Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local presentó el proyecto de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para modificar la fecha de inicio de los gobiernos municipales; sería el 31 de diciembre, tres meses después de la fecha actual.
En la primera lectura del proyecto, en sesión ordinaria, la Mesa Directiva presentó sólo los puntos resolutivos del proyecto de la Comisión de Estudios Constitucionales para modificar la Constitución Política del estado, a fin de que los gobiernos municipales rindan protesta ante los ayuntamientos salientes en sesión solemne, el 31 de diciembre del año de la elección.
Para las autoridades que tomarán protesta el 30 de septiembre de 2024, indica que por única ocasión, concluirán su periodo el 31 de diciembre de 2027. El gobierno será de tres años y tres meses.
No se presentaron los argumentos, pero el contexto son los retrasos en los nombramientos de los nuevos municipios, que aún tiene pendiente a los ayuntamientos instituyentes afromexicanos de San Nicolás y Las Vigas, y la solicitud del municipio indigena Ñuu Savi de elegir a sus autoridades a través del sistema normativo interno, cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) lo consideró en el sistema de partidos.
El pleno aprobó por unanimidad, la homologación de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado con la Ley General, sobre la prevención de la violencia e igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en eventos deportivos
En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte, la diputada del Morena Angélica Espinoza García, señaló la idoneidad de homologar la ley estatal con la ley general de Cultura Física y Deporte, con el principio de igualdad sustantiva en materia deportiva, para abatir cualquier modalidad de violencia y coadyuvar a la visibilidad y reconocimiento de la destacada labor deportiva que realizan las mujeres en Guerrero.
La promovente de la iniciativa, Jessica Alejo Rayo, destacó que el dictamen destaca la prevención de la violencia en eventos deportivos, y en la igualdad de condiciones para reconocer a las mujeres que se han destacado en este ámbito.
Enfatizó que el deporte puede ser una herramienta propicia para combatir los rezagos y las dificultades que las desigualdades generan en el desarrollo de los países, también contrinbuye a desmontar estereotipos de género, discrminiación y toda clase de violencia.
Aclaró que algunas organizaciones tienen protocolos para prevenir la violencia, pero no bastan, porque no son de carácter correctivo y coercitivo en las instancias de justicia.
En primera lectura, la Comisión de Hacienda presentó un dictamen que autoriza al titular de la Auditoría Superior del Estado, a dar de baja y vender como chatarra diversos muebles inmuebles, con el respectivo informe de cumplimiento de la normatividad.
Asimismo en primera lectura, la Comisión de Justicia, dio a conocer el proyecto de reforma al último párrafo del artículo 46 de la Ley del Registro Civil, para que el oficial del Registro Civil exiga el certificado de nacimiento de cada registrado, y lo cancele para evitar la duplicidad.
El diputado de Morena, Carlos Cruz López propuso una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos, con herramientas e insumos tecnológicos para la investigación eficaz, para dar una respuesta inmediata y garantizar la ciberseguridad de los guerrerenses en la Constitución del Estado de Guerrero.
En la exposición de motivos, señaló que el delito cibernético es una forma emergente de la delincuencia transnacional, compleja y sofisticada, que han aprovechado los delincuentes con todo tipo de herramientas a su alcance, y por el poco conocimiento de las víctimas.
Indico que los crímenes cibernéticos, “se transforman, adaptan y aceleran gracias a la velocidad y el anonimato que ofrece el internet, siendo uno de los más comunes el phishing, método con el que se engaña a las personas para que compartan contraseñas, números de tarjetas de crédito o débito, e información confidencial”, que han derivado en delitos relacionados con derechos de autor, de propiedad intelectual, pornografía infantil y abuso sexual. La propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y jurídicos, para su análisis.