Representantes de organismos de derechos humanos y víctimas de tortura sexual exigieron que se ratifique la sentencia a los dos militares que violaron a la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú, luego de que los soldados interpusieron un recurso de apelación.
En conferencia ayer en Chilpancingo el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Alan García dijo que la sentencia de 19 años de prisión emitida por una juez federal en contra de dos militares que violaron a Valentina Rosendo Cantú, “es relevante e histórica” y marca un “precedente importantísimo” en el país para evitar la impunidad. Los Organismos no Gubernamentales (ONG) que lo acompañaron pidieron que se ratifique.
En la conferencia de prensa estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, de la Asociación por lo Justo, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Valentina Rosendo Cantú dijo que esperaba muchos años más de cárcel para los militares que la atacaron sexualmente, y no solamente los 19 que les impusieron, pero se siente satisfecha porque la sentencia marca un precedente para otras mujeres que han sido víctimas de tortura sexual.
Inés Fernández Ortega, otra víctima de tortura sexual por militares en 2002, dijo que espera que también en su caso se emita una sentencia similar a la de Valentina contra sus agresores.
El 1 de junio la juez del Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo, Iliana Fabricia Contreras Perales emitió la sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por violación y tortura sexual contra la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú ocurrida en 2002.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, organismo que dio seguimiento y acompaño jurídico al caso, declaró que la sentencia decretada desde un estado azotado por la impunidad y las violaciones a los derechos humanos impone límites a los abusos militares, y se establece un referente en beneficio de las mujeres víctimas de tortura sexual en el país, donde impera la impunidad y el Ejército era intocable ante sus acciones letales.

Las luchas de las guerrerenses son referentes y vitales, dice una vícima de San Salvador Atenco

La conferencia de prensa para hablar de la sentencia fue en un salón del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, en donde Norma Jiménez, sobreviviente de tortura sexual de San Salvador Atenco, Estado de México, dijo que los casos de Valentina e Inés Fernández son referentes y vitales para que otras mujeres emprendieran su lucha por la justicia.
Mencionó el caso de las 25 mujeres detenidas y torturadas en 2006 en San Salvador Atenco que son acompañadas por cuatro organizaciones convocantes, y 17 agrupaciones solidarias que iniciaron la campaña Rompiendo el Silencio, “porque entendimos que lo que nos ocurrió no fue un hecho aislado, y nos llenó de esperanza y fortaleza”.
Por su parte, Inés Fernández Ortega, indígena me’ phaa de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, quien también fue violada sexualmente por militares en 2002, pidió que en su caso también se haga justicia y que los militares que la agredieron acaben en la cárcel.
Solicitó a los asistentes que la acompañen en el proceso y que no la dejen sola, “para que mi caso llegue a la justicia”.
Valentina Rosendo hizo una reseña de todo lo que ha vivido en los 16 años de su lucha en busca de justicia, desde que en el 2002 fue violada por militares en su comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, pueblo que abandonó y tuvo que aprender el español para poder buscar justicia.
Dijo que por todo lo que ha pasado esperaba muchos más años de cárcel para los militares que la atacaron, y no solamente 19, pero aún así se siente satisfecha porque significa una base de esperanza para otras generaciones de mujeres que también han sido víctimas, e igual que ella buscan justicia.
Se quejó de que en México el gobierno nunca la escuchó, y por el contrario siempre la tachó de “mujer mentirosa”, que no quería a los militares en su comunidad porque siembra amapola. También denunció que fue víctima de hostigamiento y amenazas y por eso tuvo que buscar justicia fuera del país, “porque aquí en México no hay castigo para los militares violadores”.
Dijo que por eso hay muchas mujeres asesinadas y violadas, porque no se investiga ni castiga a los culpables, “no hay ningún hombre en la cárcel” y en seguida demandó a la juez que no libere a los militares que la violaron para que sirva de escarmiento a otros victimarios, pero también por la seguridad de ella.
Anunció que seguirá la lucha para que se haga justicia en otros casos como el de las mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco y el de Inés Fernández Ortega.
Abel Barrera mencionó que Valentina tuvo que salir del estado “porque si no aquí la mataban”, incluso en Chilpancingo en una ocasión quisieron quitarle a su hija.

La violación sexual se ha intensificado y convertido en un patrón coercitivo de amenaza hacia las mujeres: Centro Prodh

Por su parte, Gabriela Carrión, abogada del Centro Prodh, dijo que a partir del testimonio de Valentina Rosendo muchas mujeres han roto el silencio y citó que de 100 entrevistas de Amnistía Internacional en el país, 72 reconocieron haber sido víctimas de violencia sexual y a raíz de los casos de Valentina e Inés Fernández 100 mujeres se han acercado a ese organismo para denunciar lo que les pasó.
Contó que se han encontrado que son más frecuentes los casos de violación tumultuaria que las agresiones se cometen, incluso frente a sus familiares como padres e hijos, y que también la violencia se comete contra mujeres embarazadas. Dijo que la violación sexual se ha intensificado y convertido en un patrón coercitivo de amenaza hacia las mujeres.
Mientras tanto las investigaciones son nulas y a siete años de la reforma judicial no hay acciones mínimas para frenar los casos de tortura sexual, expuso.
Dijo que la sentencia por el caso de Valentina Rosendo es un primer paso para que todas las mujeres que han sido víctimas busquen justicia y haya un alto a la impunidad.
Calificó la sentencia como “relevante e histórica”, que marca un “precedente importantísimo” porque es un reconocimiento negado hace muchos años y finalmente tuvo una sanción.
Por su parte María Corina denunció que en México no hay voluntad de investigar cuando son los militares los implicados en las violaciones graves a los derechos humanos, y puso como ejemplo los casos de Valentina e Inés, “que son un precedente importante para que se sigan investigando los casos de tortura sexual cometidos en contra de las mujeres en México”.
María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional de Feminicidio explicó que la de Valentina Rosendo es una sentencia histórica porque materializa los estándares o criterios para juzgar con perspectiva de género la tortura sexual, para que la palabra de las víctimas sea fundamental para lograr la justicia. Agregó que por ello las mujeres reconocen la lucha de Valentina y de Inés.
En un boletín Tlachinollan dijo que la investigación por la violación de Valentina inició ante la justicia militar en México, donde la denuncia interpuesta no prosperó. “Por ello, luego de un largo proceso ante el Sistema Interamericano, el 31 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió una sentencia contra el Estado mexicano.
Añadió que este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se ordenó investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.
“Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la corte en 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar (CJM), estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles”.
Sin embargo cuestionó que a pesar de ese avance la reforma sigue siendo insuficiente y, por el contrario, en diciembre de 2017 el Ejecutivo federal publicó la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual da mayores facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, poniendo en riesgo el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Tlachinollan agregó en su boletín que además de abordar la responsabilidad de los militares, la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a la violencia sexual como un acto de tortura, lo que implica que “una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales”.
Agregó que el tribunal concluye que la violación sexual en el presente caso implicó una violación a la integridad personal de Rosendo Cantú, constituyendo un acto de tortura.
Tlachinollan consideró que la sentencia judicial dictada por la jueza Contreras a favor de Valentina Rosendo confirma el razonamiento y la jurisprudencia asentada por el tribunal interamericano, al señalar que la violación sexual es un medio especial de tortura, pues impacta en la dignidad de las mujeres.
Sin embargo, manifestó que los sentenciados Armando Pérez Abarca y Nemesio Sierra García apelaron esa resolución y los expedientes fueron remitidos ante el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, y que el magistrado José Luis Arroyo Alcántar de este Tribunal resolverá sobre el recurso.
Concluyó que para las organizaciones participantes la lucha de Valentina y la sentencia que ha logrado sientan un precedente muy relevante para la exigencia de justicia de las mujeres de Atenco y para las demás sobrevivientes de tortura sexual en México.
Dijo que los organismos que han acompañado a Valentina Rosendo hacen un llamado respetuoso al magistrado José Luis Arroyo Alcántar, para que resuelva “conforme a derecho y de manera imparcial, tomando en cuenta todas y cada una de las pruebas que obran en la causa penal 62/2013”.
Consideró que esta “es una oportunidad histórica para seguir demostrando al mundo que México cumple con sus obligaciones internacionales, y que sí es posible garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de tortura sexual”.