La noche del pasado viernes 12 de agosto ocurrió un capítulo más dentro del imparable infierno de desapariciones en el país. Esta vez en Lagos de Moreno, Jalisco. Roberto Cuéllar, Dante Hernández, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván y Jaime Miranda son cinco jóvenes amigos que viajaban en un automóvil Jetta cuando ocurrió su desaparición. Aunque la Fiscalía del Estado de Jalisco anunció que ha montado un “operativo especial” para encontrarlos, hasta la fecha no se conoce su paradero.
Pero este caso no es en absoluto aislado. En la misma región de Los Altos, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, el 27 de julio hubo otra desaparición multitudinaria. Cuatro mujeres de entre 22 y 28 años fueron reportadas como desaparecidas. Ellas son las hermanas Saucedo Zermeño: Adriana, Rosa Olivia y Marisela, además de Beatriz Hernández, pareja de Rosa Olivia.
No nos cansaremos en este espacio de recordar que, actualmente, México ocupa el segundo lugar mundial en índice de desapariciones. Y que, de hecho, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cada hora es desaparecida una persona.
Dentro de este escenario aciago, Jalisco se ha vuelto tristemente un epicentro de desapariciones al que es difícil dejar de ver. En dicha entidad –como en casi todo el país–han sido las familias de los desaparecidos las que han corrido con la responsabilidad de las búsquedas frente a la insultante ausencia del Estado, que ha abdicado de esa tarea.
Jalisco ocupa el primer lugar en casos de desapariciones de México. Alcanza ya cerca de 15 mil desaparecidos del total de más de 112 mil a nivel nacional –de los cuales sólo 35 casos han recibido sentencia. Por si fuera poco, 50 mil cuerpos están a la espera de ser identificados por falta de recursos debido a una paralela crisis forense.
Ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, los colectivos de familiares han demandado que la base de datos sobre la que se sustenta el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se haga pública, que se transparente. La cifra negra que ellos han recabado llega, al menos, al doble de la oficial. Y es justamente aquí donde nos encontramos: en un momento axial para la situación de las desapariciones en el país.
Aunque el gobierno federal celebra los más recientes datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la reducción de 9.74 por ciento en cuanto a homicidios dolosos en 2022 –un escandaloso número de 32 mil 223–, la cifra de desapariciones durante ese mismo año reportada por dicha instancia da cuenta, por contraste, de una alza estratosférica: 22 mil 575. Se trata de un récord, la suma más alta de desapariciones en un solo año de la que se tiene registro desde que este delito comenzó a ser tipificado en México.
¿Hay algo que celebrar, como lo propone el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, o solamente la cantidad histórica de desapariciones no resueltas debido a la crisis de justicia y forense ha formado una especie de “cuello de botella” político para maquillar, por otro lado, las cifras de los homicidios?
En su colaboración semanal en el portal Aristegui Noticias, el especialista en derecho penal internacional Jacobo Dayán afirmó el pasado 11 de agosto que los colectivos de familias buscadoras tienen una preocupante desconfianza en que el gobierno federal “rasure” el número de desapariciones dadas las próximas elecciones presidenciales. Lo que apuntala esta hipótesis es el ejercicio ordenado con urgencia e improvisación por López Obrador: un censo de desaparecidos “casa por casa” ideado por él durante sus conferencias mañaneras. Este supuesto “censo” lo están realizando sus promotores electorales y de programas asistencialistas llamados Servidores de la Nación, deja de lado a las fiscalías locales y, desde luego, a las familias de las víctimas, a quienes AMLO sistemáticamente se ha negado a recibir o siquiera a escuchar.
En palabras de Dayán: “No le preocupa dónde están las personas desaparecidas, la cifra de cincuenta y tantos mil cuerpos en espera de ser identificados, la crisis forense que hay en el país. No le preocupa saber quiénes son, quiénes los desaparecieron… No le preocupa la impunidad. Le preocupa el número. Al presidente le preocupa su imagen”.

 

METALES PESADOS

 

 

El 31 de julio terminó el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) en México. El GIEI llegó al país en marzo de 2015 como coadyuvante técnico en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su llegada ocurrió gracias a una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún vigente al día de hoy. Después de dos periodos divididos a lo largo de casi nueve años y seis informes detallados y apegados a los estándares internacionales, Ángela Buitrago y Carlos Beristain –los dos integrantes restantes del grupo, originalmente de cinco– se han visto obligados, muy a su pesar, a abandonar el país.
No es la primera vez que un gobierno mexicano obstaculiza las indagatorias por verdad y justicia del GIEI: durante el sexenio pasado, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Defensa Nacional y su titular, el general Salvador Cienfuegos, y medios afines a su gestión hicieron una permanente y virulenta campaña contra el prestigio y la permanencia en México del grupo de expertos. Su primera salida del país se volvió, por tanto, impostergable en 2016.
Aunque Andrés Manuel López Obrador montó buena parte de su campaña electoral en la promesa de resolver el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y, en los hechos, firmó en el primer día de su administración el Decreto Presidencial para el Caso Ayotzinapa, el GIEI se ha visto orillado nuevamente a dejar México. Eso a pesar –o quizá a causa de ello– de que el grupo independiente ha sido pieza clave para abrir líneas de investigación decisivas y reorientar o desmentir aquellas que fueron impuestas como “verdad histórica” por el gobierno de México, mediante la realización de peritajes, hallazgos de pruebas y el cruce de distintas fuentes de información.
En su intervención final durante la presentación del sexto y último informe del grupo, Carlos Beristain dejó muy en claro que en las condiciones actuales “se hace imposible seguir trabajando. Damos por terminado nuestro trabajo. Llegamos con la promesa de que se nos abrirían todos los archivos para dar con el paradero de los estudiantes. El ocultamiento de esa información se ha constituido en sí misma en la responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes”. Y agregó, visiblemente consternado: “Duele investigar en estas condiciones”.
Algunos de los puntos que ha señalado el GIEI en su último informe son los siguientes:
–El hecho de que existan dos batallones militares en una ciudad pequeña como Iguala y que ambos hayan ocultado los hechos de la noche de los ataques a los normalistas y su desaparición forzada. Su comportamiento de esa noche sólo se explica mediante la colisión de militares con el narco.
–La visión contrainsurgente de los gobiernos hacia los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
–No se ha encontrado ningún documento que confirmara que los normalistas estuvieran vinculados con el narco, pese a la campaña oficial de estigmatización contra ellos. Muchos documentos prueban, en cambio, que las autoridades estaban coludidas con el narco.
–Los militares han ido cambiando sus declaraciones con el paso del tiempo.
–La Marina también participó en la orquestación de la desaparición forzada; no en la noche del 26, pero sí inmediatamente después al montar la seguridad perimetral para hacer diligencias y con la participación de sus buzos en el río San Juan el día 27 (dos días antes de lo establecido oficialmente). El día 28 había una bolsa a un metro de la orilla del río: fue la bolsa sembrada con restos del normalista Alexander Mora para ser “descubierta” al día siguiente.
–Miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos; con base en esas declaraciones se construyó la supuesta “verdad histórica”. Se identificó la muerte de dos personas en esos operativos. Se habla de otros cinco decesos que no se han llegado a consignar.
–Una Unidad de Inteligencia Naval intervino en los escenarios del basurero de Cocula, como está registrado en un video archivado como “secreto”, el día 28.
Entre las recomendaciones finales del GIEI destaca la sobrecarga a las víctimas para buscar pruebas por sí mismas. Así como la preocupación de la situación de los familiares por el alto impacto de los hechos, el deterioro de su salud y sus necesidades, al grado de provocarles la muerte a varios de ellos.
La desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, como las más de 100 mil desapariciones en el país, es atribuible a un problema estructural, no local ni de “manzanas podridas” solitarias como insisten en interpretarlo los gobiernos. El informe final del GIEI no deja dudas, además, de que el Ejército mexicano ha sido un obstáculo estructural que está deteniendo el acceso a la verdad y la justicia.
Para el GIEI es determinante algo fundamental: que después de todos estos años la mentira no se institucionalice como forma de respuesta frente a preguntas o realidades incómodas para el gobierno. Se necesita una total apertura de las instituciones del Estado para el esclarecimiento del caso, comenzando por los grandes protegidos de AMLO –las fuerzas armadas– y hasta sus últimas consecuencias.
Leer la tragedia de Ayotzinapa en “clave de contrainsurgencia”, como recomienda el GIEI, nos retaría como sociedad a una nueva lectura del caso. El Ejército mexicano usó al crimen organizado para la contrainsurgencia. Por ello, la pregunta obligada tendría que ser: ¿de qué lado está AMLO con sus declaraciones cotidianas e inacciones, del Ejército y sus mentiras, o de las víctimas y la verdad?