El fin del sexenio reclama un conjunto de revisiones de las políticas públicas, las enmiendas legales y sus resultados. Una de las más importantes y complejas se refiere a la reforma laboral de 2017-2019. Si bien los cambios constitucionales se llevaron a cabo en el sexenio anterior, las reformas a la Ley Federal del Trabajo y su implementación correspondieron al periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para tratar de analizar este asunto, propongo observarlo en diferentes planos: 1) La ley, es decir, el texto de las reformas; 2) Las instituciones encargadas de su implementación; 3) El entorno político y económico en que se aprobó y se ha puesto en práctica; y 4) la respuesta de los trabajadores mexicanos a dicha reforma.
Cada una de estas dimensiones del análisis tiene características propias, pero al mismo tiempo están interrelacionados. De esta manera, si alguna se modifica, se puede alterar el conjunto. Sin embargo, es necesario discutir cada una de ellas en lo particular para después integrar el análisis y entender las posibilidades de una transformación de las relaciones laborales y el surgimiento de un nuevo movimiento sindical en México. Aquí un resumen de este examen:
El texto de la ley. La reforma constitucional y las enmiendas a la LFT fueron propuestas por el presidente de la república en turno (Peña Nieto en 2017; y AMLO en 2019) y votadas por el Congreso de la Unión. No obstante, ambas fueron discutidas y aprobadas en un lapso relativamente breve. La participación de las organizaciones de trabajadores, abogados y especialistas fue escasa. Lo anterior fue resultado de las presiones internacionales para aprobar las reformas y paradójicamente de algunas presiones internas para no hacerlo. En lo que toca a las reformas a la LFT, el flamante gobierno de AMLO y los legisladores de Morena seguramente pensaron que era el momento propicio para poner en los textos legales un conjunto de propuestas que se habían discutido al menos durante veinte años por abogados y sindicalistas democráticos; incluso fueron propuestas en la Cámara de Diputados varias veces por dirigentes de la UNT (pilotos y telefonistas) que habían sido electos como diputados bajo las siglas del PRD.
A pesar de la premura, los textos aprobados tienen una virtud innegable: recogen la idea de un sindicalismo democrático y participativo, y la necesidad de una nueva justicia laboral suprimiendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así, construyeron, en el papel, una realidad inédita, completamente nueva en el país.
Las Instituciones. Las reformas crearon nuevas instituciones, particularmente el Centro de Conciliación Federal y los estatales; y los juzgados laborales del Poder Judicial. Ninguna de estas instituciones tenía antecedentes ni legales ni prácticos en la vida del país. Por ejemplo, los jueces laborales eran figuras completamente ajenas a la realidad y la normatividad legal de nuestro país. De esta manera, se habilitaron togados laborales prácticamente de un día para el otro. El resultado ha sido dispar, aunque parecería que ha privado la actuación de jueces que poco entienden de asuntos laborales, o interpretan mal su función, o francamente han decidido apoyar a las empresas.
En cierto modo, lo anterior refleja la baja estima que el derecho laboral ha tenido en nuestra sociedad en las últimas décadas. Y es que los asuntos del trabajo dejaron de ser una preocupación del Estado mexicano: las relaciones obrero-patronales y los conflictos laborales fueron sometidos a una forma peculiar de regulación, basada en contratos de protección y sindicatos fantasma. Además, las instituciones laborales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dejaron de funcionar en la práctica. Los incrementos se decidían en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda.
Por lo anterior, el Centro de Conciliación y los juzgados laborales empezaron a funcionar con profesionistas que no recibieron la preparación académica adecuada ni han tenido una práctica profesional ad hoc. Sin duda, se requiere una capacitación intensiva de nuevos funcionarios y un diálogo con las universidades del país para que actualicen y mejoren la preparación académica de sus alumnos, acorde con las nuevas instituciones.
A pesar de todo, la implementación de la reforma en sus primeros años consistió en la desaparición de miles de contratos colectivos y sindicatos ficticios, lo que a mi modo de ver puede considerarse un gran logro ya que removió estos instrumentos que eran legales, pero al mismo tiempo un obstáculo para la organización libre de los trabajadores.
El entorno político y social. Las reformas constitucionales y a la LFT fueron resultado de un conjunto de circunstancias históricas que se presentaron en corto tiempo y que propiciaron una situación inédita: la presión de los socios comerciales de un tratado que construyó Estados Unidos para tratar de frenar la influencia de China; la sorpresiva derrota de los demócratas en las elecciones de 2016 en ese país frente a un candidato ajeno al establishment político; luego, el propio fracaso del personaje, Trump, para reelegirse; y la victoria de Biden, el cual tuvo que rehacer sus relaciones con los sindicatos y redefinir sus políticas públicas en materia de trabajo y economía. Uno de los resultados de estos cambios, fue el nuevo TMEC y su capítulo laboral. Por otro lado, ocurrió el triunfo de AMLO en las elecciones de 2018, lo que trajo una nueva política, sobre todo en materia de los salarios mínimos. Posteriormente, con la presión estadunidense, el gobierno presentó un proyecto de reformas a la LFT en materia de democracia sindical y justicia laboral.
Esta sucesión de mudanzas reflejó algo más profundo. El mundo sufrió una transformación en la medida en que los gobiernos de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, abandonaron el esquema del libre comercio para adoptar el del comercio regulado por razones políticas internas y su creciente pugna con China. En el caso de México, con el TMEC, dicho cambio se tradujo en que, ahora, el gobierno de Estados Unidos vigila que las empresas multinacionales respeten los derechos de los trabajadores en México. Un fenómeno imposible de imaginar hace muy poco tiempo.
El problema es que la integración económica con Estados Unidos ha sido afectada por los vaivenes de la política interna de nuestro vecino norteño. Las elecciones de noviembre y el triunfo de Trump podrían cambiar radicalmente la relación bilateral incluyendo los asuntos laborales.
Así las cosas, el avance de la reforma laboral no depende exclusivamente de las políticas internas del gobierno de México. Sin embargo, la opinión de los trabajadores y sus organizaciones sindicales serán indispensable para la toma de decisiones del futuro gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo, si se presenta una grave confrontación con Estados Unidos.
La respuesta de los trabajadores. La reforma laboral, como hemos expuesto, se construyó en una coyuntura excepcional. Por ello, los trabajadores han asimilado muy lentamente las oportunidades que abrieron los cambios ocurridos entre 2017-2019. A lo anterior hay que agregar la existencia de una “cultura” laboral que se fomentó durante décadas debido a la existencia de sindicatos ficticios o acostumbrados a pactar con las empresas dócilmente sin consultar a sus agremiados. También, con una política laboral que trató de mantener un mercado de trabajo controlado con bajos salarios, pobres condiciones de trabajo y cero conflictos.
En este contexto, los sindicatos se convirtieron en organizaciones ajenas a los trabajadores, distantes de sus problemas cotidianos (sus condiciones de trabajo: accidentes, insalubridad, abusos patronales, impago de horas extras, inmovilidad del escalafón, etc.) e incapaces de proporcionar una mejoría de sus ingresos laborales.
Bajo estas circunstancias, los trabajadores se acostumbraron a la inmovilidad, el conformismo e incluso el rechazo a la organización colectiva. Se generalizó la cultura de la resignación, el individualismo y la ignorancia de la Ley y las experiencias de lucha sindical.
Cambiar esa cultura es indispensable para el avance de la reforma laboral. Para ello se requiere una acción concertada entre las organizaciones democráticas y el gobierno federal para difundir los derechos laborales. Pero también y, sobre todo, las organizaciones sindicales tienen que demostrar que son capaces de conquistar nuevos logros, como la semana de 40 horas. Asimismo, que pueden renovarse y abrir espacios para las nuevas generaciones. Y que la toma de decisiones colectivas debe ser un modo de vida cotidiano.
En cualquier caso, debe quedar claro que la democratización de los sindicatos no dependerá de la voluntad de las autoridades laborales sino de la movilización de los trabajadores. La reforma laboral abrió un camino. Después de tantos años de silencio, la voz de los trabajadores empieza a escucharse. Para algunos débilmente, para otros con mayor claridad que en el pasado inmediato. Lo que parece innegable es que se ha iniciado una ruta de cambio. Ya veremos quienes se estacionan en el pasado y aquellos que apuestan al futuro.

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Según datos del IMSS, el salario promedio de los trabajadores afiliados a dicha institución aumentó 9.7 por ciento entre julio de 2023 y julio de este año (de 536.76 pesos a 588.71 pesos). Este incremento anual no fue parejo ya que las entidades en las que hubo alzas superiores al promedio fueron Tamaulipas, Zacatecas y Baja California. Al mismo tiempo, el salario más elevado se ubicó en Ciudad de México (725.15 pesos, 23 por ciento más elevado que el promedio); Baja California y Campeche. Siguen en esta lista los estados fronterizos del norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila, además de Querétaro.
Lamentablemente, los salarios más bajos se ubicaron en Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En esta última entidad el salario fue de 472.62 pesos, es decir 20 por ciento menor al promedio nacional.
Por su lado, el salario mínimo sigue mostrando un aumento en términos reales en comparación a 2018 de más de 100 por ciento en la mayor parte del territorio y de más de 220 por ciento en la zona fronteriza. Y según Inegi, ha aumentado el número de trabajadores que ganan más de 1 SMD y hasta 2 SMD y ha disminuido aquellos que ganan hasta 1 SMD.
El Banco de México presenta una información que muestra, igualmente, que ha habido alzas en los salarios, en este caso contractuales. Los incrementos nominales fueron de alrededor de 8.2 por ciento promedio entre abril y julio de este año. Tomando en cuenta la inflación de los últimos doce meses, el incremento real en ese mismo periodo sería de alrededor de 3.75 por ciento.
Sin embargo, aquí también hay diferencias: las alzas en las revisiones más favorables para los trabajadores fueron en la industria manufacturera (un promedio de 9.6 por ciento) y en el conjunto de las empresas privadas (9.46 por ciento), lo que contrasta con el reducido aumento en las empresas públicas que apenas alcanzó alrededor del 4.8 por ciento en promedio, es decir, la mitad de lo que obtuvieron los trabajadores que tienen contratos con las empresas privadas.
Con base en estos datos puede afirmarse que este año, por lo menos hasta el séptimo mes, los trabajadores han recibido incrementos superiores a la inflación si consideramos el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que se supone incluye la canasta de consumo de bienes más importantes para la población . No es tan favorable si se consideran los precios de algunos (no todos) alimentos como frutas y verduras frescas que han tenido un aumento de 23.55 por ciento (anual).
Las cifras muestran, asimismo, agudas diferencias regionales. La brecha entre el sureste y el norte sigue siendo profunda a pesar de la inversión pública en obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor transístmico. Los trabajadores de la industria de exportación manufacturera cuyas empresas están ubicadas principalmente en la región que abarca de Querétaro hacia la frontera norte del país, seguramente están recibiendo mejores salarios contractuales. De no modificarse, en el futuro cercano, con el nearshoring, podríamos observar una desigualdad más aguda y que el mejoramiento de las condiciones laborales se concentre en un grupo relativamente estrecho de trabajadores. Por su parte, el caso de la Ciudad de México podría responder a que se ha convertido en un centro financiero muy importante para México y América Latina; una urbe que alberga destacadas instituciones de educación, cultura y salud; y un polo turístico con características diferentes a los destinos playeros.
Aun con estas disparidades, creo que estamos observando una recuperación general de los salarios. Esta situación contrasta con el entorno económico, ya que el comportamiento del producto (PIB) en 2024 no ha sido alentador: diversas instituciones como el FMI o el Banco Mundial, pero también Inegi y Banxico, han previsto un menor ritmo de crecimiento que se calcula en 2 por ciento o menos. Claramente inferior al 3.2 por ciento del año pasado. Además, las expectativas para 2025 son aún más pesimistas debido a la probable reducción del déficit fiscal, la permanencia de tasas de interés aún elevadas (aún con los recortes) en México y en Estados Unidos y una desaceleración de la economía de nuestro vecino del norte.
De la misma manera, el empleo tampoco muestra signos positivos. Aunque la tasa de desocupación abierta es reducida (2.8 por ciento), la cantidad de trabajadores que laboran en la informalidad ya sea por cuenta propia o al servicio de un patrón, sigue siendo elevada; hasta junio de este año incluía a casi 32 millones de personas (datos del Inegi). Además, el IMSS reportó que entre enero y julio de este año se dieron de alta 307 mil asegurados lo que se compara desfavorablemente con ese mismo lapso del año pasado que registró un aumento de plazas de trabajo de más de 512 mil personas. Lo anterior muestra una caída en lo que va del año de más del 40 por ciento, es decir, una tendencia francamente a la baja en el ritmo de creación de empleos formales registrados en el IMSS.
Así las cosas, a pesar de un entorno económico poco propicio, los salarios están aumentando en términos reales. La explicación de este fenómeno quizás resida en que los sindicatos y los trabajadores (con o sin sindicato o contrato colectivo) están endureciendo sus posiciones y logrando mejores incrementos en sus percepciones. Esto puede estar sucediendo gracias a la reforma laboral de 2017-2019 que propicia la democracia sindical y la revisión de los contratos colectivos con participación de los trabajadores. Y, asimismo, a una política laboral que ha dado lugar a otras reformas legales como la regulación de la subcontratación y diversas prestaciones.
Desde luego, el balance de dicha reforma y de la política laboral del sexenio muestra serias fallas. Una de las más patentes, es que la justicia laboral sigue siendo defectuosa. También hay que subrayar que la democracia sindical ha avanzado lentamente. Hay pocos sindicatos nuevos que han surgido gracias a la reforma; las centrales del viejo orden corporativo siguen siendo mayoritarias. Asimismo, el panorama en el sector público es desolador. No sólo, como hemos visto, porque las revisiones contractuales en las empresas públicas han sido miserables. A ello hay que agregar la política laboral en la administración federal: bajos salarios y contrataciones vulnerables (por tiempo determinado, sin contrato, sin seguridad social y sin afiliación sindical). Al parecer, priva la idea de que los empleados de la administración pública (apartado B) deben ser presa de la austeridad y sacrificar sus condiciones de trabajo.
Aun tomando en cuenta estos problemas, podríamos estar observando un fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores particularmente en los que laboran en empresas privadas. Esta reanimación ocurre en momentos en que a nivel mundial también hay signos de un activismo sindical más pujante. Además, los mecanismos del T-MEC y las denuncias presentadas por el gobierno de Estados Unidos para reparar violaciones a los derechos laborales en empresas instaladas en México que ya suman más de veinte casos, igualmente, están influyendo en un mejor ambiente para los reclamos obreros. Por su lado, las directivas de algunos sindicatos afiliados a las centrales obreras como la CTM o la CROM han decidido negociar con las empresas menos dócilmente para evitar que sus afiliados salgan de sus filas y se incorporen a una organización más democrática. Este fenómeno apenas despunta. Todavía existen en muchas empresas con contratos de protección patronal y directivas sindicales que logaron manipular las elecciones a las que están obligadas por la ley y permanecen en sus puestos. Por otra parte, la situación puede cambiar debido a un entorno económico más desfavorable, a una política laboral más conservadora, o a un endurecimiento de la administración patronal.
El futuro del sindicalismo mexicano es todavía incierto, pero, por lo pronto, hay signos de vitalidad como no se conocieron en las décadas infames (1988-2018).

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El pasado 5 de agosto los mercados financieros vivieron una jornada que muchos han calificado como un “lunes negro”. Hubo fuertes caídas de las bolsas de valores en varios países del mundo. Japón sufrió el golpe más severo, un derrumbe de más del 12%. En Estados Unidos fue menos fuerte: -2.6% (Dow Jones) y un poco peor en el caso de las empresas teconológicas, -3.38% en el índice Nasdaq. Esas caídas afectaron también a México, aunque la Bolsa mexicana cayó apenas un 0.89%, el peso se depreció 1.27% en un solo día.
El origen inmediato de esta “crisis” se gestó la semana pasada cuando tres hechos se encadenaron: el Banco Central de Japón decidió aumentar su tasa de interés el miércoles 31 de julio a 0.25%; luego, con diferencia de horas, la Fed, el Banco central de Estados Unidos, decidió mantener sin cambios esa tasa, las más alta en 23 años.
Sin embargo, el viernes 2 se conoció el dato de que el desempleo había aumentado en esa nación hasta el 4.3% y que los puestos de trabajo habían aumentado menos de lo que se esperaba. Algunos añaden otro asunto: uno de los empresarios más poderosos de EU, Warren Buffett, decidió vender la mitad de sus acciones de Apple. De esta manera, se acentuaron las expectativas de que Estados Unidos se enfilaba hacia una recesión económica, lo que junto con la reacción de los inversionistas por el alza de la tasa de interés en Japón llevó a la caída generalizada de las bolsas.
El martes, ayer, los mercados parecían retomar la calma, aunque el rebote no había alcanzado a recuperar las pérdidas del día anterior: en Japón, la Bolsa había aumentado 9%, tres puntos menos que su caída.
Pasado lo peor de la sacudida, si se ven las cosas con más detenimiento, se observa que las bolsas de Estados Unidos han aumentado 10% durante este año aún después de la caída del lunes. El derrumbe pudo haber sido simplemente un ajuste ante los precios elevados de la bolsa. Sin embargo, dado que el fenómeno fue mundial, ésta no puede ser la única razón. A lo anterior hay que agregar la situación japonesa. La decisión del BOJ fue, dicen, inoportuna, pero para las autoridades era indispensable para proteger su moneda y su economía.
No obstante lo anterior, la cuestión más importante que surge de la tormenta es: ¿realmente la economía de EU se encuentra al borde de una recesión? ¿O fue una reacción exagerada de los inversionistas?
Los datos a la mano para el caso de EU (Cf. Noah Smith) indican que el aumento de la tasa de desempleo podría deberse no tanto por un despido masivo de trabajadores sino porque las personas que estaban sin trabajar y sin buscar un empleo decidieron salir a buscar uno, es decir hubo un aumento la demanda de puestos de trabajo. No puede hablarse entonces de un debilitamiento drástico del mercado laboral sino apenas de una ligera caída. Por otro lado, no se observa un desplome del consumo, del PIB, o de la producción industrial. Además, la productividad ha crecido al ritmo del producto (2.3% en junio).
En resumen, la sacudida financiera probablemente se debió a una coincidencia de acontecimientos que provocaron una reacción desmedida de los inversionistas. Si esto es así, en los próximos días veremos una reanimación que puede superar las pérdidas habida el lunes negro. Como quiera, es cierto que el vendaval mostró varias cosas: primero, que los inversionistas están muy nerviosos, no sólo por la salud de la economía de EU, sino también por la guerra en Medio Oriente incluyendo la posible respuesta de Irán ante la belicosidad de Israel; el posible debilitamiento de la economía china; el probable triunfo de Trump en noviembre; y el que los inversionistas endeudados en yenes sigan vendiendo sus activos financieros en el mundo (el llamado carry trade). Segundo, aunque la economía de EU tiene algunos indicadores positivos, si la FED no baja las tasas de interés pronto, la recesión en EU puede precipitarse. Y tercero, que la incertidumbre puede deberse, asimismo, a la debilidad fiscal de muchos países, sobre todo los más pobres y algunos otros como Argentina, lo que puede desencadenar una moratoria de las deudas soberanas y afectar al sistema financiero mundial. De esta manera, nadie está seguro de que otra sacudida se pueda presentar más adelante.
En el caso de México, la tormenta le ha afectado relativamente poco. La devaluación del peso ha sido, en conjunto de más de 12% en el año, pasando de 16.90 a 19.40 pesos por dólar. El vendaval provocó una caída de alrededor del 2%. Cayó a más de 20 pesos, pero el marte se había recuperado un poco hasta estabilizarse en la cifra señalada. Varios economistas han coincidido en que el peso estaba sobrevaluado por las tasas de interés tan altas decretadas por el Banco de México y el carry trade facilitado por las bajas tasas en Japón. La devaluación puede ayudar a incentivar las exportaciones, disminuir las importaciones y atraer turismo extranjero. Sin embargo, aumenta el costo de la deuda. Según Hacienda, el servicio de la deuda, fundamentalmente el pago de intereses aumenta 2,800 millones de pesos por cada 20 centavos de depreciación del peso. Hay que tomar en cuenta que sus cálculos para la economía preveían una paridad de 17.60 este año.
Por otra parte, y quizás sea lo más importante, la creación de empleos formales ha venido siendo más lenta. En julio se crearon apenas 12,344 empleos y en junio se despidieron a 29,555 trabajadores. En todo el año se han creado más de 300 mil plazas, una cifra menor a los dos años anteriores. En junio, la tasa de desempleo aumentó levemente a 2.8% con un incremento de 0.2% afectando sobre todo a las mujeres. En marzo esa tasa había sido de 2.3%.
También el crecimiento de la economía parece ir a la baja. Ahora la expectativa del Banco de México para el año ha bajado de 2.8 a 2.4%. Según Hacienda, se debe a “condiciones financieras restrictivas, tensiones geopolíticas y condiciones climatológicas adversas” Algunos analistas financieros calculan un crecimiento menor al 2%. La primera mitad del año la economía creció apenas alrededor del 1.5%.
Esta situación no se debe, evidentemente, a la turbulencia del lunes. Tiene causas externas, como las mencionadas, e internas: la cautela de los inversionistas ante el cambio de gobierno y los cambios a la Constitución que propuso el presidente; el déficit público que requeriría un ajuste el próximo año; y el enfriamiento, todavía no recesión, de la economía de EU.
Como hemos visto, la tormenta financiera del lunes puede ser de corta duración. Pero si los factores que la hicieron estallar se mantienen o se complican y, por otro lado, la situación de México sigue mostrando una menor actividad económica y menor creación de empleos formales, el final de año y 2025 se observan difíciles. A estas alturas, todo puede mejorar o empeorar. En cualquier caso, hay que prepararse adecuadamente.
Esto último significa que se requerirá flexibilidad y firmeza. Lo primero para que el cambio político sume y no divida. La inversión extranjera, el cacareado “nearshoring”, apenas ha empezado y si se acelera dependerá entre otras cosas, de un clima que a estos inversionistas les parezca adecuado. Lo segundo, para mantener claras las metas e instrumentos con lo que cuenta el Estado para impulsar el crecimiento y una mejor distribución del ingreso. El presupuesto de 2025 debe entonces prepararse con medidas que no afecten la inversión en infraestructura productiva, el gasto en educación y salud, así como lograr los acuerdos necesarios para mantener el crecimiento real de los salarios mínimos. El ajuste, que parece ineludible, requerirá un análisis al mismo tiempo cuidadoso y flexible, que se adapte al ritmo que tome la economía y las dificultades que se presenten en el panorama internacional. Una tarea complicada que también requerirá transparencia, diálogo y el mayor consenso posible.

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El viernes 19 de julio ocurrió un apagón en millones de computadoras de todo el mundo. Según la prensa, desató el caos en negocios y servicios públicos en muchos rincones del planeta. Más de 30 mil vuelos sufrieron retrasos y cerca de 4 mil fueron cancelados, algunos de ellos en México. Compañías ferroviarias, industrias de telecomunicaciones, bancos, juzgados y hospitales también se vieron afectados en diversas partes del globo particularmente en Estados Unidos, Alemania, Holanda, España, Suiza y Hong Kong. El fallo informático perturbó seriamente a la Bolsa de Valores de Londres y al operador ferroviario británico. La empresa Tesla, fabricante de automóviles eléctricos, tuvo que enviar “a algunos de sus trabajadores a casa temprano durante el turno de noche”; y la cadena de cafeterías Starbucks fue afectada en varios de sus establecimientos. En hospitales y clínicas de Holanda y Estados Unidos, por ejemplo, se tuvieron que suspender cirugías y consultas a pacientes.
Diversos medios apuntaron que fue “una de las mayores caídas informáticas de la historia”. Su causa, la actualización de un antivirus de la empresa CrowdStrike, el cual fue mal diseñado: contenía un error que causó el apagón. Las pantallas de las computadoras se pintaron de azul y no respondieron a ninguna orden, simplemente se “murieron”. Dicha empresa en 2022 ya contaba con más de un 17% de la cuota de mercado mundial de este tipo de software y abastece, entre otras, al sistema Windows de la empresa Microsft. Todas la computadoras y sistemas en red que fueron dañadas, utilizaban este sistema operativo.
De esta manera, en el mundo actual, una secuencia de un programa defectuoso de software puede causar estragos a escala global. Quedó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica, debido a la elevada concentración de servicios en un puñado de empresas multinacionales y, asimismo, por la dependencia generalizada de los sistemas operativos y de almacenamiento en la nube que utilizan las empresas y las personas diariamente.
Y es que las 15 compañías más grandes del sector controlan el 62% de las tecnologías, los productos y los servicios relacionados con la protección informática. Pero, de manera aún más destacada, hay que señalar que más del 70% de los ordenadores del planeta utiliza Windows. En realidad, quienes usan las computadoras para hacer funcionar sus negocios, para su trabajo cotidiano, o para efectos personales, tienen sólo tres opciones: Microsft y su sistema operativo Windows; Apple con iOS; y Linux, un sistema gratuito que es muy poco utilizado. No hay más, en casi todo el orbe, con la excepción de China que lanzó apenas este año su sistema operativo OpenKylin. Sin embargo, aún en este país, el 85 por ciento de las computadoras de escritorio usa todavía Windows.
Diversos especialistas advirtieron que en el futuro “absolutamente nada garantiza que no tengamos otro incidente similar, ya sea accidental (como en el caso del antivirus Crow) o malicioso. Además, de acuerdo con Edward Tenner, un estudioso de la tecnología y autor del libro Why Things Bite Back, “resulta cada vez más evidente que el centro neurálgico de los sistemas de IT (tecnologías de la información) a nivel mundial es una caja negra gigante de software interconectado completamente incomprensible que nadie puede descifrar… una caja negra llena de trampas no documentadas”. Por su lado, el New York Times señaló que el incidente del viernes destaca “la enorme dependencia de la economía global de un puñado de compañías que administran esta infraestructura vital”.
En resumen, el apagón mostró la sujeción catastrófica de Windows de uno de sus proveedores, pero igualmente, el sometimiento de millones de empresas y usuarios a Microsoft y sus productos, la cual como vimos, domina el mercado sin que haya casi ninguna otra alternativa. Los productos de Apple también están expuestos a un fallo similar.
Esta dependencia y el caos mundial ocurrido el viernes pasado revelan asimismo que no es exagerado decir que empresas y personas nos hemos vuelto “vasallos” o “siervos” de las cinco grandes empresas tecnológicas: Microsoft, Apple, FaceBook (Meta), Amazon y Alphabet (Google) a las que podríamos agregar ahora X (Twitter), propiedad de Elon Musk, principal accionista de Tesla.
Quizás no somos sólo clientes de estas compañías gigantescas. De acuerdo con las ideas de Yanis Varoufakis (ex ministro de Finanzas de Grecia y un destacado economista) planteadas en su libro Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo, vivimos ya en un nuevo modo de producción. Según una entrevista concedida a la revista digital Contexto (Ctxt.es), el autor afirma que se ha basado en conceptos marxistas para afirmar que el sistema económico se ha transformado en lo que llama “capital-nube”, lo que representa el fin del capitalismo tradicional. Dicho “capital-nube” ha matado a los mercados y los ha sustituido por una especie de feudo digital. Por lo anterior, ha vuelto a capitalistas y trabajadores en “siervos” que, con sus ganancias y su esfuerzo, proporcionan rentas a los propietarios del capital en la nube (principalmente a las grandes cinco). Dicho capital-nube ha creado un tipo de poder cualitativamente diferente del poder monopolista del pasado.
Los viejos monopolios “concentraban el capital, concentraban el poder, compraban gobiernos y mataban a sus competidores para vender sus cosas. Los capitalistas de la nube actuales ni siquiera se molestan en producir nada y vender sus productos. Esto se debe a que han sustituido a los mercados, no solo los han monopolizado”.
De esta forma, el nuevo modo de producción, el tecnofeudalismo, se basa en plataformas digitales “más próximas a feudos tecnológicos o feudos en la nube, impulsados por dos formas de liquidez. Una es la renta de la nube, que es lo contrario a la típica ganancia capitalista, la otra es el dinero de los bancos centrales, los cuales financiaron la construcción del capital en la nube”.
Así, los “siervos de la nube”, los usuarios de las grandes firmas tecnológicas producen valor (según el concepto marxiano), con su trabajo gratuito, simplemente interactuando con las plataformas y, con ello, hacen aumentar el capital en la nube. El tecnofeudalismo depende, por lo tanto, del sector capitalista que produce plusvalía que, sin embargo, es “usurpada” o “apropiada” por el capital nube.
Las tesis de Varoufakis son, desde luego, mucho más elaboradas que este breve resumen. Y también muy discutibles. No obstante, el apagón global del viernes y sus enormes repercusiones mundiales revelaron no sólo una enorme dependencia tecnológica de una sola empresa, en este caso Microsoft; también el enorme poder de las cinco gigantes, el cual alimentamos cada vez que usamos una computadora o mandamos un mensaje por WhatsApp (propiedad de Meta) o cualquier otra plataforma digital. De esta manera, ¿somos vasallos de unas cuantas empresas que no tienen ni admiten competencia, o simplemente clientes que pagamos por sus servicios sin retribución alguna por nuestro trabajo?
El asunto merece una reflexión, sobre todo para pensar cómo se puede limitar ese enorme poder. En los años recientes, por ejemplo, se han acordado a nivel internacional mecanismos para que al menos una parte de sus ganancias sean gravadas con mayores impuestos. Hay que recordar que, en algunos casos, su sede legal está localizada en naciones que imponen tasas sumamente bajas y que no benefician a los gobiernos de los países en los que efectivamente funcionan. También hay iniciativas para limitar su poder monopólico en el mercado de la industria de la tecnología. Sin embargo, como puede verse, representan todavía un modesto esfuerzo. Ojalá la comunidad internacional acuerde nuevas medidas. Mientras tanto, si su computadora no prende, su teléfono no puede enviar mensajes ni localizar el número de la persona deseada, o su tarjeta de crédito no es aceptada, puede ser que se haya producido otro “apagón” mundial.

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Mañana jueves 11 de julio, la presidenta electa anunciará el nombre de la persona que ocupará el cargo de secretario (a) del Trabajo, entre otras designaciones de su gabinete. Esperamos que en dicha ocasión se comente la propuesta de reducir la jornada laboral. Como es de dominio público, existe ya una iniciativa para modificar la Constitución y que la jornada legal máxima sea de 40 horas a la semana. Hay que recordar que ya se llevaron a cabo diversos foros para discutir el tema en el Congreso en el que participaron empresarios, dirigentes sindicales y académicos especialistas en el tema.
El asunto es de la mayor importancia, en primer lugar porque se trata de una recomendación de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que consideran necesario “estandarizar las prácticas laborales internacionales” y, especialmente, “proteger la salud de los trabajadores, reduciendo los riesgos de accidentes”, según el reportaje de Bloomberg (06072024).
Como se ha demostrado en distintas ocasiones y por distintas voces, las jornadas en México son muy prolongadas. De acuerdo con datos de la OIT la media de horas semanales trabajadas por persona empleada es más alta en Colombia (44.2), México (43.7) y Perú (43.1); y más reducida en Uruguay (37.3); Argentina (37) y Panamá (36.2).
En países como Chile y Colombia se está llevando a cabo una reducción de la jornada de manera gradual. En el primer caso, la jornada de 40 horas se alcanzará en 2028; y en el segundo, una jornada de 42 horas en 2026.
En Brasil, además, se están implementado proyectos piloto gracias a los cuales algunas empresas han reducido la semana laboral de cinco a cuatro días con resultados positivos: un 44 por ciento de las empresas participantes tuvo una mejora en su desempeño productivo.
En Europa y Estados Unidos desde hace años, se ha generalizado la jornada de 40 horas e incluso en algunos países como Bélgica la jornada máxima es de 38 horas y en Francia de 35 horas.
Así las cosas, no cabe duda de que México debe reducir su jornada legal de trabajo y sumarse a las naciones que ya lo hicieron o están en ese camino.
La iniciativa ha tenido el respaldo casi unánime de las organizaciones sindicales incluyendo la CTM, la CROM y los sindicatos independientes (UNT y Nueva Central); también el PRI ha manifestado su apoyo. Sin embargo, su aprobación se ha detenido por la oposición de la representación patronal. Varios problemas han señalado, en primer lugar, el aumento de costo de la mano de obra debido fundamentalmente a los incrementos de los salarios mínimos; el número de días de vacaciones pagadas; la aportación patronal al fondo de pensiones manejadas por las Afores; el monto de las utilidades pagadas; y la menor subcontratación de trabajadores. Estas cargas adicionales dicen, han afectado sobre todo a la pequeña y mediana empresa.
Otra razón que se ha esgrimido se refiere a la productividad. Argumentan que los índices de productividad en México (y en América Latina) son muy bajos en comparación con Europa y Estados Unidos. No obstante, como hemos visto, otros países latinoamericanos ya han reducido su jornada laboral.
Desde luego, el debate acerca de la productividad es complejo. Su evolución tiene que ver con la tasa de inversión y el desarrollo tecnológico. Pero, en las economías menos desarrolladas, también está relacionada con el tamaño del sector informal y el predominio de micro y pequeñas empresas. Se supone que en estos establecimientos la productividad crece a un ritmo menor que las medianas y grandes.
Un factor adicional, menos reconocido, es la resistencia obrera, es decir, la capacidad de negociación de los sindicatos con los patrones, y la negativa de los trabajadores a ocupar puestos mal pagados o con jornadas excesivas.
Según el informe de la OIT, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo Tendencias 2024, “las tasas mundiales de inversión se han recuperado sensiblemente desde la crisis mundial de 2007 y han seguido al alza durante la pandemia”. Sin embargo, dice la OIT, “el crecimiento de la productividad ha sido bajo en las economías avanzadas y se ha concentrado en un reducido número de empresas”.
Al mismo tiempo, advierte que en las economías avanzadas y en algunas economías emergentes se ha presentado una “escasez de mano de obra y de profesionales calificados” en trabajos de cuidado, transportes y comercio, así como en la industria manufacturera, la construcción y las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Ello se debe a “malas condiciones laborales en estos sectores” y a la ausencia de trabajadores calificados. Se produce de esta manera un círculo vicioso: al disminuir la productividad, las empresas no pueden ofrecer mejores salarios, lo que a su vez lleva a un exceso de puestos vacantes que dificulta el aumento de la productividad sobre todo si esas plazas no ocupadas exigen mano de obra mejor preparada y con salarios más elevados.
Según datos de la OIT, la productividad en México (medida como el valor de la producción del PIB en dólares constantes comparables a nivel internacional de 2017 por hora trabajada) disminuyó de 21.1 en 2014 a 20.6 en 2024 aunque hay que tomar en cuenta el efecto de la pandemia pues en 2021 bajó hasta 20.4. Un fenómeno similar sucedió en Brasil: el indicador bajó de 17.2 en 2014 a 16.7 en 2022 aunque aumentó luego a 17 en 2023. El promedio en estos once años fue de 17.1 para Brasil y de 20.8 para México. En resumen, la productividad ha sido más elevada en México que en Brasil y así se ha mantenido en los últimos años a pesar de altas y bajas en ambos países.
De acuerdo con esos datos, México tiene un nivel de productividad relativamente elevado, aunque se ha estancado en los últimos años. En estas condiciones, la reducción de la jornada en México puede ser un factor positivo para que la inversión se destine a aumentar la productividad y para atraer fuerza de trabajo en puestos laborales en los que los empresarios se han quejado de escasez. Además, podrían apoyarse en una mayor capacitación de la mano de obra. Se produciría así un círculo virtuoso en el que todos salen ganando: los trabajadores y las empresas. Lo anterior también ayudaría a reducir la informalidad. Para ello, un sindicalismo activo puede jugar un papel en la negociación contractual que promueva una mejor capacitación de la fuerza de trabajo y mejores condiciones laborales incluyendo la reducción de jornadas excesivamente prolongadas.
Como señala el reportaje de Bloomberg, de acuerdo con un experto consultado, “Los países con jornadas laborales extensas cuentan con menores índices de productividad por hora y, por tanto, reducir las horas de trabajo obliga a las organizaciones a ser más eficientes… y a los trabajadores a ser más productivos”.
Lo anterior cobra mayor importancia si consideramos que, debido al nearshoring se esperan nuevas inversiones extranjeras en México, principalmente en la rama manufacturera de exportación.
Ahora bien, en lo que toca a la pequeña y mediana empresa, la reducción de la jornada podría ser gradual para que estos establecimientos tengan tiempo para ajustar los horarios de servicios al cliente en el caso de los establecimientos del sector servicios como restaurantes, comercios y hoteles. En la industria manufacturera la pequeña y mediana empresa podría recurrir a financiamiento de la banca de desarrollo.
En conclusión, la disminución legal de las horas de trabajo en México es posible, como lo muestran las experiencias internacionales, y, además, necesaria para propiciar un crecimiento más productivo si además se acompaña de otras medidas de política industrial.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de conducir al país hacia un desarrollo más incluyente y próspero. La reducción de la jornada es una medida oportuna e indispensable para lograrlo. Esperamos que, en los próximos días, haya un claro pronunciamiento al respecto.

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Un informe recientemente publicado por las UNCTAD, organismo de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo, ha dado la voz de alarma: las deudas públicas tanto internas como externas de los gobiernos de todo el mundo han tenido un aumento sin precedentes. En 2023 alcanzaron un máximo histórico de 97 billones de dólares, lo que representó un aumento de 5.6 billones con relación al año anterior.
La deuda pública global casi se duplicó entre 2010 y 2023, pero su incremento más notable ocurrió entre 2015 y 2018 y sobre todo en los años de la pandemia, desde 2020 hasta la fecha. En esos trece años, los pasivos de los países en desarrollo crecieron dos veces más rápido que los de los más desarrollados. Ahora representan el 30 por ciento de la deuda global, con un monto de 29 billones de dólares. De ese total, tres cuartas partes pertenece a naciones de Asia y Oceanía; 17 por ciento a países latinoamericanos; y sólo 7 por ciento a África. Sin embargo, el problema es especialmente grave en este continente.
Más importante que el monto: en conjunto, las naciones en desarrollo pagaron 847 mil millones de dólares en intereses en 2023, 26 por ciento más que en 2021. Las tasas de interés que tuvieron que pagar en el mercado internacional fueron entre dos y cuatro veces más altas que las erogadas por Estados Unidos y entre seis y doce veces superiores a las de Alemania.
Este costo tan oneroso y que se eleva cada día más, está afectando las finanzas de los países en desarrollo. La mitad de ellos destinan al menos un 8 por ciento de todos sus ingresos para sufragar el servicio de la deuda. Peor aún, 54 naciones, principalmente africanas, tuvieron que dedicar 10 por ciento de sus ingresos a este propósito. Según el informe, 3 mil 300 millones de personas residen en países donde el pago de intereses supera el gasto en educación o salud (un resumen en español del informe está disponible en https://news.un.org.).
Así, el problema de la deuda a nivel mundial reside en los recursos que se tienen que destinar para su pago. Según el Banco Mundial, esos pagos están aumentando los riesgos de un estancamiento económico de largo plazo “particularmente devastador para las economías más pobres donde la reducción de la indigencia se ha detenido”.
Para entender mejor este asunto hay que aclarar que el aumento de las deudas no es la causa de la crisis sino su efecto. Frecuentemente se utiliza la relación Deuda/PIB como un indicador importante para evaluar el peso de la deuda pública. Sin embargo, hay que señalar como lo hacen los profesores Jomo K. Sundaram y Ndongo Samba Sylla que dicho parámetro debe verse con cautela ya que la deuda acumulada es un stock (un activo) y el PIB un flujo de tal manera que, si la deuda se utiliza para impulsar el crecimiento mediante obras de infraestructura, esa relación puede disminuir. Por otro lado, también debe tomarse en cuenta que la deuda pública es más sustentable si se contrata en moneda local. El problema se agrava si, por el contrario, se toma deuda en moneda extranjera que es lo que sucede frecuentemente en las economías menos desarrolladas. En estos casos, las condiciones de pago pueden alterarse drásticamente en su perjuicio. En cambio, los países desarrollados tienen deudas sobre todo en monedas locales. Esa diferencia lleva a que las naciones menos desarrolladas sean más vulnerables.
Y es que la mayoría de las economías en desarrollo reciben ayuda y flujos financieros insuficientes y un acceso limitado a los recursos de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otros bancos regionales. Por ello, tienen que recurrir cada vez más a préstamos en condiciones muy onerosas en los mercados financieros internacionales lo que ha provocado una estructura de su deuda mas perjudicial.
En una palabra, los problemas crónicos de los países en desarrollo para pagar su deuda y las crisis que provocan son manifestaciones de un sistema económico y financiero desigual e injusto.
El informe de la ONU propone un plan de reformas para hacer frente a la crisis de la deuda que incluye tres medidas principales: inyecciones de liquidez (préstamos de emergencia sin intereses por ejemplo en Derechos Especiales de Giro), reestructuración de la deuda soberana (para lograr plazos de pago más amplios), y reducción del costo de los préstamos a largo plazo para las economías en desarrollo.
Lo anterior supone un conjunto de cambios en el sistema financiero mundial incluyendo el papel del FMI y del Banco Mundial. Aunque la ONU ha convocado a algunas reuniones para discutir el asunto, parece que los cambios no se van a ver en el corto plazo. Así, está prevista una reunión en España en 2025 en la que se espera avanzar en soluciones para ayudar a las naciones más necesitadas y en propuestas que lleven a un modelo de financiamiento internacional más justo.
Mientras tanto, muchos países, en África y en otros continentes, seguirán sufriendo el problema de la deuda que se manifiestan en presupuestos muy reducidos en renglones cruciales para potenciar su crecimiento y mejorar el nivel de vida de su población.
En México, según la SHCP, al primer trimestre de 2024, la deuda pública representaba el 45.5 por ciento del PIB con un monto equivalente a 15.4 billones de pesos. Se estima que a final del año será de 17 billones de pesos, un aumento de casi 15 por ciento con relación a 2023. Hacienda calcula que ello significará casi el 48 por ciento del PIB.
La deuda externa neta alcanzó en marzo de 2024, los 220 mil millones de dólares, aunque representa sólo un 24 por ciento del total; el resto, está en moneda nacional. Tuvo un aumento de 7 mil millones de dólares respecto a diciembre de 2023.
Según Hacienda, en el primer trimestre de este año, se destinaron casi 110 mil millones de pesos (mmp) al costo financiero de la deuda externa, lo que representó una disminución de 16.4 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado gracias a las operaciones de refinanciamiento del gobierno mexicano. Por su lado, ese mismo costo financiero en la deuda contratada en pesos fue de más de 234 mil millones de pesos, 11.5 por ciento mayor en comparación anual. En conjunto, la deuda tanto en moneda nacional como extranjera tuvo un aumento de 0.8 por ciento debido al aumento de las tasas de interés. El costo financiero previsto tanto para la deuda interna como externa es de más de 300 mil millones de pesos, un 15 por ciento superior a lo ocurrido en 2023.
En resumen, la deuda pública mexicana ha conocido una menor dependencia del extranjero, pero su costo ha seguido aumentando. México no está en una situación de emergencia como otros países, sin embargo, está distrayendo una importante cantidad de recursos para el servicio de su deuda pública, situación que se ha agravado debido a la persistencia de altas tasas de interés. El Banco de México no se decide a bajarlas sobre todo porque éstas tampoco han conocido una reducción en Estados Unidos. De esta manera, sus efectos se trasmiten no sólo a la deuda en moneda extranjera sino también en pesos.
Para concluir, se puede afirmar que la crisis de la deuda, señalada por la ONU-UNCTAD, seguirá causando estragos en las finanzas públicas de muchos países, particularmente de los más pobres. No obstante, en México, aunque en menor medida, el problema existe: aquí el costo y el monto de la deuda pública siguen creciendo y distrayendo recursos para otros gastos importantes.
A nivel mundial, además de los estragos señalados, si no se encuentra una solución a corto plazo, esta crisis puede detonar una cadena de moratorias o suspensión de pagos de la deuda púbica que afectaría al mundo entero. Ahí está el caso de Sri Lanka, una nación de 22 millones de habitantes que en mayo de 2022 suspendió el servicio de su deuda de 51 mil millones de dólares.
La ONU ha dado un grito de atención. ¿Habrá soluciones efectivas y prontas antes de que sea demasiado tarde?

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El Partido de la Revolución Democrática perdió su registro nacional según lo ha notificado oficialmente el INE. Ahora, sus dirigentes y activistas se verán obligados a adherirse a otro partido o a tratar de reagruparse bajo una modalidad distinta para mantener su presencia en el escenario político. De cualquier forma, podemos afirmar que el partido fundado en 1989 ha dejado de existir.
Durante estos 35 años, el PRD conoció diversas etapas que, para fines de esta nota, podemos separar en tres momentos: la primera, la de su nacimiento y consolidación que abarca desde fines de los años ochenta hasta 1997, cuando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas logró conquistar la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Los primeros años fueron sumamente difíciles ya que fue objeto de una severa represión, particularmente en las luchas municipales en Michoacán y Guerrero, que costaron la vida a cientos de militantes y simpatizantes. El régimen de Salinas de Gortari buscó aniquilar al partido para consolidar un régimen bipartidista. Posteriormente, ya con la presidencia de Zedillo, la persecución contra el partido bajó de tono, pero tuvo que enfrentar las políticas neoliberales. Sus resultados electorales oscilaron entre el 8 y el 17 por ciento en las elecciones de 1991 y 1994, en un momento en que el neoliberalismo se consolidaba a nivel mundial como el paradigma dominante de las políticas públicas. El PRD se veía como una opción discordante y sus propuestas programáticas fueron calificadas como obsoletas, impracticables y ajenas a la realidad. Durante esos años fue el partido político más consecuente en la lucha por la democracia; sin embargo este reclamo fue ignorado por las elites dominantes bajo la consigna de que representaba un nacionalismo “trasnochado”. No obstante, la crisis de 1994 y el desgaste del PRI abrieron una coyuntura favorable para una nueva etapa. En las elecciones de 1997, no sólo se logró el triunfo en la capital, además, por primera vez en la Cámara de Diputados el PRI perdía la mayoría absoluta y el PRD se convertía en la segunda fuerza política nacional. De esta manera, surgía como una alternativa viable para gobernar el país: había logrado romper el cerco del bipartidismo y la estigmatización ideológica y política.
A partir de ese año, el partido conoce sus mejores años, su mediodía, a pesar de la derrota en las elecciones presidenciales del año 2000, ya que logra el triunfo de nuevo en la capital y en las gubernaturas de Zacatecas (1998); Tlaxcala, Baja California Sur y Nayarit (1999); Michoacán (2002); Guerrero (2005); Oaxaca (2010); Morelos (2012);Tabasco (2013), entre otras. Además, resultó victorioso en cientos de gobiernos municipales.
Durante esos años, la vida del partido se caracterizó por la inestabilidad ya que sus elecciones internas fueron a menudo conflictivas lo que dio lugar a la consolidación de un esquema de corrientes o “tribus” que se repartieron las candidaturas y los puestos de dirección del partido. No obstante, el partido parecía consolidarse como una opción que podríamos ubicar dentro del espectro socialdemócrata y al mismo tiempo como parte de la nueva ola de partidos de izquierda de América Latina que, durante la primera década del nuevo siglo, lograron triunfos importantes en nuestra región, como en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Nicaragua y otros más.
En 2006, el PRD, con la candidatura de López Obrador, estuvo muy cerca de conquistar la presidencia de la república. El partido alegó un fraude electoral y desató una enorme movilización popular para defender el triunfo de su candidato. Los reclamos del partido nunca fueron satisfechos debido a la negativa del PRI y del PAN para limpiar la elección.
En 2012, López Obrador se presenta de nueva cuenta como candidato del PRD. A pesar de la derrota, el partido se coloca como la segunda fuerza electoral en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en septiembre de 2014, la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa sacude al partido. Hay que recordar que el presidente municipal de Iguala había sido electo como candidato del PRD, lo mismo que el gobernador del estado. La tragedia mostró la existencia de una red de corrupción y complicidad con el crimen organizado que involucraba al partido. Tocaba entonces emprender un cambio de fondo. Lamentablemente esa transformación no fue posible, entre otras cosas, debido a que la dirección del partido había participado en el “Pacto por México” propuesto por Peña Nieto, sin el aval de su Consejo Nacional. Su complicidad se reflejó en indiferencia con el caso Ayotzinapa.
A partir de entonces el PRD conoce un declive que se manifiesta en la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas en noviembre de 2014 argumentando “profundas diferencias (con la dirección del partido) de cómo enfrentar los problemas internos del partido, en particular las medidas que deben adoptarse para recuperar la credibilidad de la organización y de manera especial de sus dirigentes ante la opinión pública”. Pocos meses antes, en julio de 2014 el INE aprobaba el registro de Morena como partido político nacional. Con ello, López Obrador sellaba su rompimiento definitivo con el PRD.
El ocaso del partido estaba a la vista. Sus opciones para sobrevivir se angostaban. Aunque su dirección y la corriente dominante (Nueva Izquierda) propuso una alianza con el PAN rumbo a las elecciones de 2015, ésta fue rechazada por el Congreso Nacional. Sin alianzas, el PRD logró un lejano tercer lugar con el 11.5 por ciento de la votación. Los resultados dejaron claro que el PRD enfrentaba una perspectiva muy desfavorable por el crecimiento de Morena. Sus alternativas consistieron, en ese momento, en procurar una reforma a fondo del partido para presentarse como una nueva opción de izquierda; tratar de pactar una alianza con Morena; o buscar el cobijo del PRI o del PAN. Para entonces muchos miembros del partido lo habían abandonado, sobre todo, después de la renuncia de Cárdenas y la ruptura de AMLO.
Así las cosas, la dirección del partido, ya sin oposición interna y sin rubor alguno decide aliarse con el PAN en 2018 y apoyar a su candidato a la presidencia de la república. Esa Coalición dejó al PRD una ganancia de apenas 21 diputados mucho menor que lo obtenido en 2015 (55 curules). Pero lo más importante es que el PRD desapareció desde entonces como un partido de izquierda y sus opiniones acerca de la situación nacional fueron intrascendentes. Sin embargo, ya no dieron marcha atrás, adoptando una postura “democrática” frente a Morena y la presidencia de AMLO. Esa estrategia, que se refrendó en las elecciones de 2024 ahora en alianza con el PRI y el PAN fue derrotada ampliamente. El reclamo por la democracia de esa Coalición fue confuso y hasta contradictorio: sus exigencias y denuncias no acertaron a definir un rumbo claro para la transformación del país. Al mismo tiempo, el PRI y el PAN fueron identificados como los responsables de un régimen de corrupción y políticas antipopulares que había gobernado los últimos 24 años. Además, esos partidos han asumido un papel que los ubica en la derecha del espectro político nacional; para muchos electores que tradicionalmente se han identificado con esa postura, no tuvo sentido votar por un partido que provenía de la izquierda.
La pérdida del registro del PRD fue resultado de un periodo de decadencia que comienza en 2014. No obstante, los factores estructurales más importantes que propiciaron su debacle fueron su accidentada vida interna que, al final de cuentas, sólo sirvió para enquistar a un grupo en la dirección del partido; la corrupción existente en diversos gobiernos e instancias de dirección perredistas que nunca fue sancionada; la ausencia de visión política para entender que los electores deseaban un cambio y no la continuidad de la hegemonía PRI-PAN; y la inexistencia de autocrítica y voluntad para transformar al PRD. Ese conformismo, vinculado a fuertes intereses personales y de grupo, llevó a un lamentable suicidio político.

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Inicio esta nota aclarando que el propósito de este escrito no reside en tratar de influir en la decisión de los lectores. Más bien intentaré plantear algunas reflexiones. Al fin y al cabo, votar consiste en elegir no sólo personas sino también ideas.
Las razones de mi voto se fincan en motivos históricos e ideológicos. El conjunto de partidos y personas representados por Xóchitl Gálvez (XG) construyó un régimen basado en la exclusión y la violencia desde finales del siglo pasado hasta 2018. No tengo ninguna confianza ni conozco algún dato que me permita suponer que hayan recapacitado o estén dispuestos a cambiar las líneas principales de ese modelo de administración del Estado. Por el contrario, sus posiciones me indican que están convencidos de que es el mejor posible y que, en lo fundamental, seguirían aplicando ese conjunto de políticas públicas si volvieran a gobernar.
En cuanto a sus ideas, la oposición que representa XG puede considerarse como una amalgama de partidos y personajes de derecha y centro derecha. Puede haber excepciones, pero no juegan un papel principal en dicha coalición. No hay arbitrariedad en catalogarlos de esta manera ya que ellos mismos se sienten cómodos y bien identificados con esta ubicación política. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín escribió hace poco, apoyado en un texto de Savater, que “la izquierda logra con sus medidas políticas lo contrario de lo que persigue”, es decir, “acabar con la miseria y la desigualdad”. En cambio, “la derecha busca la prosperidad por medio del trabajo remunerado, la propiedad privada, y el orden social basado en el cumplimiento de las leyes”. Casi no necesito agregar que las ideas que han animado la existencia del Partido Acción Nacional (PAN) se han ubicado, desde su fundación, en la doctrina de la democracia cristiana. Y que el PRI, a partir de la presidencia de Salinas de Gortari, ha abrazado sin tapujos las ideas principales del neoliberalismo. Así pues, no es una exageración ni un dislate ubicar al bloque político de Gálvez en la derecha.
Por mi parte, reconociendo los errores y desviaciones de las izquierdas, considero que éstas siguen teniendo un papel fundamental en las sociedades capitalistas. Su lucha por la igualdad, el respeto pleno a (todos) los derechos humanos, y la eliminación de la pobreza, ha permitido atenuar en muchos casos la explotación desmedida de las personas y la naturaleza, lograr ciertos niveles de protección a la población más vulnerable, y principalmente dar voz a los que, sin el activismo de las izquierdas, nunca hubieran sido escuchados. Puesto que me identifico como parte de esta corriente política e ideológica, considero que la opción de la derecha debe ser repudiada.
Agrego que, si bien la utopía de las izquierdas ha dado lugar, en algunas ocasiones, a grandes tragedias sociales, la utopía del libre mercado ha condenado a la humanidad a una grave crisis histórica que explotó hace más de 15 años. Su costo social ha sido altísimo y ha puesto en peligro la paz mundial, las instituciones básicas de la democracia, y los derechos humanos conquistados en las últimas décadas.
Aunque en términos más generales en la elección del 2 de junio se enfrentarán la izquierda y la derecha, las cosas no son tan sencillas. Las derechas no siempre se equivocan y las izquierdas no tienen razón en todo lo que dicen y hacen. Veamos entonces la realidad de manera más cercana. No cabe en este escrito un balance del sexenio de AMLO por razones de espacio. Digamos sin embargo que tuvo aspectos luminosos y otros muy oscuros. Las políticas laborales y los programas sociales lograron un cambio de tendencia, aunque no una mudanza estructural. Se redujo la pobreza y se abatió la desigualdad si bien sólo en algunos puntos porcentuales. Aquí veo la oportunidad para que el gobierno de CS profundice esas transformaciones y adopte un perfil reformista más afilado. Además, estoy convencido de que un gobierno de XG revertiría sustancialmente estos avances. Así lo indican las afirmaciones de diferentes voceros e ideólogos de esa coalición quienes afirman que estos logros pueden considerarse menores o marginales, es decir, prescindibles.
Pero mi voto crítico es también una reprobación de las grandes fallas del gobierno de AMLO, por ejemplo y de manera destacada en materia de salud. Por ello, CS deberá construir un sistema de salud pública de calidad y accesible para la gran mayoría de la población. Lo mismo podría decirse en materia de medio ambiente o de fomento a la investigación científica. Afortunadamente, en estos aspectos, algunas propuestas expresadas por CS permiten suponer que adoptará una política diferente tanto a las del sexenio actual como a las aplicadas por los gobiernos neoliberales.
Agrego dos cuestiones más. La primera, la necesidad de una reforma democrática del Estado. En este asunto, he apreciado en los discursos de CS posiciones ambiguas o equivocadas. Por ejemplo, para cambiar la composición del Congreso ha mencionado la idea de suprimir la representación proporcional sin precisar cómo estarían representadas las minorías. En cuanto a la reforma del Poder Judicial, la elección de jueces y magistrados me parece una receta equivocada y no apunta a un verdadero cambio en el aparato de impartición de justicia.
Por otra parte, acerca del tema de la violencia y el crimen organizado tampoco he escuchado o leído propuestas progresistas. Ni del lado de CS ni de XG, lo cual es muy grave dado que se trata del problema más complejo y el que está causando más daño e incertidumbre en la población.
Sin duda, la violencia que padecemos fue obra de los partidos y gobernantes de la coalición que ahora encabeza XG al dar rienda suelta a una gran corrupción que permeó extensas áreas gubernamentales. De esta manera, no sólo alentaron la violencia criminal, sino que lograron fraccionar las instituciones del Estado mexicano. La militarización de la seguridad pública, en lugar de ayudar a controlar esa “balcanización”, la profundizó. Lamentablemente, el gobierno de AMLO otorgó aun mayor poder a las fuerzas armadas, lo que tampoco funcionó.
Mi deseo es que el próximo gobierno proponga una reforma del Estado que descentralice la toma de decisiones y mejore la coordinación entre los tres niveles de gobierno y con los poderes ejecutivos y legislativo y judicial en materia de seguridad pública. Todos, con el compromiso de fincar las condiciones mínimas para detener la violencia criminal.
Durante las últimas décadas hemos vivido un régimen que ha sido incapaz de poner los cimientos de una nueva convivencia pacífica y solidaria. No sólo requerimos otra estrategia contra el crimen organizado, nos urge una reconstrucción del Estado desde el municipio hasta el ejercicio del poder presidencial.
Al mismo tiempo, considero que el Estado debe promover la actividad económica, la inclusión social y el cobijo para la población menos favorecida. Por ello, el fortalecimiento de la rectoría del Estado y su democratización no deben verse como metas opuestas sino complementarias.
Como muchos mexicanos, el domingo iré a las urnas con un espíritu crítico. Depositaremos nuestro sufragio con esperanza, pero también con dudas e incertidumbres. Sabemos que no todas las promesas expresadas en las campañas serán cumplidas. Y que los problemas cotidianos que nos aquejan no se resolverán al salir del centro de votación.
Mi voto será por Claudia Sheinbaum para presidenta y, en la Ciudad de México, para Clara Brugada, Jefa de Gobierno. Llevaré la cuenta de sus aciertos, fallas y errores como hice con el gobierno de AMLO y los gobiernos anteriores, en éstas y otras páginas. Así entiendo el privilegio de escribir y ser publicado: como un acto de solidaridad y rendición de cuentas con los votantes que han decidido renovar su convicción de buscar un país más justo.

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Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en un artículo publicado hace un par de semanas (Project Syndicate, 01052024), recordaba que el pensamiento dominante en la academia, los medios de comunicación y las esferas oficiales había asegurado que la ortodoxia neoliberal que se impuso hace unos cuarenta años en Occidente (achicamiento del Estado, menos impuestos, desregulación) iba a fortalecer (no debilitar) la democracia. Sin embargo, dice Stiglitz, en muchos países del mundo, incluso en los más desarrollados, las tendencias autoritarias se han fortalecido. Desde luego, el autor está pensando en las próximas elecciones en Estados Unidos en las que un triunfo de Donal Trump, “podría llevar al caos” a esa nación bajo un líder que está “más interesado en mejorar el bienestar del 1 por ciento más rico”. Su triunfo significaría “la imposición de la deshonestidad, la explotación socialmente destructiva y el rentismo (es decir, el debilitamiento del aparato productivo en aras de quienes viven de las ganancias financieras)”.
Y se pregunta: ¿qué salió mal? Su respuesta: el neoliberalismo no cumplió lo que prometió. En Estados Unidos y en otras economías avanzadas que lo adoptaron, el crecimiento del ingreso real (deflactado) per cápita entre 1980 y la pandemia de Covid-19 fue 40 por ciento menor que en los treinta años precedentes. Peor aún, ocurrió un estancamiento generalizado de los ingresos en los niveles inferior y medio de la escala, mientras aumentaban los del nivel más alto. Además, el debilitamiento de los mecanismos de protección social generó más inseguridad financiera y económica. Y agrega: “Parece que los partidarios del neoliberalismo nunca se dieron cuenta de que dar más libertad a las corporaciones limita la libertad del resto de la sociedad”.
Stiglitz anota que el neoliberalismo considera como una herejía el cobro de impuestos, pues lo considera una afrenta a la libertad individual. No obstante, asegura, “…sin impuestos no hay Estado de derecho ni ninguno de los otros bienes públicos que una sociedad del siglo XXI necesita para funcionar”.
En resumen, para Stiglitz, la democracia está siendo amenazada por el fracaso de las políticas neoliberales y sus secuelas, la desigualdad y la renuncia a cobrar impuestos.
Una opinión similar la ofrece Gabriel Zucman, un distinguido economista francés de la Universidad de París. En un editorial en el NYT (03052024) aseguraba que ya era hora de gravar a los billonarios. Anotaba que en 2018 las personas más acaudaladas de Estado Unidos erogaban apenas el 23 por ciento de sus ingresos en impuestos, una tasa menor que la que pagan los trabajadores. Además, las exacciones a las ganancias de las corporaciones y a las herencias han disminuido notablemente en los últimos años. En Europa, los billonarios que labraron su fortuna en Francia, Alemania o Suecia, por ejemplo, establecen su residencia legal en Suiza, país en el que las tributaciones son muy bajas.
En 2021 más de 130 gobiernos nacionales acordaron aplicar una tasa de 15 por ciento a las ganancias de las multinacionales más grandes del mundo; de esta manera, no importa dónde declaren su residencia, con este impuesto global tendrán que pagar esa tasa mínima. Sin embargo, Zucman considera que eso no basta y que es necesario otro gravamen, ahora a los billonarios, a las personas, ya no sólo a las empresas, con una tasa de 2 por ciento a su riqueza. Este impuesto, calcula, podría rendir alrededor de 250 mil millones de dólares al año. Se trata, añade, de una carga que afectaría a un número extremadamente reducido de personas extremadamente ricas, unas 3 mil en todo el mundo, y que significaría una pequeña cantidad de sus ganancias.
Finaliza diciendo que: “En las democracias liberales una ola de descontento político está ocurriendo, enfocada a salir de la desigualdad que corroe las sociedades”.
La idea de un impuesto a los superricos está permeando también en América Latina. De acuerdo con un artículo de Bloomberg (27022024), la adopción de un tributo a las grandes fortunas ha tomado fuerza debido a la constatación de dos hechos relevantes: el aumento significativo de la concentración del ingreso y la riqueza, y la evasión cada vez mayor por la fuga de capitales a los paraísos fiscales.
El reportaje señala que el impuesto a la riqueza ha adoptado diferentes enfoques en Latinoamérica, pues “mientras Colombia, Uruguay y Argentina tienen una imposición universal, Chile, México y Perú gravan ciertos activos, especialmente inmuebles, pero no poseen un tributo general al patrimonio…”.
Por ejemplo, en Uruguay, existe el Impuesto al Patrimonio (IPAT). Las personas físicas están obligados a presentar una Declaración Jurada (DJ) anual si sus caudales superan el Mínimo No Imponible (unos 155 mil dólares) con una tasa única de 0.1 por ciento; para las entidades morales y las personas no residentes la tasa se eleva al 1.5 por ciento; y si estas últimas pertenecen a un territorio de baja o nula tributación, hay una alícuota superior al 3 por ciento.
Por su lado, el presidente brasileño Lula da Silva, promulgó a finales de 2023 un impuesto del 15 por ciento que grava a los fondos de inversión de “los superricos” y con 22.5 por ciento los capitales de residentes brasileños depositados en paraísos fiscales. De esta manera, el gobierno espera recaudar más de 5 mil millones de dólares en 2025.
Lamentablemente, en México no se grava el patrimonio de las personas físicas (con excepción del predial que arroja una cantidad muy pequeña), ni las herencias o donaciones de las personas más acaudaladas.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio reciente de Oxfam (23012024), la desigualdad extrema de la riqueza en México no deja de aumentar. A pesar de los avances en el último lustro para mejorar la distribución del ingreso, poco o nada se ha hecho para mejorar la distribución de la riqueza. De esta manera, los ultrarricos (14 personas con una fortuna de más de mil millones de dólares) concentran el 8.18 por ciento de la riqueza de nuestro país; los ricos, unas 300 mil personas que tienen un patrimonio de más de un millón de dólares, concentran el 51.67 por ciento (lo que sumado a los ultrarricos da un total de 60 por ciento); la mitad más pobre apenas posee el 4.77 por ciento, y el resto de la población (que no pertenece a esa mitad y tampoco a los ricos o superricos), el 35.38 por ciento.
Esta desmesurada concentración de la riqueza se ha acentuado por una estructura del Impuesto sobre la Renta que beneficia a las personas de ingresos más elevados. Además, no afecta los patrimonios más abundantes. Lo anterior, Oxfam lo atribuye a que: “(La) excesiva concentración del poder económico guarda una estrecha relación con el poder político: los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia. Once de los catorce ultrarricos mexicanos se han beneficiado y se siguen beneficiando de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas, lo que ha representado la transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado”.
La desigualdad y los bajos impuestos van de la mano en México, como sucede en la mayor parte del mundo, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados. Una desigualdad que ha tomado rasgos escandalosos y que, como afirman varios especialistas, está erosionando la democracia: causa malestar social y pérdida de confianza en las instituciones.
En México, la mejoría de los últimos años, gracias a los aumentos a los salarios mínimos y a las transferencias monetarias a las familias (como el Programa de Adultos Mayores), no debe ocultarnos los riesgos que entraña la concentración de la riqueza y la baja tributación, especialmente al percentil más acaudalado. Particularmente ahora que la capacidad de las finanzas públicas parece haber llegado al límite. Así las cosas, como dice Zucman, también en México ha llegado la hora de gravar los billonarios, uno de los cuales, por cierto, tiene una fortuna equivalente a la mitad más pobre del país.

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El presidente López Obrador celebrará, por última vez en su sexenio, el día de los trabajadores. Todavía es pronto para llevar a cabo un balance final pero sin duda sobresalen algunos logros: las reformas legales que abrieron el paso a la democracia sindical y una nuevo sistema de justicia para los asuntos laborales; el aumento de más del 100 por ciento del salario mínimo; la regulación de la subcontratación; el aumento de los días de vacaciones pagadas; la aprobación del Convenio 190 de la OIT acerca de la violencia y acoso laboral; la regulación del teletrabajo; y una nueva tabla de enfermedades profesionales. También, aunque más discutible, una nueva reglamentación del reparto de utilidades y dos modificaciones a los ordenamientos legales que rigen las pensiones contributivas.
Los aumentos a los mínimos y en menor medida a los contractuales lograron revertir las tendencias de las últimas décadas y permitieron un aumento de la masa salarial: en el segundo trimestre de 2023 se situaba 28% por arriba del nivel del primer trimestre de 2016 (Cf. http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/issue/view/62). Gracias a estos incrementos, a mayores transferencias monetarias a los hogares y a las remesas, se abatió la desigualdad y la pobreza multidimensional en unos cuantos puntos porcentuales (aunque no la pobreza extrema).
No hubo sin embargo un cambio estructural como lo demuestra el hecho de que más del 55 por ciento de las personas ocupadas sigan laborando en la informalidad. Y es que el aparato productivo tuvo una expansión que alcanzará menos del 2 por ciento promedio en todo el sexenio. Ello, debido a la pandemia, pero asimismo a una política fiscal conservadora durante los primeros cuatro años.
Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) aumentó sensiblemente lo que, junto con la inversión pública, logró estabilidad económica al mismo tiempo que una redistribución del ingreso después de varias décadas de empobrecimiento laboral.
Quedan varios pendientes, principalmente, la reducción de la jornada semanal a 40 horas y la reglamentación del trabajo mediante plataformas digitales. La iniciativa de reforma constitucional presentada por Morena pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios. Como era de esperarse, el sector empresarial rechazó la propuesta y, lamentablemente, logró “congelarla”. Sin embargo, hay que destacar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en las naciones más desarrollados e incluso que otras similares a la nuestra, como Brasil. Además, en el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado”, éstos laboran 20 por ciento más horas que el en el sector servicios. Recordemos que las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras en la industria manufacturera.
De esta manera, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. El nearshoring, es decir, el traslado de diversas industrias principalmente desde China, a países como México, debe servir para construir un esquema de crecimiento que no descanse en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores. Abriría el camino para transitar de un modelo maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos y en un mayor crecimiento.
En lo que concierne a los empleados por plataformas digitales hay que destacar que ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos. No tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral.
Las reformas de las pensiones merecen una anotación especial: la de 2021, destinada únicamente a trabajadores afiliados al IMSS aumentó las aportaciones de los patrones y del Estado y redujo las semanas de cotización necesarias para jubilarse (aunque éstas aumentarán de 750 a mil en un plazo de diez años); por su parte, la que se aprobó recientemente, creó un Fondo para trabajadores tanto del IMSS como del ISSSTE. En este último caso, la discusión se contaminó con la campaña electoral y la discusión que tuvo lugar en el Congreso se convirtió en una comedia de equivocaciones y mentiras. A pesar de que habrá una mayor carga fiscal para el Estado, el proyecto no fue acompañado de un cálculo actuarial que permitiera vislumbrara su impacto en el mediano y largo plazo. Por su lado, la oposición se agarró de un argumento falaz, la apropiación indebida del ahorro de los trabajadores, para ocultar el verdadero fondo del problema: la existencia de un sistema privado que no sirve para otorgar pensiones dignas para los trabajadores.
También queda pendiente un régimen de salud más robusto para todos los mexicanos (frente al fracaso del Insabi) y mejorar los servicios del IMSS y especialmente del ISSSTE. Una cuestión más: el seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México), no obstante que ya lo han adoptado varios países de América Latina desde hace décadas.
Además, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesita, igualmente, construir un extenso sistema de instituciones del cuidado.
Finalmente, se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada.
A lo anterior, para un balance del sexenio más completo, habría que agregar la evaluación de las nuevas instituciones como el Centro de Conciliación Federal y los Tribunales Laborales. Sin embargo, en estos asuntos, el análisis requerirá más tiempo debido a que se trata de organismos nuevos que todavía no se consolidan. Han faltado recursos y personal calificado. Hay que anotar, también, que los trabajadores apenas se están informando de sus nuevos derechos. De esta manera, la reforma “destruyó” más de cien mil contratos colectivos y miles de registros sindicales (legalmente existentes, pero que en realidad eran falsos ya que eran desconocidos por los trabajadores) y ha “construido” pocas organizaciones democráticas y representativas de los trabajadores (además del puñado que ya existía). No ha habido pues una fiebre sindicalista, lo que se ha reflejado en pocas huelgas y movilizaciones obreras.
Podría pensarse que los pendientes son muchos. No obstante, reflejan el abandono y el atraso legal de la cuestión laboral en México: durante más de cuarenta años, hasta 2017, los ordenamientos jurídicos en esta materia no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto de 2012). Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”.
En resumen, el presidente López Obrador seguramente va a despedirse este 1º de mayo defendiendo los logros de su gobierno, innegables y muy importantes, y no hablará mucho de lo que falta por hacer. Si hubiera que formular un balance todavía provisional del sexenio en pocas palabras, podría decirse que hubo un cambio de tendencia, pero aún no se ha alcanzado una mudanza estructural. Seguramente el próximo gobierno debatirá si conviene consolidar lo ganado o ir por más reformas trascendentes. Ojalá que los trabajadores tomen la palabra y señalen cuál debe ser el rumbo en los próximos años.

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