El Partido de la Revolución Democrática perdió su registro nacional según lo ha notificado oficialmente el INE. Ahora, sus dirigentes y activistas se verán obligados a adherirse a otro partido o a tratar de reagruparse bajo una modalidad distinta para mantener su presencia en el escenario político. De cualquier forma, podemos afirmar que el partido fundado en 1989 ha dejado de existir.
Durante estos 35 años, el PRD conoció diversas etapas que, para fines de esta nota, podemos separar en tres momentos: la primera, la de su nacimiento y consolidación que abarca desde fines de los años ochenta hasta 1997, cuando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas logró conquistar la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Los primeros años fueron sumamente difíciles ya que fue objeto de una severa represión, particularmente en las luchas municipales en Michoacán y Guerrero, que costaron la vida a cientos de militantes y simpatizantes. El régimen de Salinas de Gortari buscó aniquilar al partido para consolidar un régimen bipartidista. Posteriormente, ya con la presidencia de Zedillo, la persecución contra el partido bajó de tono, pero tuvo que enfrentar las políticas neoliberales. Sus resultados electorales oscilaron entre el 8 y el 17 por ciento en las elecciones de 1991 y 1994, en un momento en que el neoliberalismo se consolidaba a nivel mundial como el paradigma dominante de las políticas públicas. El PRD se veía como una opción discordante y sus propuestas programáticas fueron calificadas como obsoletas, impracticables y ajenas a la realidad. Durante esos años fue el partido político más consecuente en la lucha por la democracia; sin embargo este reclamo fue ignorado por las elites dominantes bajo la consigna de que representaba un nacionalismo “trasnochado”. No obstante, la crisis de 1994 y el desgaste del PRI abrieron una coyuntura favorable para una nueva etapa. En las elecciones de 1997, no sólo se logró el triunfo en la capital, además, por primera vez en la Cámara de Diputados el PRI perdía la mayoría absoluta y el PRD se convertía en la segunda fuerza política nacional. De esta manera, surgía como una alternativa viable para gobernar el país: había logrado romper el cerco del bipartidismo y la estigmatización ideológica y política.
A partir de ese año, el partido conoce sus mejores años, su mediodía, a pesar de la derrota en las elecciones presidenciales del año 2000, ya que logra el triunfo de nuevo en la capital y en las gubernaturas de Zacatecas (1998); Tlaxcala, Baja California Sur y Nayarit (1999); Michoacán (2002); Guerrero (2005); Oaxaca (2010); Morelos (2012);Tabasco (2013), entre otras. Además, resultó victorioso en cientos de gobiernos municipales.
Durante esos años, la vida del partido se caracterizó por la inestabilidad ya que sus elecciones internas fueron a menudo conflictivas lo que dio lugar a la consolidación de un esquema de corrientes o “tribus” que se repartieron las candidaturas y los puestos de dirección del partido. No obstante, el partido parecía consolidarse como una opción que podríamos ubicar dentro del espectro socialdemócrata y al mismo tiempo como parte de la nueva ola de partidos de izquierda de América Latina que, durante la primera década del nuevo siglo, lograron triunfos importantes en nuestra región, como en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Nicaragua y otros más.
En 2006, el PRD, con la candidatura de López Obrador, estuvo muy cerca de conquistar la presidencia de la república. El partido alegó un fraude electoral y desató una enorme movilización popular para defender el triunfo de su candidato. Los reclamos del partido nunca fueron satisfechos debido a la negativa del PRI y del PAN para limpiar la elección.
En 2012, López Obrador se presenta de nueva cuenta como candidato del PRD. A pesar de la derrota, el partido se coloca como la segunda fuerza electoral en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en septiembre de 2014, la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa sacude al partido. Hay que recordar que el presidente municipal de Iguala había sido electo como candidato del PRD, lo mismo que el gobernador del estado. La tragedia mostró la existencia de una red de corrupción y complicidad con el crimen organizado que involucraba al partido. Tocaba entonces emprender un cambio de fondo. Lamentablemente esa transformación no fue posible, entre otras cosas, debido a que la dirección del partido había participado en el “Pacto por México” propuesto por Peña Nieto, sin el aval de su Consejo Nacional. Su complicidad se reflejó en indiferencia con el caso Ayotzinapa.
A partir de entonces el PRD conoce un declive que se manifiesta en la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas en noviembre de 2014 argumentando “profundas diferencias (con la dirección del partido) de cómo enfrentar los problemas internos del partido, en particular las medidas que deben adoptarse para recuperar la credibilidad de la organización y de manera especial de sus dirigentes ante la opinión pública”. Pocos meses antes, en julio de 2014 el INE aprobaba el registro de Morena como partido político nacional. Con ello, López Obrador sellaba su rompimiento definitivo con el PRD.
El ocaso del partido estaba a la vista. Sus opciones para sobrevivir se angostaban. Aunque su dirección y la corriente dominante (Nueva Izquierda) propuso una alianza con el PAN rumbo a las elecciones de 2015, ésta fue rechazada por el Congreso Nacional. Sin alianzas, el PRD logró un lejano tercer lugar con el 11.5 por ciento de la votación. Los resultados dejaron claro que el PRD enfrentaba una perspectiva muy desfavorable por el crecimiento de Morena. Sus alternativas consistieron, en ese momento, en procurar una reforma a fondo del partido para presentarse como una nueva opción de izquierda; tratar de pactar una alianza con Morena; o buscar el cobijo del PRI o del PAN. Para entonces muchos miembros del partido lo habían abandonado, sobre todo, después de la renuncia de Cárdenas y la ruptura de AMLO.
Así las cosas, la dirección del partido, ya sin oposición interna y sin rubor alguno decide aliarse con el PAN en 2018 y apoyar a su candidato a la presidencia de la república. Esa Coalición dejó al PRD una ganancia de apenas 21 diputados mucho menor que lo obtenido en 2015 (55 curules). Pero lo más importante es que el PRD desapareció desde entonces como un partido de izquierda y sus opiniones acerca de la situación nacional fueron intrascendentes. Sin embargo, ya no dieron marcha atrás, adoptando una postura “democrática” frente a Morena y la presidencia de AMLO. Esa estrategia, que se refrendó en las elecciones de 2024 ahora en alianza con el PRI y el PAN fue derrotada ampliamente. El reclamo por la democracia de esa Coalición fue confuso y hasta contradictorio: sus exigencias y denuncias no acertaron a definir un rumbo claro para la transformación del país. Al mismo tiempo, el PRI y el PAN fueron identificados como los responsables de un régimen de corrupción y políticas antipopulares que había gobernado los últimos 24 años. Además, esos partidos han asumido un papel que los ubica en la derecha del espectro político nacional; para muchos electores que tradicionalmente se han identificado con esa postura, no tuvo sentido votar por un partido que provenía de la izquierda.
La pérdida del registro del PRD fue resultado de un periodo de decadencia que comienza en 2014. No obstante, los factores estructurales más importantes que propiciaron su debacle fueron su accidentada vida interna que, al final de cuentas, sólo sirvió para enquistar a un grupo en la dirección del partido; la corrupción existente en diversos gobiernos e instancias de dirección perredistas que nunca fue sancionada; la ausencia de visión política para entender que los electores deseaban un cambio y no la continuidad de la hegemonía PRI-PAN; y la inexistencia de autocrítica y voluntad para transformar al PRD. Ese conformismo, vinculado a fuertes intereses personales y de grupo, llevó a un lamentable suicidio político.

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Inicio esta nota aclarando que el propósito de este escrito no reside en tratar de influir en la decisión de los lectores. Más bien intentaré plantear algunas reflexiones. Al fin y al cabo, votar consiste en elegir no sólo personas sino también ideas.
Las razones de mi voto se fincan en motivos históricos e ideológicos. El conjunto de partidos y personas representados por Xóchitl Gálvez (XG) construyó un régimen basado en la exclusión y la violencia desde finales del siglo pasado hasta 2018. No tengo ninguna confianza ni conozco algún dato que me permita suponer que hayan recapacitado o estén dispuestos a cambiar las líneas principales de ese modelo de administración del Estado. Por el contrario, sus posiciones me indican que están convencidos de que es el mejor posible y que, en lo fundamental, seguirían aplicando ese conjunto de políticas públicas si volvieran a gobernar.
En cuanto a sus ideas, la oposición que representa XG puede considerarse como una amalgama de partidos y personajes de derecha y centro derecha. Puede haber excepciones, pero no juegan un papel principal en dicha coalición. No hay arbitrariedad en catalogarlos de esta manera ya que ellos mismos se sienten cómodos y bien identificados con esta ubicación política. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín escribió hace poco, apoyado en un texto de Savater, que “la izquierda logra con sus medidas políticas lo contrario de lo que persigue”, es decir, “acabar con la miseria y la desigualdad”. En cambio, “la derecha busca la prosperidad por medio del trabajo remunerado, la propiedad privada, y el orden social basado en el cumplimiento de las leyes”. Casi no necesito agregar que las ideas que han animado la existencia del Partido Acción Nacional (PAN) se han ubicado, desde su fundación, en la doctrina de la democracia cristiana. Y que el PRI, a partir de la presidencia de Salinas de Gortari, ha abrazado sin tapujos las ideas principales del neoliberalismo. Así pues, no es una exageración ni un dislate ubicar al bloque político de Gálvez en la derecha.
Por mi parte, reconociendo los errores y desviaciones de las izquierdas, considero que éstas siguen teniendo un papel fundamental en las sociedades capitalistas. Su lucha por la igualdad, el respeto pleno a (todos) los derechos humanos, y la eliminación de la pobreza, ha permitido atenuar en muchos casos la explotación desmedida de las personas y la naturaleza, lograr ciertos niveles de protección a la población más vulnerable, y principalmente dar voz a los que, sin el activismo de las izquierdas, nunca hubieran sido escuchados. Puesto que me identifico como parte de esta corriente política e ideológica, considero que la opción de la derecha debe ser repudiada.
Agrego que, si bien la utopía de las izquierdas ha dado lugar, en algunas ocasiones, a grandes tragedias sociales, la utopía del libre mercado ha condenado a la humanidad a una grave crisis histórica que explotó hace más de 15 años. Su costo social ha sido altísimo y ha puesto en peligro la paz mundial, las instituciones básicas de la democracia, y los derechos humanos conquistados en las últimas décadas.
Aunque en términos más generales en la elección del 2 de junio se enfrentarán la izquierda y la derecha, las cosas no son tan sencillas. Las derechas no siempre se equivocan y las izquierdas no tienen razón en todo lo que dicen y hacen. Veamos entonces la realidad de manera más cercana. No cabe en este escrito un balance del sexenio de AMLO por razones de espacio. Digamos sin embargo que tuvo aspectos luminosos y otros muy oscuros. Las políticas laborales y los programas sociales lograron un cambio de tendencia, aunque no una mudanza estructural. Se redujo la pobreza y se abatió la desigualdad si bien sólo en algunos puntos porcentuales. Aquí veo la oportunidad para que el gobierno de CS profundice esas transformaciones y adopte un perfil reformista más afilado. Además, estoy convencido de que un gobierno de XG revertiría sustancialmente estos avances. Así lo indican las afirmaciones de diferentes voceros e ideólogos de esa coalición quienes afirman que estos logros pueden considerarse menores o marginales, es decir, prescindibles.
Pero mi voto crítico es también una reprobación de las grandes fallas del gobierno de AMLO, por ejemplo y de manera destacada en materia de salud. Por ello, CS deberá construir un sistema de salud pública de calidad y accesible para la gran mayoría de la población. Lo mismo podría decirse en materia de medio ambiente o de fomento a la investigación científica. Afortunadamente, en estos aspectos, algunas propuestas expresadas por CS permiten suponer que adoptará una política diferente tanto a las del sexenio actual como a las aplicadas por los gobiernos neoliberales.
Agrego dos cuestiones más. La primera, la necesidad de una reforma democrática del Estado. En este asunto, he apreciado en los discursos de CS posiciones ambiguas o equivocadas. Por ejemplo, para cambiar la composición del Congreso ha mencionado la idea de suprimir la representación proporcional sin precisar cómo estarían representadas las minorías. En cuanto a la reforma del Poder Judicial, la elección de jueces y magistrados me parece una receta equivocada y no apunta a un verdadero cambio en el aparato de impartición de justicia.
Por otra parte, acerca del tema de la violencia y el crimen organizado tampoco he escuchado o leído propuestas progresistas. Ni del lado de CS ni de XG, lo cual es muy grave dado que se trata del problema más complejo y el que está causando más daño e incertidumbre en la población.
Sin duda, la violencia que padecemos fue obra de los partidos y gobernantes de la coalición que ahora encabeza XG al dar rienda suelta a una gran corrupción que permeó extensas áreas gubernamentales. De esta manera, no sólo alentaron la violencia criminal, sino que lograron fraccionar las instituciones del Estado mexicano. La militarización de la seguridad pública, en lugar de ayudar a controlar esa “balcanización”, la profundizó. Lamentablemente, el gobierno de AMLO otorgó aun mayor poder a las fuerzas armadas, lo que tampoco funcionó.
Mi deseo es que el próximo gobierno proponga una reforma del Estado que descentralice la toma de decisiones y mejore la coordinación entre los tres niveles de gobierno y con los poderes ejecutivos y legislativo y judicial en materia de seguridad pública. Todos, con el compromiso de fincar las condiciones mínimas para detener la violencia criminal.
Durante las últimas décadas hemos vivido un régimen que ha sido incapaz de poner los cimientos de una nueva convivencia pacífica y solidaria. No sólo requerimos otra estrategia contra el crimen organizado, nos urge una reconstrucción del Estado desde el municipio hasta el ejercicio del poder presidencial.
Al mismo tiempo, considero que el Estado debe promover la actividad económica, la inclusión social y el cobijo para la población menos favorecida. Por ello, el fortalecimiento de la rectoría del Estado y su democratización no deben verse como metas opuestas sino complementarias.
Como muchos mexicanos, el domingo iré a las urnas con un espíritu crítico. Depositaremos nuestro sufragio con esperanza, pero también con dudas e incertidumbres. Sabemos que no todas las promesas expresadas en las campañas serán cumplidas. Y que los problemas cotidianos que nos aquejan no se resolverán al salir del centro de votación.
Mi voto será por Claudia Sheinbaum para presidenta y, en la Ciudad de México, para Clara Brugada, Jefa de Gobierno. Llevaré la cuenta de sus aciertos, fallas y errores como hice con el gobierno de AMLO y los gobiernos anteriores, en éstas y otras páginas. Así entiendo el privilegio de escribir y ser publicado: como un acto de solidaridad y rendición de cuentas con los votantes que han decidido renovar su convicción de buscar un país más justo.

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Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en un artículo publicado hace un par de semanas (Project Syndicate, 01052024), recordaba que el pensamiento dominante en la academia, los medios de comunicación y las esferas oficiales había asegurado que la ortodoxia neoliberal que se impuso hace unos cuarenta años en Occidente (achicamiento del Estado, menos impuestos, desregulación) iba a fortalecer (no debilitar) la democracia. Sin embargo, dice Stiglitz, en muchos países del mundo, incluso en los más desarrollados, las tendencias autoritarias se han fortalecido. Desde luego, el autor está pensando en las próximas elecciones en Estados Unidos en las que un triunfo de Donal Trump, “podría llevar al caos” a esa nación bajo un líder que está “más interesado en mejorar el bienestar del 1 por ciento más rico”. Su triunfo significaría “la imposición de la deshonestidad, la explotación socialmente destructiva y el rentismo (es decir, el debilitamiento del aparato productivo en aras de quienes viven de las ganancias financieras)”.
Y se pregunta: ¿qué salió mal? Su respuesta: el neoliberalismo no cumplió lo que prometió. En Estados Unidos y en otras economías avanzadas que lo adoptaron, el crecimiento del ingreso real (deflactado) per cápita entre 1980 y la pandemia de Covid-19 fue 40 por ciento menor que en los treinta años precedentes. Peor aún, ocurrió un estancamiento generalizado de los ingresos en los niveles inferior y medio de la escala, mientras aumentaban los del nivel más alto. Además, el debilitamiento de los mecanismos de protección social generó más inseguridad financiera y económica. Y agrega: “Parece que los partidarios del neoliberalismo nunca se dieron cuenta de que dar más libertad a las corporaciones limita la libertad del resto de la sociedad”.
Stiglitz anota que el neoliberalismo considera como una herejía el cobro de impuestos, pues lo considera una afrenta a la libertad individual. No obstante, asegura, “…sin impuestos no hay Estado de derecho ni ninguno de los otros bienes públicos que una sociedad del siglo XXI necesita para funcionar”.
En resumen, para Stiglitz, la democracia está siendo amenazada por el fracaso de las políticas neoliberales y sus secuelas, la desigualdad y la renuncia a cobrar impuestos.
Una opinión similar la ofrece Gabriel Zucman, un distinguido economista francés de la Universidad de París. En un editorial en el NYT (03052024) aseguraba que ya era hora de gravar a los billonarios. Anotaba que en 2018 las personas más acaudaladas de Estado Unidos erogaban apenas el 23 por ciento de sus ingresos en impuestos, una tasa menor que la que pagan los trabajadores. Además, las exacciones a las ganancias de las corporaciones y a las herencias han disminuido notablemente en los últimos años. En Europa, los billonarios que labraron su fortuna en Francia, Alemania o Suecia, por ejemplo, establecen su residencia legal en Suiza, país en el que las tributaciones son muy bajas.
En 2021 más de 130 gobiernos nacionales acordaron aplicar una tasa de 15 por ciento a las ganancias de las multinacionales más grandes del mundo; de esta manera, no importa dónde declaren su residencia, con este impuesto global tendrán que pagar esa tasa mínima. Sin embargo, Zucman considera que eso no basta y que es necesario otro gravamen, ahora a los billonarios, a las personas, ya no sólo a las empresas, con una tasa de 2 por ciento a su riqueza. Este impuesto, calcula, podría rendir alrededor de 250 mil millones de dólares al año. Se trata, añade, de una carga que afectaría a un número extremadamente reducido de personas extremadamente ricas, unas 3 mil en todo el mundo, y que significaría una pequeña cantidad de sus ganancias.
Finaliza diciendo que: “En las democracias liberales una ola de descontento político está ocurriendo, enfocada a salir de la desigualdad que corroe las sociedades”.
La idea de un impuesto a los superricos está permeando también en América Latina. De acuerdo con un artículo de Bloomberg (27022024), la adopción de un tributo a las grandes fortunas ha tomado fuerza debido a la constatación de dos hechos relevantes: el aumento significativo de la concentración del ingreso y la riqueza, y la evasión cada vez mayor por la fuga de capitales a los paraísos fiscales.
El reportaje señala que el impuesto a la riqueza ha adoptado diferentes enfoques en Latinoamérica, pues “mientras Colombia, Uruguay y Argentina tienen una imposición universal, Chile, México y Perú gravan ciertos activos, especialmente inmuebles, pero no poseen un tributo general al patrimonio…”.
Por ejemplo, en Uruguay, existe el Impuesto al Patrimonio (IPAT). Las personas físicas están obligados a presentar una Declaración Jurada (DJ) anual si sus caudales superan el Mínimo No Imponible (unos 155 mil dólares) con una tasa única de 0.1 por ciento; para las entidades morales y las personas no residentes la tasa se eleva al 1.5 por ciento; y si estas últimas pertenecen a un territorio de baja o nula tributación, hay una alícuota superior al 3 por ciento.
Por su lado, el presidente brasileño Lula da Silva, promulgó a finales de 2023 un impuesto del 15 por ciento que grava a los fondos de inversión de “los superricos” y con 22.5 por ciento los capitales de residentes brasileños depositados en paraísos fiscales. De esta manera, el gobierno espera recaudar más de 5 mil millones de dólares en 2025.
Lamentablemente, en México no se grava el patrimonio de las personas físicas (con excepción del predial que arroja una cantidad muy pequeña), ni las herencias o donaciones de las personas más acaudaladas.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio reciente de Oxfam (23012024), la desigualdad extrema de la riqueza en México no deja de aumentar. A pesar de los avances en el último lustro para mejorar la distribución del ingreso, poco o nada se ha hecho para mejorar la distribución de la riqueza. De esta manera, los ultrarricos (14 personas con una fortuna de más de mil millones de dólares) concentran el 8.18 por ciento de la riqueza de nuestro país; los ricos, unas 300 mil personas que tienen un patrimonio de más de un millón de dólares, concentran el 51.67 por ciento (lo que sumado a los ultrarricos da un total de 60 por ciento); la mitad más pobre apenas posee el 4.77 por ciento, y el resto de la población (que no pertenece a esa mitad y tampoco a los ricos o superricos), el 35.38 por ciento.
Esta desmesurada concentración de la riqueza se ha acentuado por una estructura del Impuesto sobre la Renta que beneficia a las personas de ingresos más elevados. Además, no afecta los patrimonios más abundantes. Lo anterior, Oxfam lo atribuye a que: “(La) excesiva concentración del poder económico guarda una estrecha relación con el poder político: los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia. Once de los catorce ultrarricos mexicanos se han beneficiado y se siguen beneficiando de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas, lo que ha representado la transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado”.
La desigualdad y los bajos impuestos van de la mano en México, como sucede en la mayor parte del mundo, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados. Una desigualdad que ha tomado rasgos escandalosos y que, como afirman varios especialistas, está erosionando la democracia: causa malestar social y pérdida de confianza en las instituciones.
En México, la mejoría de los últimos años, gracias a los aumentos a los salarios mínimos y a las transferencias monetarias a las familias (como el Programa de Adultos Mayores), no debe ocultarnos los riesgos que entraña la concentración de la riqueza y la baja tributación, especialmente al percentil más acaudalado. Particularmente ahora que la capacidad de las finanzas públicas parece haber llegado al límite. Así las cosas, como dice Zucman, también en México ha llegado la hora de gravar los billonarios, uno de los cuales, por cierto, tiene una fortuna equivalente a la mitad más pobre del país.

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El presidente López Obrador celebrará, por última vez en su sexenio, el día de los trabajadores. Todavía es pronto para llevar a cabo un balance final pero sin duda sobresalen algunos logros: las reformas legales que abrieron el paso a la democracia sindical y una nuevo sistema de justicia para los asuntos laborales; el aumento de más del 100 por ciento del salario mínimo; la regulación de la subcontratación; el aumento de los días de vacaciones pagadas; la aprobación del Convenio 190 de la OIT acerca de la violencia y acoso laboral; la regulación del teletrabajo; y una nueva tabla de enfermedades profesionales. También, aunque más discutible, una nueva reglamentación del reparto de utilidades y dos modificaciones a los ordenamientos legales que rigen las pensiones contributivas.
Los aumentos a los mínimos y en menor medida a los contractuales lograron revertir las tendencias de las últimas décadas y permitieron un aumento de la masa salarial: en el segundo trimestre de 2023 se situaba 28% por arriba del nivel del primer trimestre de 2016 (Cf. http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/issue/view/62). Gracias a estos incrementos, a mayores transferencias monetarias a los hogares y a las remesas, se abatió la desigualdad y la pobreza multidimensional en unos cuantos puntos porcentuales (aunque no la pobreza extrema).
No hubo sin embargo un cambio estructural como lo demuestra el hecho de que más del 55 por ciento de las personas ocupadas sigan laborando en la informalidad. Y es que el aparato productivo tuvo una expansión que alcanzará menos del 2 por ciento promedio en todo el sexenio. Ello, debido a la pandemia, pero asimismo a una política fiscal conservadora durante los primeros cuatro años.
Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) aumentó sensiblemente lo que, junto con la inversión pública, logró estabilidad económica al mismo tiempo que una redistribución del ingreso después de varias décadas de empobrecimiento laboral.
Quedan varios pendientes, principalmente, la reducción de la jornada semanal a 40 horas y la reglamentación del trabajo mediante plataformas digitales. La iniciativa de reforma constitucional presentada por Morena pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios. Como era de esperarse, el sector empresarial rechazó la propuesta y, lamentablemente, logró “congelarla”. Sin embargo, hay que destacar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en las naciones más desarrollados e incluso que otras similares a la nuestra, como Brasil. Además, en el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado”, éstos laboran 20 por ciento más horas que el en el sector servicios. Recordemos que las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras en la industria manufacturera.
De esta manera, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. El nearshoring, es decir, el traslado de diversas industrias principalmente desde China, a países como México, debe servir para construir un esquema de crecimiento que no descanse en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores. Abriría el camino para transitar de un modelo maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos y en un mayor crecimiento.
En lo que concierne a los empleados por plataformas digitales hay que destacar que ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos. No tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral.
Las reformas de las pensiones merecen una anotación especial: la de 2021, destinada únicamente a trabajadores afiliados al IMSS aumentó las aportaciones de los patrones y del Estado y redujo las semanas de cotización necesarias para jubilarse (aunque éstas aumentarán de 750 a mil en un plazo de diez años); por su parte, la que se aprobó recientemente, creó un Fondo para trabajadores tanto del IMSS como del ISSSTE. En este último caso, la discusión se contaminó con la campaña electoral y la discusión que tuvo lugar en el Congreso se convirtió en una comedia de equivocaciones y mentiras. A pesar de que habrá una mayor carga fiscal para el Estado, el proyecto no fue acompañado de un cálculo actuarial que permitiera vislumbrara su impacto en el mediano y largo plazo. Por su lado, la oposición se agarró de un argumento falaz, la apropiación indebida del ahorro de los trabajadores, para ocultar el verdadero fondo del problema: la existencia de un sistema privado que no sirve para otorgar pensiones dignas para los trabajadores.
También queda pendiente un régimen de salud más robusto para todos los mexicanos (frente al fracaso del Insabi) y mejorar los servicios del IMSS y especialmente del ISSSTE. Una cuestión más: el seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México), no obstante que ya lo han adoptado varios países de América Latina desde hace décadas.
Además, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesita, igualmente, construir un extenso sistema de instituciones del cuidado.
Finalmente, se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada.
A lo anterior, para un balance del sexenio más completo, habría que agregar la evaluación de las nuevas instituciones como el Centro de Conciliación Federal y los Tribunales Laborales. Sin embargo, en estos asuntos, el análisis requerirá más tiempo debido a que se trata de organismos nuevos que todavía no se consolidan. Han faltado recursos y personal calificado. Hay que anotar, también, que los trabajadores apenas se están informando de sus nuevos derechos. De esta manera, la reforma “destruyó” más de cien mil contratos colectivos y miles de registros sindicales (legalmente existentes, pero que en realidad eran falsos ya que eran desconocidos por los trabajadores) y ha “construido” pocas organizaciones democráticas y representativas de los trabajadores (además del puñado que ya existía). No ha habido pues una fiebre sindicalista, lo que se ha reflejado en pocas huelgas y movilizaciones obreras.
Podría pensarse que los pendientes son muchos. No obstante, reflejan el abandono y el atraso legal de la cuestión laboral en México: durante más de cuarenta años, hasta 2017, los ordenamientos jurídicos en esta materia no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto de 2012). Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”.
En resumen, el presidente López Obrador seguramente va a despedirse este 1º de mayo defendiendo los logros de su gobierno, innegables y muy importantes, y no hablará mucho de lo que falta por hacer. Si hubiera que formular un balance todavía provisional del sexenio en pocas palabras, podría decirse que hubo un cambio de tendencia, pero aún no se ha alcanzado una mudanza estructural. Seguramente el próximo gobierno debatirá si conviene consolidar lo ganado o ir por más reformas trascendentes. Ojalá que los trabajadores tomen la palabra y señalen cuál debe ser el rumbo en los próximos años.

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De acuerdo con el mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó hace unos días los llamados “pre-criterios” para 2025. Se trata de un documento que se elabora anualmente en el que las autoridades del ramo repasan la situación económica internacional y de México durante el año en curso y plantean algunas estimaciones para el siguiente, en este caso, 2025. Puesto que se trata del último año de esta administración y el primero del próximo sexenio, el documento puede servir para llevar a cabo un balance, todavía provisional, del gobierno de AMLO en materia económica y el esbozo, a trazos muy gruesos, de la situación que enfrentará el gobierno que surja de las elecciones de junio.
En cuanto a lo primero, destaca el hecho de que el crecimiento del PIB, visto en su conjunto, es decir de 2019 a 2024, será de aproximadamente 1.1 por ciento anual. En el sexenio de Peña Nieto (2013 -2018) fue de 1.9 por ciento, calculado ambos periodos a pesos constantes de 2018. Desde luego, en la evaluación de la actual administración hay que tomar en cuenta la fuerte caída del producto por los efectos del Covid en 2020, pero también una política fiscal conservadora que empezó antes de la catástrofe y se prolongó desde 2019 hasta 2022. En 2023, en cambio, informa la SHCP, la economía creció más aceleradamente que en los años anteriores, básicamente por tres factores: a)los aumentos a los salarios y el empleo; b) el aumento de la inversión privada, sobre todo externa, debido a la “reconfiguración” del comercio mundial, el llamado “nearshoring”; y c) una mayor inversión pública en las obras prioritarias de infraestructura del gobierno: el AIFA, la refinería en Tabasco, el Tren Maya, y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Para 2024, en cambio se prevé un crecimiento un tanto menor y, para 2025, un panorama todavía más pesimista, debido a que la economía de Estados Unidos conocerá una desaceleración, lo que implicará una caída de las remesas hacia nuestro país, de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, y del turismo extranjero.
El crecimiento de 2023 se distingue, asimismo, del ocurrido en los años anteriores porque hubo un aumento de la deuda pública de casi dos puntos del PIB: alcanzó en ese año un 46.8 por ciento frente a un aproximado de poco más el 45 por ciento en que se encontraba en 2019. Para el cierre de 2024, se calcula que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se elevarán a 5.9 por ciento del PIB, un porcentaje superior a lo aprobado por el Congreso (5.4 por ciento), y bastante mayor al ocurrido en el sexenio de Peña Nieto (alrededor de 2.5 por ciento). El aumento de la deuda para cubrir el déficit de las finanzas públicas ocurre a pesar de que, dicen los pre-criterios, “los ingresos presupuestarios aumentarán al cierre del año en 0.6 por ciento del PIB sobre lo aprobado, debido a mayores ingresos petroleros (0.3 por ciento del PIB) relacionados con un mayor precio del petróleo. Asimismo, por un aumento en los tributarios no petroleros (0.2 por ciento) por un mejor desempeño de la recaudación de ISR, así como por mayores ingresos de organismos y empresas (por 0.1 por ciento.)”
Sin embargo, si comparamos los ingresos presupuestarios del sector público en 2018 con los estimados para 2023, se observa que aumentaron en 1 punto del PIB, significativo pero insuficiente como lo muestran los datos mencionados anteriormente.
En materia de inflación, los resultados de la administración han sido relativamente exitosos pues Hacienda afirma que se logrará bajarla hasta 3.8 por ciento en 2024, lo que la pone muy cerca de los niveles del final del sexenio anterior. Además, se comprobó que los incrementos al salario mínimo no han exacerbado la inflación.
Por su parte el tipo de cambio (en pesos por dólar nominal), como se ha presumido varias veces, se ha revaluado sensiblemente: andaba en 19.5 pesos a principios del sexenio y en 2024 será, se estima, de 17.6 pesos por un dólar promedio (en estos momentos anda en 16.56 pesos).
El aumento del costo de la deuda y la revaluación del peso, se explican, en buena medida, por las altas tasas de interés tanto a nivel internacional como en México. En 2023 los CETES llegaron a más del 11 por ciento; luego, hace unas semanas, bajaron un poco y se espera que disminuyan a 10.3 por ciento al terminar 2024. En 2019 esa tasa era de 7.65 por ciento. Hubo pues un aumento sustancial y muy rápido de este indicador durante el sexenio. Este incremento encareció la deuda, pero al mismo tiempo atrajo divisas y abarató el dólar.
En materia de petróleo, las cosas no han mejorado mucho: aunque los precios internacionales aumentaron en más del 25 por ciento desde 2019, la plataforma de exportación del crudo bajará a alrededor de 45 por ciento a final del sexenio. Lo anterior, acompañado de una caída de la plataforma de producción de más de 9 por ciento.
Por su lado, los salarios reales, tanto el salario medio de cotización del IMSS como los mínimos, aumentaron en el sexenio de AMLO. Los últimos en más del 100 por ciento. En cambio, en el sexenio de Peña se deterioraron hasta 2018, año en que tuvieron un ligero repunte.
En resumen: la economía tendrá, entre 2019 y 2024, un crecimiento promedio menor al observado en el sexenio anterior porque tuvo dos fuertes obstáculos de carácter mundial: la epidemia del Covid y las altas tasas de interés. Estos dos factores explican el casi nulo crecimiento entre 2019 y 2022. En cambio, en 2023, la mejora de los salarios y una mayor inversión, extranjera y pública, cambiaron la dinámica de crecimiento. A partir de este año, además, el gobierno gasta más y abandona la política restrictiva: el déficit de las finanzas públicas es mayor y el endeudamiento también crece. De esta manera, a pesar del aumento de las tasas de interés, la economía logra un mejor dinamismo, y al mismo tiempo, bajar la inflación.
La afortunada coincidencia que se produjo entre los incrementos salariales y una mayor inversión privada y pública explica entonces, fundamentalmente, los buenos resultados en 2023 y, en menor medida, los de 2024.
No obstante, para el próximo año, aunque esto dos factores, los salarios y la inversión, probablemente sigan aumentando, lo harán a un ritmo menor. El comportamiento de la economía estadunidense se traducirá en menores exportaciones de México a ese país. Igualmente, es previsible que disminuya la inversión pública y el gasto corriente (hacienda calcula un recorte de más de 800 mil millones de pesos). Todo ello provocará una menor tasa de crecimiento del PIB para 2025, respecto a los dos años anteriores.
La próxima administración tendrá entonces que remar contra la corriente o dejarse llevar por la inercia. La primera opción debería traducirse en un aumento de los ingresos presupuestales del sector público que difícilmente pueden venir de la exportación de petróleo dado que los precios internacionales tienden a la baja y la plataforma de producción ha venido cayendo. Surge entonces la necesidad de aumentar los ingresos tributarios para que el gasto y la inversión públicas se recuperen pronto y sirvan de palanca para el crecimiento y el bienestar de la población.
La segunda opción, la inercial, significaría dejar que, principalmente, la inversión privada, sobre todo la extranjera directa, impulsen la economía. Sin embargo, debido al posible comportamiento de la economía de Estados Unidos, ya señalado, ésta podría ser menos cuantiosa que en 2023 y 2024. En esas condiciones, el crecimiento económico del país navegaría entre el 1 y 2 por ciento anual durante los próximos años (Hacienda, de manera optimista, calcula 2.5 por ciento para 2025).
En resumen, el gobierno que tomará las riendas el 1º de octubre tendrá que enfrentar una situación más adversa que la que vivimos en estos momentos. Esperemos que, más allá de las promesas de campaña, se esté trabajando en un proyecto realista que tome en cuenta los vientos en contra que ya empiezan a soplar pero que se harán sentir con mayor fuerza en los años por venir.

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Dicen que las comparaciones son odiosas. Puede ser, pero muchas veces son útiles. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicó hace unas semanas su Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2023. Con base en los números ahí publicados, se puede observar que los cinco países más poblados son, en ese orden, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Los cinco, en su conjunto, representan el 72 por ciento de la población total de la región.
Sin embargo, si tomamos en cuenta su producción, medida por el PIB de 2022 a precios constantes de 2018, las cosas cambian un poco. Brasil y México ocupan los primeros dos lugares y en el tercer sitio está Argentina, luego Colombia y enseguida Chile, dejando a Perú en el sexto lugar. Los cinco más importantes representan casi el 80 por ciento del total de la región. Esto último indica que la producción está más concentrada que el número de habitantes, lo que es un indicador de las desigualdades de América Latina y el Caribe (ALC).
Como quiera, está claro que México es el segundo país más poblado y la segunda economía más importante de la región. Si bien Brasil tiene 1.7 veces más habitantes que México, el tamaño de su economía es, comparativamente, un poco menor: 1.6 veces más grande que la nuestra.
Si bien la importancia de México es notoria por el tamaño de su población y de su economía, esa condición no se refleja en otros indicadores. En primer lugar, la población urbana de nuestro país (79 por ciento) es relativamente menor que la de Argentina (la más urbanizada, 93.2 por ciento), Brasil, Colombia y Perú. Incluso, inferior a la del promedio de la región en su conjunto (82.4 por ciento). Ello se traduce en una mayor dispersión de un segmento de la población en pequeños núcleos rurales, lo que dificulta el acceso a servicios de salud, educación, dotación de agua y vivienda. Y también, frecuentemente, a ocupaciones mejor remuneradas y más productivas.
Por otro lado, la esperanza de vida al nacer, medida por años promedio, en 2023, era inferior en México (75 años) en comparación con Argentina, 78; Brasil, 76.2; Colombia 77,5; y Perú 77, e igualmente, menor que el promedio de ALC en su conjunto, 75.8 años. La tasa de mortalidad de menores de 5 años por mil nacidos vivos también es más alta en México que en Argentina, Brasil, y casi igual que en Colombia e inferior a la de Perú. En el caso de las tasas de mortalidad neonatal, México está también ligeramente por encima de Argentina, Colombia y Perú, aunque por debajo de Brasil. Sin embargo, en lo que se refiere a malnutrición infantil de menores de cinco años que se observó en infantes con retraso moderado o grave, el porcentaje en 2022 era claramente más alto en México (12.6 por ciento) que en Argentina (9.5 por ciento); Brasil (7.2 por ciento); Colombia (11.2 por ciento) y Perú (10.1 por ciento) e incluso Bolivia (11.1 por ciento).
Muchos factores pueden explicar estos datos comparativos: no obstante, si se toma en cuenta el gasto total como porcentaje del PIB en salud, los datos son, igualmente, preocupantes: nuestro país gasta muchos menos, entre 3 y 4 puntos del PIB, que Argentina, Brasil, Chile y Colombia (en los que el gasto se ubica en el 10 por ciento), y casi igual que Perú. Menos, incluso, que el promedio de América Latina y el Caribe en su conjunto: 6.2 por ciento en México frente a 8 por ciento para ALC.
En materia de educación, las cosas no son mucho mejor. Si bien las matrículas en educación pre-primaria; primara y secundaria “baja”, son similares a las de los países ya mencionados y se acercan al 100 por ciento, la que corresponde a la secundaria “alta” (suponemos equivalente a lo que aquí llamamos preparatoria) se cae dramáticamente: la tasa de la matrícula en este nivel es de 70.3 por ciento para México y 96 por ciento para Argentina, 88.5 por ciento para Brasil; 86.2 para Colombia; y de 83.6 por ciento para Perú. Lo anterior debe evaluarse con el dato de gasto público en educación como porcentaje del PIB para 2022: México gastó apenas el 4.6 por ciento mientras que Brasil erogó el 5.8 por ciento, Colombia el 5.3 por ciento, Chile el 5.6 por ciento y Bolivia el 8.4 por ciento.
Estos datos, acerca de la salud y la educación, basadas en cifras proporcionadas por la OMS y la Unesco, reflejan carencias muy graves de nuestro país y también algunos de los obstáculos más importantes para el bienestar y el desarrollo económico.
Por otra parte, las cifras de empleo y ocupación presentan claroscuros. Destaca la baja tasa de participación de la población en actividades económicas (no incluye las no remuneradas en tareas del hogar como veremos más adelante). Esa tasa es menor al 60 por ciento mientras que en otros países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú es superior a ese porcentaje, al igual que el promedio de la región (62.6 por ciento). Esto último debe relacionarse con la proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados entre hombres y mujeres: en México, las mujeres dedican casi 2.8 veces más tiempo a estas labores. En cambio, en los países mencionados, aunque la desigualdad entre los géneros persiste, esa proporción es menor: alrededor del doble en Argentina y Brasil; y menos horas que en Colombia y Perú. Puede concluirse entonces que la baja participación de la población en el mercado de trabajo se debe, entre otros factores, a la desigualdad entre los géneros en el reparto del tiempo en las tareas no remuneradas del hogar y los cuidados.
Ahora bien, la tasa de desocupación abierta de México es una de las más reducidas de América Latina: el promedio de la región alcanza el 7 por ciento en 2022 mientras que en nuestro país era apenas de 3.3 por ciento. Ese dato puede explicarse por diversas razones, por ejemplo, el tamaño de las actividades informales. Asimismo, debe considerarse la baja participación de la población en las actividades económicas, es decir, el porcentaje más pequeño que representa la Población Económicamente Activa (PEA). Un análisis más detallado muestra que existe una cantidad muy importante de personas, sobre todo mujeres jóvenes, que desean y necesitan una ocupación remunerada, pero no la buscan debido a la carga de las tareas del hogar y de cuidados, lo cual las ubica, según las estadísticas del Inegi, como Población Económicamente No Activa. De esta manera, si se incorpora a esas personas, la cifra de desocupación oculta o disfrazada en México se elevaría al 17 por ciento. Además, como se mencionó, la baja participación en el mercado de trabajo se ubica, principalmente, en el caso de las mujeres. Para 2023, la tasa de participación femenina en México fue de 46.1 por ciento mientras que el promedio para ALC fue de 50.9 por ciento; en países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú fue también mayor al 50 por ciento. (Cf. Samaniego y Escobar, ECONOMIAunam NO. 61, disponible en http://revistaeconomia.unam.mx/).
De esta manera, queda claro que la desigualdad de géneros es un obstáculo para el desarrollo y una injusticia que no debe tolerarse.
El Anuario de la CEPAL tiene información acerca de otros temas, como la desigualdad regional en cada país, de los cuales no es posible dar cuenta en esta nota. Pueden cuestionarse las cifras y encontrar algunos sesgos debido a las fuentes consultadas. Sin embargo, por lo menos en los asuntos descritos, la comparación es notoria y nos muestra algunos de los rezagos más importantes del país.
Las disparidades en materia de educación, salud y trabajo femenino en tareas no remuneradas, en comparación con los otros cinco países más importantes de América Latina (por su población y tamaño de la economía), deberían ser tomadas en cuenta para una agenda de políticas públicas urgente. Una mayor inversión en los sistemas públicos de salud, educación y de cuidados deberían formar parte de las prioridades para construir una nación más justa, igualitaria y con mejores condiciones para un desarrollo más acelerado. México ocupa un papel muy destacado en América Latina y el Caribe: tiene el potencial para que sus indicadores sociales se emparejen, por lo menos, con esa relevancia.

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Hace cuarenta y cinco años, en 1979, el partido Conservador de la Gran Bretaña ganaba las elecciones. Margaret Thatcher asumía el cargo de primera ministra. Al celebrar su triunfo, la futura gobernante aseguró que “se había producido un cambio de marea en la sensibilidad política del pueblo británico. Habían renunciado al socialismo, el experimento de treinta años había fracasado plenamente, y estaban dispuestos a probar otra cosa. Ese cambio de marea era nuestro mandato…”. La referencia al socialismo tenía que ver, más bien, con las políticas públicas que habían dominado en Inglaterra y buena parte de Europa (y a su modo en Estados Unidos) a partir de la posguerra, y que dieron lugar a lo que se llamó el Estado Benefactor (Welfare State), protegiendo al trabajador con seguro del desempleo, salarios reales al alza, prestaciones diversas, y salud y educación públicas. Junto a ello, un poder sindical que se manifestaba tanto en el control de los contratos en los centros de trabajo como en su influencia en las políticas gubernamentales.
El cambio de gobierno en el Reino Unido no se limitó a una alternancia en el poder entre dos partidos: fue, en realidad, el inicio de las políticas neoliberales que en los años siguientes se aplicarían en casi todo el mundo, incluyendo los países en desarrollo y particularmente en América Latina. Una parte sustancial de estas políticas consistió en la desregulación de las relaciones laborales, debilitando la contratación colectiva, imponiendo contratos inseguros, por tiempo determinado y de manera individual, y restando poder de negociación a los sindicatos, lo que llevó a rebajas de los salarios reales y la pérdida de prestaciones.
En los años recientes, sin embargo, hay indicios de un nuevo “cambio de marea” en materia laboral. Un documento publicado por Fundar, un centro de estudios argentino, elaborado por Etchemendy, Ottaviano y Vezzato, disponible en www.fuind.ar, asegura que en cinco naciones: España, México, Chile Estados Unidos y Colombia, se han propuesto diversas reformas y políticas que van en sentido contrario a las que dominaron los últimos lustros. Se proponen fomentar la generación de empleo de calidad, fortalecer las protecciones laborales, a los sindicatos y la negociación contractual. Algunas, particularmente en el caso de Colombia, están discutiéndose en el parlamento, pero otras ya se han aplicado con éxito. Además, se ocupan de nuevos problemas como los derechos de los trabajadores de plataformas digitales.
En los cinco países considerados han ocurrido incrementos salariales de los mínimos legales; en España, México, Colombia y Estados Unidos se ha buscado proteger al personal subcontratado y fortalecer la negociación de los sindicatos. Destaca el caso de España que, en 2021, aprobó una reforma laboral para limitar los contratos temporales; así, el número de empleados que laboran bajo esta modalidad se redujo de 24 al 17 por ciento del total; adicionalmente, se logró un aumento de los mínimos de 30 por ciento entre 2019 y 2023. En Chile, el año pasado se aprobó una reducción de la jornada laboral y un “reajuste” del salario mínimo. En Estados Unidos la aprobación de la PRO Act protege los derechos a la sindicalización y fortalece la contratación colectiva; también se aumentó el salario mínimo de los empleados federales aunque no de aquellos que laboran en empresas privadas; asimismo la Ley FLSA que regirá a partir de abril de este año, 2024, establece nuevos criterios para determinar si se trata de un trabajador asalariado o independiente, lo que permitirá ampliar los derechos de muchos trabajadores y regulará mejor la subcontratación. El estudio resalta las reformas laborales en México, destacando los aumentos al salario mínimo, los cambios a la LFT que propusieron un nuevo sistema de justicia laboral, impulsar la democracia, la libertad sindical y la negociación colectiva, e impedir la subcontratación disfrazada.
En fin, dice el estudio, las tendencias más importantes de las corrientes reguladoras contemporáneas se ubican en el terreno de la negociación colectiva, incluyendo los salarios, la estabilidad en el empleo, el fortalecimiento de los sindicatos, y nuevos derechos individuales para los asalariados.
En lo que se refiere a México, las reformas laborales han sido impulsadas no sólo por actores nacionales, el gobierno y las organizaciones sindicales, también por los acuerdos del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, lo cual podría verse como parte de una tendencia mundial de mejoramiento de las relaciones laborales. De la misma manera, la aprobación en Alemania de la Ley Federal sobre Debida Diligencia Corporativa en la Cadenas de Suministro (LkSG) que entró en vigor en 2023, obliga a las empresas de ese país a que evalúen y tomen las medidas adecuadas para prevenir riesgos de violación de los derechos humanos, particularmente en el ámbito laboral y ambiental. Esta ley aplica en el territorio alemán, pero ha propiciado la implementación de un plan piloto con un Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos para la industria automotriz alemana en México, el cual pronto se pondrá en práctica. De manera similar al T-MEC, las empresas alemanas y sus proveedoras podrán ser sujetas de reclamaciones por violaciones a los derechos laborales, según información proporcionada por la Fundación Ebert de México y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (giz).
Por otro lado, la solidaridad sindical parece, igualmente, tomar nuevos aires: de acuerdo con una información publicado en el periódico El Economista, “el sindicato estadunidense United Auto Workers (UAW) informó hace unos días que aprobó la creación de un nuevo proyecto solidario para apoyar a los trabajadores automotrices en México en su lucha por lograr mejores condiciones laborales. La UAW, que representa a alrededor de 400 mil obreros afirmó en un comunicado que “El proyecto proporcionará recursos a los trabajadores mexicanos y a los sindicatos independientes en México, y apunta a fortalecer la solidaridad transfronteriza entre los trabajadores estadunidenses y mexicanos”.
Recordemos que la UAW estalló una huelga que abarcó varias plantas de producción de Estados Unidos pertenecientes a General Motors, Ford, y Stellantis. Su duración fue distinta en cada una de estas empresas, pero en conjunto duró mes y medio, del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2023. Terminó con importantes logros para los trabajadores. En el caso de México, los obreros de la empresa automotriz Audi también se fueron a la huelga este año, y tras 25 días de huelga lograron un aumento de 7.2 por ciento directo al salario y 3.2 por ciento en prestaciones.
Las reformas laborales nacionales, un marco internacional más sensible a la problemática de los derechos de los trabajadores, y un mayor activismo de los sindicatos, incluso con muestras de solidaridad internacional, pueden tomarse como indicios de un cambio de marea, ahora en un sentido contrario a las políticas que surgieron con el mandato de Thatcher hace más de cuarenta años.
Son los primeros pasos hacia un nuevo esquema de políticas públicas que, sin embargo, no están plenamente asentadas. Las tensiones geopolíticas y los riesgos económicos que enfrenta el mundo, así como la posibilidad de cambios políticos bruscos en algunos países como Estados Unidos, no permiten asegurar que el capitalismo ha entrado en una nueva etapa caracterizada por una prosperidad compartida que ponga en el centro los derechos laborales.
No obstante, tampoco puede decirse que todo sigue igual. Una larga y tortuosa transición está ocurriendo. Por lo pronto, parece claro que aún hay espacio para nuevas reformas legales que protejan a los trabajadores. Sin embargo, puede ocurrir que lo alcanzado se revierta o no alcance a transformar, en los hechos, la situación de la mayoría de los asalariados. Por ello, la acción sindical tendrá que ser un actor fundamental en los próximos años, después de varias décadas de repliegue.

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En distintas publicaciones, tanto académicas como de amplia circulación, se comentan los cambios que están ocurriendo a nivel internacional. Desde luego, han surgido serias preocupaciones por los conflictos armados, particularmente la guerra en Ucrania y la ocupación de Palestina por Israel, pero también otros ubicados en distintas regiones del planeta: Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Nagorno-Karabaj (que involucra a Armenia y Azerbaiyán). En todos estos conflictos hay fuerzas armadas de distintas potencias (del G20) cuyo número no es muy grande; sin embargo, han afectado a cientos de miles de personas (Cf. Armed Conflict Survey).
Por otro lado, el panorama económico, igualmente, está cambiando sobre todo en lo que se refiere a las tendencias comerciales. Un estudio del Instituto MacKinsey (mckinsey.com/mgi) da cuenta de que, en 2023, México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos; el comercio de Vietnam con China y Estados Unidos ha ido aumentando; las importaciones de energía de las economías europeas se alejaron drásticamente de Rusia, mientras que las importaciones de algunos productos de China, como los vehículos eléctricos han aumentado. Estos cambios han tenido una razón geopolítica. Es decir, obedecen a las guerras desatadas y a la rivalidad entre las dos grandes potencias económicas, China y Estados Unidos. Sólo así puede entenderse que “los aranceles promedio sobre el comercio de bienes entre ambas potencias se hayan multiplicado entre tres y seis veces desde 2017” y que, “tras la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otras naciones impusieron sanciones comerciales a Moscú”. Posteriormente, el desvío de las rutas marítimas debido a la crisis del Mar Rojo que comenzó en diciembre de 2023 ha alterado los flujos comerciales. El estudio señala que, “en términos más generales, el número de nuevas restricciones al comercio mundial… ha aumentado constantemente, de unas 650 en 2017 a más de 3 mil en 2023”.
Para tratar de caracterizar estos cambios se han adoptado términos en inglés como “decoupling”, “derisking”, “reshoring”, “nearshoring” y “friendshoring”, aunque estos vocablos se refieren, especialmente, al caso de Estados Unidos, país que intenta alejarse de China y busca otros territorios para sus inversiones y proveedores de bienes de consumo final y refacciones.
Por su lado, Beijing ha adoptado otra estrategia y ha ido aumentando su participación en el comercio mundial, particularmente pero no sólo, con las economías en desarrollo de todo el mundo. Así, por ejemplo, Alemania disminuyó su comercio con Rusia y al mismo tiempo lo aumentó con China. El gigante asiático, “la mayor potencia comercial del mundo”, dice el estudio, se destaca por sus intercambios de mercancías con más socios geopolíticamente distantes que cualquier otra economía”.
El pretendido divorcio (“decoupling”) de Estados Unidos con China lo ha llevado a incrementar sus importaciones de bienes manufactureros con otros países. Sobre todo, con Vietnam y otras economías asiáticas, y México. Es en estos casos que se puede aplicar más claramente el término “nearshoring” o “friendshoring”, al tratarse de naciones que, según la óptica de Washington, parecen socios más confiables.
El estudio señala que “si bien la geometría del comercio mundial se ha ido reconfigurando gradualmente, su forma futura sigue siendo incierta…” Y avizora distintos escenarios: “una posibilidad podría consistir en un mundo desglobalizado, cada vez más fragmentado en el que el comercio se reoriente hacia el flujo entre economías geopolíticamente alineadas, tal como se ha observado con la disminución de la participación del comercio entre Estados Unidos y China o la reducción del comercio entre la UE y Rusia. Otra forma de reconfiguración podría llevar a la diversificación de las relaciones comerciales de tal manera que ninguna economía dependa demasiado de otra para los productos que importa, lo que implicaría una mayor inversión en nuevas instalaciones localizadas en diversas economías en desarrollo”. Podría decirse que la primera es la vía estadunidense y la segunda la que intenta China.
En el futuro cercano, el estudio considera que lo más probable es “el fortalecimiento de las agrupaciones comerciales regionales en América del Norte, la Unión Europea y la ASEAN. En lo que atañe a México, “el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) será y está siendo clave para sortear su confrontación con China”.
El estudio da cuenta de que nuestro país ha ganado mayor participación en el mercado de Estados Unidos, destacadamente, en los sectores agrícolas y de equipos de transporte. En esta última rama, la participación de México aumentó del 26 al 32 por ciento entre 2017 y 2023. México está exportando una gran cantidad de automóviles terminados a Estados Unidos y también muchas autopartes. Estas últimas, incluso, han crecido más rápidamente que las ventas de vehículos ensamblados.
Sin embargo, otro informe considera que América Latina en su conjunto está jugando un papel cada vez más importante en el comercio con China, en especial por su demanda de materias primas. Entre el año 2000 y 2022 el intercambio comercial entre ambas regiones multiplicó 35 veces su valor. La potencia asiática desplazó ya a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región, según datos de la CEPAL.
Ahora bien, el comercio entre América Latina y el Caribe y China tiene una estructura claramente definida: en 2022, el 95 por ciento de las exportaciones de la región correspondió a materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales, mientras que los envíos desde Oriente correspondieron en un 88 por ciento a manufacturas de tecnología baja, media y alta.
Es decir, parecería que México está adoptando un patrón distinto al de América Latina en su conjunto. Nuestro país ha captado y se espera que lo hará más en los próximos años, inversiones provenientes de Estados Unidos en empresas manufactureras orientadas hacia el mercado interno de su socio estratégico, mientras que AL en su conjunto ha tenido un mayor acercamiento comercial con China basado en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados.
Si estas tendencias se confirman, cabe interrogar: ¿podría México diversificar su comercio y sus inversiones para no depender casi exclusivamente de Estados Unidos?
La respuesta a esta pregunta no depende sólo de la voluntad de nuestro gobierno sino también de la evolución de los conflictos a nivel internacional y de otras mudanzas políticas. Si en las próximas elecciones en Estados Unidos resultara electo Donald Trump no hay seguridad de que la relación con México evolucione en los términos señalados. El gobierno estadunidense podría cerrarse más al exterior, para reducir su déficit comercial, y castigar a México, con el pretexto de la migración, con sanciones comerciales tal como sucedió en el pasado reciente.
Así las cosas, los cambios a nivel mundial muestran distintas tendencias sin estar completamente claro qué rumbo tomarán, influenciados por fenómenos políticos internos y el desenlace de los conflictos internacionales que son difíciles de vislumbrar.
En estas condiciones, el próximo gobierno tendrá que tomar distintas medidas, según evolucionen los acontecimientos en el plano internacional. En todo caso, se requerirá una política de Estado capaz de reaccionar oportunamente y tratar de aprovechar las circunstancias en beneficio de los mexicanos. Sobre todo, la próxima administración deberá contar con una política industrial que amplíe la infraestructura productiva pero también proteja a los trabajadores mexicanos. Vivienda, salud, educación, cuidados y condiciones de trabajo dignas acompañadas de un sindicalismo democrático y más vigoroso. Otros caminos ya los hemos visto: un país maquilador con trabajadores sumidos en la miseria, o exportador de materias primas sin beneficios tangibles para la mayoría de la población.

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A fines del año pasado, el Banco Mundial publicó su “Informe sobre la deuda Internacional”, el cual advierte que, debido al aumento de las tasas de interés a nivel mundial, el mayor en cuatro décadas, los países en desarrollo destinaron una cifra récord equivalente a más de 443 mil millones de dólares al pago de su deuda pública externa. Ese incremento trajo como consecuencia que desviaran recursos de rubros tan indispensables, como salud, educación y medio ambiente.
El estudio precisa que, debido al aumento de las tasas de interés, el servicio de la deuda (amortizaciones al capital e intereses) aumentó 5 por ciento respecto al año anterior en todos los países en desarrollo. Aún más, las 24 naciones más pobres, según proyecciones del Banco, tendrán un alza considerable de los costos del servicio de la deuda, los cuales podrían alcanzar hasta un 39 por ciento del PIB entre 2023 y 2024, lo que plantea un escenario crítico para los próximos años.
El encarecimiento del crédito ya ha provocado que, en los últimos tres años, 10 países en desarrollo hayan cesado los pagos de sus deudas y se calcula que el 60 por ciento de las naciones más pobres corren el riesgo de caer en una situación de sobreendeudamiento , es decir, que no puedan pagar o reduzcan drásticamente sus gastos para el desarrollo social y económico.
Y es que muchos de los países más pobres contrataron una parte de su deuda a tasas variables, lo que resultó en aumentos de los pagos de un año a otro, a veces de manera muy elevada. Además, aquellos que no pagaron su deuda en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda diseñada por el Grupo de los 20 (conformado en su mayoría por las naciones más ricas del planeta), acumularon capital, intereses y comisiones que hacen más pesadas ahora sus obligaciones. En otras palabras, sólo se les otorgó tiempo, pero no se redujeron las deudas ni los costos de sus servicios.
El documento aprecia que los problemas se están agudizando ya que, además de tener que pagar más por su deuda, al mismo tiempo, han disminuido las opciones de financiamiento para los países en desarrollo. Los préstamos de entidades públicas disminuyeron alrededor de un 23 por ciento. En el caso de las instituciones privadas las cosas fueron más negativas; según el BM, “Es la primera vez desde 2015 que los acreedores privados recibieron más fondos que los que destinaron a los países en desarrollo”.
El informe apunta que en 2022 las instituciones multilaterales prestaron 115 mil millones de dólares a bajo costo para los países en desarrollo, de los cuales la mitad fue proporcionada por el Banco Mundial. Sin embargo, como puede deducirse de las cifras que el propio Banco expone, el esfuerzo ha sido insuficiente. También lo han sido los esquemas diseñados por las naciones más poderosas.
Desde mediados de 2023, la ONU había advertido que la deuda pública mundial se había elevado notablemente y que los países en desarrollo acumulaban el 30 por ciento del total, unos 28 billones de dólares. Y destacaba igualmente que “La mitad de la humanidad vive en naciones que se ven obligadas a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación, lo que significa nada menos que un desastre para el desarrollo”. Así mismo, precisaba que 52 países que representan el 40 por ciento del mundo en desarrollo están en “graves problemas “.
Por ello, consideraba indispensable “un mecanismo de reestructuración, suspensiones de pagos, plazos más largos y tasas más bajas para los países más pobres y de renta media que estén en una situación vulnerable”.
En enero de este año, 2024, en su reporte anual, “La situación económica mundial y sus perspectivas”, la ONU abundaba:
Para los países desarrollados, debido a las políticas monetario restrictivas (y en especial la persistencia de tasas de interés elevadas) el riesgo de una recesión en 2024 aún es posible; aún si no sucede, la mayoría de esas naciones tendrán un crecimiento más débil. En los casos de los países en desarrollo, esas políticas “exacerbarán los riesgos de sustentabilidad de sus deudas e impedirán las muy necesarias inversiones que se requieren en alcanzar las metas de desarrollo sustentable”.
De esta manera, el panorama económico, al menos en el corto plazo, es pesimista: el PIB mundial será más lento y caerá de un estimado 2.7 por ciento en 2023 a 2.4 por ciento para este año.
Por su lado, el FMI, en septiembre del año pasado, reportó que en 2022 “la carga de la deuda mundial… se mantuvo por encima del nivel anterior a la pandemia, nivel que ya era elevado, y alcanzó el 238 por ciento del PIB mundial”. A pesar de todas estas advertencias y proyecciones, casi nada se ha hecho, especialmente en lo que toca a los países más pobres.
Si algunos de los problemas señalados en el panorama mundial se agravaran sensiblemente, los efectos adversos para México podrían ser varios. En primer lugar, porque una caída del PIB en los países más desarrollados (y una recesión, especialmente en Estados Unidos) reduciría el comercio y las inversiones. Por otra parte, si la crisis de la deuda en los países en desarrollo se extiende, ello puede afectar también al nuestro debido a que los acreedores, sobre todo privados, pueden restringir el refinanciamiento de las deudas, reducir los plazos de pago, y encarecer los créditos. En un extremo, incluso los fondos de los organismos multilaterales podrían volverse aún más escasos.
Mientras no se construyan mecanismos realistas y efectivos para resolver el problema de sobreendeudamiento de muchos países que ya lo padecen, estos riegos serán cada vez más acuciantes. Medidas de alivio de las deudas suponen un mayor desembolso de las naciones más acaudaladas en recursos disponibles para los organismos multilaterales y obligar a los acreedores privados a restringir sus ganancias para tomar medidas como las que recomienda la ONU. Sin embargo, en momentos de tensiones políticas internas y externas; guerras regionales como las que observamos en Medio Oriente y en Ucrania; y expectativas económicas poco favorables, los gobiernos de los países ricos parecen prestar poca atención a los sufrimientos de las regiones menos desarrollados.
México, según documentos de la SHCP, está en mejores condiciones que otras naciones. La deuda pública total es relativamente menor que la de otros países (48.8 por ciento del PIB para 2024 en el caso de México y 51.6 por ciento para América Latina); la proporción entre la deuda externa e interna tiene niveles aceptables; y los apoyos, sobre todo del FMI, han sido exitosos. Aun así, los requerimientos financieros del sector público han aumentado del 15.3 por ciento en 2022 al 16.2 por ciento del PIB calculado para 2024. Ello se debe a que las necesidades del gobierno federal alcanzarán para este año los 4.25 billones de pesos, un 12.4 por ciento del PIB, frente al 11 por ciento de 2022. Esto último debido en buena medida a que el financiamiento del déficit público aumentará de 3.2 por ciento del PIB en 2022, al 5.5 por ciento para este año.
Es decir, aunque no estamos en riesgo de caer en suspensión de pagos o en alcanzar un nivel de sobreendeudamiento crítico de acuerdo con los parámetros del BM, el peso de la deuda en el presupuesto es ya oneroso. A tal punto que el gobierno ha anunciado, discretamente, la posibilidad de recortes al gasto y medidas de austeridad mayores para este año.
Para la próxima administración, lidiar con un escenario como el descrito será un reto fundamental y muy complejo. En un contexto internacional sombrío y cargado de incertidumbres, y un presupuesto con requerimientos financieros relativamente elevados, aumentar el déficit público y pedir más préstamos no parece recomendable. De esta manera, tendrá que abrir otras opciones: una restructuración del gasto para atender las necesidades más importantes y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos fiscales. Ambas cosas exigirán, a su vez, consensos, legitimidad y una reconsideración de la política económica seguida hasta ahora. Esperemos que lo anterior fortalezca y no debilite los esfuerzos por construir un país más justo y sustentable.

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El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, un estudio de la Cepal publicado recientemente da cuenta de los graves problemas de desigualdad que sufre la región. En primer lugar, señala que en los últimos diez años “el crecimiento económico promedio ha sido extremadamente bajo, de solo un 0.8%, menos de la mitad del ocurrido durante la denominada década perdida de los años ochenta”. Lo anterior, advierte, ha propiciado altos niveles de desigualdad.
Sin embargo, agrega el informe, a partir del año pasado se pueden advertir algunas tendencias positivas: una caída en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, una reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, un incremento en las tasas de participación laboral y el empleo y una caída de la desocupación en 2022.
Esta mejoría relativa no debe ocultarnos otro problema de enorme importancia: la distribución personal de la riqueza. Algunos estudios muestran que en 2021 “el decil superior concentraba bastante más riqueza que ingreso, y que la diferencia en cuanto a la participación en cada uno de ellos oscilaba entre 15 y 21 puntos porcentuales”.
Así, “la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad y… tiende a perdurar de una manera más sólida a lo largo del tiempo”, debido a que “suele transmitirse entre generaciones” (sobre todo por medio de las herencias y los negocios controlados por la misma familia).
La concentración de la riqueza, agrega el estudio de la Cepal, tiene efectos negativos en el desarrollo económico, pero también en la política ya que puede aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las élites y las instituciones, especialmente cuando “el origen o el aumento de la riqueza de los multimillonarios se explica por sus conexiones políticas…, lo que puede llevar a cuestionar la legitimidad de su patrimonio y fomentar las tensiones sociales”.
Ahora bien, la Cepal advierte que no hay fuentes oficiales para medir la extrema riqueza en los países de América Latina y el Caribe por lo que el estudio decidió recurrir a la información recopilada en la lista anual de multimillonarios de Forbes. En esa lista figuran todas las personas del mundo cuyo patrimonio personal neto es igual o superior a mil millones de dólares (excluyendo a las personas involucradas en actividades ilegales). Ese patrimonio es la suma de activos financieros y no financieros menos las deudas.
En 2022 el patrimonio de ese puñado de “milmillonarios” de la región llegó a 453 mil millones de dólares corrientes lo que significó un aumento de 4 mil 600 millones respecto a 2021. Sin embargo, descontando la inflación (particularmente aguda en 2021 y 2022), la riqueza real de esos milmillonarios cayó 6.6%, a un nivel casi igual a la que detentaban un año antes de la pandemia.
El estudio señala que, en el caso de México, “se observó que en los últimos tres años la concentración de la extrema riqueza de estos milmillonarios cayó en comparación con los años previos a la pandemia. En 2018 representaba un 4.5% de la riqueza de la población total y cayó al 2.7% en 2020 aunque volvió a elevarse en 2021 a 3.3%. En este último año, la riqueza de los mil millonarios aumentó alrededor de 3 veces más que el patrimonio del resto de la población”.
Los sectores de actividad en los cuales se concentró la mayor parte del patrimonio real de los milmillonarios latinoamericanos fueron: finanzas e inversiones, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, y minería y metales, en ese orden de importancia.
El estudio de la Cepal, como se advierte, no da cuenta de la estructura de la distribución de la riqueza en la región. Tan sólo la que existe en manos de unos cuantos milmillonarios. Sin embargo, hay razones para considerar que la concentración patrimonial en México, a pesar de la mejoría en la distribución del ingreso, se acentuó en los últimos años en los estratos más acomodados de la población.
Según el portal Wealth Inequality que ofrece datos acerca de la concentración de la riqueza para diversos países del mundo, en México el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.2%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.7 por ciento y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47 por ciento de la riqueza nacional.
Por otro lado, con base en la Encuesta de Inclusión Financiera 2021 que llevó a cabo la Comisión Nacional de Bolsa y Valores y el Inegi, se advierte que “el 56% de la población adulta del país reportó haber sufrido afectaciones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19”. Los daños fueron más graves en las regiones Sur (58%) y Centro Oriente (67%). La encuesta también señala que “ la población afectada se vio obligada a recurrir a diversas medidas para enfrentar el choque económico. Casi la totalidad de esa población (el 95%) reportó haber reducido sus gastos para enfrentarla” y “alrededor de 8 de cada 10 personas recurrió a sus ahorros”. Además, el 18% declaró haber empeñado o vendido bienes.
Es decir, la mayoría de la población tuvo una pérdida de patrimonio que fue resultado de una disminución del ahorro personal y de los bienes que poseían (y que tuvieron que vender o empeñar). Ello, independientemente de que, al reducir su consumo, se privaron de la compra de inmuebles u otros enseres que hubieran formado parte de su patrimonio futuro.
La encuesta señala, adicionalmente, que un 40% de la población adulta carecía de cualquier instrumento de ahorro y quienes tenían alguno o algunos, éstos consistían en cuentas de ahorro, cheques y nómina, instrumentos que proporcionan una muy baja o nula tasa de rendimiento. En cambio, apenas el 2% de la población adulta en México tenía una cuenta en inversiones y depósitos a plazo, las cuales ofrecen tasas mucho más altas. Finalmente hay que advertir que sólo el 33% de la población adulta tenía acceso al crédito, principalmente mediante una tarjeta de una tienda departamental (20%) o de crédito bancaria (11%).
Lo anterior quiere decir que una gran parte de la población no puede ahorrar y quienes lo hacen, en su enorme mayoría, no reciben beneficios. En cambio, aquellos que se endeudaron, han tenido que pagar intereses muy elevados.
Esta situación seguramente se agravó para la gran mayoría de los mexicanos cuando el Banco de México decidió aumentar las tasas de interés. Recordemos que esos incrementos escalaron rápidamente del 4% en junio de 2021 al 11.25% en mayo de 2023.
En resumen, hay razones y evidencias para suponer que la tendencia en la concentración de la riqueza no fue la misma que en el caso de los ingresos. En un primer momento debido a los daños ocasionados por la pandemia (pérdida de ahorros y bienes) y luego por el rápido aumento de las tasas de interés que afectaron los créditos contratados, particularmente en tarjetas departamentales y de crédito ( aunque también los hipotecarios). Todo ello afectó seguramente, a la mayoría de las familias. Por otra parte, la elevación de las tasas, en los últimos dos años, ha rendido ganancias por encima de la inflación a aquellas personas que poseen cuentas de inversión y a plazo, las cuales forman una minoría muy reducida.
La concentración de la riqueza, como dice la Cepal, afecta la economía y acentúa el malestar social y político. Sin embargo, al mismo tiempo, podría verse como una “oportunidad” para “obtener ingresos fiscales permanentes y progresivos que se pueden usar para aplicar políticas públicas que permitan garantizar los derechos sociales”. Es decir, pone sobre la mesa, con carácter prioritario, la necesidad de una reforma fiscal que grave más, de manera proporcional, el ingreso y el patrimonio de los más acomodados, quizás menos del 10% de la población. Un asunto que tendrá que ser tomado en cuenta por el próximo gobierno.

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