Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, (SEAGro), César González Arcos, declaró que la iniciativa de reforma que propone trasladar las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, centraliza al organismo y le disminuye capacidades técnicas y profesionales, y se pronunció para que, en todo caso, se mantenga y se fortalezca.
La iniciativa que está a debate en la Cámara de Diputados propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la trasferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado, con el objetivo de “adelgazar la función administrativa y hacerla más eficiente”.
Entre los 18 organismos que se proponen en estas reformas está la Secretaría Ejecutiva del SNA.
En entrevista, González Arcos declaró que con esta reforma se pretende “desprender” a la Secretaría Ejecutiva del SNA para enviarla a la SFP. Dijo que observan que con ello se pretende debilitar el esfuerzo del Estado Mexicano en la lucha contra la corrupción, al querer centralizarlo en el Poder Ejecutivo federal.
Opinó que con eso se contrapone al espíritu del SNA que busca, mediante el federalismo, el combate a la corrupción.
González Arcos declaró que actualmente la Secretaría Ejecutiva del SNA funciona de manera autónoma al Poder Ejecutivo federal, y permite a través del Comité Coordinador “que el combate a la corrupción llegue hasta el municipio más modesto del estado, al empresario o al servidor público que intervino en un acto de corrupción, sea del ámbito y la competencia donde se encuentre”.
Añadió que, en cambio, una deficiencia en caso de proceder la reforma mediante la que se propone trasladar la Secretaría Ejecutiva a la SFP, es que dejaría de funcionar la Plataforma Digital Nacional (PDN) que contiene toda la información de los entes públicos, tanto del ámbito federal, como estatal y municipal.
Explicó que la PDN ayuda a que todos los ciudadanos puedan conocer de primera mano y en tiempo real contratos públicos, declaraciones patrimoniales y quienes están inhabilitados.
“Se puede conocer por ejemplo si un ciudadano fue inhabilitado en Tijuana y después se fue a trabajar a Cancún, esa es la importancia de la Plataforma; que podamos conocer qué nivel de sancionados tenemos y cómo andan haciendo este paseo público en otros lugares y quede debidamente documentado”.
Actualmente la Plataforma está bajo la custodia de la Secretaría Ejecutiva del SNA, y según Gon-zález Arcos, esto da certeza a los ciudadanos de que la información está en un organismo ajeno a un poder, y que es un instrumento del Estado. Planteó que esa es otra de las razones “de la verdadera importancia” de tener una Secretaría Eje-cutiva en las actuales condiciones.
El presidente del Comité informó que, además, la Secretaría Ejecutiva del SNA es la que creó la Política Nacional Anticorrupción, que se replicó en los estados para que se hicieran modelos homologados contextualizados en los estados a fin de que cada estado tenga su política estatal anticorrupción.
“Hoy en el país tenemos una política nacional (anticorrupción) y 27 políticas estatales, algunas de ellas ya fueron implementadas y otras están en proceso de implementación”, informó.
Destacó que actualmente la Secretaría Ejecutiva del SNA es una institución neutral del Estado mexicano, que no pertenece a ningún poder; “es una institución que lo principal que busca es la división y el equilibrio entre los poderes”.
Explicó que una de sus responsabilidades es dar insumos para combatir la corrupción, “y tener los contextos por los cuales la corrupción se encuentra bajo cierto fenómeno social, desde cuestiones muy particulares en un municipio, hasta cuestiones más generales en el ámbito nacional.
Por tanto, cuestionó: “Hacer una modificación de esta naturaleza, mover una institución que busca combatir la corrupción a través del federalismo, a través del Estado mexicano, e incorporarlo a un área de una dependencia federal, indudablemente modifica no solamente su forma normativa, sino hasta la visión de cómo se debe combatir a la corrupción”.
Informó que el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA Jorge Alberto Alatorre, junto con sus homólogos de otros estados, fueron al Congreso de la Unión el martes pasado para dialogar con los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “a efecto de que tomen en cuenta estas consideraciones y se sensibilicen de la importancia de tener una institución como es la Secretaría Ejecutiva ajena al resto de las modificaciones que se plantea hacer el Ejecutivo a las otras instituciones.
Consideró que a los diputados les hace falta tener información con mayor detalle de las implicaciones que tendría incorporar en una iniciativa de esta naturaleza a un órgano que es del Estado, a una dependencia del Gobierno federal.
Informó que la respuesta de los diputados fue que iban a hacer un análisis “profundo y exhaustivo” de dicha iniciativa. “Nosotros vemos voluntad de escuchar a las voces del Sistema Nacional Anticorrupción, y esa es una buena señal para seguirla trabajando con los diputados y ciudadanos”, abundó.
Agregó que, en tanto, en los estados, los presidentes de los sistemas estatales iniciaron ayer una campaña a favor de que se realice un análisis más a fondo y exhaustivo de las implicaciones de esta reforma que propone trasladar la Secretaria Ejecutiva del SNA a la SFP.
“Queremos que se involucre la sociedad, que le pregunten a la sociedad si estamos en el camino correcto en el combate a la corrupción como Estado, no como un poder público. Creo que es ahí donde está el interés en el que todos debemos estar involucrados, en el combate a la corrupción”.
Añadió que en el caso de Guerrero también van a buscar a los diputados federales para “socializar la importancia de una institución como esta”, pues insistió que como se propone en la reforma “se le restaría autonomía y fuerza a un organismo que incide en el combate a la corrupción”.
Adelantó que, en caso de proceder la reforma federal, en Guerrero, al realizarse la homologación de la ley, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pasaría a formar parte de la Secretaría de la Contra-loría y Transparencia Guberna-mental.