descanso. Se esperaba que la reforma contemplara cinco días laborables y dos de descanso. Mantener los seis días implica que los gastos para trasladarse al centro de trabajo seguirán pesando en los ingresos de los trabajadores y que no gozarán de más tiempo para el descanso y el disfrute de actividades culturales, deportivas, y familiares.
No cabe duda de que, mantener la semana laboral de seis días, fue una concesión a la patronal. El gobierno podrá aducir diversas razones para defender la reforma “posible” argumentado los problemas actuales de la economía y la necesidad de contar con el visto bueno de los empresarios. Sin embargo, es entendible y motivo de aplauso que muchos sindicatos manifiesten su disgusto y mantengan la demanda de 5 x 2. No sólo por el bienestar de los trabajadores; igualmente porque de esta manera se podría avanzar más rápidamente hacia una economía con niveles de productividad más elevados que incorporen los avances tecnológicos para el bien de la sociedad y no, únicamente, para aumentar las ganancias de las empresas.
Pero la polémica no termina aquí. Otro motivo de disgusto ha sido la extensión de las horas extras que se pagan al doble de 9 a 12, pues evidentemente se está abaratando el tiempo extra. Con los datos aportados por la Secretaría del Trabajo, puede calcularse que el ahorro para los empresarios, gracias a esta rebaja del tiempo extra, será de más de 8 por ciento mensual. Es una muestra más de las “compensaciones” que pudo arrancar la parte patronal. La reducción de la jornada se atenúa, pues sumando la jornada ordinaria y la extraordinaria da un total de 52 horas (40+12), mientras que hasta ahora la suma da 57 (48 + 9).
El gobierno argumenta que, si el trabajador no acepta laborar horas extras, podrá descansar más tiempo. El problema es que la reforma le da argumentos a la patronal para alargar la jornada más allá de las 40 horas de tal manera que los trabajadores se verán obligados o, si se quiere, mejor dispuestos, a cambiar su tiempo libre por dinero. Es decir, a reducir sus horas de descanso para obtener más ingresos.
La discusión no terminará con la reforma constitucional. En un par de meses o un poco más se discutirán las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Y la polémica se avivará. La propuesta del Poder Ejecutivo trae dos cuestiones que, de acuerdo con la opinión de los abogados laboralistas, son muy cuestionables. Por un lado, define la jornada laboral como “el tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas en favor de la persona empleadora” en lugar del texto actual: “Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón…”. Por otro, define al empleador como aquella “persona física o moral que contrata a una o más personas…” en lugar de lo que reza actualmente la LFT, como “la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores”.
No se trata de tecnicismos jurídicos pues en el primer caso, el tiempo de la jornada laboral pagada pude reducirse por razones ajenas al trabajador, por ejemplo, en las fábricas, por un retraso en el inicio de labores por falta de energía eléctrica o por problemas técnicos; en las empresas que ofrecen servicios al público, por abrir tarde o, incluso, no tener clientes que atender. Si prospera la iniciativa, este tipo de incidentes podrían descontarse del tiempo que el trabajador está al servicio del patrón y reducir su salario.
En el segundo aspecto, se podría presumir que, si no hay contrato escrito, no existe la relación laboral. Y con ello se perderían los derechos que consagra la LFT. Contradice, además, otros artículos de la ley, y puede encubrir la subcontratación
Ambas redacciones tienen una clara inspiración patronal. El gobierno, ¿las aceptó sin estudiarlas detenidamente, o fueron parte de las negociaciones? Como quiera que haya sido, los legisladores tendrán que decidir de qué lado se inclinan. Lo cierto es que estos dos asuntos, si se aprueban tal cual están redactados, provocarían una involución del derecho laboral y una fuente de conflictos en los tribunales.
La reforma constitucional recién aprobada no fijó un límite para la jornada semanal cuando se “prolonga” más de las 12 horas, únicamente establece que “obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria” Actualmente, la ley vigente tampoco contempla un tope para esta jornada “prolongada”. Ahora, el Ejecutivo propone una enmienda en la LFT que disponga cuatro horas semanales más como máximo, con los cual la jornada semanal podría acumular hasta 56 horas (40+12+4). Igualmente, señala que “la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria nunca podrá superar las 12 horas diarias”. En ambos casos se trata de cantidades muy elevadas y otorga mayor flexibilidad a los empresarios para manejar las horas extras.
Tomadas en su conjunto, todos estos goles a favor de los patrones dejan la impresión de que se aceptaron demasiadas concesiones. Sin embargo, hay que admitir que la movilización de los trabajadores fue escasa. No presenciamos grandes marchas o mítines nutridos por el reclamo de las 40 horas. Los sindicatos corporativos simplemente esperaron la conclusión de los arreglos del gobierno con los empresarios, aceptando, sin conceder, pero sin pelear, que el resultado sería mejor que lo que dispone la ley actualmente. Por su parte, el sindicalismo independiente y democrático tampoco desplegó su mejor esfuerzo, probablemente porque pensó que no incidiría de manera determinante en la correlación de fuerzas.
De esta manera, el gobierno, a pesar de contar con mayorías en ambas cámaras prefirió una reforma pactada que incluyera las concesiones que hoy observamos calculando que el descontento sindical no sería considerable.
Sin embargo, los legisladores no pueden ser indiferentes ante la irritación de un conjunto de sindicatos y sindicalistas. Esperemos que en el debate de las reformas a la LFT escuchen y reflexionen acerca de los aspectos más negativos. Tal como se han presentado las iniciativas, se empequeñece el propósito central anunciado por el gobierno: la reducción de la fatiga y accidentes laborales, la mejoría en salud y seguridad en el trabajo y un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Asimismo, que los trabajadores mexicanos dejen de laborar uno de los promedios de horas más altos del mundo.
La polémica que se ha desatado, sobre todo en los corrillos de algunos sindicatos, abogados y académicos, no es gratuita ni pretende desconocer los aspectos positivos de las reformas. Pero estas voces tienen que subir de tono y el gobierno y los legisladores tienen que entender que estamos ante un cambio que, por lo menos, tendrá un impacto hasta el 2030. No hay espacio para dejar las cosas para mañana. De otra manera, la situación de los trabajadores cambiará muy poco e incluso hay el riesgo de que empeore.

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Los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Minneapolis, ubicada en el estado de Minnesota, en la frontera con Canadá, han llevado a concluir por parte de distintos observadores que se ha tratado de una operación de Estado “destinada a provocar el terror en Estados Unidos”.
Así lo aseguró el periodista del diario New York Times, M. Gessen, quien afirmó en un editorial publicado el día 3 de febrero:
“Después de las tres últimas semanas de violencia en Mineápolis, ya no es posible afirmar que el gobierno de Donald Trump sólo pretende gobernar este país. Pretende reducirnos a todos a un estado de miedo constante, un miedo a la violencia de la que algunas personas pueden librarse en un momento dado, pero de la que nadie estará nunca de verdad a salvo. Esa es nuestra nueva realidad nacional”.
El periodista repasa los acontecimientos ocurridos en los primeros días de enero de este año, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió sus operaciones en Mineápolis y St. Paul (una localidad vecina, por lo cual se les conoce a ambas como las “ciudades gemelas”). El asesinato de Renee Good, una mujer blanca y madre de clase media; las amenazas brutales a una abogada embarazada en el estacionamiento de su bufete; la detención de varios ciudadanos estadunidenses incluyendo uno que sacaron de su casa en ropa interior; el asalto indiscriminado a automóviles que pasaban por la ciudad, rompiendo cristales de las ventanillas; la detonación de granadas y gases lacrimógenos contra manifestantes; los arrestos de personas en el aeropuerto; la detención de un niño de cinco años junto con su padre; y el homicidio de otro ciudadano estadunidense en la calle cuando se encontraba ya en el suelo, con varios disparos a quemarropa, Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos sin antecedentes penales. Este caudal de agresiones agrega el columnista, tiene una explicación: “El presidente Trump está utilizando todos los instrumentos: las cuotas de detenciones del ICE que se han reportado; la fuerza paramilitar formada por matones embriagados de su propia brutalidad; el espectáculo de la violencia aleatoria, particularmente en las calles de las ciudades; y el vilipendio post mortem de las víctimas muestran una lógica, “y esta lógica tiene un nombre. Se llama terror de Estado”.
Una conclusión similar sacó Robin Kaiser-Schatzlein, un periodista independiente que creció en St. Paul, autor de un relato de primera mano, el cual fue publicado en la revista New York Review Books.
Según Robin, ICE no llegó a las ciudades gemelas para detener y deportar personas sino para “aterrorizar a sus habitantes”. Agrega que los agentes no estaban bien preparados ni la operación fue planeada correctamente: sus autos se atascaban frecuentemente en la nieve y los agentes se resbalaban en las calles heladas (a menos de 15 grados bajo cero). Sin embargo, señala, su incompetencia los hacía más peligrosos. Agrega que los agentes no dieron muestras de temor ante las cámaras de los ciudadanos o de la prensa. “En realidad, participaron activamente en difundir su propia brutalidad, a menudo usando botes de humo de colores para generar efectos teatrales”.
El reportaje de Robin destaca que las personas han resistido al miedo y a la violencia de diversas maneras. “De la noche a la mañana, varias iglesias han logrado almacenar comida, gracias a las donaciones y el trabajo voluntario de miles de ciudadanos, para entregarla a quienes han tenido que esconderse en sus casas y no pueden salir de compras ni ir a trabajar”. Muchos ciudadanos también se han organizado para transportar en sus vehículos a las personas que pueden ser objeto de persecución para llevarlos a sus trabajos y citas médicas, incluso se formaron redes para proveer leche materna a bebés cuyos padres han sido detenidos por ICE. Esas redes han creado chats en Signal y WhatsApp para alertar a los residentes cuando ICE aparece y convocar a muchos observadores, haciendo sonar silbatos y cláxones.
“La magnitud del esfuerzo de ayuda mutua es difícil de comprender –dice Robin– al igual que la velocidad con la que se ha organizado y la valentía de quienes lo llevan adelante para enfrentar a tres mil agentes federales”. Y resume: “El tamaño de la Operación Metro Surge (en las ciudades gemelas) es delirante y desmesurado; no obstante, la gente ha hecho todo lo que puede para protegerse mutuamente y resistir”.
Un caso especial ha sido el de las personas de origen somalí, las cuales fueron señaladas por el presidente Trump en diciembre como inmigrantes “basura”. Más de sesenta mil personas de este origen radican en Minneapolis, de un total de aproximadamente 170 mil en todo Estados Unidos. Sin embargo, el 90 por ciento de aquellos que viven en las ciudades gemelas son ciudadanos estadunidenses, de tal manera que los indocumentados apenas serían unos 5 mil. Lo anterior confirmaría, igualmente, que el objetivo de Trump no ha sido cazar inmigrantes ilegales sino agredir sin misericordia a los ciudadanos de las ciudades gemelas. Según Robin, “mujeres somalíes en el vecindario Cedar-Riverside se han organizado para patrullar por turnos las calles con chalecos de seguridad, informando a las personas acerca de sus derechos y ofreciendo bebidas calientes, y han montado una guardia casi permanente frente a un centro comercial somalí en Minneapolis y un supermercado mexicano en St. Paul, blanco de las redadas”.
Vale la pena recordar que Minneapolis ha sido escenario de protestas en los últimos 20 años. Una de las más relevantes que tuvo impacto mundial fue la que ocurrió por la muerte de George Floyd a manos de agentes policiacos en mayo de 2020. La agresión se grabó en un video y exhibió al oficial Chauvin poniendo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante varios minutos mientras la víctima murmuraba “no puedo respirar” hasta su fallecimiento. Otros crímenes pueden mencionarse: Jamar Clark en 2015, un joven afroamericano también asesinado por policías. O Philando Castille en 2016 en circunstancias similares, entre varios más.
Es difícil pensar que el terror de enero en las ciudades gemelas fue simplemente una venganza contra una población que ha mostrado su enojo y la búsqueda de justicia por sus muertos a manos de agentes policiacos locales o federales. Tampoco puede decirse que el objetivo principal fue detener inmigrantes ilegales. De acuerdo con los reportajes citados se trata de algo más: demostrar fuerza excesiva y usarla para infundir miedo, con el propósito de reforzar el mensaje de que cualquiera puede ser la próxima víctima.
Otras guerras desatadas por Trump: mediante la imposición unilateral de aranceles a casi todos los países del mundo; incursiones armadas en Irán y Venezuela; y las presiones a México, se han basado en la amenaza de la fuerza, pero, al mismo tiempo, han buscado abrir espacios de negociación para lograr algunas ganancias. La guerra contra la inmigración desatada por Trump en su propio país parece tener un carácter distinto. Se trata de infundir miedo sin que se busque algún logro material a cambio. El objetivo es demostrar que por medio de la violencia se puede lograr imponer la voluntad del gobernante. ¿Un aviso de lo que pude suceder en las elecciones de noviembre? Quizás: no obstante, también es cierto que la respuesta ciudadana en Minneapolis y muchas ciudades de Estados Unidos pueden hacer recular al tirano, así sea por un tiempo. La movilización de la sociedad tendrá que mantenerse y, en su momento, traducirse en un enorme caudal de votos. O ese régimen basado en el terror de Estado se afianzará por un tiempo indeterminado.

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