De acuerdo con los datos proporcionados por el Inegi en los últimos días, la economía mexicana no terminó bien el año. Tomemos en primer lugar los indicadores de la inversión fija bruta ya que éstos explican en buena medida los problemas que enfrentamos el año pasado. Hasta octubre, ese rubro mostraba una caída anual de 5.8 por ciento. Según otros reportes (Siller), se hilaron catorce meses consecutivos de contracción. Para todo el año, se espera que la disminución llegue a 7.1 por ciento. Hay que destacar que la inversión en maquinaria y equipo tuvo un resbalón de 10.3 por ciento entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025. Lo más preocupante: la inversión pública se redujo en 20.2 por ciento, particularmente en la industria de la construcción, con una caída de casi 31 por ciento. Por su parte, la inversión privada cayó en total 4.9 por ciento: aumentó 0.8 por ciento en la industria de la construcción, aunque en la compra de maquinaria y equipo se achicó en 10.2 por ciento.
El comportamiento de estos indicadores se reflejó en el empleo. En la industria manufacturera la reducción de personal fue de 2.73 por ciento hasta noviembre. El impacto fue más fuerte en la fabricación de equipo de transporte (-7.44 por ciento) y la fabricación de maquinaria y equipo (-6.05 por ciento).
No todas las ramas de la manufactura de exportación presentaron una menor cantidad de personal ocupado total. La fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos tuvieron un aumento de 2.75 por ciento. Ello se debe a que las exportaciones de equipo de cómputo hacia Estados Unidos han impulsado el crecimiento de las exportaciones totales de México. Gracias a que estos productos gozan de bajos aranceles, México está sustituyendo las importaciones de otros países asiáticos, principalmente de China. Se calcula que el valor (en dólares) de estos productos tuvieron un crecimiento anual de 84.39 por ciento, pagando un arancel al mes de septiembre de 0.27 por ciento, mientras que las exportaciones de automóviles tipo turismo acumularon una caída de 7.26 por ciento, pagando un arancel a septiembre del 14.97 por ciento.
Sin embargo, los establecimientos manufactureros de la industria maquiladora (programa IMEX) también redujeron su personal en 3.3 por ciento entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025.
De esta manera, según datos del tercer trimestre de 2025, los trabajadores subordinados y remunerados habían disminuido en más de 225 mil personas mientras que los trabajadores del sector informal que laboran “en micronegocios no registrados”, por ejemplo vendedores en vía pública, proveedores de servicios para el hogar, y productores y artesanos diversos, aumentaron en más 800 mil personas (sin contar el trabajo doméstico remunerado, aquellos que laboran en empresas y gobierno sin seguridad social, y los trabajadores del ámbito agropecuario) .
Sin duda, la política comercial, confusa, agresiva e impredecible de Estados Unidos ha afectado las exportaciones de México a ese país y por consiguiente las inversiones en maquinaria y equipo, golpeando severamente el empleo formal. El auge que se preveía años atrás con el mentado “nearshoring” ha ido decayendo, aunque no en todos los productos. La sustitución de China por México, como principal exportador de productos manufacturados a Estados Unidos, ha tenido un éxito parcial. A pesar de convertirnos en su proveedor más importante, algunos productos han caído y otros han aumentado su producción, pero, en conjunto, los efectos para México no se han traducido en un crecimiento significativo.
Las caídas en la inversión de maquinaria, equipo y en la industria de la construcción, y sus efectos en el empleo en la industria manufacturera, fueron determinantes para la economía en su conjunto. Para el año pasado, se estima que el crecimiento del PIB será de 0.6 por ciento o menos, muy lejos de lo estimado por la Secretaría de Hacienda (entre 1.5-2.3 por ciento). La industria manufacturera por su lado había caído en 0.8 por ciento hasta noviembre.
Estos datos muestran que el año pasado coincidieron un par de fenómenos desafortunados: la política arancelaria de Trump, la cual afectó especialmente las exportaciones de equipo de transporte; y el ajuste del gasto público del gobierno de México que se reflejó en la reducción de la inversión pública y total. Así las cosas, la economía se estancó y el empleo asalariado disminuyó, con el consiguiente aumento del trabajo informal. Una coincidencia que tiene por lo tanto un componente interno que afecta a todo el aparato productivo. Si se mantiene la tendencia recesiva de la inversión pública, México seguirá estancado, aunque las exportaciones manufactureras crezcan, lo cual también está en duda hasta que se disipen los efectos de la negociación del TMEC y quizás después, si Trump mantiene sus políticas erráticas.
No obstante, además de estos dos factores coyunturales que se presentaron el año pasado, hay causas estructurales, de largo plazo, que han afectado la economía y el empleo. Y es que la industria manufacturera de exportación sigue perdiendo terreno debido a que importa cada vez más insumos. Es decir, no se producen en el país muchos componentes del bien final.
De acuerdo con datos proporcionados por El Economista, en el III trimestre de 2025, el PIB del sector industrial representó 30.8 por ciento del total del producto y la industria manufacturera el 20.4 por ciento. En 2018, representaron, respectivamente, el 32.6 por ciento y el 20.5 por ciento. Con datos del 2000, la reducción es más notoria pues en ese año el sector industrial representaba el 37.9 por ciento y las manufacturas el 23.2 por ciento. Es decir, la tendencia de largo plazo muestra un proceso de desindustrialización a pesar del auge de las exportaciones manufactureras.
La SHCP afirma que en 2025 nuestro país se consolidó como líder regional en materia de exportaciones. “Somos –señala– el principal exportador de los 20 principales productos de alta tecnología como vehículos ligeros de gasolina, unidades de procesamiento digital (computadoras) con un valor de más de 600 mil millones de dólares”. Una cantidad superior, por ejemplo, a la de Brasil, cuyas exportaciones totales equivalieron a casi 350 mil millones de dólares.
Sin embargo, el valor agregado de nuestras exportaciones es muy reducido, de tal manera que México produce esos bienes, en un alto porcentaje, con piezas y refacciones importados de Estados Unidos. Lo anterior afecta igualmente el consumo interno: aunque los salarios aumenten (sobre todo los mínimos y en menor medida los contractuales), el empleo formal crece muy poco y, en cambio, aumentan las ocupaciones informales y vulnerables.
De esta manera, cuando a esta tendencia estructural se añaden factores coyunturales, el resultado es el estancamiento económico (y el peligro de una recesión) además de la reducción del empleo formal en números absolutos.
La economía mexicana no sólo requiere certidumbre en sus relaciones con Estados Unidos; urge, asimismo, una mayor inversión pública y una política industrial que aliente las ramas manufactureras que proveen de insumos y equipos a la industria que abastece el mercado externo y el consumo doméstico. También es indispensable un mayor gasto público en la infraestructura necesaria para la expansión económica, construyendo más puertos, carreteras, vías férreas, y fuentes de energía (sobre todo limpias). Asimismo, un apoyo más cuantioso a la investigación, el desarrollo tecnológico y la educación superior. Y, desde luego, la infraestructura que sirve directamente a la población: hospitales, escuelas, y servicios urbanos. Si la inversión pública sigue retrocediendo, la economía y el empleo serán muy vulnerables ante los cambios externos y no se sentarán las bases de un crecimiento sostenido. En el mejor de los casos, nos mantendremos como un gran taller maquilador; en el peor, un país sin alternativas de empleos dignos para los mexicanos.

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El asalto armado perpetrado por el ejército de Estados Unidos y ordenado por el presidente Trump la madrugada del sábado 3 de enero en distintos puntos de Venezuela violó las leyes internacionales y las de la nación agresora. De esta manera, el gobierno de Washington actuó como una banda de malhechores.
Como lo aclaró el mandatario estadunidense ese mismo día en conferencia de prensa, de lo que se trata es de apropiarse del petróleo venezolano, aunque se ponga como argumentos la seguridad de Estados Unidos y el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, justificó sus acciones con base en la Doctrina Monroe y su corolario trumpista, dando a entender que la región caribeña y latinoamericana debe ser una zona controlada por su gobierno, y que las economías de esta parte del mundo deben estar al servicio de su país, y de nadie más.
Los objetivos y el sustento legal y político de la incursión armada, si se les mira con detalle, resultan incoherentes, imposibles de concretar y, sin embargo, muy peligrosos para el continente y el mundo.
Los dichos de Trump, Marco Rubio y otros funcionarios de la Casa Blanca, han resultado confusos. ¿Pretenden administrar el gobierno venezolano o solamente orientarlo según sus deseos o intereses? ¿Negociaron o pretenden negociar con la sucesora de Maduro, la señora Delcy Rodríguez y el gobierno chavista, o buscan sustituirlo? ¿Cómo pretenden allegar los recursos petroleros a las empresas estadunidenses? ¿Es rentable la industria petrolera en un corto plazo? Todas estas cuestiones no tienen respuesta simplemente porque Trump tampoco la tiene. La incertidumbre que hay en gobiernos, especialistas y comentaristas en el mundo acerca del futuro de Venezuela no se explica por un secreto bien guardado de la administración estadunidense, sino por la ausencia de un plan bien calculado.
Sus afanes imperiales en América Latina y el Caribe, utilizando la violencia contra los gobiernos que considere peligrosos para la seguridad de su país, tienen pocas posibilidades de hacerse realidad en todo el subcontinente. Brasil, por ejemplo, no es tan vulnerable como Venezuela. Incluso Argentina, Perú y Chile, gobernados hoy o en los próximos meses por simpatizantes de Trump, difícilmente van a romper sus lazos comerciales con China. Tampoco parece realista que el sistema BRICs vaya a esfumarse del mapa del mundo o de Latinoamérica. Las amenazas de Washington se han enfocado en aquellas naciones que considera más débiles como Colombia. No obstante, en mayo de este año se celebrarán elecciones en esa nación y bien podrían esperar sus resultados que pueden no favorecer a la izquierda, lo que tampoco significaría que el gobierno que lo suceda esté dispuesto a entregar incondicionalmente sus riquezas a Estados Unidos. Además, Trump a diferencia de Rubio, dijo que Cuba “no le interesa” probablemente porque sus recursos naturales tampoco.
En el caso de México, una intervención armada para perseguir capos mafiosos o aprehender figuras políticas o empresarios supuestamente ligados con las mafias no tiene sentido en la medida en que la colaboración entre ambos gobiernos y sistemas de inteligencia está en marcha aparentemente sin problemas. En cuanto a la economía, la integración de ambos países es cada vez mayor y muchos empresarios, poderosos e influyentes, han defendido la continuación del TMEC. Las amenazas de Trump sirven, más bien, como medio de presión para las negociaciones de ese tratado.
El poder militar de Estados Unidos no es suficiente para cambiar la situación geopolítica, particularmente de Sudamérica, la cual desde hace años se ha acercado económicamente y en algunos casos política y estratégi-camente a China. Hay cosas que la fuerza de las armas no puede resolver.
Sin embargo, la posibilidad de extender la violencia a otros países, como lo hizo con Venezuela, apoyándose en su aparato técnico y militar notablemente superior a cualquier capacidad de defensa doméstica, es real. Seguramente, esas acciones armadas carecerán de sustento legal y de un plan estratégico: de la misma manera que un asesino serial decide elegir su próxima víctima mediante reflexiones que no tienen que ver con la lógica o el sentido común, sino con sus fobias, caprichos y una percepción deformada de la realidad, Trump puede decidir perpetrar un nuevo golpe en algún lugar del mundo incluyendo América Latina y el Caribe. Los instintos belicistas de Washington parecen responder a un síntoma de ansiedad provocado por la debilidad cada vez mayor de Estados Unidos en la economía mundial, lo que se ha visto reflejado, claramente, en la pérdida de valor y de influencia del dólar estadunidense.
La irracionalidad del “corolario Trump” de la doctrina Monroe y su apuesta por la violencia unilateral puede también dar malos resultados. Si en Venezuela, por ejemplo, se mantiene el régimen político durante este año, más o menos sin grandes cambios, o el petróleo no fluye a Estados Unidos tal como Trump se lo imagina o dice que lo imagina, lo anterior se entendería como una derrota política y diplomática. Una nueva incursión militar, propiciar un golpe de Estado o la división del grupo gobernante, complicaría la crisis venezolana y puede resultar muy costosa en términos de vidas humanas: la situación económica, igualmente, se vería afectada y, con ello, la explotación del petróleo. En lo que respecta al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores , es probable que el juicio dure muchos meses y no salga nada importante a relucir. Por lo pronto, han fabricado dos mártires que, a los ojos de un sector de la opinión pública internacional y de Venezuela, han resistido la crueldad del imperio. Asimismo, es posible que esa estrategia provoque serias fisuras dentro de MAGA y, sobre todo, en el electorado estadunidense, lo cual es de gran importancia tomando en cuenta la proximidad de las elecciones intermedias de noviembre.
No obstante, la imprudencia de Trump puede llevarlo a elegir muy mal el próximo golpe y desatar una respuesta militar por parte de China, la cual tiene a Taiwán como una carta que jugar en una crisis internacional más grave. Por su lado, Rusia se sentirá más confiada en la medida que Trump ha utilizado como único argumento válido el uso de la fuerza para atacar un país, derrocar a su líder y acceder a sus recursos naturales. Incluso Europa se siente más amenazada por el deseo reiterado del jefe de la Casa Blanca de apropiarse de Groenlandia.
Lo anterior mostraría que estamos frente a un gobierno “idiota”, como lo calificaron desde su inicio analistas como De Long y Krugman. Si su política comercial (mediante la elevación de aranceles) ha resultado confusa, desordenada y de dudosos resultados, no se puede esperar otra forma de actuar en el plano militar y diplomático. Sin embargo, en la medida que tiene a su disposición el ejército más poderoso del mundo, este comportamiento resulta sumamente peligroso.
El gobierno estadunidense ha violado la legalidad internacional en otros momentos, como Bush después de los ataques de septiembre 11 a las torres gemelas de Nueva York, invadiendo a países como Irak; o como el asesinato de Bin Laden por órdenes de Obama. Pero el asunto venezolano es distinto, como ha analizado David Coyle en la revista NRB. Argüir la legitima defensa, por el tráfico de drogas desde Venezuela, es insostenible para justificar una agresión militar. El flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos no puede equipararse a un ataque armado o una amenaza militar en su contra. Lo mismo puede decirse en términos de la legalidad interna, dada la falta de notificación al Congreso. La aprehensión de Maduro tampoco puede justificar el asalto. Por un lado porque, de acuerdo con la opinión de los expertos en derecho internacional, se trata de un presidente que goza de inmunidad personal absoluta, conocida como ratione personae, según lo expresado en la Carta de las Naciones Unidas, lo que impide que sea arrestado o juzgado por tribunales extranjeros, inmunidad que no distingue entre presidentes “legítimos” o “ilegítimos” y que sólo tiene dos excepciones: el consentimiento del propio Estado, o una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Inmunidad que, por cierto, alegó el propio Trump cuando trataron de juzgarlo cuando ya había dejado el cargo.
Castigar a los gobiernos que juzga que no hacen bien las cosas o las hacen de otra manera, es un argumento ridículo que se sostiene solamente porque Estados Unidos es un país más poderoso, militarmente, que cualquier nación latinoamericana y caribeña. El ejemplo de la aprehensión de Noriega en 1989 puede ser un antecedente; sin embargo, en este caso, el personaje no era un mandatario electo y Washington no se propuso retomar el control del Canal o apropiarse de alguna de sus riquezas naturales. Además, en aquel momento, la Asamblea Nacional había declarado a Panamá en estado de guerra contra Estados Unidos.
Horas negras esperan a América Latina y quizás al mundo mientras Trump esté al mando. Pueden ser muchas, o quizás menos de las que hoy imaginamos. Dicen que los locos no comen lumbre, quizás los idiotas lo hagan: ojalá que sea pronto y paguen las consecuencias de sus actos.

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Hace unos días se anunció un acuerdo entre los representantes de los empresarios, de los trabajadores y del gobierno que por primera vez en la historia del país involucró dos temas fundamentales: el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. El primer asunto entrará en vigor a principios del próximo año mientras que al segundo le queda un camino más largo por recorrer pues se trata de dos iniciativas presidenciales, una que reforman la Constitución y la otra, la Ley Federal del Trabajo. Para su conclusión, seguramente habrá foros públicos en las cámaras del Congreso y luego tendrán que pasar a su estudio en comisiones y finalmente a debate y votación en los plenos de ambas cámaras (y en los congresos de los estados en el caso del 123 de la carta magna).
Los resultados de las negociaciones, dados a conocer por el gobierno de la república el martes 2 de diciembre, son muy relevantes. Mostraron también un “toma y daca” gracias al cual el gobierno y los empresarios tuvieron que ceder, cada uno por su parte, en temas importantes. La representación obrera que estuvo en la mesa avaló los acuerdos. No obstante, es casi seguro que varios sindicatos independientes manifestarán su disgusto en algunos aspectos de la iniciativa concerniente a la reducción de la jornada laboral.
Y es que en este último asunto la propuesta anunciada por la presidenta tiene varios aspectos que merecen destacarse: desde luego, resulta positivo que se haya pactado la jornada de 40 horas a la semana y que esta enmienda se eleve a rango constitucional. Igualmente, la obligación para los empleadores de “registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización; así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera”.
Sin embargo, al mismo tiempo, se acordó que la reducción entrará en vigor en 2027 y de manera gradual, dos horas cada año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Más importante, y por supuesto discutible, se pactó que la jornada semanal se mantenga como está: seis días de labores con sólo uno de descanso. La propuesta de todos los sindicalistas es de 5 días de trabajo y dos de asueto. Asimismo, la iniciativa dispone que el tiempo extra que se paga “un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias” se fijará en doce horas a la semana en lugar de las nueve que señala la ley vigente, aumento que se hará gradualmente una hora por año desde 2018. Otra concesión a la patronal reside en que se establecen topes demasiado altos para la “prolongación” de la jornada que supere esas doce horas extras, pues se proponen cuatro horas adicionales semanales (que se retribuirían al 200%) y un máximo de doce horas diarias.
La ley, actualmente, indica que “podrá prolongarse la jornada de trabajo… sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres horas diarias en una semana”, aunque de manera contradictoria agrega en otro artículo que, si se exceden estas nueve horas semanales, se pagarán al 200%.
La iniciativa presidencial dispone, por un lado, abaratar las horas extras que se pagan al 100% al extenderse de nueve a doce, y por otro se ponen límites para las que se retribuyen al 200%. Para que quede claro, veamos año por año lo que implica esta parte de la iniciativa presidencial: en 2027, la jornada semanal ordinaria se reduciría a 46 horas, la extraordinaria al 100% quedaría en 9 horas; y la que se retribuye al 200% en 4 horas, dando un total de 59. Para 2028 la ordinaria bajaría a 44 pero aumentaría la que se paga al 100% a 10 horas, más las 4 horas que se retribuyen al 200% dan, asimismo, un resultado final de 59 horas semanales. En 2029, la jornada ordinaria se reduciría a 44 horas y la extraordinaria al 100% se elevaría a 11, más la que se paga al 200% equivalente a 4 horas, da un total de 57 horas semanales. Finalmente, para 2030, la jornada ordinaria quedará en 40 horas, sin embargo, la extraordinaria que se pagaría al 100% se extiende a 12 horas a la que habría que agrega las 4 extras que se retribuirían al 200%, dando una suma de 56 horas semanales.
Finalmente, y no de menor importancia, dado que se mantiene la jornada semanal de 6 días laborables, la prima dominical tampoco se modifica y se queda en 25%.
Estos cambios otorgarían más flexibilidad al empleador para alargar la jornada y contratar a menor precio el tiempo extraordinario. Por su parte, el esquema propuesto induce a los trabajadores a monetizar sus horas libres, es decir a cambiar su tiempo de descanso por más dinero trabajando tiempo extra. De esta manera, el patrón lograría compensar parcialmente la reducción de la jornada pagando menos por las horas extras, y el objetivo anhelado de otorgar más tiempo de descanso al trabajador puede quedar en entredicho.
Es probable que estas concesiones a la patronal se hayan reflejado en un aumento al salario mínimo mayor al esperado. Los representantes empresariales esperaban un aumento para 2026 de alrededor del 11% y resultó en 13%. De esta manera el gobierno lograba un resultado mejor de lo planeado originalmente.
La reducción de la jornada, no obstante los asuntos polémicos aquí señalados, debe considerarse una conquista muy importante que beneficiará en los próximos años a alrededor de 16 millones de trabajadores y trabajadoras que laboran en el sector formal (con la protección de la seguridad social) más de 40 horas a la semana. Tan solo aquellos que (con datos del tercer trimestre de 2025), dedican 48 horas y más a sus labores remuneradas, suman alrededor de 12 millones y medio. Quizás el registro electrónico anunciado pueda ayudar a que el tiempo extra se pague debidamente y a que los trabajadores informales que laboran al servicio de un patrón reciban este beneficio (y se les inscriba en la seguridad social).
Igualmente, el aumento del 13% a los mínimos es destacable porque se ha alcanzado el monto necesario para la adquisición de dos canastas básicas. En este caso los beneficiados, según cifras oficiales, serán 8.5 millones de trabajadores, aunque el efecto puede llegar a un número mayor gracias a las revisiones contractuales y, mediante el llamado “efecto faro” a las personas trabajadoras que ahora perciben hasta dos salarios mínimos.
Las negociaciones que llevaron a pactar los incrementos salariales para 2026 y la iniciativa presidencial para la reducción de la jornada se ubicaron en un contexto económico difícil. El crecimiento del producto para este año será bajo (quizás menor al 0.5%) y las perspectivas para el próximo no son halagüeñas debido a la incierta relación con Estados Unidos y a las políticas de austeridad del gobierno que se han reflejado en una inversión pública reducida. Consecuentemente, la creación de empleos se ha vuelto más lenta. Según las cifras del IMSS, entre noviembre del año pasado y este mismo mes de 2025, el empleo registrado aumentó 0.9%. No estamos en una recesión y no hay despidos masivos, pero la oferta de puestos de trabajo formales tiene cifras negativas en la industria, en particular en la construcción y en la maquila de exportación (ENOE-INEGI tercer trimestre).
Este panorama seguramente fue un ingrediente que se tomó en cuenta para esa negociación que forzó al gobierno y a los representantes empresariales a ese “toma y daca” con los resultados señalados.
En fin, queda todavía un espacio de tiempo (probablemente los primeros tres o cuatro meses de 2026) para el debate de las iniciativas que buscan reducir la jornada laboral. Esperemos que se lleve a cabo bajo mejores expectativas económicas mundiales y locales, y que la voz de los trabajadores y de todos los interesados en mejorar el bienestar de los mexicanos sean escuchadas en las cámaras de diputados y senadores.

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Una marcha nutrida y pacífica que transitó por el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino culminó con una violenta acometida por grupos anónimos contra la policía de la Ciudad que duró varias horas. Como ha sido documentado por diversos medios de comunicación, así como por testimonios y videos que han circulado en las redes sociales, no hay duda de que la agresión fue desatada por esas personas, la mayoría encapuchas o con cascos. Aun más, es evidente que los agresores iban bien preparados para cometer el asalto. Se trató, por lo tanto, de un “movimiento contra la autoridad constituida”, un motín, que buscaba dejar patente su inconformidad mediante la gresca. Es crucial dilucidar cómo se desató la violencia pues ello explica los orígenes de la manifestación, los acontecimientos del sábado y sus secuelas. A pesar de las evidencias, ahora los simpatizantes de esa movilización alegan que la agresión fue iniciada por los uniformados, lo que revelaría el carácter represivo del gobierno de México. En realidad, este argumento busca justificar la provocación y dar nuevos argumentos para continuar las movilizaciones.
La disputa por la narrativa seguirá durante un tiempo; no obstante, resulta interesante entender los objetivos que intentaron alcanzar ese día. De acuerdo con declaraciones de algunos asistentes, lo que se propusieron era “entrar a Palacio Nacional” (o por lo menos a la Suprema Corte y al edificio del gobierno de la Ciudad). Algunos más, simplemente buscaron agredir a la policía. Todos, con el propósito de debilitar al gobierno. En parte lo lograron: los niveles de violencia fueron muy aparato-sos.
Por otro lado, también destaca que las razones que movieron a los manifestantes fueron varias, pero no claramente expresadas. En esto se diferenciaron de muchas marchas, con diversos signos políticos e ideológicos que han llegado al Zócalo. Desde luego pusieron el acento en la inseguridad, sin embargo añadieron consignas que desdibujaron ese propósito. Muchos participantes afirmaron simplemente “fuera Morena” y que “todo estaba mal”. Asimismo, dijeron simpatizar con estrategias como las de Trump y Bukele. Y, para colmo, no escatimaron consignas hirientes y misóginas contra la presidenta. Importa esto porque se trata entonces de un movimiento iracundo que carece de un programa o un conjunto de demandas que puedan ser atendidas en un diálogo con la autoridad. Esa posibilidad, por lo pronto, no existe con estos inconformes.
Finalmente, y quizás más importante, los agresores recibieron un apoyo constante de los asistentes a la marcha, algunos de los cuales los azuzaban para seguir agrediendo a la policía. Aunque hubo otros que llamaron a la calma y al cese de hostilidades, se impuso la voluntad de prolongar la refriega. Algunos simpatizantes de la marcha relataron que hubo señoras que “dieron su bendición” a los agresores. Los uniformados tuvieron que enfrentar, en estas condiciones, no sólo a pequeños grupos sino a una muchedumbre. Varias horas duró el combate, lo cual llevó a excesos policiacos que deben ser investigados y castigados, así como a revisar los sistemas de inteligencia, capacitación y preparación de los elementos.
Lo anterior no debe llevarnos a subestimar la importancia de la protesta del sábado 15. No ayuda mucho discutir si esa marcha y el tumulto posterior refleja el sentir de la juventud mexicana. Tampoco si fue alentada, preparada y financiada por empresarios, políticos, ideólogos de derecha y ultraderecha, y bots pagados con millones de pesos. Importa más reconocer que fue una manifestación numerosa, con mucha rabia, y convencida de que esta administración, electa en 2024, debe ser destituida ya que no puede ofrecer soluciones a los problemas del país y, al contrario, es cómplice del crimen organizado.
Si muchos de los marchistas consideran que no hay posibilidad de entendimiento, la única salida es la revocación de mandato. Esta posibilidad, por la vía electoral, está cerrada hasta el 2027 o 2028, así que sólo la manifestación callejera puede hacerlo posible. Como afirmaron el día después, algunos participantes, “la inconformidad de una sociedad que estuvo muy cerca de llegar a Palacio Nacional, lo volverá a intentar”.
Frente a esta postura, el gobierno no puede simplemente descalificar los acontecimientos. La inconformidad, en buena medida de orientación ultraderechista, debe ser respondida con eficacia y contundencia para lograr una mayor seguridad de los ciudadanos. No deja de ser paradójico que este gobierno, el de Sheinbaum, más decidido que su antecesor a dar la lucha frontal contra el crimen organizado, sea acusado de estar aliado con las bandas del narcotráfico.
Y es que, precisamente, el que se haya mostrado la penetración del crimen organizado en diversas instituciones del Estado mexicano ha aumentado la cólera en lugar de disminuirla. Porque fue esta administración la que sacó a la luz la complicidad de elementos de la Marina en el llamado huachicol fiscal y la verdadera identidad delictiva del secretario de seguridad del gobierno de Tabasco. A esto hay que agregar, por supuesto, el crimen del alcalde de Uruapan y las disputas al interior de Morena que llevaron a Manzo a la oposición.
Algunos comentaristas que, por cierto, no son simpatizantes de la Cuarta Transformación como Ricardo Raphael han especulado que “el contingente de personas armadas” que actuaron el sábado podrían ser “sujetos bajo las órdenes de los carteles criminales que operan en la Ciudad de México”.
Hasta ahora no hay pruebas de esos dichos. En cualquier caso, el gobierno no puede ceder, y está obligado a sanear las instituciones de la república y perseguir la corrupción, fundamentalmente aquella que ha permitido la penetración del crimen organizado. No ha sido suficiente perseguir y encarcelar a las bandas. Romper los vínculos entre funcionarios y delincuentes es quizás el paso más difícil pero indispensable no sólo para los intereses políticos de la 4T; también para el mantenimiento del estado de derecho.
En otros países hemos visto rebeliones contra gobiernos electos legítimamente. En algunos casos han tenido éxito y los funcionarios, incluyendo presidentes, han tenido que irse. Así sucedió, por ejemplo, Argentina en 2001 o Chile en 2019. Se trató de movimientos sociales que hicieron uso de la manifestación callejera e incluso de la violencia; sin embargo, habían levantado un conjunto de demandas claramente reconocidas. Un caso muy distinto fue el de los simpatizantes de Bolsonaro en Brasil, los cuales trataron de impedir la transición de gobierno: fracasaron y fueron castigados posteriormente.
En México, estamos presenciando manifestaciones de inconformidad diversas, con pliegos petitorios como los maestros de la CNTE o de las organizaciones campesinas. Los manifestantes del sábado, en su gran mayoría, no tienen inspiración social. Lo que los distingue es su rabia, su oposición, sin concesiones, al gobierno actual. Y, en el futuro, si no hay respuestas convincentes a ese clamor, las movilizaciones pueden resurgir con más fuerza e incluso traducirse en votos contra Morena y sus aliados.
Los éxitos de la ultraderecha en América Latina no han sido producto solamente de la manipulación. Han respondido a serios errores de la izquierda gobernante y a su incapacidad de entender el malestar de la sociedad. Muchas de las personas que se manifestaron el sábado, lo hicieron, en efecto, con la idea de que se requiere un gobierno de mano dura. Hay que construir, por lo tanto, una nueva mayoría que no se reduzca a los aparatos políticos de la Cuatro T y que incluya a muchos contingentes que buscan la transformación pero que no quieren ser sometidos políticamente.
El reto del gobierno de la presidenta Sheinbaum puede formularse de esta manera: más contundencia para acabar con la corrupción, y más apertura al pensamiento y a los actores sociales que buscan construir un país en paz y con una vida digna para todos y todas.

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Apenas se conocieron los resultados de la elección del domingo 25 de octubre en Argentina, los cuales favorecieron al partido del presidente Milei, el mandatario anunció una reforma que busca, dijo, la “modernización laboral”. Por este último término, según comentarios que recogió el diario de Buenos Aires, Página 12, lo que se pretende es una nueva flexibilización laboral. A pesar de que el gobierno ha señalado que dicha reforma “no implica una pérdida de derechos”, las centrales sindicales de ese país se han puesto en guardia. Consideran que se trata de un nuevo intento para “destruir la barrera que representa la legislación laboral y, naturalmente, el movimiento obrero” y ponerlo a tono con el “programa económico vigente que tiene como únicos beneficiarios a los grandes empresarios y al capital financiero”.
Según los dirigentes sindicales,
el auge de las importaciones está afectando severamente la industria y el comercio domésticos “Han quebrado casi veinte mil empresas de distintas actividades. El poder de compra, los salarios reales y el consumo se han derrumbado y más de 200 mil empleos se han perdido. Los bienes transables (para exportación) no son competitivos al mismo tiempo que la política económica del gobierno ha abierto las fronteras y ha inundado al país de productos importados, todo lo cual ha generado una recesión, particularmente en la creación de nuevas plazas de trabajo”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más grande e históricamente más influyente, expresó, a través de uno de sus dirigentes que su organización tiene preparado un “menú táctico” que incluye “primero la acción política, luego judicial, y si hace falta, paros y movilizaciones”.
Los sindicalistas sospechan que la reforma anunciada por Milei se basará en un proyecto presentado en el Congreso el año pasado por algunos legisladores afines a su mandato. Para imponerla será necesario, dice un comentarista de Pagina 12, “algo que sistemáticamente hacen los gobiernos liberales y es la estigmatización de los sindicatos, de los abogados laboralistas y, por ende, del andamiaje legal que protege a los empleados y también la justicia del fuero laboral”. El diario argentino agrega que dicho proyecto no es nuevo. Ya lo intentó la dictadura militar, el menemismo y la administración de Macri. El objetivo ha sido, siempre, la destrucción de los derechos de los trabajadores.
La propuesta mencionada incluye nuevas facultades para el empleador. En uno de sus artículos plantea que los patrones podrán “introducir todos los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”. Y agrega que “Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa”. A pesar de las salvedades, resulta claro que facilitan al empleador la imposición de sus condiciones a los trabajadores, los cuales no tendrían más opción que pedir su separación del trabajo.
Una de las cuestiones más preocupantes que han destacado los sindicalistas se refiere las enmiendas legales que permitirían modificar la jornada para que “se adecue a los cambios en las modalidades de producción… A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios (días de descanso obligatorios)”, entre otras prestaciones.
Ante la posibilidad de que un proyecto semejante sea retomado por el gobierno y sus parlamentarios, uno de los dirigentes del sindicato de la industria de la construcción (UOCRA) advirtió que la CGT está dispuesta a desarrollar “la movilización y acciones contundentes” si el presidente Milei decide imponer una reforma laboral regresiva. Y agregó: “No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos en la defensa de nuestro derecho”.
Los sindicatos argentinos tienen razón en prepararse ante un escenario adverso. Los votos obtenidos por La Libertad Avanza (LLA), un asomo de división en la CGT, y una parálisis programática e ideológica del peronismo, el principal núcleo opositor al gobierno, pueden animar al bloque gobernante a imponer severas (contra) reformas como la laboral.
Aparentemente, según comentaristas locales y extranjeros, la influencia de Estados Unidos en las elecciones fue un factor determinante para entender sus resultados. Como se ha señalado, pocos días antes de los comicios Trump anunció un salvamento de 40 mil millones de dólares, pero advirtió que se retiraría dicho apoyo si Milei no ganaba los comicios. Aunque ningún indicador social ha mejorado durante su gobierno; existe una situación económica deplorable; y ha sido acusado de varios actos de corrupción, el oficialismo logró buenos resultados, mejores incluso de los que se esperaban.
Todavía muchos se preguntan si los votos obtenidos representaron un verdadero apoyo a Milei o simplemente fueron producto del chantaje de Trump. Sin embargo, reconocen que muchos votantes se inclinaron en favor de la estabilidad después de años de una inflación desbocada. Hay que recordar que la administración actual bajó el ritmo de aumento de precios de casi 200 por ciento anual a 30 por ciento. También ha destinado miles de millones de las reservas del país para mantener un peso sobrevaluado. Ese indicador ha resultado muy importante. Hay quien ha afirmado que, en Argentina, “un dólar barato gana elecciones”. Igualmente, influyó el voto antiperonista el cual se explica por sus divisiones internas, sus malas cuentas económicas y las acusaciones de corrupción. Todo ello explicaría la aversión de muchos votantes a un nuevo colapso económico y la eficacia de las amenazas de Trump.
Lo que parece indudable es que los planes del gobierno van dirigidos contra los trabajadores. Su lenguaje aparentemente “libertario” oculta sus verdaderas intenciones: favorecer al capital y combatir a los sindicatos para imponer reformas legales que menoscaben los derechos laborales. Se trata, como han afirmado dirigentes gremiales y comentaristas opositores, de viejas recetas que tratan de ponerse en práctica otra vez. Nada realmente nuevo representan Milei y su partido.
El caso argentino puede considerarse excepcional en América Latina. No obstante, muestra la enorme influencia de Estados Unidos en el rumbo de los países de la región, y su cada vez mayor injerencia en nuestros asuntos internos. Al mismo tiempo, la economía mundial se ha visto sacudida debido a las medidas de Trump en materia comercial. Frente a una creciente incertidumbre, la estabilidad es vista como un objetivo, no importa el costo social y económico, la pérdida masiva de empleos y la caída del poder de compra de la población, en especial de los salarios. Finalmente, se revela que los errores y la arrogancia del poder de un gobierno o partido político que se proclama progresista pueden despertar reacciones populares muy dañinas para la convivencia democrática y las aspiraciones de un mejor nivel de vida para los trabajadores y sus familias.
Ante el deterioro de la oposición política de izquierda o progresista, los sindicatos tienen hoy la posibilidad de frenar los planes de Milei. En los próximos meses veremos si es posible, o finalmente ceden ante una correlación de fuerzas que aparentemente no les favorece. No obstante, hay que recordar que los trabajadores argentinos han logrado cambiar la historia en otros momentos aún más sombríos. La movilización callejera a veces se ha impuesto ante un panorama electoral que presagiaba la continuidad de las políticas neoliberales.

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El tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (TMEC o USMC por sus siglas en inglés), aprobado entre 2018 y 2019 y en vigor desde 2020, introdujo dos cambios muy importantes en materia de trabajo: el capítulo 23 y su Anexo que obligó a México a reformar sus leyes e instituciones laborales; y el Anexo 31-A que se incluyó casi en el último momento y estableció el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), en inglés Rapid Response Labor Mechanism (RRLM). Por medio de este mecanismo un gobierno (Estados Unidos) puede reclamar a otro (México) la violación de derechos laborales en una “instalación de producción cubierta” y, en caso de no haber acuerdo, someter el asunto a un panel, el cual verifica la petición bajo ciertos requisitos. Si se confirma, podrá solicitar al gobierno demandado tomar medidas para la reparación de esas violaciones. Sin embargo, igualmente, el gobierno reclamante tiene la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no cumplan con la ley. Estas sanciones pueden ser aranceles más elevados o multas, particularmente en los casos de negación de los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva.
El MRR se puede aplicar solamente en sectores económicos “prioritarios” principalmente manufactura de exportación y minería. Además, el gobierno estadunidense creó un Comité Laboral Interinstitucional, el cual es responsable de supervisar la implementación y cumplimiento de las obligaciones en materia laboral contenidas en el Tratado y en las leyes mexicanas. El verdadero objetivo del MRR fue, desde el principio, permitir a Estados Unidos tomar medidas contra empresas establecidas en México que no respetan los derechos laborales. Tiene un carácter unilateral que hace casi imposible que México utilice el MRR para denunciar y exigir el cumplimiento de esos derechos en Estados Unidos.
Diversos informes han señalado que las disposiciones del TMEC “no han sido los esperados” para generar un auténtico movimiento laboral democrático, pues apenas unos 27 mil trabajadores han sido beneficiados por el MRR. A pesar de ello, representantes de organizaciones democráticas han coincidido en que este mecanismo ha sido el instrumento más efectivo del TMEC para hacer valer los derechos de los trabajadores mexicanos.
Hasta octubre de este año, según un reporte del comité independiente de expertos laborales para México, nombrados por el Congreso de Estados Unidos, el MRR había iniciado 39 casos en empresas instaladas en nuestro país, la mayoría de capital estadunidense vinculadas al sector automotriz. Las quejas surgieron, principalmente, de sindicatos independientes mexicanos y, en menor medida, de los gobiernos de nuestros socios comerciales.
Desde luego, el MRR no puede ser el principal instrumento para cambiar las condiciones de trabajo y la vida sindical de México. Esta tarea debe corresponder en primer lugar a los asalariados, a sus organizaciones gremiales legítimas y a las autoridades laborales de nuestro país, aunque se requerirá, asimismo de un fortalecimiento de las alianzas entre sindicatos democráticos, asociaciones civiles y personalidades progresistas de las tres naciones.
No obstante, como es sabido, el próximo año 2026 se revisará el TMEC y resultará inevitable poner a discusión su capítulo laboral y, en particular, las deficiencias y bondades del MRR.
Este debate se realiza en una situación de gran incertidumbre debido a las políticas cambiantes del gobierno de Trump en materia comercial y acerca de la relación bilateral entre nuestros países.
No está claro, por ende, cuál será la postura del gobierno de Estados Unidos en lo que se refiera al tema laboral del TMEC. En principio, habría tres posibilidades. Una, que esta parte del Acuerdo no se modifique y el MRR siga operando en los mismos términos; una segunda, que este Mecanismo se refuerce tomando en cuenta la experiencia de estos últimos años y las recomendaciones de sus expertos; y una tercera, que el gobierno de Washington ponga más el acento en las “reglas de origen” y descuide o incluso suprima diversas disposiciones incluyendo el MRR. Si Trump sigue considerando que el problema principal es el déficit comercial entre nuestros dos países, es probable que haga más insistencia en las reglas de origen alegando que las mercancías destinadas a la exportación a Estados Unidos deben producirse por trabajadores con salarios sustancialmente más elevados. Si eso no sucede, dichos bienes podrían ser materia de aranceles muy costosos para las empresas. Otra posibilidad reside en que el gobierno de Washington considere que el problema en el que debe enfocarse sea el freno al creciente poder económico de China, por lo que podría poner más interés en reforzar las cláusulas laborales y el MRR. En este complejo panorama faltaría también conocer la opinión de la representación de las empresas que invierten en México, y de los sindicatos estadunidenses. Seguramente los primeros objetarán el MRR y los segundos apoyarán su fortalecimiento.
Sin embargo, más allá de estas dudas, resulta necesario que el gobierno y los sindicatos mexicanos tengan una posición común. Afortunadamente, el pasado 14 de octubre un conjunto de sindicatos independientes dio a conocer la entrega de un documento a las secretarías de Trabajo y Economía, titulado “Desde la acción sindical hacia políticas comerciales justas”, con el propósito de participar activamente en el proceso de revisión del TMEC. El objetivo consiste en “dar voz a activistas, líderes sindicales, y personas trabajadoras… actores del movimiento sindical democrático”. En dicho escrito planearon varias recomendaciones para ampliar y robustecer el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y reforzar la capacidad de las instituciones mexicanas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Las más destacadas son: establecer (gradualmente) un salario mínimo regional en los sectores estratégicos cubiertos por el T-MEC, con énfasis en el sector automotriz y de autopartes; reducir la carga probatoria para los trabajadores que presentan quejas bajo el MLRR; ampliar la cobertura del Capítulo Laboral a sectores agrícolas, de servicios y de plataformas digitales en los tres países; y fortalecer la inspección y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) para que cuenten “con una mayor capacidad para emitir sanciones efectivas”.
De esta manera, el documento busca mejorar las remuneraciones de los trabajadores mexicanos mediante “mesas de diálogo” trilaterales con la participación de las empresas, los sindicatos y las autoridades laborales; facilitar y hacer más sencillos el acceso de los trabajadores a los trámites y estudios necesarios para activar la queja prevista en el MRR; terminar con la unilateralidad del MRR, ya que la posibilidad de su aplicación en Estados Unidos es prácticamente nula por diversas razones legales y políticas y, por lo tanto, coadyuvar a la protección de los trabajadores migrantes documentados e indocumentados. Igualmente, ampliar la cobertura del Capítulo Laboral y el MRR a sectores no contemplados actualmente en el Mecanismo, particularmente al sector agrícola. Y, finalmente otorgar más recursos y facultades a las autoridades mexicanas del ramo (el CFCRL y la Secretaría del Trabajo) para, entre otras cosas, emitir sanciones efectivas a los actores que violen los derechos de los trabajadores (líderes sindicales y empleadores) especialmente en materia de democracia sindical y negociación colectiva. Finalmente, las propuestas buscan que se lleve a cabo una consulta permanente con las organizaciones y activistas sindicales en cada una de las etapas del MRR, lo que podría ayudar a que los casos no se cierren sin escuchar su opinión; a que las violaciones a la ley sean realmente tomadas en cuenta; y a que los colectivos de trabajadores que se oponen a los líderes corruptos y a empresas abusadoras no sean reprimidos.

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De acuerdo con las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi (ENOE) correspondientes a agosto de este año, dicho periodo fue particularmente malo (quizás atípico). La población ocupada disminuyó en más de 1 millón 300 mil personas respecto al mes anterior. Esto se debió principalmente a la caída de la Población Económicamente Activa (PEA) y por lo tanto al crecimiento de la Población económicamente no Activa. En este renglón, la disponible, es decir aquellas personas que no buscaron trabajo, pero declararon que lo necesitaban aumentaron en más de 400 mil personas. Lo anterior arrojó una tasa de desempleo extendida (sumando el desempleo abierto con este rubro) de casi 11 por ciento la más alta desde diciembre de 2022 (Siller, 01102025).
Tomando en cuenta los datos en comparación anual (entre agosto de 2024 y agosto de 2025) el panorama es también desalentador. La población ocupada disminuyó en más de 200 mil personas, la inmensa mayoría del sexo masculino, y la población económicamente activa no disponible la hizo más de dos millones (hombres y mujeres en casi la misma proporción). Asimismo, los trabajadores asalariados disminuyeron en 250 mil personas y los trabajadores por cuenta propia en casi 350 mil. Destaca la baja de la ocupación en la agricultura con más de 500 mil trabajadores; en el sector secundario, en la industria de la construcción, la disminución fue de más de cien mil personas. Por otro lado, los trabajadores que ganaban hasta un salario mínimo disminuyeron en casi 3 millones lo que no fue compensado por aquellos que recibieron salarios más elevados (la cifra de trabajadores con ingresos no especificados según la ENOE fue muy alta, se elevó en casi 2 millones y medio).
Estos datos, en comparación mensual o anual, revelan que una cantidad importante de personas mayores de 15 años decidieron retirarse del mercado laboral seguramente por encontrar condiciones adversas en el ámbito formal e informal. Y que la falta de puestos de trabajo se reflejó sobre todo en la agricultura, la construcción y la maquila, afectando a los trabajadores de menores ingresos.
Aunque el total de trabajadores en la industria manufacturera se mantuvo casi igual entre 2024 y 2025, en la Industria maquiladora de exportación se registraron cifras negativas. Hasta julio el personal ocupado había retrocedido 3.6 por ciento (tasa anual), el mayor desplome dese 2020, acumulando 19 meses de caída.
Las cifras del IMSS confirman la situación. Entre julio y agosto de este año se registraron apenas 14 mil plazas nuevas. En comparación anual (agosto 24-agosto 25) únicamente 65 mil registros nuevos.
Es posible que los problemas climáticos hayan afectado el empleo en agosto de este año; no obstante, los datos del IMSS reflejan que, en realidad, la tendencia decreciente del empleo empezó desde diciembre de 2024 y no ha mejorado.
Otros indicadores de la ENOE son menos pesimistas: la tasa de subocupación disminuyo levemente y también lo hizo la informalidad. Sin embargo, esas cifras pueden deberse al repliegue de la población que ya no buscó empleo ni decidió ocuparse por su cuenta.
Varios factores han motivado esta evolución. El crecimiento económico sigue siendo flojo y se calcula por diversos organismos, por ejemplo, el Banco Mundial, en apenas un 0.5 por ciento para este año. Por su parte, el gasto público, particularmente el gasto programable (el que se destina a los ramos de las secretarias; a las empresas del gobierno y a la inversión) había caído en más del 7 por ciento en términos reales en los primeros ocho meses de 2025. En comparación, el costo financiero de la deuda había aumentado en más de 9 por ciento. Hay que destacar que el déficit calculado para agosto era menor de lo programado lo que mostraría que Hacienda sigue restringiendo el gasto, privilegiando la estabilidad y el pago de la deuda por encima del crecimiento.
Además, el consumo privado crece lentamente. Aunque los efectos negativos en la creación de empleos no han impactado de lleno los incrementos salariales, el salario base de cotización del IMSS alcanzó en agosto de este año $630.7 pesos, un aumento nominal de 7.4 por ciento y de menos del 4 por ciento descontando la inflación. Sin embargo, la inversión ha mostrado cifras muy preocupantes. En el segundo trimestre de este año, a tasa anual, la pública había caído casi 20 por ciento y la privada en poco más el 4 por ciento.
La única señal positiva han sido las exportaciones de bienes y servicios, las cuales crecieron en 12 por ciento en el segundo trimestre lo que da cuenta de que, a pesar de las políticas de Trump y la incertidumbre mundial, el (débil) crecimiento de México se ha apoyado en este sector. Lo anterior pude deberse, según algunos especialistas, a que el cobro de aranceles a cargo del gobierno de EU no se ha aplicado según el discurso del presidente y a que algunas ramas, como equipo de cómputo, han despuntado mientras, por ejemplo, la exportación de autorefacciones se ha caído o estancado.
No obstante, las tensiones internacionales persisten a nivel mundial y la relación bilateral entre México y Estados Unidos se mantiene en la incertidumbre. En este último caso, la negociación del T-MEC se ve cada vez más compleja no sólo por los deseos de Trump de restringir las importaciones sino también por utilizar la política comercial para condicionar a nuestro país en materia migratoria y en los temas de narcotráfico. Además, la economía estadunidense parece ir más lenta.
Por todo ello, el panorama laboral se ve oscuro y complicado. Lamentablemente, es probable que muchos trabajadores enfrenten en lo que resta del año serias dificultades para conservar su trabajo o conseguir uno. Y que incluso las actividades por cuenta propia resulten menos rentables que en el pasado inmediato. De la misma manera, estamos observando presiones de los empleadores para limitar los aumentos a los salarios contractuales. Y no se descarta que el gobierno decida frenar la aprobación de nuevas reformas laborales como la semana de 40 horas. El incremento de los mínimos para 2025, igualmente, puede resultar más complicado que en años anteriores.
Hay la expectativa de que el próximo año sea más favorable: se calcula que el crecimiento económico será mayor que el de este año (el BM lo sitúa en 1.4 por ciento y el gobierno en 2.3 por ciento). Sin embargo, tal cosa dependerá de que se acelere el gasto y la inversión pública, y al mismo tiempo aumenten las exportaciones y la inversión privada nacional y extranjera. Pero un mejor año no se decidirá a partir del primero de enero. Tiene que construirse desde hoy. Y para ello, se requiere una política económica que promueva el desarrollo lo cual, a pesar de planes y discursos no ha ocurrido. Al mismo tiempo se necesita una estrategia de diversificación comercial que no puede esperar hasta la firma del T-MEC o lo que surja en su lugar. Finalmente, un aterrizaje del Plan México en los hechos, no sólo dibujado en un hipotético futuro, es indispensable.

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La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el mes pasado su Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2025. En dicha publicación se asegura de manera enfática que “fortalecer la política fiscal es una condición necesaria para cualquier estrategia de desarrollo”. Es decir que para lograr un mayor crecimiento económico y para cubrir las necesidades de la población en materia de educación, salud y protección social, se requiere cambiar la política tributaria.
Esta conclusión, se explica, en primer lugar, por la desaceleración generalizada de la economía mundial tanto en los países avanzados como en las regiones en desarrollo, en un contexto de alta incertidumbre y tensiones crecientes. Se vislumbra –agrega el estudio– “una disminución del comercio mundial y una caída de los flujos de capital hacia las economías emergentes” debido al incremento de los conflictos geopolíticos y la fragmentación de la cooperación mundial.
En el caso de América Latina, la CEPAL asegura que “se confirma un decenio de bajo crecimiento en el periodo 2016-2025, el cual ha sido inferior al registrado en los años ochenta (cuando ocurrió la crisis de la deuda y varias naciones, incluyendo México, dejaron de pagar sus obligaciones externas).
Para salir de este casi estancamiento, América Latina debe aumentar la inversión, la tasa de participación de las mujeres y los jóvenes en la ocupación, y mejorar la educación. Todo lo anterior requiere superar un problema central: el reducido espacio fiscal de los gobiernos de la región debido al aumento de los intereses de la deuda pública. Es decir, para pagar a sus acreedores, los gobiernos han optado por contener su gasto a pesar de que las necesidades de la población se han seguido abultando.
El envejecimiento de la población presiona cada vez más las instituciones de salud, las pensiones y los servicios de cuidado. Al mismo tiempo, ha habido una mudanza en el perfil epidemiológico, caracterizado por una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, cuyo tratamiento implica costos más elevados y, por ende, mayores necesidades de financiamiento. Igualmente, el cambio climático requiere mayores inversiones. Y, sin duda, las desigualdades sociales y los niveles de pobreza existentes requieren un mayor y mejor gasto social.
La CEPAL abunda. El envejecimiento de la población ha provocado una elevación del gasto en pensiones. Los sistemas contributivos (administrados por las Afores) han requerido ingentes recursos fiscales que, sin embargo, no han resuelto problemas como su cobertura o el pago de jubilaciones dignas. Por ello, los gobiernos han tenido que implementar programas de pensiones no contributivos (como el programa universal de adultos mayores en México). Así, dice la CEPAL, en el año 2000 el gasto en estas pensiones, financiadas en su totalidad por el gobierno, representaban en promedio apenas el 0.15 por ciento del PIB mientras que en 2021 se habían triplicado alcanzado un promedio del 0.42 por ciento del PIB.
La CEPAL insiste en que América Latina necesita, en particular, aumentar la inversión pública pues ésta juega un papel central “en la provisión de servicios económicos –como infraestructura e investigación y desarrollo–, así como en reglones esenciales, como educación, salud pública, seguridad y justicia”. Sin embargo, agrega la CEPAL, ésta “se ha reducido, lo que ha debilitado el papel del Estado como motor del crecimiento”.
La carencia de recursos se agudiza no sólo por las presiones del gasto social (las pensiones) y el aumento del servicio de la deuda. También porque existe “una recaudación tributaria baja y regresiva”. “Los ingresos tributarios en la región, que en promedio representaron un 21.3 por ciento del PIB en 2023, distan significativamente de los niveles observados en economías desarrolladas, 34 por ciento del PIB en 2022 para el promedio de países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La CEPAL agrega que, en América Latina “la recaudación se concentra en los impuestos al consumo de bienes y servicios y en menor medida en el gravamen sobre la renta y las ganancias de capital. En los países de la OCDE sucede lo contrario: estos gravámenes son notablemente mayores que los impuestos a los bienes y servicios.
El estudio advierte que los impuestos al consumo tienden en su mayoría a ser regresivos (afectan más a las personas de menores recursos) mientras que el que afecta la renta de las personas físicas, tiene, como lo demuestran diversos estudios, un diseño “altamente progresivo”. A esto se suma una evasión fiscal en nuestra región, que alcanzó los 433 mil millones de dólares anuales en 2023.
Así las cosas, “los ingresos tributarios se estancaron y no fueron suficientes para sostener el nivel de gasto público, lo que derivó en déficits fiscales elevados y persistentes (y) en un aumento significativo del endeudamiento público”. En consecuencia, el nivel promedio de deuda pública del gobierno central en América Latina aumentó de un mínimo del 29.4 por ciento del PIB en 2008 al 51.2 por ciento del PIB en 2024”. Peor aún, “durante los últimos años, el incremento de los pagos de intereses fue contrarrestado, en parte, con recortes en la inversión pública”. La adquisición de activos fijos fue el componente más afectado, lo que llevó a la paralización de proyectos de infraestructura y a restricciones en la compra de maquinaria.
Por ello, la CEPAL propone “una política fiscal transformadora”. Una primera medida consistiría en “aumentar las tasas máximas del impuesto sobre la renta de las personas físicas… y garantizar que las ganancias de capital sean gravadas de forma amplia y efectiva”; y agrega “para complementar estas acciones, puede explorarse la posibilidad de implementar gravámenes a la propiedad, la riqueza individual o familiar, y a las herencias”.
Igualmente, propone revisar el IVA, pero destaca la necesidad de “ampliar la cobertura y la calidad del gasto público”. Asegura que es fundamental “fortalecer el sector de los cuidados mediante el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo no remunerado”. Y agrega que, en el ámbito de la salud, es preciso mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como capacitar al personal médico en el uso de herramientas digitales. Finalmente, señala que es esencial “superar la lógica subsidiaria y promover la inversión en infraestructura social y servicios básicos”. Es decir, revisar los programas de transferencias monetarias de tal manera que no debiliten el gasto en la construcción de nuevas escuelas, hospitales y renglones como el abastecimiento de agua, drenaje y vivienda.
Finalmente, la CEPAL considera que es “indispensable reconfigurar la arquitectura financiera internacional” ya que actualmente socava las reformas tributarias nacionales pues prevalece la elusión y evasión de tributos corporativos impulsados por la digitalización acelerada de la economía mundial. Además, “la competencia en la tributación a las empresas entre países resta recursos a los gobiernos de la región para el financiamiento del desarrollo”. También, agrega, “son motivos de preocupación los flujos financieros ilícitos”.
Las recomendaciones de la CEPAL parecen chocar con las prioridades políticas de la mayoría de los gobiernos de América Latina los cuales han escogido el camino del endeudamiento para mantener su gasto al mismo tiempo que dedican cada más recursos para sufragar los intereses de esos préstamos. Un círculo vicioso que los ha llevado a disminuir, sobre todo, la inversión social y en proyectos productivos. Por otra parte, el poder de las grandes empresas trasnacionales ha dificultado el control de la evasión fiscal. Sin embargo, según esa institución, no hay otra salida más que fortalecer las arcas públicas gravando más a las personas más ricas. Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y Uruguay han acordado impuestos al patrimonio y la riqueza. Brasil, por su lado, desde 2024, grava a individuos con grandes fortunas (superiores a mil millones de dólares) con una tasa mínima del 2 por ciento. Estas experiencias deben estudiarse para tomar una decisión que, como en México, es cada vez más urgente si, por ejemplo, el Plan México se va a tomar en serio.

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El lunes 8 de septiembre el secretario de Hacienda presentó el llamado “paquete económico” del gobierno federal que consiste en: los Criterios generales de política económica; la iniciativa de la Ley de ingresos; y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Todos esto documentos intentan formular la estrategia y los instrumentos de la conducción de la política económica y atisbar la evolución de la economía nacional durante el próximo año.
En este caso, el paquete nos presenta un escenario más pesimista para 2025 y más optimista para 2026. En efecto, para este año, de un estimado original de crecimiento de alrededor de 1.9 por ciento calculado en marzo por Hacienda, ahora lo deja en apenas 1 por ciento promedio. En cambio, para 2026 originalmente se había proyectado un crecimiento de 2 por ciento y lo eleva en el paquete al 2.3 por ciento.
Junto a ello también prevén mejores condiciones, por ejemplo, en materia de tasas de interés: para 2026 antes lo calculaban en 7 por ciento y ahora en 6 por ciento. La inflación esperada no se modifica: queda en 3 por ciento y bajaría de la estimada para 2025 de 3.8 por ciento. La paridad peso-dólar para el próximo año se revalúa, de 19.70 prevista en marzo, a 18.90 para el próximo año.
Lo más importante, sin embargo, es que el déficit público (amplio) ya no se reduce tanto como lo planeado en marzo. Pasa de un estimado de entre 3.2 y 3.5 originalmente, a 4.1 por ciento del PIB para este año; para 2026 se preveía en alrededor de 4 por ciento y en el paquete se calcula que terminará en 4.3 por ciento.
Lo anterior parecería indicar que las políticas de austeridad se han abandonado parcialmente y ahora se apuesta a un crecimiento económico mayor sin una inflación más elevada. Asimismo, se espera un ligero incremento de la deuda pública, la cual se ubicaría en 52.3 por ciento del PIB para 2026, inferior a la prevista para este año (52.4 por ciento), aunque por encima de lo aprobado por el Congreso (51.4 por ciento).
La estrategia apuntada tiene riesgos y algunas cifras pueden resultar optimistas. No obstante, es mejor que otro apretón al gasto, el cual este año ha sido muy severo, por lo menos en el primer semestre. De acuerdo con las cifras de Hacienda , hasta julio de 2025, el gasto neto total se había reducido en casi 4 por ciento en términos reales respecto a 2024 y el gasto programable en casi 8 por ciento. Así, el déficit (balance presupuestal del sector público) se había encogido en ese periodo de 2025 en casi un 35 por ciento respecto al año pasado. Los efectos de estos tijeretazos se reflejaron por ejemplo en que los recursos para el IMSS habían disminuido en 12.4 por ciento respecto al año anterior y para la CFE en casi 42 por ciento.
Si los cálculos de Hacienda se cumplen, se puede esperar que en el segundo semestre de este año y en 2026 veamos un mayor gasto y una política fiscal menos restrictiva.
Para sostener el aumento de las erogaciones del gobierno el próximo año se calcula un incremento de los ingresos, particularmente de los impuestos, los cuales se elevarían en 5.7 por ciento respecto a 2025. Especialmente el IEPS (con una expansión de 10 por ciento respecto al estimado para este año) y los impuestos provenientes de las aduanas por importaciones (un incremento de casi 41 por ciento). El ISR y el IVA aumentarían en menor proporción, alrededor de 2-3 por ciento. De esta manera, la recaudación tributaria, según la SHCP alcanzará “un máximo histórico” de 15.1 por ciento del PIB frente al estimado para 2025 de 14.8 por ciento.
Ahora bien, del lado de las erogaciones, el gasto programable aumentaría en 5.7 por ciento en términos reales respecto al aprobado en 2025. El renglón más importante sigue siendo la pensión para adultos mayores que absorbe más del 53 por ciento del total de los programas sociales prioritarios ; le sigue el programa de becas Benito Juárez (19 por ciento de ese total). La novedad es que los programas de inversión en trenes alcanzarán 142.5 mil millones de pesos. Representan casi el 27 por ciento del total de las inversiones prioritarias planeadas parta 2026. Otras son: Pemex con 247.3 mil millones de pesos (mdp); las obras para el Istmo de Tehuantepec, 25 mil mdp; carreteras y caminos, 27.7 miles de mdp; y obras hidráulicas a cargo de Conagua con 20.7 miles de mdp.
Estos programas representan un aumento sustancial con relación a los previsto en marzo. Por ejemplo, en esa fecha Hacienda proponía como “deseable” destinar al Programa de Adultos Mayores 503 mil mdp y en el paquete 2026 entregado hace unos días, se propone gastar 526.6 miles de mdp. Para el programa de becas Rita Cetina en marzo se proponía destinar 82 mil mdp y ahora se destinarán 129.4 miles de mdp. Para los trenes lo “deseable” era invertir alrededor de 116.1 mil mdp y en el PEF 2026 piensa destinarse un monto casi 23 por ciento superior.
Lo anterior deja ver dos cuestiones: el gobierno deSheinbaum mantiene el esquema consistente en gastar más en los programas sociales de transferencias monetarias y menos en proyectos de inversión. Esta estrategia puede resultar viable y exitosa en el corto plazo, pero pone en riesgo para los próximos años la viabilidad de servicios básicos para la población (salud, educación y vivienda). Sin embargo, al mismo tiempo, el presupuesto 2026 hace mayor énfasis en la inversión productiva (particularmente en trenes), marcando una cierta distancia con la dinámica del sexenio pasado ya que habrá una mayor diversificación geográfica pues se considera invertir alrededor de 122 mil mdp en las líneas México-Querétaro; AIFA-Pachuca; Saltillo-Nuevo Laredo; Querétaro-Irapuato; Querétaro-San Luis Potosí; Irapuato-Guadalajara; SLP-Saltillo; y México-Toluca. Al Tren Maya se piensa destinar 30 mil mdp.
En resumen, una hojeada al paquete económico 2026 parece mostrar que el interés del gobierno no se propone, prioritariamente, lograr la consolidación fiscal. Ofrece un proyecto más flexible que no busca reducir drásticamente el déficit de las finanzas públicas. Ello propiciará, dice Hacienda, un crecimiento de la economía que será más del doble del que se prevé ocurrirá este año. Al mismo tiempo, confía en que lo anterior no se reflejará en una mayor inflación. Por su parte, la deuda pública apenas crecería unas décimas.
Esta estrategia quizás responda al panorama que puede observarse en estos momentos: una caída del empleo, deterioro de los servicios de salud y educación, y pocos recursos para la inversión incluyendo los que se tienen planeados en el Plan México.
Asimismo, se espera recaudar mayores recursos gravando más los refrescos y tabacos, así como mediante el combate al contrabando y elevando también algunas tasas a la importación de mercancías.
De esta manera, el gasto aumentaría en términos reales en 2026 a diferencia de lo previsto para este año respecto al anterior. Se destinaría en una proporción muy importante a programas sociales y en particular a los que se implementan mediante transferencias monetarias. No obstante, parece despuntar una nueva política en materia de inversiones productivas particularmente en la construcción de líneas de ferrocarril. Si ésta se lleva a cabo en forma eficiente y con los recursos planeados, se impulsará el desarrollo económico en varias regiones del país y tendrá efectos positivos en el empleo y en su capacidad productiva y exportadora.
Por lo anterior, en 2026 puede ocurrir un pequeño empujón para reanimar nuestra economía. No será suficiente y estará expuesto a riesgos, algunos provenientes sobre todo de la errática y agresiva política del señor Trump y otros de la dinámica interna, especialmente si la inversión privada nacional no responde a la estrategia trazada en el Plan México y a la posible reanimación de la inversión extranjera.
Y es que mantener una política tan agresiva de austeridad como la que se intentó este año, significaba transitar por un camino de empobrecimiento generalizado y de mayores brotes de descontento social.
Esperemos entonces que 2026 sea un mejor año y apenas el inicio de un futuro más prometedor. Para ello, se requerirán cambios estructurales que el paquete 2026 apenas insinúa.

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Diversos medios de prensa reportaron hace unos días que la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) había sido denunciada en Coahuila y Durango por extorsión. En el pasado reciente, dicha organización también fue señalada por desatar la violencia en Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua.
Por ejemplo, la fiscalía general del Estado de Oaxaca, apenas en julio pasado, inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México. Por otro lado, en Veracruz, el empresario chatarrero Ernesto Hernández García, de Las Choapas, denunció que fue secuestrado y extorsionado por un dirigente de la CATEM. En Chihuahua, el pasado mes de abril, productores y comercializadores de forraje denunciaron ser víctimas de actos de extorsión por parte de un grupo que, según señalan, actúa con el nombre del sindicato CATEM, y hace unos días, el 21 de agosto, en un comunicado firmado por Canacintra, Coparmex Laguna, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y la Unión Ganadera Regional, se acusó a la CATEM de extorsión y complicidad con el crimen organizado.
El secretario general de la CATEM, Pedro Haces, ha rechazado todas las acusaciones. Asegura que, como líder de esa organización, “se ha guiado bajo los principios de transparencia, legalidad y el respeto irrestricto a los derechos de las y los trabajadores”.
Vale la pena, entonces, repasar brevemente la trayectoria de esta organización. La CATEM surge, de acuerdo con sus representantes, en 2011 aunque según el repositorio de información del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) su fecha de constitución fue el 29 de noviembre de 2012. Sin embargo, Pedro Haces aparece en las lides sindicales en 2005, cuando logró el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslados de Valores, Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Similares y Conexos de la República Mexicana, afiliado a la CTM.
Previamente, Haces había militado en el PRI y desde 1981 había ocupado cargos dentro del partido y puestos en la administración pública. Además, es propietario de la compañía Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, y de otra empresa ligada a la promoción de corridas de toros.
El dirigente de la CATEM no sólo se ha ostentado como empresario y líder sindical. En 2020, Haces y Gerardo Islas, antiguo miembro del partido Nueva Alianza, fundaron el partido Fuerza por México el cual obtuvo su registro en octubre de ese año. Fue un acontecimiento polémico ya que el INE había negado tal solicitud aduciendo que se había violado la norma que prohíbe a los sindicatos incorporar a sus agremiados a un partido político. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió avalar el registro del partido y desestimó los argumentos del INE. Con el nombre de Fuerza Social por México, en las elecciones de 2021 obtuvo apenas el 2.47 por ciento de la votación. Perdió su registro y desapareció.
Haces fue, asimismo, senador suplente por Morena, electo para el periodo 2018-2024. Cuando Germán Martínez ocupó por un corto tiempo la dirección del IMSS, el líder de CATEM ocupó dicha curul entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019.
En febrero de 2020, el presidente López Obrador asistió al X Congreso de la CATEM. Algunos interpretaron entonces que no sólo se daba visto bueno a la organización sindical, sino que también se veía con buenos ojos el registro del partido político. El caso es que el presidente en ese acto mostró una gran simpatía con la organización sindical. “Me da mucho gusto participar en este congreso de CATEM para reafirmar nuestros principios, para dejar de manifiesto que el gobierno que encabezo, que represento, siempre va a apoyar, a respaldar el sindicalismo de México…” dijo en ese acto.
Según el Diario Peninsular de Yucatán, Pedro Haces fue favorecido durante el sexenio con los contratos de todas o casi todas las obras del gobierno federal en el estado como el aeropuerto, los tramos y terminales del Tren Maya y el Parque del Jaguar. En noviembre de 2022, el presidente defendió a la CATEM y reconoció que algunos transportistas participaban en las obras del Tren y estaban afiliados a esa organización, aunque “otros a la CTM, la CROC”, y agregó que con “todas hay muy buena relación y en general se han portado muy bien, mucho muy bien”.
En la campaña presidencial pasada, la CATEM apoyó sin reservas a Claudia Sheinbaum. En el XV Congreso Nacional Ordinario de la organización a finales de 2023, en la Arena México le pidió a la candidata “tomar protesta a los representantes de los Comités Laborales de Defensa de la Cuarta Transformación que la CATEM tienen en todo el país”.
Y para terminar este recuento, mencionaremos que hace menos de un año, en noviembre de 2024, Pedro Haces tomó protesta para el periodo 2024-2030 como secretario general de la CATEM. A dicho acto concurrieron Mara Lezama y Miguel Ángel Navarro, gobernadores morenistas de Quintana Roo y Nayarit, al igual que Libia García, Mauricio Kuri y Teresa Jiménez, gobernadores panistas de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tomó protesta a Pedro Haces. Igualmente, estuvieron presentes Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, Alejandro Malagón, de la Concamin, Esperanza Ortega de Canacintra y José de Jesús Rodríguez, de la Canaco-Cdmx.
La CATEM ha crecido. En 2022 logró la representación de los trabajadores que laboran en la planta de automóviles Mazda, en Salamanca, Guanajuato. Por su lado, el Sindicato Autónomo Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, mencionado líneas más arriba, tiene registro federal y según el repositorio del CFCRL cuenta con 272 agremiados y alrededor de 59 contratos colectivos. Además, con alrededor de 30 secciones estatales. Pero, por ejemplo, la sección 11 de León, Guanajuato, tiene 38 afiliados y 51 registros de contratos colectivos.
En resumen, la CATEM parece ser una organización sindical que cuenta con el apoyo de diversos políticos de Morena, incluyendo a los diputados Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, y de gobernadores del partido oficial y de la oposición. Ha prestado servicios al gobierno federal, particularmente en las obras públicas más destacadas del sexenio anterior.
Las organizaciones de CATEM, sobre todo aquellas ligadas a la construcción, transporte de materiales y servicios de vigilancia se han extendido a diversas partes del país. También en la industria manufacturera, aunque en menor medida.
En los medios sindicales independientes y democráticos, al igual que en algunas organizaciones patronales, goza de mala fama. Su dirigente es, a la vez, empresario, líder sindical y un oportunista que ha sabido adaptarse a las necesidades del poder económico y político.
La reforma de 2019, que abrió un nuevo espacio a los trabajadores para formar sindicatos democráticos, ha sido aprovechada por personajes como Haces para levantar organizaciones que puedan ser utilizadas de acuerdo con los designios de gobernantes y empresarios.
Sin embargo, la ostentación de su riqueza y algunas posturas (por ejemplo, su oposición a la semana de 40 horas) también han propiciado que algunos círculos de Morena lo vean con desconfianza.
Las acusaciones contra CATEM han provenido de empresarios y de organizaciones sociales y trabajadores.
Así las cosas, el futuro de CATEM es tan incierto como los reacomodos dentro del grupo gobernante. Saldrá impune si sigue gozando de la complicidad y el apoyo de algunos círculos oficiales.
Pero este apoyo puede erosionarse ante su descrédito creciente, dentro y fuera del país, y su baja estima entre algunos empresarios y grupos políticos cercanos a la presidenta Sheinbaum.
Como sea, la CATEM no representa el sindicalismo democrático y legítimo. Esperemos que los trabajadores decidan construir alternativas distintas.

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