Diversos medios de prensa reportaron hace unos días que la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) había sido denunciada en Coahuila y Durango por extorsión. En el pasado reciente, dicha organización también fue señalada por desatar la violencia en Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua.
Por ejemplo, la fiscalía general del Estado de Oaxaca, apenas en julio pasado, inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México. Por otro lado, en Veracruz, el empresario chatarrero Ernesto Hernández García, de Las Choapas, denunció que fue secuestrado y extorsionado por un dirigente de la CATEM. En Chihuahua, el pasado mes de abril, productores y comercializadores de forraje denunciaron ser víctimas de actos de extorsión por parte de un grupo que, según señalan, actúa con el nombre del sindicato CATEM, y hace unos días, el 21 de agosto, en un comunicado firmado por Canacintra, Coparmex Laguna, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y la Unión Ganadera Regional, se acusó a la CATEM de extorsión y complicidad con el crimen organizado.
El secretario general de la CATEM, Pedro Haces, ha rechazado todas las acusaciones. Asegura que, como líder de esa organización, “se ha guiado bajo los principios de transparencia, legalidad y el respeto irrestricto a los derechos de las y los trabajadores”.
Vale la pena, entonces, repasar brevemente la trayectoria de esta organización. La CATEM surge, de acuerdo con sus representantes, en 2011 aunque según el repositorio de información del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) su fecha de constitución fue el 29 de noviembre de 2012. Sin embargo, Pedro Haces aparece en las lides sindicales en 2005, cuando logró el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslados de Valores, Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Similares y Conexos de la República Mexicana, afiliado a la CTM.
Previamente, Haces había militado en el PRI y desde 1981 había ocupado cargos dentro del partido y puestos en la administración pública. Además, es propietario de la compañía Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, y de otra empresa ligada a la promoción de corridas de toros.
El dirigente de la CATEM no sólo se ha ostentado como empresario y líder sindical. En 2020, Haces y Gerardo Islas, antiguo miembro del partido Nueva Alianza, fundaron el partido Fuerza por México el cual obtuvo su registro en octubre de ese año. Fue un acontecimiento polémico ya que el INE había negado tal solicitud aduciendo que se había violado la norma que prohíbe a los sindicatos incorporar a sus agremiados a un partido político. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió avalar el registro del partido y desestimó los argumentos del INE. Con el nombre de Fuerza Social por México, en las elecciones de 2021 obtuvo apenas el 2.47 por ciento de la votación. Perdió su registro y desapareció.
Haces fue, asimismo, senador suplente por Morena, electo para el periodo 2018-2024. Cuando Germán Martínez ocupó por un corto tiempo la dirección del IMSS, el líder de CATEM ocupó dicha curul entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019.
En febrero de 2020, el presidente López Obrador asistió al X Congreso de la CATEM. Algunos interpretaron entonces que no sólo se daba visto bueno a la organización sindical, sino que también se veía con buenos ojos el registro del partido político. El caso es que el presidente en ese acto mostró una gran simpatía con la organización sindical. “Me da mucho gusto participar en este congreso de CATEM para reafirmar nuestros principios, para dejar de manifiesto que el gobierno que encabezo, que represento, siempre va a apoyar, a respaldar el sindicalismo de México…” dijo en ese acto.
Según el Diario Peninsular de Yucatán, Pedro Haces fue favorecido durante el sexenio con los contratos de todas o casi todas las obras del gobierno federal en el estado como el aeropuerto, los tramos y terminales del Tren Maya y el Parque del Jaguar. En noviembre de 2022, el presidente defendió a la CATEM y reconoció que algunos transportistas participaban en las obras del Tren y estaban afiliados a esa organización, aunque “otros a la CTM, la CROC”, y agregó que con “todas hay muy buena relación y en general se han portado muy bien, mucho muy bien”.
En la campaña presidencial pasada, la CATEM apoyó sin reservas a Claudia Sheinbaum. En el XV Congreso Nacional Ordinario de la organización a finales de 2023, en la Arena México le pidió a la candidata “tomar protesta a los representantes de los Comités Laborales de Defensa de la Cuarta Transformación que la CATEM tienen en todo el país”.
Y para terminar este recuento, mencionaremos que hace menos de un año, en noviembre de 2024, Pedro Haces tomó protesta para el periodo 2024-2030 como secretario general de la CATEM. A dicho acto concurrieron Mara Lezama y Miguel Ángel Navarro, gobernadores morenistas de Quintana Roo y Nayarit, al igual que Libia García, Mauricio Kuri y Teresa Jiménez, gobernadores panistas de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tomó protesta a Pedro Haces. Igualmente, estuvieron presentes Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, Alejandro Malagón, de la Concamin, Esperanza Ortega de Canacintra y José de Jesús Rodríguez, de la Canaco-Cdmx.
La CATEM ha crecido. En 2022 logró la representación de los trabajadores que laboran en la planta de automóviles Mazda, en Salamanca, Guanajuato. Por su lado, el Sindicato Autónomo Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, mencionado líneas más arriba, tiene registro federal y según el repositorio del CFCRL cuenta con 272 agremiados y alrededor de 59 contratos colectivos. Además, con alrededor de 30 secciones estatales. Pero, por ejemplo, la sección 11 de León, Guanajuato, tiene 38 afiliados y 51 registros de contratos colectivos.
En resumen, la CATEM parece ser una organización sindical que cuenta con el apoyo de diversos políticos de Morena, incluyendo a los diputados Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, y de gobernadores del partido oficial y de la oposición. Ha prestado servicios al gobierno federal, particularmente en las obras públicas más destacadas del sexenio anterior.
Las organizaciones de CATEM, sobre todo aquellas ligadas a la construcción, transporte de materiales y servicios de vigilancia se han extendido a diversas partes del país. También en la industria manufacturera, aunque en menor medida.
En los medios sindicales independientes y democráticos, al igual que en algunas organizaciones patronales, goza de mala fama. Su dirigente es, a la vez, empresario, líder sindical y un oportunista que ha sabido adaptarse a las necesidades del poder económico y político.
La reforma de 2019, que abrió un nuevo espacio a los trabajadores para formar sindicatos democráticos, ha sido aprovechada por personajes como Haces para levantar organizaciones que puedan ser utilizadas de acuerdo con los designios de gobernantes y empresarios.
Sin embargo, la ostentación de su riqueza y algunas posturas (por ejemplo, su oposición a la semana de 40 horas) también han propiciado que algunos círculos de Morena lo vean con desconfianza.
Las acusaciones contra CATEM han provenido de empresarios y de organizaciones sociales y trabajadores.
Así las cosas, el futuro de CATEM es tan incierto como los reacomodos dentro del grupo gobernante. Saldrá impune si sigue gozando de la complicidad y el apoyo de algunos círculos oficiales.
Pero este apoyo puede erosionarse ante su descrédito creciente, dentro y fuera del país, y su baja estima entre algunos empresarios y grupos políticos cercanos a la presidenta Sheinbaum.
Como sea, la CATEM no representa el sindicalismo democrático y legítimo. Esperemos que los trabajadores decidan construir alternativas distintas.

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De acuerdo con un reportaje de Bloomberg publicado el 30 de julio de este año, elaborado por Daniel Salazar (con base en informes de la CEPAL y el Banco Mundial), América Latina tiene los mayores niveles de desigualdad del mundo desde hace 30 años.
Lo anterior ha sido resultado de un lento crecimiento económico y de políticas sociales insuficientes. La caída del producto de la región se acentuó entre 2014 y 2023, agudizada por la pandemia del Covid-19. Por ello, la región también sufrió la tasa más baja de creación de empleos en seis décadas.
Asimismo, ha influido un sistema educativo y de cuidados poco robustos, así como la marginación de las zonas rurales.
Un factor adicional de gran importancia que explica la desigualdad ha sido la existencia de políticas tributarias regresivas ya que se han concentrado en los impuestos indirectos (como el IVA y el IEPS) que gravan el consumo. En cambio, según la CEPAL, la recaudación proveniente del impuesto sobre la renta de las personas físicas es “relativamente baja”. Además, los gravámenes a la propiedad (de inmuebles, empresas y activos financieros) es muy limitado, lo que “restringe aún más la capacidad redistributiva” de los gobiernos de la región.
Oxfam advierte que en América Latina los más ricos pagan alrededor de 20 dólares (estadunidenses) por cada 100 que reciben de ingresos, mientras que el 50% más pobre contribuye con el doble.
Al mismo tiempo, se ha agudizado la concentración de la riqueza. Ésta es más persistente, dice la CEPAL, ya que varía menos con el tiempo y a pesar una elevación del empleo y los salarios. La opulencia patrimonial es una fuente de “desconfianza hacia las élites y las instituciones”, afirma este organismo de la ONU. En otras palabras, la democracia no ha reducido las desigualdades ni ha garantizado los derechos de las personas a una vida mejor.
En la región latinoamericana, el índice de Gini, un indicador que mide la desigualdad de ingresos ha fluctuado entre 50 y 52. En 2024, bajó a 49. Brasil presentó el nivel más alto entre las grandes economías, con un índice de 51.3 en ese año.
Según la clasificación de la CEPAL, la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) tuvieron un índice de 49.7; Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá El Salvador y República Dominicana), alcanzaron 49.6. En cambio, el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) y México se situaron mejor, con un índice, respetivamente, de 43.4 y 43.3 en 2024.
De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, México ha tenido un nivel de desigualdad menor que el conjunto de América Latina desde 2011, la cifra disponible más antigua en el informe. Nuestro país ha logrado disminuir este fenómeno sobre todo entre 2015 y 2020 de 48.1 a 44.6; en 2024, reportó un índice de 43.3.
Ahora bien, en lo que toca a la concentración de la riqueza, UBS, un banco de servicios financieros, en su informe 2024 señala que, aplicando el índice de Gini para medir el patrimonio de las familias, la desigualdad es mucho mayor que en el caso de los ingresos. Brasil sería uno de los países con un índice de 0.82 y México, más abajo con 0.72.
Por su parte, el portal World inequality (disponible en Wid.world) ofrece datos para 2023 para varios países del mundo incluyendo México. En el caso de nuestro país, el 10 por ciento de la población acumulaba el 70.2 por ciento de la riqueza mientras que el 1 por ciento más próspero acumulaba el 37.5 por ciento. El 50 por ciento más pobre apenas reunía el 2.3 por ciento.
En Brasil según esta investigación, las cosas eran muy parecidas: el 10 por ciento se había hecho, ese mismo año, con el 69.7 por ciento de la riqueza nacional; el 1 por ciento con el 36.7 por ciento y el 50 por ciento menos afortunado con el 2.4 por ciento.
Por su lado, la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares) 2024 que se acaba de dar a conocer ofrece un índice de Gini para 2024 de 0.45 pero si se toman en cuenta las transferencias gubernamentales mediante los programas sociales, el índice se reduce a 0.391. Cabe destacar que, si se toman en cuenta sólo los ingresos monetarios, la reducción del índice entre 2018 y 2024 suma 25 centésimas (de 0.475 a 0.450) y si se agregan las transferencias o apoyos gubernamentales la caída es de 35 centésimas (de 0.426 a 0.391).
Además, los datos de la ENIGH mostraron que el ingreso promedio de los hogares mexicanos aumentó entre 2018 y 2024 en 15.7 por ciento en términos reales y las remuneraciones por trabajo subordinado (salarios) lo hicieron en 12 por ciento tan sólo entre 2022 y 2024.
Con base en estas cifras puede afirmarse que el incremento de los ingresos, principalmente laborales, tuvieron un peso mayor para reducir la desigualdad que los programas de transferencias monetarias.
No obstante que los deciles más pobres elevaron sus ingresos en mayor medida que los más ricos, la diferencia entre unos y otros fue todavía de 14 veces. Además, persisten brechas muy importantes. En 2024, las mujeres obtuvieron un ingreso equivalente al 66 por ciento de los hombres. En ese mismo año persistieron las diferencias regionales: los hogares que recibieron un promedio menor al nacional fueron aquellos que se ubicaron en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Zacatecas. Las más prósperas en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Ciudad de México. El ingreso familiar promedio de Chiapas y Nuevo León fue respectivamente de 41 mil 084 y 117 mil 034 pesos mexicanos, es decir la entidad norteña recibió cuatro veces más ingresos que la fronteriza con Guatemala. Incluso, Chiapas, lamentablemente, fue la única entidad en la que el ingreso de las familias disminuyó (-6.7 por ciento) el año pasado.
Uno de los asuntos más graves que recoge la ENIGH 2024 se refiere a la salud. El porcentaje de la población que tuvo acceso a los servicios públicos cayó de 82.6 por ciento a 57.9 por ciento entre 2016 y 2022 para luego mejorar un poco a 63.3 por ciento en 2024. No sorprende entonces que el gasto de las familias en este rubro haya aumentado entre 2018 y 2024 en 41.3 por ciento. Solamente entre 2022 y 2024 lo hizo en 8 por ciento. Recursos que, en su gran mayoría, se destinaron al sector privado: farmacias, médicos, enfermas y hospitales.
Lo anterior mostraría que el índice de Gini y los incrementos de los ingresos monetarios no reflejan fielmente el bienestar de la población. Para tener un panorama completo se tienen que incluir los avances o retrocesos en alimentación, cuidados, salud, educación, vivienda, transporte, etc. Una evaluación de la llamada pobreza multidimensional será publicada próximamente por el Inegi (en sustitución del Coneval) lo que permitirá apreciar mejor hasta qué punto se superaron las carencias y la inequidad.
En resumen, la desigualdad en América Latina es un grave problema que ha trabado el crecimiento económico y que al mismo tiempo empeora cuando éste se frena. Las principales economías de la región, Brasil y México tienen altos índices de disparidad, aunque esa nación sudamericana reporta datos mayores en lo que se refiere a ingresos y similar en lo que toca a la concentración de la riqueza.
En el caso de nuestro país, los ingresos de los más pobres aumentaron en los últimos años (2018-2024) lo cual ha disminuido el índice de Gini. Sin embargo, en otros aspectos como la salud, las carencias han empeorado. Para hacer un balance más realista del sexenio pasado y los retos por delante es indispensable analizar todas las dimensiones que afectan el bienestar de las familias, incluyendo el medio ambiente en el que viven y trabajan.
Este año la situación corre el riesgo de empeorar debido a la caída del gasto público y la disrupción del comercio mundial. Por ello, los esfuerzos para seguir fortaleciendo la política laboral deben ir acompañados de una revisión de nuestro modelo de desarrollo y, en el corto plazo, de una mayor inversión pública. Las transferencias monetarias a la población no han sido suficientes para alentar un mayor crecimiento económico y abatir la pobreza y la desigualdad en su sentido más amplio.

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Una jornada de 40 horas a la semana con dos días de descanso para los trabajadores asalariados del país es una demanda legítima que sin duda aportaría beneficios no sólo para la clase obrera. También abriría el camino para un cambio estructural de la economía mexicana.
Un estudio reciente que concentró datos de más de 180 naciones mostró que ha ocurrido un descenso constante de las horas de trabajo en todo el mundo con excepción de África (que no se incluyó en la investigación) y de Asia, región en la que aumentaron entre 1985 y 2010, y posteriormente han venido disminuyendo.
Por ejemplo, en Europa las horas trabajadas efecivas (promedio semanal) descendieron de 45 a 32 horas desde finales de los años cuarenta del siglo pasado hasta 2020. En Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante, el descenso ha sido sostenido desde 1960 aunque menor que en el viejo continente: el promedio actual es de 35.1 horas por semana.
En América Latina el promedio de horas trabajadas por semana es todavía muy elevado: destacan Colombia, México y Perú que tienen un registro entre 43 y 44 horas.
Sin embargo, hay que agregar que, si observamos el porcentaje de trabajadores que laboran 49 horas o más en relación con el total de empleados asalariados, nuestro país está a la cabeza. El 28 por ciento de los trabajadores mexicanos tiene que dedicar mayor tiempo a sus labores, seguramente para llevar más ingreso a sus hogares. Un porcentaje superior a, por ejemplo, Chile, Brasil o Argentina que tienen una proporción mucho menor, entre 10 y 16 por ciento. Lo anterior muestra que en México las jornadas son prolongadas y que, además, una cantidad significativa de trabajadores debe dedicar más tiempo a sus labores que lo que establece la Constitución (48 horas). Es probable que se les pague tiempo extra, pero hay muchos casos en que este excedente no se remunera debidamente.
Hay que resaltar que, en lo que se refiere a los trabajadores industriales, la situación es más grave ya que el promedio semanal alcanza casi 52 horas lo que quiere decir que las fábricas se benefician, más que otras ramas de la economía, del tiempo extra. En el sector servicios como comercios, restaurantes y hoteles, las jornadas son menores.
Los representantes y voceros de los patrones han argumentado que la disminución de la jornada aumentará los costos laborales. Frente a este argumento, hay que destacar que, si hacemos una comparación internacional, particularmente con otras naciones de América Latina, los salarios en México son reducidos. Por ejemplo en Brasil se trabaja menos horas por semana (39 promedio) y los trabajadores reciben mayores ingresos. En México, en cambio, se trabajan más horas promedio (43.7) y los trabajadores obtienen menores salarios.
El ingreso medio de la población ocupada en el sector privado en Brasil y en América Latina en 2023 según la CEPAL equivale a poco más de tres canastas básicas, mientras que en México está en un equivalente a menos de 2.5 canastas. Se usa este indicador, canastas básicas, para poder hacer la comparación internacional ya que, si utilizamos la moneda nacional o su equivalente en dólares de Estados Unidos, la medición puede ser engañosa por las fluctuaciones constantes de estas monedas. Medir los ingresos laborales con base en su poder adquisitivo refleja mejor la realidad.
En resumen: en nuestro país las jornadas son largas y los salarios reducidos en comparación a Brasil e incluso al promedio latinoamericano. Hay por lo tanto un margen para elevar los “costos laborales” ya sea mediante un aumento directo de los salarios o reduciendo la jornada y aumentando el empleo, costos que, como veremos más adelante podrían absorberse sin afectaciones para las empresas si mejoran sus procesos productivos.
Con base en los indicadores de la CEPAL, llama la atención que los profesionales y técnicos asalariados, aunque reciben mayores ingresos que el trabajador promedio, comparativamente con América Latina y en especial con Brasil, están mal pagados: en Brasil, estos trabajadores, más educados y con mayor calificación reciben un equivalente a 9 canastas básicas, en América Latina alrededor de 7 y en México 5. Esto significa que un trabajador que tiene más años de estudios y haya cursado la preparatoria, algún bachillerato técnico o haya asistido a la universidad, recibe un ingreso notablemente inferior al de sus pares latinoamericanos.
Lo anterior tiene más relevancia si tomamos en cuenta los resultados de un estudio de la OIT titulado “Eficiencia Técnica de las empresas en México” publicado en 2021. El documento considera que para aumentar la productividad hay que tomar en cuenta la eficiencia técnica de las empresas, es decir, los procedimientos y la maquinaria que utilizan en sus procesos productivos.
Los resultados muestran que, si se mejorara su capacidad productiva, sus rendimientos podrían aumentar entre un 40 y un 20 por ciento. Esta eficiencia puede elevarse si los empresarios invirtieran más en el capital físico de sus instalaciones.
De acuerdo con estudios de varios economistas mexicanos como Jaime Ros, a partir de los años ochenta, se presentó una caída de la inversión pública y privada, lo que limitó la absorción de nuevas tecnologías. Ello explicaría asimismo que la demanda y los salarios de trabajadores menos calificados en México sean comparativamente superiores a la de profesionales y técnicos si tomamos en cuenta los indicadores del conjunto de América Latina.
En nuestro país la aportación de la fuerza de trabajo para aumentar la producción es superior a la del capital que se invierte en equipo y maquinaria. En otras palabras, las empresas prefieren invertir más en contratar trabajadores y menos en mejorar su capacidad y su eficiencia técnica.
Se requiere, por lo tanto, alentar la inversión en maquinaria y equipo. El estudio de la OIT recomienda mejorar el acceso al financiamiento o a incentivos fiscales, en especial a los establecimientos pequeños y medianos de tal manera que puedan adquirir activos fijos que permitan aprovechar las tecnologías, lograr una producción más eficiente y limpia, y ampliar el capital utilizado en la producción.
Por ello, la reducción de la jornada laboral es importante no sólo para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Podría estimular a los dueños y administradores de los negocios a aumentar su productividad y no descansar en jornadas largas y bajos salarios.
Así, mejoraría la calidad de vida del trabajador lo que aumentaría la productividad y, además, se beneficiaría el conjunto de la economía mexicana estimulando un mayor crecimiento.
México ha recibido inversión extranjera que ha aprovechado el reducido costo de la fuerza de trabajo mexicana, destacadamente por la ausencia de sindicatos representativos y la existencia de contratos de protección, lo que ha propiciado que buena parte de ese capital foráneo se invierta en maquiladoras que se caracterizan por el uso intensivo de fuerza de trabajo. Pero incluso las empresas con mayor nivel tecnológico, como las que producen motores o ensamblan automóviles, también han recibido ganancias muy altas por los bajos costos laborales, ganancias que, no totalmente, se reinvierten en nuestro territorio.
Nuestro país requiere empresas que eleven su capacidad de producción y se modernicen con nuevas tecnologías. Lo anterior exige una nueva política económica que incluya un mejoramiento constante de los salarios y las condiciones de trabajo, entre ellas, la reducción de la jornada laboral. Serviría igualmente para promover un cambio estructural, un nuevo modelo de desarrollo que no se base en la explotación desmedida de los asalariados, como ha sucedido en el pasado, desde que se puso en vigor el TLCAN con Estados Unidos hace ya tres décadas.
En síntesis, la reducción de la jornada a 40 horas beneficiaría a todos los mexicanos.

* Resumen de la ponencia pre-sentada en el Foro para la imple-mentación de la Semana Laboral de 40 horas convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de junio de 2025.

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El martes pasado, 15 de julio, representantes de más de 30 estados de todo el mundo inauguraron en Bogotá, Colombia la Conferencia de Emergencia de los Estados para detener el genocidio en Gaza. De acuerdo con información oficial del gobierno colombiano, asistieron representaciones oficiales “desde Argelia hasta Brasil, desde China hasta España, desde Indonesia hasta Qatar” con el objetivo de “pasar de la condena a la acción colectiva”.
La conferencia de Bogotá tiene un antecedente: a finales de enero de este año en La Haya, Holanda, se congregaron delegados de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Lamentaron “la pérdida de vidas, medios de subsistencia, comunidades y patrimonio cultural debido a las acciones genocidas de Israel en Gaza” y manifestaron su voluntad para no permanecer pasivos ante tales crímenes internacionales.
Su declaración final se basó en diversas resoluciones de la ONU y, particularmente, en la emisión por parte de la Corte Penal Internacional, el 21 de noviembre de 2024, de órdenes de detención contra los señores Netanyahu, primer ministro de Israel y Gallant, ministro de Defensa entre 2022 y 2024, debido a que encontraron “motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad penal como superiores civiles por… diversos crímenes de guerra”.
Los resolutivos de La Haya incluyeron apoyar estas órdenes de detención; prevenir el suministro o la transferencia de armas, municiones y equipo conexo a Israel, en los casos en que exista un riesgo claro de que dichas armas y artículos conexos puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones del derecho humanitario; prevenir el atraque de buques en cualquier puerto, dentro de nuestra jurisdicción territorial, en todos los casos en que exista un riesgo manifiesto de que el buque sea utilizado para transportar combustible y armamento militar al país agresor.
Posteriormente, el 9 de julio el presidente Gustavo Petro denunció que “durante los últimos 600 días, el mundo ha visto a Benjamín Netanyahu liderar una campaña de devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional y un abandono imprudente del derecho internacional”. Informó que su gobierno suspendió las exportaciones de carbón a Israel y que otros gobiernos también estaban actuando como Sudáfrica y Malasia, país que ha prohibido a todos los buques de carga con bandera israelí atracar en sus puertos.
El mandatario colombiano convocó a la conferencia de Bogotá para el 15 de julio para “deliberar sobre una defensa multilateral del derecho internacional e introducir medidas jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción (que lleva a cabo) Israel y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley”.
Una de las oradoras principales en la inauguración de la Conferencia de Bogotá fue Francesca Albanese una abogada en derecho internacional que en mayo de 2022 fue nombrada relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, cargo que deberá ocupar hasta 2028. El 26 de marzo de 2024, presentó en la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe Anatomía de un Genocidio. Solicitó sanciones y un embargo de armas contra Israel y la suspensión de sus credenciales como Estado miembro de la ONU. Posteriormente, en noviembre, pidió a los Estados miembro de la ONU suspender todas sus relaciones con esa nación para forzar un alto al fuego en la guerra de Gaza.
El día 3 de julio de 2025, Francesca Albanese, presentó en la ONU otro informe titulado De la economía de ocupación a la economía de genocidio, en el que afirmaba que la matanza en Palestina continuaba “porque es lucrativa”. Enumeró a más de 60 empresas, entre ellas IBM, Microsoft, Alphabet, Amazon, Volvo y Google, que, según las investigaciones de su equipo, están involucradas en el apoyo a los asentamientos israelíes y las acciones militares en Gaza. Y urgió a la Corte Penal Internacional a investigar a los altos cargos de estas empresas y a las propias entidades “por su implicación en la comisión de violaciones del derecho internacional y en el lavado de dinero obtenido mediante los crímenes que denuncia”.
Albanese ha sido amenazada por grupos de derecha y diversos gobiernos. Fue sancionada por el gobierno estadunidense con el bloqueo de sus bienes y activos y la prohibición de entrar a ese país.
Sin embargo, Albanese ha recibido un gran apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil que la han propuesto para recibir el premio Nobel de la Paz. En Italia y en el resto del mundo, casi 85 mil personas se han manifestado en este sentido hasta hace unos días. Por su parte, Albanese ha asegurado que no tiene intención de “callar sobre el genocidio en Gaza”, a pesar de que Estados Unidos quiere “intimidarla con métodos que recuerdan a los de la mafia” y que las sanciones son “una lamentable respuesta” a su último informe.
Su presencia y su palabra en Bogotá adquieren entonces una importancia muy destacada.
Lamentablemente la Conferencia de Bogotá y la actuación de Francesca Albanese han recibido poca atención de los medios. México no ha estado presente ni en La Haya ni en Bogotá. Tampoco se ha pronunciado en defensa de Albanese. La presidenta Sheinbaum y su secretario de Relaciones Exteriores han condenado la guerra y han manifestado que buscarán “por todos los medios” que se construya la paz en la Franja de Gaza “todos los días”. Se negó, no obstante, a contestar acerca de la ruptura de relaciones con Israel o a la posibilidad de unirse a las campañas emprendidas por el grupo de La Haya y ahora de Bogotá.
Por su lado, el 6 de julio, el presidente Lula da Silva de Brasil denunció al gobierno de Tel-Aviv por llevar adelante un “genocidio” y acusó a las potencias de “conducir al mundo a un colapso sin precedentes del sistema multilateral”. “El derecho internacional se ha convertido en letra muerta”, advirtió el mandatario brasileño, en el discurso de apertura de la XVII cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro.
Más allá de la postura oficial mexicana (y de otras naciones), la Conferencia de Bogotá representa un esfuerzo excepcional de varios gobiernos del mundo para detener el genocidio en Palestina. La posibilidad de pasar de la condena a la acción efectiva apenas está empezando, pero ya se ha iniciado. Significa, asimismo, un desafío abierto al gobierno de Estados Unidos. Las sanciones de Washington contra gobiernos y personas es probable que se agudice después de la conferencia de Bogotá. Sin embargo, la existencia de un bloque de naciones puede animar al resto del mundo a unirse contra el genocidio.
Las palabras que se han dicho y se dirán en Bogotá no son desconocidas. Probablemente las condenas a Israel, a Estados Unidos y a empresas y gobiernos cómplices, se repetirán una y otra vez. Es difícil después de tantos días de hostilidades, que los relatos, llenos de dramatismo, acerca de la situación en Gaza reflejen fielmente el dolor cotidiano de un pueblo. Seguramente, las acciones genocidas de las fuerzas militares israelitas continuarán los siguientes días como si nada haya pasado.
No obstante, es indiscutible que el aislamiento de Israel es cada vez mayor, así como la certeza de que la continuación de las hostilidades responde a los intereses políticos de un pequeño grupo que gobierna ese país. Detener la agresión significaría no sólo detener la masacre contra un pueblo sino también darle esperanzas al mundo de que no está sujeto a la voluntad de unos cuantos que, sin medir las consecuencias, pueden llevar a una conflagración de alcances mundiales de la que ninguna nación quedaría a salvo.
El coraje de personas como la abogada Francesca Albanese, y de gobiernos como el de Petro y Lula, entre otros, no debe pasar desapercibido en México. Gracias a ellos aún queda la esperanza de un mundo en paz.

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A lo largo de su mandato, desde enero de este año, el presidente Trump ha desatado varias guerras casi al mismo tiempo. Con estas acciones ofensivas se pretende, como es usual en este tipo de confrontaciones, destruir al enemigo o infligirle el mayor daño posible. El gobierno de Estados Unidos sabe que tendrá que pagar un precio y que sus propias fuerzas saldrán afectadas, que habrá algunas víctimas o daños que tendrá que sufrir el país beligerante. La estrategia se basa entonces en que estas bajas sean inferiores a las que resienta el enemigo y, de esta manera, se obtenga su rendición o el máximo debilitamiento posible.
El gobierno de Estados Unidos abrió casi simultáneamente tres frentes, cada uno requiere estrategias y acciones distintas con el mismo fin: imponer su voluntad en la reestructuración de la economía mundial, pero también en la ideología y formas de gobierno de diversas naciones.
El primer frente de guerra ha sido incruento, mediante la amenaza o imposición de aranceles comerciales a casi todos los países, incluyendo aquellos que se consideraban aliados estratégicos como Canadá, México y Europa. Sin embargo, su principal objetivo es China. La idea es aislar económicamente al gigante asiático para debilitarlo y ganar mercados en el resto del mundo, mejorar la posición de Estado Unidos disminuyendo su déficit comercial, y obligar a Beijing a ceder en sus ambiciones expansionistas y militares.
La táctica de Trump ha consistido en golpear primero y negociar después. Así, el porcentaje de aranceles dictado para cada país ha cambiado constantemente de acuerdo con la respuesta obtenida y la presión interna de las empresas estadunidenses más importantes.
Recientemente obtuvo algunas victorias: Canadá y Europa aceptaron eliminar un impuesto a los gigantes tecnológicos estadunidenses que operan en sus territorios y, en esta última región, aumentar los fondos destinados al gasto militar. No obstante, aunque menores, las tasas arancelarias no fueron eliminadas.
En el caso de China, Trump impuso primero un arancel adicional de 34 por ciento y más tarde de 125 por ciento con lo que sumaba en total 145 por ciento tomando en cuenta la tasa aprobada por Biden. Finalmente, ambas naciones llegaron a un arreglo que rebajó los aranceles de Estados Unidos a 30 por ciento en total, mientras Beijing lo reducirá al 10 por ciento. Esta negociación parece más bien transitoria y dará tiempo a las partes para planear una respuesta más contundente. Se trata de una tregua, no del fin de la guerra.
El segundo frente de batalla ha sido cruento y se desató el 21 de junio cuando la fuerza aérea estadunidense bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán. Sucedió después de varios días de intercambios de misiles entre este país e Israel. Posteriormente, Trump anunció que se había alcanzado una tregua que pondría fin a los ataques.
Según varios observadores, se trata de una tregua frágil, aunque sin duda puede anotarse como un triunfo para Israel y Estados Unidos. En este frente el objetivo de estas dos naciones no está claro. Por un lado, Israel ha confesado que busca “cambiar al régimen” de Irán, es decir derrocar al gobierno de los Ayatolas y propiciar la llegada de una administración claramente alineada con sus intereses y con Estados Unidos. Por otro, el presidente Trump ha dicho que lo único que busca es impedir que Irán fabrique una bomba atómica.
Mientras tanto, Israel, con el apoyo estadunidense sigue atacando la franja de Gaza en Palestina en una masacre que no se detiene. En este caso, el objetivo consiste en destruir cualquier resistencia de las fuerzas de Hamas, pero no se descarta que pueda tratar de llegar más lejos e imponer una administración directa de Israel en los territorios de Palestina.
Lo cierto es que la guerra ha cobrado víctimas humanas y daños incalculables en la región y tendrá consecuencias duraderas. La actual debilidad de Irán no pone fin al conflicto.
El tercer frente de Trump se lleva cabo en su propio territorio. Los enemigos son los migrantes y las personas con apariencia “latina”. Las redadas tienen un abierto contenido racista y han afectado a las personas indocumentadas que radican en ese país y a ciudadanos con plenos derechos. Asimismo, se han dispuesto métodos crueles como la deportación de los indocumentados a terceros países o a prisiones de alta seguridad y aisladas de las ciudades. En este caso el objetivo es más bien político que económico o militar: se trata de ganar la simpatía del electorado, sobre todo de origen anglosajón, para afianzar el poder del partido republicano y de Trump. Recordemos que en noviembre de 2026 habrá elecciones para renovar parte del Congreso.
Como resultado de los tres frentes abiertos, la economía estadunidense se resentirá. La guerra comercial seguramente va a traducirse en daños a la población de esa nación, principalmente a los más pobres. El presupuesto aprobado el 1º de julio en el Senado, y que tendrá que volverse a votar en la Asamblea de Representantes, desmantela varios programas sociales, afectará los servicios de salud, el sistema de jubilaciones, y reduce impuestos a los más ricos. Aumentará la deuda pública en aproximadamente 3.3 billones de dólares en los próximos diez años. Todo ello provocará, tarde o temprano, un crecimiento más lento de la economía e incluso aumenta el riesgo de una recesión y de una crisis financiera.
La batalla contra los migrantes se está reflejando en problemas de escasez de mano de obra en algunas regiones y sectores e inquietud y malestar social. Estas consecuencias también pueden debilitar a la economía de Estados Unidos.
Y, en el aspecto militar, la tregua en Medio Oriente no se reflejará en un menor gasto militar ya que la tensión mundial ha aumentado debido al involucramiento militar de Washington.
En el caso de México, la guerra comercial y la emprendida contra los migrantes junto con el tema del tráfico de drogas crean una mezcla peligrosa. Son tres frentes de guerra con diferentes medios y estrategias pero que buscan debilitar al gobierno mexicano y obligarlo a negociar en condiciones adversas. Una revisión del T-MEC está en duda y, en todo caso, puede esperarse que Estados Unidos tratará de condicionar el comercio de mercancías y servicios con nuevas disposiciones y endureciendo otras, como las “reglas de origen” que obligan a que las mercancías que se exportan de México a Estados Unidos tengan un mayor componente fabricado en aquel país. Además, insistirá en que nuestro gobierno frene a toda costa el tránsito de personas hacia la frontera, lo presionará para que deje de denunciar y defender a nuestros paisanos de redadas y encarcelamientos ilegales, como sucedió en las protestas de Los Angeles cuando acusaron a la presidenta Sheinbaum de alentar la violencia. Asimismo, la guerra contra el tráfico de drogas servirá de pretexto para que el gobierno de México endurezca sus funciones policiacas y de vigilancia. Las leyes recientemente aprobadas acerca de la Guardia Nacional, contra el Lavado de dinero, la de Comunicaciones y la que crea una nueva identificación (la CURP biométrica), tienen seguramente el visto bueno de Washington ya que toda la información que se recabe podría ser compartida con los estadunidenses bajo “pactos de coordinación” contra el crimen organizado.
Finalmente, un menor ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos junto con mayores aranceles o reglas más estrictas de exportación, afectarán la economía mexicana.
En conclusión, las guerras declaradas por Trump le harán daño a Estados Unidos y al mundo. Sus consecuencias serán imprevisibles y de largo plazo. Muy probablemente, México saldrá perjudicado en el terreno económico e igualmente tendrá un costo en materia de derechos humanos. A corto plazo nuestra capacidad de respuesta es reducida. Sin embargo, los cálculos de Trump pueden fallar de manera estrepitosa: los daños causados a su economía, sus ciudadanos y su aprobación electoral podrían ser mucho peores de lo que piensa. Entonces observaríamos la caída de un régimen tiránico y belicoso. Los próximos meses, por lo menos hasta noviembre del próximo año, serán decisivos.

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Las movilizaciones de los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que llevaron a cabo en las dos últimas semanas terminaron sin acuerdos con el gobierno federal. Según la información disponible la principal demanda de la CNTE es la abrogación de la ley del ISSSTE aprobada en 2007. Hay, además, otras peticiones relacionadas con los salarios y la derogación de la Reforma Educativa.
Sin embargo, aparentemente, el principal escollo fue el sistema de jubilaciones. En este caso, el gobierno federal no ofreció ninguna solución y argumentó falta de presupuesto.
La confrontación entre los maestros de la CNTE y el gobierno tiene un fondo político innegable debido a la alianza establecida públicamente entre el partido del gobierno, Morena, y la dirección del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) que se ostenta como la representación legal y mayoritaria del magisterio nacional.
El líder de este sindicato declaró que la alianza no se reducía a cuestiones laborales y educativas y ofreció millones de afiliaciones y votos para el partido oficial. La CNTE consideró, con toda razón, que se intenta revivir el corporativismo de los años dorados del PRI (1948-2000) y, al mismo tiempo, enviar un mensaje ominoso: de ahora en adelante la relación del partido y el gobierno con el SNTE será prioritaria; la disidencia ya no será tomada en cuenta y la democratización del sindicato está descartada.
La CNTE entonces trató de demostrar que tiene una fuerza propia que no se puede desdeñar y se manifestó en franca oposición al gobierno y a su partido. No fue así en el pasado. La CNTE apoyó al PRD y luego a Morena explicita o implícitamente en diversos procesos electorales; o al menos no llamó a votar por un partido distinto. Aunque dentro de esa organización ha habido siempre dirigentes que han defendido el abstencionismo, otros han manifestado su simpatía por esos partidos incluyendo las candidaturas de AMLO y Sheinbaum a la presidencia de la república.
Ahora bien, la abrogación de la Ley 2007 del ISSSTE (y por lo tanto para los trabajadores del sector público regidos por el aparatado B del 123) tiene implicaciones políticas y presupuestales.
Para empezar, hay que recordar que esta ley fue posterior a la que se aprobó en 1997 (para trabajadores del apartado A del 123 constitucional) y que cambió radicalmente el sistema de pensiones. Creó las administradoras privadas (Afores); surgieron las cuentas individuales en lugar del fondo solidario del sistema anterior; y modificó las edades y requisitos para obtener una jubilación entre otros muchos asuntos.
Sin embargo, en 2021 los representantes de esas administradoras privadas reconocieron que el sistema sufriría severos problemas. Varios millones de asegurados con el nuevo sistema no cumplirían con los años de cotizaciones requeridos para recibir una pensión y 70 por ciento de los jubilados cobraría una pensión menor a un salario mínimo.
Frente a esta triste realidad, el presidente López Obrador propuso una reforma a la ley de 1997 que consistió en disminuir las semanas de cotización; aumentar la contribución del empleador; incrementar la cuota social del gobierno (con el propósito de mejorar las pensiones más bajas); y reducir las comisiones que cobran las Afores.
No obstante, quedaba pendiente el problema de las jubilaciones para los trabajadores al servicio del Estado. Para responder a las protestas, sobre todo los maestros, el presidente decidió en 2024 enviar una reforma constitucional para garantizar una pensión mínima para los trabajadores que aportan a una Afore, “equivalente al salario promedio registrado en el IMSS”, en ese momento de $16 mil 777. 68 pesos. Vale la pena recordar que, en la exposición de motivos de esa propuesta de enmienda, el texto presidencial hace una crítica severa de las reformas de 1997 y 2007 y las califica como una “regresión histórica” y “una transgresión a los derechos laborales”. Sin embargo, el presidente decidió no cambiar el sistema y mantener la administración en cuentas individuales; fue un parche para aplacar el descontento y que requerirá un mayor gasto público.
Hay que recordar que la mayoría de los maestros se han jubilado de acuerdo con la con la fracción X transitoria de la ley de 2007, es decir bajo el amparo del sistema solidario. No obstante, las futuras generaciones que se jubilarán en los próximos años y que entraron a laborar después de 2007, ya no tendrán las prestaciones del viejo sistema y corren el riesgo de recibir una pensión mínima después de muchos años de servicio.
No hay duda de que el sistema de cuentas individuales debe revisarse y abrir la posibilidad de modificarlo, como lo han hecho diversos gobiernos del mundo que incluso han regresado al sistema solidario.
El gobierno federal ha argumentado razones presupuestales para no modificar la ley del ISSSTE de 2007. Y, en efecto, las pensiones absorben una enorme cantidad del gasto público (en 2024, 1 billón 106 mil millones de pesos).
Los recursos que tiene que desembolsar el gobierno para pagar las pensiones del IMSS se debe principalmente al rubro que técnicamente se llama “Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago”, es decir, a aquellas que se tienen que cubrir con el sistema solidario para los trabajadores que ya estaban laborando antes de 1997, lo que se ha llamado “el costo de transición” de un sistema a otro. En cambio, el gasto para la “cuota social” y la “pensión mínima garantizada” destinada a los trabajadores que se están jubilando con el sistema privado es bastante menor ya que todavía son poco numerosos.
El caso del ISSSTE es similar: el gasto del gobierno para cubrir el “déficit de la nómina de las pensiones” es decir para los trabajadores que ya se jubilaron o lo harán con el “decimo transitorio” y con el viejo sistema sumó 644 mil millones de pesos, mientras que lo que se tuvo que desembolsar para la cuota social de aquellos trabajadores que cotizaron en el sistema Afore fue de 4.3 mil millones de pesos.
De esta manera, el gasto mayúsculo del gobierno obedece a los pagos que tiene que hacer a los trabajadores tanto del A como del B que se jubilarán o ya se jubilaron con el sistema solidario.
Las preguntas que surgen entonces son ¿Cuánto costará en los próximos años seguir pagando el “costo de transición” de las reformas de 1997 y 2007 y la reforma de 2024? ¿Será más barato o caro que regresar al modelo solidario? Contestar estas preguntas requeriría de un conjunto de estudios que no se han hecho o por lo menos no están a la mano.
Sin embargo, el problema tiene un filo político que reside en el inmenso poder que han adquirido las administradoras privadas por el volumen de recursos que manejan, alrededor del 20 por ciento del PIB, y por las jugosas ganancias que han obtenido. Los accionistas de esas empresas financieras verían la abrogación del sistema en la ley del ISSSTE como un peligro inminente que podría llevar al gobierno a proponer una operación similar en la ley de 1997 y regresar al modelo solidario para todos los trabajadores.
Dicho esto, también hay que considerar que la estrategia de la CNTE para lograr una meta tan relevante como la abrogación de la ley de 2007 no ha sido muy adecuado. Tal parece que piensan conseguirla con sus propias fuerzas y sin una política de alianzas con otras organizaciones sociales y sindicatos. Ya hemos visto cómo para hacer realidad la semana laboral de 40 horas se ha requerido de tiempo, capacidad de diálogo y flexibilidad. De un día para otro, bloqueando avenidas y rompiendo ventanas de las oficinas púbicas no será viable. La CNTE debería considerar que se trata de una demanda que incumbe al conjunto de los trabajadores mexicanos y que requiere su involucramiento.
La disidencia magisterial ha abierto un conflicto con el gobierno de magnitudes y consecuencias difíciles de prever. Pero si mantiene su demanda de abolir el modelo de pensiones manejado por las Afores, el camino será necesariamente largo, complejo y requerirá construir un consenso social mucho más amplio.

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El panorama de la economía mexicana en los primeros meses del año reflejó signos contradictorios: algunos positivos que pueden ser temporales y otros negativos que lamentablemente parecen acentuarse.
Hace unos días el secretario de Economía anunció que la Inversión Extranjera Directa (IED), tuvo un flujo, entre enero y marzo, de más de 21 mil millones de dólares, “el nivel trimestral más alto registrado en la historia económica del país”. Lo anterior, sin embargo, contrasta con las cifras del Banco de México. Según esta institución entre el primer trimestre de 2024 y el de 2025, los flujos de la IED disminuyeron en 5.6 mil millones de dólares, una caída de 22 por ciento. No obstante, ambas instituciones coincidieron en que las nuevas inversiones crecieron en este periodo de 2025 respecto a 2024, de 881 a mil 586 millones de dólares, es decir un aumento de 80 por ciento. En cambio, la reinversión de utilidades disminuyó al igual que las cuentas entre compañías.
Lo anterior podría indicar, si esas tendencias se mantienen, que están llegando nuevas empresas o se están ampliando las que ya están instaladas, pero al mismo tiempo, que otras compañías han decidido frenar su expansión.
Además, la inversión total también disminuyó en el primer bimestre del año en 6 por ciento, sobre todo la pública (-24 por ciento) mientras que la privada nacional se redujo en 5.2 por ciento. Más preocupante, hubo una “fuga de capitales” es decir una salida de inversiones en cartera en el primer trimestre de 2025 de casi 2 mil 500 millones de dólares, la mayoría de ellas en poder de mexicanos (alrededor del 75 por ciento). Se trata de inversiones especulativas y financieras (por ejemplo, acciones en la Bolsa de Valores y fondos de renta fija y variable) que se fueron principalmente por la disminución de las tasas de interés en México y por lo tanto del diferencial de rendimientos entre los que ofrece nuestro país y Estados Unidos.
Por otra parte, las exportaciones mexicanas crecieron en abril a una tasa interanual de casi 6 por ciento, particularmente las no petroleras. Lo que resulta más interesante es que las que se destinaron a Estados Unidos crecieron un poco menos (5.7 por ciento) mientras que las que se dirigieron al resto del mundo crecieron mucho más, casi 12 por ciento. Los sectores que aumentaron sus ventas al exterior fueron maquinaria y equipo para industrias (62.5 por ciento); equipo profesional y científico (18.5 por ciento); y aparatos eléctricos y electrónicos 6.4 por ciento. En cambio, las exportaciones automotrices cayeron 7.1 por ciento. Si se observa el trimestre en su conjunto las cifras no cambian mucho: las exportaciones totales aumentaron casi 5 por ciento; las manufacturas que no están vinculadas a la fabricación y ensamble de autos y camiones registraron un alza de casi 12 por ciento; y aquellas ligadas a estas ramas cayeron casi 5 por ciento.
En marzo surgió otro indicador positivo: el valor de la industria de la construcción rompió 8 meses de saldos negativos y aumentó un poco (0.7 por ciento), destacando la relacionada con inversiones en carreteras y ferrocarriles que lo hizo en casi 5 por ciento. Esto podría indicar que la inversión pública está creciendo después de varios meses de haberse desplomado como muestran los datos del primer bimestre que mencionamos más arriba.
También las ventas al menudeo aumentaron en el primer trimestre de este año en 2 por ciento interanual, tendencia que se ha mantenido desde enero de 2024. Ello indica que las turbulencias externas no han afectado drásticamente a los consumidores.
Sin embargo, el balance en su conjunto de estos indicadores no es muy alentador. El primer trimestre de 2025 muestra un crecimiento de la economía de 0.9 por ciento y apenas de 0.6 por ciento interanual. Se incrementaron, sobre todo, las actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca) mientras que las secundarias (industria) mostraron una leve caída al igual que las terciarias (servicios). Según algunos cálculos, los datos anteriores indicarían que la economía podría crecer en 2025 apenas en 0.3 por ciento. Eso, debido a que las expectativas son más pesimistas para los próximos meses.
En lo que toca al empleo, los indicios son más bien oscuros: se ha informado que en marzo de este año se redujeron casi 30 mil puestos de trabajo en comparación a ese mismo mes de 2024 en la industria manufacturera, acumulando 26 meses consecutivos de expulsiones, especialmente en la rama de prendas de vestir y textiles, y en la fabricación y ensamblado de equipo de transporte (incluyendo refacciones y partes). No obstante, el empleo aumentó en la elaboración de bebidas y tabaco (casi 18 por ciento) y en equipo de computación 8 por ciento. La industria maquiladora de exportación también ha sido afectada con disminuciones de 0.25 por ciento mensual y 0.41 por ciento anual de su personal ocupado. Las horas trabajadas, igualmente, se han reducido en 0.98 y 1.37 por ciento respectivamente. Además, las remuneraciones reales cayeron en 0.87 por ciento ese mes de marzo, aunque a tasa anual todavía muestran un aumento de 5 por ciento.
En resumen, los datos del primer trimestre de 2025 muestran que la incertidumbre mundial, resultado de las políticas agresivas del gobierno de Estados Unidos, están afectando a México y frenando su desarrollo, aunque sus efectos no han sido todavía de gran impacto. Muestran asimismo que podría estar despuntando un cambio beneficioso con la expansión de algunas ramas manufactureras que compensarían las caídas de la industria automotriz. Una tendencia todavía precoz que podría fortalecerse en los próximos meses. Sin embargo, si lo anterior no sucede y se mantienen o incrementan los factores adversos, la economía en su conjunto se hundirá en niveles difíciles de predecir. Afectaría aún más los niveles de empleo y, como ya se observó en algunas ramas en el mes de marzo, las remuneraciones (salarios) de los trabajadores podrían disminuir a lo largo del año.
De ahí la importancia de acelerar la inversión pública. Como ya se indicó, su reactivación en marzo detuvo la tendencia recesiva de la industria de la construcción. Mantener las políticas de austeridad en el gasto e impedir que se reactive con mayor celeridad en renglones como la construcción de vivienda, clínicas y escuelas; en obras de agua y riego; y en la expansión de sectores estratégicos como electricidad y telecomunicaciones, acentuaría las tendencias negativas. De la misma manera, sería perjudicial una restricción mayor del gasto corriente o una política de contención de los salarios y de mejoría de las condiciones laborales (incluyendo la legislación progresiva de la semana de 40 horas y la revisión del sistema de pensiones).
No se pude confiar sólo en la atracción de inversión extranjera ni festejar datos o tendencias que aún no se confirman, sobre todo en estos momentos tan agudos de turbulencia mundial. Por esa razón, la conducción de la política económica puede y debe ser más firme y progresiva para evitar una debacle. Se requiere discutir temas como la reforma fiscal, las transferencias monetarias a la población, los planes para atender la salud y la educación pública, y la implementación de medidas para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Plan México es un punto de partida, pero quedará en buenas intenciones si no hay recursos para hacerlo realidad desde ahora.

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A partir de ayer, 13 de mayo, en Beijing, se lleva a cabo la IV Reunión Ministerial del Foro China-Celac, una cumbre en la que participan los principales socios comerciales latinoamericanos del gigante asiático. A dicho evento asistieron los presidentes de Brasil, Colombia y Chile, además de 17 cancilleres de los gobiernos de la región. México estuvo representado por el secretario de Relaciones Exteriores.
China le ha dado una singular importancia a esta reunión para fortalecer su influencia en la región. El presidente XI Jinping estuvo presente y pronunció un discurso notable.
Casi al mismo tiempo se anunció un acuerdo provisional entre esa potencia y Estados Unidos en materia comercial, lo que ha disminuido las turbulencias financieras y comerciales en el mundo. Esta noticia opacó la reunión con los latinoamericanos y se le ha dado menor difusión.
Sin embargo, hay que destacar que China ha estado intentando reunir una coalición mundial contra lo que ha calificado “abusos arancelarios” por parte de Estados Unidos. Sus esfuerzos no sólo incluyen América Latina y el Caribe (ALC): también se ha dirigido a las naciones del Sudeste Asiático y Asia Central. Igualmente, mantiene pláticas con la Unión Europea acerca de los vehículos eléctricos que exporta a esa región.
En el discurso inaugural de la reunión China-Celac, el presidente Xi dijo que apoya “firmemente a los países de la región para seguir el camino de desarrollo acorde con sus realidades nacionales, defender su soberanía e independencia, y rechazar las injerencias externas”.
Asimismo, propuso una cooperación económica con “ganancias compartidas” y señaló que en los últimos años “hemos llevado a cabo más de 200 proyectos en infraestructura y se crearon millones de puestos de trabajo”. Agregó que China ya tiene firmados Tratados de Libre Comercio con Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Subrayó que el año pasado, el volumen comercial entre su país y la región superó por primera vez los 500 mil millones de dólares, 40 veces más voluminosa que a comienzo del siglo presente. Una cifra importante, aunque por ejemplo el comercio entre Estados Unidos y México (importaciones y exportaciones) fue en 2024 un poco superior.
No obstante, la relevancia de China es innegable: es el principal comprador de materias primas de América Latina, como cobre, mineral de hierro y minerales. Sobresale el caso de Brasil, ya que las compras de soya han sido cuantiosas: el año pasado se elevaron a 37 mil millones de dólares. Y hay que recordar que en Perú se construyó el puerto de Chancay para mejorar la conectividad marítima entre China y Sudamérica, el cual se inauguró hace medio año como parte de una estrategia mundial diseñada por el gobierno de Beijing llamada Franja y Ruta (Belt and Road Iniative).
Ante las representaciones de ALC, el presidente Xi no perdió la oportunidad de criticar las políticas del gobierno de Trump advirtiendo que : “No hay ganadores en las guerras arancelarias y comerciales, y practicar conductas intimidatorias y prepotentes no sirve sino para aislarse a sí mismo”.
Finalmente, propuso cinco programas para “planificar juntos el desarrollo”. Entre lo más destacado, se comprometió a profundizar la cooperación en áreas tradicionales como infraestructura; agricultura y alimentos; y energía y minería; pero también a “ensanchar la cooperación en terrenos emergentes como energías limpias, comunicaciones 5G, economía digital e inteligencia artificial”. Y aseguró que “para apoyar el desarrollo de los países de la región, su administración proporcionará una línea de crédito valorada en 66 mil millones de yuanes RMB a ALC” (poco más de 9 mil millones de dólares estadunidenses).
Igualmente, se comprometió a fortalecer los lazos culturales y en concreto, “reforzar los intercambios y las cooperaciones en ámbitos relacionados con el patrimonio cultural, tales como la excavación arqueológica, la protección y restauración de monumentos, y combatir el tráfico ilegal de bienes culturales”.
Xi subrayó que China está dispuesta a trabajar con ALC para fortalecer “la cooperación en las áreas de gestión de desastres, ciberseguridad, y lucha contra terrorismo, corrupción, droga y crimen organizado transnacional, con el objetivo de contribuir a la defensa de la seguridad y la estabilidad regionales”.
Otro anuncio destacado consistió en que “China ha decidido aplicar la política de exención de visas para cinco países de ALC como un primer paso para incluir posteriormente a otras naciones de la región”.
Los gobiernos latinoamericanos, sobre todo los de América del Sur y el Caribe (con algunas excepciones) acudieron a Beijing con el propósito de reducir su dependencia de Washington y entablar un comercio más diversificado y, asimismo, con la esperanza de que se pacte una relación más equilibrada. Existe la preocupación, particularmente de Brasil, de que los exportadores chinos excluidos del mercado estadunidense inunden su país con productos baratos, desplazando a los fabricantes locales.
Por su parte, México, la segunda mayor economía latinoamericana después de Brasil, ha adoptado hasta ahora un enfoque más cauteloso. Sin embargo, “México representa actualmente alrededor del 2.4 por ciento de las exportaciones totales de China, incluso por delante de Brasil, que tiene una población mayor y absorbe sólo el 1.7 por ciento, por lo que se ha convertido en el mercado de exportación más importante de en América Latina” (según el NYT, con datos del profesor mexicano Enrique Dussel).
Dada la influencia económica cada vez mayor del gigante asiático, vale la pena citar los resultados de una encuesta elaborada por la Universidad limeña de San Martín de Porres, el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China y la Universidad de Santiago de Chile.
La encuesta abarcó diez países: Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Honduras, Panamá, Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana. Los resultados mostraron que el 94.8 por ciento de las personas encuestadas consideran que China es una nación próspera y reconocen que tiene un gran poder económico. De la misma manera, el 82.9 por ciento cree que su modelo de desarrollo es relevante para América Latina y un porcentaje similar reconoce su influencia cultural. Los jóvenes fueron los más entusiastas: el 92.2 por ciento de las personas entre 25 y 34 años tienen una opinión favorable de esa potencia asiática. Finalmente, las personas opinaron que la influencia de China en ALC se ha concentrado en tres áreas: la innovación tecnológica, el desarrollo de infraestructuras y la economía digital.
En resumen, la reunión ministerial en Beijing adquiere en estos momentos una gran importancia frente a los chantajes estadunidenses y la reconfiguración de la economía y el poder mundial. Mientras Sudamérica y el Caribe están dispuestas a acercarse a China, en términos comerciales y políticos, aunque con ciertas prevenciones, México ha mostrado una conducta un tanto ambigua. El asunto no es sencillo: por un lado, representa un mercado atractivo para la venta de productos chinos. Sin embargo, el gobierno mexicano ha tratado de frenar ese comercio para complacer a Trump y para intentar sustituir algunas importaciones según el Plan México. Además, sus exportaciones a ese país están condicionadas por su integración con Estados Unidos. En estas condiciones, mayores inversiones chinas en infraestructura o proyectos de gran envergadura como el puerto peruano parecen imposibles de aceptar ya que llevaría a un grave enfrentamiento con su vecino del norte. No se olvide además que las grandes compañías exportadoras de manufacturas que se producen en México son estadunidenses.
Así las cosas, de acuerdo con los planes de nuestro gobierno, México tendrá que navegar en la naciente configuración del comercio mundial más cerca de Estados Unidos. Al mismo tiempo, no podrá descartar las oportunidades que ofrece la potencia asiática sobre todo porque la renegociación del TMEC anunciada ya para iniciarse este año puede traer mayores obstáculos a nuestro desarrollo. Por lo pronto, China está jugando un papel cada vez más decisivo en América Latina como lo demuestra la reunión en Beijing.

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En los próximos meses los trabajadores de México y de casi todo el mundo enfrentarán un panorama especialmente difícil. Por un lado, el panorama internacional está colmado de incertidumbres por las guerras regionales en Europa y en Medio Oriente y la pugna entre Beijing y Washington. A estos conflictos que veníamos arrastrando desde hace años, habrá que agregar las políticas erráticas, irracionales y autoritarias del presidente Trump, especialmente por los aranceles impuestos unilateralmente. Muchos analistas hablan ya de una “guerra fría comercial” que tendrá repercusiones en las economías del mundo. Por lo pronto, la situación se ha vuelto turbulenta y se han frenado el comercio internacional y las inversiones en las empresas que producen bienes y servicios. Según la Organización Mundial del Comercio, la región más afectada será América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) con una caída de las exportaciones de 12.6 por ciento y de las importaciones de 9.6 por ciento.
Por su parte, el FMI “rebajó” sus pronósticos de crecimiento para este año a nivel mundial, incluyendo a Estados Unidos. Aunque descartó, por lo pronto, una recesión advirtió que la “escalada de las tensiones comerciales y ajustes en los mercados financieros”, podrían conducir a “un recrudecimiento irreversible de la guerra comercial (y) deteriorar aún más las perspectivas de crecimiento a corto y largo plazo”.
En el caso de México, el “nearshoring”, es decir, la relocalización de inversiones desde China para llevarlas a naciones como la nuestra está en duda y por consiguiente en pausa. El FMI proyectó una tasa negativa de crecimiento (-0.3 por ciento) para este año y el Banco Mundial advirtió que podría ser del 0 por ciento. Hay cálculos más positivos e incluso en febrero y marzo se reportaron mejores datos en comparación con los meses previos, aunque para el resto del año las perspectivas siguen siendo pesimistas.
Además, Trump ha ejercido una fuerza excesiva y contraproducente en otro tema clave de relación bilateral: la migración. Aunque los cruces de personas entre los dos países se han reducido notablemente, hay claros indicios de escasez de fuerza de trabajo en sectores de le economía estadunidense como la agricultura, los servicios de hostelería y la construcción. De este lado de la frontera, “el envío de remesas a México podría disminuir entre 1.3 por ciento y 3 por ciento en 2025, poniendo fin a diez años consecutivos de crecimiento, de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)”.
Desde el año pasado, en México, se ha observado un menor ritmo de creación de empleos. Según datos del IMSS, los trabajadores asegurados en noviembre de 2024 sumaban 22 millones 644 mil personas; sin embargo, en marzo de 2025, la cifra era de 22 millones 465 mil, es decir, 179 mil menos. Su crecimiento anual también refleja esa caída: entre marzo de 2023 y el mismo mes de 2024, el crecimiento del empleo fue de 2.3 por ciento y entre marzo del año pasado y el de 2025, el ritmo decreció a 0.7 por ciento.
En el sexenio pasado y en el actual ocurrieron avances muy importantes en materia de salarios y reformas laborales; no obstante, la informalidad sigue dominando el panorama laboral. Los datos muestran que en México el porcentaje (en relación con el empleo total) anda en niveles del 55 por ciento y es incluso superior al promedio de América Latina (47.6 por ciento en 2024), afectando principalmente a las mujeres.
Lo anterior no debe ocultarnos los avances en materia salarial, los cuales explican fundamentalmente la caída de la tasa de pobreza. Aunque en menor medida, se logró igualmente un mejor equilibrio entre los salarios y las ganancias. El dato más reciente muestra que entre marzo de 2024 y ese mismo mes de 2025, el salario base de cotización del IMSS creció en términos reales en casi 3.5 por ciento y la masa salarial en 4.3 por ciento.
El aumento de los ingresos laborales ha impedido, seguramente, una mayor caída de la actividad económica y de la población ocupada.
Ahora bien, el menor ritmo de creación de empleos, más evidente desde fines del año pasado, se debe, además de la incertidumbre mundial y de las agresiones de Estados Unidos contra México, a problemas internos: el ajuste presupuestal (un menor gasto público); la prevalencia de tasas de interés elevadas; los enredos de la reforma judicial y la violencia del crimen organizado en diversas regiones del territorio nacional.
Como puede verse, las perspectivas para 2025 son especialmente complejas ya que dependen de varios factores internacionales y domésticos. Por lo pronto, algunas empresas de exportación han anunciado que suspenderán nuevas contrataciones de trabajadores lo que hace temer que ocurran despidos masivos en el futuro inmediato.
Por otro lado, se ha observado un freno o “estancamiento por intereses políticos” (como denunció un conocido dirigente sindical) a nuevas reformas laborales, Por ejemplo, aunque se legisló desde octubre de 2024 un salario mínimo para las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros, esta reforma no ha sido enviada al Ejecutivo y está “congelada”. Ha quedado pendiente, también, una reforma de gran importancia: la semana de 40 horas. Asimismo, falta implementar la ley que ampara a los trabajadores de plataformas digitales.
Si a corto plazo la situación luce desfavorable, el futuro puede ser más promisorio. A pesar de la incertidumbre mundial y los pronósticos negativos, el panorama podría cambiar; no obstante, ello depende en primer lugar de las medidas que tome la Casa Blanca. En estas condiciones, las dificultades que estamos enfrentando debe llevarnos a un debate nacional acerca del rumbo económico y social: nuestra inserción en la economía mundial, particularmente con Estados Unidos; cómo acelerar la inversión en infraestructura, en salud y educación; fomentar la agricultura para consumo interno; y echar a andar una política industrial que aspire a superar el modelo “maquilador” o “de ensamble”. Metas que el gobierno ha reconocido de alguna manera en el Plan México. Sin embargo, su instrumentación tomará tiempo y sus resultados sólo podrán evaluarse en el largo plazo.
Superar este momento difícil dependerá igualmente de la respuesta de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. El movimiento que ha despertado mayor atención es el de los trabajadores de la educación organizados en la CNTE los cuales han planteado una huelga general a partir del 15 de mayo. Su demanda principal es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 particularmente en lo que se refiere al sistema de jubilaciones bajo el esquema de las Afores. El gobierno ha manifestado que no está en condiciones de aceptar esta propuesta y tratará de que el diálogo con los maestros se concentre en el aumento de los salarios.
Como sea, la movilización del magisterio será reveladora tanto de la capacidad de lucha y resistencia de los trabajadores como de la respuesta del gobierno. Se podría abrir el camino que conduzca a un cambio de la política económica y a nuevas conquistas laborales. Otro escenario consistiría en un enfrentamiento de larga duración.
A pesar de las dificultades, es indispensable que el sindicalismo logre unificarse en una agenda común para presionar en favor de políticas y reformas laborales que eviten, como en el pasado, que la crisis recaiga en las familias trabajadoras. Defender el empleo en primer lugar, pero también los salarios, no se logrará con la pasividad y el silencio de las organizaciones, aunque éstas requerirán adoptar una mayor flexibilidad en las negociaciones con sus empleadores.
En síntesis, este próximo jueves la marcha del primero de mayo tendrá un contexto y un significado diferente a los anteriores. Puede ser el inicio de una oleada de protestas sindicales que logre ser escuchada; o el principio de una ruptura con el gobierno en un momento tan delicado para México y el mundo.

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Diez mil soldados del ejército de Estados Unidos, pertenecientes a la Brigada Stryker de la 4ª División de Infantería del Fort Carson en Colorado, han sido desplegados para vigilar la frontera desde Texas hasta California. Fueron comisionados para construir una “base militar satélite” con el propósito de frenar la migración indocumentada y el contrabando de drogas.
Además, se han dispuesto “vuelos de aviones no tripulados y una presencia marítima inusualmente robusta frente a México”, según un reportaje del Washington Post (WP) de Dan Lamothe publicado el pasado 11 de abril. Las tropas cuentan con equipo militar y logístico “reservado para misiones en el extranjero”.
Algunos legisladores de la oposición han manifestado que se trata de un despliegue excesivo de fuerza. También ha despertado sospechas en Washington y en la Ciudad de México, de que podría mostrar la intención de intervenir en territorio mexicano con “fuerza letal” contra los cárteles mexicanos declarados como “organizaciones terroristas extranjeras”.
El número exagerado de tropas en la frontera responde a la idea, manifestada por Trump desde su campaña, de que se trata de combatir una “invasión”, como si se tratara de hacer frente a un ejército enemigo. Según el reportaje del WP, la unidad Striker ha sido utilizada en Afganistán e Irak y recientemente en la guerra de Ucrania. Sus vehículos blindados de ocho ruedas están diseñados para llevar rápidamente a las tropas de infantería a la batalla y pueden atravesar terrenos difíciles. Aunque los vehículos no cargan ametralladoras pueden detectar personas a una distancia de dos millas y los soldados portan rifles y tienen “derecho a defenderse”. Un oficial, entrevistado por el reportero del WP afirmó que “no estamos entrenados” para este tipo de tareas, pero se trata de “una unidad muy bien calificada que puede hacer cualquier cosa”.
Este despliegue excesivo e inusitado de fuerzas militares en la frontera con México puede interpretarse de diversas maneras. Sin embargo, parece que el objetivo principal es atemorizar tanto a los migrantes que pretenden cruzar la frontera como, igualmente, al gobierno mexicano. Como en el caso de los aranceles, la política de la Casa Blanca consiste en amenazas, abusos y exhibir una crueldad despiadada e irracional con el objetivo de someter a las naciones a sus designios, en esta ocasión, a su vecino del sur.
Para frenar la migración, hay que recordar que Trump eliminó la aplicación de teléfono móvil CBP One introducida por la administración del expresidente demócrata Joe Biden, la cual fue diseñada para que los migrantes pudieran pedir cita en una estación de entrada e ingresar legalmente en el país. La usaron más de 900 mil personas, según datos oficiales.
Ahora, en cambio, se trata de usar la fuerza bruta. Una muestra más de esta política es la deportación de migrantes a la base militar de Guantánamo en Cuba. Según algunos senadores que visitaron el lugar, esa prisión que durante años albergó a detenidos vinculados a Al Qaeda, alberga a unas 85 personas, la mayoría venezolanos. Los legisladores, después de su visita, emitieron un comunicado instando a la administración de Trump a “terminar inmediatamente esta misión equivocada”; sin embargo, un avión de la Fuerza Aérea procedente de San Antonio llevó a 12 migrantes más a la base ubicada en Cuba después de que se conoció la queja.
Igualmente, la decisión de llevar a los detenidos en las redadas a las cárceles de El Salvador, con la alegre complacencia del presidente Bukele, demuestra el abuso de la fuerza y la violación de la legalidad. Ahí está el caso de Armando Ábrego deportado injustamente a la nación centroamericana por un “error administrativo” según las autoridades de Estado Unidos. La Corte ha ordenado su regreso a Estados Unidos, pero el gobierno no ha obedecido. También está el ejemplo de Arturo Suárez, ciudadano venezolano detenido el 14 de marzo y deportado a El Salvador, acusado con otras 237 personas de esa nación sudamericana de pertenecer a una banda criminal y declarados “enemigos extranjeros” sin la oportunidad de defenderse. Según el New York Times, la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales. Estas arbitrariedades se basan, alega el gobierno de Trump, en una ley que le permite detener personas en tiempos de guerra, lo que ha sido cuestionado por la Suprema Corte. Una ley excepcionalmente invocada en la historia estadunidense, la más reciente, durante la Segunda Guerra Mundial cuando sirvió para detener a ciudadanos de Japón, Italia y Alemania. La juez Millet criticó la falta del debido proceso de estas personas y afirmó que “los nazis recibieron un mejor trato bajo esa ley”.
Para Trump, los resultados han sido exitosos: en marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró 7 mil 180 cruces de personas frente a los 28 mil 654 de febrero y un máximo de 370 mil 883 en diciembre de 2023, durante la administración Biden. El terror contra los migrantes, en efecto, ha disminuido los intentos para cruzar la frontera. No obstante, al mismo tiempo, ha provocado una crisis de escasez de mano de obra.
Un bufete de abogados de Estados Unidos ha publicado un estudio (disponible en www.inmigracionokabogados.com) que señala:
“Las medidas migratorias de la Administración Trump han generado serias preocupaciones en el mercado laboral de Estados Unidos. Empresarios y congresistas republicanos y demócratas han alertado acerca de la escasez de trabajadores, especialmente en sectores clave como la agricultura, la construcción, la hostelería y las labores de limpieza”. A finales de marzo, enviaron una carta a la Casa Blanca para que se otorguen permisos de trabajo para los migrantes sin antecedentes penales. Argumentaron que, sin esa mano de obra, Estados Unidos dejará de ser la primera economía mundial.
Según datos oficiales del Departamento de Trabajo, de los 2.4 millones de jornaleros agrícolas que laboran en su territorio, el 44 por ciento son migrantes que han entrado sin visa ni autorización legal. En el caso de la hostelería y el servicio de restaurantes, la cifra se eleva al 64 por ciento.
Otro reportaje, del periodista Thomas Kennedy, afirma que “los inmigrantes en (el estado de ) Florida representan el 47 por ciento de la fuerza laboral en la agricultura, la silvicultura, la pesca, la caza y la minería; el 38 por ciento en la construcción; y el 25 por ciento en el sector servicios”.
Sin embargo, la respuesta a esta crisis laboral en Florida ha consistido en “desmantelar las leyes del trabajo infantil con la intención de permitir que los menores trabajen a tiempo completo, durante la noche, en días escolares y sin descansos, para suplantar a los mismos trabajadores migrantes que expulsaron del estado”.
El informe de los abogados señala asimismo que el ambiente persecutorio desatado por las autoridades está alejando también “a profesionales altamente calificados”. Y “dificulta la contratación de especialistas extranjeros en tecnología, ingeniería, medicina y derecho”.
Ante esta evidente crisis, Trump y su equipo han respondido que los trabajadores migrantes “si salen de buena manera (por su propia voluntad) y regresan a su país, trabajemos con ellos para intentar que regresen legalmente”.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem, mencionó que “20 o 21 millones de personas tienen que volver a casa”, cifra evidentemente falsa y exagerada. Y añadió que tendrán la oportunidad de volver a Estados Unidos “algún día”.
Este regreso, mientras persistan las políticas de amedrentamiento, difícilmente sucederá. Además, no hay en el horizonte político y legislativo de Estados Unidos ninguna intención de modificar las leyes de inmigración.
Así pues, como en otros casos, Trump utiliza la fuerza desmedida y la violación a las leyes para detener la migración. Frente al caos y disrupción económica y laboral que está causando confía en que las cosas se arreglarán “algún día”.
Los efectos de esas políticas de crueldad desmedida difícilmente serán reparados. Millones de personas, en este caso migrantes que ya viven en Estados Unidos o pretendían llegar allá, tendrán que pagar un enorme costo humano por las decisiones de un gobierno encabezado por un tirano que, como define la RAE, se distingue por “el abuso de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente impone ese poder y superioridad en grado extraordinario”.

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