Durante muchos años, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, muchos economistas, algunos muy distinguidos, y sobre todo los medios de comunicación, proclamaron constantemente que el capitalismo se basaba en la “libertad de los mercados”. Esta idea se apoyaba en Adam Smith, considerado uno de los fundadores de la ciencia económica, el cual acuñó la expresión “la mano invisible del mercado”.
Sin embargo, recientemente diversos economistas (cito a Oren Cass, fundador y economista jefe del centro de estudios American Compass) han aclarado, en un ensayo publicado en una revista del FMI (disponible en www.imf.org) que, “con esa expresión (Smith) quiso decir poca cosa, o tal vez nada: el término aparece una sola vez en los dos volúmenes de su obra más relevante La riqueza de las naciones, y la utilizó también por única ocasión, en un contexto totalmente diferente en otro ensayo, La teoría de los sentimientos morales”.
A pesar de ello, agrega, “en la segunda mitad del siglo XX, los economistas construyeron toda una visión del mundo en torno a ella y generaron la idea infundada de que el capitalismo funciona de manera automática gracias a esa mano invisible… Lo malo es que no fueron los economistas quienes cayeron al fondo del barranco cuando se descubrió su desatino, sino el ciudadano de a pie”.
El ensayo agrega que “después de la Segunda Guerra Mundial, la expresión inicia un auge imparable. Resueltos a defender el capitalismo democrático frente al entusiasmo por la planificación centralizada del comunismo, algunos economistas como Paul Samuelson y Friedrich Hayek, adoptaron la metáfora de Smith y la colocaron en el centro de su lógica conceptual acerca del libre mercado”.
Samuelson, en su obra Economía, publicada en 1948 y principal libro de texto de la disciplina durante decenios, distorsionó la expresión de Smith y la convirtió en una declaración de “fe ciega”. Hayek, por su parte, la elevó hasta convertirla en una religión. Suponía que, especialmente en el ámbito económico, las fuerzas autorreguladoras del mercado introducirían los ajustes necesarios para resolver las contradicciones y problemas del capitalismo.
La verdad, agrega Cass, es que, si el crecimiento económico depende de que se invierta en aumentar la productividad de los trabajadores, habrá innovación, subirán los salarios y crecerá la prosperidad. Pero si se presiona a los economistas para que expliquen cómo pueden estar tan seguros de que el capitalismo llevará a la prosperidad en un contexto de globalización, los argumentos se desvanecen. En realidad, el capitalismo puede funcionar sólo si hay limitaciones que garanticen que los mercados, efectivamente, serán beneficiosos para todos.
“La mano invisible” imaginaria en realidad ha servido para justificar que la financiarización de la economía es buena para la nación y para el mundo porque rinde buenas ganancias. Wall Street y sus voceros confunden el “valor social” con el hecho de que las inversiones en la Bolsa de Valores y otros instrumentos generan rendimientos brutos superiores al promedio del mercado. Sin embargo, ninguna teoría económica ni la realidad han demostrado que haya correlación alguna entre las estrategias que generan los mayores rendimientos y las inversiones que “promueven el interés público”, como dijo Smith.
El ensayo explica que “la oleada de popularidad de la mano invisible” se detuvo bruscamente hace unos diez años. La razón fue política: por esas fechas, diversos acontecimientos, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la primera elección de Donald Trump, así como el auge de la ultraderecha, obligaron a reconsiderar las teorías económicas y las supuestas bondades de la “mano invisible” y la “libertad de los mercados”.
La disrupción que ha provocado el segundo mandato de Trump en su país y en el mundo son un reflejo de esa crisis política y de la quiebra intelectual de los economistas que proclamaron durante muchos años esas teorías neoliberales.
No obstante, esta pérdida de fe no necesariamente significa buenas noticias: otro estudio, en esta ocasión de la profesora Sunanda Sen de la Universidad Jawaharlal Nehru de la India (disponible en www.networkideas.org), afirma que después de la segunda guerra mundial las naciones menos desarrolladas y sus gobiernos conocieron una fase que puede calificarse como “dependiente” de la ayuda de los países ricos cuyos préstamos estuvieron ligados al cumplimiento de los requisitos señalados por los gobiernos de esas naciones.
Este modelo cambió notablemente a fines de los años 70 cuando los recursos de los organismos internacionales se agotaron al terminar la “etapa dorada del capitalismo”. El control de los países ricos, sin embargo, fue más estricto y obligaron a los menos desarrollados a “liberar” sus mercados con el propósito de extraer una mayor cantidad de excedente económico. Para muchas naciones la globalización de los años 90 significó un cambio: de la dependencia a la subordinación.
El control de las políticas públicas de los países en desarrollo se realizó en provecho de los grandes capitales muchas veces con la complicidad de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales y marcó la evolución del capitalismo contemporáneo. Esta subordinación restó autonomía a esas naciones, las cuales tuvieron que adoptar políticas neoliberales para atraer las inversiones extranjeras.
Ahora estamos observando otro momento, el cual puede entenderse como la “fase agresiva de la subordinación”, dirigida por el actual presidente Trump con el aumento de los aranceles a las importaciones.
Estas medidas pueden llevar a un escenario de guerra comercial que probablemente no cumplirá el sueño mercantilista para hacer grande a Estados Unidos (MAGA, Make America Great Again), ya que la respuesta de los países afectados puede llevar a una recesión global.
Además, los socios comerciales de Estados Unidos, como México y Canadá, tendrán que enfrentar una mayor subordinación esta vez en materia de política industrial con muy poco margen de acción para responder a las políticas agresivas de su vecino.
En resumen, el postulado del libre comercio se basó en una falacia teórica que utilizó erróneamente la famosa expresión “la mano invisible del mercado”. Aunque fue aceptada por las escuelas de economía más influyentes y los medios de comunicación, en realidad se trató de una justificación para doblegar la soberanía de los países, extraer beneficios para las grandes compañías multinacionales y aumentar las ganancias de los conglomerados financieros.
Esta fase ha llegado políticamente a su fin. Trump quiere sustituirla por acciones más drásticas que afectan peligrosamente la soberanía de las naciones.
Si la globalización neoliberal, basada en la liberación de los mercados, resultó devastadora para las naciones menos desarrolladas y provocó serias disrupciones políticas, la nueva fase que pretende imponer Trump puede provocar una calamidad económica mundial sin precedentes.
Por ello, México y los países en desarrollo atraviesan por un momento de incertidumbre aguda pero también de desafíos inmensos: ser presa de una subordinación más agresiva o buscar, con poco margen de acción, un rumbo soberano que, en el corto plazo puede ser muy costoso. A largo plazo, sin embargo, ninguna opción debería estar descartada. Y habría que construirla (y pensarla) desde hoy.

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América Latina es una región diversa y heterogénea. Más que los lazos comerciales y financieros, nos une la cultura, la geografía y la historia. Las relaciones económicas de los países de esta parte del mundo se han establecido desde el siglo pasado principalmente con Estados Unidos y, desde hace unas décadas, con China sobre todo en América del Sur.
No obstante, vale la pena analizar la dinámica económica y laboral del subcontinente en su conjunto no tanto para encontrar una explicación general de sus problemas sino más bien para seguir sus tendencias y ubicar comparativamente los distintos ritmos de desarrollo y los obstáculos que enfrentan las naciones latinoamericanas.
Esto es lo que podemos encontrar en el “Panorama Laboral 2024 de América Latina y el Caribe” publicado por la OIT este año (www.ilo.org). El documento empieza señalando que “entre 2015 y 2024, la región habría crecido a una tasa promedio anual del 1 por ciento, lo que implica un estancamiento del PIB por habitante en ese periodo y niveles de crecimiento por debajo de la tasa promedio del orden del 3 por ciento anual observada entre 1990 y 2010”.
No todos los países han crecido al mismo ritmo. En 2024, por ejemplo, México creció en aproximadamente 1.4 por ciento, un ritmo inferior al de República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, e incluso menor que el promedio de América Latina. Sólo fue superior al de Argentina que tuvo una caída muy fuerte (-3.2 por ciento).
A pesar de estas diferencias, la debilidad del crecimiento explica, en buena medida que nuestro subcontinente lleve “más de una década sin avances significativos en términos laborales, ya que ni la tasa de participación (el porcentaje de personas en edad de trabajar que están trabajando o buscando un empleo) ni la de ocupación han superado sustancialmente los niveles de 2012”. Aunque el panorama mejoró en los dos últimos años, la situación sigue siendo preocupante.
El informe señala que, aunque la informalidad disminuyó y los salarios reales muestran avances, éstos han sido insuficientes para cerrar las brechas históricas en la región, particularmente entre hombres y mujeres, así como entre jóvenes y adultos.
Sin embargo, también aquí hay diferencias : entre 2019 y 2024 la tasa de ocupación creció en México 0.8 por ciento, muy inferior a la de Brasil y Chile, e incluso a la de promedio de América Latina (1.4 por ciento). Lo mismo más o menos sucedió con la tasa de participación. No obstante, la tasa de desocupación en nuestro país fue mucho menor.
Lo anterior puede deberse a un conjunto de factores: la población que necesita trabajar, pero no la busca (según la estadística del Inegi, población económicamente no activa disponible) probablemente sea muy alta en México debido a que muchas personas, sobre todo jóvenes y mujeres, no pueden salir a buscar un empleo remunerado debido a las tareas que realizan en el hogar. Igualmente, la población trabajadora informal en México es también muy elevada. Y, tercero, el flujo migratorio a Estados Unidos ha sido, desde hace décadas, una vía de escape a la falta de empleos y ocupación en nuestro país.
La OIT afirma que, en AL, la tasa de informalidad ha aumentado o se ha mantenido sin cambios en el último año. Y agrega que “la recuperación de los puestos de trabajo ha seguido estando impulsada por el crecimiento del empleo informal” El estudio calcula que la contribución del empleo informal a la variación del empleo total entre 2020 y 2024 fue del 61 por ciento en el caso de nuestro país mientras que en Brasil fue de 43 por ciento, en Colombia del 20 por ciento y en Chile del 45 por ciento.
Los datos muestran que México el porcentaje (en relación con el empleo total) anda en niveles del 55 por ciento, en Brasil es menor al 40 por ciento y en Chile menor al 30 por ciento. Esta tasa es incluso superior al promedio de AL (47.6 por ciento en 2024). Además, la persistencia del empleo informal afecta en México principalmente a las mujeres.
Como parte de este panorama, otro problema común, aunque con notables diferencias, es que las brechas laborales entre hombres y mujeres siguen siendo persistentes. En el segundo trimestre de 2024, la tasa de participación femenina fue del 52.1 por ciento, significativamente inferior a la de los hombres (74.3 por ciento). La tasa de ocupación femenina (48.4 por ciento) fue también inferior en 22 puntos porcentuales a la masculina (70.4 por ciento), y la tasa de desocupación femenina fue más alta (7.2 por ciento) en comparación con la masculina (5.2 por ciento). Aunque estas brechas se han reducido, los avances siguen siendo lentos y las diferencias de género continúan afectando el mercado laboral.
La OIT advierte que : “El nivel educativo ha sido otra dimensión de gran relevancia en la dinámica laboral durante los últimos años. Cuando se considera el último quinquenio, resulta evidente la correlación negativa entre el nivel educativo y la brecha de ocupación respecto a la situación en 2019, tanto entre hombres como entre mujeres”.
No todo ha sido negativo. Si México no se ha distinguido favorablemente en el asunto del empleo, en lo que se refiere a los salarios la situación ha sido distinta: según la OIT, en 4 de los 17 países considerados el valor real del salario mínimo en el tercer trimestre de 2024 era inferior al del primer semestre de 2019. En otras ocho naciones, este ingreso era similar o ligeramente superior al observado cinco años atrás. Destaca el caso de México, el cual ha tenido una política de incremento del poder adquisitivo del salario mínimo y de los salarios medios reales más destacada. Esos últimos aumentaron en nuestro país, entre 2019 y 2024, en 153 por ciento en términos nominales y 116 por ciento reales (descontando la inflación). Por lo anterior, la variación del total de ingresos laborales reales totales de las familias entre 2019-2024 fue de 23.2 por ciento en México, superior a Brasil (11.6 por ciento) y Colombia (17.1 por ciento). Incluso, algunos países de AL tuvieron cifras negativas.
Estos datos son importantes ya que, según la CEPAL “las variaciones de los ingresos por salarios han sido el principal motor de los cambios en las tasas de pobreza (ya sean al alza o a la baja)”.
En síntesis, en este panorama se observan más sombras que luces. América Latina no ha encontrado la senda del crecimiento ni una mejora sustancial de sus condiciones laborales a pesar de algunos progresos. El ejemplo de México merece destacarse ya que nuestro país es la principal potencia exportadora de manufacturas de la región. Por su parte, Brasil, la economía más grande de AL, exporta productos intermedios y materias primas. Y, aunque ambas naciones han adolecido en la última década de un crecimiento insuficiente, Brasil lo ha hecho a un ritmo más acelerado. También en el panorama laboral el gigante sudamericano tiene mejores índices, por ejemplo, en los niveles de informalidad y en la brecha entre hombres y mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo, los salarios han crecido más lentamente.
La comparación puede servirnos para entender mejor las consecuencias de nuestro lento crecimiento particularmente en materia de empleo. El reto consiste en avanzar con los dos pies: mejores empleos y mayores salarios. Muchos países de AL no han logrado ni lo uno ni lo otro; algunos, una mejoría de la ocupación; y México, sobre todo, una elevación de los ingresos laborales, pero no de la calidad del empleo.
Visto el panorama de AL en su conjunto, podríamos afirmar el meollo de la cuestión no reside en una mayor integración a los mercados mundiales sino en el consumo interno, en la capacidad de integrar nuevas cadenas de valor y en mejorar sustancialmente los niveles educativos.
En el siglo XXI, América Latina no ha salido de su laberinto. ¿Lo encontrará algún país de este subcontinente? La situación no parece favorable, lamentablemente, en los próximos años no sólo por razones internas sino ahora, sobre todo, por la incertidumbre mundial. Precisamente por ello, urge pensar “fuera de la caja” y construir una alternativa distinta a la experimentada en las últimas décadas. Quizás entonces el reto consista, principalmente, en nuestra capacidad de innovación.

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La decisión del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones de México y Canadá puede interpretarse como una declaración de guerra económica, política y diplomática. Asimismo, el aumento de las tarifas a China representa una nueva agresión a esa potencia. El valor de las mercancías afectadas, provenientes de esos tres países, suma alrededor de 1.5 billones de dólares.
Por su parte, la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania significa una confrontación que involucra a Europa en su conjunto.
Trump ha abierto varios frentes al mismo tiempo con base en dos ideas que imperan en la mentalidad del presidente y su equipo: Estados Unidos es una potencia mundial que puede doblegar al mundo; y todo se vale para que vuelva a ser “grande otra vez”. Son postulados irracionales y difíciles de entender porque suponen erróneamente que las naciones afectadas no tienen capacidad de respuesta y que esas medidas fortalecerán la economía de Estados Unidos.
Muchos analistas, organizaciones empresariales y financieras, y los gobiernos de los países afectados han señalado reiteradamente que la hostilidad de Trump tendrá efectos negativos no sólo a nivel mundial sino también en Estados Unidos.
Sin embargo, hasta ahora, esas declaraciones y medidas hostiles no se han traducido en intervenciones militares y se han limitado al campo económico y diplomático. Además, muchos esperan que Trump cambie de opinión cuando se dé cuenta de los perjuicios que esta causando a su nación y a sus aliados históricos y por lo tanto fortalecen en realidad a Rusia y a China.
La presidenta de México parece igualmente coincidir con esta hipótesis. Ha declarado varias veces que frente al gobierno estadunidense hay que tener “cabeza fría, temple, serenidad y paciencia”. Ante la aplicación de los aranceles se ha dado un tiempo, hasta el domingo, para ver si el humor de Trump cambia y al mismo tiempo preparar una respuesta en caso de que no suceda.
Algunos comentaristas del ámbito nacional han pensado que los aranceles responden a la ineficacia de México para hacer frente al crimen organizado y al contrabando de drogas hacia el vecino país. Sin embargo, el ejemplo de Canadá demuestra que éste no es el verdadero problema. Los canadienses han argumentado, con razón, que el flujo de drogas a Estados Unidos es mínimo por no decir irrelevante y que Trump ha mostrado una hostilidad injustificada. Hay que subrayar que Canadá y Estados Unidos no eran únicamente socios comerciales, aliados militares y políticos: también se consideraban naciones hermanas al compartir idioma, cultura y una relación intensa en prácticamente todos los ámbitos sociales. Ello, a pesar de una población francófona. El gobierno de Canadá ha señalado que se trata de algo parecido a una traición familiar, injustificada y desleal.
El asunto de Europa es similar: la cercanía de Trump con Putin, dicen sus principales líderes, los deja expuestos al expansionismo ruso y pone en peligro a países vecinos, principalmente en la región del Báltico incluyendo a Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia. Además, las amenazas de imponer aranceles siguen pendientes. “Europa se ha quedado sola”, dijeron.
En este contexto, la posición de México es muy complicada y con pocas alternativas si, en efecto, no hay un cambio de las medidas unilaterales dictadas por la Casa Blanca. Quizás haya en el escenario tres caminos: el primero, escalar la confrontación, responder a la guerra con la guerra; el segundo, dejar pasar un poco más de tiempo para que las negociaciones continúen y se llegue a un acuerdo; y el tercero, una opción intermedia que incluya algunas medidas comerciales sin romper el diálogo.
La primera opción implicaría imponer aranceles similares a las importaciones estadunidense; dejar en pausa indefinida las pláticas con el gobierno de Washington; y un acercamiento explícito y políticamente significativo con China, y otras naciones de Asia y Europa. Anunciar, al menos declarativamente, que México está dispuesto a emprender un nuevo camino en sus relaciones comerciales y diplomáticas y alejarse de la integración económica con Estados Unidos.
La segunda opción tiene como mayor problema el tiempo. Esperar que se llegue a un acuerdo podría entenderse como una muestra de debilidad que sería aprovechada por Trump para imponer medidas más duras en la negociación de un nuevo tratado económico; en el tema de la migración; y en el combate al crimen organizado.
La tercera opción podría incluir un conjunto de acciones comerciales, pero no tan severas como las que tomó Estados Unidos y de manera similar a las que anunciaron Canadá y China: aranceles más bajos y selectivos. En nuestro caso, además, seguir demostrando la voluntad de cooperación en los asuntos relacionados con el flujo de personas hacia el norte y tomar medidas drásticas y palpables contra las bandas del crimen organizado. Este camino dejaría abierto el diálogo; no obstante, también mostraría la inclinación de México a aceptar algunos dictados de Washington. Su ventaja residiría en la posibilidad de que los aranceles duren poco tiempo y el daño a la economía mexicana sea relativamente menor.
En el corto plazo, cualquier alternativa que se tome traerá serias afectaciones. La devaluación del peso que, hasta este momento, martes 4 de marzo, ha sido relativamente leve (20.82 pesos por dólar) podría alcanzar a más de 22 pesos. Pero eso no sería lo más preocupante, la depreciación incluso podría servir para paliar el efecto de los aranceles. En cambio, el riesgo de una salida masiva de capitales; la interrupción de la inversión extranjera directa (IED); y un clima de incertidumbre o franco temor, podría llevar a México a una recesión. Antes de los anuncios de Trump las previsiones de crecimiento se situaban para 2025 en menos de 1%. Ahora esa cifra puede resultar optimista.
Así las cosas, el daño podría traducirse en un desempleo masivo y llevar a México a una espiral viciosa: una menor actividad económica hará caer la inversión y el consumo, redundando en una afectación mayor del crecimiento. Un panorama similar al que vivimos en 1982 cuando el gobierno de México declaró la moratoria de la deuda externa. La diferencia, sin embargo, es que en esta ocasión la crisis no responde fundamentalmente a causas internas sino a las determinaciones de un gobierno extranjero. Esta diferencia es vital para entender y apreciar las posibilidades de México ya que la solución es, en teoría, muy sencilla. Bastaría con que Trump cambiara de opinión.
Como se señaló antes, esta posibilidad existe tanto porque la respuesta de la economía y las finanzas de Estados Unidos están mostrando un aumento de la inflación y una fuerte caída de las bolsas de valores en Wall Street (y en varias partes del mundo, particularmente Asia y Europa); por las contradicciones internas en el equipo de Trump; y por la personalidad del presidente, el cual se ha distinguido por su veleidad.
Las medidas que tome México tienen además del gobierno de Estados Unidos, otro interlocutor: los inversionistas nacionales y extranjeros. No está claro cuál será su reacción y dependerá no sólo de la ruta que decida México. También de sus expectativas acerca de la magnitud del conflicto. Es posible que algunos decidan esperar un tiempo antes de tomar decisiones drásticas como cerrar empresas y despedir a sus empleados. Habrá, asimismo, quienes decidan sacar sus inversiones financieras fuera del país. Sin embargo, al mismo tiempo, sus reacciones adversas afectarán al mercado estadunidense.
Como se ha repetido con frecuencia, desatar una guerra es más fácil que detenerla. Son fenómenos en los que todos los involucrados pierden, aunque aparentemente pueden ganar algo. En esta ocasión, aún si la confrontación arancelaria se resolviera pronto, las cosas no volverían a ser como antes. La desconfianza, el temor a sufrir otras puñaladas, y el costo de los daños y su reparación no podrán ser borrados.
Por ello, la respuesta que ofrezca la presidenta Sheinbaum el domingo en el Zócalo no será, no puede ser, final ni definitiva. Será sólo el principio de un camino inédito que requerirá ajustes constantes, decisiones severas y otras más bien discursivas, y una actitud que muestre al mismo tiempo fortaleza y flexibilidad. Llamará, sin duda, a la unidad nacional. Esperemos que de lo anterior se desprenda un diálogo permanente con la sociedad, incluyendo a los trabajadores mexicanos quienes serán las principales víctimas de esta confrontación. Y surja una visión de largo plazo que tendrá que construir un nuevo curso de desarrollo a lo largo de varios años.

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Las nuevas disposiciones de la ley del Infonavit, aprobadas el pasado viernes 14 de febrero por la Cámara de Senadores tras su paso por la de Diputados, representan algunos avances en materia de política de vivienda que deben subrayarse. Nos referiremos a dos en particular, para después advertir algunos riesgos.
Una primera novedad consiste en que “Al cumplir un año de cotización continua, las personas trabajadoras derechohabientes… tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el Instituto… y a participar en los programas de opción de compra de dichas viviendas”. Y agrega en el artículo 51 ter que “El monto de las rentas a cargo de las personas trabajadoras derechohabientes… deberá determinarse (con) criterios sociales, sin fines de lucro o especulación comercial y considerando el nivel salarial de las personas trabajadoras derechohabientes, debiendo ser suficiente para que el Instituto cubra el pago del impuesto predial y los derechos de agua…”.
La posibilidad de arrendar una habitación puede ayudar a resolver el acceso a esta prestación de las personas de menores recursos o que aún no cuentan con fondos suficientes para pedir un crédito debido a sus escasos años de cotización, es decir, sobre todo las más jóvenes.
La segunda cuestión que merece destacarse, más polémica, es que ahora el Infonavit, de acuerdo con los artículos 3 y 42 de la ley aprobada podrá “construir viviendas (en terrenos propiedad del Instituto), para lo cual constituirá una empresa filial en términos de la legislación mercantil”; para ello podrá destinar los recursos bajo su patrimonio, es decir las aportaciones de los patrones al Fondo de vivienda que administra el Instituto.
El objetivo, señaló el gobierno, es abatir el déficit en esta materia con la construcción de un millón de viviendas. La mitad de ellas, 500 mil, a cargo del Infonavit con una inversión de 288 mil millones de pesos. La parte restante, otro medio millón, será levantada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), destinadas principalmente a las personas trabajadoras que no están afiliadas al Infonavit o Fovissste y que laboran en condiciones de informalidad.
Se trata, subrayó la presidenta Sheinbaum, de ofrecer “vivienda a quien más lo necesita, a bajo costo y particularmente para las y los jóvenes”. En el caso del Infonavit, la empresa constructora prevista en la ley servirá para “disminuir costos e incrementar la capacidad de construcción” de nuevas moradas.
Los dos pilares de la reforma del Infonavit: la modalidad de arrendamiento y la creación de una nueva empresa “filial” pueden ayudar a resolver los graves problemas que arrastramos desde hace décadas. No obstante, las críticas se han centrado más bien en la misión constructora del Instituto, aduciendo que se están poniendo en peligro los ahorros de los trabajadores.
Debe señalarse que hay algunos candados que pueden ayudar a una administración racional, transparente y efectiva de esos recursos.
En primer lugar, la ley señala que “Las aportaciones de personas empleadoras a las subcuentas de vivienda son patrimonio de las personas trabajadoras y en su conjunto conformarán el Fondo Nacional de la Vivienda”. Esto quiere decir que cualquier trabajador puede reclamar su fondo con los intereses correspondientes cuando se jubile, o solicitar un crédito. El Infonavit no podrá negarle al trabajador sus recursos acumulados para uno u otro fin. Al mismo tiempo señala que se trata de un Fondo, es decir que la Institución puede hacer uso de los recursos de los trabajadores para invertirlos en la construcción o reparación de viviendas, ahora mediante una empresa filial. El problema entonces no radica en una supuesta expropiación del dinero de la cuenta individual de cada trabajador, sino en el manejo y el destino de las inversiones que se proponen realizar.
Para tratar de garantizar lo anterior, se disponen dos mecanismos fundamentales: por un lado, la intervención de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de la Banca y de Valores, las cuales emitirán un conjunto de normas para regular, supervisar y vigilar “las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras”. Además, se faculta a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, para fiscalizar al Infonavit.
Por otro lado, se establece la vigilancia y supervisión de la administración del Instituto, así como de la implementación de sus proyectos de arrendamiento y construcción de viviendas mediante diversas instancias: la Asamblea General; el Consejo de Administración; la Comisión de Vigilancia; el Comité de Auditoría; y el Comité de Transparencia. Estos organismos serán tripartitos, es decir, tendrán igual número de miembros de los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno.
Sin embargo, faltan los detalles, los cuales resultarán de gran importancia. Se da un plazo de 30 días naturales para que el director del Infonavit realice los “los actos necesarios” para la constitución de la empresa filial referida; 180 días para que la Asamblea General y el Consejo de Administración expidan las políticas y reglas conforme a las cuales se otorgarán viviendas en arrendamiento social; y 90 días hábiles para que la SHCP y la CNBV emitan las disposiciones en materia de crédito que serán aplicables. Finalmente, se otorgan quince días naturales para que la Secretaría del Trabajo determine las bases para elegir a los representantes de los trabajadores y los empleadores a la Asamblea General del Instituto.
Todas estos faltantes podrán darnos, próximamente, un panorama más completo acerca de las nuevas políticas en la materia y si, efectivamente, no se pondrán en riesgo los fondos de los trabajadores.
Igualmente, habrá que ver si la elección de los representantes de los trabajadores no vuelve a recaer en las mismas organizaciones y, lo que sería aún más penoso, en las mismas personas que han avalado, protegido o participado en el diseño de políticas equivocadas y en diversas corruptelas.
Lo más importante será observar si la reforma irá en la dirección correcta para construir viviendas de calidad. Entendiendo por esto último su material, dimensiones, funcionalidad y, muy especialmente, su ubicación y entorno.
En el pasado, particularmente en los sexenios de Fox y Calderón, la vivienda financiada por el Infonavit se construyó en zonas aisladas, sin servicios y con serios defectos estructurales. Todo ello llevó a que millones de ellas se dejaran sin ocupación. Hasta ahora, según el gobierno, hay todavía más de 600 mil viviendas abandonadas. No obstante, para un puñado de compañías privadas resultó un buen negocio (aunque también hubo algunas quiebras). Fue, sin duda, un enorme fracaso.
Para evitar esos errores, se requiere no sólo de las nuevas disposiciones contenidas en la ley. Asimismo, como ha señalado la UNAM en su contribución al Plan Nacional de Desarrollo (pued.unam.mx), “resulta indispensable una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que reconozca que el crecimiento urbano ha impactado territorios agrícolas o de alto valor ambiental, y que el proceso de urbanización ha favorecido el crecimiento económico a costa de una mayor desigualdad entre regiones y la degradación de los ecosistemas”. Por lo anterior, recomienda un plan que, entre otras cosas, ponga como eje articulador de la estrategia a las ciudades medias. Se requiere, añade, corregir el patrón de crecimiento urbano que favorece las concentraciones metropolitanas con altos impactos ambientales y sociales.
Construir vivienda sin una visión integral y de largo plazo del territorio nacional puede conducirnos a nuevos errores monumentales y a serias afectaciones a la calidad de vida de las personas. El flamante director del Instituto y los representantes de los obreros y patrones que resulten electos deberían tomar en cuenta esta perspectiva y abrir un amplio y serio debate acerca de este asunto.

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El lunes pasado, 3 de febrero, se anunció un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México que suspendió “por un mes” el aumento de los aranceles anunciado por el presidente Trump. Dicho arreglo, supongo, obedeció a un razonamiento que frecuentemente recomiendan los abogados: “mas vale un mal acuerdo que un buen pleito”.
Para Trump, el precio que tuvo que pagar fue echarse para atrás de una amenaza reiterada desde el principio de su mandato. Se exhibió ante el mundo como un gobernante chantajista que, sin embargo, tuvo que ceder ante la presión, fundamentalmente, de diversos sectores empresariales de su país que advirtieron el enorme costo que suponía para la economía estadunidense la imposición de los aranceles.
Se ha dicho que Trump buscaba básicamente tres objetivos: proteger a la industria manufacturera e incitar a los inversionistas a regresar a Estados Unidos; aumentar los recursos del gobierno para compensar la disminución de los impuestos; y utilizar ese instrumento para presionar políticamente a otras naciones para aplicar políticas relacionadas básicamente con el flujo de drogas e inmigrantes. Sólo logró, con Canadá y México, pactar acuerdos en este último aspecto. Los otros dos quedaron, por lo pronto, relegados y sujetos a negociación.
De esta manera, el mandatario estadunidense quedó exhibido como una persona que actúa sin tener conocimiento de las consecuencias de sus actos. No obstante, las amenazas para emprender una guerra comercial pueden repetirse en cualquier momento.
Canadá por su parte, al igual que nuestro país, ganó tiempo para negociar y tratar de evitar las consecuencias económicas de los aranceles, pero cedió en el caso de las drogas con fuertes medidas como la vigilancia reforzada en la frontera, incluyendo un llamado “zar del fentanilo” que hará una lista de los carteles “terroristas” para asegurar la vigilancia del narcotráfico y encabezar una fuerza conjunta con Estados Unidos para combatir al crimen organizado y el lavado de dinero.
México como se sabe tuvo que ceder también en este asunto con la promesa de desplegar 10 mil soldados en la frontera. Sin embargo, ya no se dijo nada de las acusaciones de que el gobierno mexicano tiene “alianzas intolerables con los cárteles”. Al contrario, Trump reconoció que puede llegar a acuerdos con la presidenta Sheinbaum. El costo para nuestro país será alto pues el despliegue de las fuerzas militares se utilizará principalmente para detener a los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, con peligrosas consecuencias en materia de derechos humanos. Se convierte, así, de nueva cuenta en el guardián, al servicio de Estados Unidos, contra las personas que desean llegar a esa nación.
Así las cosas, los tres gobiernos ganaron y perdieron en la negociación. Un arreglo que puede durar un tiempo por ahora indeterminado y con resultados inciertos para todas las partes involucradas. No obstante, hay que reconocer como lo han hecho los empresarios mexicanos y estadunidenses que la presidenta actuó, dadas las circunstancias, con inteligencia y logró, por lo pronto, suspender los famosos aranceles.
El gobierno mexicano entiende que uno de los problemas más serios en la relación con Estados Unidos consiste en frenar el tráfico de fentanilo y combatir a los carteles del crimen organizado. Argumenta, con razón, que dicha tarea tiene que contar con la colaboración respetuosa de su vecino del norte por lo menos en un asunto toral: el tráfico de armas. Según la presidenta, Trump aceptó abordar este problema, aunque el comunicado oficial del jefe de la Casa Blanca no dice nada a este respecto.
Para lograr avances significativos en estos asuntos se requiere una estrategia conjunta, integral, y sin medidas de fuerza dictadas unilateralmente por Washington. No está claro si Estados Unidos ayudará eficazmente, estorbará para empeorar las cosas, o se limitará a declaraciones estridentes que no resolverán nada o casi nada. Por lo pronto, y a reserva de que haya resultados en la mesa de negociación, nuestro gobierno tendrá que dar resultados más palpables. Resolver el problema de la inseguridad, la violencia y el control del crimen organizado en algunas porciones del territorio nacional es fundamental para que México logre un mejor bienestar, en todos aspectos, de la población mexicana.
En cuanto a la migración, el gobierno parece no tener otras alternativas que las ya expuestas: proteger a los mexicanos residentes en Estados Unidos con los consulados; llevar a cabo programas de ayuda a los deportados; fortalecer el programa de refugiados; y tratar de demostrar que los trabajadores mexicanos en ese país aportan significativamente a su economía. Las protestas y ausencias de trabajadores migrantes en ciertas actividades importantes que se han presentado ya en algunas ciudades son de gran relevancia. Sin embargo, al mismo tiempo, es posible que México tenga que aceptar nuevas concesiones y la disminución de las remesas que llegan a las familias mexicanas.
Finalmente, en el terreno económico, ante la política agresiva de Estados Unidos, han surgido voces que reclaman un “cambio de modelo” que incluya la diversificación de nuestros socios comerciales y hasta un acercamiento mayor a China. Igualmente, un plan de sustitución de importaciones y atraer inversiones que vayan más allá de la maquila y promuevan actividades de alta tecnología y mayor valor agregado. El gobierno ha respondido que el Plan México va en esta dirección, pero sigue insistiendo en que su estrategia consiste en mantener y fortalecer la integración de Norteamérica, es decir, incluyendo a Canadá y Estados Unidos. Ello supone mantener al país dentro del TMEC, aceptar su revisión y negociar lo mejor que se pueda esa relación comercial. No está en sus planes alejarse de Estados Unidos. Al contrario, su proyecto consiste en hacer más productiva esa alianza “para competir mejor con China”.
A largo plazo, es indispensable construir una política industrial y comercial más beneficiosa para México. A corto plazo, no obstante, el gobierno mexicano entiende que la integración de Norteamérica es indispensable para el desarrollo de nuestra economía.
Ante ello, no obstante, hay cosas que se pueden y deben hacerse, como mantener y fortalecer la política salarial y de protección a los derechos laborales; y revisar su política de gasto para invertir más y mejor en infraestructura productiva y en servicios esenciales para la población en salud, educación, transporte, vivienda y otros rubros. Para lo anterior, como se ha dicho, habrá que seguir insistiendo en una reforma fiscal progresista. Sin embargo, el presupuesto recesivo acordado para este año no ayudará mucho a conseguir estas metas.
Todo esto tiene que ser revisado y, al mismo tiempo, prepararse ante la incertidumbre mundial: nuevas medidas irracionales de Estados Unidos; conflictos armados en algunas regiones del mundo; y la guerra comercial con China que se ha recrudecido en los últimos días. Tareas complejas que requerirán no sólo del apoyo de los empresarios. También del conjunto de la sociedad.
Por lo pronto, tendremos que enfrentar al gobierno de Estados Unidos, manejado por un grupo con contradicciones internas, que actúa caprichosamente y que puede causar “grandes dolores”, como dijo Trump. Un gobierno que parece guiarse casi exclusivamente por los intereses de una plutocracia y el afán de demostrar a sus votantes que puede remediar supuestos males que aquejan a su país como la migración indocumentada y el consumo de drogas.
Las declaraciones que revelan un afán expansionista en el mundo como apropiarse de Groenlandia y el Canal de Panamá, o barrer a la población palestina de su territorio no se han traducido en acciones. No obstante, la impunidad y el poder de Trump, con las que hasta ahora cuenta de manera casi absoluta, podría derivar en acciones militares de graves consecuencias.
El mundo observa con azoro, confusión y miedo a Washington. No obstante, el magnate ya dio marcha atrás, aunque sea momentáneamente, a la imposición de aranceles a Canadá y México, lo que podría demostrar que en el futuro próximo la distancia entre el discurso amenazante y las acciones que tome realmente pueden ser más evidentes. No hay que confiar en ello; tampoco descartarlo. Mientras tanto, sigue siendo válida la estrategia que reza: “lo mejor es prepararse para lo peor”. ¿Confuso? Reclamen a Trump y su equipo de gobierno.

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El sábado 18 de enero se llevó a cabo un foro de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo acerca del tema “Sector Trabajo y Previsión Social”. Fui invitado a presentar una ponencia en la Mesa correspondiente a la política salarial. A continuación, para los lectores de El Sur, ofrezco un resumen del texto que expuse en esa ocasión.
El cambio que se ha operado en materia de política salarial ha beneficiado al país y en especial a los trabajadores de menores ingresos. En los últimos siete años los salarios mínimos aumentaron constantemente por encima de la inflación. Junto a ello, otras reformas en materia laboral permitieron:
-Disminuir la pobreza laboral; mejorar la distribución del ingreso entre capital y trabajo; y, algo que no se ha destacado mucho, aumentar la masa salarial: entre 2019 (IT)-2024 (IIIT) en casi 34 por ciento; para ilustrar esta cifra basta mencionar que entre 2010 y 2017 creció solamente en 1.4 por ciento. Este incremento sirvió para estimular el consumo final y la expansión de la economía nacional a pesar de las políticas de austeridad; la pandemia y el alza en las tasas de interés.
Sin embargo las revisiones de los salarios contractuales han sido mucho menores. En 2024, según la Secretaría del Trabajo, éstos tuvieron su mejor crecimiento en las últimas dos décadas: 7 por ciento nominal y 2.2 por ciento por encima de la inflación .
Estas transformaciones no se han traducido en una mudanza estructural. El 54 por ciento de la población ocupada se mantiene en la informalidad. Por su parte, en lo que toca solamente a los trabajadores subordinados y remunerados, el 42 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud y el 41 por ciento carecía de un contrato escrito.
Igualmente hay que tomar en cuenta la persistencia de brechas laborales, particularmente entre regiones, géneros, grupos etarios, la ciudad y el campo, y trabajadores de empresas privadas y públicas.
Reconocemos la labor desempeñada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Ha sido valiosa para elaborar los estudios técnicos y lograr los acuerdos necesarios para hacer realidad el cambio que reclamaba el país desde hace casi cuatro décadas.
Dicho lo anterior, consideramos que es necesario seguir fortaleciendo la política salarial y lograr las metas propuestas por el Gobierno de la República. Para ello, ponemos a discusión los siguientes asuntos:
El primero se refiere al Monto Independiente de Recuperación (MIR).
La Conasami ha anunciado los aumentos a los mínimos fijando dos cantidades, una en pesos, el llamado MIR, y otro en porcentaje. Los empleadores han tratado de presionar a los trabajadores para aceptar un tope salarial tomando el incremento más pequeño de ambos tramos, según denuncias hechas por diversos representantes sindicales.
Por lo anterior, este mecanismo no ha sido positivo para los trabajadores y además ofrece señales poco claras. De ahí la necesidad de abandonar esta fórmula y anunciar simplemente un porcentaje único como de hecho lo hace incluso el gobierno para explicar su política salarial.
Segundo, el subsidio al empleo.
El 1º de mayo de 2024, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación nuevas reglas para determinar este subsidio para los trabajadores asalariados y se fijó un límite máximo mensual de 9 mil 81 pesos. Sin embargo, es importante precisar que dicha cantidad considera el salario nominal y las prestaciones señaladas por la Ley. El pasado 31 de diciembre de 2024 se publicó otro decreto y la cantidad exenta pasó de esos 9 mil 8i pesos a 10 mil 171 pesos mensuales, es decir, hasta 1.2 veces el salario mínimo.
Considero que el subsidio debe ser mayor. En primer lugar, se debería revisar la exclusión de las prestaciones. Su inclusión afecta las negociaciones y logros de las revisiones contractuales que se llevan a cabo cada dos años por lo menos. Se opone a las reformas 2017-2019 en materia de democracia sindical y representación legítima de la contratación colectiva y a lo señalado en el capítulo laboral del T-MEC. Una discusión y análisis más detallado podría arrojarnos distintas opciones para evitar abusos y favorecer a los ingresos más elevados.
También convendría revisar este subsidio para proteger a un número mayor de trabajadores. Por ejemplo, se podría fijar como límite dos y media canastas básicas (meta del gobierno actual) lo que llevaría a un aumento de este subsidio en alrededor del 14 por ciento. Otra posibilidad consistiría en elevar este alivio hasta dos salarios mínimos (en comparación al 1.2 para este año); un incremento considerable de poco más de 64 por ciento. Sin embargo, beneficiaría a 30 millones de trabajadores, es decir, el 75 por ciento del total de personas asalariadas y subordinadas.
Revisar este subsidio serviría de base para iniciar una reforma fiscal, particularmente en materia de ISR, que beneficiaría a las personas de menores ingresos y gravaría más, sobre todo, al uno por ciento más favorecido de la población que aporta, comparativamente, muy poco al fisco.
Tercera propuesta. Modificar la toma de decisiones para aumentar los mínimos. Para ello, recojo diversos proyectos de reformas a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo elaborados hace algunos años. En particular, el que se propuso en 2002, avalado por algunos diputados del PRD, el PAN y el PRI que se señalaba que “la decisión de fijar los montos de los salarios mínimos sea una facultad… de la Cámara de Diputados…”. Asimismo, se propuso crear “un organismo autónomo, descentralizado del Estado, denominado Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades (INSMPRU), el cual tendrá a su cargo realizar los estudios para las organizaciones patronales y obreras, y a la Cámara de Diputados, para justificar el incremento de los mínimos… (y) el porcentaje de utilidades repartible”. Para tales efectos, se requeriría modificar, entre otros, los artículos 74 y 78 constitucionales.
Vale la pena recordar que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los distintos países del mundo se han dado básicamente tres formas para acordar los aumentos a los salarios mínimos.
1.- Por los gobiernos nacionales –el presidente, primer ministro o el ministerio de trabajo– previa consulta con los interlocutores sociales. 2.- En otros países, el salario mínimo se fija por un órgano tripartito con la representación de las organizaciones sindicales, patronales, y el gobierno. Así ocurre (con sus particularidades) en Costa Rica, Perú y México. 3.- En Estados Unidos, Brasil y Alemania es el Congreso el que toma la decisión final después de consultar a los empleadores y los trabajadores.
La propuesta de que sea la Cámara de Diputados la que sancione finalmente los aumentos a los salarios mínimos no pretende eliminar ni el diálogo social ni los estudios correspondientes, labores que desempeña actualmente la Conasami.
Más bien se propone fortalecer estas funciones y, al mismo tiempo:
-Hacer compatible la política económica y en particular el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos de la Federación con las metas de recuperación de los salarios mínimos.
-Expedir una ley con metas anuales, bianuales o multianuales
-Los aumentos salariales de los trabajadores del “apartado B”, deben ser considerados tomando en cuenta los aumentos al mínimo.
-La democratización de la representación sindical en la Conasami es indispensable, pero las consultas podrían abrirse a otros interlocutores sociales.
-La desaparición de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social debe ser reparada no sólo por las funciones que pueda absorber el Inegi. También por un fortalecimiento de las capacidades de la Conasami o, en su caso, el nuevo Instituto que se propone, el INSMPRU.
Finalmente, ayudaría a asegurar que se cumpla con el mandato de la Constitución, es decir que sea “suficiente para cubrir las necesidades de un jefe de familia”, e igualmente a que, como dice la enmienda más reciente, sea superior a la inflación del año anterior. En realidad, esta reforma ya dicta de manera general un monto obligatorio. Además, dado que será necesario incorporar este mandato en la Ley Federal del Trabajo, dicho procedimiento legislativo puede ser la ocasión propicia para revisar este asunto.

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El profesor de economía de la Universidad de California en Berkeley, Bradford DeLong, es un respetable autor de varios libros y numerosos ensayos. Fue, también, asesor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en tiempo del presidente Clinton. Poco antes de la navidad del año pasado publicó en la revista digital Project Syndicate un artículo titulado “American idiots”. En dicho escrito, el profesor DeLong criticó, con esos calificativos, a los futuros pre-sidente y vicepresidente Donaldo Trump y J.D. Vance, y particularmente a su asesor Elon Musk, por haber intentado frenar un acuerdo bipartidista del Congreso de Estados Unidos para aprobar el presupuesto del gobierno.
DeLong consideró que ese episodio mostró “a la perfección” lo que le espera a ese país y al mundo cuando Trump asuma su cargo en los próximos días: un estilo de gobierno disfuncional, basado en mentiras y amenazas con quienes se oponen a sus propuestas (incluyendo a los legisladores republicanos). Advirtió además que los mensajes de Musk en su red X (antes Twitter) mostraron una enorme ignorancia e hizo suya la opinión de otro distinguido economista, Paul Krugman (premio Nobel de Economía) quien afirmó que esas personas “harán un inmenso daño” intentando gobernar con base en falsedades al punto que actúan “como si estuvieran drogados con sus propias men-tiras”.
De Long y Krugman son economistas distinguidos dentro y fuera de su país, más allá de la crítica que se puede hacer a sus ideas. No se trata de un par de radicales irresponsables que hacen comentarios a la ligera. Hay, pues, que tomar en serio sus advertencias.
El temor a una probable disfuncionalidad del próximo gobierno de Estados Unidos se acrecentó con la violenta discusión que tuvo lugar también al final del año pasado, entre dos facciones del grupo gobernante. Según una crónica de Heather Cox, publicada en un portal digital, se enfrentaron, de un lado, los seguidores ultranacionalistas de Trump que se identifican plenamente con el lema MAGA (Make America Great Again), los cuales defienden la supremacía blanca cristiana, son feroces antinmigrantes y consideran que la protección de los derechos humanos a los extranjeros que radican en su territorio, a las minorías étnicas, y a las mujeres, han arruinado al país, y que Estados Unidos debe aislarse del mundo.
Del otro lado está un grupo que aparentemente se han vuelto más influyente en el próximo equipo de gobierno acaudillado por Elon Musk, el cual encabeza un puñado de billonarios, especialmente del sector tec-nológico ( y financiero), muchos de los cuales son inmigrantes.
A esta facción muchos comentaristas la bautizaron como DOGE en referencia al Depar-tamento de Eficiencia Guberna-mental que encabezará el dueño de Tesla, junto con el magnate Vivek Ramaswamy. Su propósito consiste en eliminar la mayor cantidad de regulaciones gubernamentales a las empresas, reducir los impuestos y proteger los intereses de los consorcios estadunidenses de la competencia de China.
La polémica entre ambos grupos se encendió cuando Trump decidió nombrar a un socio de Musk, Sriram Krishnan, nacido en India, como principal asesor del presidente en materia de inteligencia artificial. Inme-diatamente, una persona cercana a Trump, Laura Loomer, activista republicana muy conocida, repudió este nombramiento por tratarse precisamente de un extranjero. Krishman defendió la necesidad de facilitar la inmigración y contratación de trabajadores foráneos mediante la visa H1B. Por su parte, Loomer consideró que esos empleos deben se ofrecidos a estadunidenses y calificó al grupo DOGE como conjunto de arribistas de última hora que lo único que quieren, dijo, es enriquecerse mediante contratos con el Departamento de Defensa.
Diversos participantes del grupo tradicional de MAGA apoyaron a Loomer y recordaron que habían votado por Trump para hacer más severas las contrataciones con la visa H-1B, no para flexibilizarla. Musk respondió en su red X que Estados Unidos requería el doble de técnicos que el país puede proporcionar y que deberían ser bienvenidos estos extranjeros sobre todo en las empresas tecnológicas resaltando, además, que cobran salarios más bajos que los estadunidenses. Ramaswamy añadió que hacían falta ingenieros extranjeros calificados porque la “cultura estadounidense” premia la mediocridad y la ignorancia científica.
La discusión subió de tono con insultos más fuertes por ambas partes y el grupo más nacionalista le reclamó a Trump que cumpla sus promesas en torno a la migración y argumentó que si se relaja la visa H1B se pondría en duda el propósito del futuro presidente de expulsar a todos los extranjeros que radican y trabajan en Estados Unidos.
La facción de DOGE acusó al grupo contrario de “racista” (¡!). Musk defendió su punto de vista señalando que él es extranjero y ha logrado con sus empresas hacer a Estados Unidos “grande” como reza el lema preferido de Trump. Y, para que no quedara duda, como diríamos en buen español mexicano, mandó a sus críticos a la chingada (“fuck yourself in the face”). Luego, Steve Banon, uno de los ideólogos más ultras de los ultras le contestó que “no nos van a detener… somos mil veces más fuertes que ustedes…, cómo se atreven a echar a la basura al movimiento MAGA, no importa cuánto dinero tengan, vamos a terminar con las visas H-1B… Vamos a deportar a los 15 millones de extranjeros incluyendo los que ustedes trajeron al país para dárselos a los trabajadores estadunidenses”.
El sábado 28 de diciembre, Trump le dio la razón a Musk y afirmó que “siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas de trabajo” e incluso dijo que “tengo muchos trabajadores con esa visa en mis propiedades, es un excelente programa” aunque en el pasado las había repudiado.
El debate entre los grupos trumpistas reveló las profundas divisiones existentes, ideológicas y políticas y, al mismo tiempo, que los argumentos de ambas facciones carecen de una mínima coherencia. Los ultras no alcanzan a entender que las compañías instaladas en Estados Unidos no pueden prescindir de personal calificado y de empresarios extranjeros que radican desde hace años en su país; por su lado, el grupo oligárquico de billonarios tampoco puede explicar porqué algunos extranjeros deben ser admitidos y otros no, si todos aportan a la economía estadu-nidense.
A lo anterior habría que agregar los disparates de Trump y Musk en materia de política exterior. El futuro presidente ha dicho que quiere “comprar” Groenlandia, anexar a Canadá, y retomar la administración del Canal de Panamá; el segundo, ha atacado a gobiernos aliados estratégicos de Estados Unidos, inmiscuyéndose en su vida política interna e incluso ha apoyado al partido nazi de Alemania el cual es, por supuesto, abiertamente racista. Las posiciones de Trump y Musk se inspiran en una ambición expansionista; sin embargo, sus objetivos y medios son simplemente irracionales.
Los términos del debate entre las facciones trumpistas y las diatribas lanzadas contra diversos gobiernos del mundo revelan entonces, como afirma el profesor DeLong, que más bien se trata de un grupo de “idiotas” que carecen de una idea mínimamente razonable de gobierno y del papel de Estados Unidos en el planeta.
Si lo anterior es cierto, todas las naciones, destacadamente Mé-xico, enfrentarán a una adminis-tración que tratará de mezclar, de manera contradictoria, postulados ultranacionalistas y antiinmi-grantes, pero también favorables a las grandes empresas y a un mayor dominio del mundo incluso con el uso de la fuerza militar. Un gobierno que tratará de guiarse, al mismo tiempo, por razones principalmente ideoló-gicas y por un grupo influyente de billonarios que sólo quieren hacer negocios más jugosos.
Así las cosas, el gobierno de Trump plantea una gran incertidumbre, una adminis-tración sin brújula que cambiaría de planes y decisiones constan-temente. El problema es que se trata de la potencia militar y económica más importante del mundo que disputa esa posición con otro gigante, la República Popular China.

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La Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció en días pasados que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general se incrementará de 248.93 a 278.80 pesos diarios, y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Asimismo, los salarios mínimos profesionales, integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, conocerán una subida, igualmente de 12%.
Estos aumentos serán mayores al incremento del índice general de precios al consumidor ocurrido este año, calculado en alrededor del 4.5%. Sin embargo, algunos bienes, como los productos agropecuarios, el gas y la electricidad, presentan una elevación de casi 8%, lo que impactará a las familias de menores recursos. Según esta institución hasta octubre de este año el salario mínimo había perdido más del 5 por ciento su poder adquisitivo.
Aún así, el aumento del 12 por ciento mejorará los ingresos laborales de los trabajadores que obtienen este ingreso y aumentará el consumo de las familias, lo que resulta significativo tomando en cuenta que para 2025 seguramente se aprobará un recorte del gasto público que tendrá efectos recesivos en la economía mexicana.
Este porcentaje representa un aumento menor en comparación con los que se decretaron durante el sexenio pasado. Sin embargo, mantiene al salario mínimo en un nivel más de dos veces superior al que alcanzó en las décadas anteriores, cuando estuvo prácticamente congelado.
El anuncio oficial dice que el aumento al mínimo en la mayor parte de la República se compone de dos tramos: el MIR (Monto Independiente de Recuperación) que se fijó en 12.85 pesos y un 6.5% adicional.
Esta composición se ha interpretado como una forma de tratar de topar las revisiones contractuales. El gobierno ha reiterado, cada año que “el MIR…es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos… una cantidad absoluta en pesos que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales”.
No obstante, representantes de distintos sindicatos han señalado que estos topes realmente existen y se han convertido en un mecanismo de presión para los trabajadores, y en un índice para fijar los aumentos en el sector público.
Sin duda, la existencia de dos tramos para determinar los salarios mínimos no es positiva para los trabajadores y además resulta confusa.
Por ejemplo, para 2024 el MIR representó en pesos un aumento del 13.2% y el porcentaje extra fue del 6% dando un 20% total. En 2025, en cambio, el incremento en pesos representa un 5.16% y el porcentaje adicional es del 6.5% (dando un total de 12%).
Es decir, en 2024 el MIR fue superior al porcentaje añadido y para el próximo año, al revés, el MIR será inferior. De esta manera, en 2024 el 6% se interpretó como supuesto tope a las revisiones contractuales, pero ahora surge la duda si se tratará de utilizar para este efecto el tramo que representa el MIR o el 6.5%.
Todo esto refleja la necesidad de abandonar la división en dos tramos y anunciar simplemente un porcentaje único.
Cabe agregar que, en 2024, las revisiones contractuales de los salarios no fueron parejas. Según el Banco de México, superaron la inflación en entre 5 y 1 por ciento. No obstante, en la industria manufacturera los incrementos rebasaron los ocho puntos porcentuales y en algunos casos llegaron al 12% en términos nominales. Por su lado, en las empresas del sector público apenas llegaron al 5% o menos. En otras palabras, no hubo en este último sector una recuperación del poder adquisitivo de los salarios como efectivamente sucedió en el sector privado, particularmente en la industria manufacturera.
A pesar de estas diferencias, la masa salarial (CONEVAL) ha seguido aumentando a precios constantes (base primer trimestre de 2020): para el tercer trimestre de 2024, respecto al primer trimestre de 2019, se incrementó en 33.77%.
Este incremento resulta muy destacado y revela un cambio de tendencia en materia de salarios respecto a las décadas anteriores. Sólo como ejemplo, entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2017, la masa salarial se movió en un irrisorio 1.4%.
El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria también se redujo entre el cuarto trimestre de 2018 al tercero de 2024 del 40.7 por ciento al 35 por ciento.
Sin duda, las reformas legales en materia laboral como la que tiene que ver con la democracia sindical y la contratación colectiva, y la regulación de la subcontratación, entre otras, ayudaron a mejorar el nivel de vida de los trabajadores.
Este cambio de tendencia, sin embargo, no se ha traducido en una mudanza estructural. El 54 por ciento de la población ocupada se mantiene en la informalidad. Por su parte, en lo que toca solamente a los trabajadores subordinados y remunerados, el 42 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud y el 41 por ciento carecía de un contrato escrito.
Además, aunque la tasa de desocupación abierta era del 2.7%, tomando en cuenta este porcentaje y la población no económicamente disponible (PNEAD es decir personas desocupadas que no buscaban un empleo, pero declararon que necesitaban un ingreso laboral) el total sumaba 15% (Inegi).
Estas cifras reflejan la carencia de empleo para varios millones de mexicanos y, sobre todo, la exclusión por razones de género ya que la PNEAD incluye mayoritariamente a las mujeres, las cuales no salen a buscar una ocupación remunerada a pesar de que la necesitan por ocupar su tiempo en labores del hogar, principalmente: cuidado de infantes, personas de la tercera edad y enfermos; y limpieza y preparación de alimentos y vestido de los miembros de la familia.
Asimismo, la brecha salarial en el trabajo remunerado entre ambos sexos aún se mantiene relativamente alta.
Igualmente hay que tomar en cuenta las profundas diferencias regionales ya que, lamentablemente, las entidades del sureste presentan un panorama muy diferente a las del centro norte del país.
En resumen, el mercado de trabajo presenta los mismos problemas estructurales que ha arrastrado durante décadas, y al mismo tiempo ha ocurrido una disminución de la pobreza laboral y un aumento de la masa salarial.
Dicho en palabras sencillas, el pastel se ha repartido mejor pero el guiso no ha cambiado sustancialmente. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto.
Además, para 2025 la expectativa es de un menor crecimiento, lo que presionará negativamente a los empleos y puede llevar a que las revisiones contractuales conozcan menores aumentos que en años anteriores (sobre todo 2023 y 2024).
A la caída del gasto público habrá que agregar que el próximo año podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial y destacadamente, la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional.
Un elemento adicional se refiere al “factor Trump” y la expectativa de un viraje radical particularmente en materia comercial, lo que dañaría a nuestra economía de manera severa.
Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos.
Lamentablemente, es probable que los trabajadores y sus representaciones sindicales tengan que enfrentar un año particularmente difícil.
No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y principalmente de la movilización del sindicalismo, de su capacidad para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores, por ejemplo, la semana de 40 horas, y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, especialmente si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos.

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América Latina no está pasando por una buena etapa en materia de crecimiento económico. De acuerdo con el estudio de la CEPAL Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024, entre 2015 y 2024, la tasa anual de incremento del PIB de la región promedió solo un 0.9 por ciento, menos de la mitad (2.0 por ciento) que en la década perdida de los años ochenta. Resultado de ello, la creación de empleos, la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas aún por resolver. De esta manera dice la CEPAL, para enfrentar estos desafíos “es urgente fortalecer los sistemas de protección social en la región que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”.
Desde el punto de vista de esta institución, los sistemas de protección social se componen de prestaciones contributivas y no contributivas. Los primeros suponen aportes de los empleadores, los trabajadores y del gobierno (como la seguridad social proporcionada por el IMSS y el ISSSTE). Los segundos, los no contributivos, se financian principalmente con recursos públicos (impuestos y otros ingresos del Estado) e incluyen fundamentalmente transferencias monetarias, subsidios y deducciones fiscales, la provisión de servicios, y las pensiones no contributivas (como el programa de adultos mayores de México).
Según la investigación de la CEPAL, los programas sociales no contributivos han cobrado relevancia en América Latina debido a los persistentes niveles de pobreza en la región, la desigualdad y los altos niveles de informalidad laboral y empleos de baja calidad.
La expansión de estos programas no contributivos ha sido notable en toda la región y se ha basado principalmente en dos: las transferencias (principalmente monetarias) condicionadas y los sistemas de pensiones no contributivos. Este último programa ha tenido una cobertura cada vez más amplia. Si en el año 2000 apenas el 3.4 por ciento de la población se beneficiaba de esta pensión, en 2022, llegó al 31 por ciento de la población de 65 años y más y ha tenido buenos resultados: “La cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos aumentó más de 27 puntos porcentuales entre las personas de 65 años y más en los últimos 20 años, período en el que la pobreza en esta misma población se redujo 14.3 puntos porcentuales…”.
Los programas sociales no contributivos han logrado reducir la pobreza y representan una fuente de ingresos muy importante para los hogares de menores recursos. Sin embargo, dice la CEPAL, no han sido tan efectivos como los ingresos en el mercado laboral: “en 8 de los 12 países que redujeron la pobreza en el período 2021-2023, los ingresos provenientes del trabajo asalariado fueron la principal fuerza que impulsó esta disminución”.
No obstante, la CEPAL recomienda fortalecer los programas sociales no contributivos sobre todo en los grupos de la población que son más vulnerables: aquellos que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, la infancia y la vejez. Y también sugiere una mayor articulación de estas medidas con las políticas educativas, de salud, de inclusión laboral y de cuidados.
En resumen, en vista de que la expansión económica y la creación de empleos ha sido insuficiente, los gobiernos han optado por gastar más en los programas sociales no contributivos mediante transferencias monetarias a los hogares, principalmente las pensiones para los mayores de 65 años. Ello ha tenido resultados modestos pero tangibles en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, por lo cual se han convertido en una parte sustancial de la política social en la mayoría de los países de América Latina.
México es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en nuestra región. Según datos de José Casar, la economía mexicana apenas creció en promedio 1.7 por ciento entre 2000 y 2018, y menos del 1 por ciento entre 2018 y 2024. Por su parte, los programas sociales no contributivos de transferencias monetarias se expandieron notablemente en el sexenio anterior y han adquirido el rango de derechos constitucionales con lo que se trata de garantizar su universalidad. La pensión para adultos mayores; para personas con discapacidad; las Becas Benito Juárez (que incluyen tres modalidades); Jóvenes Construyendo el Futuro; y ahora la de apoyo a mujeres 60 a 64 años representan casi el 85 por ciento de los programas sociales prioritarios; hay que destacar que el de adultos mayores absorbe el 58 por ciento.
Sin embargo, como sucede en la región en su conjunto, los recursos han sido escasos. En lo que toca a nuestro país, por el financiamiento de estos programas y aquellos dedicados a la inversión pública (como el Tren Maya, el canal interoceánico y la refinería Olmeca), sobre todo en los dos años anteriores, se causó un creciente déficit público que para 2025 ha llevado a un ajuste del presupuesto de magnitudes considerables.
Así, cuando los recursos tienen que recortarse, la política social adoptada se traduce en la caída de las asignaciones previstas para 2025 a la inversión productiva (-11 por ciento) y a renglones como salud (-34 por ciento aunque aumentan IMSS Bienestar e ISSSTE) y educación (el presupuesto de la SEP tiene una caída del -1.7 por ciento en términos reales); recorte a universidades (quizás con excepción de UNAM e IPN); y a la cultura con una caída del 30 por ciento.
Este panorama nos obliga a reflexionar acerca de la conveniencia de lograr un mayor equilibrio entre las asignaciones que llegan a las personas en recursos materiales (escuelas, hospitales) y al desarrollo productivo (carreteras, comunicaciones, puertos) y, por otro lado, las asignaciones que le llegan en efectivo.
En el caso de los programas laborales, por ejemplo, para el PEF 2025, Jóvenes Construyendo el Futuro pasa de absorber el 84.6 del total de los recursos asignados para este año a la Secretaría del Trabajo, al 87 por ciento proyectado para el próximo. Hay, en cambio, una disminución en términos reales de programas como la inspección del trabajo (menos 13 por ciento). Por su parte, el Centro Federal de Conciliación Laboral y Registro Laboral verá reducidos sus recursos sustancialmente: la caída es superior al 35 por ciento en términos reales, es decir descontando la inflación.
Como apunta la CEPAL, hay que fortalecer los programas sociales no contributivos, particularmente las transferencias monetarias, pero también encontrar un mejor equilibrio entre éstos y aquellos que ofrecen servicios indispensables para la población como educación, salud, vinculación laboral, el sistema de cuidados y la protección al medio ambiente. Asimismo, hay que encontrar un mejor reparto de las transferencias monetarias que se ofrecen a los mayores de 65 años y aquellas que se destinan a la infancia.
Ajustar el presupuesto de 2025 resultó ineludible para el gobierno federal. Se requería disminuir el déficit fiscal para garantizar la estabilidad económica, evitar un crecimiento de la inflación, y evitar una posible crisis en la balanza de pagos y en el pago de la deuda.
Sin embargo, los recortes a las distintas dependencias y programas, nos deja una enseñanza: resulta necesario revisar las políticas públicas para que no sólo se ofrezca a la población dinero en efectivo sino, igualmente y de manera destacada, bienes y servicios indispensables que mejoren su calidad de vida.
Más ingresos monetarios para las familias son necesarios, pero si no van acompañados de un fortalecimiento de otras políticas de protección social, esas entregas pierden eficacia y cuando mucho sirven para elevar el consumo de bienes finales, no necesariamente para mejorar el bienestar de las personas. Corremos el riesgo de monetizar la protección social al mismo tiempo que descuidamos la provisión de lo que realmente sirve para mejorar la existencia de las personas en el presente y en el futuro; en el caso de la política laboral, los servicios que pueden garantizar más y mejores empleos dignos.
El equilibrio presupuestal y en las políticas públicas, entre los diferentes programas sociales no contributivos, es uno de los debates más importantes que tendremos que enfrentar en los próximos años.

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer, el 16 de octubre pasado, el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo que busca regular las labores que se realizan por medio de plataformas digitales. Se trata fundamentalmente del transporte de pasajeros que llevan a cabo empresas como Uber o Didi, y del reparto de mercancías para empresas como Amazon o Mercado Libre. Estas actividades tienen varias características particulares: entre ellas, que la totalidad de los trabajadores que laboran bajo este modelo de negocios son informales, es decir carecen de seguridad social, prestaciones y otros derechos que concede la Ley; han conocido una expansión acelerada sobre todo a partir de la pandemia que azotó al mundo en 2020; y ofrecen servicios a terceros (los clientes que solicitan esas tareas) pero bajo la dirección y modalidades de una empresa que utiliza las tecnologías de la información.
Además, debido a que han escaseado otras alternativas de ocupación, el trabajo en las plataformas digitales ha resultado atractivo para miles de personas debido a que brinda oportunidades para laborar desde cualquier ubicación; muchas veces es sencillo y rápido lograr el acceso a este tipo de trabajo; y, lo que resulta muy importante para algunas personas, especialmente jóvenes y mujeres, permite una gran flexibilidad en los horarios.
Se trata de un fenómeno mundial que quizás se originó con mayor ímpetu en Estados Unidos desde aproximadamente 2010. Sin embargo, su expansión acelerada ha dado lugar a esfuerzos de los gobiernos de diferentes países a tratar de regular estas empresas con dos objetivos: el pago de impuestos; y la protección de los trabajadores.
El uso de las plataformas digitales ha permitido la venta de productos o servicios que evaden al fisco. Poco a poco los gobiernos han ido encontrando las maneras de obligar a las empresas a estos enteros, aunque probablemente hay todavía mucho por hacer. En México, por ejemplo, apenas en junio de 2020, entró en vigor el nuevo esquema mediante el cual las empresas extranjeras que prestan servicios digitales a usuarios en México por medio de aplicaciones están obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por sus servicios.
En el aspecto laboral, las empresas han considerado a las personas que laboran mediante estas tecnologías, como “socios” y no como trabajadores dependientes y subordinados. Por lo anterior, dichos trabajadores han carecido de la protección de la ley del trabajo. Esta situación se ha convertido en un problema de dimensiones considerables. Sin embargo, la OIT y otras instituciones supranacionales han hecho recomendaciones para lograr una mayor protección de los trabajadores. También, gobiernos como el de Chile, Brasil, España, Inglaterra, entre otros, han dispuesto diversos mecanismos legales en el mismo sentido. Ahora, México se incorpora a los gobiernos de los países del mundo que busca pactar una legislación especial para estos trabajadores.
La iniciativa de la presidenta Sheinbaum tiene como eje normativo el artículo 291 que señala que el trabajo en plataformas digitales “Es una relación laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas que requieran la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales son gestionadas por una persona física o moral en favor de terceros a través de una plataforma digital, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el mando y la supervisión sobre la persona trabajadora”
Este artículo define el problema central y, de esta manera, reconoce que los trabajadores que laboran bajo esta modalidad tienen derecho al reparto de utilidades, a una indemnización por despido injustificado, a la seguridad social, a recibir aportaciones al fondo de vivienda, y a otras prestaciones señaladas por la ley.
No obstante, la iniciativa reconoce que, aunque se trata de un trabajo subordinado y remunerado, es decir que se realiza bajo las órdenes y lineamientos de un patrón y se obtiene un ingreso por la labor realizada, tiene particularidades que deben reconocerse. En primer lugar, que se trata de un trabajo flexible y discontinuo. Por ello, la relación laboral sólo existe mientras el trabajador acepta realizar un servicio y lo concluye. Asimismo, la ley reconoce que el tiempo de trabajo será una decisión del trabajador, es decir no hay jornadas regulares ni obligatorias. De ahí también que el salario se deba fijar por el servicio realizado, lo que quiere decir que no habrá una cantidad de ingresos fija por día o semana.
Al mismo tiempo, la ley plantea una serie de obligaciones a los patrones y trabajadores de acuerdo con las modalidades propias de este tipo de labores. Por ejemplo, que el pago por el servicio realizado incluya la parte proporcional del día de descanso semanal, las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo en los términos que determina la ley. Sin embargo, el derecho al reparto de utilidades sólo podrá aplicarse a aquel trabajador que labore más de 288 horas al año.
La ley señala igualmente que deberá existir un contrato que contenga entre otras cosas “el porcentaje del monto o método que el patrón pagará a la persona trabajadora de plataformas digitales por cada tarea o servicio”. Lo anterior se explica porque, en muchas ocasiones, el trabajador recibe un ingreso que sólo conoce después de haber realizado el trabajo encomendado. En este mismo sentido, el proyecto obliga a las empresas “elaborar un documento de política de gestión algorítmica del trabajo” que informe a las personas trabajadoras por qué o cómo se toman decisiones que afectan sus condiciones laborales. Esta disposición responde a la queja de los trabajadores que afirman que se les asignan servicios de manera arbitraria o a que reciben pagos diferentes a lo largo del día sin información previa.
En general, la iniciativa recoge las principales demandas de los trabajadores. La UNTA (Unión Nacional de trabajadores por Aplicación) manifestó en conferencia de prensa que la iniciativa presidencial representa “un paso para su formalización y que al mismo tiempo mantiene la flexibilidad en los horarios de trabajo”. Lo consideraron un “triunfo de los trabajadores”.
Hasta donde tengo noticia, considero que la iniciativa es una de las más completas y avanzadas a nivel internacional. Es desde luego, perfectible y los legisladores tendrán que abrir un proceso de diálogo y consultas con las empresas y los trabajadores.
Algunos representantes de esos negocios han señalado reiteradamente que las empresas que utilizan las plataformas digitales sólo son intermediarias entre el cliente y el chofer o repartidor y que por lo tanto se trata de una relación meramente comercial, no laboral.
Niegan que se trata de una relación subordinada y que la empresa dicta órdenes al trabajador las cuales debe obedecer forzosamente. Son, dicen, trabajadores autónomos e independientes.
Estos argumentos han sido repetidos en diversos foros internacionales por parte de los representantes de las empresas. Sin embargo, son claramente insostenible. Está ampliamente comprobado por diversos organismos internacionales y especialistas en materia laboral que por supuesto que los trabajadores deben obedecer las directivas de las empresas. Para que el servicio sea eficaz y rentable, la empresa ha elaborado instrucciones, criterios y normas para realizar el trabajo, y diversas formas y montos de pago. Así, en realidad, el trabajador no es ni autónomo ni independiente.
El asunto es tan sencillo como reconocer que, por ejemplo, el conductor de un automóvil que labora por medio de una plataforma no decide ni negocia con el cliente la tarifa de cobro. Ésta es manejada e impuesta por la empresa. Además, la decisión que permite a un trabajador recibir la instrucción y llevar a cabo el servicio corresponde enteramente a la empresa la cual lo planea y realiza mediante una serie de mecanismos algorítmicos bajo su dirección, basados en la ubicación del conductor, su probidad, el tipo de servicio, el horario, etc.
En lo que se refiere a los repartidores de mercancías, la dependencia es más evidente todavía pues el consumidor hace sus pedidos directamente a la empresa, sin ninguna triangulación, la cual ordena a un repartidor llevar las mercancías al lugar indicado. Hay que añadir que la adquisición de inventarios, su almacenamiento, y la asignación a los trabajadores para su entrega requiere de una logística a veces muy compleja: es el caso de gigantes comerciales como Amazon.
Para el Estado mexicano y la sociedad, lo más importante debe ser la protección a los trabajadores, sobre todo en una labor que los expone a riesgos tan frecuentes como los accidentes viales. La iniciativa presidencial responde a esta exigencia. Los diputados deberían darle el trámite debido lo más pronto posible.

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