El síndico y los tres regidores disidentes de Mártir de Cuilapan (Apango) acordaron este jueves instalarse en huelga de hambre afuera del Congreso local, en respuesta al dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la demanda de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal, Felicitas Muñiz Gómez.
En un boletín de prensa enviado este jueves antes de que se subiera a la tribuna el caso de la demanda de revocación de mandato de la alcaldesa del partido Movimiento Ciudadano, Muñiz Gómez, el síndico Benito Sánchez Ayala, la regidora de Salud del PRI, Edelmira del Moral Miranda; la de Educación, del PRD, María del Rosario López García, y el regidor de Comercio y Abasto Popular, militante de Nueva Alianza, Humberto Palacios Celino, informaron que sabían con anticipación que el dictamen sería a favor de la presidenta municipal.
Informaron que desde el miércoles la diputada y coordinadora de los diputados del PRD, Erika Alcaraz Sosa, les anunció que el dictamen iba a salir a favor de la presidenta municipal, e incluso les aseguró que los dos diputados del PRD integrantes de la Comisión de Examen Previo no lo firmarían y que ella subiría a la tribuna para pronunciarse en contra de ese dictamen.
Informaron que tras esta resolución acordaron instalarse en huelga de hambre a partir del próximo lunes afuera del Congreso local.
“El movimiento ciudadano civilista ha tomado la determinación de acudir ante el Congreso para llevar a cabo dos acciones que esperan sean de impacto, una huelga de hambre en la que participarán el síndico y los tres regidores y más de una decena de señoras han ofrecido su sangre para que con ella se escriban leyendas en muros y pancartas en torno al palacio legislativo”, informaron en su escrito.
Se dijeron sorprendidos del dictamen, porque aseguraron que presentaron pruebas “fehacientes” de la “corrupción y nepotismo” y manifestaron que “es inaudito” que se tenga un dictamen de la Comisión de Examen Previo, que niega los actos de corrupción que los propios diputados comprobaron en el lugar de los hechos, al investigar tanto en facturas de la cuenta cuatrimestral que aportó la Auditoría General del Estado, como en Apango, donde se comprobó de obras inexistentes.
Advirtieron que en los hechos, destacarán la “falta de ética” de los legisladores, además de su “nula calidad moral” y sus “complicidades”, sobre todo porque recordaron que la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Flor Añorve Ocampo y otros diputados, habían venido diciendo que el cuerpo legislativo se apegaría a la ley, “y ahora alegan que acatan el dictado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, pero éste no se pronunció por actos de corrupción ni por nepotismo, sino por algo muy ajeno al motivo principal por el que se instauró el juicio de revocación de mandato contra Felicitas Muñíz Gómez”.
Concluyen que con su negativa al juicio de revocación de mandato contra la alcaldesa de Apango “estarán canonizando el libre saqueo de los fondos públicos, que convierte en intocables a funcionarios públicos de elección popular, pero además, podrán pagar a todos los de su familia con dinero del erario, pues es lo que se comprobó en la investigación”.