De acuerdo con el mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó hace unos días los llamados “pre-criterios” para 2025. Se trata de un documento que se elabora anualmente en el que las autoridades del ramo repasan la situación económica internacional y de México durante el año en curso y plantean algunas estimaciones para el siguiente, en este caso, 2025. Puesto que se trata del último año de esta administración y el primero del próximo sexenio, el documento puede servir para llevar a cabo un balance, todavía provisional, del gobierno de AMLO en materia económica y el esbozo, a trazos muy gruesos, de la situación que enfrentará el gobierno que surja de las elecciones de junio.
En cuanto a lo primero, destaca el hecho de que el crecimiento del PIB, visto en su conjunto, es decir de 2019 a 2024, será de aproximadamente 1.1 por ciento anual. En el sexenio de Peña Nieto (2013 -2018) fue de 1.9 por ciento, calculado ambos periodos a pesos constantes de 2018. Desde luego, en la evaluación de la actual administración hay que tomar en cuenta la fuerte caída del producto por los efectos del Covid en 2020, pero también una política fiscal conservadora que empezó antes de la catástrofe y se prolongó desde 2019 hasta 2022. En 2023, en cambio, informa la SHCP, la economía creció más aceleradamente que en los años anteriores, básicamente por tres factores: a)los aumentos a los salarios y el empleo; b) el aumento de la inversión privada, sobre todo externa, debido a la “reconfiguración” del comercio mundial, el llamado “nearshoring”; y c) una mayor inversión pública en las obras prioritarias de infraestructura del gobierno: el AIFA, la refinería en Tabasco, el Tren Maya, y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Para 2024, en cambio se prevé un crecimiento un tanto menor y, para 2025, un panorama todavía más pesimista, debido a que la economía de Estados Unidos conocerá una desaceleración, lo que implicará una caída de las remesas hacia nuestro país, de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, y del turismo extranjero.
El crecimiento de 2023 se distingue, asimismo, del ocurrido en los años anteriores porque hubo un aumento de la deuda pública de casi dos puntos del PIB: alcanzó en ese año un 46.8 por ciento frente a un aproximado de poco más el 45 por ciento en que se encontraba en 2019. Para el cierre de 2024, se calcula que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se elevarán a 5.9 por ciento del PIB, un porcentaje superior a lo aprobado por el Congreso (5.4 por ciento), y bastante mayor al ocurrido en el sexenio de Peña Nieto (alrededor de 2.5 por ciento). El aumento de la deuda para cubrir el déficit de las finanzas públicas ocurre a pesar de que, dicen los pre-criterios, “los ingresos presupuestarios aumentarán al cierre del año en 0.6 por ciento del PIB sobre lo aprobado, debido a mayores ingresos petroleros (0.3 por ciento del PIB) relacionados con un mayor precio del petróleo. Asimismo, por un aumento en los tributarios no petroleros (0.2 por ciento) por un mejor desempeño de la recaudación de ISR, así como por mayores ingresos de organismos y empresas (por 0.1 por ciento.)”
Sin embargo, si comparamos los ingresos presupuestarios del sector público en 2018 con los estimados para 2023, se observa que aumentaron en 1 punto del PIB, significativo pero insuficiente como lo muestran los datos mencionados anteriormente.
En materia de inflación, los resultados de la administración han sido relativamente exitosos pues Hacienda afirma que se logrará bajarla hasta 3.8 por ciento en 2024, lo que la pone muy cerca de los niveles del final del sexenio anterior. Además, se comprobó que los incrementos al salario mínimo no han exacerbado la inflación.
Por su parte el tipo de cambio (en pesos por dólar nominal), como se ha presumido varias veces, se ha revaluado sensiblemente: andaba en 19.5 pesos a principios del sexenio y en 2024 será, se estima, de 17.6 pesos por un dólar promedio (en estos momentos anda en 16.56 pesos).
El aumento del costo de la deuda y la revaluación del peso, se explican, en buena medida, por las altas tasas de interés tanto a nivel internacional como en México. En 2023 los CETES llegaron a más del 11 por ciento; luego, hace unas semanas, bajaron un poco y se espera que disminuyan a 10.3 por ciento al terminar 2024. En 2019 esa tasa era de 7.65 por ciento. Hubo pues un aumento sustancial y muy rápido de este indicador durante el sexenio. Este incremento encareció la deuda, pero al mismo tiempo atrajo divisas y abarató el dólar.
En materia de petróleo, las cosas no han mejorado mucho: aunque los precios internacionales aumentaron en más del 25 por ciento desde 2019, la plataforma de exportación del crudo bajará a alrededor de 45 por ciento a final del sexenio. Lo anterior, acompañado de una caída de la plataforma de producción de más de 9 por ciento.
Por su lado, los salarios reales, tanto el salario medio de cotización del IMSS como los mínimos, aumentaron en el sexenio de AMLO. Los últimos en más del 100 por ciento. En cambio, en el sexenio de Peña se deterioraron hasta 2018, año en que tuvieron un ligero repunte.
En resumen: la economía tendrá, entre 2019 y 2024, un crecimiento promedio menor al observado en el sexenio anterior porque tuvo dos fuertes obstáculos de carácter mundial: la epidemia del Covid y las altas tasas de interés. Estos dos factores explican el casi nulo crecimiento entre 2019 y 2022. En cambio, en 2023, la mejora de los salarios y una mayor inversión, extranjera y pública, cambiaron la dinámica de crecimiento. A partir de este año, además, el gobierno gasta más y abandona la política restrictiva: el déficit de las finanzas públicas es mayor y el endeudamiento también crece. De esta manera, a pesar del aumento de las tasas de interés, la economía logra un mejor dinamismo, y al mismo tiempo, bajar la inflación.
La afortunada coincidencia que se produjo entre los incrementos salariales y una mayor inversión privada y pública explica entonces, fundamentalmente, los buenos resultados en 2023 y, en menor medida, los de 2024.
No obstante, para el próximo año, aunque esto dos factores, los salarios y la inversión, probablemente sigan aumentando, lo harán a un ritmo menor. El comportamiento de la economía estadunidense se traducirá en menores exportaciones de México a ese país. Igualmente, es previsible que disminuya la inversión pública y el gasto corriente (hacienda calcula un recorte de más de 800 mil millones de pesos). Todo ello provocará una menor tasa de crecimiento del PIB para 2025, respecto a los dos años anteriores.
La próxima administración tendrá entonces que remar contra la corriente o dejarse llevar por la inercia. La primera opción debería traducirse en un aumento de los ingresos presupuestales del sector público que difícilmente pueden venir de la exportación de petróleo dado que los precios internacionales tienden a la baja y la plataforma de producción ha venido cayendo. Surge entonces la necesidad de aumentar los ingresos tributarios para que el gasto y la inversión públicas se recuperen pronto y sirvan de palanca para el crecimiento y el bienestar de la población.
La segunda opción, la inercial, significaría dejar que, principalmente, la inversión privada, sobre todo la extranjera directa, impulsen la economía. Sin embargo, debido al posible comportamiento de la economía de Estados Unidos, ya señalado, ésta podría ser menos cuantiosa que en 2023 y 2024. En esas condiciones, el crecimiento económico del país navegaría entre el 1 y 2 por ciento anual durante los próximos años (Hacienda, de manera optimista, calcula 2.5 por ciento para 2025).
En resumen, el gobierno que tomará las riendas el 1º de octubre tendrá que enfrentar una situación más adversa que la que vivimos en estos momentos. Esperemos que, más allá de las promesas de campaña, se esté trabajando en un proyecto realista que tome en cuenta los vientos en contra que ya empiezan a soplar pero que se harán sentir con mayor fuerza en los años por venir.

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Dicen que las comparaciones son odiosas. Puede ser, pero muchas veces son útiles. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicó hace unas semanas su Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2023. Con base en los números ahí publicados, se puede observar que los cinco países más poblados son, en ese orden, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Los cinco, en su conjunto, representan el 72 por ciento de la población total de la región.
Sin embargo, si tomamos en cuenta su producción, medida por el PIB de 2022 a precios constantes de 2018, las cosas cambian un poco. Brasil y México ocupan los primeros dos lugares y en el tercer sitio está Argentina, luego Colombia y enseguida Chile, dejando a Perú en el sexto lugar. Los cinco más importantes representan casi el 80 por ciento del total de la región. Esto último indica que la producción está más concentrada que el número de habitantes, lo que es un indicador de las desigualdades de América Latina y el Caribe (ALC).
Como quiera, está claro que México es el segundo país más poblado y la segunda economía más importante de la región. Si bien Brasil tiene 1.7 veces más habitantes que México, el tamaño de su economía es, comparativamente, un poco menor: 1.6 veces más grande que la nuestra.
Si bien la importancia de México es notoria por el tamaño de su población y de su economía, esa condición no se refleja en otros indicadores. En primer lugar, la población urbana de nuestro país (79 por ciento) es relativamente menor que la de Argentina (la más urbanizada, 93.2 por ciento), Brasil, Colombia y Perú. Incluso, inferior a la del promedio de la región en su conjunto (82.4 por ciento). Ello se traduce en una mayor dispersión de un segmento de la población en pequeños núcleos rurales, lo que dificulta el acceso a servicios de salud, educación, dotación de agua y vivienda. Y también, frecuentemente, a ocupaciones mejor remuneradas y más productivas.
Por otro lado, la esperanza de vida al nacer, medida por años promedio, en 2023, era inferior en México (75 años) en comparación con Argentina, 78; Brasil, 76.2; Colombia 77,5; y Perú 77, e igualmente, menor que el promedio de ALC en su conjunto, 75.8 años. La tasa de mortalidad de menores de 5 años por mil nacidos vivos también es más alta en México que en Argentina, Brasil, y casi igual que en Colombia e inferior a la de Perú. En el caso de las tasas de mortalidad neonatal, México está también ligeramente por encima de Argentina, Colombia y Perú, aunque por debajo de Brasil. Sin embargo, en lo que se refiere a malnutrición infantil de menores de cinco años que se observó en infantes con retraso moderado o grave, el porcentaje en 2022 era claramente más alto en México (12.6 por ciento) que en Argentina (9.5 por ciento); Brasil (7.2 por ciento); Colombia (11.2 por ciento) y Perú (10.1 por ciento) e incluso Bolivia (11.1 por ciento).
Muchos factores pueden explicar estos datos comparativos: no obstante, si se toma en cuenta el gasto total como porcentaje del PIB en salud, los datos son, igualmente, preocupantes: nuestro país gasta muchos menos, entre 3 y 4 puntos del PIB, que Argentina, Brasil, Chile y Colombia (en los que el gasto se ubica en el 10 por ciento), y casi igual que Perú. Menos, incluso, que el promedio de América Latina y el Caribe en su conjunto: 6.2 por ciento en México frente a 8 por ciento para ALC.
En materia de educación, las cosas no son mucho mejor. Si bien las matrículas en educación pre-primaria; primara y secundaria “baja”, son similares a las de los países ya mencionados y se acercan al 100 por ciento, la que corresponde a la secundaria “alta” (suponemos equivalente a lo que aquí llamamos preparatoria) se cae dramáticamente: la tasa de la matrícula en este nivel es de 70.3 por ciento para México y 96 por ciento para Argentina, 88.5 por ciento para Brasil; 86.2 para Colombia; y de 83.6 por ciento para Perú. Lo anterior debe evaluarse con el dato de gasto público en educación como porcentaje del PIB para 2022: México gastó apenas el 4.6 por ciento mientras que Brasil erogó el 5.8 por ciento, Colombia el 5.3 por ciento, Chile el 5.6 por ciento y Bolivia el 8.4 por ciento.
Estos datos, acerca de la salud y la educación, basadas en cifras proporcionadas por la OMS y la Unesco, reflejan carencias muy graves de nuestro país y también algunos de los obstáculos más importantes para el bienestar y el desarrollo económico.
Por otra parte, las cifras de empleo y ocupación presentan claroscuros. Destaca la baja tasa de participación de la población en actividades económicas (no incluye las no remuneradas en tareas del hogar como veremos más adelante). Esa tasa es menor al 60 por ciento mientras que en otros países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú es superior a ese porcentaje, al igual que el promedio de la región (62.6 por ciento). Esto último debe relacionarse con la proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados entre hombres y mujeres: en México, las mujeres dedican casi 2.8 veces más tiempo a estas labores. En cambio, en los países mencionados, aunque la desigualdad entre los géneros persiste, esa proporción es menor: alrededor del doble en Argentina y Brasil; y menos horas que en Colombia y Perú. Puede concluirse entonces que la baja participación de la población en el mercado de trabajo se debe, entre otros factores, a la desigualdad entre los géneros en el reparto del tiempo en las tareas no remuneradas del hogar y los cuidados.
Ahora bien, la tasa de desocupación abierta de México es una de las más reducidas de América Latina: el promedio de la región alcanza el 7 por ciento en 2022 mientras que en nuestro país era apenas de 3.3 por ciento. Ese dato puede explicarse por diversas razones, por ejemplo, el tamaño de las actividades informales. Asimismo, debe considerarse la baja participación de la población en las actividades económicas, es decir, el porcentaje más pequeño que representa la Población Económicamente Activa (PEA). Un análisis más detallado muestra que existe una cantidad muy importante de personas, sobre todo mujeres jóvenes, que desean y necesitan una ocupación remunerada, pero no la buscan debido a la carga de las tareas del hogar y de cuidados, lo cual las ubica, según las estadísticas del Inegi, como Población Económicamente No Activa. De esta manera, si se incorpora a esas personas, la cifra de desocupación oculta o disfrazada en México se elevaría al 17 por ciento. Además, como se mencionó, la baja participación en el mercado de trabajo se ubica, principalmente, en el caso de las mujeres. Para 2023, la tasa de participación femenina en México fue de 46.1 por ciento mientras que el promedio para ALC fue de 50.9 por ciento; en países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú fue también mayor al 50 por ciento. (Cf. Samaniego y Escobar, ECONOMIAunam NO. 61, disponible en http://revistaeconomia.unam.mx/).
De esta manera, queda claro que la desigualdad de géneros es un obstáculo para el desarrollo y una injusticia que no debe tolerarse.
El Anuario de la CEPAL tiene información acerca de otros temas, como la desigualdad regional en cada país, de los cuales no es posible dar cuenta en esta nota. Pueden cuestionarse las cifras y encontrar algunos sesgos debido a las fuentes consultadas. Sin embargo, por lo menos en los asuntos descritos, la comparación es notoria y nos muestra algunos de los rezagos más importantes del país.
Las disparidades en materia de educación, salud y trabajo femenino en tareas no remuneradas, en comparación con los otros cinco países más importantes de América Latina (por su población y tamaño de la economía), deberían ser tomadas en cuenta para una agenda de políticas públicas urgente. Una mayor inversión en los sistemas públicos de salud, educación y de cuidados deberían formar parte de las prioridades para construir una nación más justa, igualitaria y con mejores condiciones para un desarrollo más acelerado. México ocupa un papel muy destacado en América Latina y el Caribe: tiene el potencial para que sus indicadores sociales se emparejen, por lo menos, con esa relevancia.

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Hace cuarenta y cinco años, en 1979, el partido Conservador de la Gran Bretaña ganaba las elecciones. Margaret Thatcher asumía el cargo de primera ministra. Al celebrar su triunfo, la futura gobernante aseguró que “se había producido un cambio de marea en la sensibilidad política del pueblo británico. Habían renunciado al socialismo, el experimento de treinta años había fracasado plenamente, y estaban dispuestos a probar otra cosa. Ese cambio de marea era nuestro mandato…”. La referencia al socialismo tenía que ver, más bien, con las políticas públicas que habían dominado en Inglaterra y buena parte de Europa (y a su modo en Estados Unidos) a partir de la posguerra, y que dieron lugar a lo que se llamó el Estado Benefactor (Welfare State), protegiendo al trabajador con seguro del desempleo, salarios reales al alza, prestaciones diversas, y salud y educación públicas. Junto a ello, un poder sindical que se manifestaba tanto en el control de los contratos en los centros de trabajo como en su influencia en las políticas gubernamentales.
El cambio de gobierno en el Reino Unido no se limitó a una alternancia en el poder entre dos partidos: fue, en realidad, el inicio de las políticas neoliberales que en los años siguientes se aplicarían en casi todo el mundo, incluyendo los países en desarrollo y particularmente en América Latina. Una parte sustancial de estas políticas consistió en la desregulación de las relaciones laborales, debilitando la contratación colectiva, imponiendo contratos inseguros, por tiempo determinado y de manera individual, y restando poder de negociación a los sindicatos, lo que llevó a rebajas de los salarios reales y la pérdida de prestaciones.
En los años recientes, sin embargo, hay indicios de un nuevo “cambio de marea” en materia laboral. Un documento publicado por Fundar, un centro de estudios argentino, elaborado por Etchemendy, Ottaviano y Vezzato, disponible en www.fuind.ar, asegura que en cinco naciones: España, México, Chile Estados Unidos y Colombia, se han propuesto diversas reformas y políticas que van en sentido contrario a las que dominaron los últimos lustros. Se proponen fomentar la generación de empleo de calidad, fortalecer las protecciones laborales, a los sindicatos y la negociación contractual. Algunas, particularmente en el caso de Colombia, están discutiéndose en el parlamento, pero otras ya se han aplicado con éxito. Además, se ocupan de nuevos problemas como los derechos de los trabajadores de plataformas digitales.
En los cinco países considerados han ocurrido incrementos salariales de los mínimos legales; en España, México, Colombia y Estados Unidos se ha buscado proteger al personal subcontratado y fortalecer la negociación de los sindicatos. Destaca el caso de España que, en 2021, aprobó una reforma laboral para limitar los contratos temporales; así, el número de empleados que laboran bajo esta modalidad se redujo de 24 al 17 por ciento del total; adicionalmente, se logró un aumento de los mínimos de 30 por ciento entre 2019 y 2023. En Chile, el año pasado se aprobó una reducción de la jornada laboral y un “reajuste” del salario mínimo. En Estados Unidos la aprobación de la PRO Act protege los derechos a la sindicalización y fortalece la contratación colectiva; también se aumentó el salario mínimo de los empleados federales aunque no de aquellos que laboran en empresas privadas; asimismo la Ley FLSA que regirá a partir de abril de este año, 2024, establece nuevos criterios para determinar si se trata de un trabajador asalariado o independiente, lo que permitirá ampliar los derechos de muchos trabajadores y regulará mejor la subcontratación. El estudio resalta las reformas laborales en México, destacando los aumentos al salario mínimo, los cambios a la LFT que propusieron un nuevo sistema de justicia laboral, impulsar la democracia, la libertad sindical y la negociación colectiva, e impedir la subcontratación disfrazada.
En fin, dice el estudio, las tendencias más importantes de las corrientes reguladoras contemporáneas se ubican en el terreno de la negociación colectiva, incluyendo los salarios, la estabilidad en el empleo, el fortalecimiento de los sindicatos, y nuevos derechos individuales para los asalariados.
En lo que se refiere a México, las reformas laborales han sido impulsadas no sólo por actores nacionales, el gobierno y las organizaciones sindicales, también por los acuerdos del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, lo cual podría verse como parte de una tendencia mundial de mejoramiento de las relaciones laborales. De la misma manera, la aprobación en Alemania de la Ley Federal sobre Debida Diligencia Corporativa en la Cadenas de Suministro (LkSG) que entró en vigor en 2023, obliga a las empresas de ese país a que evalúen y tomen las medidas adecuadas para prevenir riesgos de violación de los derechos humanos, particularmente en el ámbito laboral y ambiental. Esta ley aplica en el territorio alemán, pero ha propiciado la implementación de un plan piloto con un Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos para la industria automotriz alemana en México, el cual pronto se pondrá en práctica. De manera similar al T-MEC, las empresas alemanas y sus proveedoras podrán ser sujetas de reclamaciones por violaciones a los derechos laborales, según información proporcionada por la Fundación Ebert de México y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (giz).
Por otro lado, la solidaridad sindical parece, igualmente, tomar nuevos aires: de acuerdo con una información publicado en el periódico El Economista, “el sindicato estadunidense United Auto Workers (UAW) informó hace unos días que aprobó la creación de un nuevo proyecto solidario para apoyar a los trabajadores automotrices en México en su lucha por lograr mejores condiciones laborales. La UAW, que representa a alrededor de 400 mil obreros afirmó en un comunicado que “El proyecto proporcionará recursos a los trabajadores mexicanos y a los sindicatos independientes en México, y apunta a fortalecer la solidaridad transfronteriza entre los trabajadores estadunidenses y mexicanos”.
Recordemos que la UAW estalló una huelga que abarcó varias plantas de producción de Estados Unidos pertenecientes a General Motors, Ford, y Stellantis. Su duración fue distinta en cada una de estas empresas, pero en conjunto duró mes y medio, del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2023. Terminó con importantes logros para los trabajadores. En el caso de México, los obreros de la empresa automotriz Audi también se fueron a la huelga este año, y tras 25 días de huelga lograron un aumento de 7.2 por ciento directo al salario y 3.2 por ciento en prestaciones.
Las reformas laborales nacionales, un marco internacional más sensible a la problemática de los derechos de los trabajadores, y un mayor activismo de los sindicatos, incluso con muestras de solidaridad internacional, pueden tomarse como indicios de un cambio de marea, ahora en un sentido contrario a las políticas que surgieron con el mandato de Thatcher hace más de cuarenta años.
Son los primeros pasos hacia un nuevo esquema de políticas públicas que, sin embargo, no están plenamente asentadas. Las tensiones geopolíticas y los riesgos económicos que enfrenta el mundo, así como la posibilidad de cambios políticos bruscos en algunos países como Estados Unidos, no permiten asegurar que el capitalismo ha entrado en una nueva etapa caracterizada por una prosperidad compartida que ponga en el centro los derechos laborales.
No obstante, tampoco puede decirse que todo sigue igual. Una larga y tortuosa transición está ocurriendo. Por lo pronto, parece claro que aún hay espacio para nuevas reformas legales que protejan a los trabajadores. Sin embargo, puede ocurrir que lo alcanzado se revierta o no alcance a transformar, en los hechos, la situación de la mayoría de los asalariados. Por ello, la acción sindical tendrá que ser un actor fundamental en los próximos años, después de varias décadas de repliegue.

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En distintas publicaciones, tanto académicas como de amplia circulación, se comentan los cambios que están ocurriendo a nivel internacional. Desde luego, han surgido serias preocupaciones por los conflictos armados, particularmente la guerra en Ucrania y la ocupación de Palestina por Israel, pero también otros ubicados en distintas regiones del planeta: Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Nagorno-Karabaj (que involucra a Armenia y Azerbaiyán). En todos estos conflictos hay fuerzas armadas de distintas potencias (del G20) cuyo número no es muy grande; sin embargo, han afectado a cientos de miles de personas (Cf. Armed Conflict Survey).
Por otro lado, el panorama económico, igualmente, está cambiando sobre todo en lo que se refiere a las tendencias comerciales. Un estudio del Instituto MacKinsey (mckinsey.com/mgi) da cuenta de que, en 2023, México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos; el comercio de Vietnam con China y Estados Unidos ha ido aumentando; las importaciones de energía de las economías europeas se alejaron drásticamente de Rusia, mientras que las importaciones de algunos productos de China, como los vehículos eléctricos han aumentado. Estos cambios han tenido una razón geopolítica. Es decir, obedecen a las guerras desatadas y a la rivalidad entre las dos grandes potencias económicas, China y Estados Unidos. Sólo así puede entenderse que “los aranceles promedio sobre el comercio de bienes entre ambas potencias se hayan multiplicado entre tres y seis veces desde 2017” y que, “tras la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otras naciones impusieron sanciones comerciales a Moscú”. Posteriormente, el desvío de las rutas marítimas debido a la crisis del Mar Rojo que comenzó en diciembre de 2023 ha alterado los flujos comerciales. El estudio señala que, “en términos más generales, el número de nuevas restricciones al comercio mundial… ha aumentado constantemente, de unas 650 en 2017 a más de 3 mil en 2023”.
Para tratar de caracterizar estos cambios se han adoptado términos en inglés como “decoupling”, “derisking”, “reshoring”, “nearshoring” y “friendshoring”, aunque estos vocablos se refieren, especialmente, al caso de Estados Unidos, país que intenta alejarse de China y busca otros territorios para sus inversiones y proveedores de bienes de consumo final y refacciones.
Por su lado, Beijing ha adoptado otra estrategia y ha ido aumentando su participación en el comercio mundial, particularmente pero no sólo, con las economías en desarrollo de todo el mundo. Así, por ejemplo, Alemania disminuyó su comercio con Rusia y al mismo tiempo lo aumentó con China. El gigante asiático, “la mayor potencia comercial del mundo”, dice el estudio, se destaca por sus intercambios de mercancías con más socios geopolíticamente distantes que cualquier otra economía”.
El pretendido divorcio (“decoupling”) de Estados Unidos con China lo ha llevado a incrementar sus importaciones de bienes manufactureros con otros países. Sobre todo, con Vietnam y otras economías asiáticas, y México. Es en estos casos que se puede aplicar más claramente el término “nearshoring” o “friendshoring”, al tratarse de naciones que, según la óptica de Washington, parecen socios más confiables.
El estudio señala que “si bien la geometría del comercio mundial se ha ido reconfigurando gradualmente, su forma futura sigue siendo incierta…” Y avizora distintos escenarios: “una posibilidad podría consistir en un mundo desglobalizado, cada vez más fragmentado en el que el comercio se reoriente hacia el flujo entre economías geopolíticamente alineadas, tal como se ha observado con la disminución de la participación del comercio entre Estados Unidos y China o la reducción del comercio entre la UE y Rusia. Otra forma de reconfiguración podría llevar a la diversificación de las relaciones comerciales de tal manera que ninguna economía dependa demasiado de otra para los productos que importa, lo que implicaría una mayor inversión en nuevas instalaciones localizadas en diversas economías en desarrollo”. Podría decirse que la primera es la vía estadunidense y la segunda la que intenta China.
En el futuro cercano, el estudio considera que lo más probable es “el fortalecimiento de las agrupaciones comerciales regionales en América del Norte, la Unión Europea y la ASEAN. En lo que atañe a México, “el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) será y está siendo clave para sortear su confrontación con China”.
El estudio da cuenta de que nuestro país ha ganado mayor participación en el mercado de Estados Unidos, destacadamente, en los sectores agrícolas y de equipos de transporte. En esta última rama, la participación de México aumentó del 26 al 32 por ciento entre 2017 y 2023. México está exportando una gran cantidad de automóviles terminados a Estados Unidos y también muchas autopartes. Estas últimas, incluso, han crecido más rápidamente que las ventas de vehículos ensamblados.
Sin embargo, otro informe considera que América Latina en su conjunto está jugando un papel cada vez más importante en el comercio con China, en especial por su demanda de materias primas. Entre el año 2000 y 2022 el intercambio comercial entre ambas regiones multiplicó 35 veces su valor. La potencia asiática desplazó ya a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región, según datos de la CEPAL.
Ahora bien, el comercio entre América Latina y el Caribe y China tiene una estructura claramente definida: en 2022, el 95 por ciento de las exportaciones de la región correspondió a materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales, mientras que los envíos desde Oriente correspondieron en un 88 por ciento a manufacturas de tecnología baja, media y alta.
Es decir, parecería que México está adoptando un patrón distinto al de América Latina en su conjunto. Nuestro país ha captado y se espera que lo hará más en los próximos años, inversiones provenientes de Estados Unidos en empresas manufactureras orientadas hacia el mercado interno de su socio estratégico, mientras que AL en su conjunto ha tenido un mayor acercamiento comercial con China basado en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados.
Si estas tendencias se confirman, cabe interrogar: ¿podría México diversificar su comercio y sus inversiones para no depender casi exclusivamente de Estados Unidos?
La respuesta a esta pregunta no depende sólo de la voluntad de nuestro gobierno sino también de la evolución de los conflictos a nivel internacional y de otras mudanzas políticas. Si en las próximas elecciones en Estados Unidos resultara electo Donald Trump no hay seguridad de que la relación con México evolucione en los términos señalados. El gobierno estadunidense podría cerrarse más al exterior, para reducir su déficit comercial, y castigar a México, con el pretexto de la migración, con sanciones comerciales tal como sucedió en el pasado reciente.
Así las cosas, los cambios a nivel mundial muestran distintas tendencias sin estar completamente claro qué rumbo tomarán, influenciados por fenómenos políticos internos y el desenlace de los conflictos internacionales que son difíciles de vislumbrar.
En estas condiciones, el próximo gobierno tendrá que tomar distintas medidas, según evolucionen los acontecimientos en el plano internacional. En todo caso, se requerirá una política de Estado capaz de reaccionar oportunamente y tratar de aprovechar las circunstancias en beneficio de los mexicanos. Sobre todo, la próxima administración deberá contar con una política industrial que amplíe la infraestructura productiva pero también proteja a los trabajadores mexicanos. Vivienda, salud, educación, cuidados y condiciones de trabajo dignas acompañadas de un sindicalismo democrático y más vigoroso. Otros caminos ya los hemos visto: un país maquilador con trabajadores sumidos en la miseria, o exportador de materias primas sin beneficios tangibles para la mayoría de la población.

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A fines del año pasado, el Banco Mundial publicó su “Informe sobre la deuda Internacional”, el cual advierte que, debido al aumento de las tasas de interés a nivel mundial, el mayor en cuatro décadas, los países en desarrollo destinaron una cifra récord equivalente a más de 443 mil millones de dólares al pago de su deuda pública externa. Ese incremento trajo como consecuencia que desviaran recursos de rubros tan indispensables, como salud, educación y medio ambiente.
El estudio precisa que, debido al aumento de las tasas de interés, el servicio de la deuda (amortizaciones al capital e intereses) aumentó 5 por ciento respecto al año anterior en todos los países en desarrollo. Aún más, las 24 naciones más pobres, según proyecciones del Banco, tendrán un alza considerable de los costos del servicio de la deuda, los cuales podrían alcanzar hasta un 39 por ciento del PIB entre 2023 y 2024, lo que plantea un escenario crítico para los próximos años.
El encarecimiento del crédito ya ha provocado que, en los últimos tres años, 10 países en desarrollo hayan cesado los pagos de sus deudas y se calcula que el 60 por ciento de las naciones más pobres corren el riesgo de caer en una situación de sobreendeudamiento , es decir, que no puedan pagar o reduzcan drásticamente sus gastos para el desarrollo social y económico.
Y es que muchos de los países más pobres contrataron una parte de su deuda a tasas variables, lo que resultó en aumentos de los pagos de un año a otro, a veces de manera muy elevada. Además, aquellos que no pagaron su deuda en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda diseñada por el Grupo de los 20 (conformado en su mayoría por las naciones más ricas del planeta), acumularon capital, intereses y comisiones que hacen más pesadas ahora sus obligaciones. En otras palabras, sólo se les otorgó tiempo, pero no se redujeron las deudas ni los costos de sus servicios.
El documento aprecia que los problemas se están agudizando ya que, además de tener que pagar más por su deuda, al mismo tiempo, han disminuido las opciones de financiamiento para los países en desarrollo. Los préstamos de entidades públicas disminuyeron alrededor de un 23 por ciento. En el caso de las instituciones privadas las cosas fueron más negativas; según el BM, “Es la primera vez desde 2015 que los acreedores privados recibieron más fondos que los que destinaron a los países en desarrollo”.
El informe apunta que en 2022 las instituciones multilaterales prestaron 115 mil millones de dólares a bajo costo para los países en desarrollo, de los cuales la mitad fue proporcionada por el Banco Mundial. Sin embargo, como puede deducirse de las cifras que el propio Banco expone, el esfuerzo ha sido insuficiente. También lo han sido los esquemas diseñados por las naciones más poderosas.
Desde mediados de 2023, la ONU había advertido que la deuda pública mundial se había elevado notablemente y que los países en desarrollo acumulaban el 30 por ciento del total, unos 28 billones de dólares. Y destacaba igualmente que “La mitad de la humanidad vive en naciones que se ven obligadas a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación, lo que significa nada menos que un desastre para el desarrollo”. Así mismo, precisaba que 52 países que representan el 40 por ciento del mundo en desarrollo están en “graves problemas “.
Por ello, consideraba indispensable “un mecanismo de reestructuración, suspensiones de pagos, plazos más largos y tasas más bajas para los países más pobres y de renta media que estén en una situación vulnerable”.
En enero de este año, 2024, en su reporte anual, “La situación económica mundial y sus perspectivas”, la ONU abundaba:
Para los países desarrollados, debido a las políticas monetario restrictivas (y en especial la persistencia de tasas de interés elevadas) el riesgo de una recesión en 2024 aún es posible; aún si no sucede, la mayoría de esas naciones tendrán un crecimiento más débil. En los casos de los países en desarrollo, esas políticas “exacerbarán los riesgos de sustentabilidad de sus deudas e impedirán las muy necesarias inversiones que se requieren en alcanzar las metas de desarrollo sustentable”.
De esta manera, el panorama económico, al menos en el corto plazo, es pesimista: el PIB mundial será más lento y caerá de un estimado 2.7 por ciento en 2023 a 2.4 por ciento para este año.
Por su lado, el FMI, en septiembre del año pasado, reportó que en 2022 “la carga de la deuda mundial… se mantuvo por encima del nivel anterior a la pandemia, nivel que ya era elevado, y alcanzó el 238 por ciento del PIB mundial”. A pesar de todas estas advertencias y proyecciones, casi nada se ha hecho, especialmente en lo que toca a los países más pobres.
Si algunos de los problemas señalados en el panorama mundial se agravaran sensiblemente, los efectos adversos para México podrían ser varios. En primer lugar, porque una caída del PIB en los países más desarrollados (y una recesión, especialmente en Estados Unidos) reduciría el comercio y las inversiones. Por otra parte, si la crisis de la deuda en los países en desarrollo se extiende, ello puede afectar también al nuestro debido a que los acreedores, sobre todo privados, pueden restringir el refinanciamiento de las deudas, reducir los plazos de pago, y encarecer los créditos. En un extremo, incluso los fondos de los organismos multilaterales podrían volverse aún más escasos.
Mientras no se construyan mecanismos realistas y efectivos para resolver el problema de sobreendeudamiento de muchos países que ya lo padecen, estos riegos serán cada vez más acuciantes. Medidas de alivio de las deudas suponen un mayor desembolso de las naciones más acaudaladas en recursos disponibles para los organismos multilaterales y obligar a los acreedores privados a restringir sus ganancias para tomar medidas como las que recomienda la ONU. Sin embargo, en momentos de tensiones políticas internas y externas; guerras regionales como las que observamos en Medio Oriente y en Ucrania; y expectativas económicas poco favorables, los gobiernos de los países ricos parecen prestar poca atención a los sufrimientos de las regiones menos desarrollados.
México, según documentos de la SHCP, está en mejores condiciones que otras naciones. La deuda pública total es relativamente menor que la de otros países (48.8 por ciento del PIB para 2024 en el caso de México y 51.6 por ciento para América Latina); la proporción entre la deuda externa e interna tiene niveles aceptables; y los apoyos, sobre todo del FMI, han sido exitosos. Aun así, los requerimientos financieros del sector público han aumentado del 15.3 por ciento en 2022 al 16.2 por ciento del PIB calculado para 2024. Ello se debe a que las necesidades del gobierno federal alcanzarán para este año los 4.25 billones de pesos, un 12.4 por ciento del PIB, frente al 11 por ciento de 2022. Esto último debido en buena medida a que el financiamiento del déficit público aumentará de 3.2 por ciento del PIB en 2022, al 5.5 por ciento para este año.
Es decir, aunque no estamos en riesgo de caer en suspensión de pagos o en alcanzar un nivel de sobreendeudamiento crítico de acuerdo con los parámetros del BM, el peso de la deuda en el presupuesto es ya oneroso. A tal punto que el gobierno ha anunciado, discretamente, la posibilidad de recortes al gasto y medidas de austeridad mayores para este año.
Para la próxima administración, lidiar con un escenario como el descrito será un reto fundamental y muy complejo. En un contexto internacional sombrío y cargado de incertidumbres, y un presupuesto con requerimientos financieros relativamente elevados, aumentar el déficit público y pedir más préstamos no parece recomendable. De esta manera, tendrá que abrir otras opciones: una restructuración del gasto para atender las necesidades más importantes y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos fiscales. Ambas cosas exigirán, a su vez, consensos, legitimidad y una reconsideración de la política económica seguida hasta ahora. Esperemos que lo anterior fortalezca y no debilite los esfuerzos por construir un país más justo y sustentable.

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El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, un estudio de la Cepal publicado recientemente da cuenta de los graves problemas de desigualdad que sufre la región. En primer lugar, señala que en los últimos diez años “el crecimiento económico promedio ha sido extremadamente bajo, de solo un 0.8%, menos de la mitad del ocurrido durante la denominada década perdida de los años ochenta”. Lo anterior, advierte, ha propiciado altos niveles de desigualdad.
Sin embargo, agrega el informe, a partir del año pasado se pueden advertir algunas tendencias positivas: una caída en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, una reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, un incremento en las tasas de participación laboral y el empleo y una caída de la desocupación en 2022.
Esta mejoría relativa no debe ocultarnos otro problema de enorme importancia: la distribución personal de la riqueza. Algunos estudios muestran que en 2021 “el decil superior concentraba bastante más riqueza que ingreso, y que la diferencia en cuanto a la participación en cada uno de ellos oscilaba entre 15 y 21 puntos porcentuales”.
Así, “la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad y… tiende a perdurar de una manera más sólida a lo largo del tiempo”, debido a que “suele transmitirse entre generaciones” (sobre todo por medio de las herencias y los negocios controlados por la misma familia).
La concentración de la riqueza, agrega el estudio de la Cepal, tiene efectos negativos en el desarrollo económico, pero también en la política ya que puede aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las élites y las instituciones, especialmente cuando “el origen o el aumento de la riqueza de los multimillonarios se explica por sus conexiones políticas…, lo que puede llevar a cuestionar la legitimidad de su patrimonio y fomentar las tensiones sociales”.
Ahora bien, la Cepal advierte que no hay fuentes oficiales para medir la extrema riqueza en los países de América Latina y el Caribe por lo que el estudio decidió recurrir a la información recopilada en la lista anual de multimillonarios de Forbes. En esa lista figuran todas las personas del mundo cuyo patrimonio personal neto es igual o superior a mil millones de dólares (excluyendo a las personas involucradas en actividades ilegales). Ese patrimonio es la suma de activos financieros y no financieros menos las deudas.
En 2022 el patrimonio de ese puñado de “milmillonarios” de la región llegó a 453 mil millones de dólares corrientes lo que significó un aumento de 4 mil 600 millones respecto a 2021. Sin embargo, descontando la inflación (particularmente aguda en 2021 y 2022), la riqueza real de esos milmillonarios cayó 6.6%, a un nivel casi igual a la que detentaban un año antes de la pandemia.
El estudio señala que, en el caso de México, “se observó que en los últimos tres años la concentración de la extrema riqueza de estos milmillonarios cayó en comparación con los años previos a la pandemia. En 2018 representaba un 4.5% de la riqueza de la población total y cayó al 2.7% en 2020 aunque volvió a elevarse en 2021 a 3.3%. En este último año, la riqueza de los mil millonarios aumentó alrededor de 3 veces más que el patrimonio del resto de la población”.
Los sectores de actividad en los cuales se concentró la mayor parte del patrimonio real de los milmillonarios latinoamericanos fueron: finanzas e inversiones, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, y minería y metales, en ese orden de importancia.
El estudio de la Cepal, como se advierte, no da cuenta de la estructura de la distribución de la riqueza en la región. Tan sólo la que existe en manos de unos cuantos milmillonarios. Sin embargo, hay razones para considerar que la concentración patrimonial en México, a pesar de la mejoría en la distribución del ingreso, se acentuó en los últimos años en los estratos más acomodados de la población.
Según el portal Wealth Inequality que ofrece datos acerca de la concentración de la riqueza para diversos países del mundo, en México el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.2%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.7 por ciento y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47 por ciento de la riqueza nacional.
Por otro lado, con base en la Encuesta de Inclusión Financiera 2021 que llevó a cabo la Comisión Nacional de Bolsa y Valores y el Inegi, se advierte que “el 56% de la población adulta del país reportó haber sufrido afectaciones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19”. Los daños fueron más graves en las regiones Sur (58%) y Centro Oriente (67%). La encuesta también señala que “ la población afectada se vio obligada a recurrir a diversas medidas para enfrentar el choque económico. Casi la totalidad de esa población (el 95%) reportó haber reducido sus gastos para enfrentarla” y “alrededor de 8 de cada 10 personas recurrió a sus ahorros”. Además, el 18% declaró haber empeñado o vendido bienes.
Es decir, la mayoría de la población tuvo una pérdida de patrimonio que fue resultado de una disminución del ahorro personal y de los bienes que poseían (y que tuvieron que vender o empeñar). Ello, independientemente de que, al reducir su consumo, se privaron de la compra de inmuebles u otros enseres que hubieran formado parte de su patrimonio futuro.
La encuesta señala, adicionalmente, que un 40% de la población adulta carecía de cualquier instrumento de ahorro y quienes tenían alguno o algunos, éstos consistían en cuentas de ahorro, cheques y nómina, instrumentos que proporcionan una muy baja o nula tasa de rendimiento. En cambio, apenas el 2% de la población adulta en México tenía una cuenta en inversiones y depósitos a plazo, las cuales ofrecen tasas mucho más altas. Finalmente hay que advertir que sólo el 33% de la población adulta tenía acceso al crédito, principalmente mediante una tarjeta de una tienda departamental (20%) o de crédito bancaria (11%).
Lo anterior quiere decir que una gran parte de la población no puede ahorrar y quienes lo hacen, en su enorme mayoría, no reciben beneficios. En cambio, aquellos que se endeudaron, han tenido que pagar intereses muy elevados.
Esta situación seguramente se agravó para la gran mayoría de los mexicanos cuando el Banco de México decidió aumentar las tasas de interés. Recordemos que esos incrementos escalaron rápidamente del 4% en junio de 2021 al 11.25% en mayo de 2023.
En resumen, hay razones y evidencias para suponer que la tendencia en la concentración de la riqueza no fue la misma que en el caso de los ingresos. En un primer momento debido a los daños ocasionados por la pandemia (pérdida de ahorros y bienes) y luego por el rápido aumento de las tasas de interés que afectaron los créditos contratados, particularmente en tarjetas departamentales y de crédito ( aunque también los hipotecarios). Todo ello afectó seguramente, a la mayoría de las familias. Por otra parte, la elevación de las tasas, en los últimos dos años, ha rendido ganancias por encima de la inflación a aquellas personas que poseen cuentas de inversión y a plazo, las cuales forman una minoría muy reducida.
La concentración de la riqueza, como dice la Cepal, afecta la economía y acentúa el malestar social y político. Sin embargo, al mismo tiempo, podría verse como una “oportunidad” para “obtener ingresos fiscales permanentes y progresivos que se pueden usar para aplicar políticas públicas que permitan garantizar los derechos sociales”. Es decir, pone sobre la mesa, con carácter prioritario, la necesidad de una reforma fiscal que grave más, de manera proporcional, el ingreso y el patrimonio de los más acomodados, quizás menos del 10% de la población. Un asunto que tendrá que ser tomado en cuenta por el próximo gobierno.

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Un grupo de académicos amplio, plural e interdisciplinario publicó recientemente un documento Propuestas para los próximos años (disponible en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx). Abarca distintos temas incluyendo las relaciones internacionales de México; la democracia; la política social; el trabajo; la seguridad y la paz; la cultura; la política económica; la energía; la infraestructura; el desarrollo sustentable; la gestión del agua; el México rural; y el territorio.
No se trata de un “compendio enciclopédico de los grandes problemas nacionales” y por lo tanto no están incluidos todos los temas de nuestra problemática nacional. Es, en cambio, un conjunto de propuestas desde distintos campos del conocimiento para abrir un diálogo amplio con actores políticos, sociales y académicos.
El documento es un resumen que fue resultado de un intercambio de puntos de vista y ponencias que se presentaron durante varios meses auspiciados por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y como respuesta a una convocatoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El propósito consiste en promover “cambios estructurales que permitan consolidar la recuperación tras la crisis de la pandemia de la Covid-19, y que, a la vez, nos encaminen a la superación de los rezagos que históricamente han marcado nuestra realidad, algunos de los cuales se agravaron después de la recesión de 2008-2009”. Y agrega:
“A las consecuencias de un largo periodo de bajo dinamismo económico, elevados niveles de pobreza y desigualdad, precariedad hacendaria, degradación ambiental, inseguridad y violencia generalizadas, incumplimiento de los derechos reconocidos y otros rasgos que caracterizan desde hace tiempo nuestra condición nacional, se suman ahora las incertidumbres globales caracterizadas por fluctuaciones económicas muy marcadas, las nuevas tensiones generadas por la guerra en Ucrania (y ahora la que ocurre en Palestina), el agravamiento del cambio climático y de otros referentes planetarios”.
El tema 5 “Trabajo, ingreso y protección social ante un nuevo entorno mundial”, estuvo a cargo de Norma Samaniego, Claudia Schatan y el autor de estas líneas. Consideramos que el trabajo es un elemento central para definir la estrategia de desarrollo para México ya que es un factor de crecimiento y la fuente de ingresos más importante de los hogares mexicanos. Por ello, el objetivo primordial de dicha estrategia debe consistir en la generación de empleos de calidad.
Las oportunidades que ofrece el T-MEC y las tensiones geopolíticas (el nearshoring) pueden ser aprovechadas si se adopta una mayor intervención del Estado para orientar esas inversiones tanto a nivel regional como en actividades productivas específicas.
Advertimos, sin embargo, que hay factores que pueden dificultar la creación de empleos, sobre todo, de calidad, en México : “en el plano externo… el bajo crecimiento esperado en la economía mundial, y en el plano interno la restricción del gasto social en aspectos esenciales como la educación y la salud, y la limitada expansión de la inversión pública”.
Frente a estos riesgos, México necesita hacer cambios estructurales que son impostergables; proponemos varios ejes de una nueva estrategia del mundo del trabajo en México:
Se requerirá en primer lugar impulsar una estructura productiva “generadora de mayor valor agregado y de empleos de mayor nivel de calificación e ingreso, con una distribución territorial más equilibrada de la actividad productiva y del empleo, y que favorezca a los jóvenes y las mujeres de manera prioritaria…”.
En segundo lugar, mejorar constantemente los ingresos y las condiciones de trabajo lo que incluye, entre otras cosas, continuar incrementando el salario mínimo y reducir la jornada laboral. De esta manera se promovería un aumento de la productividad y, al mismo tiempo, una mejoría de los ingresos y la calidad de vida de los trabajadores.
También se propone evolucionar hacia un régimen de protección social universal lo que implica construir un sistema público universal de salud, financiado por medio de impuestos generales; fortalecer los actuales sistemas de protección frente a los riesgos de enfermedades profesionales, incapacidad, y edad avanzada; en particular y de manera destacada un seguro de desempleo orientado a mitigar el impacto negativo de la pérdida del trabajo y del ingreso laboral ante situaciones críticas.
Igualmente, establecer las bases legales e institucionales para un ingreso vital como mecanismo de apoyo focalizado y temporal en momentos de crisis para trabajadores no asalariados que impida que caigan en la pobreza extrema (como en el caso de Acapulco debido a los estragos del huracán Otis, agrego, tal como lo expuse en un artículo previo publicado en estas mismas páginas de El Sur).
En el capítulo respectivo del documento, advertimos que “El cambio tecnológico ha dado lugar a nuevas modalidades laborales que cobraron presencia y se multiplicaron desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo híbrido y el trabajo asociado a las plataformas digitales”. Por ello, resulta indispensable brindar protección a quienes laboran de estas maneras ya que en muchos casos han quedado fuera de los esquemas de protección social vigentes. En lo que concierne por ejemplo a los empleados por plataformas digitales ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos.
Otro eje se refiere al sistema de pensiones contributivas, el cual requiere atención urgente: es necesario definir un esquema incluyente y sustentable que no represente, como el actual, una creciente carga fiscal pero también que ayude a solucionar el grave problema estructural que ha impedido que la gran mayoría de los adultos mayores gocen de una pensión digna o suficiente para su retiro.
Asimismo, proponemos “repensar la educación y la formación continua ante la presencia de la cuarta revolución industrial”, lo que implica no solo será vencer problemas ancestrales como el analfabetismo, sino encontrar respuestas oportunas a la brecha digital y nuevas formas de extender el aprendizaje y la actualización durante toda la vida laboral.
También se propone consolidar las nuevas instituciones en materia de impartición de justicia laboral, libertad y democracia sindical con base en la reforma laboral de 2019. Y asegurar el cumplimiento de las reformas en materia de trabajo doméstico y de subcontratación fortaleciendo la inspección y la difusión intensiva y lo más amplia posible, de los nuevos ordenamientos para orientar a los trabajadores y patrones.
Igualmente, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesitará también poner atención al fuerte déficit de instituciones del cuidado que implica mayores cargas para las mujeres.
Finalmente, consideramos que se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que son los más afectados durante los periodos de crisis; tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada.
El documento completo trata un conjunto de asuntos que se enumeran y explican de manera sucinta pero que, consideramos, deben formar parte de una agenda más amplia para la transformación del país. Ahora que las campañas electorales están comenzando, deseamos que sirva para que la competencia enriquezca sus contenidos y no sea un mero concurso de siglas y personas. Sabemos que existen otros espacios similares. Nuestra contribución, entonces, puede ser un puente de entendimiento para impulsar una causa común: un México más democrático, justo e incluyente.

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Durante los primeros cuatro años del sexenio actual, entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2022, de acuerdo con los datos del Inegi, el crecimiento de la economía mexicana, medida por el índice del Producto Interno Bruto (PIB), fue casi nulo ya que apenas alcanzó un 0.08 por ciento.
Este fenómeno se explica por varias razones, desde luego por el trauma de la pandemia que impactó principalmente 2020 y 2021. En casi todo el mundo, se frenaron las actividades económicas y se interrumpieron las cadenas de abastecimiento (refacciones y materias primas). Posteriormente, la inflación y el aumento de las tasas de interés afectaron también la elevación del producto. Además, en el caso de México, la política económica del presidente López Obrador, se inclinó por la austeridad para no poner en riesgo la balanza de pagos y evitar una devaluación de nuestra moneda.
Las expectativas para este año, 2023, apuntan a una cifra más optimista. El FMI proyecta un crecimiento para nuestro país de 3.2 por ciento. Las proyecciones del Fondo en realidad observan una mezcla de optimismo y pesimismo. Calcula el crecimiento mundial para 2023 en 3.0 por ciento y de 2.9 por ciento en 2024. Sin embargo, para Estados Unidos, las cifras serían de 2.1 y 1.5 por ciento respectivamente. Para México, del 3.2 ya señalado para 2023 pasaría al 2.1 por ciento en 2024. El próximo año creceríamos por debajo del promedio mundial, aunque por encima de Estados Unidos.
En resumen, en el sexenio de AMLO la economía (PIB) alcanzará quizás un crecimiento de alrededor del 5 por ciento, es decir un promedio anual de 0.8 por ciento gracias al repunte de 2023 y en menor medida 2024. Justificado por la crisis de la pandemia, pero muy lento en comparación a otros países que se recuperaron antes de 2023.
Las razones que ofrece el FMI para el repunte de México, en sus proyecciones para 2023 y 2024, se basan por un lado en un consumo e inversión más dinámicos que en el pasado, pero igualmente, advierte que factores como la política monetaria (tasas de interés elevadas) y un crecimiento más lento de la economía estadunidense podrían frenar nuestro crecimiento. Agrega que la situación podría mejorar si nuestro vecino del norte tuviera una expansión mayor de la prevista, o el gasto público en México (y el déficit fiscal de 5 por ciento del PIB) dieran por resultado un efecto multiplicador en la economía mayor a lo observado. En sentido contrario, señala, pueden presentarse una caída de las inversiones por razones políticas; un aumento de las tasas de interés en las economías desarrolladas y en México; o un retraso en las obras de infraestructura más importantes.
A nivel mundial, lo que parece explicar esta mezcla de pesimismo futuro y optimismo presente reside, particularmente, en la incertidumbre. Uno de los factores más importantes de esa perplejidad se encuentra en los riesgos geopolíticos que, por supuesto, con el grave conflicto entre Israel y Hamás se han agudizado todavía más. Ya había una situación delicada debido a la guerra en Ucrania y a las tensiones entre China y Estados Unidos.
La geopolítica está jugando un papel preponderante, a diferencia de las últimas décadas. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudios, los realineamientos y conflictos mundiales podrían tener efectos adversos en el comercio y el crecimiento mundial ya que los nuevos flujos podrían no compensar la contracción que se presentaría por los menores intercambios, principalmente, entre China y Estados Unidos.
Por lo pronto, esos reacomodos favorecen a México. El llamado “nearshoring” se ha reflejado en el caso de nuestro país en un aumento en la inversión extranjera hasta llegar al 5 por ciento del PIB. Las importaciones de Estados Unidos provenientes de México pasaron de 7 por ciento en 1994 y probablemente llegarán al 15 por ciento este 2023.
Ahora bien, a pesar de la marcha lenta de la economía en los primeros cuatro años del gobierno de AMLO, la ocupación y los salarios tuvieron un comportamiento menos negativo. Si medimos el primer rubro con el concepto de “brecha laboral” la cual incluye la desocupación abierta; los subocupados; y las personas que no buscan un trabajo, pero estarían dispuestas a aceptarlo debido a que necesitan esos ingresos, ésta representó alrededor del 18 por ciento a finales de 2018 y en marzo de 2023 fue de 17.5 por ciento. Un progreso pequeño que, no obstante, resultó mejor que el comportamiento de la economía en su conjunto.
Por su parte, el desempeño económico más elevado durante este año, comparado con el periodo 2018-2022, se ha reflejado en mejores cifras en materia de ocupación. Para el segundo trimestre de 2023, se observó una disminución de la tasa de desocupación en comparación al segundo trimestre de 2022 de 3.2 al 2.8 por ciento.
Esa disminución se debe, principalmente, a la mejoría de la ocupación en el sector servicios que tuvo un incremento de un millón de personas, casi todas asalariadas. Mientras, la agricultura redujo su ocupación en casi 200 mil personas y la industria tuvo un aumento muy débil. Dentro del sector servicios destaca el comercio con casi 400 mil nuevos empleos en micronegocios y pequeños establecimientos.
Sin embargo, la tasa de informalidad laboral apenas se modificó: del 55.7 por ciento al 55.2 por ciento.
En otras palabras, lo positivo es que la ocupación ya superó los niveles previos a la pandemia; el lado negativo reside en que no ha cambiado su estructura: seguimos arrastrando los mismos problemas, sobre todo los altos niveles de informalidad laboral.
En materia de salarios, el mínimo aumentó de diciembre 2018 a septiembre de 2023, en 85.9 por ciento en términos reales (descontando la inflación, según el Banco de México) en la mayor parte del país, aunque en la franja norte el aumento real fue de 180 por ciento. No obstante, los salarios registrados en el IMSS han tenido un desempeño más modesto: en ese lapso apenas crecieron alrededor del 5-6 por ciento. Destaca además que los salarios contractuales de los trabajadores de las empresas públicas han registrado aumentos mucho menores que los de las empresas privadas, tan sólo este año, 2023 la minusvalía ha sido de entre dos y cuatro puntos porcentuales de su poder adquisitivo. La política de austeridad les ha recortado sus salarios.
De esta manera, la ocupación se recuperó un poco más rápido pero sus problemas estructurales siguen siendo más o menos los mismos. En cambio, los salarios mínimos aumentaron sustancialmente y las modificaciones a la LFT en materia de subcontratación y días de vacaciones beneficiaron a los trabajadores. Ni éstas ni la reforma laboral acerca de la democracia sindical repercutieron en el empleo. Tampoco hasta ahora el aumento de las cuotas patronales por las enmiendas al sistema de pensiones. Asimismo, la inflación, las altas tasas de interés y la incertidumbre mundial no provocaron un desplome de la ocupación.
Este balance de luces y sombras debe hacernos pensar en el futuro inmediato. El reto consiste no sólo en “aprovechar” las nuevas tendencias del comercio mundial y los flujos de inversión extranjera (el nearshoring). Reside en cambiar el modelo de crecimiento para que ese fenómeno pueda transformar la estructura de la ocupación, en primer lugar, para abatir la informalidad. De otra manera, estaremos reeditando los tiempos del TLCAN durante la década de los 90s y los primeros años del siglo XXI, antes de la crisis mundial de 2007.
Además, un verdadero cambio del rumbo económico serviría para prepararnos mejor en caso de que la incertidumbre actual se convierta en catástrofes futuras debido a las tensiones geopolíticas o a la recesión estadunidense. Ese cambio tendría que descansar en por lo menos cuatro aspectos: una reforma fiscal progresista; mayor financiamiento de la banca de desarrollo, particularmente a las pequeñas y medianas empresas; una política monetaria orientada al crecimiento y no a la sobrevaluación el peso; una política industrial basada en un incremento aún más sustancial en infraestructura; y una agenda laboral que consolide las reformas y lleve a cabo otras muy necesarias, como la reducción de la jornada laboral.

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El sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos UAW (United Auto Workers) estalló la huelga en tres plantas pertenecientes a tres grandes compañías: General Motors, Ford, y Stellantis. Las huelgas no abarcan todas las instalaciones de esos consorcios en ese país ni participan los 150 mil miembros del sindicato. Se trata de huelgas parciales que involucran a 12 mil 700 trabajadores; la planta afectada más importante pertenece a Stellantis y se ubica en Toledo, Ohio.
Los paros de labores obedecen a la renovación de los contratos colectivos que existen en estas compañías. Las demandas: un 40 por ciento de incremento salarial que se aplicaría durante los siguientes cuatro años; ajustes al salario adicionales para compensar la inflación que pudiera presentarse en ese lapso; reponer las pensiones para todos los trabajadores (suprimidas durante la crisis de 2007); mejorar los beneficios por retiro; reducir la jornada de trabajo a 32 horas semanales; y poner fin a la política de la empresa que contrata trabajadores nuevos con salarios mucho menores que el promedio. También han puesto sobre la mesa la demanda de que los trabajadores de las nuevas plantas que se construyan sean protegidos por los contratos colectivos de la rama.
Los voceros de las tres grandes compañías alegan que está invirtiendo miles de millones de dólares para construir autos eléctricos, lo que le impide pagar salarios más altos. Agregan que están en desventaja con sus competidores, como Tesla, empresa en la que los trabajadores no están sindicalizados y que controla el mercado de vehículos eléctricos.
Las huelgas han llamado la atención debido a la simultaneidad de los paros, las demandas levantadas por los trabajadores, y la aparente determinación de sus dirigentes para obtener mejoras sustanciales.
Según diversos reportajes, como el publicado por el New York Times, la huelga definirá la correlación de fuerzas entre los trabajadores y la patronal en los próximos años. Un triunfo de la UAW le proporcionaría un fuerte aliciente para tratar de organizar a los trabajadores de Tesla y de otras armadoras como Hyundai que tienen sus plantas o piensan construirlas en el sur de EU, precisamente en los estados en los que la legislación es más desfavorable para los sindicatos. De esta manera, quedaría en buena posición para negociar las condiciones laborales en la nueva industria de autos eléctricos. Por ello, su insistencia en que todas las plantas tengan que adoptar los contratos colectivos de la industria automotriz. La patronal, por su lado, ha respondido que no puede acceder a esa petición debido a que se trata de proyectos financiados por diversos consorcios (joint ventures). Muy probablemente este asunto no se resolverá con la huelga, aunque, dependiendo de su resultado, se verán más claramente las perspectivas del sindicalismo en la rama automotriz.
Como es sabido, la patronal siempre aduce, en todas partes del mundo, que las demandas de los trabajadores y las huelgas le restan competitividad. En este caso, sin embargo, ese argumento debe verse a la luz de otros factores:
Primero, que la productividad de las empresas ha aumentado más rápidamente que los salarios desde hace unos cuarenta años. Según Dean Baker, del Centro de Investigación de Economía y Políticas Públicas (CEPR, https://cepr.net) con sede en Washington, si el salario mínimo hubiera crecido al ritmo de la productividad, sería de 25 dólares la hora y no de 18, como es ahora, una pérdida de casi 40 por ciento. La productividad se ha elevado fundamentalmente por las nuevas tecnologías, robots e Inteligencia Artificial (IA). Así, la demanda del sindicato para reducir la jornada se justifica plenamente. La huelga entonces busca que el progreso tecnológico se comparta de manera más equilibrada.
Además, el sindicato ha llamado la atención acerca de los ingresos desorbitados de los CEO, es decir, los gerentes ejecutivos de mayor responsabilidad que se embolsan unos 27 millones de dólares al año, unos 200 o 300 veces más que un obrero promedio. Los gerentes de nivel inferior se llevan uno 10-15 millones y los de tercer nivel alrededor de 3 millones. Por eso consideran que su demanda de aumento salarial está más que justificada. De igual manera, se ha dado a conocer que las ganancias de estas tres grandes compañías se elevaron 92 por ciento entre 2013 y 2022. En los seis meses de este año los tres consorcios han obtenido 21 mil millones de dólares y esperan un total de 32 mil millones a fines de este año. De esta manera, la huelga busca una menor desigualdad en las empresas, y entre el lucro corporativo y los salarios.
Por todas estas razones, se trata de una huelga ejemplar. Pero también, dice la revista The Nation, porque la huelga goza de un apoyo extraordinario del pueblo estadunidense. Según una encuesta de Gallup, levantada antes de estallada la huelga, el 75 por ciento de los encuestados apoyaba al sindicato y apenas el 19 por ciento a la empresa. Y un 61 por ciento consideró que los sindicatos ayudan y no afectan negativamente la economía estadunidense.
Se trata, dice The Nation, de un revés para la mayoría de los medios y los políticos anti laboristas, sobre todo republicanos e incluso algunos demócratas, que se alinean con los intereses empresariales. Igualmente, significa una refutación a la teoría que se propagó desde 1991 y que rezaba de la siguiente manera: “La competencia es global, la innovación tecnológica es constante, la fuerza de trabajo, cada vez más calificada. En este escenario económico, los sindicatos no sirven para los fines ni de las empresas ni de los trabajadores. Cuando mucho resultan irrelevantes… en el peor de los casos, un obstáculo… no sorprende que estén desapareciendo…”. (Harvard Business Review).
De esta manera, la huelga representa una lucha contra la cultura predominante y anuncia, quizás, un nuevo despertar del sindicalismo.
Para México, las huelgas de la industria automotriz tienen importancia, aunque no aún por los daños económicos, como vociferan algunos. Según ellos, las empresas ubicadas en nuestro país pueden perder millones de dólares debido a la suspensión de envíos de las refacciones que demandan las empresas en huelga. Sin embargo, como ya mencionamos, los paros son por ahora parciales y apenas han pasado unos días. Todavía es muy pronto para calcular los daños. Además, estos consorcios tienen muchas plantas armadoras alrededor del mundo. Stellantis, por ejemplo, es un consorcio que tiene su matriz en Holanda, de capitales europeos y estadunidenses, y produce una gran diversidad de marcas: Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Maserati, Opel, y Peugeot, y los modelos de Chrysler, Dodge y Jeep.
Las huelgas, en cambio, pueden afectarnos de dos maneras: si es derrotada, los consorcios tendrían las manos más libres para dejar de cumplir el contrato colectivo, mover más rápidamente sus plantas a lugares con poca o nula sindicalización, y mantener salarios y prestaciones desventajosas. México podría ser elegido para localizar nuevas plantas armadoras o refaccionarias tanto de vehículos a gasolina como eléctricos, pero con un perfil laboral muy pobre.
Si la huelga triunfa y se fortalecen los contratos colectivos en estos consorcios, esas conquistas podrían replicarse en otros lugares de Estados Unidos. En el caso de México, un UAW más fuerte podría presionar a las empresas y establecer alianzas con los sindicatos mexicanos para elevar las condiciones de trabajo.
No debe olvidarse que las diferencias salariales son muy elevadas. El salario promedio en la industria manufacturera mexicana es de 392 pesos diarios y en Estados Unidos el mínimo es de 18 dólares la hora, es decir alrededor de siete veces mayor. Esas diferencias pueden ampliarse o reducirse dependiendo, entre otras cosas, de la fuerza y la solidaridad sindical. De ahí que los trabajadores mexicanos deben estar atentos y apoyar, en lo posible, la huelga automotriz en Estados Unidos.

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Se acerca el inicio de sesiones del Congreso de la Unión, previsto para el 1º de septiembre. Entre los asuntos pendientes, vale la pena destacar aquellos que tienen que ver con las cuestiones que afectan a los trabajadores. La más importante es la enmienda que se refiere a la reducción de la jornada de trabajo ya que, según algunos medios, es la que más expectativa ha generado en los últimos meses y que, seguramente, será un asunto muy polémico. Aunque ya fue aprobada en las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados, no parece haber consenso entre los distintos grupos parlamentarios; hay que tomar en cuenta que se trata de una reforma constitucional que requiere mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Se pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios.
Como era de esperarse, el sector empresarial ha rechazado la propuesta aduciendo, entre otras cosas, que se han acumulado otras “cargas”, como los aumentos al salario mínimo; la reforma de 2020 para la democratización de los sindicatos y la contratación colectiva legítima; la regulación de la subcontratación; el incremento de los días de vacaciones; y la subida de las cuotas patronales al fondo de pensiones. Sin embargo, también será interesante observar la posición de los partidos políticos, sobre todo porque los tiempos se ha adelantado y en unos cuantos días tendremos a la vista los candidatos a la presidencia de la república por parte del bloque oficialista y del opositor.
En favor de la reforma, hay que recordar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en los países desarrollados, pero también en otros similares al nuestro, como Chile y Brasil. En el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado” es decir, los obreros, la situación es peor que en el sector servicios (alrededor de 20 por ciento mayor).
Por ello, el debate debería centrarse en este sector, el “secundario” es decir la industria manufacturera, la minería, la construcción, la agroindustria, y la energética (petróleo y electricidad). En estas ramas, algunos contratos colectivos ya cuentan con la semana de cuarenta horas; sin embargo, la mayoría no contempla esta prestación. En realidad, las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras y fincar empresas industriales que forman parte de la cadena de valor de los grandes consorcios mundiales. Tales son los casos de la industria automotriz; la electrónica; y otras técnicamente más complejas como la aeroespacial.
De esta manera, y sobre todo ahora que tanto se anuncia el efecto del “nearshoring”, es decir el cambio de la localización de esas cadenas de valor, desde China y otras regiones de Asia a otros países como México, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. Podría provocar que esas plantas industriales no descansaran principalmente en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: es decir en mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores. Ayudaría a que México pudiera transitar de esquema maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos, y repercutiría positivamente en el conjunto del aparato económico.
Algunos legisladores han señalado que el recorte de la jornada requeriría ciertas medidas y un plazo de varios años, como ha sucedido en otros países en los que recientemente se aprobó, por ejemplo, en Chile con cierta flexibilidad en el reparto de las horas, y Colombia que lo hará entre 2023 y 2026. Habrá que revisar esas experiencias, pero urge que el asunto pase al pleno y se propicie su aprobación lo más pronto posible.
La reducción de la jornada no es el único punto pendiente en la agenda laboral. También tendrá que discutirse la nueva tabla de enfermedades de trabajo que tiene varias décadas de atraso; y otras reformas a la ley relacionadas con la violencia y el acoso por razones de género; y la igualdad entre hombres y mujeres en materia de salarios. Asuntos que parecen estar más avanzados en el Congreso. Hay que anotar, además, un tema de gran importancia que incluye no sólo la legislación laboral: el “sistema de cuidados”, sobre todo para abrir mayores oportunidades para las mujeres al acceso a una ocupación remunerada y elevar la calidad de vida las familias trabajadoras.
Aun así, faltan otras cuestiones: la regulación de los trabajadores que laboran en las plataformas digitales; el seguro de desempleo; y la revisión del sistema privado de pensiones (y la reforma aprobada en 2021). El primer asunto es especialmente urgente debido a la completa desprotección que sufren, pues al no estar reconocidos como empleados de una empresa (trabajo subordinado) no tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral. Los otros asuntos, más complejos, podrían requerir un estudio más detenido mediante la formación de grupos de trabajo ad hoc formados por especialistas y representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno, que pudieran entregar sus resultados en un plazo perentorio. El seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México) es una medida que ya han adoptado varios países de América Latina desde hace más de una década. En el caso de las pensiones, a pesar de la última reforma, hay serias dudas acerca de su viabilidad financiera y presupuestal, y de sus resultados en el largo plazo (cuando venza el periodo de transición de ocho años).
Como puede verse, la agenda laboral es muy abultada. Y es que refleja una ominosa realidad: durante más de cuarenta años, los ordenamientos jurídicos en materia laboral no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto) de 2012. Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”. Por estos últimos términos debemos entender la simulación y engaño que representaron la existencia legal de sindicatos y contratos colectivos de trabajo desconocidos por los trabajadores, lo que permitió su absoluta indefensión frente al patrón y la ausencia de una capacidad de negociación efectiva de sus condiciones de trabajo.
Los tiempos han cambiado en México y el mundo, como lo atestigua la posición de Canadá y Estados Unidos, plasmadas en el T-MEC que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En estos países (y otros que sería muy extenso enumerar específicamente), se observa también un renovado activismo sindical.
Detener y revertir los abusos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos no será resultado únicamente de los cambios legales, pero sin duda pueden ayudar a cambiar esa situación. En los próximos meses, los partidos políticos y sus legisladores, y luego los candidatos, tendrán que asumir posiciones ante la agenda laboral. Habrá que observarlos con cuidado, pues su voluntad reformista o conservadora se verá en buena medida cuando aborden (o no) los temas laborales. El avance de esta agenda propiciaría el progreso del país y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La protesta obrera puede parecer, todavía, poco visible en México. Sin embargo, ya hemos presenciado algunas manifestaciones y conquistas de un sindicalismo más independiente y combativo. Muchos trabajadores, quizás millones, esperan respuestas ante las condiciones tan opresivas que aún padecen. Y votan…

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