La administración de Donald Trump ha sido reconocida ampliamente por su política agresiva a nivel mundial. A diferencia del pasado inmediato, esta usando las medidas económicas para fines geopolíticos. Aunque ambas cosas nunca han estado completamente separadas, la idea del libre comercio que predominó desde la última década del siglo XX hasta más o menos 2016, trató de evitar la aplicación de aranceles, barreras financieras y sanciones económicas para obtener ventajas políticas. Desde luego, hubo excepciones destacadas como Cuba y Venezuela en América Latina, o aquellos casos en que Estados Unidos entró en guerra como en Irak y Afganistán. Sin embargo, el libre comercio permitió que China se convirtiera en una gran potencia económica; la Unión Europea vivió sus mejores tiempos en esos años; y México, con el NAFTA, se convirtió en un país con cuantiosas exportaciones manufactureras.
Trump desde los primeros días de su segundo mandato ha utilizado los aranceles y las barreras comerciales para tratar de fortalecer la economía de Estados Unidos y mantener su liderazgo mundial. De esta manera, se terminó el libre comercio y lo que hay ahora es una política que mezcla medidas comerciales con chantajes y amenazas militares. El propósito discursivo consiste en separar la economía estadunidense del mundo y sobre todo de China, aunque también de otros países como México. Esta desvinculación (en inglés decoupling) tendría como resultado una reindustrialización de Estados Unidos y un crecimiento del empleo.
Cabe preguntarse si esa nueva política mundial está siendo eficaz. En el caso de China, los resultados son malos: después de varios años de elevados aranceles, las importaciones estadunidenses siguen teniendo un alto contenido de insumos producidos en ese país. Lo que ha cambiado es la ruta por la que llegan las mercancías ya que lo hacen a través de terceros países. Por ejemplo, una computadora portátil (laptop) ensamblada en Vietnam puede tener un 60 por ciento de componentes fabricados en China. Aparentemente, la dependencia de Estados Unidos respecto a China se ha reducido, cuando en realidad se mantiene casi los mismos términos.
En el caso de México, la integración de las dos economías es mucho más fuerte. Se calcula que más del 80 por ciento de las exportaciones de México tienen como destino el vecino del norte. Una cifra impresionante si se compara con otras naciones de América Latina. Por ejemplo, Argentina destina menos del 10 por ciento del total de sus exportaciones a la Unión Americana; Brasil alrededor del 12 por ciento y Colombia el 30% por ciento; incluso los países centroamericanos destinan entre el 50 y el 60 por ciento de sus exportaciones a ese país.
Las importaciones de México desde Estados Unido son menos cuantiosas, lo que ha producido un superávit del comercio bilateral que ha crecido a pesar de las medidas arancelarias de Trump. Además, los bienes manufacturados exportados por México contienen una elevada proporción de componentes importados de Estados Unidos y varios países asiáticos.
La desvinculación comercial pregonada por Trump ha dado pocos resultados. Sin embargo, sus discursos y acciones hacia México parecieran insistir en el decoupling o divorcio. La negativa a ratificar el TMEC y embarcar a las tres partes (incluyendo a Canadá) en negociaciones inciertas y confusas; las acciones del gobierno Trump en materia de combate al narcotráfico; y la persecución criminal de migrantes, muchos de ellos mexicanos, serían indicios de que la Casa Blanca sigue insistiendo en poner barreras a nuestro país para, supuestamente, fortalecer la economía y la seguridad de esa nación.
A estas alturas, después de dos años de amenazas y políticas comerciales contradictorias, el gobierno de Trump debería tener claro que ese divorcio sería sumamente costoso para Estados Unidos: los precios de muchos productos de consumo final aumentarían significativamente y algunos no podrían terminarse por falta de refacciones y otros insumos. Afectaría las economías locales de estados tan importantes como Texas, California, Illinois y Michigan. Produciría, igualmente, una mayor inseguridad en la frontera ya que los efectos de esa ruptura se traducirían en un aumento de la migración y en una colaboración casi nula en materia de combate al crimen organizado.
La dureza insistente de la administración Trump podría entenderse, más bien, por otras razones: primero, este tipo de discurso es útil en tiempos electorales; segundo, tratar de obtener las mayores ganancias sin romper las relaciones comerciales; y tercero, desgastar al gobierno mexicano.
Trump no puede abandonar la consigna que lo llevó a la presidencia, recuperar la grandeza de su país, lo que significa seguir persiguiendo migrantes, condenar al superávit comercial con México como una calamidad, y mantener la idea de que el narcotráfico representa una amenaza vital para los estadunidenses.
Al mismo tiempo, busca presionar, sin romper definitivamente, las negociaciones comerciales. Su objetivo, obtener las mayores concesiones posibles particularmente en lo que se llama “reglas de origen” es decir el componente obligatorio de insumos producidos en Estados Unidos que deben tener las mercancías que México exporta a esa nación.
El último objetivo, el desgaste político, se encuadra dentro de la política Monroe renovada, la que se ha llamado Donroe. Su propósito, alinear a América Latina con los intereses geoestratégicos estadunidenses, lo que implica intervenir en los asuntos internos para lograr el triunfo de partidos y candidatos identificados con esta doctrina (como sucede actualmente en Brasil cuyas elecciones presidenciales están en puerta). Y, de esta manera, tener una región de aliados militares y políticos incondicionales.
El gobierno de México tiene que enfrentar esta política exterior arrastrando sus propios problemas. Entiende que una ruptura comercial es remota, pero tiene que soportar las presiones en la mesa de negociación del TMEC sin saber muy bien cuál puede ser su culminación. Además, ha diseñado el Plan México bajo el supuesto de que el TMEC, quede como quede, no bastará para impulsar el crecimiento. Sin embargo, la incertidumbre y las amenazas de Trump parecen impedir que el gobierno decida impulsarlo seriamente. En lo que toca a la migración también ha tenido que soportar las violaciones de los derechos humanos de nuestros compatriotas en aquella nación, casi sin chistar. Y, en lo que se refiere a la colaboración con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, el panorama es aún más confuso pues las amenazas trumpistas suben de tono casi al mismo tiempo en que alaban la cooperación bilateral.
La política exterior estadunidense en América Latina ha tenido pocos resultados para transformar los vínculos de esta región con China, excepto en el caso de Venezuela. En cambio, ha sido más eficaz en materia política y ha logrado alinear a varios países con sus postulados ideológicos y políticos bajo una orientación de ultraderecha. Esta contradicción se mantendrá indefinidamente y no parece tener solución.
En lo que se refiere a México, la integración económica entre ambas naciones no se ha debilitado, aunque las negociaciones en torno al TMEC están atascadas. A este estancamiento habrá que sumar las presiones políticas vinculadas al combate al tráfico de drogas, sin que quede claro si éstas pueden afectar la negociación del TMEC, o tienen un propósito diferente, lo que agrega mayor confusión a la relación bilateral. Situación que, tampoco, parece tener una salida a corto plazo.
Así las cosas, en los próximos meses seguramente observaremos la prolongación de esta oscura etapa. Aunque ningún escenario puede descartarse, las elecciones de noviembre en Estados Unidos difícilmente cambiarán radicalmente este panorama. Habrá que esperar entonces que, en el mediano plazo, o bien el gobierno de Trump se debilite por el fracaso de sus objetivos en materia económica y militar. O bien que el gobierno de México decida emprender su propio camino, sin romper, pero tampoco dependiendo de las negociaciones del TMEC, y afrontando los riesgos que ello pudiera implicar. En el mejor de los casos, ambas cosas podrían suceder. No obstante, por lo pronto, tendremos que aprender a vivir a la sombra de una relación bilateral tóxica.

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Más de tres mil economistas e investigadores, incluyendo 16 premios Nobel, firmaron recientemente una declaración pública titulada We must Act Now (Debemos actuar ya) disponible en: www.wemustactnow.ai. El documento señala que la inteligencia artificial (IA) puede llevar a un cambio sin precedentes de la economía global en una escala mayor y más rápida que la revolución industrial. Agregan que puede traer riesgos, particularmente, la eliminación en gran escala de puestos de trabajo, pero también oportunidades para elevar el nivel de vida de las personas. Dada la velocidad del cambio, llaman a los economistas, los responsables de las políticas públicas y los líderes tecnológicos a tomar medidas de inmediato para analizar las transformaciones económicas de la IA, y a construir los incentivos, las barreras de contención y las instituciones necesarias para conducir la IA en una dirección que complemente a los humanos y beneficie a la sociedad.
De acuerdo con algunos de los firmantes del texto, Esposito y Jean (Project Syndicate 31072026), es importante subrayar que la IA debe complementar no sustituir a los seres humanos. Es decir, ampliar las cosas que la gente hace y no eliminar las tareas que realizan. Afirman que “diseñar la IA para que imite a los seres humanos lleva a la tecnología hacia la sustitución de las personas, concentra el poder en manos de quienes poseen los sistemas, y deja a los trabajadores menos calificados con pocas oportunidades”. La imitación puede ser el objetivo de la IA más evidente, lo que conduciría a los peores resultados económicos para casi todo el mundo. En otro sentido, si una herramienta tecnológica complementa a las personas, permite aumentar las capacidades humanas.
Estos autores advierten que, si se le deja libremente, el capital tiende a inclinarse hacia la sustitución, ya que esta es la opción empresarial más sencilla. Por ello consideran que en lugar de automatizar tareas que los seres humanos ya realizan, se debería capacitarlos para lograr cosas antes inimaginables y garantizar que la prosperidad resultante se distribuya ampliamente.
Por su parte Grace Blakely, una periodista inglesa experta en temas económicos apuntó que “Las grandes empresas tecnológicas han invertido un billón de dólares en capital desde el inicio del auge de la IA. Prácticamente toda esa inversión se ha destinado a construir centros de datos, adquirir los chips que requieren y construir los sistemas energéticos para su abastecimiento y refrigeración.
Esta enorme cantidad de inversiones está concentrada en unas cuantas empresas. Se trata de corporaciones gigantes que pueden permitirse ignorar la rentabilidad a corto plazo en busca de lo que les reportará a sus dueños una inmensa riqueza y poder a largo plazo.
En estos momentos, dos empresas como OpenAI y Anthropic, aún no han obtenido beneficios. Sin embargo, los inversionistas están apostando a que esta innovación revolucionará la producción capitalista y que una o ambas empresas seguirán ejerciendo un poder inmenso sobre el mercado. Inversiones que no sólo se intenta conseguir en la Bolsa de Valores. Compañías como Nvidia y Oracle, que producen insumos (chips) para la IA, han formado una red circular de financiación con OpenAI: le otorgan créditos porque sus propios beneficios dependen del éxito de aquella.
Blakely considera que las inversiones pueden no ser tan rentables a corto plazo como esperan la mayoría de los inversores. Recuerda que empresas como Google, Meta y Amazon tardaron mucho en obtener beneficios, porque invirtieron con el fin de consolidar una posición dominante en el mercado, no para maximizar las ganancias a corto plazo. Las empresas involucradas en el auge de la IA intentan hacer lo mismo
No obstante, a diferencia del pasado, hay que tomar en cuenta varios factores. En primer lugar, existe una competencia feroz entre las empresas: ya no se trata solo de ChatGPT y Claude; Gemini y Copilot les pisan los talones. Además, está la competencia de China: sus empresas ya han creado sus propios programas de IA y son mucho más baratos.
Y luego está el dilema de la productividad. Para que los programas de IA sean rentables a largo plazo, deben ser implementados por muchas empresas las cuales deben encontrar aumentos en la productividad tangibles. Sin embargo, pocas empresas han experimentado mejoras significativas gracias a esta tecnología.
Blakely agrega que cuando los inversores se den cuenta de que algunas de sus apuestas no les reportarán grandes beneficios, el dinero se agotará. Las redes circulares de financiación colapsarán. Las empresas quebrarán. Y el mundo se quedará con cientos de enormes centros de datos sin suficientes clientes.
Asimismo, destaca que “nuestro entorno también se verá transformado de forma permanente. El impacto ambiental del auge de la IA en 2026 será responsable del 1.1 por ciento de la demanda energética mundial total. Mientras tanto, muchas comunidades se ven obligadas a prescindir del agua mientras que otras experimentan el alarmante efecto de las islas de calor debido a las enormes cantidades que emiten estos centros de datos. De esta manera, concluye, el auge de la IA nos dejará un medio ambiente devastado.
Además del daño ecológico, economistas como Brian Judge (PS, 28072026) nos advierte, igualmente, de la posibilidad de una crisis financiera. Nos recuerda que el auge ferroviario estadunidense del siglo XIX terminó con el pánico de 1873, y el boom de las telecomunicaciones y las punto.com de los años noventa desembocó en un desplome bursátil. En ambos casos, la tecnología fue realmente transformadora, pero aun así acreedores y accionistas quedaron arrasados, porque la inversión fue más elevada que la ganancia de corto plazo.
Señala que “Las herramientas de IA pueden adoptarse de forma masiva y un centro de datos puede funcionar a pleno rendimiento sin llegar a producir el efectivo necesario para atender las deudas de sus propietarios”.
La estabilidad financiera puede perderse debido a la expectativa de ingresos especulativos futuros y las obligaciones contractuales presentes. Por ejemplo, se estima que el gasto de capital en IA de las empresas proveedoras de servicios en la nube como Amazon, Microsoft y Google alcanzaron cerca de $750 mil millones de dólares este año, lo que tendría que generar cerca de $1.5 billones de ingresos para amortizar dicha inversión. Teniendo en cuenta que una burbuja se produce cuando el precio de un activo supera con creces los flujos de caja que genera, estas proyecciones dan la razón a quienes afirman que la IA está, efectivamente, creando una burbuja financiera.
A los riesgos de la IA en materia de medio ambiente, inestabilidad económica y empleo habrá que sumar aquellos derivados de la seguridad. De Long considera que Estados Unidos y China están enfrascados en una carrera por la IA en la que ninguno de los dos está dispuesto a pisar el freno. Darle prioridad absoluta al apresuramiento deja en segundo plano las cuestiones de seguridad, a pesar del riesgo inquietantemente alto de que la combinación de un error humano y una IA superinteligente genere un fallo catastrófico. Por otro lado, actores malintencionados pueden crear “deepfakes” (imágenes de video o audios producidos por IA que parecen reales y se utilizan para engañar personas) cada vez más convincentes destinadas a campañas electorales en una escala sin precedentes. Si no se les pone freno, estas herramientas pueden erosionar todavía más la confianza pública, profundizar la polarización política y acelerar la fragmentación social.
En conclusión, la IA despierta muchas inquietudes al mismo tiempo que se desarrolla muy rápidamente. Resulta muy importante entonces, como aseguran los firmantes de la declaración citada, abrir un gran debate en cada país y a nivel mundial para tratar de controlar un instrumento tecnológico que se asemeja, cada vez más a un Frankenstein contemporáneo.

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Hace cincuenta años, más precisamente el 16 de julio, ocurrió el llamado a la huelga general del sector eléctrico que había acordado la Tendencia Democrática del Sindicato Único de trabajadores Electricistas de la República Mexicana (TD-SUTERM). La respuesta del gobierno en turno, presidido por Luis Echeverría, pocos meses antes de la toma de posesión de José López Portillo, consistió en ordenar al ejército, junto con cientos esquiroles, la toma de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) para impedir el éxito del paro.
El llamado a la huelga nacional fue una medida extrema que se decidió después de más de cinco años de lucha constante de los electricistas democráticos encabezados por Rafael Galván.
El conflicto se inició a principios de la década cuando el gobierno anunció su intención de unificar los contratos colectivos y los sindicatos que tenían una relación laboral con CFE. Hay que recordar que, desde la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, decretada por el presidente Adolfo López Mateos, había dos agrupaciones y dos contratos existentes. Por una parte, el Sindicato Nacional Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNSCREM) y por la otra, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) Eran organizaciones muy distintas, al igual que sus condiciones de trabajo pactadas.
El Nacional estaba dirigido por Francisco Pérez Ríos, un líder que se ajustaba perfectamente a las características del charrismo sindical: dirigía la organización de manera autoritaria y acordaba las revisiones contractuales con los directivos de la empresa sin consultar a los trabajadores. Asimismo, era muy cercano a Fidel Velázquez, en ese entonces máximo dirigente de la CTM y con una gran influencia en el aparato corporativo.
El STERM, por otro lado, se había formado en 1960 y tenía como antecedente la Federación de sindicatos (FNTICE) que administraba los contratos laborales con las empresas privadas de electricidad que existieron hasta ese año. Su funcionamiento se caracterizaba por la autonomía de las secciones, asambleas periódicas, y la participación de los trabajadores en las negociaciones con su patrón, la CFE. Fue durante más de una década un sindicato con prácticas democráticas, un caso bastante excepcional en esos años.
Galván se había distinguido también por su actividad opositora al reinado de Velázquez y sus socios. En 1961 formó la Central Nacional de Trabajadores (CNT) intentando aglutinar el descontento obrero después de la represión a las luchas de los ferrocarrileros y los maestros que ocurrieron en 1958-59. Pocos años después aceptaría que el STERM formara parte del Congreso del Trabajo e incluso fue senador de la república entre 1964 y 1970. A pesar de ello, mantuvo sus propósitos democratizadores y nacionalistas. En 1970, como una muestra de su descontento con la represión del gobierno al movimiento estudiantil, fue el único legislador que votó en contra de la reforma al código penal que modificaría las disposiciones legales para castigar el delito de disolución social, una herramienta usada por el régimen para perseguir opositores y, en ese momento, para enjuiciar a los activistas estudiantiles.
A finales de 1971, los dirigentes de la CTM y el Nacional electricista iniciaron una campaña de amenazas y agresiones contra los trabajadores del STERM con el objetivo de intimidarlos y obligarlos a aceptar sin condiciones la unificación de los sindicatos. La dirección del STERM respondió con la movilización. Las calles de casi toda la república vieron desfilar a los contingentes de las secciones del agrupamiento dirigido por Galván en defensa de la democracia y de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, en 1972, el gobierno apresuró la unificación en el naciente SUTERM.
En 1974 ocurre el primer enfrentamiento al interior de la directiva del nuevo sindicato. El ala de Pérez Ríos decide reprimir violentamente la huelga que habían estallado los trabajadores de la empresa privada General Electric. El grupo de Galván había mostrado su solidaridad con dicho movimiento y manifestó su disgusto con la agresión a los huelguistas. Pocos meses después, la facción charra llama unilateralmente y sin respeto a los estatutos, a un Congreso Nacional en el que se decide la expulsión del equipo de dirigentes provenientes del STERM. Las movilizaciones de los electricistas democráticos se hacen más combativas y frecuentes, tratando de imponer la legalidad en su sindicato. Surge entonces, formalmente, la Tendencia Democrática.
La TD entiende en esos momentos que no se trata solamente de defender la vida interna del SUTERM y, en una gran movilización que reunió a casi todas las secciones de la organización gremial en la capital tapatía, da a conocer la “Declaración de Guadalajara” en abril de 1975. Un documento que tienen como ejes la democracia sindical y le reorientación de la industria eléctrica y que, además, plantea un conjunto de propuestas para la transformación de México. Se trata de un programa dirigido al movimiento obrero y a las fuerzas progresistas del país.
A pesar de las numerosas movilizaciones de la TD en varias ciudades, incluyendo la capital de la república, el gobierno decidió sostener a toda costa a la dirección espuria del SUTERM. Ante esta situación, se produce el llamado a la huelga de julio de 1976. Fue una decisión que, bien lo sabían los dirigentes de la TD, ponía en juego su sobrevivencia como fuerza sindical. La respuesta del gobierno, además de la represión militar, consistió en el despido masivo de los trabajadores de CFE simpatizantes de la TD, lo que obligó a su directiva a instalar un campamento frente a Los Pinos que duró tres meses, a partir de septiembre de 1977. Contó con el apoyo de cientos de trabajadores electricistas, decenas de agrupaciones laborales independientes y de organizaciones estudiantiles, de colonos y de campesinos. Fue desalojado por la policía el 5 de noviembre de ese año. Pocos meses después, la TD anunciaba su disolución.
Las movilizaciones de los electricistas democráticos durante esos años, de 1971 a 1977, desató lo que se conoce como la “insurgencia sindical”. Miles de trabajadores de muy diversas ramas industriales y de servicios en casi todo el territorio nacional decidieron entablar sus propias batallas contra los charros. Aunque no hubo un nexo orgánico entre los electricistas democráticos y esta abundancia de luchas sindicales, coincidieron en las calles y tejieron lazos de solidaridad. La causa de su descontento y su objetivo eran los mismos: el control autoritario de los sindicatos y de las relaciones laborales, y el reconocimiento de una representación legítima en sus organizaciones gremiales, así como la posibilidad de participar y decidir acerca de sus condiciones de trabajo.
A pesar de la represión y de la intransigencia de autoridades laborales, en esa década surgieron nuevos actores, muchos de los cuales mantienen todavía la bandera de la democracia sindical: los maestros agrupados en la CNTE, los universitarios en varios centros de estudio, los sindicatos independientes de industria del automóvil y metalmecánica, los telefonistas, las mujeres sindicalistas de la confección y el vestido, los trabajadores bancarios, y los nucleares.
La huelga de julio de 1976, impedida por la tropa y los esquiroles del charrismo, fue un momento histórico. Ocurrió un enfrentamiento decisivo entre el sindicalismo democrático, de un lado, y, del otro, la maquinaria política y militar del estado mexicano que protegía a la cúpula del sindicalismo corporativo.
La TD del SUTERM abrió muchos caminos. No fue sólo un antecedente de movimientos y organizaciones independientes, y demás esfuerzos políticos por conquistar la democracia en México. Representó, igualmente, una ruptura ideológica y política de un sector de los trabajadores mexicanos con el Estado. A partir de entonces la independencia y la democracia sindical se convirtieron en las bases programáticas indispensables para construir un país más justo.

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Hace unos días, el 26 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió un informe del relator saliente del organismo, Olivier De Schutter, titulado: Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento económico. Se trata de un documento que ofrece un catálogo de medidas concretas “para alejar las economías de la búsqueda de beneficios a cualquier precio y orientarlas hacia el cumplimiento de los derechos humanos”. Busca “ampliar el abanico de opciones políticas disponibles para los Estados miembros de la ONU, las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
El documento fue elaborado con la participación de sindicatos, movimientos sociales, agencias de la ONU, académicos y responsables político de todo el mundo. En abril de este año, 2026, esta hoja de ruta fue adoptada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Se trata de un formulario de propuestas muy extenso que se divide en seis pilares: transformación de los sistemas económicos; trabajo, cuidados y democracia económica; servicios básicos universales; justicia ecológica; modificar el orden económico internacional; y, como tema transversal, la planificación y gobernanza democráticas. Se puede consultar el documento completo en español en el sitio de internet: neep-poverty.org.
Dadas las características del documento, en esta entrega sólo ofreceremos a los lectores algunas propuestas. El primer pilar se centra en reformas fiscales, políticas monetarias y financieras, la regulación de las empresas, la política industrial y las instituciones del mercado. La parte fiscal propone establecer una “línea de riqueza extrema” como un indicador que permita a los gobiernos identificar la concentración de la riqueza como un riesgo sistémico para la gobernanza, es decir, para la estabilidad política, la democracia y los derechos humanos. Señala la necesidad de imponer una elevada tributación al patrimonio incluyendo las ganancias o rentas del capital y las herencias y donaciones, de acuerdo con límites justos y aplicables. Asimismo, propone gravar los beneficios extraordinarios derivados de la concentración del mercado que ejercen algunas corporaciones multinacionales en sectores como la alimentación, el transporte marítimo y la industria farmacéutica. El documento contempla, igualmente, la necesidad de gravar a los “gigantes digitales” como Amazon, Google y Meta particularmente en los países en desarrollo ya que estas empresas sólo tributan en los países en los que se encuentra su matriz, aunque sus actividades comerciales se extienden a casi todo el mundo. Finalmente, la hoja de ruta aborda la importancia de los impuestos “verdes”, aplicables al uso de recursos y daños ambientales. Distingue, en especial, el gravamen al “carbono de lujo”, es decir al consumo de este energético para fines no esenciales, y recomienda eximirlo cuando se destina a los bienes y servicios esenciales para el bienestar humano (calefacción doméstica, alimentos básicos, transporte esencial).
El documento aporta también propuestas en materia de política monetaria, industrial y de gasto e inversión públicas. Principalmente, se orienta a tratar de frenar la especulación financiera. En este apartado destaca la necesidad de “nacionalizar los fondos de pensiones” o “establecer el control estatal de estos fondos”. En este apartado, a cargo de dos especialistas de las universidades de Bristol y Londres de la Gran Bretaña, los autores hacen una dura crítica al sistema basado en cuentas y fondos individuales (funded pension sistems), como el que priva en México por medio de las Afores. Afirman, que este esquema ha fracasado en alcanzar los objetivos que se propusieron, entre otros, estimular la inversión productiva, eludir o evitar los costos del cambio demográfico, y reproducir las desigualdades del mercado laboral. Señalan que varios países han llevado a cabo “contra reformas” para tratar de remediar las fallas del sistema de capitalización individual. Proponen un nuevo modelo, basado en una pensión universal con un monto fijo equivalente a al salario medio en beneficio de las personas residentes en cada país. Consideran que, si es necesario mantener el esquema de pensiones contributivas, éste deber ser de beneficio definido y solidario y eliminar el modelo basado en cuentas individuales. Además, se recomienda la nacionalización de los fondos de pensiones como en Argentina y en Polonia, o el control estatal de los fondos privados para dirigirlos a inversiones en bienes sociales. Agregan que la mudanza del sistema tendría que ser apoyado por reformas fiscales como las mencionadas.
El segundo pilar aborda la organización del trabajo, los medios de subsistencia y los cuidados, como ámbitos centrales para erradicar la pobreza. Señalan que este pilar “responde a las transformaciones estructurales que están reconfigurando el mundo del trabajo –incluidas la precarización laboral, la informalidad, la digitalización, la fragmentación de las cadenas de suministro globales, el cambio tecnológico y la erosión de la negociación colectiva–, que han debilitado la protección laboral y contribuido a la persistencia de la pobreza y la inseguridad laboral en diversas regiones”. Al mismo tiempo, “reconoce el papel fundamental del cuidado y la reproducción social, tanto remunerada como no remunerada, como pilares de la vida económica y el bienestar social, a pesar de que siguen estando sistemáticamente infravalorados y distribuidos de forma desigual”.
Algunas propuestas van en el sentido de fortalecer las normas laborales en todas las formas de trabajo, incluido el trabajo informal y el de plataformas digitales. El objetivo consiste en reequilibrar el poder entre trabajadores, empleadores e instituciones públicas mediante el fortalecimiento de la libertad de asociación, la negociación colectiva, la democracia en el lugar de trabajo y los derechos laborales en las cadenas de suministro globales. Lo anterior serviría para potenciar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones económicas y contribuir a que los aumentos de productividad se traduzcan en mejores niveles de vida, en lugar de una mayor precariedad o inequidad.
La hoja de ruta destaca que la mayoría de los trabajadores del mundo se dedican al empleo informal, lo que se traduce en ingresos bajos e inestables, el debilitamiento de los derechos laborales y un acceso limitado a la protección social, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres, migrantes y jóvenes trabajadores. Propone un enfoque integral con medidas que incluyen intensificar la inspección laboral, la protección social universal e inclusiva, el fortalecimiento y la garantía de la libertad de asociación y la negociación colectiva, y crear accesos hacia el empleo formal. Destaca los ejemplos de Brasil, Uruguay, Sudáfrica e India, donde la actividad de los sindicatos y el diálogo social lograron ampliar la protección y los derechos laborales a los trabajadores informales.
El documento contiene un formulario que, además de las medidas recomendadas, enumera los pasos a seguir y los obstáculos que pueden presentarse. Aunque cita algunos casos particulares, muchas propuestas no distinguen claramente el nivel de desarrollo de cada país y son recomendaciones generales que tienen que evaluarse y, en su caso, adaptarse de acuerdo con las condiciones locales. No obstante, la riqueza del contenido de la hoja de ruta puede servir como instrumento de las organizaciones sociales, particularmente los sindicatos, para proponer la adopción de reformas a los parlamentos y gobiernos. El mensaje central puede sintetizarse de la siguiente manera: no basta con tratar de acelerar el crecimiento económico, se pueden y se deben definir y acordar nuevas políticas públicas para erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y elevar el nivel de vida de la población.

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El sistema de pensiones en México sufrió un cambio radical hace unas décadas. El esquema solidario e intergeneracional fue sustituido por otro, basado en cuentas individuales a cargo de una administradora privada (para los trabajadores afiliados al IMSS) o pública en el caso de quienes cotizan al ISSSTE.
Con este propósito se impusieron dos reformas, en 1997 a la Ley del IMSS y en 2007 para enmendar la del ISSSTE. A partir de esas fechas, las personas trabajadoras tuvieron que financiar su propia jubilación con los recursos ahorrados en sus años de servicio, resultado de sus aportaciones y las que hicieron los patrones (IMSS) o el gobierno (ISSSTE). Adicionalmente, fueron obligados a pagar una cuota a las administradoras por el “servicio” que prestan por manejar estos recursos.
Ocurrió una privatización parcial de la seguridad social. La administración de los fondos de pensiones se convirtió en un gran negocio que dio lugar al surgimiento de poderosas empresas financieras, un verdadero monstruo oligárquico que hoy maneja una cantidad de recursos equivalentes a casi el 23 por ciento del PIB.
Además, el sistema no cumplió las metas que se había fijado. El monto de la pensión resultó muy bajo y muchos trabajadores no tuvieron acceso a esa prestación debido a las semanas de cotización requeridas. Estas fallas fueron advertidas por la OIT y otros estudiosos del tema desde hace años. Según esta organización, varios países del mundo han echado para atrás el modelo privado y han vuelto al esquema solidario público. En Chile, la crítica al sistema privatizado, que se inició en tiempos del dictador Pinochet, ha sido constante a lo largo de todos estos años lo que ha motivado varias reformas, la última del presidente Boric poco antes de terminar su mandato. En los últimos años el presidente Petro de Colombia también intentó enmendar la ley, pero se enfrentó a la poderosa oligarquía de las administradoras privadas y la iniciativa quedó congelada.
El Banco Mundial (BM) fue uno de los principales impulsores de la reforma en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Su diagnóstico falló en varios aspectos: sobrestimó el envejecimiento de la población; no calculó correctamente el llamado “costo de transición”, es decir los recursos públicos destinados a mantener el pago de las pensiones bajo el viejo sistema; y tampoco entendió las características del mercado laboral latinoamericano: muchas personas se ocupan en el sector informal y, al mismo tiempo, muchos empleos registrados en la seguridad social son inestables o precarios, lo que impide a las personas trabajadoras reunir las semanas de cotización necesarias para pensionarse.
En 2021, los representantes de las administradoras privadas reconocieron que, en México, “varios millones de asegurados con el nuevo sistema no cumplirían con los años de cotizaciones requeridos para recibir una pensión y 70 por ciento de los jubilados cobraría una pensión menor a un salario mínimo”.
Ante la catástrofe que se avecinaba, el presidente López Obrador propuso una reforma que, en los fundamental, aumentó las aportaciones de los empleadores y redujo, parcial y transitoriamente, las semanas de cotización necesarias para pensionarse. Sin embargo, esta reforma sólo modificó la Ley del IMSS y al poco tiempo se consideró insuficiente. Por ello, en abril de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación otras enmiendas destinadas igualmente a la Ley del IMSS y, ahora también, a la del ISSSTE.
El texto de la iniciativa presidencial, en su exposición de motivos contenía una crítica severa de las reformas de 1997 y 2007, y las calificó como una “regresión histórica” y “una transgresión a los derechos laborales”. Reconocía que en la actualidad “lastimosamente” los jubilados reciben una pensión que equivale a menos de la mitad de su salario.
No obstante, la iniciativa se propuso sólo “reducir los daños”, es decir no cambió el modelo que tan duramente condenaba. El “remedio” consistió en modificar las leyes para “procurar” que los trabajadores “reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal” para que su pensión alcance un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS en ese año, 16 mil 777 pesos con 68 centavos, monto que se “actualizará anualmente el 1° de enero de acuerdo con la inflación estimada para ese año”. Para 2026 se calculó en 17 mil 885 pesos. Este apoyo sólo aplica para los trabajadores que se jubilen a partir de julio de 2024, estén inscritos en una cuenta individual, y cumplan con los años de cotización que marca la ley.
Para financiar esta reforma, se creó el “Fondo de Pensiones para el Bienestar”. En el caso de los afiliados al ISSSTE, los recursos provendrán, principalmente, de las cuentas no reclamadas de la subcuenta de vivienda y de la cuenta individual de cada trabajador en PENSIONISSSTE.
Habría que aclarar que muchas personas trabajadoras no han reclamado los recursos acumulados en sus cuentas individuales por diversas razones: dejaron de laborar; hubo errores en su inscripción; o nunca supieron que tenían esos ahorros. Todo lo cual nos habla de una falla más del sistema.
Recientemente, el director del ISSSTE, ante las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reconoció públicamente las deficiencias del modelo, pero argumentó dos cosas: una, que las cuentas individuales tienen dueño y que el estado no puede apropiarse de ellas, y segundo que “el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir un nuevo esquema solidario”.
Ambas afirmaciones son discutibles: la primera, porque, si se llegara a crear un sistema solidario, los trabajadores con cuentas individuales podrían voluntariamente solicitar su cambio a ese modelo alternativo. Hoy, de acuerdo con la ley vigente, una persona trabajadora puede elegir otra administradora privada o pública y darse de baja de la que está inscrito.
La segunda afirmación, el 20 por ciento del PIB, es dudosa porque el gobierno no ha explicado cómo calculó esta cifra. En realidad, el gobierno gasta una cantidad considerable de recursos del presupuesto federal para pagar las pensiones de los trabajadores del viejo sistema solidario que destruyó. Es decir, en lugar de que estas se paguen con el fondo común que existía, ahora los pagos se han tenido que hacer con dineros que provienen del presupuesto de cada año. Como ya se dijo, esto fue una falla del sistema desde su inicio porque no se calculó correctamente este “costo de transición”.
En 2025 el gasto total en jubilaciones y pensiones fue de alrededor 1.6 billones de pesos, poco más del 17 por ciento del gasto neto total y equivalente a más del 4 por ciento del PIB. Para las que están a cargo del IMSS fue de 962 mil millones de pesos y para las que corresponden al ISSSTE 382 mil millones de pesos lo que representó, en este último caso, un 4.1 por ciento del gasto total y 1 por ciento del PIB.
La Ley ISSSTE de 2007 exige, para otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez, 25 años de cotización y 60 años de vida de tal manera que las personas trabajadoras que podrán aspirar a esas prestaciones lo harán hasta 2032 si ya cumplieron la edad requerida. Hay muy pocos trabajadores, unos 65 mil, que ingresaron a trabajar antes de 2007, decidieron ingresar a una Afore, incluyendo PENSIONISSSTE, y por lo tanto se han jubilado con las reglas del sistema de cuentas individuales. La gran mayoría decidieron acogerse al X Transitorio de la Ley y sus pensiones quedaron a cargo del presupuesto del gobierno federal.
La posibilidad de diseñar un modelo solidario para los afiliados al ISSSTE, como reclama la CNTE, tendría entonces varias ventajas: en lo que se refiere a los trabajadores que cotizaron en el viejo modelo (antes de 2007) y ya están jubilados o lo van a hacer en los próximos años, la carga para las finanzas públicas podría ser menor pues se reduciría el “costo de transición”. Por su parte, las personas trabajadoras que ingresaron a trabajar después de 2007 y tienen una cuenta individual en PENSIONISSSTE, podrían elegir entre mantener esa cuenta o ingresar al nuevo esquema solidario que se llegara a crear. Si se deciden por este último, el monto de la pensión y la tasa de reemplazo podrían ser mayores. debido a que ya no contarían solamente con sus propios ahorros; el fondo solidario serviría para financiar su retiro.
Como puede verse, el debate tiene un componente técnico y presupuestal complejo pues se trata de calcular los montos de las pensiones que se pagan hoy y las que se harán en el futuro. Sin embargo, la experiencia internacional enseña que el sistema intergeneracional con una administración pública es mejor para el trabajador y menos oneroso para las arcas públicas.
La posibilidad de construir un sistema solidario alternativo no puede descartarse con razones poco claras. La demanda de la CNTE no es un disparate y la ley del ISSSTE no puede convertirse en un tabú. Todavía contamos con tiempo para analizar seriamente el asunto. Las reformas más recientes al modelo de cuentas individuales tanto del IMSS como del ISSSTE no garantizan su sustentabilidad financiera, ni una pensión digna para todos los trabajadores. Tampoco sirven para remediar el enorme gasto del presupuesto público, el cual va aumentando año tras año. Urge una revisión del sistema de pensiones en su conjunto. El resultado puede ser beneficioso para el país y un ejemplo para el mundo.

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Desde la semana pasada, el gobierno de la república ha anunciado “buenas noticias que muestran la fortaleza de la economía mexicana”. Entre ellas, ha señalado que la tasa de desempleo alcanzó apenas un 2.5 por ciento, “una de las más bajas del mundo”.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta y publica el INEGI, el dato más reciente es aún menor: en marzo la tasa de desocupación “abierta” fue de 2.4 por ciento de la PEA (Población Económicamente Activa). Sin embargo, este indicador no es la única variable que debe tomarse en cuenta para observar la marcha de nuestra economía y la situación del mercado laboral.
Primero, es necesario aclarar que ese indicador se obtiene tomando en cuenta aquellas personas que contestaron que no trabajaron ni una hora en la semana, estaban disponibles para trabajar, y estuvieron buscando un empleo o una ocupación remunerada. Es decir, la encuesta incluye a las personas que laboran por cuenta propia, como patrones, o como asalariados.
Con base en esos datos, se puede observar que uno de los problemas estructurales más graves que vive el país desde hace décadas, es lo que el INEGI llama la “tasa de informalidad laboral”, es decir los trabajadores que laboran sin seguridad social y son “laboralmente vulnerables”, ya sea porque laboran por cuenta propia con medios de producción muy rudimentarios, por ejemplo, vendedores ambulantes o campesinos en condiciones de subsistencia , pero también aquellos trabajadores cuyo patrón no reconoce la relación laboral y no los registra en el IMSS.
El caso es que esa tasa de informalidad en México registró en marzo un índice del 54.8 por ciento, lo que quiere decir que más de la mitad de los trabajadores mexicanos laboran en condiciones precarias: si trabajan por cuenta propia, sus ingresos laborales son irregulares y generalmente escasos; y si laboran para un patrón, lo hacen sin contrato escrito o por temporadas y, generalmente, sin ninguna prestación. En ambos casos, carecen de los beneficios del seguro social: su protección por enfermedad general o profesional; accidente de trabajo; maternidad de la trabajadora o de la esposa del trabajador; y pensión por invalidez o jubilación.
En las últimas décadas, el trabajo informal, como se describe más arriba, ha absorbido a las personas que no encuentran un empleo formal, de tal manera que la tasa de desempleo abierto puede mantenerse muy baja en la medida en que las personas encuentran cabida en las ocupaciones y los empleos informales, generalmente obteniendo un ingreso reducido, para apenas sobrevivir.
Hay otros indicadores que publica la ENOE que también muestran las fallas del mercado laboral: la subocupación, por ejemplo, que en marzo alcanzó el 6.7 por ciento de la PEA. O las “condiciones críticas de ocupación” que se refiere a las personas trabajadoras que declararon tener condiciones inadecuadas de empleo por el tiempo que les exige o por los ingresos que obtienen. En ese mismo mes, este indicador llegó al 39.6 por ciento.
Vistos estos indicadores en su conjunto, puede observarse que la situación del mercado laboral mexicano no se ubica entre “las mejores del mundo”. Además, el panorama ha empeorado en el último año incluyendo la tasa de desempleo abierto que era menor en marzo de 2025. Por su parte la tasa de informalidad laboral aumentó entre 2025 y 2026, del 54.3 al 54.8 por ciento. Y las condiciones críticas lo hicieron del 38.4 al 39.6 por ciento en ese periodo.
Sin duda, sobre todo la segunda mitad de 2025 y lo que va de 2026 han sido desfavorables, aunque no catastróficos, en materia de empleo. Según datos de la ENOE, el número de trabajadores asalariados y remunerados entre marzo del año pasado y marzo del actual aumentó casi nada, apenas en 46 mil personas. El sector secundario (la industria) perdió más de 180 mil puestos de trabajo y, en especial la manufactura observó una disminución de casi 150 mil. La construcción por su lado perdió poco más de 76 mil empleos.
Si tomamos en cuenta los datos del IMSS que, a diferencia de la ENOE, no son resultado de una encuesta sino de los registros efectuados, en marzo de 2026 en comparación a abril del año pasado, hay un déficit de casi 300 mil empleos menos registrados en el IMSS. En este periodo (marzo de 2025-marzo 2026), los jóvenes sufrieron especialmente la caída del empleo ya que en ese periodo se registró una disminución de 4.2 por ciento en el número de personas trabajadoras menores de 25 años ocupadas. Tomando en cuenta los sectores, aquellos que sufrieron las mayores reducciones fueron la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un retroceso anual de 3.2 por ciento, y la industria de la transformación que cayó en 2.1 por ciento.
Al mismo tiempo, sin embargo, el salario mínimo volvió a aumentar notablemente en enero de este año. Por su parte, el salario medio de cotización del IMSS también lo hizo, aunque mucho más moderadamente, apenas 2.4 por ciento anual en términos reales, es decir, descontando la inflación. Lo anterior, especialmente el aumento al mínimo dio lugar a que la pobreza laboral en marzo de este año presentara una disminución a nivel nacional del 33.9 al 30.7 por ciento y, aunque sigue siendo elevada en la población rural, ésta se redujo del 48 al 44.2 por ciento mientras que el área urbana bajó del 29.7 al 26.9 por ciento.
El problema es que, a mediano plazo, no es sostenible que siga cayendo la oferta de empleos formales y, simultáneamente, aumenten los salarios como ha sucedido en los últimos meses. El débil incremento del salario medio del IMSS da cuenta del agotamiento de esta situación. Especialmente, porque estas señales contradictorias se ubican en un contexto en el que la economía mexicana no crece, está casi estancada. Y no lo hace porque la inversión fija bruta, la que se traduce en la adquisición de maquinaria y equipo ha caído severamente. Este fenómeno se ha presentado con mayor fuerza en la inversión pública. Para el primer trimestre de 2026 la reducción del gasto público en inversión física era del casi 16 por ciento. Y representó como porcentaje del PIB el índice más bajo desde 2008.
Al festejar la cifra de desempleo abierto, el gobierno no sólo desestima otros indicadores oficiales que dibujan, con mayor puntualidad, el comportamiento del empleo. Tampoco parece aceptar que las condiciones están empeorando. Pareciera ser que el gobierno en realidad quiere convencernos de que “vamos bien” en materia económica, es decir que el esquema de integración a Estados Unidos mediante la inversión extranjera directa y las exportaciones a ese país está dando resultados positivos. Y, por lo tanto, que no es necesario modificarlo. Sin embargo, vale la pena recordar que ese modelo de crecimiento es el que se heredó desde los años noventa. Sus resultados han sido insuficientes en materia de crecimiento, empleo y nivel de vida. Persistir en ese rumbo económico, aún con los aumentos al salario mínimo, es insistir en una ruta equivocada y en un dogmatismo neoliberal.
Para que los aumentos salariales mantengan su ascenso es necesario poner las bases de un cambio estructural que permita abatir la informalidad laboral, principalmente mediante la aceleración de la economía y el aumento de la inversión pública en infraestructura productiva, y servicios sociales (educación, salud, equipamiento urbano, transporte público). No es viable una ruptura de los lazos económicos con Estados Unidos. Pero sí lo es llevar a cabo una serie de modificaciones en la orientación y el monto del gasto público. Se ha creado un círculo vicioso: austeridad-menor gasto-menor inversión-estancamiento económico- menores ofertas de empleos formales. Romper esa espiral mediante una reasignación de las prioridades del gasto y una mayor recaudación, con una reforma fiscal que grave las grandes fortunas y los ingresos más elevados y aligere la carga de los salarios más reducidos, podría ser el inicio de un nuevo camino de desarrollo.

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En memoria de
Luis de la Peña Auerbach.

La Institución Brookings publicó hace unos días una investigación acerca de los hijos de migrantes cuyos padres han sido encarcelados en los últimos años en Estados Unidos. Consideran que “la administración Trump ha convertido la detención y la deportación en los ejes centrales de su política migratoria”. Y afirman que en estos momentos hay alrededor de 60 mil personas en prisión y casi 400 mil han sido recluidas dentro de Estados Unidos en centros a cargo de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026.
Muchos niños se han visto afectados por haber sido separados de sus padres. La mayor parte de las personas detenidas son adultos y padres de familia; se calcula que el 60 por ciento de las madres privadas de su libertad habían sido deportadas y el 17 por ciento permanecían bajo custodia de ICE. Brookings calcula que el número de niños que sufrieron la captura de un progenitor suma alrededor de 205 mil, y que 145 mil de esos menores son ciudadanos estadunidenses. De ellos, más de 22 mil han experimentado el arresto de los dos progenitores.
Una nota del diario El País, que cita la investigación de Brookings agrega que “desde que comenzó la ofensiva de Trump contra los migrantes, han circulado por las redes sociales y los medios de comunicación numerosos vídeos de escenas dramáticas de detenciones donde se ve a padres desesperados mientras son separados a la fuerza de sus hijos”.
La investigación advierte que “no existen datos confiables para saber cuántas personas apresadas o deportadas tienen hijos en Estados Unidos, ni qué sucede con esos niños una vez que su progenitor es puesto bajo custodia”. El Departamento de Seguridad Nacional (Departament of Homeland Security) informó que, para el año fiscal de 2025 habían sido detenidos 18 mil 277 padres de hijos estadunidenses, una cifra que los investigadores consideran sumamente inferior a la realidad.
Los autores decidieron llevar a cabo un análisis alternativo. Con base en la cifra de 400 mil personas recluidas, estimaron que el número total de niños afectados por el arresto de un progenitor sería de alrededor de 205 mil (nacidos fuera o en territorio de EU).
En lo que se refiere a los 147 mil niños que son ciudadanos estadunidenses, calcularon que sus padres, en su mayoría, son de origen mexicano, un 54 por ciento del total. Aquellos de ascendencia guatemalteca representarían alrededor del 15 por ciento; de Honduras un 11 por ciento; de El Salvador 6 por ciento; y de Ecuador el 2 por ciento. De otros países de América Latina y el Caribe podrían ser alrededor del 8 por ciento. En cambio, los niños de padres provenientes de Asia apenas sumarían un 2 por ciento.
La investigación también arrojó datos acerca de la edad de los niños que fueron separados de sus progenitores: el 37 por ciento tienen o tenían en el momento de la captura de uno o ambos padres, menos de 6 años; el 36 por ciento entre 6 y 12 años; y el 27 por ciento entre 13 y 17 años.
El lugar en que se encontraban esos 140 mil niños cuyos padres fueron detenidos se extiende a toda la Unión Americana, pero sobresale, con mucho, el estado de Texas, aunque destacan, igualmente, Nevada, Arizona, Utah y Wyoming.
Lo más grave, señala la investigación, es que se sabe muy poco acerca de lo que ocurre con los hijos de las personas recluidas. Los niños indocumentados pueden enfrentar detención o deportación. Sin embargo, consideran que la mayoría de los niños son ciudadanos estadunidenses por lo que, en algunos casos, viajan al país de origen del padre deportado, pero el gobierno no publica regularmente datos acerca del traslado de esos niños al extranjero.
Frecuentemente, los menores se quedan con otro familiar, un amigo cercano o un hogar de acogida. Sin embargo, hay testimonios que dan cuenta de que esta solución puede ser trágica. El País relata que “el mes pasado se conoció que una niña de tres años había sufrido abusos sexuales en la casa de acogida que la recibió después de que su madre fuera deportada y mientras su padre, en reclusión en Estados Unidos, pasó meses reclamando que se la entregaran.
La mayoría de los padres prefiere no dar aviso a los servicios públicos de bienestar infantil, incluso si cuenta con opciones de cuidado deficientes. ICE ha publicado un folleto titulado “Padres detenidos y Tutores Legales, preguntas frecuentes” en el que “sugiere” que si un padre recluido sospecha que su hijo es víctima de maltrato o ha sido abandonado por la persona encargada del cuidado, puede denunciarlo a una autoridad estatal o llamar por teléfono a la “línea de Información y Denuncia de los Centros de Detención”. Si el padre o madre va a ser expulsado y sus hijos son ciudadanos de Estados Unidos, “ICE puede ayudarles a conseguir los formularios especiales para menores y obtener pasaportes de Estados Unidos”. Ahora bien, agrega el folleto, “si sus hijos no son ciudadanos, el padre debe notificar al oficial de ICE que está manejando su caso”, y llenar un formulario “documentando su solicitud de ser expulsado con su hijo”.
Es decir, tanto las denuncias por maltrato como las peticiones de salir expulsados de Estados Unidos con sus hijos requieren que los padres proporcionen información acerca de sus familiares o amigos cercanos, seguramente la dirección del hogar y otros datos que los detenidos temen sean usados para ubicar a migrantes de origen latinoamericano y llevar a cabo más redadas.
Además, ICE no contempla la posibilidad de que los niños se queden protegidos y seguros en territorio estadunidense, sin peligro de que también sean expulsados, aunque sean ciudadanos de ese país.
El desconocimiento de las autoridades estadunidense acerca de la situación de los niños separados de sus padres deja a muchos desamparados. Ni el gobierno ni la sociedad saben, con exactitud, cuantos niños han quedado completamente desprotegidos.
El estudio advierte que, en el futuro inmediato, las circunstancias seguramente van a empeorar. “El número de ciudadanos estadunidenses niños que enfrentan la amenaza de separación familiar es mucho mayor que los aproximadamente 145 mil que se estima la han experimentado hasta ahora durante esta administración. Se calcula que hay 13 millones de adultos indocumentados o con un estatus migratorio precario con protección solo parcial. Sus familias incluyen a más de 4.6 millones de niños estadunidenses que viven con un progenitor en riesgo de deportación, incluidos aproximadamente 2.5 millones que, en el peor de los casos, podrían enfrentar el arresto de los dos padres que viven con ellos en el hogar”.
La investigación concluye que “Cuando detenemos o deportamos a los padres de un niño, la nación tiene una obligación clara de reconocer, contabilizar y salvaguardar el bienestar de ese niño.”. Pero esto no está sucediendo y, por el contrario, Washington y varios gobiernos estatales prefieren ignorar el asunto.
De acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, el gobierno ha condenado oficialmente las políticas de separación familiar y ha intervenido activamente para lograr la reunificación y repatriación de los niños mexicanos afectados. Los consulados mexicanos fungen como el primer punto de contacto y proporcionan orientación y asesoría para la repatriación segura del menor a México. Sin embargo, no pueden regularizar la situación migratoria de los niños, ni representarlo legalmente en procedimientos judiciales en Estados Unidos. Además, no se conoce un informe detallado de los asuntos en que han intervenido.
Niños y niñas radicados en Estados Unidos, la mayoría ciudadanos de ese país, están siendo víctimas de un drama: su separación de uno o ambos padres, resultado, principalmente, de una política racista claramente dirigida a familias “latinas”. Un saldo trágico de la guerra que Trump ha desatado en su propio territorio con el pretexto de frenar la migración indocumentada.

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El primero de mayo, en una ceremonia oficial, con la presencia de la presidenta de la República y algunos dirigentes sindicales, el secretario del Trabajo Marath Bolaños afirmó que México vive una “primavera laboral”. Argumentó que en el pasado neoliberal se debilitaron todos los derechos de los trabajadores, lo que dejó una “profunda huella de desigualdad”. Luego, enumeró los principales logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T), principalmente los incrementos al salario mínimo y los cambios legislativos en materia de: reparto de utilidades, subcontratación, pensiones, trabajadores de plataformas digitales, jornaleros agrícolas y jornada semanal de 40 horas. Advirtió, sin embargo, que “el actual gobierno busca consolidar y ampliar estos derechos con nuevas reformas ya que no se ha logrado “revertir los efectos de más de tres décadas de políticas neoliberales.”.
El secretario tiene razón en advertir ambas cosas: en efecto, el clima laboral ha cambiado y, al mismo tiempo hay asuntos pendientes muy importantes. Los aumentos salariales han ocurrido no sólo en los mínimos legales, también, aunque en menor medida, en los salarios medios (de cotización del IMSS), principalmente en la industria manufacturera. Así, mientras los mínimos (promedio nacional) han crecido, entre 2018 y 2025 en más de 134 por ciento en términos reales (descontando la inflación), los medios lo han hecho en alrededor del 30 por ciento y los manufactureros en casi 39 por ciento. Estos incrementos han reducido la pobreza laboral en más de diez puntos porcentuales.
La “primavera laboral”, no obstante, arrastra serios problemas estructurales: el más destacado, la informalidad, la cual alcanzó en marzo de este año casi el 55 por ciento (ENOE-Inegi). Un nivel que casi no se ha movido en los últimos años. Hay que agregar que este porcentaje se compone de trabajadores por cuenta propia, que no dependen de un patrón (29 por ciento), y aquellas personas trabajadoras que son asalariadas, pero no cuentan con seguridad social (25 por ciento). Este último dato es relevante porque muestra que, en México, la ley no se cumple a cabalidad ya que la inscripción al IMSS u a otra institución similar, es obligatoria.
El secretario no mencionó este problema como tampoco habló de la caída tendencial del empleo que se ha presentado desde 2025. En la industria de la transformación el saldo anual (2025-2026) es, incluso negativo, es decir se han perdido empleos.
Un problema esencial que debe destacarse se refiere a la brecha que existe entre las leyes y la realidad. El pasado neoliberal se caracterizó por sus políticas de contención salarial, de flexibilidad, y particularmente por el fomento de sindicatos fantasma y contratos de protección patronal, instrumentos que se distinguieron por la carencia absoluta de prácticas democráticas, lo que a su vez inhibió la protesta de los trabajadores. Todo ello convirtió la contratación colectiva en una falla sistémica. Muy pocos trabajadores discutieron y participaron en las negociaciones con los patrones para mejorar sus condiciones de trabajo.
El problema es que ese desperfecto estructural casi no se ha modificado. A pesar de las reformas constitucionales y legales de 2017 y 2019 que ofrecieron la democracia mediante el voto directo y secreto de los agremiados para elegir a sus dirigentes y decidir acerca de sus revisiones contractuales, el panorama sigue dominado por organizaciones y prácticas que no se han ajustado a esos nuevos lineamientos. Peor aún, han surgido o tomado fuerza sindicatos y confederaciones cercanas al partido Morena que han sido acusadas de graves hechos de corrupción y violencia. El caso más evidente es la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México).
La brecha entre la ley y la vida cotidiana que sufren muchos trabajadores diariamente también se ha reflejado en otros ámbitos: por ejemplo, en el sector público. El gobierno federal, y los estales y municipales mantienen la práctica de contratar por honorarios o por el llamado capítulo 3000, es decir, por tiempo determinado, sin prestaciones y con bajos salarios. Además, las reformas a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado no han dado por resultado una verdadera democracia sindical.
Hay que resaltar, igualmente, que algunas instituciones recién creadas todavía están en una situación precaria. Los juzgados laborales no ofrecen todavía una justicia pronta, expedita y apegada a la ley. O los centros de Conciliación y Registro laboral mismos que no cumplen plenamente con su función u obedecen a dictados de los gobernadores.
Muchos problemas derivan de la llamada “austeridad republicana”. Los recursos presupuestales destinados a las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley, como la inspección laboral, han disminuido en los últimos años a pesar de que desde el pasado neoliberal México conserva uno de los últimos lugares en América Latina en esta materia. De acuerdo con cifras de la OIT, los inspectores laborales por cada 10 mil empleados tuvieron un índice de 0.84 en Chile, 0.31 en Brasil y apenas un 0.13 en México. No sólo la inspección. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo o a las partidas destinadas al fomento del empleo también han sufrido recortes. Por su parte, el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal carece de “dientes” para obligar a las empresas y sindicatos a cumplir con sus lineamientos y ha visto una reducción de su presupuesto. En fin, en general, las instituciones laborales se han debilitado.
Hay, igualmente, casos en que las reformas o bien han sido incompletas, o mal diseñadas. Por ejemplo, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”; o la que busca asegurar a los trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y la contratación colectiva. Sin embargo, el asunto más relevante es el del sistema de pensiones contributivas, aquel en el que las personas trabajadoras y los empleadores aportan cuotas a las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), empresas privadas (con excepción de Pensionissste) encargadas de manejar estos recursos y otorgar la pensión correspondiente. Aunque ha habido varias reformas, principalmente la del 2020, el sistema sigue siendo muy oneroso para las arcas públicas y ofrece una cobertura limitada en relación con el total de personas trabajadoras. La tasa de reemplazo (es decir la cantidad que recibe el trabajador al momento de jubilarse como proporción de su último salario mientras estaba activo) ha requerido cada vez más subsidios gubernamentales para elevarla a un nivel entre 50 y 70 por ciento. Además, los trabajadores jubilados se quejan de que su pensión apenas aumenta cada año.
El análisis de cada reforma aprobada en estos últimos ocho años podría mostrar bondades, esfuerzos por mejorar la protección de los trabajadores, pero también debilidades en su aplicación o diseño. Las movilizaciones sindicales y el surgimiento dificultoso de nuevas organizaciones democráticas, ocurridas en los últimos años, son una expresión tanto de las modificaciones legales acaecidas recientemente, como de las fallas y persistencias de viejos problemas.
De esta manera, la “primavera laboral” anunciada el pasado primero de mayo todavía padece de bajas temperaturas, no ha brillado el sol en su plenitud, ni han renacido muchas flores después del largo invierno neoliberal. Ha habido cambios, sobre todo en materia salarial y en las reformas legales; sin embargo, el gobierno enfrenta ventiscas que amenazan estas mudanzas. El principal, en estos momentos, es la caída del empleo particularmente en la industria manufacturera.
Para que se produzca una transformación de la magnitud con la que pretende ilustrarnos el secretario Bolaños, se requieren no sólo más reformas. Es necesario acelerar el crecimiento económico; cambiar la orientación del gasto, revisar la “austeridad republicana” ahí donde ésta debilita las instituciones del trabajo; y una ruptura del gobierno y su partido con algunos grupos sindicales que mantienen las prácticas antidemocráticas y violentas del pasado neoliberal.

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En febrero de este año, Oxfam, una organización “de la sociedad civil integrada a una red global cuya labor se centra en la promoción de la igualdad, la erradicación de la pobreza y la defensa de los derechos humanos”, dio a conocer un documento titulado Oligarquía o democracia. Se trata de un estudio acerca de la desigualdad y la concentración de la riqueza en México. Dicho informe ha sido comentado ya, varias veces, en la prensa nacional.
Sin embargo, recientemente, el 14 de abril, la presidenta Shienbaum, durante la conferencia matutina, “descartó, por el momento, impulsar un nuevo impuesto a las grandes fortunas en México, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar una mayor contribución de quienes perciben más ingresos”.
La pregunta que dio lugar al comentario de la mandataria se basó en un informe, también de Oxfam, publicado unos días antes, el cual señalaba que la riqueza del 0.1 por ciento más rico del mundo que se oculta en paraísos fiscales es mayor que la que posee la mitad más pobre de la humanidad. De esta manera, ocultan sus activos y evaden y eluden al fisco, todo lo cual afecta los ingresos de las arcas públicas
En el caso de México, el 0.1 por ciento más rico posee una riqueza inmensa en los paraísos fiscales. Las 132 mil personas más ricas del país poseen 47.6 mil millones de dólares en activos en el exterior que no pagan impuestos.
El informe de febrero, por su parte, describía el fenómeno de la concentración de la riqueza, con más detalle: el 1 por ciento más rico de la población mexicana, apenas 1.3 millones de personas percibe el 35 por ciento del ingreso total, acapara el 40 por ciento de la riqueza privada nacional y es responsable del 23 por ciento de las emisiones contaminantes.
Agrega que esta concentración de la riqueza se ha consolidado en los últimos treinta años en una oligarquía: los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tan ricos como hoy. Hay 22 milmillonarios con una fortuna calculada en 219 mil millones de dólares. Para ser más precisos, Carlos Slim ha multiplicado su fortuna 8.6 veces entre 1996 y 2024: los otros milmillonarios (principalmente Larrea y Bailleres), 4.2 veces; y el 1 por ciento más rico, 2.38 veces. Sin embargo, la economía mexicana apenas ha crecido 1.76 veces.
Todas estas cifras marean y son difíciles de imaginar. No obstante, es innegable que la desigualdad y la concentración de la riqueza han sido resultado de decisiones políticas. En primer lugar, se propició un modelo económico “injusto” desde la puesta en marcha del TLCAN y una ola de privatización de empresas públicas. Pero también ha otorgado, en los últimos años, “concesiones, licencias y permisos para explotar bienes públicos en sectores estratégicos”.
Oxfam considera que, a pesar del poder de la oligarquía, “el cambio es posible” como lo demuestran los aumentos a los salarios mínimo ocurridos en los últimos años. No obstante, la inversión pública como proporción del PIB sigue siendo muy reducida y ha venido disminuyendo. Representaba en 2024 menos de la mitad de la que teníamos hace 45 años. En 2025 cayó todavía más.
De ahí la necesidad de “fortalecer el papel del Estado como garante de derechos e impulsor de la igualdad”. Para ello, Oxfam propone diferentes medidas. Una de ellas, precisamente, un impuesto progresivo a la extrema riqueza y las ganancias del capital, especialmente al 1 por ciento más rico, o bien un gravamen mínimo de 2 por ciento a las fortunas superiores a mil millones de dólares.
Estos gravámenes ayudarían a corregir lo que Oxfam llama “la irresponsabilidad fiscal de los milmillonarios”. Con los datos disponibles, calcula que las personas con ingresos anuales mayores a 500 millones de pesos contribuyen solo con el 0.21 por ciento del total recaudado por impuestos federales. Se trata, agrega, de un sistema tributario que “favorece la acumulación de riqueza en lugar de distribuirla”.
Las sugerencias de Oxfam incluyen, además, eliminar las exenciones a las grandes herencias, donaciones y sucesiones superiores a un millón de dólares; corregir la disparidad entre la tasa que se paga por dividendos y acciones, y la que se recauda por sueldos y salarios; y una Ley General de Predial progresiva enfocada las personas y familias que concentran gran parte de las propiedades inmuebles.
Una mayor y mejor recaudación fiscal serviría para aumentar la inversión pública y generar un mayor crecimiento, el cual ha sido muy escaso desde 1981. Igualmente, para fortalecer las instituciones que garantizan los derechos de los mexicanos. Por ejemplo, en los asuntos laborales, al mismo tiempo que se han aprobado varias leyes protectoras de los trabajadores, los recursos destinados a la inspección laboral, el Centro Federal de Conciliación o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo han venido disminuyendo relativamente, incluso en términos absolutos como en los últimos dos años. Es decir, agregamos, se ha ampliado la brecha entre la ley y la realidad, debido a la mayor incapacidad de las instituciones para hacer cumplir los ordenamientos jurídicos.
Oxfam señala, además, la necesidad de impulsar una banca de desarrollo que fortalezca la infraestructura social y productiva y apoye a las pequeñas empresas; desarrollar la infraestructura social para los cuidados; impulsar una nueva gobernanza democrática del agua; revisar los subsidios a la electricidad; y financiar más decididamente el transporte público masivo eléctrico (como el Metro de la Ciudad de México).
Oxfam afirma con razón que “la democracia y la economía no son esferas separadas: se sostienen o erosionan mutuamente”. Y agrega que “cuando las decisiones económicas se concentran en pocas manos la democracia política se vacía de contenido”.
En conclusión, el mundo padece de una desigualdad y una concentración de la riqueza monstruosa que se mantiene protegida por los paraísos fiscales. En el caso de México, además, por un régimen tributario que los beneficia desproporcionadamente y una política económica que ha potenciado su riqueza. A pesar de los cambios ocurridos en los últimos años, la economía mexicana sigue atrapada en una dinámica de bajo crecimiento y una caída de la inversión. Para empezar a remediar esta situación, se requiere un impuesto mínimo a la extrema riqueza y otras leyes y políticas fiscales que proporcionen más recursos al Estado. Un fortalecimiento de las finanzas estatales serviría para aumentar la inversión pública y las capacidades de las instituciones que garantizan los derechos de los mexicanos.
El gobierno mexicano ha negado, más de una vez, desde el sexenio pasado, la necesidad de una reforma fiscal progresiva alegando que otras medidas han incrementado la recaudación. Sin embargo, nuestra oligarquía sigue amasando su riqueza a un ritmo cada vez más rápido, mientras que las finanzas públicas sufren aprietos cada vez más severos. La contradicción entre, de un lado, la política social que ha mejorado los salarios mínimos, la legislación laboral y las transferencias monetarias, mientras del otro, la política fiscal disminuye el gasto para la inversión productiva, la infraestructura social y debilita las instituciones públicas, está llegando a un límite. No solo porque afecta el ejercicio real de los derechos de la población. También, porque la creación de empleos está decayendo y se han incrementado las ocupaciones informales.
La revisión del TMEC no va a remediar, fundamentalmente, esta situación e incluso puede agravarla. Se requiere entonces tomar decisiones políticas. Mantener las prebendas y privilegios de nuestra oligarquía, o cambiar hacia un nuevo curso de desarrollo. Profundizar lo que ya se ha avanzado, o quedarnos conformes con lo hecho. La experiencia histórica ha demostrado que, en momentos críticos como los que se viven hoy en el entorno mundial y en el país, se pueden reformular los vínculos entre el poder económico y el Estado. Hay que tomarle la pala-bra a la presidenta y hacer, pronto, una revisión de los gravámenes a las personas y familias más acaudaladas.

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Hace unos días la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el documento llamado “precriterios” el cual, según la oficina gubernamental, ofrece “el marco preliminar de las perspectivas macroeconómicas y fiscales del Gobierno de México, que servirán de base para la elaboración del Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2027.” No se trata, entonces, de los proyectos definitivos que se entregarán al Congreso para aprobar el Presupuesto y la Ley de Ingresos de 2027. Son propósitos y cifras iniciales, que deben ser interpretadas como señales de lo que se propone hacer el gobierno y la visión que sostiene en materia de política económica. Su importancia no es menor, aunque los lineamientos planteados pueden sufrir modificaciones importantes.
El documento analiza la situación internacional subrayando su “volatilidad” por los conflictos geopolíticos, las disrupciones del comercio global y los cambios en la política comercial de Estados Unidos en momentos en que se negocia la revisión del T-MEC.
Frente a estos retos, dice Hacienda, el país cuenta “con fundamentos sólidos gracias a una deuda pública baja y sostenible, un sistema financiero resiliente, niveles de inversión extranjera históricamente altos” y, sobre todo, subrayamos nosotros, a “una posición estratégica dentro de las cadenas de valor de América del Norte”.
No obstante, Hacienda va más allá y afirma que “el modelo de desarrollo con bienestar” se sostiene en tres pilares: el primero, el fortalecimiento de los ingresos de los hogares mediante el aumento del salario mínimo y las “trasferencias directas y políticas”. El segundo, la “inversión en infraestructura estratégica” la cual servirá para aumentar el crecimiento y elevar la capacidad productiva, cerrar brechas regionales y detonar la inversión privada. El tercer pilar es “la responsabilidad fiscal” para preservar la estabilidad.
El modelo expuesto en el documento tiene varias virtudes: se propone redistribuir el ingreso; acelerar el crecimiento mediante la inversión pública; mantener la estabilidad de precios y evitar una posible crisis por la magnitud de la deuda pública y un empeoramiento de los conflictos mundiales.
Hay que destacar la importancia que le otorga a la inversión ya que ha sido, desde hace décadas, una falla estructural. El año pasado, ésta se desplomó. El documento reconoce que la inversión pública disminuyó en 19 por ciento y la privada en 4. Hay que destacar que la inversión en maquinaria y equipo cayó 8.1 por ciento, lo que indica que la capacidad productiva se achicó y por lo tanto también las fuentes de empleos en el sector industrial.
Hacienda parece reconocer este problema y afirma que “el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar y el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 permitirán acelerar proyectos prioritarios en transporte, energía, puertos, agua y salud”.
El documento da cuenta, asimismo, de los problemas del empleo. Señala que, al cierre de 2025, el número de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 22 millones 517 mil, lo que representó un incremento de 279 mil plazas respecto al cierre de 2024.
No obstante, precisa que esa cifra incluye los 217 mil trabajadores que forman parte del programa piloto de trabajadores en plataformas digitales. Excluyendo estos registros, ya que se trata de empleos que ya existían, el año pasado sólo se crearon 72 mil nuevos puestos de trabajo formales. En cambio, agrega, hubo un aumento de 630 mil personas en el sector informal, lo que implicó un incremento en la tasa correspondiente, la cual llegó hasta el 54.9 por ciento de la ocupación total.
Aumentar la inversión, particularmente la púbica, es indispensable para mejorar los niveles de bienestar, alentar el crecimiento y el empleo. Como subraya el documento, “la meta no es únicamente crecer más, sino crecer mejor”.
Sin embargo, estos propósitos no se ven reflejados en los números: según el documento, el gasto público se verá de nueva cuenta afectado. Calcula que, para 2027, el gasto neto presupuestario tendrá una reducción real de 4.1 por ciento respecto al de 2026 y el gasto programable pagado sufrirá una disminución real de 6.8 puntos porcentuales.
No se logra apreciar cómo se lograrán los propósitos señalados, sobre todo en materia de inversión, si se seguirá ajustando el gastó del gobierno
La caída del gasto que vislumbra Hacienda se explica porque los ingresos presupuestarios del gobierno federal serán menores en 2027 en comparación con lo estimado para 2026. Al mismo tiempo, se propone disminuir el déficit público y mantener los niveles actuales de la deuda pública. Entonces, la rebaja del presupuesto es la única opción, es decir, más austeridad.
Las reducciones del gasto que el documento prevé para 2027 se ven reflejados en lo que Hacienda llama “programas prioritarios”. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores, la pensión para mujeres y las becas Rita Cetina tendrán incrementos moderados de alrededor del 4 por ciento. Más importante aún: los incrementos previstos para salud serán menores, 3.4 por ciento, y los servicios educación media 3.3.
Por su lado las inversiones, por ejemplo, en vivienda social aumentarán apenas en 3.9 por ciento: las carreteras y caminos 3.2, la infraestructura ferroviaria 3.4 y el rubro operación y mantenimiento energía eléctrica 3.3 por ciento.
Es difícil pensar, con estos aumentos, en una expansión de la inversión pública de acuerdo con la importancia y el papel que les asigna el modelo anunciado. Tampoco se pueden imaginar los beneficios para incrementar la producción.
Hacienda calcula que en 2027 se alcanzará un crecimiento del orden de 1.9-2.9 por ciento, superior al previsto para 2026 –entre 1.8-2.8 por ciento–, y muy por encima del que ocurrió en 2025, apenas del 0.8 por ciento, pero la reducción del gasto público apuntada deja en duda estos números.
Más bien, parecería que el objetivo principal sigue siendo reducir la inflación: el documento calcula que ésta disminuirá a un nivel inferior al previsto para 2026, 3.7 popr ciento; para 2027 sería de 3 por ciento.
De esta manera, el optimismo de Hacienda para calcular un mayor crecimiento económico se basa en la inversión extranjera: El documento presume que: “a pesar del entorno de incertidumbre, en 2025 México registró un máximo histórico en IED de 40 mil 871 millones de dólares, con un incremento anual de 10.8 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares.”
Aunque reconoce que las actividades industriales disminuyeron el año pasado en 1.3 por ciento anual, y que la producción de equipo de transporte, fundamentalmente destinada a la exportación, registró una contracción de 5.6 puntos porcentuales, destaca los crecimientos en la fabricación de equipo médico no electrónico, productos derivados del petróleo y equipo de cómputo. Este último, agrega Hacienda,” fue impulsado por niveles elevados de exportaciones hacia Estados Unidos, asociados con la expansión de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial”.
El documento de Hacienda admite que las exportaciones de manufacturas han sido el principal motor de crecimiento de la economía mexicana. Expone que, el año pasado, las exportaciones crecieron en 7 por ciento y el consumo interno en 1.1.
Sin una expansión sustantiva del gasto y la inversión pública, Hacienda sigue confiando en que las exportaciones a Estados Unidos, ahora principalmente de productos de cómputo y ya no tanto de las automotrices, será la fuente más importante de la aceleración de la economía mexicana.
No obstante, la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que ese impulso aporta un crecimiento muy bajo, debido a que no se producen en el país muchos componentes del bien final. El valor agregado de nuestras exportaciones es reducido: México ensambla los bienes que adquiere el consumidor final, en un alto porcentaje, con piezas y refacciones importados de Estados Unidos. Lo anterior afecta el consumo interno: aunque los salarios aumenten (principalmente los mínimos y en menor medida los contractuales), el empleo formal crece poco y, por ende, aumentan las ocupaciones informales.
Los buenos propósitos de Hacienda requieren menos retórica y más contundencia en los hechos. Los números anunciados en los “precriterios” en materia de gasto e inversión pública no anuncian un “cambio verdadero” en la conducción de la política económica. Ojalá corrijan.

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