La magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Virginia López Valencia manifestó que sí aumentará la carga de trabajo al aplicarse el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, dijo que sólo serán un órgano receptor. En su exposición en la sesión de la Barra de Abogados, dijo que será a mediados de abril cuando se termine de armonizar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo que con la reforma constitucional de 2015 se pretende establecer un sistema nacional coordinado entre todas las entidades federativas con las dependencias encargadas de efectuarlo.
La reforma constitucional obliga a los estados a tener Tribunales de Justicia Administrativa, que serán los que apliquen las sanciones para los actos administrativos graves, tanto a servidores públicos como a particulares, desde la amonestación pública y privada, hasta la inhabilitación, destitución o suspensión temporal de una persona moral, y la inhabilitación para volver a ejercer contratos con el estado de un particular, además de resarcir de forma económica al estado por el daño ocasionado.
López Valencia expuso que hay un calendario de armonización que está en proceso para que entre en vigor a mediados de abril. En lo local, indicó que se crea un comité coordinador para el seguimiento de las nuevas leyes.
La magistrada detalló que será la Sala Superior, una sala colegiada, la única instancia que tendrá conocimiento de esos procesos y aplicará la sanción “contra esa resolución, va a proceder el juicio de revisión constitucional que lo conocerán los tribunales colegiados. Sin duda será una mayor carga de trabajo, a las salas superiores, que tendrán también que actualizarse los magistrados, capacitar al personal técnico”.
Manifestó que los tribunales de lo Contencioso Administrativo, han sido tratados “como el patito feo, como se trata de tribunales que van a sancionar a las propias dependencias del Ejecutivo o paraestatales, pues como que no les hace mucha gracia que se le fijen multas o revoquen los actos que emiten y se anulen, no ha tenido el apoyo necesario”.
Dijo que las salas regionales no van a verse afectadas en carga de trabajo, porque serán las salas superiores la que reciban los expedientes, “no va incrementar (la carga de trabajo), pero sí es cierto que hace falta personal, sobre todo actuarios”.
Virginia López Valencia finalizó su exposición diciendo que con los servicios en línea se compensa la falta de personal, y es a lo que le apuesta el organismo.

El presidente de la Barra de Abogados del estado, Felix Tapia Espinoza consideró que se violan los derechos humanos de los trabajadores del gobierno del estado al reducirles sus salarios, como parte del plan de austeridad. Consultado al finalizar la sesión semanal de la Barra, manifestó que deberá transparentarse en qué se ocupará el dinero ahorrado.
El abogado consideró anticonstitucional la determinación del recorte salarial, porque el salario no está sujeto a convenio o transacción, “máxime que el gobierno del estado tampoco manifiesta la transparencia que se le va a dar a esa retención y que se le va a fijar a los empleados, o qué finalidad va a llevar”.
Expuso que, en el caso de los magistrados del Poder Judicial que se redujeron sus honorarios, lo compensan con bonos del fondo auxiliar para la administración, con lo que se resarce el descuento. Recordó que los trabajadores del Poder Judicial se opusieron, y el descuento no se aplicará.
Dijo que los trabajadores de confianza de las dependencias de la administración estatal, la reducción les afecta porque los tomó por sorpresa la decisión unilateral del gobierno.
Hace un mes, el gobernador Héctor Astudillo dio a conocer un plan de austeridad de 20 acciones entre las que está están la reducción del 20 por ciento a mandos superiores, y del 10 por ciento a los mandos medios del gobierno estatal, central y paraestatal.
El presidente de la Barra de Abogados en Acapulco, consideró que la acción de la administración estatal viola los derechos de los trabajadores “un derecho elemental de una vida digna, un derecho humano, el salario es un derecho humano”.
Indicó que es necesario que los trabajadores se acerquen a la Barra de Abogados, y que, por temor a ser despedidos, los burócratas no denuncian los actos de la autoridad.
Afirmó que la determinación del gobernador pretende aparentar un ahorro, porque no se transparenta, “y eso huele a corrupción”.
Tapia Espinoza manifestó que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) tampoco se ha manifestado con relación a la determinación estatal, “ni de oficio ha declarado”, dijo.