Está Guerrero en sequía y es “extrema” en tres de los 81 municipios, informa la Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la totalidad del territorio de Guerrero se encuentra en alguno de los niveles de sequía considerados por el organismo.
De acuerdo con el Monitor de Sequía de México al 15 de junio pasado, se incrementaron las zonas que presentaron sequía en la región del Pacífico Sur, donde se incluye a Guerrero.
“Se incrementaron las áreas con sequía, principalmente sobre las regiones del Pacífico norte, centro, occidente, Pacífico sur y Península de Yucatán. Particularmente, el aumento de sequía de moderada a severa se registró en Guerrero, Oaxaca y Chiapas” explicó Conagua.
El organismo categoriza en seis divisiones de acuerdo al nivel de sequía que se tenga en el territorio; anormalmente seco, sequía moderada, sequía severa, sequía extrema, sequía excepcional o sin sequía según corresponda.
En lo referente a la entidad, 29.9. por ciento del área territorial de Guerrero se encuentra anormalmente seco, en tanto que 35.8 por ciento del territorio se encuentra con sequía moderada.
Por su parte, 28.8 por ciento del área que compone al estado se encuentra catalogada como sequía severa, mientras que 5.5 por ciento del espacio territorial fue considerado bajo sequía extrema por la Comisión.
A nivel nacional, además de Guerrero, la Conagua colocó a ocho entidades siendo afectadas por sequía en la totalidad de su territorio, siendo Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas los estados en cuestión.
En lo relacionado exclusivamente con municipios, Guerrero presentó 58 municipios con sequía según la Conagua, lo que equivale a 71.6 por ciento de los municipios que tiene el estado.
En total, 23 se encuentran afectados bajo el parámetro de anormalmente seco, en tanto que 41 están en sequía moderada, 14 en una sequía severa y tres con una sequía extrema, aunque no ofrecen un listado de los mismos.
En el país, 903 municipios están siendo afectados por algún nivel de sequía catalogado por la Conagua, lo que representa 36.5 por ciento del total de los municipios a nivel nacional. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

 

Termina foro sobre desaparición forzada; acuerdan impulsar una agenda común

A pesar de que viven en contextos distintos y tienen diferentes procesos de lucha, familiares de personas desaparecidas de varios estados de la República establecieron acuerdos para empujar una agenda común, ayer en el segundo día del foro sobre desaparición forzada Contra el dolor y el odio, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Luego de participar en tres mesas temáticas en la Casa Diocesana Villa Lucerna, los representantes de organizaciones de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Michoacán y Querétaro coincidieron en que los familiares deben buscar prioritariamente vivos a los desaparecidos, sin dejar la búsqueda en fosas o a través de las instituciones como cárceles, servicios médicos forenses o centros de rehabilitación.
Además ser la punta de lanza para presionar a las autoridades a darles resultados, y tomar en cuenta que existe el terrorismo de Estado, por lo tanto los buscadores deben cuidarse y respetar los códigos de seguridad en su vida cotidiana, “nos guste o no”.
De las búsquedas, los de mayor experiencia recomendaron entender el contexto de los distintos escenarios, pues no son las mismas condiciones en la costa, la montaña o el desierto, y para la articulación de los movimientos del norte, el centro y el sur del país, considerar todas las medidas al alcance que puedan aprovechar.
Concluyeron que es necesario conocer las leyes y sus derechos como familiares para hacerlos valer y dar acompañamiento, ser conscientes de los derechos no es el fin sino una herramienta, y no permitir más discriminación, que no ha sido es exclusiva de las familias indígenas y de la montaña, aclaró una activista de Sinaloa.
De las características de cada entidad, identificaron que hay un trato diferente de algunas autoridades en estados del norte con los movimientos de desaparecidos, respecto a los del centro y el sur del país.
Señalaron que mientras en el norte los movimientos han tenido más apoyo, asesoría de las instituciones “tal vez por su lucha”, en el sur los colectivos están relegados, hay negligencia de atención jurídicas y de servicio social, no hay respeto a su dolor.
Propusieron seguir organizándose para intercambiar información y crear redes de apoyo, como ocurrió en este foro, para compartir y cubrir espacios donde sus brazos y sus pies no alcanzan, incursionar en redes sociales para mantener la comunicación, para que la población se dé cuenta que están trabajando y de las dificultades que enfrentan.
Del Centro Diocesano para lo Derechos Humanos Fray Juan Larios de Coahuila, Blanca Martínez, precisó que si en su estado lograron sentar al gobernador con el movimiento de personas desaparecidos, se debió a la presión que ejercieron los familiares, pero mañana nada les garantiza que sigan en la misma mesa.
Otra de las activistas agregó que recibir apoyo del Estado no implica que van a dejar la movilización, al contrario, siguen haciendo plantones en el Palacio de Gobierno y en la Fiscalía cuando es necesario.
Del colectivo de Chilpancingo, Padres y madres de desaparecidos asesinados y secuestrados de Guerrero y del país, se insistió en analizar que los apoyos no sean compromisos con las autoridades.
En general insistieron en la necesidad de priorizar siempre la búsqueda en vida, en que las autoridades tienen responsabilidad de dar con el paradero de las víctimas y que los familiares deben comprender los contextos de cada estado, incluso de los grupos del crimen organizado.
Una mujer guerrerense opinó que las autoridades en todos los estados de la República son apáticas, pero aquí “la violencia se va haciendo tan normal que a nosotros los guerrerenses no nos importa si nos avientan un muerto ahí, somos indiferentes en el sur, y el gobierno no mete las manos por nadie, y cuando el gobierno habla con los líderes los centavea”.
Una adulta mayor del colectivo Siempre Vivos de Chilapa señaló que “es tiempo de armarnos de valor y ponerle interés al trabajo y a la lucha, tenemos que ir dando los pasitos. Nos tenemos que ir organizando y ver que todos somos importantes en el colectivo. No tenemos los avances que en el norte, pero creo que podemos hacerlo”.
Enseguida, el director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera mencionó que en esta búsqueda de familiares desaparecidos “el piso es disparejo, y en este piso ¿cómo podemos tener una plataforma común de lucha desde nuestros diferentes espacios, rincones?, y ¿cómo enlazarnos en la medida que dan nuestras fuerzas?”.
Otro activista confirmó que hay muchas diferencias entre el norte y el sur, “la ventaja que tenemos (en Coahuila) es que es el único estado en que nos apoya el gobernador, por eso hemos abierto muchísimas puertas, recomiendo a las colectivos que recurran a organismos de la ONU y al señor que se prestó a venir ayer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el presidente Luis Raúl Gonzalez), ellos pueden tener influencia con senadores y diputados, y todas aquellas autoridades que pudieran ayudar a que se vea la gran cantidad de personas desaparecidas”.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La consigna que dio aliento a las participaciones del foro fue retomada por la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, María de Jesús en su mensaje.
Dijo que las autoridades primero dijeron que sus hijos estaban en una fosa, luego que el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos los había matado y quemado en un basurero, y cuando la versión del basurero fue desechada por expertos independientes, en las calles, muchas personas les dijeron “sus hijos ya están muertos, por qué los andan buscando, ustedes ya recibieron dinero del gobierno, ¿quieren más?”.
Aclaró que no recibieron nada y seguirán buscando a sus hijos con vida, porque desde el principio saben que “policías del narcogobierno” los agredieron y se los llevaron.
“Nos dimos cuenta cómo fueron perseguidos, balaceados cobardemente, supimos cómo les echaron gas lacrimógenos a los que iban en el autobús 1531 frente al Palacio de Justicia, cómo los bajaron, cómo los golpearon. De 15 a 20 jóvenes que tenían bocabajo sin playera porque los estaban golpeando, ¿y todavía el gobierno criminaliza a nuestros hijos?”.
Al menos este grupo fue llevado rumbo a Huitzuco con El Patrón, un personaje que no ha sido identificado en tres años de investigación, porque el Estado no tiene voluntad de esclarecerlo, mencionó.
“Cuando gritamos la consigna donde quiera que vamos es un grito de indignación, de preocupación, para que todo el mundo escuche y nuestros hijos sepan que seguimos en pie de lucha”, expuso.
Una joven mujer del colectivo Siempre Vivos de familias nahuas de Chilapa y Zitlala tomó el micrófono para decir que sí tienen miedo, porque en la zona donde viven hay grupos delictivos operando, “y sí sabemos quienes son”.
Dijo que de inicio pensó que el gobierno los iba a ayudar, y al tiempo comprendió que son las organizaciones las que empujan la demanda de presentación y búsqueda de los desaparecidos, “no debemos andar solitos, lo vamos a lograr en colectivo, me lo llevo muy claro, y me llevo (el ejemplo) de las compañeras de Coahuila que están buscando en fosas clandestinas. Desconocía (ese tipo de búsqueda), tengo una esperanza de que los vamos a buscar vivos, primordialmente, pero en México están apareciendo muchas fosas y podría estar del otro lado también”.
“Sé que hay muchas familias que piden justicia, que queremos a nuestros desaparecidos vivos. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.

Las Rastreadoras del Fuerte, Sinaloa

Una activista de colectivo Rastreadores del Fuerte y zona norte de Mochis, Sinaloa, informó que tienen una oficina de gestoría, y acaban de concluir una campaña para recopilar muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, “muchos padres no se acercan a dar el ADN por miedo a amenazas”.
Aclaró que ellos tienen camionetas de resguardo y el acompañamiento de la prensa, “me da pena escuchar que ellos no tienen apoyo por acá, son sentimientos encontrados, pero ahí estamos para compartir cómo nos podemos apoyar”.
Una joven de Querétaro señaló que el dolor es el mismo, y en su estado de los de menor incidencia delictiva están desapareciendo personas.
Destacó que “los padres de los 43 alumnos desaparecidos lograron que a nivel internacional se reconociera la desaparición forzada en México”, lo que les dio ánimo para comenzar su propio camino.
Ahora todas las familias buscan de todas las formas, en vida, en fosas, en papeles, “y las instituciones no deben quedarse fuera, eso hizo el norte, reconciliarse con los gobernantes en el trabajo. No somos amigos, pero tenemos que ser colaboradores para la búsqueda”.
En un pronunciamiento final firmado por 25 organizaciones y colectivos exigieron la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición de Particulares, pues reconocen en ella las contribuciones de los familiares, sienta las bases para alcanzar la justicia, para dar con el paradero de sus seres queridos, develar la verdad, obtener reparación integral y evitar más desapariciones.
Pese al dolor refrendaron “la voluntad firme de vencer el muro de la impunidad, transformar el momento trágico que enfrenta el país, hacer posible la construcción de un México en que nadie padezca el sufrimiento que hoy nos aqueja y conservar viva la llama de la esperanza”.

 

BREVES

Muere pescador de Sinaloa de un infarto frente a la costa

Marinos trasladaron el cadáver de un pescador originario de Mazatlán, Sinaloa, que murió de un infarto a 7 millas de la costa de Acapulco.
De acuerdo con la información recabada, los marinos fueron alertados de que un hombre había muerto a causa de un infarto en un barco camaronero.
Los marinos se trasladaron en la embarcación BR-15, y a las 11:30 de la mañana entregaron el cuerpo en el Malecón a las autoridades, que lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios correspondientes.
La víctima se llamaba Víctor Manuel de 51 años. Más tarde, los amigos del pescador se encargaron del trámite para llevarse el cuerpo a Mazatlán. (Redacción).

Muere un hombre tras caer de los barandales de Sinfonía del Mar

Un hombre en estado de ebriedad murió al caer de los barandales de Sinfonía del Mar.
De acuerdo con la información oficial recabada, el hallazgo ocurrió a las 10 de noche en la avenida Adolfo López Mateos.
El hombre cayó desde unos 8 metros de altura, según el reporte oficial.
El cuerpo quedó tendido bocarriba en el pavimento, vestía playera negra y short negro, a rayas blanca y azul.
El cuerpo fue trasladado en calidad desconocido a las instalaciones del Semefo para sus estudios correspondientes.

Porfiria Vázquez, jornalera de La Montaña, murió buscando la subsistencia en Sinaloa

Tlachinollan “Mi mamá se enojaba porque no fui”, cuenta Herminia Flores Vázquez, una joven na savi (mixteca). “No pude porque todavía hay clases”, explica.

Herminia Flores Vázquez tiene 15 años y estudia en la ciudad de Tlapa de Comonfort. El lugar al que no fue es un campo agrícola en Sinaloa, adonde su familia, originaria de la comunidad de Cochoapa El Grande, municipio de Metlatónoc, partió hace tres meses.

Sus padres fueron a trabajar como jornaleros agrícolas, al corte de tomate, chile y pepino, “para sacar dinero”, porque en su comunidad no hay trabajo. Pero su mamá, Porfiria Vázquez García, que tenía unos 30 años, ya no va a regresar. Murió en Villa Juárez luego de haber trabajado en El Guayabito, uno de los tres campos que posee la empresa El Serrucho.

Porfiria Vázquez García se fue junto a su marido, Margarito Flores Vázquez, y su hija menor, de 12 años, quien no trabajó en el campo sino que “le preparaba la comida a sus papás”.

Para ir a Sinaloa, ellos pagaron el camión hasta Tlapa y subieron al autobús, pero no se registraron en alguna lista que el gobierno hace de los jornaleros que se van. El acuerdo fue con un enganchador particular de Villa Juárez, quien los entusiasmó al decirles que en ese estado del norte “hay trabajo y hay seguro”. Les cobró por persona 500 pesos: 400 por el transporte y 100 de alimentos, aunque sólo recibieron una comida al día, durante los tres del viaje.

Una vez allá, Porfiria Vázquez García trabajó en un campo y su marido en otro, en uno llamado San Francisco. Ganaban 55 pesos al día y trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenían los domingos libres y la esperanza de recibir los 400 pesos que les habían prometido para comprar su pasaje de regreso cuando finalizara el trabajo. Dinero que, por cierto, nunca les dieron.

“Pagaban bien barato”, critica Mario Vázquez García, hermano de la mujer. Y relata que estaban “un mes con trabajo y un mes sin trabajo”, que “el patrón dice ‘nomás un mes’ y luego se va”. Este indígena na savi de 27 años trabajó durante dos semanas y luego volvió a su casa. El dinero ganado tuvo que gastarlo en el viaje de vuelta a Guerrero.

Ella no quiso volver. “De aquí voy a caminar para el otro lado, a Baja California”, dijo. No pensó que iba a enfermar, dice de su hermana, quien de los tres meses que permaneció en Sinaloa sólo trabajó un mes porque los dos últimos no pudo.

“Empezó calentura y no se quitó, le dolía su cabeza, se le cerró el pescuezo y no le pasaba comida”, describe Mario Vázquez García.

“Ya no comía, después quedó bien flaquita”, recuerda, y agrega que “casi no tenían dinero porque ya no había más trabajo”. Entonces él regresó a su comunidad “para conseguir dinero y enviarles para curarla”. Mientras tanto, su hermana y el marido se quedaron y, sin éxito, “esperaron un mes para que les dieran los pasajes”.

“Con dinero de nosotros, porque nadie nos ayudó”, dice el hombre, Porfiria Vázquez García “fue al médico tres veces”. Recibió atención médica en el pueblo de Costa Rica y luego en Villa Juárez. La primera vez le dieron una inyección y pastillas y les cobraron 300 pesos. En la segunda ocasión le dieron más inyecciones y pagó 600 pesos.

“Decían que estaba embarazada, pero no”, y finalmente, “la operaron y le sacaron una bola”.

“En Culiacán le sacaron una bolita, después enfermó de dolor de cabeza y con eso murió”, afirma Herminia Flores Vázquez. Y comenta que desde antes de ir a Sinaloa, su madre “tenía la bolita adentro de ella que no la dejaba almorzar”. Sin embargo, “ella enferma pero se levanta, y otra vez así”, porque “en el pueblo rezan y se compone la gente, entonces se puso bien y fue a trabajar”, cuenta la mayor de las hijas.

Anunciaron por radio la muerte

Porfiria Vázquez García murió el 12 de mayo. Los familiares que estaban en Cochoapa El Grande lo supieron a través de un aviso en idioma na savi que emitió la radio XEZV, La Voz de la Montaña. Rutilio Vázquez García, su hermano menor, “estaba sembrando en el cerro” cuando su mujer le dio la noticia.

Los familiares, por su parte, no saben “quién es René Ruiz”, persona que dio la información para el radioaviso. Y tampoco conocen la causa de la muerte de la mujer.

“Faltó medicina o algo”, suponen.

El viernes pasado el cadáver fue llevado a Acapulco, para luego ser trasladado a Tlapa de Comonfort y más tarde a su comunidad de origen. Según informaron los hermanos Vázquez García, las gestiones fueron realizadas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) de Acapulco. Sin embargo, ignoran quién hizo los trámites para el traslado desde Sinaloa a Acapulco.

Porfiria Vázquez García murió en la búsqueda de un medio de subsistencia. El deseo de hacer frente a la pobreza, al alto grado de marginación y a la falta de empleo que sufre su comunidad indígena la llevó al norte del país, a realizar una labor dura a cambio de una paga magra. No imaginó que en el esfuerzo perdería su vida.

En la región de La Montaña de Guerrero el acceso a la salud es un privilegio. No hay servicios de salud gratuitos para los habitantes pobres. Las casas de salud de las comunidades indígenas, en su mayoría, carecen de médicos y de medicinas. Los indígenas de La Montaña no sólo tienen que partir en busca de trabajo, sino que abandonan sus pueblos en un estado de salud que no es el más propicio para las tareas que realizarán.

Porfiria Vázquez García murió sin saber qué padecía. Al igual que muchos otros indígenas que se enferman, no reciben atención médica porque no pueden costearla y un día se mueren sin siquiera haber escuchado el nombre de la enfermedad que sufrieron.

A ella le habían prometido que cuando llegara a su trabajo en Sinaloa iba a tener seguro médico. Fue un engaño más de los que les hacen a los jornaleros agrícolas. Uno de los tantos engaños en los que se sostiene este sistema de “contratación” de mano de obra barata, el cual se basa en la explotación de indígenas (no sólo de hombres y mujeres na savi, sino también de me’ phaa y de nauas) y de campesinos que ven en los campos del norte la única oportunidad de trabajar y de ganar algún dinero que, mientras dure, les permita sobrevivir.