Ayer, unos 20 agentes ministeriales discapacitados se quejaron porque no hay avances por parte del fiscal general, Xavier Olea Peláez, para la regularización del salario que les fue recortado a cinco trabajadores, el pago de seguro de vida y de incapacidad a 200 ministeriales discapacitados.
Los inconformes se congregaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) para ser atendidos por funcionarios de la dependencia para atender las demandas laborales sobre 200 ministeriales discapacitados y para resolver sus peticiones.
Los inconformes comentaron que fueron atendidos por trabajadores de Recursos Humanos de la dependencia y acordaron que en la próxima semana resolverán sus peticiones y advirtieron que en caso de no ser atendidos intensificarán sus movilizaciones.
Rey David Cortés Flores  (vinculado al ataque a normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol) comentó que han solicitado desde el pasado 4 de febrero que se resuelva el caso de cinco policías a quienes les fue recortado su salario y ninguna autoridad ha explicado el motivo del descuento.
Argumentó que a los 200 policías ministeriales incapacitados están siendo vigilados por instrucciones de la dependencia para investigar si tienen algún tipo de discapacidad, incluso interrogan a vecinos, familiares y amigos para ser beneficiados.
Cortés Flores pidió que se reconozca su incapacidad por las autoridades, “y en caso de que haya ministeriales que estén siendo investigados por otras cuestiones lo deberán resolver de manera personal.
Dijo que estarían dispuestos a dejar sus plazas en la FGE siempre y cuando se les liquide conforme a la ley, “porque pretenden hacer un despojo de un derecho que ganaron en el servicio público”.
“Nos han dicho que el fiscal (Olea Peláez) declaró en los medios que quiere las plazas de los incapacitados, nosotros le hemos dicho que se las damos, siempre y cuando cobremos nuestro seguro y finanzas nos liquide de acuerdo a la ley”, finalizó.
El 16 de enero, ex policías ministeriales denunciaron que el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, giró una orden para que se investigue a más de 200 agentes de la FGE que están discapacitados, hecho que consideran injusto pues la mayoría trabajan en otros lugares porque la pensión que les dan es muy poca.