La huelga en el Nacional Monte de Piedad estalló el 1 de octubre del año pasado y se mantiene en los más de 300 centros de trabajo de la institución. Este miércoles 18 de marzo cumple 169 días. En estos casi seis meses los huelguistas han resistido no sólo la falta de pago de sus salarios; también la incomprensión de los jueces y la indiferencia de los directivos del Monte. En noviembre del año pasado lograron ganar un recuento: mil 408 trabajadores votaron a favor de la huelga y sólo 460 en contra. Más del 75 por ciento respaldó el paro. No obstante, posteriormente, un juez, Luis Antonio Hernández Berrios, inusitadamente, declaró la huelga inexistente accediendo a un amparo de la patronal. El sindicato interpuso un recurso de revisión y el asunto se encuentra en manos de una Tribunal Colegiado. Los representantes de los trabajadores han señalado que, de ser necesario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El conflicto obedece, de acuerdo con declaraciones de los huelguistas, a la violación del contrato colectivo y a la petición de un aumento de salarios. Debe señalarse que no hubo incrementos de las percepciones de los trabajadores en 2021, 2022 y 2023. En 2024 se llevó a cabo una reestructuración de la Institución que llevó a un alargamiento de la jornada de trabajo de 35 a 40 horas con la consiguiente reducción del pago de tiempo extra y se cancelaron algunas prestaciones para los trabajadores de nuevo ingreso. Además, se redujo el personal sindicalizado de dos mil 753 personas trabajadoras a mil 950. A pesar de que el sindicato mostró su voluntad de negociar y aceptó varios de esos cambios, los directivos del Monte incumplieron el contrato firmado ese año. En particular, desconocieron las comisiones mixtas encargadas de la promoción de los trabajadores con base en la evaluación de su desempeño y la antigüedad.
El sindicato del Monte de Piedad se ha distinguido por su vida democrática. Dada su historia reciente, se puede afirmar que representa la voluntad de los trabajadores como lo mostró el recuento efectuado ante la autoridad correspondiente. Las demandas del sindicato son, con base a los acuerdos de marzo de 2024, evitar decisiones unilaterales en las jornadas de trabajo y en el pago y asignación de plazas. En este último asunto reclaman que se revise la llamada “boletinación” y se asignen los puestos bajo las reglas pactadas en el CCT. También demandan la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago correcto de las horas extras, y un aumento de salarios y prestaciones de acuerdo con la inflación ocurrida.
Durante estos días de huelga, los empleados de confianza (los cuales suman más de 2 mil personas), y, por supuesto, los directivos de la institución y los miembros del Patronato siguen percibiendo el 100 por ciento de sus salarios y prestaciones, lo que el sindicato considera ilegal.
La huelga ha afectado gravemente a millones de clientes que acudieron a la institución a empeñar sus prendas y ahora han tenido que seguir pagando intereses por los préstamos recibidos. Según la información disponible, el Monte de Piedad otorga más de 7.2 millones de préstamos prendarios y atiende a más de 1.1 millones de clientes anualmente Su cartera de préstamos alcanza los 29 mil millones de pesos.
El responsable de la institución es el Patronato, el cual se compone de un puñado de personas que parecen ver al Monte como una empresa y no una institución de asistencia, legalmente una IAP (Institución de Asistencia Privada).
El manejo de los recursos de la Institución es, dicen los huelguistas, muy poco transparente. Afirman que tiene un presupuesto solvente y que por lo tanto no debería haber problema para enfrentar sus obligaciones laborales. Según datos consultados que son de dominio público, tiene una utilidad de alrededor de 300 millones de pesos. Sin embargo, los trabajadores no han mejorado sus percepciones salariales en los últimos años. En cambio, afirma el sindicato, los miembros del patronato ganaban alrededor de un millón de pesos al año hasta 2024 y posteriormente se autodesignaron un ingreso que puede llegar a los seis millones de pesos anuales.
El secretario general del sindicato, Arturo Zayún, ha declarado que “el Monte de Piedad ha dejado de cumplir con su función social ya que sólo dedica el 2.3 por ciento a la función social que tiene como mandato. Ello se debe, en gran parte, a los gastos destinados al personal de confianza, principalmente a los directivos y a los integrantes del patronato, y a pesar de que goza del privilegio fiscal que lo exenta del pago del impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades”.
Hace casi 28 años, en junio de 1998 el Monte sufrió una huelga que también duró mucho tiempo: del 5 de diciembre de 1997 al 3 de junio de 1998, seis meses. Fue resuelta gracias a un arbitraje del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas. Se trató de una solución excepcional a un conflicto particularmente difícil y prolongado. En esos momentos, el que suscribe estas líneas y el licenciado Manuel Fuentes estábamos al frente de la Subsecretaría del Trabajo de la Ciudad y propusimos al ingeniero Cárdenas que asumiera esa responsabilidad sabiendo que la solución final tendría que tomar argumentos de ambas partes para tratar de darle estabilidad laboral a la institución.
Sin embargo, los acontecimientos posteriores mostraron que los directivos de la Institución no entendieron el mensaje y han persistido en la idea de que el contrato colectivo es un estorbo y no un instrumento para concertar esfuerzos y mejorar las relaciones laborales. Igualmente, que el sindicato no es un grupo de alborotadores, sino que refleja, verdaderamente, la opinión de los trabajadores.
La decisión del juez Hernández Berrios ha servido para darle pretextos a la empresa para alargar el conflicto mientras se resuelve la apelación del sindicato. Los dirigentes y asesores legales de la organización gremial aseguran que van a ganar este pleito dado que el juez se basó en una causal inexistente en la ley. Sobre todo, confían en los resultados del recuento ocurrido en febrero de este año como principal argumento a su favor.
Desde luego, la huelga podría terminarse si la Institución aceptara un acuerdo. No obstante, hasta ahora, no ha dado señales de apertura. Tal parece que, con alargar la huelga, se intenta destruir el sindicato y el contrato colectivo. Esperemos que las autoridades laborales hagan ver al Patronato que debe poner en primer lugar el interés público y los convenzan de resolver el conflicto lo antes posible.

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La fuerza del trabajo mundial, en 2026, está formada por 3 mil 822 millones de personas. El 7.8 por ciento se ubican en los países de “bajos ingresos”; mientras que casi tres cuartas partes están localizadas en países de medianos ingresos los cuales se dividen en dos niveles: el inferior (35 por ciento) y el superior (38 por ciento). Por su lado, los países de altos ingresos concentran sólo el 20 por ciento de la fuerza de trabajo. Lo anterior según el informe de la OIT, “Tendencias sociales y del empleo 2026” (disponible en www.ilo.org), publicado hace un par de semanas.
La clasificación en esos cuatro niveles fue elaborada por el Banco Mundial de acuerdo con el nivel de ingresos per cápita de cada país, calculados en dólares estadunidenses. Las naciones más pobres suman 26, entre ellas, muchas africanas y algunas asiáticas como Afganistán o Siria. Las de medianos ingresos del nivel inferior son 51, entre las cuales hay también varias ubicadas en África, pero igualmente algunas latinoamericanas como Bolivia, Haití, y Honduras; y países tan destacados como India. En el nivel superior de medianos ingresos están 49 naciones, comprende la mayoría de nuestro subcontinente incluyendo México, pero igualmente China Irán, y Turquía. Finalmente, las de altos ingresos son 63; en esta clasificación se encuentran casi todas las naciones europeas, algunas latinoamericanas como Chile y Costa Rica; Rusia; varias naciones asiáticas como la República de Corea; y países árabes exportadores de petróleo (Arabia Saudita, Emiratos, y Catar).
Esta clasificación es un tanto inexacta ya que no mide otras variables como los niveles de desarrollo productivo y tecnológico, ni los índices de bienestar y desigualdad. Sin embargo, resulta útil para algunas comparaciones. Por ejemplo, el año pasado, aunque el desempleo a nivel mundial se calculó en 4.9 por ciento, la desocupación juvenil fue mucho mayor, 12.4 por ciento. Además, el porcentaje de personas de estas edades que no recibieron un ingreso por su trabajo y tampoco estaban estudiando o en algún programa de capacitación llegó a 20 por ciento a nivel mundial y era mucho más alto en los países más pobres (28 por ciento), en los de ingreso medio inferior (22.8 por ciento), y en los del nivel mediano superior como México, (17.1 por ciento) mientras que en las naciones ricas el porcentaje de estos jóvenes sin empleo ni educación era de 11 por ciento. Es decir, mayores oportunidades de empleo o educación para los jóvenes propicia mejores ingresos per cápita a nivel nacional.
Algo similar sucede en las tasas de informalidad y trabajadores por cuenta propia, grupos que tienen en su gran mayoría una gran vulnerabilidad ya que no están asegurados, no tienen contratos ni estabilidad en el empleo ni, frecuentemente, un ingreso irregular. En los países más pobres, los trabajadores por cuenta propia representaban el 53.5 por ciento y los informales el 90.2 por ciento; en los de medianos ingresos de nivel inferior, 49.4 por ciento y 83.4 por ciento respectivamente; en los medianos de nivel superior como el nuestro, 26.6 por ciento y 53 por ciento. En cambio, en las naciones ricas, los trabajadores por cuenta propia fueron apenas el 7.4 por ciento y los informales el 8.5 por ciento del total de la fuerza de trabajo. Así, el nivel de informalidad y el porcentaje de trabajadores por cuenta propia pueden tomarse en cuenta como indicadores, muy elocuentes, del nivel de prosperidad de una nación. Es posible afirmar que la pobreza de ingresos laborales por persona en un país es mayor en la medida en que lo sea la existencia de trabajadores informales y empleados por cuenta propia.
Además, el fenómeno de la informalidad ha venido aumentando: a nivel mundial: pasó de 57.4 por ciento en 2015 a 57.7 por ciento en 2025 y afectó especialmente a las mujeres pues el nivel de informalidad de los hombres en los últimos 10 años (2015-2025) disminuyó ligeramente de 59.1 a 58.9 por ciento mientras que en el caso de las mujeres aumentó de 54.8 a 55.9 por ciento. Lo anterior mostraría que, no obstante algunos progresos en materia de equidad entre los géneros, las condiciones de las mujeres trabajadoras han empeorado.
Evidentemente, los ingresos que se reciben por el trabajo y la informalidad laboral se ven reflejado en los niveles de pobreza, según los parámetros de la OIT y el BM. En los países con menores ingresos la pobreza extrema llegó al 50.5 y la moderada al 17.2 por ciento del total de la fuerza de trabajo; en los medianos inferiores, 10.1 y 13 por ciento; en los medianos 1.4 y 2.3 por ciento, y en los ricos no hubo registro estadístico. Las mujeres fueron más afectadas en las naciones más pobres: en 2023, la pobreza extrema y moderada fue de 66.8 por ciento para los hombres y de 71.1 por ciento para las mujeres.
En síntesis, a pesar de las objeciones que pueden hacerse a la clasificación del Banco Mundial, de manera agregada puede encontrarse que, a menores ingresos per cápita, la informalidad será mayor, los trabajadores por cuenta propia más numerosos, y por supuesto más elevados los niveles de pobreza por ingresos laborales.
Como señalamos antes, las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo ubicadas en los países de medianos ingresos (inferior y superior) tienen un nivel de informalidad agregado de casi 50 por ciento. Si agregamos las naciones más pobres, la informalidad aumenta a 56.4 por ciento es decir 2 mil 155 millones de personas trabajan en la informalidad, incluyendo mil 58 que trabajan por cuenta propia.
En otras palabras, los brazos de hombres y mujeres que mueven al mundo son en su mayoría trabajadores sin protección, sin gozar de derechos laborales y con ingresos poco seguros.
En México, según los últimos datos de Inegi, la pobreza laboral (es decir, las personas con un ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta básica) alcanzó en el cuarto trimestre de 2025 a nivel nacional al 32.3 por ciento de la población; fue más elevada en el ámbito rural (46.6 por ciento) y menor en el urbano (28.1 por ciento). Mostró una disminución anual de 3.1 puntos porcentuales, el cual se explica por el aumento del ingreso laboral per cápita de 5.3 por ciento a nivel nacional
No obstante, hay que subrayar que, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la pobreza laboral sigue siendo elevada con niveles de 59.8, 56.6 y 51.3 por ciento, respectivamente. En cambio, en Baja California Sur y Baja California se observaron los más bajos: 14.2; y 18.2 por ciento en ese orden. Porcentajes similares a estos se observaron en otras entidades norteñas. Igualmente, en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de informalidad fue de 55 por ciento y fue más acentuada entre los jóvenes (68 por ciento).
Ambos indicadores, el de pobreza laboral y de informalidad, no son comparables con los de la OIT ya que miden cosas diferentes. Sin embargo, muestran que el reto para México sigue siendo mejorar la calidad de los empleos.
Lo anterior supone, destacadamente, cerrar la brecha regional, principalmente, entre el medio rural y el urbano, y entre las entidades del sureste y el norte. Esta brecha ha sido resultado de procesos históricos de muchos años que se ha acentuado debido a la integración de México a la economía estadunidense.
Superar esa brecha supone un conjunto de políticas públicas relacionadas con la inversión en infraestructura social y productiva, la atención al campo y a sus trabajadores; mejorar las oportunidades de educación y capacitación para los jóvenes; y proteger a las mujeres trabajadoras. Implica, asimismo, reducir la dependencia del modelo exportador de manufacturas hacia Estados Unidos y construir una economía más sustentable en el consumo interno y en cadenas de valor más complejas y diversificadas.
Los brazos y manos de los mexicanos y mexicanas que producen lo que consumimos y permiten exportar mercancías no pueden estar divididos entre una mayoría que labora en la informalidad o por cuenta propia, y otra, minoritaria, que labora en mejores condiciones. Todos merecen un futuro más promisorio, pero la posibilidad de esa mejoría depende en buena medida de que los más vulnerables superen esas condiciones críticas.

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La reforma constitucional del artículo 123 ha sido aprobada en el Senado y pronto será discutida y seguramente tendrá luz verde, sin modificaciones, en la Cámara de Diputados. Pasará entonces a los congresos estatales los cuales también la votarán favorablemente.
La reforma consiste en varios cambios: reduce la jornada semanal “ordinaria” a 40 horas; aumenta el “trabajo extraordinario” a doce horas (en lugar de las nueve vigentes) las cuales se pagarán un cien por ciento más que las horas ordinarias; y prohíbe que las personas menores de 18 años (en lugar de 16) laboren tiempo extra. Añade, como obligación patronal, el registro electrónico de la jornada laboral para cada persona trabajadora. Finalmente, establece la reducción gradual de la jornada semanal, cada dos años, a partir de 2027 hasta 2030.
La reforma ha causado polémica entre sindicalistas, abogados laboralistas y académicos que se ocupan de estos asuntos debido, en primer lugar, a que deja sin cambios la jornada semanal de seis días con uno de descanso. Se esperaba que la reforma contemplara cinco días laborables y dos de descanso. Mantener los seis días implica que los gastos para trasladarse al centro de trabajo seguirán pesando en los ingresos de los trabajadores y que no gozarán de más tiempo para el descanso y el disfrute de actividades culturales, deportivas, y familiares.
No cabe duda de que, mantener la semana laboral de seis días, fue una concesión a la patronal. El gobierno podrá aducir diversas razones para defender la reforma “posible” argumentado los problemas actuales de la economía y la necesidad de contar con el visto bueno de los empresarios. Sin embargo, es entendible y motivo de aplauso que muchos sindicatos manifiesten su disgusto y mantengan la demanda de 5 x 2. No sólo por el bienestar de los trabajadores; igualmente porque de esta manera se podría avanzar más rápidamente hacia una economía con niveles de productividad más elevados que incorporen los avances tecnológicos para el bien de la sociedad y no, únicamente, para aumentar las ganancias de las empresas.
Pero la polémica no termina aquí. Otro motivo de disgusto ha sido la extensión de las horas extras que se pagan al doble de 9 a 12, pues evidentemente se está abaratando el tiempo extra. Con los datos aportados por la Secretaría del Trabajo, puede calcularse que el ahorro para los empresarios, gracias a esta rebaja del tiempo extra, será de más de 8 por ciento mensual. Es una muestra más de las “compensaciones” que pudo arrancar la parte patronal. La reducción de la jornada se atenúa, pues sumando la jornada ordinaria y la extraordinaria da un total de 52 horas (40+12), mientras que hasta ahora la suma da 57 (48 + 9).
El gobierno argumenta que, si el trabajador no acepta laborar horas extras, podrá descansar más tiempo. El problema es que la reforma le da argumentos a la patronal para alargar la jornada más allá de las 40 horas de tal manera que los trabajadores se verán obligados o, si se quiere, mejor dispuestos, a cambiar su tiempo libre por dinero. Es decir, a reducir sus horas de descanso para obtener más ingresos.
La discusión no terminará con la reforma constitucional. En un par de meses o un poco más se discutirán las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Y la polémica se avivará. La propuesta del Poder Ejecutivo trae dos cuestiones que, de acuerdo con la opinión de los abogados laboralistas, son muy cuestionables. Por un lado, define la jornada laboral como “el tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas en favor de la persona empleadora” en lugar del texto actual: “Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón…”. Por otro, define al empleador como aquella “persona física o moral que contrata a una o más personas…” en lugar de lo que reza actualmente la LFT, como “la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores”.
No se trata de tecnicismos jurídicos pues en el primer caso, el tiempo de la jornada laboral pagada pude reducirse por razones ajenas al trabajador, por ejemplo, en las fábricas, por un retraso en el inicio de labores por falta de energía eléctrica o por problemas técnicos; en las empresas que ofrecen servicios al público, por abrir tarde o, incluso, no tener clientes que atender. Si prospera la iniciativa, este tipo de incidentes podrían descontarse del tiempo que el trabajador está al servicio del patrón y reducir su salario.
En el segundo aspecto, se podría presumir que, si no hay contrato escrito, no existe la relación laboral. Y con ello se perderían los derechos que consagra la LFT. Contradice, además, otros artículos de la ley, y puede encubrir la subcontratación
Ambas redacciones tienen una clara inspiración patronal. El gobierno, ¿las aceptó sin estudiarlas detenidamente, o fueron parte de las negociaciones? Como quiera que haya sido, los legisladores tendrán que decidir de qué lado se inclinan. Lo cierto es que estos dos asuntos, si se aprueban tal cual están redactados, provocarían una involución del derecho laboral y una fuente de conflictos en los tribunales.
La reforma constitucional recién aprobada no fijó un límite para la jornada semanal cuando se “prolonga” más de las 12 horas, únicamente establece que “obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria” Actualmente, la ley vigente tampoco contempla un tope para esta jornada “prolongada”. Ahora, el Ejecutivo propone una enmienda en la LFT que disponga cuatro horas semanales más como máximo, con los cual la jornada semanal podría acumular hasta 56 horas (40+12+4). Igualmente, señala que “la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria nunca podrá superar las 12 horas diarias”. En ambos casos se trata de cantidades muy elevadas y otorga mayor flexibilidad a los empresarios para manejar las horas extras.
Tomadas en su conjunto, todos estos goles a favor de los patrones dejan la impresión de que se aceptaron demasiadas concesiones. Sin embargo, hay que admitir que la movilización de los trabajadores fue escasa. No presenciamos grandes marchas o mítines nutridos por el reclamo de las 40 horas. Los sindicatos corporativos simplemente esperaron la conclusión de los arreglos del gobierno con los empresarios, aceptando, sin conceder, pero sin pelear, que el resultado sería mejor que lo que dispone la ley actualmente. Por su parte, el sindicalismo independiente y democrático tampoco desplegó su mejor esfuerzo, probablemente porque pensó que no incidiría de manera determinante en la correlación de fuerzas.
De esta manera, el gobierno, a pesar de contar con mayorías en ambas cámaras prefirió una reforma pactada que incluyera las concesiones que hoy observamos calculando que el descontento sindical no sería considerable.
Sin embargo, los legisladores no pueden ser indiferentes ante la irritación de un conjunto de sindicatos y sindicalistas. Esperemos que en el debate de las reformas a la LFT escuchen y reflexionen acerca de los aspectos más negativos. Tal como se han presentado las iniciativas, se empequeñece el propósito central anunciado por el gobierno: la reducción de la fatiga y accidentes laborales, la mejoría en salud y seguridad en el trabajo y un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Asimismo, que los trabajadores mexicanos dejen de laborar uno de los promedios de horas más altos del mundo.
La polémica que se ha desatado, sobre todo en los corrillos de algunos sindicatos, abogados y académicos, no es gratuita ni pretende desconocer los aspectos positivos de las reformas. Pero estas voces tienen que subir de tono y el gobierno y los legisladores tienen que entender que estamos ante un cambio que, por lo menos, tendrá un impacto hasta el 2030. No hay espacio para dejar las cosas para mañana. De otra manera, la situación de los trabajadores cambiará muy poco e incluso hay el riesgo de que empeore.

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Los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Minneapolis, ubicada en el estado de Minnesota, en la frontera con Canadá, han llevado a concluir por parte de distintos observadores que se ha tratado de una operación de Estado “destinada a provocar el terror en Estados Unidos”.
Así lo aseguró el periodista del diario New York Times, M. Gessen, quien afirmó en un editorial publicado el día 3 de febrero:
“Después de las tres últimas semanas de violencia en Mineápolis, ya no es posible afirmar que el gobierno de Donald Trump sólo pretende gobernar este país. Pretende reducirnos a todos a un estado de miedo constante, un miedo a la violencia de la que algunas personas pueden librarse en un momento dado, pero de la que nadie estará nunca de verdad a salvo. Esa es nuestra nueva realidad nacional”.
El periodista repasa los acontecimientos ocurridos en los primeros días de enero de este año, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió sus operaciones en Mineápolis y St. Paul (una localidad vecina, por lo cual se les conoce a ambas como las “ciudades gemelas”). El asesinato de Renee Good, una mujer blanca y madre de clase media; las amenazas brutales a una abogada embarazada en el estacionamiento de su bufete; la detención de varios ciudadanos estadunidenses incluyendo uno que sacaron de su casa en ropa interior; el asalto indiscriminado a automóviles que pasaban por la ciudad, rompiendo cristales de las ventanillas; la detonación de granadas y gases lacrimógenos contra manifestantes; los arrestos de personas en el aeropuerto; la detención de un niño de cinco años junto con su padre; y el homicidio de otro ciudadano estadunidense en la calle cuando se encontraba ya en el suelo, con varios disparos a quemarropa, Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos sin antecedentes penales. Este caudal de agresiones agrega el columnista, tiene una explicación: “El presidente Trump está utilizando todos los instrumentos: las cuotas de detenciones del ICE que se han reportado; la fuerza paramilitar formada por matones embriagados de su propia brutalidad; el espectáculo de la violencia aleatoria, particularmente en las calles de las ciudades; y el vilipendio post mortem de las víctimas muestran una lógica, “y esta lógica tiene un nombre. Se llama terror de Estado”.
Una conclusión similar sacó Robin Kaiser-Schatzlein, un periodista independiente que creció en St. Paul, autor de un relato de primera mano, el cual fue publicado en la revista New York Review Books.
Según Robin, ICE no llegó a las ciudades gemelas para detener y deportar personas sino para “aterrorizar a sus habitantes”. Agrega que los agentes no estaban bien preparados ni la operación fue planeada correctamente: sus autos se atascaban frecuentemente en la nieve y los agentes se resbalaban en las calles heladas (a menos de 15 grados bajo cero). Sin embargo, señala, su incompetencia los hacía más peligrosos. Agrega que los agentes no dieron muestras de temor ante las cámaras de los ciudadanos o de la prensa. “En realidad, participaron activamente en difundir su propia brutalidad, a menudo usando botes de humo de colores para generar efectos teatrales”.
El reportaje de Robin destaca que las personas han resistido al miedo y a la violencia de diversas maneras. “De la noche a la mañana, varias iglesias han logrado almacenar comida, gracias a las donaciones y el trabajo voluntario de miles de ciudadanos, para entregarla a quienes han tenido que esconderse en sus casas y no pueden salir de compras ni ir a trabajar”. Muchos ciudadanos también se han organizado para transportar en sus vehículos a las personas que pueden ser objeto de persecución para llevarlos a sus trabajos y citas médicas, incluso se formaron redes para proveer leche materna a bebés cuyos padres han sido detenidos por ICE. Esas redes han creado chats en Signal y WhatsApp para alertar a los residentes cuando ICE aparece y convocar a muchos observadores, haciendo sonar silbatos y cláxones.
“La magnitud del esfuerzo de ayuda mutua es difícil de comprender –dice Robin– al igual que la velocidad con la que se ha organizado y la valentía de quienes lo llevan adelante para enfrentar a tres mil agentes federales”. Y resume: “El tamaño de la Operación Metro Surge (en las ciudades gemelas) es delirante y desmesurado; no obstante, la gente ha hecho todo lo que puede para protegerse mutuamente y resistir”.
Un caso especial ha sido el de las personas de origen somalí, las cuales fueron señaladas por el presidente Trump en diciembre como inmigrantes “basura”. Más de sesenta mil personas de este origen radican en Minneapolis, de un total de aproximadamente 170 mil en todo Estados Unidos. Sin embargo, el 90 por ciento de aquellos que viven en las ciudades gemelas son ciudadanos estadunidenses, de tal manera que los indocumentados apenas serían unos 5 mil. Lo anterior confirmaría, igualmente, que el objetivo de Trump no ha sido cazar inmigrantes ilegales sino agredir sin misericordia a los ciudadanos de las ciudades gemelas. Según Robin, “mujeres somalíes en el vecindario Cedar-Riverside se han organizado para patrullar por turnos las calles con chalecos de seguridad, informando a las personas acerca de sus derechos y ofreciendo bebidas calientes, y han montado una guardia casi permanente frente a un centro comercial somalí en Minneapolis y un supermercado mexicano en St. Paul, blanco de las redadas”.
Vale la pena recordar que Minneapolis ha sido escenario de protestas en los últimos 20 años. Una de las más relevantes que tuvo impacto mundial fue la que ocurrió por la muerte de George Floyd a manos de agentes policiacos en mayo de 2020. La agresión se grabó en un video y exhibió al oficial Chauvin poniendo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante varios minutos mientras la víctima murmuraba “no puedo respirar” hasta su fallecimiento. Otros crímenes pueden mencionarse: Jamar Clark en 2015, un joven afroamericano también asesinado por policías. O Philando Castille en 2016 en circunstancias similares, entre varios más.
Es difícil pensar que el terror de enero en las ciudades gemelas fue simplemente una venganza contra una población que ha mostrado su enojo y la búsqueda de justicia por sus muertos a manos de agentes policiacos locales o federales. Tampoco puede decirse que el objetivo principal fue detener inmigrantes ilegales. De acuerdo con los reportajes citados se trata de algo más: demostrar fuerza excesiva y usarla para infundir miedo, con el propósito de reforzar el mensaje de que cualquiera puede ser la próxima víctima.
Otras guerras desatadas por Trump: mediante la imposición unilateral de aranceles a casi todos los países del mundo; incursiones armadas en Irán y Venezuela; y las presiones a México, se han basado en la amenaza de la fuerza, pero, al mismo tiempo, han buscado abrir espacios de negociación para lograr algunas ganancias. La guerra contra la inmigración desatada por Trump en su propio país parece tener un carácter distinto. Se trata de infundir miedo sin que se busque algún logro material a cambio. El objetivo es demostrar que por medio de la violencia se puede lograr imponer la voluntad del gobernante. ¿Un aviso de lo que pude suceder en las elecciones de noviembre? Quizás: no obstante, también es cierto que la respuesta ciudadana en Minneapolis y muchas ciudades de Estados Unidos pueden hacer recular al tirano, así sea por un tiempo. La movilización de la sociedad tendrá que mantenerse y, en su momento, traducirse en un enorme caudal de votos. O ese régimen basado en el terror de Estado se afianzará por un tiempo indeterminado.

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De acuerdo con los datos proporcionados por el Inegi en los últimos días, la economía mexicana no terminó bien el año. Tomemos en primer lugar los indicadores de la inversión fija bruta ya que éstos explican en buena medida los problemas que enfrentamos el año pasado. Hasta octubre, ese rubro mostraba una caída anual de 5.8 por ciento. Según otros reportes (Siller), se hilaron catorce meses consecutivos de contracción. Para todo el año, se espera que la disminución llegue a 7.1 por ciento. Hay que destacar que la inversión en maquinaria y equipo tuvo un resbalón de 10.3 por ciento entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025. Lo más preocupante: la inversión pública se redujo en 20.2 por ciento, particularmente en la industria de la construcción, con una caída de casi 31 por ciento. Por su parte, la inversión privada cayó en total 4.9 por ciento: aumentó 0.8 por ciento en la industria de la construcción, aunque en la compra de maquinaria y equipo se achicó en 10.2 por ciento.
El comportamiento de estos indicadores se reflejó en el empleo. En la industria manufacturera la reducción de personal fue de 2.73 por ciento hasta noviembre. El impacto fue más fuerte en la fabricación de equipo de transporte (-7.44 por ciento) y la fabricación de maquinaria y equipo (-6.05 por ciento).
No todas las ramas de la manufactura de exportación presentaron una menor cantidad de personal ocupado total. La fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos tuvieron un aumento de 2.75 por ciento. Ello se debe a que las exportaciones de equipo de cómputo hacia Estados Unidos han impulsado el crecimiento de las exportaciones totales de México. Gracias a que estos productos gozan de bajos aranceles, México está sustituyendo las importaciones de otros países asiáticos, principalmente de China. Se calcula que el valor (en dólares) de estos productos tuvieron un crecimiento anual de 84.39 por ciento, pagando un arancel al mes de septiembre de 0.27 por ciento, mientras que las exportaciones de automóviles tipo turismo acumularon una caída de 7.26 por ciento, pagando un arancel a septiembre del 14.97 por ciento.
Sin embargo, los establecimientos manufactureros de la industria maquiladora (programa IMEX) también redujeron su personal en 3.3 por ciento entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025.
De esta manera, según datos del tercer trimestre de 2025, los trabajadores subordinados y remunerados habían disminuido en más de 225 mil personas mientras que los trabajadores del sector informal que laboran “en micronegocios no registrados”, por ejemplo vendedores en vía pública, proveedores de servicios para el hogar, y productores y artesanos diversos, aumentaron en más 800 mil personas (sin contar el trabajo doméstico remunerado, aquellos que laboran en empresas y gobierno sin seguridad social, y los trabajadores del ámbito agropecuario) .
Sin duda, la política comercial, confusa, agresiva e impredecible de Estados Unidos ha afectado las exportaciones de México a ese país y por consiguiente las inversiones en maquinaria y equipo, golpeando severamente el empleo formal. El auge que se preveía años atrás con el mentado “nearshoring” ha ido decayendo, aunque no en todos los productos. La sustitución de China por México, como principal exportador de productos manufacturados a Estados Unidos, ha tenido un éxito parcial. A pesar de convertirnos en su proveedor más importante, algunos productos han caído y otros han aumentado su producción, pero, en conjunto, los efectos para México no se han traducido en un crecimiento significativo.
Las caídas en la inversión de maquinaria, equipo y en la industria de la construcción, y sus efectos en el empleo en la industria manufacturera, fueron determinantes para la economía en su conjunto. Para el año pasado, se estima que el crecimiento del PIB será de 0.6 por ciento o menos, muy lejos de lo estimado por la Secretaría de Hacienda (entre 1.5-2.3 por ciento). La industria manufacturera por su lado había caído en 0.8 por ciento hasta noviembre.
Estos datos muestran que el año pasado coincidieron un par de fenómenos desafortunados: la política arancelaria de Trump, la cual afectó especialmente las exportaciones de equipo de transporte; y el ajuste del gasto público del gobierno de México que se reflejó en la reducción de la inversión pública y total. Así las cosas, la economía se estancó y el empleo asalariado disminuyó, con el consiguiente aumento del trabajo informal. Una coincidencia que tiene por lo tanto un componente interno que afecta a todo el aparato productivo. Si se mantiene la tendencia recesiva de la inversión pública, México seguirá estancado, aunque las exportaciones manufactureras crezcan, lo cual también está en duda hasta que se disipen los efectos de la negociación del TMEC y quizás después, si Trump mantiene sus políticas erráticas.
No obstante, además de estos dos factores coyunturales que se presentaron el año pasado, hay causas estructurales, de largo plazo, que han afectado la economía y el empleo. Y es que la industria manufacturera de exportación sigue perdiendo terreno debido a que importa cada vez más insumos. Es decir, no se producen en el país muchos componentes del bien final.
De acuerdo con datos proporcionados por El Economista, en el III trimestre de 2025, el PIB del sector industrial representó 30.8 por ciento del total del producto y la industria manufacturera el 20.4 por ciento. En 2018, representaron, respectivamente, el 32.6 por ciento y el 20.5 por ciento. Con datos del 2000, la reducción es más notoria pues en ese año el sector industrial representaba el 37.9 por ciento y las manufacturas el 23.2 por ciento. Es decir, la tendencia de largo plazo muestra un proceso de desindustrialización a pesar del auge de las exportaciones manufactureras.
La SHCP afirma que en 2025 nuestro país se consolidó como líder regional en materia de exportaciones. “Somos –señala– el principal exportador de los 20 principales productos de alta tecnología como vehículos ligeros de gasolina, unidades de procesamiento digital (computadoras) con un valor de más de 600 mil millones de dólares”. Una cantidad superior, por ejemplo, a la de Brasil, cuyas exportaciones totales equivalieron a casi 350 mil millones de dólares.
Sin embargo, el valor agregado de nuestras exportaciones es muy reducido, de tal manera que México produce esos bienes, en un alto porcentaje, con piezas y refacciones importados de Estados Unidos. Lo anterior afecta igualmente el consumo interno: aunque los salarios aumenten (sobre todo los mínimos y en menor medida los contractuales), el empleo formal crece muy poco y, en cambio, aumentan las ocupaciones informales y vulnerables.
De esta manera, cuando a esta tendencia estructural se añaden factores coyunturales, el resultado es el estancamiento económico (y el peligro de una recesión) además de la reducción del empleo formal en números absolutos.
La economía mexicana no sólo requiere certidumbre en sus relaciones con Estados Unidos; urge, asimismo, una mayor inversión pública y una política industrial que aliente las ramas manufactureras que proveen de insumos y equipos a la industria que abastece el mercado externo y el consumo doméstico. También es indispensable un mayor gasto público en la infraestructura necesaria para la expansión económica, construyendo más puertos, carreteras, vías férreas, y fuentes de energía (sobre todo limpias). Asimismo, un apoyo más cuantioso a la investigación, el desarrollo tecnológico y la educación superior. Y, desde luego, la infraestructura que sirve directamente a la población: hospitales, escuelas, y servicios urbanos. Si la inversión pública sigue retrocediendo, la economía y el empleo serán muy vulnerables ante los cambios externos y no se sentarán las bases de un crecimiento sostenido. En el mejor de los casos, nos mantendremos como un gran taller maquilador; en el peor, un país sin alternativas de empleos dignos para los mexicanos.

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El asalto armado perpetrado por el ejército de Estados Unidos y ordenado por el presidente Trump la madrugada del sábado 3 de enero en distintos puntos de Venezuela violó las leyes internacionales y las de la nación agresora. De esta manera, el gobierno de Washington actuó como una banda de malhechores.
Como lo aclaró el mandatario estadunidense ese mismo día en conferencia de prensa, de lo que se trata es de apropiarse del petróleo venezolano, aunque se ponga como argumentos la seguridad de Estados Unidos y el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, justificó sus acciones con base en la Doctrina Monroe y su corolario trumpista, dando a entender que la región caribeña y latinoamericana debe ser una zona controlada por su gobierno, y que las economías de esta parte del mundo deben estar al servicio de su país, y de nadie más.
Los objetivos y el sustento legal y político de la incursión armada, si se les mira con detalle, resultan incoherentes, imposibles de concretar y, sin embargo, muy peligrosos para el continente y el mundo.
Los dichos de Trump, Marco Rubio y otros funcionarios de la Casa Blanca, han resultado confusos. ¿Pretenden administrar el gobierno venezolano o solamente orientarlo según sus deseos o intereses? ¿Negociaron o pretenden negociar con la sucesora de Maduro, la señora Delcy Rodríguez y el gobierno chavista, o buscan sustituirlo? ¿Cómo pretenden allegar los recursos petroleros a las empresas estadunidenses? ¿Es rentable la industria petrolera en un corto plazo? Todas estas cuestiones no tienen respuesta simplemente porque Trump tampoco la tiene. La incertidumbre que hay en gobiernos, especialistas y comentaristas en el mundo acerca del futuro de Venezuela no se explica por un secreto bien guardado de la administración estadunidense, sino por la ausencia de un plan bien calculado.
Sus afanes imperiales en América Latina y el Caribe, utilizando la violencia contra los gobiernos que considere peligrosos para la seguridad de su país, tienen pocas posibilidades de hacerse realidad en todo el subcontinente. Brasil, por ejemplo, no es tan vulnerable como Venezuela. Incluso Argentina, Perú y Chile, gobernados hoy o en los próximos meses por simpatizantes de Trump, difícilmente van a romper sus lazos comerciales con China. Tampoco parece realista que el sistema BRICs vaya a esfumarse del mapa del mundo o de Latinoamérica. Las amenazas de Washington se han enfocado en aquellas naciones que considera más débiles como Colombia. No obstante, en mayo de este año se celebrarán elecciones en esa nación y bien podrían esperar sus resultados que pueden no favorecer a la izquierda, lo que tampoco significaría que el gobierno que lo suceda esté dispuesto a entregar incondicionalmente sus riquezas a Estados Unidos. Además, Trump a diferencia de Rubio, dijo que Cuba “no le interesa” probablemente porque sus recursos naturales tampoco.
En el caso de México, una intervención armada para perseguir capos mafiosos o aprehender figuras políticas o empresarios supuestamente ligados con las mafias no tiene sentido en la medida en que la colaboración entre ambos gobiernos y sistemas de inteligencia está en marcha aparentemente sin problemas. En cuanto a la economía, la integración de ambos países es cada vez mayor y muchos empresarios, poderosos e influyentes, han defendido la continuación del TMEC. Las amenazas de Trump sirven, más bien, como medio de presión para las negociaciones de ese tratado.
El poder militar de Estados Unidos no es suficiente para cambiar la situación geopolítica, particularmente de Sudamérica, la cual desde hace años se ha acercado económicamente y en algunos casos política y estratégi-camente a China. Hay cosas que la fuerza de las armas no puede resolver.
Sin embargo, la posibilidad de extender la violencia a otros países, como lo hizo con Venezuela, apoyándose en su aparato técnico y militar notablemente superior a cualquier capacidad de defensa doméstica, es real. Seguramente, esas acciones armadas carecerán de sustento legal y de un plan estratégico: de la misma manera que un asesino serial decide elegir su próxima víctima mediante reflexiones que no tienen que ver con la lógica o el sentido común, sino con sus fobias, caprichos y una percepción deformada de la realidad, Trump puede decidir perpetrar un nuevo golpe en algún lugar del mundo incluyendo América Latina y el Caribe. Los instintos belicistas de Washington parecen responder a un síntoma de ansiedad provocado por la debilidad cada vez mayor de Estados Unidos en la economía mundial, lo que se ha visto reflejado, claramente, en la pérdida de valor y de influencia del dólar estadunidense.
La irracionalidad del “corolario Trump” de la doctrina Monroe y su apuesta por la violencia unilateral puede también dar malos resultados. Si en Venezuela, por ejemplo, se mantiene el régimen político durante este año, más o menos sin grandes cambios, o el petróleo no fluye a Estados Unidos tal como Trump se lo imagina o dice que lo imagina, lo anterior se entendería como una derrota política y diplomática. Una nueva incursión militar, propiciar un golpe de Estado o la división del grupo gobernante, complicaría la crisis venezolana y puede resultar muy costosa en términos de vidas humanas: la situación económica, igualmente, se vería afectada y, con ello, la explotación del petróleo. En lo que respecta al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores , es probable que el juicio dure muchos meses y no salga nada importante a relucir. Por lo pronto, han fabricado dos mártires que, a los ojos de un sector de la opinión pública internacional y de Venezuela, han resistido la crueldad del imperio. Asimismo, es posible que esa estrategia provoque serias fisuras dentro de MAGA y, sobre todo, en el electorado estadunidense, lo cual es de gran importancia tomando en cuenta la proximidad de las elecciones intermedias de noviembre.
No obstante, la imprudencia de Trump puede llevarlo a elegir muy mal el próximo golpe y desatar una respuesta militar por parte de China, la cual tiene a Taiwán como una carta que jugar en una crisis internacional más grave. Por su lado, Rusia se sentirá más confiada en la medida que Trump ha utilizado como único argumento válido el uso de la fuerza para atacar un país, derrocar a su líder y acceder a sus recursos naturales. Incluso Europa se siente más amenazada por el deseo reiterado del jefe de la Casa Blanca de apropiarse de Groenlandia.
Lo anterior mostraría que estamos frente a un gobierno “idiota”, como lo calificaron desde su inicio analistas como De Long y Krugman. Si su política comercial (mediante la elevación de aranceles) ha resultado confusa, desordenada y de dudosos resultados, no se puede esperar otra forma de actuar en el plano militar y diplomático. Sin embargo, en la medida que tiene a su disposición el ejército más poderoso del mundo, este comportamiento resulta sumamente peligroso.
El gobierno estadunidense ha violado la legalidad internacional en otros momentos, como Bush después de los ataques de septiembre 11 a las torres gemelas de Nueva York, invadiendo a países como Irak; o como el asesinato de Bin Laden por órdenes de Obama. Pero el asunto venezolano es distinto, como ha analizado David Coyle en la revista NRB. Argüir la legitima defensa, por el tráfico de drogas desde Venezuela, es insostenible para justificar una agresión militar. El flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos no puede equipararse a un ataque armado o una amenaza militar en su contra. Lo mismo puede decirse en términos de la legalidad interna, dada la falta de notificación al Congreso. La aprehensión de Maduro tampoco puede justificar el asalto. Por un lado porque, de acuerdo con la opinión de los expertos en derecho internacional, se trata de un presidente que goza de inmunidad personal absoluta, conocida como ratione personae, según lo expresado en la Carta de las Naciones Unidas, lo que impide que sea arrestado o juzgado por tribunales extranjeros, inmunidad que no distingue entre presidentes “legítimos” o “ilegítimos” y que sólo tiene dos excepciones: el consentimiento del propio Estado, o una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Inmunidad que, por cierto, alegó el propio Trump cuando trataron de juzgarlo cuando ya había dejado el cargo.
Castigar a los gobiernos que juzga que no hacen bien las cosas o las hacen de otra manera, es un argumento ridículo que se sostiene solamente porque Estados Unidos es un país más poderoso, militarmente, que cualquier nación latinoamericana y caribeña. El ejemplo de la aprehensión de Noriega en 1989 puede ser un antecedente; sin embargo, en este caso, el personaje no era un mandatario electo y Washington no se propuso retomar el control del Canal o apropiarse de alguna de sus riquezas naturales. Además, en aquel momento, la Asamblea Nacional había declarado a Panamá en estado de guerra contra Estados Unidos.
Horas negras esperan a América Latina y quizás al mundo mientras Trump esté al mando. Pueden ser muchas, o quizás menos de las que hoy imaginamos. Dicen que los locos no comen lumbre, quizás los idiotas lo hagan: ojalá que sea pronto y paguen las consecuencias de sus actos.

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Hace unos días se anunció un acuerdo entre los representantes de los empresarios, de los trabajadores y del gobierno que por primera vez en la historia del país involucró dos temas fundamentales: el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. El primer asunto entrará en vigor a principios del próximo año mientras que al segundo le queda un camino más largo por recorrer pues se trata de dos iniciativas presidenciales, una que reforman la Constitución y la otra, la Ley Federal del Trabajo. Para su conclusión, seguramente habrá foros públicos en las cámaras del Congreso y luego tendrán que pasar a su estudio en comisiones y finalmente a debate y votación en los plenos de ambas cámaras (y en los congresos de los estados en el caso del 123 de la carta magna).
Los resultados de las negociaciones, dados a conocer por el gobierno de la república el martes 2 de diciembre, son muy relevantes. Mostraron también un “toma y daca” gracias al cual el gobierno y los empresarios tuvieron que ceder, cada uno por su parte, en temas importantes. La representación obrera que estuvo en la mesa avaló los acuerdos. No obstante, es casi seguro que varios sindicatos independientes manifestarán su disgusto en algunos aspectos de la iniciativa concerniente a la reducción de la jornada laboral.
Y es que en este último asunto la propuesta anunciada por la presidenta tiene varios aspectos que merecen destacarse: desde luego, resulta positivo que se haya pactado la jornada de 40 horas a la semana y que esta enmienda se eleve a rango constitucional. Igualmente, la obligación para los empleadores de “registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización; así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera”.
Sin embargo, al mismo tiempo, se acordó que la reducción entrará en vigor en 2027 y de manera gradual, dos horas cada año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Más importante, y por supuesto discutible, se pactó que la jornada semanal se mantenga como está: seis días de labores con sólo uno de descanso. La propuesta de todos los sindicalistas es de 5 días de trabajo y dos de asueto. Asimismo, la iniciativa dispone que el tiempo extra que se paga “un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias” se fijará en doce horas a la semana en lugar de las nueve que señala la ley vigente, aumento que se hará gradualmente una hora por año desde 2018. Otra concesión a la patronal reside en que se establecen topes demasiado altos para la “prolongación” de la jornada que supere esas doce horas extras, pues se proponen cuatro horas adicionales semanales (que se retribuirían al 200%) y un máximo de doce horas diarias.
La ley, actualmente, indica que “podrá prolongarse la jornada de trabajo… sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres horas diarias en una semana”, aunque de manera contradictoria agrega en otro artículo que, si se exceden estas nueve horas semanales, se pagarán al 200%.
La iniciativa presidencial dispone, por un lado, abaratar las horas extras que se pagan al 100% al extenderse de nueve a doce, y por otro se ponen límites para las que se retribuyen al 200%. Para que quede claro, veamos año por año lo que implica esta parte de la iniciativa presidencial: en 2027, la jornada semanal ordinaria se reduciría a 46 horas, la extraordinaria al 100% quedaría en 9 horas; y la que se retribuye al 200% en 4 horas, dando un total de 59. Para 2028 la ordinaria bajaría a 44 pero aumentaría la que se paga al 100% a 10 horas, más las 4 horas que se retribuyen al 200% dan, asimismo, un resultado final de 59 horas semanales. En 2029, la jornada ordinaria se reduciría a 44 horas y la extraordinaria al 100% se elevaría a 11, más la que se paga al 200% equivalente a 4 horas, da un total de 57 horas semanales. Finalmente, para 2030, la jornada ordinaria quedará en 40 horas, sin embargo, la extraordinaria que se pagaría al 100% se extiende a 12 horas a la que habría que agrega las 4 extras que se retribuirían al 200%, dando una suma de 56 horas semanales.
Finalmente, y no de menor importancia, dado que se mantiene la jornada semanal de 6 días laborables, la prima dominical tampoco se modifica y se queda en 25%.
Estos cambios otorgarían más flexibilidad al empleador para alargar la jornada y contratar a menor precio el tiempo extraordinario. Por su parte, el esquema propuesto induce a los trabajadores a monetizar sus horas libres, es decir a cambiar su tiempo de descanso por más dinero trabajando tiempo extra. De esta manera, el patrón lograría compensar parcialmente la reducción de la jornada pagando menos por las horas extras, y el objetivo anhelado de otorgar más tiempo de descanso al trabajador puede quedar en entredicho.
Es probable que estas concesiones a la patronal se hayan reflejado en un aumento al salario mínimo mayor al esperado. Los representantes empresariales esperaban un aumento para 2026 de alrededor del 11% y resultó en 13%. De esta manera el gobierno lograba un resultado mejor de lo planeado originalmente.
La reducción de la jornada, no obstante los asuntos polémicos aquí señalados, debe considerarse una conquista muy importante que beneficiará en los próximos años a alrededor de 16 millones de trabajadores y trabajadoras que laboran en el sector formal (con la protección de la seguridad social) más de 40 horas a la semana. Tan solo aquellos que (con datos del tercer trimestre de 2025), dedican 48 horas y más a sus labores remuneradas, suman alrededor de 12 millones y medio. Quizás el registro electrónico anunciado pueda ayudar a que el tiempo extra se pague debidamente y a que los trabajadores informales que laboran al servicio de un patrón reciban este beneficio (y se les inscriba en la seguridad social).
Igualmente, el aumento del 13% a los mínimos es destacable porque se ha alcanzado el monto necesario para la adquisición de dos canastas básicas. En este caso los beneficiados, según cifras oficiales, serán 8.5 millones de trabajadores, aunque el efecto puede llegar a un número mayor gracias a las revisiones contractuales y, mediante el llamado “efecto faro” a las personas trabajadoras que ahora perciben hasta dos salarios mínimos.
Las negociaciones que llevaron a pactar los incrementos salariales para 2026 y la iniciativa presidencial para la reducción de la jornada se ubicaron en un contexto económico difícil. El crecimiento del producto para este año será bajo (quizás menor al 0.5%) y las perspectivas para el próximo no son halagüeñas debido a la incierta relación con Estados Unidos y a las políticas de austeridad del gobierno que se han reflejado en una inversión pública reducida. Consecuentemente, la creación de empleos se ha vuelto más lenta. Según las cifras del IMSS, entre noviembre del año pasado y este mismo mes de 2025, el empleo registrado aumentó 0.9%. No estamos en una recesión y no hay despidos masivos, pero la oferta de puestos de trabajo formales tiene cifras negativas en la industria, en particular en la construcción y en la maquila de exportación (ENOE-INEGI tercer trimestre).
Este panorama seguramente fue un ingrediente que se tomó en cuenta para esa negociación que forzó al gobierno y a los representantes empresariales a ese “toma y daca” con los resultados señalados.
En fin, queda todavía un espacio de tiempo (probablemente los primeros tres o cuatro meses de 2026) para el debate de las iniciativas que buscan reducir la jornada laboral. Esperemos que se lleve a cabo bajo mejores expectativas económicas mundiales y locales, y que la voz de los trabajadores y de todos los interesados en mejorar el bienestar de los mexicanos sean escuchadas en las cámaras de diputados y senadores.

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Una marcha nutrida y pacífica que transitó por el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino culminó con una violenta acometida por grupos anónimos contra la policía de la Ciudad que duró varias horas. Como ha sido documentado por diversos medios de comunicación, así como por testimonios y videos que han circulado en las redes sociales, no hay duda de que la agresión fue desatada por esas personas, la mayoría encapuchas o con cascos. Aun más, es evidente que los agresores iban bien preparados para cometer el asalto. Se trató, por lo tanto, de un “movimiento contra la autoridad constituida”, un motín, que buscaba dejar patente su inconformidad mediante la gresca. Es crucial dilucidar cómo se desató la violencia pues ello explica los orígenes de la manifestación, los acontecimientos del sábado y sus secuelas. A pesar de las evidencias, ahora los simpatizantes de esa movilización alegan que la agresión fue iniciada por los uniformados, lo que revelaría el carácter represivo del gobierno de México. En realidad, este argumento busca justificar la provocación y dar nuevos argumentos para continuar las movilizaciones.
La disputa por la narrativa seguirá durante un tiempo; no obstante, resulta interesante entender los objetivos que intentaron alcanzar ese día. De acuerdo con declaraciones de algunos asistentes, lo que se propusieron era “entrar a Palacio Nacional” (o por lo menos a la Suprema Corte y al edificio del gobierno de la Ciudad). Algunos más, simplemente buscaron agredir a la policía. Todos, con el propósito de debilitar al gobierno. En parte lo lograron: los niveles de violencia fueron muy aparato-sos.
Por otro lado, también destaca que las razones que movieron a los manifestantes fueron varias, pero no claramente expresadas. En esto se diferenciaron de muchas marchas, con diversos signos políticos e ideológicos que han llegado al Zócalo. Desde luego pusieron el acento en la inseguridad, sin embargo añadieron consignas que desdibujaron ese propósito. Muchos participantes afirmaron simplemente “fuera Morena” y que “todo estaba mal”. Asimismo, dijeron simpatizar con estrategias como las de Trump y Bukele. Y, para colmo, no escatimaron consignas hirientes y misóginas contra la presidenta. Importa esto porque se trata entonces de un movimiento iracundo que carece de un programa o un conjunto de demandas que puedan ser atendidas en un diálogo con la autoridad. Esa posibilidad, por lo pronto, no existe con estos inconformes.
Finalmente, y quizás más importante, los agresores recibieron un apoyo constante de los asistentes a la marcha, algunos de los cuales los azuzaban para seguir agrediendo a la policía. Aunque hubo otros que llamaron a la calma y al cese de hostilidades, se impuso la voluntad de prolongar la refriega. Algunos simpatizantes de la marcha relataron que hubo señoras que “dieron su bendición” a los agresores. Los uniformados tuvieron que enfrentar, en estas condiciones, no sólo a pequeños grupos sino a una muchedumbre. Varias horas duró el combate, lo cual llevó a excesos policiacos que deben ser investigados y castigados, así como a revisar los sistemas de inteligencia, capacitación y preparación de los elementos.
Lo anterior no debe llevarnos a subestimar la importancia de la protesta del sábado 15. No ayuda mucho discutir si esa marcha y el tumulto posterior refleja el sentir de la juventud mexicana. Tampoco si fue alentada, preparada y financiada por empresarios, políticos, ideólogos de derecha y ultraderecha, y bots pagados con millones de pesos. Importa más reconocer que fue una manifestación numerosa, con mucha rabia, y convencida de que esta administración, electa en 2024, debe ser destituida ya que no puede ofrecer soluciones a los problemas del país y, al contrario, es cómplice del crimen organizado.
Si muchos de los marchistas consideran que no hay posibilidad de entendimiento, la única salida es la revocación de mandato. Esta posibilidad, por la vía electoral, está cerrada hasta el 2027 o 2028, así que sólo la manifestación callejera puede hacerlo posible. Como afirmaron el día después, algunos participantes, “la inconformidad de una sociedad que estuvo muy cerca de llegar a Palacio Nacional, lo volverá a intentar”.
Frente a esta postura, el gobierno no puede simplemente descalificar los acontecimientos. La inconformidad, en buena medida de orientación ultraderechista, debe ser respondida con eficacia y contundencia para lograr una mayor seguridad de los ciudadanos. No deja de ser paradójico que este gobierno, el de Sheinbaum, más decidido que su antecesor a dar la lucha frontal contra el crimen organizado, sea acusado de estar aliado con las bandas del narcotráfico.
Y es que, precisamente, el que se haya mostrado la penetración del crimen organizado en diversas instituciones del Estado mexicano ha aumentado la cólera en lugar de disminuirla. Porque fue esta administración la que sacó a la luz la complicidad de elementos de la Marina en el llamado huachicol fiscal y la verdadera identidad delictiva del secretario de seguridad del gobierno de Tabasco. A esto hay que agregar, por supuesto, el crimen del alcalde de Uruapan y las disputas al interior de Morena que llevaron a Manzo a la oposición.
Algunos comentaristas que, por cierto, no son simpatizantes de la Cuarta Transformación como Ricardo Raphael han especulado que “el contingente de personas armadas” que actuaron el sábado podrían ser “sujetos bajo las órdenes de los carteles criminales que operan en la Ciudad de México”.
Hasta ahora no hay pruebas de esos dichos. En cualquier caso, el gobierno no puede ceder, y está obligado a sanear las instituciones de la república y perseguir la corrupción, fundamentalmente aquella que ha permitido la penetración del crimen organizado. No ha sido suficiente perseguir y encarcelar a las bandas. Romper los vínculos entre funcionarios y delincuentes es quizás el paso más difícil pero indispensable no sólo para los intereses políticos de la 4T; también para el mantenimiento del estado de derecho.
En otros países hemos visto rebeliones contra gobiernos electos legítimamente. En algunos casos han tenido éxito y los funcionarios, incluyendo presidentes, han tenido que irse. Así sucedió, por ejemplo, Argentina en 2001 o Chile en 2019. Se trató de movimientos sociales que hicieron uso de la manifestación callejera e incluso de la violencia; sin embargo, habían levantado un conjunto de demandas claramente reconocidas. Un caso muy distinto fue el de los simpatizantes de Bolsonaro en Brasil, los cuales trataron de impedir la transición de gobierno: fracasaron y fueron castigados posteriormente.
En México, estamos presenciando manifestaciones de inconformidad diversas, con pliegos petitorios como los maestros de la CNTE o de las organizaciones campesinas. Los manifestantes del sábado, en su gran mayoría, no tienen inspiración social. Lo que los distingue es su rabia, su oposición, sin concesiones, al gobierno actual. Y, en el futuro, si no hay respuestas convincentes a ese clamor, las movilizaciones pueden resurgir con más fuerza e incluso traducirse en votos contra Morena y sus aliados.
Los éxitos de la ultraderecha en América Latina no han sido producto solamente de la manipulación. Han respondido a serios errores de la izquierda gobernante y a su incapacidad de entender el malestar de la sociedad. Muchas de las personas que se manifestaron el sábado, lo hicieron, en efecto, con la idea de que se requiere un gobierno de mano dura. Hay que construir, por lo tanto, una nueva mayoría que no se reduzca a los aparatos políticos de la Cuatro T y que incluya a muchos contingentes que buscan la transformación pero que no quieren ser sometidos políticamente.
El reto del gobierno de la presidenta Sheinbaum puede formularse de esta manera: más contundencia para acabar con la corrupción, y más apertura al pensamiento y a los actores sociales que buscan construir un país en paz y con una vida digna para todos y todas.

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Apenas se conocieron los resultados de la elección del domingo 25 de octubre en Argentina, los cuales favorecieron al partido del presidente Milei, el mandatario anunció una reforma que busca, dijo, la “modernización laboral”. Por este último término, según comentarios que recogió el diario de Buenos Aires, Página 12, lo que se pretende es una nueva flexibilización laboral. A pesar de que el gobierno ha señalado que dicha reforma “no implica una pérdida de derechos”, las centrales sindicales de ese país se han puesto en guardia. Consideran que se trata de un nuevo intento para “destruir la barrera que representa la legislación laboral y, naturalmente, el movimiento obrero” y ponerlo a tono con el “programa económico vigente que tiene como únicos beneficiarios a los grandes empresarios y al capital financiero”.
Según los dirigentes sindicales,
el auge de las importaciones está afectando severamente la industria y el comercio domésticos “Han quebrado casi veinte mil empresas de distintas actividades. El poder de compra, los salarios reales y el consumo se han derrumbado y más de 200 mil empleos se han perdido. Los bienes transables (para exportación) no son competitivos al mismo tiempo que la política económica del gobierno ha abierto las fronteras y ha inundado al país de productos importados, todo lo cual ha generado una recesión, particularmente en la creación de nuevas plazas de trabajo”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más grande e históricamente más influyente, expresó, a través de uno de sus dirigentes que su organización tiene preparado un “menú táctico” que incluye “primero la acción política, luego judicial, y si hace falta, paros y movilizaciones”.
Los sindicalistas sospechan que la reforma anunciada por Milei se basará en un proyecto presentado en el Congreso el año pasado por algunos legisladores afines a su mandato. Para imponerla será necesario, dice un comentarista de Pagina 12, “algo que sistemáticamente hacen los gobiernos liberales y es la estigmatización de los sindicatos, de los abogados laboralistas y, por ende, del andamiaje legal que protege a los empleados y también la justicia del fuero laboral”. El diario argentino agrega que dicho proyecto no es nuevo. Ya lo intentó la dictadura militar, el menemismo y la administración de Macri. El objetivo ha sido, siempre, la destrucción de los derechos de los trabajadores.
La propuesta mencionada incluye nuevas facultades para el empleador. En uno de sus artículos plantea que los patrones podrán “introducir todos los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”. Y agrega que “Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa”. A pesar de las salvedades, resulta claro que facilitan al empleador la imposición de sus condiciones a los trabajadores, los cuales no tendrían más opción que pedir su separación del trabajo.
Una de las cuestiones más preocupantes que han destacado los sindicalistas se refiere las enmiendas legales que permitirían modificar la jornada para que “se adecue a los cambios en las modalidades de producción… A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios (días de descanso obligatorios)”, entre otras prestaciones.
Ante la posibilidad de que un proyecto semejante sea retomado por el gobierno y sus parlamentarios, uno de los dirigentes del sindicato de la industria de la construcción (UOCRA) advirtió que la CGT está dispuesta a desarrollar “la movilización y acciones contundentes” si el presidente Milei decide imponer una reforma laboral regresiva. Y agregó: “No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos en la defensa de nuestro derecho”.
Los sindicatos argentinos tienen razón en prepararse ante un escenario adverso. Los votos obtenidos por La Libertad Avanza (LLA), un asomo de división en la CGT, y una parálisis programática e ideológica del peronismo, el principal núcleo opositor al gobierno, pueden animar al bloque gobernante a imponer severas (contra) reformas como la laboral.
Aparentemente, según comentaristas locales y extranjeros, la influencia de Estados Unidos en las elecciones fue un factor determinante para entender sus resultados. Como se ha señalado, pocos días antes de los comicios Trump anunció un salvamento de 40 mil millones de dólares, pero advirtió que se retiraría dicho apoyo si Milei no ganaba los comicios. Aunque ningún indicador social ha mejorado durante su gobierno; existe una situación económica deplorable; y ha sido acusado de varios actos de corrupción, el oficialismo logró buenos resultados, mejores incluso de los que se esperaban.
Todavía muchos se preguntan si los votos obtenidos representaron un verdadero apoyo a Milei o simplemente fueron producto del chantaje de Trump. Sin embargo, reconocen que muchos votantes se inclinaron en favor de la estabilidad después de años de una inflación desbocada. Hay que recordar que la administración actual bajó el ritmo de aumento de precios de casi 200 por ciento anual a 30 por ciento. También ha destinado miles de millones de las reservas del país para mantener un peso sobrevaluado. Ese indicador ha resultado muy importante. Hay quien ha afirmado que, en Argentina, “un dólar barato gana elecciones”. Igualmente, influyó el voto antiperonista el cual se explica por sus divisiones internas, sus malas cuentas económicas y las acusaciones de corrupción. Todo ello explicaría la aversión de muchos votantes a un nuevo colapso económico y la eficacia de las amenazas de Trump.
Lo que parece indudable es que los planes del gobierno van dirigidos contra los trabajadores. Su lenguaje aparentemente “libertario” oculta sus verdaderas intenciones: favorecer al capital y combatir a los sindicatos para imponer reformas legales que menoscaben los derechos laborales. Se trata, como han afirmado dirigentes gremiales y comentaristas opositores, de viejas recetas que tratan de ponerse en práctica otra vez. Nada realmente nuevo representan Milei y su partido.
El caso argentino puede considerarse excepcional en América Latina. No obstante, muestra la enorme influencia de Estados Unidos en el rumbo de los países de la región, y su cada vez mayor injerencia en nuestros asuntos internos. Al mismo tiempo, la economía mundial se ha visto sacudida debido a las medidas de Trump en materia comercial. Frente a una creciente incertidumbre, la estabilidad es vista como un objetivo, no importa el costo social y económico, la pérdida masiva de empleos y la caída del poder de compra de la población, en especial de los salarios. Finalmente, se revela que los errores y la arrogancia del poder de un gobierno o partido político que se proclama progresista pueden despertar reacciones populares muy dañinas para la convivencia democrática y las aspiraciones de un mejor nivel de vida para los trabajadores y sus familias.
Ante el deterioro de la oposición política de izquierda o progresista, los sindicatos tienen hoy la posibilidad de frenar los planes de Milei. En los próximos meses veremos si es posible, o finalmente ceden ante una correlación de fuerzas que aparentemente no les favorece. No obstante, hay que recordar que los trabajadores argentinos han logrado cambiar la historia en otros momentos aún más sombríos. La movilización callejera a veces se ha impuesto ante un panorama electoral que presagiaba la continuidad de las políticas neoliberales.

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El tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (TMEC o USMC por sus siglas en inglés), aprobado entre 2018 y 2019 y en vigor desde 2020, introdujo dos cambios muy importantes en materia de trabajo: el capítulo 23 y su Anexo que obligó a México a reformar sus leyes e instituciones laborales; y el Anexo 31-A que se incluyó casi en el último momento y estableció el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), en inglés Rapid Response Labor Mechanism (RRLM). Por medio de este mecanismo un gobierno (Estados Unidos) puede reclamar a otro (México) la violación de derechos laborales en una “instalación de producción cubierta” y, en caso de no haber acuerdo, someter el asunto a un panel, el cual verifica la petición bajo ciertos requisitos. Si se confirma, podrá solicitar al gobierno demandado tomar medidas para la reparación de esas violaciones. Sin embargo, igualmente, el gobierno reclamante tiene la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no cumplan con la ley. Estas sanciones pueden ser aranceles más elevados o multas, particularmente en los casos de negación de los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva.
El MRR se puede aplicar solamente en sectores económicos “prioritarios” principalmente manufactura de exportación y minería. Además, el gobierno estadunidense creó un Comité Laboral Interinstitucional, el cual es responsable de supervisar la implementación y cumplimiento de las obligaciones en materia laboral contenidas en el Tratado y en las leyes mexicanas. El verdadero objetivo del MRR fue, desde el principio, permitir a Estados Unidos tomar medidas contra empresas establecidas en México que no respetan los derechos laborales. Tiene un carácter unilateral que hace casi imposible que México utilice el MRR para denunciar y exigir el cumplimiento de esos derechos en Estados Unidos.
Diversos informes han señalado que las disposiciones del TMEC “no han sido los esperados” para generar un auténtico movimiento laboral democrático, pues apenas unos 27 mil trabajadores han sido beneficiados por el MRR. A pesar de ello, representantes de organizaciones democráticas han coincidido en que este mecanismo ha sido el instrumento más efectivo del TMEC para hacer valer los derechos de los trabajadores mexicanos.
Hasta octubre de este año, según un reporte del comité independiente de expertos laborales para México, nombrados por el Congreso de Estados Unidos, el MRR había iniciado 39 casos en empresas instaladas en nuestro país, la mayoría de capital estadunidense vinculadas al sector automotriz. Las quejas surgieron, principalmente, de sindicatos independientes mexicanos y, en menor medida, de los gobiernos de nuestros socios comerciales.
Desde luego, el MRR no puede ser el principal instrumento para cambiar las condiciones de trabajo y la vida sindical de México. Esta tarea debe corresponder en primer lugar a los asalariados, a sus organizaciones gremiales legítimas y a las autoridades laborales de nuestro país, aunque se requerirá, asimismo de un fortalecimiento de las alianzas entre sindicatos democráticos, asociaciones civiles y personalidades progresistas de las tres naciones.
No obstante, como es sabido, el próximo año 2026 se revisará el TMEC y resultará inevitable poner a discusión su capítulo laboral y, en particular, las deficiencias y bondades del MRR.
Este debate se realiza en una situación de gran incertidumbre debido a las políticas cambiantes del gobierno de Trump en materia comercial y acerca de la relación bilateral entre nuestros países.
No está claro, por ende, cuál será la postura del gobierno de Estados Unidos en lo que se refiera al tema laboral del TMEC. En principio, habría tres posibilidades. Una, que esta parte del Acuerdo no se modifique y el MRR siga operando en los mismos términos; una segunda, que este Mecanismo se refuerce tomando en cuenta la experiencia de estos últimos años y las recomendaciones de sus expertos; y una tercera, que el gobierno de Washington ponga más el acento en las “reglas de origen” y descuide o incluso suprima diversas disposiciones incluyendo el MRR. Si Trump sigue considerando que el problema principal es el déficit comercial entre nuestros dos países, es probable que haga más insistencia en las reglas de origen alegando que las mercancías destinadas a la exportación a Estados Unidos deben producirse por trabajadores con salarios sustancialmente más elevados. Si eso no sucede, dichos bienes podrían ser materia de aranceles muy costosos para las empresas. Otra posibilidad reside en que el gobierno de Washington considere que el problema en el que debe enfocarse sea el freno al creciente poder económico de China, por lo que podría poner más interés en reforzar las cláusulas laborales y el MRR. En este complejo panorama faltaría también conocer la opinión de la representación de las empresas que invierten en México, y de los sindicatos estadunidenses. Seguramente los primeros objetarán el MRR y los segundos apoyarán su fortalecimiento.
Sin embargo, más allá de estas dudas, resulta necesario que el gobierno y los sindicatos mexicanos tengan una posición común. Afortunadamente, el pasado 14 de octubre un conjunto de sindicatos independientes dio a conocer la entrega de un documento a las secretarías de Trabajo y Economía, titulado “Desde la acción sindical hacia políticas comerciales justas”, con el propósito de participar activamente en el proceso de revisión del TMEC. El objetivo consiste en “dar voz a activistas, líderes sindicales, y personas trabajadoras… actores del movimiento sindical democrático”. En dicho escrito planearon varias recomendaciones para ampliar y robustecer el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y reforzar la capacidad de las instituciones mexicanas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Las más destacadas son: establecer (gradualmente) un salario mínimo regional en los sectores estratégicos cubiertos por el T-MEC, con énfasis en el sector automotriz y de autopartes; reducir la carga probatoria para los trabajadores que presentan quejas bajo el MLRR; ampliar la cobertura del Capítulo Laboral a sectores agrícolas, de servicios y de plataformas digitales en los tres países; y fortalecer la inspección y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) para que cuenten “con una mayor capacidad para emitir sanciones efectivas”.
De esta manera, el documento busca mejorar las remuneraciones de los trabajadores mexicanos mediante “mesas de diálogo” trilaterales con la participación de las empresas, los sindicatos y las autoridades laborales; facilitar y hacer más sencillos el acceso de los trabajadores a los trámites y estudios necesarios para activar la queja prevista en el MRR; terminar con la unilateralidad del MRR, ya que la posibilidad de su aplicación en Estados Unidos es prácticamente nula por diversas razones legales y políticas y, por lo tanto, coadyuvar a la protección de los trabajadores migrantes documentados e indocumentados. Igualmente, ampliar la cobertura del Capítulo Laboral y el MRR a sectores no contemplados actualmente en el Mecanismo, particularmente al sector agrícola. Y, finalmente otorgar más recursos y facultades a las autoridades mexicanas del ramo (el CFCRL y la Secretaría del Trabajo) para, entre otras cosas, emitir sanciones efectivas a los actores que violen los derechos de los trabajadores (líderes sindicales y empleadores) especialmente en materia de democracia sindical y negociación colectiva. Finalmente, las propuestas buscan que se lleve a cabo una consulta permanente con las organizaciones y activistas sindicales en cada una de las etapas del MRR, lo que podría ayudar a que los casos no se cierren sin escuchar su opinión; a que las violaciones a la ley sean realmente tomadas en cuenta; y a que los colectivos de trabajadores que se oponen a los líderes corruptos y a empresas abusadoras no sean reprimidos.

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