El Estado, sin mecanismos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia: feminista

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A pesar de la ocurrencia de asesinatos de mujeres en el estado y las cifras de oficiales de otras violencias, en Guerrero no hay mecanismos efectivos para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia, denunció la feminista, Marina Reyna Aguilar.
La activista fue consultada sobre los hechos recientes como en  Copanatoyac, donde mujeres exigieron justicia por el asesinato de María Margarita Vargas Florentino, a manos de su esposo Luis Vargas, y de Dorit Olivera Jiménez, en la comunidad de La Caridad, en San Marcos, muerta a balazos por su pareja, Nereo, hecho que denunció la madre de la víctima, Irma Jiménez Morales.
Indicó que en el Monitor Violencia de Género y Feminicidios en el Estado de Guerrero, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, tiene registros ocho muertes violentas de mujeres con presunción de feminicidio, del 1 al 12 de diciembre.
Añadió que este mes, la estadística de violencias contra las mujeres suele incrementarse porque se concentran las familias en estas fechas y aumenta el consumo de alcohol.
No obstante que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública sólo da cuenta de diez víctimas del delito de feminicidio. Añadió que en la prensa escrita y digital, del 1 de enero al 12 de diciembre de 2023, suman 128 hechos con características que configurar el delito de feminicidio.
En Acapulco, donde suman 47 asesinatos de mujeres en lo que va del año, las autoridades tendrían que considerar que cuando los problemas familiares se presentan, la violencia se agudiza, como ocurre ahora por el impacto del huracán Otis.
Sin embargo, denunció que en Acapulco las agencias del ministerio público, así como las especializadas en violencia intrafamiliar y violencia sexual dejaron de dar atención a la ciudadanía porque todos sus esfuerzos están dirigidos a la búsqueda de personas desaparecidas durante el ciclón.
También dijo que las oficinas de la Fiscalía resultaron afectadas por las fuertes lluvias y vientos del huracán, en sus equipos de cómputo y en los expedientes de denuncias.
Por lo tanto, subrayó que tampoco hay condiciones para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, y muchas de ellas no tienen recursos para acudir a otros municipios a presentar sus denuncias en caso de ser necesario.
Asimismo, dijo que el municipio también dejó de lado la atención a las mujeres, “porque justo el día del impacto del huracán había una sesión que se suspendió, quién sabe hasta cuándo se vaya a retomar”.
Advirtió que las instituciones saben que hay cifras negras de la violencia que no se denuncian, y ahora ni siquiera hay condiciones para atender a la ciudadanía.
“Estamos hablando de todas las violencias que se pueden ejercer contra las mujeres, que se denuncian en las agencias especializada de violencia familiar, y de violencia sexual”.
De los casos documentados en diciembre indicó que son tres feminicidios en Acapulco, dos en Chilpancingo, uno en Alcozauca, otro en Conapanatoyac, y el más reciente, en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villareal, de una joven identificada como Alondra, de 19 años de edad, encontrada muerta en la vía pública el sábado 9.
Del caso de San Marcos, recordó que ocurrió a finales de noviembre, y trascendió a los medios en diciembre.
“Aquí, lo que hacemos es registrarlos de acuerdo con el protocolo que señala las características de feminicidio. No incluye muertes por accidente”.
No obstante, la estadística de feminicidios que reporta el Sistema de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo Nacional es apenas de diez casos de enero a noviembre de 2023.
Opinó que la estadística oficial es muy baja porque en las agencias del ministerio público casi no abren carpetas de investigación por feminicidio, sólo por homicidios dolosos
Indicó que así clasificaron el asesinato de Dorit, en San Marcos, y se supo que luego sería reclasificado a feminicidio
Señaló las cifras de lesiones dolosas contra mujeres muy altas, y las autoridades tendrían que investigarlas con perspectiva de género para determinar si las víctimas son sobrevivientes de tentativa de feminicidio.
Sin embargo, las autoridades están rebasadas y no hacen este tipo de indagatorias.
Indicó que las cifras oficiales reportan 2 mil 171 homicidios dolosos de mujeres en 11 meses de este año, 694 feminicidios y las lesiones dolosas contra mujeres se disparan a 58 mil 990.
Asimismo, en el estado se reportan 107 homicidios dolosos de mujeres, diez feminicidios y mil 286 lesiones dolosas contra mujeres.
Con estos datos, señaló que Guerrero tiene la séptima posición en la ocurrencia de homicidio doloso de mujeres, el 24 en feminicidios, y el 16 en lesiones dolosas.

Las contralorías de municipios no tienen capacidad ni recursos: César González

El presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, Carlos González Arcos, durante su participación en la reu-nión con profesionistas y empresarios de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, César González Arcos, informó que los Órganos de Control Interno (OCI) llamados anteriormente contralorías, que son “el primer muro” para combatir la corrupción en los municipios y órganos de gobierno, no están capacitados ni cuentan con recursos para ejercer sus atribuciones; tampoco tienen facultades para sancionar, están mal integrados y reprobaron dos evaluaciones.
Este jueves González Arcos se reunió con presidentes y representantes de asociaciones y colegios de profesionistas para invitarlos a ser parte de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guerrero, para que juntos vigilen el actuar de los gobiernos y den seguimiento a las observaciones que se hagan a las autoridades.
En reunión con representantes de diferentes asociaciones de Acapulco en un restaurante del puerto, informó que una de las primeras tareas del Sistema Estatal Anticorrupción fue hacer diagnósticos para saber cómo estaban los Órganos de Control Interno de los municipios. En la primera evaluación 49 respondieron pero parcialmente, lo que dio como resultado que los Órganos de Control Interno de los municipios estén reprobados, y en la segunda el resultado fue el mismo.
“Preguntamos a los 81 municipios, tal cual lo que pide la ley: ‘¿estás haciendo esto?’. En el primer diagnóstico nos contestaron alrededor de 49 municipios. Las respuestas entre los 49 fueron parciales, unas no las contestaron bien y en otras dijeron ‘no lo tengo’, que quiere decir, ‘salimos reprobados’… pero lo más fuerte es que entramos en un proceso de entrega recepción, salieron administraciones y entraron otras, ¿y quién creen que juzgaba, analizaba, revisaba y daba certeza de que ese procedimiento estuviera bien? Los Órganos Internos de Control, y esos Órganos nos dijeron ‘no tenemos capacidades’, y entonces prácticamente es una caja abierta, simplemente le están pasando la llave al otro y le dicen ‘ahí síguele, ahí está’. Entonces el primer muro de contención o de prevención de la corrupción son los Órganos Internos de control de los municipios”.
Agregó que una queja que ha escuchado es que los OCI, en caso de que reciban la notificación de sancionar a un funcionario público no hacen nada.
En la sesión participó un ex aspirante a ocupar el cargo de titular del Órgano de Control Interno en Acapulco, Ricardo Espinoza Toscano, quien señaló que en el proceso de selección del gobierno municipal para elegir al nuevo titular del OCI hubo irregularidades y lo hizo de conocimiento al anterior presidente del Sistema Estatal Anticorrupción y lo único que le dijo fue “estuvo mal”, pero no hizo nada al respecto.
Espinoza Toscano se refirió al proceso de selección en el que fue electo por el Cabildo de Acapulco Pedro Roberto Pineda Villa como titular del Órgano de Control Interno de Acapulco, a propuesta de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien lo nombró encargado de despacho de la Contraloría y después participó en el proceso de selección.
Otro de los invitados consideró que “es una payasada” que sean los municipios quienes nombren a su titular del Órgano de Control Interno, pues es el que va a controlar el municipio.

Sin estridencia

González Arcos dijo que no busca “estridencia” sino colaborar con los OCI “para que las cosas se hagan bien”. “No estamos aquí para victimizar al funcionario público o sacar más leña del árbol caído, nuestro objetivo es muy sencillo, ya están los procedimientos de ley, hay que observarlos, que se hagan”.
La invitación a que se integren a la Red Ciudadana Anticorrupción es para que sean testigos sociales o creen observatorios ciudadanos y aporten propuesta y acciones para la política estatal anticorrupción. Actualmente hay 22 organizaciones en la Red. A las asociaciones que se inscriban se les presentará la Agenda Estatal Anticorrupción. La inscripción estará abierta todo el año.
Dijo que este año es cuando debe aplicarse la Política Estatal Anticorrupción mediante la cual se van a homologar, estandarizar, controlar procesos y en función de esos podrá medirse la eficacia de las medidas diseñadas para los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, municipios y órganos autónomos.
Durante el encuentro con las asociaciones, el también integrante del Comité de Participación Ciudadana, Carlos Morillón López, informó que a nivel nacional el Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero se ubica en quinto lugar, lo que significa que va trabajando bien pero se necesita el acompañamiento de asociaciones para integrar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guerrero.
Informó que el estado ya cuenta con la Política Estatal Anticorrupción, la cual fue entregada a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y publicada en el Periódico Oficial del Estado en noviembre. Marca directrices que deben seguir las autoridades para su aplicación.
Anunció que el 7 de diciembre de este año Acapulco será la sede de la Asamblea Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción actualmente está formado por dos miembros: el presidente César González, y un integrante, Carlos Morillón, porque el Congreso no ha emitido la convocatoria para nombrar nuevos.