En México, el poder fáctico no sólo asesina periodistas: con esa práctica se vacía el territorio de testigos, escribí en este espacio hace unas semanas. Los meses transcurren, pero cada vez con menos posibilidad archivo, con menos posibilidad de una memoria común o posibilidad de contraste entre la narrativa del poder y la de la colectividad en todo el país. Y Veracruz acaba de actualizar esa tesis con una precisión brutal.
A principios de junio, Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad en Nanchital, Veracruz. Hombres armados irrumpieron en su domicilio. Su familia fue agredida. Parte del ataque quedó grabado. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación. Días después se anunciaron detenciones vinculadas al caso. Según reportó la agencia informativa AP, entre los detenidos hay cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y dos civiles. Según el diario El País, uno de los arrestados fue identificado por aparecer en el video del ataque. Al momento de cerrar esta columna, Roxana Guzmán aún no ha sido localizada.
Nueve días después del secuestro de la periodista, el 11 de junio, Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia de Veracruz, fue asesinado en la colonia Cazones de Poza Rica. La organización Artículo 19 pidió a las autoridades no descartar su labor periodística como línea de investigación. Pero el dato decisivo es este: Luis Ángel contaba con medidas básicas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas desde febrero pasado, después de denunciar hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
No estamos, entonces, como aseguran algunos, frente a la ausencia absoluta del Estado mexicano. Estamos frente a algo más grave: una presencia insuficiente, fallida, pero aquiescente, cómplice. El Estado había reconocido el riesgo. Lo había registrado. Lo había clasificado. Había dictado medidas básicas. Cuatro meses después, Luis Ángel fue asesinado. Una medida de protección que no protege no es una garantía, es una coartada burocrática.
De acuerdo con Artículo 19, Veracruz es el estado con mayor registro de asesinatos de periodistas desde el año 2000: 33 casos. El más reciente es Luis Ángel. Pero antes, el 8 de enero de este mismo año, también en Poza Rica, fue asesinado Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista independiente enfocado en cobertura de seguridad. Artículo 19 condenó entonces el crimen. El Comité para la Protección de los Periodistas también pidió investigar si el asesinato estaba relacionado con su trabajo.
La continuidad también puede leerse por sexenios. Según el recuento de Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados en México 177 periodistas y personas comunicadoras en posible relación con su labor. De esos casos, 47 ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 10 se han registrado ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Otros conteos, como el de Propuesta Cívica y reportes retomados por Reporteros Sin Fronteras, elevan a 12 los comunicadores asesinados en el actual sexenio. Incluso las cifras más prudentes muestran que el cambio de gobierno no interrumpió la maquinaria.
Lo que se percibe es el mismo patrón territorial: periodistas y comunicadores locales expuestos a una violencia que no sólo busca castigar una publicación, sino clausurar la posibilidad de que una comunidad se mire a sí misma. Porque allí está el punto. Cuando se llevan a una comunicadora local, no desaparece sólo una persona de una estadística: desaparece una voz que nombraba. Cuando asesinan a un reportero policiaco, no matan sólo a quien cubría hechos de seguridad: cercenan una continuidad de registro. Cuando un portal regional queda bajo amenaza, no se pierde nada más una página en internet: se pierde una zona de visibilidad. Esos espacios los ocupan la versión oficial, la versión criminal, el boletín de la fiscalía y el miedo de la colectividad.
La violencia de un narco-Estado no sólo mata: disciplina. Disciplina a quien sobrevivió, al medio pequeño que decide no publicar, al reportero que baja una nota, a la familia que pide silencio, a la comunidad que entiende el mensaje de esta especie de didáctica del terror. Eso es un país sin testigos: no un país donde nadie sabe lo que ocurre, sino un país donde muchos saben y ya pocos pueden decirlo.
Por eso Veracruz importa tanto. Porque muestra la continuidad de una maquinaria que no depende de un solo gobierno ni de un solo partido. La violencia contra la prensa ha sobrevivido a sexenios, alternancias, fiscalías y mecanismos. Y cuando el Estado no puede proteger ni siquiera a quien ya había sido reconocido como vulnerable, la pregunta deja de ser administrativa, se vuelve moral y política.
La privación de la libertad de Roxana Guzmán y el asesinato de Luis Ángel López Valdez no son episodios separados. Son una actualización brutal de la misma tesis: en México no sólo se ataca a periodistas sistemáticamente, se desmonta la posibilidad de que los territorios conserven memoria pública de su propia violencia. Y sin esa memoria, gana la fuerza. Gana quien impone la versión a base de miedo. Gana quien borra a las voces de quienes incomodan.

 

Olga Tokarczuk anunció que dejará de escribir novelas. Pero, durante algunos días, buena parte de la conversación literaria internacional giró alrededor de una noticia también inquietante: Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura y autora de algunas de las novelas más ambiciosas de nuestro tiempo, estaba escribiendo con inteligencia artificial. La noticia era falsa o, al menos, profundamente imprecisa. La escritora polaca aclaró después que utilizaba estas herramientas para investigar, contrastar información o explorar ideas preliminares, pero que su próxima y última novela no había sido escrita por una máquina.
Sin embargo, la parte más interesante de la historia no era la inteligencia artificial. Tampoco Tokarczuk ni su renuncia a la novela. Lo verdaderamente interesante era la facilidad con que una discusión sobre literatura terminó convirtiéndose en una discusión sobre tecnología. Como si ya nos resultara más sencillo debatir herramientas que obras. Como si la sospecha sobre una máquina despertara más interés que una novela de más de mil páginas como la magistral Los libros de Jacob.
Entre las declaraciones que quedaron sepultadas por el ruido aparecía una observación mucho más inquietante: la dificultad creciente para sostener las condiciones materiales que exige una novela extensa. Años de investigación. Años de escritura. Años de incertidumbre estética, personal y económica. Durante siglos una novela podía demandarle años a un escritor y semanas o meses a un lector, sin que nadie considerara aquello una excentricidad. Aunque ciertamente esa herramienta europea, romántica y patriarcal ya comienza a causar sospechas. Hoy basta observar alrededor para advertir que vivimos en una época que parece haber declarado su animadversión a toda actividad que requiera duración, compromiso.
¿Qué ocurre cuando los intelectuales dejan de ocupar el centro de la producción de sentido? Durante mucho tiempo los libros no fueron el único mecanismo de legitimación, pero sí ocuparon una posición más central dentro de él. La crítica, las universidades, los suplementos culturales, los premios y las editoriales giraban alrededor de las obras. Hoy no está claro que siga ocurriendo lo mismo. La conversación literaria parece haber adquirido una vida propia fuera de las obras. Por ejemplo, en las universidades y reseñas se leen los resúmenes de inteligencia artificial de Los libros de Jacob. Pero casi nunca la novela. La novela larga fue una de las grandes tecnologías de la paciencia y de conocimiento. No porque enseñara virtudes morales, sino porque obligaba a habitar una temporalidad y sensibilidades distintas. Aunque es cierto que, como modelo estético, encarnaba hasta hace poco la paradoja de ser un vehículo colonial. Todo aquello que la volvía excesiva –como Moby Dick, Cien años de soledad o El Quijote– era precisamente lo que le permitía construir una experiencia del mundo imposible de condensar en un resumen de IA, en una serie de Netflix o en el libro o canal de un influencer. La gran novela enseñaba a leer el mundo que representaba desde la sensibilidad y la inteligencia. Demandaba compromiso.
Hoy la situación es distinta. Nunca hubo tantas formas de información disponibles. No obstante, pocas veces habíamos dispuesto de tan poco tiempo para procesarla. Nunca fue tan fácil acceder a bibliotecas enteras desde un teléfono y, a la vez, tan difícil sostener la atención sobre una sola cosa durante horas seguidas. La paradoja no afecta únicamente a los lectores, también alcanza a quienes escribimos.
Lo interesante en el caso Tokarczuk no es que sea una escritora utilizando una herramienta nueva. Es que estamos hablando de alguien que ocupa una de las posiciones más altas de reconocimiento simbólico que existen en la literatura contemporánea. Y, sin embargo, incluso desde ahí aparece la sensación de que algo se ha vuelto más difícil. De que algo se ha roto. Y eso sí debería llamar la atención.
Nunca hubo tantos festivales literarios. Nunca tantas becas, ferias, encuentros internacionales, mesas, conversatorios, listas, premios millonarios y mecanismos para producir reconocimiento. El problema aparece cuando uno comienza a preguntarse qué es exactamente lo que esas instituciones están produciendo. Porque el prestigio y la literatura no son la misma cosa. Tampoco la visibilidad. Hay otros capitales en juego que han cobrado centralidad en lo que antes conocíamos como la creación de una obra.
La lógica no es exclusiva de la literatura. Forma parte de una transformación capitalista más amplia en la que la representación e incluso la suplantación comienzan a sustituir lentamente a la experiencia. Conocemos la conversación alrededor de los libros antes que los libros. Conocemos casi siempre la polémica antes que experimentar la lectura. Conocemos la imagen pública, los premios, el abolengo, la vida en las metrópolis y las opiniones de los autores mucho antes que sus páginas escritas.
Quizá por eso la discusión sobre Tokarczuk terminó girando en torno a la inteligencia artificial y nunca alrededor de Los libros de Jacob. Nos resulta más fácil discutir una herramienta que una novela de más de mil páginas escrita por un ser humano. El problema no es la existencia o falta de lectores ni de libros. El problema es qué formas de atención, memoria y experiencia humana siguen siendo posibles a través de la lectura.
Porque una cultura capitalista es capaz de producir prestigio sin lectores. También puede producir lectores, ventas y reconocimiento sin producir obras memorables. Lo verdaderamente raro es otra cosa: producir libros capaces de modificar la imaginación de una época. Eso sí escasea. Tal vez algún día descubramos que la verdadera crisis de la literatura no comenzó cuando las máquinas aprendieron a escribir frases: comenzó cuando una economía organizada alrededor de la velocidad, la visibilidad y el rendimiento volvió cada vez más difícil el tiempo que ciertas obras exigen.

 

En 2016 escribí una columna a favor de los maestros por idénticas circunstancias a las de hoy. No porque creyera entonces, ni crea ahora, que un sindicato esté por encima de la crítica. Ni porque las dirigencias no puedan equivocarse en cuestiones políticas. La escribí por una razón más elemental y, al parecer, todavía necesaria el día de hoy: porque me parecía insoportable la velocidad con que una parte del país podía ponerse del lado de la represión cuando los cuerpos sometidos eran los cuerpos de las y los profesores.
Hoy, como entonces, aunque sea otro el régimen que gobierna, reaparecen los insultos de siempre hacia el magisterio: flojos, revoltosos, privilegiados, enemigos de la libre circulación. El mito del maestro flojo es una de las mentiras más útiles del poder mexicano. Permite borrar de un plumazo la situación real: miles de escuelas sin agua, sin luz, sin internet, sin caminos seguros. Para escuelas primarias, por ejemplo, Mejoredu reportó que en el ciclo 2022-2023 tenía alguna carencia de servicios básicos el 28.2 por ciento de los planteles; eso equivalía a 24 mil 448 de 86 mil 695. Además, 18.1 por ciento carecía de agua potable, 4.9 por ciento no contaba con electricidad, 14.1 por ciento no tenía lavamanos y 346 primarias tampoco tenían sanitarios. El mito del maestro flojo también permite olvidar las aulas multigrado pauperizadas, las comunidades bilingües y apartadas en las que laboran, los salarios castigados y las jubilaciones amenazadas. Permite, sobre todo, convertir un conflicto social en un problema de limpieza urbana previo al Mundial de Futbol. La protesta magisterial vuelve a aparecer entonces como una mancha sobre la postal que el país quiere vender hacia afuera.
Lo que está de fondo son las demandas. La CNTE demanda la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 –impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón y no revertida por Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum–, que sustituyó el horizonte de una jubilación solidaria por el régimen de cuentas individuales; exige además el retorno a un sistema público de pensiones y rechaza las Afores, aumento salarial de 100 por ciento, pagos pendientes y mejores condiciones laborales. En el caso de Oaxaca, la Sección 22 ha puesto también sobre la mesa adeudos como el pago de uniformes escolares y la reforma a una ley estatal educativa que, según el magisterio, lo excluyó de decisiones fundamentales.
Oaxaca sabe demasiado bien cómo opera esa tragedia. En 2006, el gobierno de Ulises Ruiz intentó desalojar el plantón magisterial del zócalo de la ciudad; aquéllo terminó detonando uno de los movimientos sociales más dolorosos de la historia reciente del estado y del país. Entonces, como ahora, se dijo que los maestros molestaban, que ahuyentaban al turismo, que secuestraban la ciudad.
Diez años después, en 2016, Nochixtlán, Oaxaca, dejó de ser sólo el nombre de una comunidad mixteca y se convirtió en una herida nacional. El operativo policial para liberar vialidades del bloqueo magisterial derivó en asesinatos, heridos y una larga exigencia de verdad y justicia. La CNDH terminó calificando aquellos hechos como violaciones graves a derechos humanos y señaló que el operativo de Estado estuvo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado.
En 2026 la escena se repite con otra escenografía. Maestros de la CNTE intentaron instalarse en el Zócalo de Ciudad de México y fueron contenidos por la policía del gobierno morenista. Un maestro oaxaqueño, Ignacio Ismael Arriaga Villar, originario de Pinotepa Nacional, murió en el plantón, presuntamente por un infarto. En San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, durante las protestas de la Sección 22, se reportaron detonaciones de arma de alto poder contra los profesores y 15 personas heridas. El alcalde morenista Esaú López Quero que ordenó la represión se encuentra separado de su cargo para permitir las investigaciones de la Fiscalía del estado.
La secuencia es brutal por su claridad: 2006, ciudad de Oaxaca; 2016, Nochixtlán; 2026, Ciudad de México y Mitla. Cada década cambia el régimen, pero permanece la operación del poder: borrar las causas reales de la protesta. El Mundial de Futbol no inventa el conflicto, sólo vuelve más incómoda su visibilidad. Lo que incomoda no es que haya maestros inconformes, sino que aparezcan justo cuando el país quiere aparentar lo que no es. El gobierno en turno quisiera ofrecer una ciudad sin lonas, sin maestros durmiendo en el suelo, sin jubilados empobrecidos, sin madres de desaparecidos, sin escuelas rurales, sin pobres interrumpiendo la transmisión. Pero esto no es un país mundialista. Es una fosa.
No se trata de canonizar a la CNTE ni de absolver de antemano cada una de sus decisiones. Se trata de mirar el fondo material del conflicto. La deuda educativa no comenzó con este plantón ni terminará cuando retiren las lonas del Centro Histórico. Está en las aulas multigrado, en los techos de lámina vencidos, en las escuelas sin servicios básicos, en las comunidades donde el maestro es a veces la única presencia regular del Estado en territorios atravesados por la pobreza, la migración, la violencia, la desaparición de menores y el crimen organizado. Por eso el mito del maestro flojo le resulta tan funcional al poder: le permite culpar al trabajador de la ruina que los de arriba han administrado.
Un país que abandona sus escuelas no tiene autoridad moral para escandalizarse cuando sus maestros toman las calles. El problema no es que el magisterio interrumpa la normalidad nacional. El problema es que, en demasiadas comunidades, esa normalidad consiste precisamente en el abandono.

 

México ya no sólo desaparece personas: ha aprendido a discutir cómo nombrarlas, contarlas, reclasificarlas y administrarlas mientras sus familias las siguen buscando. Pero cuando quienes desaparecen son niñas, niños y adolescentes, la catástrofe toca una zona todavía más honda del fracaso público. La infancia, escribió alguna vez Walter Benjamin, no es una edad transparente sino un territorio de restos, juguetes rotos, umbrales, miedos y revelaciones; una forma de mirar el mundo antes de que el mundo termine de imponer su ley. En México, ese territorio ha sido invadido por otra ley: la del reclutamiento, la trata, la explotación sexual, el trabajo forzado, el halconeo, el sicariato y las fosas. Se trata de infancias capturadas por economías adultas de violencia y por un Estado cómplice.
El nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México, presentado este mes, debería haber sido recibido por el gobierno federal como una alarma de Estado. No como una ofensa. No como un documento que hay que neutralizar con el reflejo ya tan acostumbrado de la soberanía herida. La CIDH sostiene que la desaparición en México es generalizada, que ocurre en diversas regiones del país, que involucra tanto al crimen organizado como a agentes estatales y que se sostiene sobre impunidad, debilidad institucional, crisis forense y desconfianza profunda de las familias hacia las autoridades.
Más de 128 mil personas desaparecidas o no localizadas. Más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, de acuerdo con estimaciones independientes. Hay números que no necesitan adjetivos porque su sola enunciación debería alterar la respiración de un país. Pero parecería que México ha desarrollado una habilidad atroz para seguir hablando encima de sus ausentes y de quienes los buscan.
¿Por qué importa volver a insistir en el tema de las desapariciones? ¿Por qué volver a nombrar una y otra vez la desaparición, cuando el país parece haberse habituado a escucharla como ruido de fondo? Este nuevo informe desplaza el centro del debate. Ya no basta escribir sobre “violencia” en México. Esa palabra está agotada. El concepto operativo ahora es desaparición como infraestructura: una tecnología de gobierno territorial, de mercado criminal, de disciplina social, de gestión de residuos humanos y de producción de silencio. Para la CIDH, el reclutamiento de menores no es una simple “entrada al crimen”, es toda una forma de explotación prohibida por el derecho internacional. Afirma que niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser captados y utilizados por organizaciones criminales, y le recuerda al Estado mexicano que el reclutamiento para actividades ilícitas como el narcotráfico debe ser prohibido y eliminado con urgencia.
El informe coloca explícitamente dentro del universo de víctimas a niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres y niñas víctimas de violencia de género, migrantes sujetos a explotación laboral o sexual, periodistas y personas defensoras desaparecidas por denunciar o buscar. La desaparición ya no es descrita sólo como ausencia: es una zona de captura económica de los cuerpos. No es únicamente “se los llevaron”; es “los incorporaron a un régimen de uso”: halconeo, sicariato, trata, trabajo forzado, explotación sexual, castigo territorial, control de rutas, etcétera. Un compleja y cada vez más vasta pedagogía del terror.
Es estremecedor el apartado sobre infancias en el que pone la focalización este nuevo informe. La CIDH registra 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos al 19 de agosto de 2025. Señala que entre menores desaparecen ligeramente más niñas que niños. Además, en el segmento de 12 a 16 años, la desaparición de mujeres supera a la de varones.
La CIDH remarca algo decisivo: la desaparición en México ya no puede entenderse sólo bajo el molde clásico de la desaparición forzada de Estado. Sus formas han mutado. El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó una tragedia enorme. Nadie serio podría atribuirle el origen de una crisis que viene de lejos, atravesada por la guerra sucia, por la militarización de la seguridad, por la expansión de los cárteles, por la colusión de autoridades, por el abandono deliberado de territorios enteros. Pero heredar una catástrofe no autoriza a administrarla con gestos defensivos ni con altanería. Gobernar sobre el desastre no significa repetir que no se niega el problema, sino actuar como si cada día de demora en cada caso de desaparición fuera, en efecto, una forma adicional de violencia.
El país no necesita otra disputa semántica sobre cómo llamar a la catástrofe. Necesita encontrar personas. Identificar restos. Proteger a las buscadoras. Investigar redes de complicidad. Abrir archivos. Aceptar cooperación técnica. Construir instituciones forenses que sobrevivan a los sexenios. Y, sobre todo, dejar de tratar a las familias como un problema de comunicación política. Mientras eso no ocurra, cada cada niña desaparecida, niño desaparecido, seguirá siendo también una acusación contra el país que no supo protegerlos, contra el Estado que no supo buscarlos y contra una sociedad que aprendió demasiado pronto a naturalizar a lo que en realidad era una forma de administración gubernamental de la vida y de la muerte.

 

Cada 3 de mayo la libertad de prensa vuelve a ocupar un lugar aceptable en el vocabulario público. Gobiernos, organismos internacionales, medios y funcionarios repiten su importancia con fórmulas comunes. La dificultad empieza cuando la libertad de expresión deja de ser un principio democrático y se observa como trabajo cotidiano: quién investiga, en qué condiciones, con qué salario, con qué respaldo legal, bajo qué amenazas, frente a qué autoridades o en qué municipio.
En México, la libertad de prensa no se deteriora sólo cuando alguien censura una nota. También se deteriora cuando el periodista local trabaja sin contrato, cuando un portal digital sustituye a una redacción empobrecida, cuando un fotógrafo freelance cubre homicidios para varios medios y ninguno responde por él si hace falta, cuando una reportera denuncia amenazas y la protección estatal no evita lo más trágico, cuando el Estado cuenta los casos pero rara vez modifica las condiciones que los hicieron posibles. Una y otra vez.
Artículo 19 ha documentado 176 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000 en posible relación con su labor. Según su registro, 47 ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y nueve en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa y directora de Quinto Poder, cubría política local, corrupción y abusos de autoridad en el norte de Veracruz. Fue asesinada el 30 de marzo de 2020, en Papantla. Después de su asesinato, su hija Fernanda de Luna Ferral, también periodista, asumió la exigencia de justicia y fue atacada dos meses más tarde junto con sus escoltas.
Gustavo Sánchez Cabrera era periodista independiente en el Istmo de Tehuantepec. Dirigía el portal Noticias Minuto a Minuto. Había denunciado amenazas y solicitado protección. El 17 de junio de 2021 fue asesinado en Oaxaca mientras viajaba en motocicleta con su hijo adolescente. Su hijo sobrevivió. Gustavo estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque organizaciones como Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras señalaron que sus medidas no habían sido implementadas en su totalidad.
Su caso no es una anomalía dentro de Oaxaca. Una nota de La Jornada, publicada este 4 de mayo de 2026, informa que el estado ocupa el segundo lugar nacional en personas adscritas al Mecanismo de Protección, sólo detrás de Ciudad de México. El registro citado por el diario contabiliza 194 beneficiarios en la entidad: 161 personas defensoras y 33 comunicadores. La organización Educa ha documentado, además, los asesinatos de 33 activistas desde el inicio del gobierno morenista de Salomón Jara, en diciembre de 2022. Este altísimo número de personas “protegidas” es el síntoma más grave de un clima de riesgo que parece sistemático en la entidad.
En enero de 2022, Tijuana concentró dos asesinatos que exhiben otra dimensión del problema. El 17 de enero fue asesinado Alfonso Margarito Martínez Esquivel. Era fotoperiodista de nota policiaca y colaboraba como freelance con varios medios locales. La palabra freelance, en este contexto, no describe libertad profesional sino una forma de exposición: cubrir escenas de alto riesgo sin la protección de una estructura laboral.
Seis días después fue asesinada Lourdes Maldonado, también en Tijuana, frente a su domicilio. En 2019 había acudido a una conferencia matutina de López Obrador para pedir ayuda; dijo entonces que temía por su vida. La escena se ha vuelto conocida, pero no por eso ha perdido sentido.
Antonio de la Cruz trabajaba en Expreso, en Tamaulipas. Tenía más de dos décadas de trayectoria. El 29 de junio de 2022 fue asesinado al salir de su casa en Ciudad Victoria. Su hija Cynthia, de 23 años, resultó gravemente herida durante el ataque y murió después. Aquí la categoría “periodista asesinado” queda corta: el ataque alcanzó directamente a su familia. En 2025, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) confirmó que el homicidio estuvo relacionado con su labor periodística, de acuerdo con investigaciones ministeriales citadas por medios nacionales.
Fredid Román Román había trabajado más de 30 años en medios de Guerrero. Dirigió diarios locales como Expresión Popular y La Palabra; en sus últimos años publicaba el semanario La Realidad, ya sólo en redes sociales por el aumento de los costos de impresión. Fue asesinado el 22 de agosto de 2022 en Chilpancingo. Un mes antes habían asesinado a su hijo. Su última columna abordaba el caso Ayotzinapa. En su historia se juntan varias precariedades: la económica, la tecnológica, la familiar, la política, la de un periodismo local que sobrevive con menos recursos y aun así sigue nombrando asuntos que incomodan.
Ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, Carlos Leonardo Ramírez Castro, director de Código Norte Veracruz y corresponsal de Noreste, fue asesinado el 8 de enero de 2026 en Poza Rica. El Comité para la Protección de los Periodistas reportó que tenía 25 años y que fue atacado mientras comía en un restaurante. Cubría temas de seguridad. Había tenido medidas de protección tras un altercado con un policía municipal en 2024, pero éstas expiraron después de que salió de Veracruz. No estamos ante un problema clausurado con el cambio de administración.
La precariedad no es un tema lateral. Forma parte de la arquitectura del riesgo. Muchos periodistas asesinados no pertenecían a grandes empresas nacionales. Trabajaban en medios pequeños, semanarios locales, portales digitales, colaboraciones múltiples, iniciativas personales. Esa fragilidad no explica por sí sola los crímenes, pero sí ayuda a entender por qué el periodismo local queda tan expuesto: menos recursos, menos asesoría jurídica, menos visibilidad nacional, menos protocolos, menos capacidad de reubicación, menos margen para decir no a una cobertura peligrosa.
A esto se suma el discurso desde el poder. Durante el sexenio de López Obrador, Artículo 19 registró 3 mil 408 agresiones contra la prensa: una cada 14 horas. También documentó 179 agresiones a periodistas y medios dentro de las conferencias matutinas. Las “mañaneras” fueron, aparte de un instrumento de comunicación política, un espacio de descalificación recurrente contra periodistas y medios. No todos los ataques contra la prensa derivan del discurso presidencial, por supuesto. Pero el poder sí fija autorizaciones simbólicas. Cuando un gobierno reduce la crítica a enemistad política, corrupción o conspiración, otros actores entienden que el periodista está disponible para el descrédito.
Svetlana Alexiévich dijo en su discurso del Nobel que la verdad no cabe en una sola mente ni en un solo corazón, que está dispersa. El periodismo local trabaja justamente con esa dispersión: voces incompletas, documentos parciales, familias que insisten, expedientes que no avanzan, vecinos que hablan con miedo, funcionarios que administran la demora.
Ricardo Flores Magón escribió que “la prensa es luz”. Leída desde el México actual, la frase exige una pregunta poco cómoda: ¿quién sostiene esa luz, en qué condiciones trabaja, quién la amenaza y quién investiga cuando la apagan? La libertad de prensa no se protege con efemérides. Se protege con justicia, salarios dignos, mecanismos eficaces, medios menos frágiles y gobiernos que entiendan –cosa casi imposible– que la crítica no es una ofensa personal sino una condición mínima de la vida pública.
Cada 3 de mayo es, también, aniversario de la que es ahora mi casa editorial. Este año cumplió 33. No ha sido un camino terso el que se ha atravesado para mantenerse como el periódico independiente más importante y prestigioso de Guerrero: larga vida a El Sur.

 

Madres buscadoras de Jalisco fueron amenazadas, hace apenas un par de días, por hombres armados mientras realizaban labores de búsqueda en Tlajomulco, Jalisco. La escena dice mucho del país: mujeres que salen todos los días con palas y barretas, fotos de sus desaparecidos y una experiencia en campo que el Estado mexicano no tiene. Mientras que hombres armados llegan a recordarles que incluso buscar puede costar la vida. La búsqueda, en México, no es ya sólo un acto de amor, de resistencia o de duelo. Es también una actividad de riesgo extremo.
Ese episodio coincide con otra discusión que en otro país sería escandalosa y aquí parece rutinaria: la disputa por las cifras oficiales de personas desaparecidas. Mientras el gobierno federal ofrece nuevas lecturas y depuraciones del registro, los múltiples colectivos reprochan que esa discusión no parta del territorio, sino del escritorio. No de las fosas, los hallazgos, los restos, los expedientes detenidos y la experiencia y la voz de las familias, sino de un método administrativo que vuelve a colocar la atención en la contabilidad de un Power Point antes que en la verdad. El problema no es sólo cuántos faltan. El problema es, además, que quienes buscan a los desaparecidos siguen siendo amenazadas, asesinadas o desaparecidas.
Por eso conviene, por una vez, bajar la temperatura de la discusión ideologizada, hacer una pausa y regresar a lo esencial. Cuando se nombra a una madre buscadora asesinada por este sistema, hay que nombrar también al hijo, la hija, el hermano o el esposo que cada una de ellas busca. De otro modo, se les desaparece dos veces. Miriam Rodríguez Martínez, por ejemplo, no era nada más una “activista”: buscaba a su hija, Karen Alejandra. Teresa Magueyal, por su parte, no era otra cifra: buscaba a su hijo desaparecido. Blanca Esmeralda Gallardo buscaba a su hija. Rubí Patricia Gómez-Tagle buscaba a su hijo desaparecido desde hace un año. Cecilia García Ramblas formaba parte de un colectivo en Salamanca y había salido, como tantas otras mujeres buscadoras, a hacer el trabajo que las instituciones no hicieron a tiempo. Cada una de esas historias pertenece a una localidad concreta, a una fiscalía concreta, a un vacío concreto del Estado mexicano que por complicidad, omisión o aquiescencia, participó en la muerte de cada una de ellas.
Lo mismo puede decirse de otros nombres que tendrían que formar parte de la memoria pública del país: María Isabel Cruz Bernal, Norma Angélica Bruno Román, Guadalupe Campanur Tapia, Ana Luisa Garduño Juárez, Aranza Ramos Rascón, Bertha Alicia Gatica, Lorenza Cano Flores, Catalina López, María del Carmen Morales. Todas buscaron a hijos e hijas; a esposos, hermanos o familiares cercanos. Todas entraron en la misma intemperie: un país en el que la desaparición se ha vuelto una condición social y la búsqueda una forma de ciudadanía forzada. No buscaron porque tuvieran vocación de peritas, investigadoras o rastreadoras. Simplemente porque alguien tenía que hacerlo.
La dimensión de esa intemperie no se agota en el número de personas desaparecidas. México arrastra también una crisis forense de gran escala, con decenas de miles de cuerpos sin identificar, fosas comunes saturadas, servicios periciales rebasados y familias obligadas a aprender el lenguaje técnico del horror: indicios, cotejos, cadenas de custodia, genética, osteología, exhumación. Esa es la otra cara de la discusión actual sobre los registros: detrás de cada ajuste estadístico hay familias que siguen esperando un nombre, una confirmación, un fragmento de verdad. Y detrás de esa espera hay un Estado que durante años no ha logrado construir una respuesta proporcional a la magnitud del desastre.
En este mismo espacio se ha hablado del pronunciamiento de urgencia de la ONU y del lugar excepcional al que ha llegado México en materia de desapariciones como posibles casos de lesa humanidad. El Comité contra la Desaparición Forzada habló de indicios fundados de una práctica persistente y pidió que la situación mexicana fuera considerada en instancias más altas del sistema internacional. Lo que hoy vemos en Tlajomulco, en Guanajuato, en Sinaloa, en Veracruz, en Sonora, confirma que el problema ya no puede leerse como una suma de tragedias privadas: se trata de una enorme crisis estructural.
Lo decisivo, sin embargo, no está en el lenguaje diplomático ni en la discusión técnica, sino en las historia de vida concretas. Una madre que sale a buscar a su hijo. Una esposa que pega fichas. Una hermana que aprende a leer y a oler la tierra donde hay restos humanos. Un padre que se interna en un predio con una esperanza mínima. Y, del otro lado, un poder criminal que controla territorios y un poder estatal que llega tarde, discute cifras en las conferencias matutinas o sencillamente no llega. De ahí la obscenidad de nuestra normalidad: en México, no basta con sobrevivir a la desaparición de un familiar; además hay que sobrevivir a su búsqueda.
Nombrarlas, entonces, no es un recurso sentimental. Es un deber civil. Porque ellas –las asesinadas, las desaparecidas, las amenazadas, las buscadoras– han sostenido con sus cuerpos la verdad que el Estado, desde Ayotzinapa hasta Teutlitlán, se ha negado sistemáticamente a revelar. Las madres buscadoras nos han obligado a mirar un espesor territorial al que casi todos querían acostumbrarse. Lo mínimo que corresponde es no reducirlas a cifra, no repetirlas como lista, no despojarlas del vínculo por el que buscaron.
En un país que desaparece personas y después extravía su rastro en archivos, nombrar a una buscadora junto al ser querido que busca sigue siendo una de las formas más elementales de justicia.

 

En México, el poder fáctico no sólo asesina a periodistas como sistema. Está vaciando el territorio de testigos. No se trata solamente de un lamentable crimen generalizado que lleva décadas contra un todo un gremio. Es un golpe directo contra la posibilidad de que una comunidad se conozca a sí misma. Cada reportero atacado, amedrentado, censurado, desaparecido o asesinado en México no deja únicamente una familia rota o una redacción en duelo. Deja un hueco en el registro de lo que ocurre en el tejido social. Allí donde alguien nombraba extorsiones, retenes, policías coludidos, alcaldes, rutas de trasiego, desaparecidos, se instala después una zona ciega. El periodismo local –precario, mal pagado, sin seguridad social, sin relevo– es el último dispositivo que convierte la experiencia cotidiana y dispersa de la violencia en un relato público. Cuando éste se rompe, no sólo se pierde una voz: se pierde la continuidad de lo real. La vida sigue, pero sin archivo. Sin memoria compartida. Sin posibilidad de contraste. Un territorio sin testigos no es un territorio en silencio: es un territorio administrado por la versión más fuerte, por quien puede imponerla sin resistencia desde el poder.
A esta lógica de silenciamiento se suma otra, más turbia: la criminalización. La detención reciente de Ubaldo Segura Pantoja, activista, locutor y periodista comunitario de la Montaña de Guerrero, acusado por protestar en 2014 por la desaprición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y trasladado a un penal federal de máxima seguridad, reabre una pregunta incómoda: ¿qué se castiga realmente? Según reportes de medios y organizaciones, su trayectoria está ligada a la defensa de comunidades y a la documentación de conflictos sociales en la región. Hoy, esa misma biografía es leída como expediente penal. A quien narra también se le puede neutralizar mediante procesos judiciales que desplazan el foco, desgastan y envían un mensaje punitivo. El efecto es el mismo: reducir el margen de lo decible.
Desde 2 mil han sido asesinados al menos 176 periodistas en posible relación con su labor, y decenas más permanecen desaparecidos, de acuerdo con datos de Artículo 19. Sólo en 2024 se documentaron 639 agresiones. Una cada 14 horas. Y la impunidad supera el 84 por ciento. No son sólo datos, son un patrón. Hay informes, mecanismos, fiscalías, botones de pánico, escoltas. Hay un aparato institucional que se presenta todas las mañanas como garante de la libertad de expresión. Y, sin embargo, el saldo no se mueve. La violencia contra la prensa dejó de ser una anomalía y se volvió una constante administrada. No es que el sistema falle: funciona así. Absorbe el golpe, lo normaliza, lo incorpora. Los cuerpos de los comunicadores se vuelven un piso sobre el que se gobierna.
En marzo de 2026, en menos de 48 horas, fueron baleados dos comunicadores en Oaxaca y Nuevo León. En febrero, reporteros que cubrían episodios de violencia fueron perseguidos, amenazados y despojados de su equipo en una misma jornada. Y en Guerrero, el periodista indígena me’phaa Rolando Sánchez Quintero –que documenta la violencia en su comunidad– fue objeto de allanamientos e intimidación: hombres forzaron su casa, arrojaron piedras, vigilaron su domicilio. Estos ataques –denuncia Artículo 19– no son hechos aislados, sino parte de un entorno sistemático de hostigamiento contra quienes informan desde territorios marginados. No siempre matan. A veces basta con acercarse de noche, con dejar señales, con recordar que pueden volver. El mensaje es el mismo: deja de mirar, deja de escribir, deja de nombrar.
El sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum no inaugura la violencia, pero la continúa sin modificar su estructura. Según el recuento del centro de investigación Propuesta Cívica, desde octubre de 2024 han sido asesinados al menos 12 periodistas. La lista arranca con Mauricio Cruz Solís, asesinado en Uruapan; Patricia Ramírez González, en Colima; Alejandro Gallegos León, Cayetano de Jesús Guerrero; y se extiende a casos como el de Miguel Ángel Beltrán, encontrado con un mensaje intimidatorio en Durango. Cada nombre es una geografía: Michoacán, Colima, Tabasco, Estado de México, Veracruz. Cada caso, una constante: la cercanía entre el periodista y los poderes que documenta. Según Artículo 19, al menos nueve asesinatos ya corresponden al actual gobierno federal. Aunque Propuesta Cívica documenta 12 casos. No es una excepción: es continuidad.
Ese riesgo tiene geografía y tiene jerarquía. Se concentra fuera de la capital, en redacciones mínimas, en cabinas de radio, en páginas digitales sostenidas por dos o tres personas, en periodistas independientes que trabajan solos. En regiones indígenas o periféricas, además, la agresión no sólo castiga una publicación: busca cancelar la posibilidad misma de narrar. Allí donde callan a la prensa local, prospera la colusión. El pacto ya no necesita ocultarse. Sin relato público, la corrupción deja de ser escándalo y se vuelve método. Sin testigos, la violencia deja de ser noticia y se convierte en administración territorial.
Y mientras tanto, desde el centro del país, la presidenta Sheinbaum repite cada mañana la palabra “libertad”. Reportes de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras muestran que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas de guerra en el mundo. La contradicción no es retórica: es material. Se habla de derechos mientras se acumulan agresiones. Se invoca la libertad mientras se multiplican las zonas de silencio.
No se trata únicamente de solidaridad con un gremio. Se trata de algo más básico: el derecho de una sociedad a no vivir a ciegas. Porque donde desaparecen los periodistas locales no aparece el silencio. Aparece una sola versión de la realidad. Y esa versión desde el poder jamás informa: se impone.

 

El 27 de febrero fue asesinada en Mazatlán Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora que desde hace años buscaba a su hijo desaparecido. Tenía 38 años y formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. Su cuerpo fue hallado dentro de su casa, con heridas de arma blanca. La fiscalía anunció que investigaría el caso como feminicidio. Un día antes, su colectivo había informado sobre indicios encontrados durante una jornada de búsqueda en campo. La noticia pasó rápido por el ciclo informativo nacional, como tantas otras en un país saturado de violencia. La muerte de Rubí no es un hecho aislado, es parte de un patrón.
En México se ha vuelto posible –y cada vez más frecuente– asesinar a quienes buscan a los desaparecidos. Distintos registros de organizaciones civiles documentan al menos 35 madres buscadoras asesinadas desde 2010. Veinticinco de ellas en los gobiernos de la llamada 4T. Y de éstas, 11 tan sólo en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. La cifra describe una anomalía brutal incluso dentro de la ya normalizada violencia de los gobiernos mexicanos. En este país no sólo desaparecen personas: también se mata a quienes intentan encontrarlas.
La crisis de desapariciones es conocida pero todavía difícil de dimensionar. México supera ya las 100 mil personas desaparecidas o no localizadas registradas oficialmente. Detrás de esa cifra hay una realidad más compleja: fosas clandestinas dispersas por todo el territorio, restos humanos sin identificar acumulados en servicios forenses inoperantes y expedientes que permanecen abiertos durante años sin resultados. Ante la incapacidad o la lentitud institucional para investigar y buscar, miles de familias terminaron asumiendo una tarea que debería corresponder al Estado. Así surgieron los colectivos de personas buscadoras, mujeres en su inmensa mayoría.
Desde luego que estas mujeres no tenían ninguna experiencia previa en trabajo forense o investigación criminal. Aprendieron en el camino. El Estado las obligó. Aprendieron a caminar con varillas para detectar irregularidades en la tierra. Aprendieron a reconocer señales mínimas: cambios en la textura del suelo, hundimientos en el terreno, fragmentos de tela que emergen en el monte. Aprendieron también a organizar brigadas de búsqueda, a registrar hallazgos, a exigir la presencia de autoridades cuando encuentran restos humanos. En numerosos casos han localizado fosas clandestinas antes que las propias instituciones encargadas de hacerlo.
Su trabajo digno ha permitido dimensionar la magnitud real de la desaparición en México. Pero también las ha colocado en una situación de extrema vulnerabilidad. Cada fosa localizada señala responsabilidades posibles. Criminales, desde luego, pero también omisiones institucionales, silencios locales, redes de complicidad que permiten que los cuerpos permanezcan enterrados durante años. En ese sentido, la búsqueda no sólo es una tarea humanitaria. También es una forma involuntaria de investigación. Y quien investiga demasiado puede terminar sabiendo demasiado.
Por eso las buscadoras incomodan.
Hace apenas unos días se cumplió un año del hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El sitio fue descubierto el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Lo que encontraron allí produjo una de las imágenes más perturbadoras de la crisis de desapariciones en el país: montones de ropa, zapatos, mochilas y pertenencias personales dispersas por el terreno. Más de mil 800 prendas de vestir. Restos humanos enterrados. Posibles cremaciones clandestinas. Las prendas se convirtieron en una especie de archivo material de la desaparición.
Un año después, muchas familias siguen revisando fotografías de esos objetos con la esperanza –y el temor– de reconocer algo. Un pantalón. Una camisa. Un par de tenis. En un país con decenas de miles de personas desaparecidas, las prendas a veces son la única pista disponible para reconstruir quién estuvo en esos lugares. Como señala el proyecto periodístico Las Prendas Hablan –de Animal Político, A dónde van los desaparecidos y ZonaDocs, en colaboración con Tejer Red–, los objetos encontrados en el rancho no son simples restos materiales: son huellas que permiten reconstruir tanto historias humanas individuales como trayectorias de violencia intitucionales.
Y nuevamente son las familias quienes realizan buena parte de ese trabajo.
La pensadora Rita Laura Segato ha explicado que ciertas violencias funcionan como mensajes disciplinarios dirigidos a una colectividad. El feminicidio, por ejemplo, no sólo elimina a una mujer concreta. También comunica poder. Inscribe en el cuerpo femenino una advertencia dirigida al resto de la sociedad. Algo similar ocurre cuando asesinan a una madre buscadora. No se trata únicamente de eliminar a una persona. El crimen produce un efecto pedagógico desde el poder: recordar que incluso la búsqueda puede ser castigada.
El filósofo Achille Mbembe utiliza el concepto de “necropolítica” para describir contextos donde el poder se ejerce mediante la administración de la muerte. Además de la capacidad de matar, es la capacidad de producir territorios donde ciertas vidas quedan expuestas a la violencia sin protección efectiva o colusión del Estado. Espacios donde la muerte deja de ser una excepción para convertirse en una forma de regulación social.
México es ya uno de esos territorios.
Las desapariciones masivas, los feminicidios y el asesinato de personas buscadoras forman parte de un mismo ecosistema de violencia. Un país donde el derecho tan básico como saber dónde está un hijo, puede convertirse en una actividad peligrosa. Donde abrir la tierra para buscar restos humanos implica enfrentarse a estructuras criminales, pero también a instituciones saturadas, aquiescentes o simplemente incapaces de responder.
Rubí Patricia Gómez-Tagle es el caso más reciente de esa violencia. Antes que ella fueron asesinadas otras madres buscadoras en distintos puntos del país; mujeres que habían denunciado amenazas, que habían encontrado fosas clandestinas o que habían señalado posibles responsables de la desaparición de sus hijas, hijos. Todas compartían una misma obstinación: negarse a aceptar la desaparición como destino.
Las buscadoras representan una anomalía y una reserva moral dentro del paisaje de violencia mexicano. Mientras gran parte del país aprende a convivir con las cifras de desaparición como si fueran parte inevitable de la vida pública, ellas insisten en recordarnos que cada número corresponde a una persona concreta, a una historia interrumpida, a una familia que sigue esperando.
Por eso siguen caminando.
No sólo buscan a sus hijos. Buscan impedir que el país se resigne finalmente a vivir sobre una fosa común.

 

METALES PESADOS

Samir Flores fue un campesino nahua comunitario en Amilcingo, Morelos, comunicador en la radio comunitaria, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Además de ser delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI).
La organización Artículo 19 documentó que Samir había recibido amenazas desde años antes de su asesinato y que, en los días previos, estaba difundiendo información sobre la consulta del 23 y 24 de febrero de 2019 contra la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos (PIM). Samir fue asesinado el 20 de febrero de 2019.
Siete años después, el caso sigue siendo una radiografía de la impunidad. El diario El País reconstruyó en febrero de 2026 una investigación con pérdida de pruebas, cadena de custodia deficiente, búsqueda tardía de evidencias y una omisión central: no explorar seriamente la línea relacionada con su trabajo como defensor del territorio. La pregunta de fondo no cambia: no sólo quién disparó a la puerta de su casa, sino quién ordenó matarlo.
Por eso importa que el EZLN y las bases de apoyo zapatistas hayan concluido este 22 de febrero las jornadas por Samir Flores en todo el país, denunciando impunidad a siete años del crimen y vinculándolo con la estrategia del Estado mexicano por el despojo, la militarización y el extractivismo. Los zapatistas han recordado explícitamente que Samir fue asesinado tres días antes de la consulta sobre el PIM y que situaron su asesinato en el marco de una campaña de odio y del control territorial promovida por el partido de Estado.
Ese punto conecta con una discusión más amplia que no suele hacerse con suficiente precisión: la llamada “guerra contra las drogas” en México ha funcionado, en distintos momentos, como política de seguridad, como dispositivo de coordinación con Estados Unidos y, en no pocos territorios, como cobertura para el control social y la contención del conflicto. El pensador uruguayo Raúl Zibechi lleva años insistiendo en algo parecido: que la militarización en América Latina no puede leerse sólo como combate al crimen, sino como una forma de gobierno sobre poblaciones y territorios. Zibechi coloca el tema en esos términos, asociando militarización, control y despojo. Es decir, una política de contrainsurgencia.
No hace falta caer en analogías fáciles para ver la continuidad. Felipe Calderón inauguró una fase de militarización abierta con el discurso de guerra, y esa fase quedó además atravesada por la cooperación estructural con Estados Unidos. Recordemos que la Iniciativa Mérida fue lanzada en 2007 como un esfuerzo de 1.6 mil millones de dólares en apoyo a actividades de seguridad y procuración de justicia, con entrenamiento, equipo y coordinación bilateral. Ese plan incluyó entrega de helicópteros, equipos de inspección, entrenamiento policial y mecanismos formales de coordinación con autoridades mexicanas.
La comparación con el presente no pasa por decir que todo es idéntico. No lo es. El gobierno de Claudia Sheinbaum llegó con una narrativa distinta a la de Calderón y su estrategia oficial se sostenía en cuatro ejes (atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación). Pero, en la práctica, el peso de la seguridad militarista y de la cooperación con Estados Unidos sigue creciendo. La agencia Associated Press reportó que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, impulsa una unidad de élite (UNO) nutrida en gran medida por exintegrantes de la Policía Federal y señaló –citando a funcionarios y analistas– que una de las presiones de contexto es responder a exigencias de Washington.
Ahí aparece García Harfuch como figura clave de una continuidad incómoda. Se formó en la Policía Federal (PF) de Calderón, dentro de la arquitectura federal de seguridad que tuvo como símbolo a Genaro García Luna. García Harfuch arrancó su carrera en la PF y muchos de sus cuadros de confianza provienen de allí. El expresidente Andrés Manuel López Obrador convirtió a García Luna en emblema de la corrupción de esa etapa. Sin embargo, García Luna fue secretario de Seguridad Pública con Calderón y antes dirigió la Policía Federal, además de haber sido condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del narco.
Eso no prueba automáticamente responsabilidad individual de todos los funcionarios que pasaron por esa estructura. Pero sí obliga a discutir algo más serio que el marketing de “nueva estrategia”: la persistencia de cuadros, lógicas y redes institucionales de la era de la guerra. Si el personal, los métodos y la presión externa se mantienen, la promesa de ruptura necesita demostrar mucho más que un cambio de eslogan.
La injerencia estadunidense tampoco es una reliquia del sexenio de Calderón. En 2025 la agencia Reuters reportó presiones de Washington sobre el gobierno mexicano para investigar y extraditar objetivos ligados al crimen organizado, en reuniones de alto nivel donde participaron autoridades mexicanas, incluido García Harfuch. Y hoy mismo Reuters reporta que la operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que terminó con la muerte de El Mencho, contó con inteligencia estadunidense. Esto no significa que México no deba perseguir a los cárteles. Significa que la agenda de seguridad vuelve a tensarse bajo prioridades bilaterales, especialmente en torno a fentanilo, frontera y resultados rápidos.
Si todo eso se pone junto al caso Samir Flores, la imagen es más dura. Porque mientras el Estado puede desplegar inteligencia, fuerzas especiales y coordinación binacional para operaciones de alto impacto, las investigaciones de asesinatos de defensores del territorio siguen acumulando retrasos, negligencias y líneas de investigación abandonadas. El mensaje político es devastador: hay capacidades para la guerra, pero no para la justicia.
Ése es el punto que las jornadas por Samir Flores, el CNI y el EZLN vuelven a poner sobre la mesa con una nitidez que el discurso oficial evita. No sólo se trata de memoria. Se trata de nombrar una continuidad: megaproyectos, militarización, impunidad y un lenguaje de seguridad que se presenta como neutral mientras define qué vidas son protegibles y cuáles son prescindibles. La “guerra contra las drogas” no explica todo, pero sigue funcionando como coartada suficiente para expandir aparatos, coordinar con Washington y administrar territorios en conflicto.
Y si algo habría que discutir hoy, con menos propaganda y más honestidad, es esto: si la estrategia de seguridad de Sheinbaum quiere distinguirse de la de Calderón, no basta con negar la comparación. Tiene que probar, en casos como el de Samir Flores, que el Estado mexicano puede investigar hasta el fondo cuando el crimen toca intereses políticos, empresariales y territoriales. No lo hará. Porque una estrategia de seguridad que no rompe la impunidad de los crímenes contra defensores termina pareciéndose demasiado a lo que dice haber superado.

 

American Fiction (2023) es una peícula dirigida y escrita por Cord Jefferson, basada en la novela Erasure (2001) del escritor Percival Everett. Plantea un problema editorial a detalle: el mercado no sólo selecciona libros, también selecciona qué entiende por “verdad” cuando la voz viene de una identidad racializada. La trama es conocida: un novelista negro, harto de que el circuito premie cierto tipo de literatura negra, escribe una parodia deliberadamente estereotípica; el sistema la toma como “auténtica”, la publica y la celebra. La sátira funciona porque no inventa el molde: lo exhibe.
American Fiction es una película sobre el mercado editorial como dispositivo de selección: qué relatos entran, cuáles se premian, cuáles se vuelven “importantes”, cuáles circulan como representación de una comunidad entera en las capitales y en las metrópolis. El centro de su sátira no es la mala intención individual: es la estructura, el sistema. Un escritor negro, Thelonious Monk Ellison, escribe deliberadamente una novela cargada de clichés y estereotipos para exhibir el hambre del sistema por cierto tipo de “verdad” racial. La broma funciona porque el sistema no sólo compra el producto: lo celebra como autenticidad. ¿Cuántas veces hemos visto ese fenómeno editorial en México?
Ese mecanismo no es una anécdota estadunidense ni un problema de “sensibilidad”. Es economía política del prestigio. Hay dinero, hay distribución, hay premios, hay adaptaciones, hay suplementos culturales, hay mesas de novedades, hay algoritmos, hay marketing, hay capitales simbólicos y culturales heredados. Y esos dispositivos no son neutros: producen incentivos. El incentivo principal que la película desnuda puede formularse sin metáforas: el mercado prefiere relatos que confirmen una idea previa de lo que una identidad “debe” ser. Si la obra encaja con el estereotipo, es legible. Si es legible, es vendible. Si es vendible, se vuelve “necesaria”. Y así hasta el infinito.
En la película, el sistema editorial y cultural recompone el circuito completo: editores que buscan “la historia que hace falta”, lectores que quieren sentirse políticamente correctos, jurados que premian aquello que pueden justificar moralmente, medios que convierten la narrativa en etiqueta. Y el escritor queda atrapado en una paradoja: si escribe la obra compleja que quiere, no circula; si escribe el cliché que denuncia, circula de manera estupenda. La sátira no se sostiene por su exageración: se sostiene en un dato cultural básico. El mercado no compra y vende únicamente libros, también, una idea de mundo empaquetada.
En Dialéctica de la Ilustración (1944), Adorno y Horkheimer describen la “industria cultural” como un sistema donde la cultura se produce y distribuye con lógica industrial: estandarización, fórmulas repetibles, pseudo-diversidad (parece distinto, pero es lo mismo) y un efecto político: el consumo cultural tiende a producir conformidad más que pensamiento crítico.
Aquí vale traer a Ng?g? wa Thiong’o, pero sin convertirlo en amuleto. En Decolonising the Mind (1986), Ng?g? plantea que la lengua es más que instrumento: es portadora de cultura y de jerarquías; por eso, cuando la lengua del poder organiza el horizonte de lo decible, produce alienación. No porque la gente sea “tonta”, sino porque el centro define qué cuenta como conocimiento, qué cuenta como literatura, qué cuenta como experiencia legítima. Si se traslada esa lectura al campo que muestra American Fiction, el punto es qué se publica y bajo qué condiciones se considera “verdadero” lo publicado. El mercado se vuelve el equivalente funcional de la lengua imperial: filtra, ordena, traduce; pero, sobre todo, reduce la experiencia que es narrada.
El mundo del libro en español funciona con centros claros de legitimación: grandes grupos, premios, ferias, suplementos, cadenas de librerías, distribución transnacional, traducciones. Un libro no se vuelve “importante” por su verdad intrínseca: se vuelve importante por su capacidad de insertarse en ese circuito. Y el circuito tiene una lógica: reducir riesgos. Riesgos económicos, sobre todo. Repite lo que ya funcionó. Premia lo que ya tiene una lectura preparada.
Por eso ciertos relatos se vuelven recurrentes no porque sean los únicos posibles, sino porque son los más legibles para el mercado. En el espacio hispanohablante, esa legibilidad adopta máscaras conocidas: la periferia como explicación del país, la violencia como postal, la intimidad confesional como certificado de verdad, el YO como garantía de autenticidad. Son temas sometidos a una economía: cuando el circuito decide que lo valioso es “experiencia legítima”, la experiencia se vuelve un recurso explotable. Cuando decide que lo valioso es “autenticidad”, la autenticidad se convierte en un requisito. Y el requisito –esto es clave– produce forma literaria.
Ng?g? diría, con otras palabras: no se coloniza sólo prohibiendo, se coloniza creando condiciones de entrada. En el mercado editorial actual, la condición de entrada muchas veces no es el idioma, sino la manera de presentarse: un registro exportable, una narrativa que se pueda vender como “urgente”, una identidad que pueda ofrecerse como prueba. Y entonces aparece un problema político, no estético: ¿Quién se beneficia de esa conversión de vida en producto? ¿Quién controla las regalías simbólicas de la “representación”? ¿Quién decide qué experiencias son “universales” y cuáles son “locales”, descartables?
American Fiction acierta por-que no pide que el espectador “aprenda” a no ser racista en sus hábitos lectores. Pide algo más incómodo: reconocer que la cultura progresista editorial de la actualidad también es extractiva. Que el mercado puede comprar dolor para sentirse virtuoso. Que la industria puede premiar un relato no por su complejidad, sino por su utilidad moral para el consumidor, como un Starbucks. Y que, bajo esas reglas, los escritores no son sólo autores: son trabajadores atrapados explotados en ese mismo sistema.