METALES PESADOS

En 2022 fui exhibido desde Palacio Nacional en Quién es Quién en las Mentiras. Exigí mi derecho de réplica diariamente. Casi 47 meses después, sigo esperando. Ahora el gobierno vuelve a exhibir periodistas y críticos desde una sección llamada, irónicamente, Derecho de Réplica. Y todo esto ocurre en un país donde ejercer el periodismo todavía cuesta amenazas, desplazamiento y vidas. Andrés Manuel López Obrador convirtió el señalamiento público de sus críticos en política de comunicación. Claudia Sheinbaum pudo terminar con esa práctica. Decidió heredarla. La novedad es más inquietante: ahora el poder llama “derecho” a su privilegio de señalar y estigmatizar. ¿Para qué?
Luisa María Alcalde, ex secretaria de Gobernación y actual consejera jurídica de Presidencia, presentó el pasado 13 de agosto cuatro capas de un “ecosistema de amplificación digital”. En la primera colocó 54 cuentas de periodistas, comentaristas y medios que, según dijo ella, originan mensajes legitimados mediante investigaciones, noticias y opinión que después amplifican trols y bots. Luego tuvo que aclarar que esos periodistas no necesariamente forman parte de la operación. La pregunta es elemental: si no forman parte de ella, ¿por qué exhibir sus nombres y rostros dentro de esa cartografía?
La organización Artículo 19 encontró problemas todavía más básicos: el gobierno no hizo pública una metodología técnica suficiente para sostener sus conclusiones y tampoco resulta claro con qué atribuciones la Consejería Jurídica de la Presidencia monitorea, selecciona y califica la conversación pública. ¿Qué criterios permiten distinguir crítica, desinformación y coordinación? ¿Cómo puede impugnarse una clasificación equivocada? Una investigación periodística puede ser rigurosa y después ser apropiada por una maquinaria partidista o amplificada por miles de cuentas automatizadas. Nada de eso convierte retroactivamente al o la periodista que la produjo en integrante de la operación. Confundir circulación con coordinación es sustituir la prueba por la asociación.
Desde hace dos décadas, estudios comparados de Open Society Justice Initiative y organizaciones latinoamericanas hablan de soft censorship o censura suave: formas de interferencia estatal que no necesitan clausurar periódicos ni encarcelar periodistas. Publicidad oficial, licencias, regulación, premios, castigos económicos y presiones informales pueden modificar las condiciones bajo las cuales se ejerce la libertad de expresión. Estos estudios afirman que la democratización no necesariamente acaba con el control de la palabra: puede volverlo menos visible. Pero llamar “censura suave” a las mañaneras sería impreciso. El Sistema Interamericano ofrece una categoría más cercana: estigmatización oficial y efecto inhibitorio.
El chilling effect ocurre cuando un derecho continúa formalmente intacto pero el costo previsible de ejercerlo modifica la conducta de quien podría ejercerlo. Nadie necesita prohibirme hablar si consigue aumentar suficientemente el precio de hacerlo. Por ejemplo, exhibirme en una conferencia presidencial. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha advertido que los discursos estigmatizantes de funcionarios contra periodistas pueden aumentar riesgos y producir efectos inhibitorios sobre la deliberación pública. La razón es sencilla: un presidente y un ciudadano no son dos participantes equivalentes en una discusión. El propio estándar interamericano recuerda que los funcionarios poseen una enorme capacidad para controvertir información debido a su poder de convocatoria pública y, precisamente por ello, deben soportar un umbral mayor de escrutinio y crítica.
Eso vuelve particularmente extraño llamar Derecho de Réplica a una tribuna gubernamental. ¿Réplica frente a quién? La Presidencia dispone de Palacio Nacional, cámaras, transmisión nacional, canales públicos, recursos millonarios, funcionarios y cobertura inmediata de prácticamente todos los medios. El derecho de réplica nació para corregir asimetrías, no para fingir que el Estado es la parte débil de la conversación. Una o un ciudadano señalado desde esa maquinaria sí necesita réplica. Yo, por ejemplo, llevo casi cuatro años esperando la mía.
La Relatoría ya había advertido el problema en 2022. Mientras el gobierno de AMLO condenaba los asesinatos de periodistas, observaba al mismo tiempo una confrontación sostenida de autoridades federales con periodistas y medios mediante mensajes oficiales estigmatizantes. Aquel año fue, según la Relatoría, el más letal para periodistas en las Américas desde que comenzó sus informes en 1998. Artículo 19 documentó 696 agresiones contra la prensa en México: una cada 13 horas; 12 periodistas fueron asesinados y más de cuatro de cada 10 agresiones provinieron directamente de agentes del Estado. Sería irresponsable sostener que una conferencia mañanera mate periodistas, pero hay algo que sí es demostrable: en un país con este nivel de violencia, las autoridades tienen un deber reforzado de no alimentar la hostilidad contra quienes informan, ni de arriesgar sus vidas.
AMLO construyó una gramática política del adversario: “conservadores, prensa vendida, intelectuales orgánicos, mentirosos”. El mensaje podía seguir circulando; sobre el mensajero se colocaba una marca. La exposición de Alcalde introduce algo distinto. El periodista ya no aparece solamente como adversario político, sino como nodo dentro de una arquitectura conspirativa: “capas, cuentas semilla, amplificación, ecosistema, millones de publicaciones”. La clasificación política adquiere la autoridad visual de un análisis técnico. Podríamos llamarlo la tecnificación del adversario.
Existen antecedentes históricos de identificación y estigmatización que pertenecen a contextos incomparablemente distintos: del falangismo español y las dictaduras sudamericanas al red-tagging filipino y la Hungría de Orbán. Lo que importa es reconocer una tecnología política elemental que sobrevive bajo formas y consecuencias distintas: identificar, asociar, clasificar. Una lista no sólo describe a quienes aparecen en ella. Produce una categoría de sospecha desde la que de antemano deberán ser leídos.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) salió a defender los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias afirmando que “la libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”. Pero una institución creada para proteger a las y los ciudadanos frente al Estado debería añadir inmediatamente: ¿quién determina qué es mentira?, ¿con qué pruebas?, ¿mediante qué procedimiento?, ¿quién puede impugnar esa calificación? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando quien decide que una información es falsa es precisamente el poder sobre el cual esa información habla?
La libertad de expresión no es una concesión estatal. Es una conquista histórica contra el poder. En México bastaría recordar a Ricardo Flores Magón y el periódico Regeneración, cuando imprimir podía significar persecución, cárcel, confiscación o exilio. El viejo régimen priista conocería después otros instrumentos: papel, concesiones, publicidad oficial, presiones y despidos. La alternancia panista tampoco terminó con las presiones económicas ni con la violencia contra periodistas. No hay ningún pasado democrático al cual regresar. Pero precisamente conocer aquellas formas debería permitirnos reconocer las nuevas.

 

El zapatismo lleva más de 30 años advirtiendo que la guerra no terminó. Cambiaron sus formas, sus administradores sexenales y hasta el lenguaje con que el poder aprendió a disimularla. Pero siguió avanzando sobre los territorios mediante el despojo, los megaproyectos, la militarización, el paramilitarismo y la imbricación cada vez más indistinguible entre instituciones, empresas legales, fuerzas armadas y corporaciones criminales.
Por eso, tal vez el dato importante de estas semanas no es que una delegación del EZLN viajará en diciembre a Ciudad de México, ni que en ella participen el subcomandante insurgente Moisés y el capitán insurgente Marcos. Mucho menos el cándido interés mediático por anunciar la “reaparición” del zapatismo, como si los pueblos zapatistas hubieran pasado 30 años esperando una cámara. Lo importante es hacia dónde han decidido mirar esta vez.
Del 20 al 24 de julio pasado, en el Cideci-Unitierra de San Cristóbal de Las Casas, la Comisión Sexta del EZLN realizó el semillero Guerra contra la Humanidad. Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio. Durante cinco días se discutieron terrorismo de Estado, militarización, desapariciones, migración, racismo, despojo territorial, extractivismo, Palestina y las nuevas formas de guerra contra la naturaleza. El hilo común fue explícito: no son catástrofes aisladas sino expresiones de un mismo sistema de administración de la muerte.
Moisés lo dijo sin eufemismos: el capitalismo es “inhumano, cruel y criminal” y no puede humanizarse. Y añadió algo todavía más incómodo para la izquierda institucional: lo que puede unir a quienes resisten no será una teoría común sino las prácticas concretas de lucha. “Lo que no sobra es la práctica”. Una afirmación pertinente después de años en que buena parte de la izquierda mexicana decidió que transformar el país equivalía a conquistar el aparato estatal, administrar megaproyectos, reforzar a las fuerzas armadas y confiar la emancipación a un gobierno.
No es una discusión nueva. Quienes acompañamos el recorrido del Concejo Indígena de Gobierno y de Marichuy pudimos verla materializarse hace casi una década. El objetivo jamás fue ganar una elección presidencial, sino aprovechar la maquinaria electoral para recorrer los territorios, enlazar dolores y resistencias y hacer visibles conflictos que la política profesional sólo registra cuando se convierten en votos. Después vinieron la Travesía por la Vida, la reorganización de las autonomías y, más recientemente, la formulación del “común”: tierra sin propiedad particular, estructuras de gobierno que pierden centralidad y comunidades ensayando formas radicalmente distintas de las del Estado.
Nada de eso cabe con facilidad en el caduco paradigma izquierda-derecha ni en el más estrecho que divide hoy al país entre quienes defienden la Cuarta Transformación y quienes desean sustituirla.
Hace ocho años escribí en este espacio acerca de una historia contada por el entonces subcomandante Galeano en el festival CompArte. En una partida del juego del gato, la niña Defensa Zapatista y el Gato-Perro ganaban extendiendo el tablero y colocando su última cruz fuera de los límites. Si las reglas del juego garantizan de antemano que pierdas, quizás el problema no sea encontrar una jugada más inteligente dentro del tablero. Quizá sea necesario construir otro. Eso sigue haciendo hoy el zapatismo.
Desde el 1 de agosto, cientos de personas participan en el Caracol de Morelia en los Encuentros de Artes y de Resistencias y Rebeldías. Y mientras eso ocurre, la guerra sigue alrededor. El 7 de agosto fueron arbitrariamente privados de la libertad José Alfredo Jiménez Pérez y Eusebio López Guzmán, de Las Abejas de Acteal, cuando intentaban reconectar el servicio eléctrico a un compañero enfermo en Chenalhó. El Frayba denunció la omisión de las autoridades, previamente advertidas. Pocos días antes las redes zapatistas denunciaban la persecución contra Jesús Plácido Galindo, integrante del CIPOG-EZ en Guerrero. El territorio desde el cual los zapatistas hablan de “guerra contra la humanidad” no es una metáfora académica. En ese contexto debe leerse el viaje de diciembre.
Durante el semillero, las familias de personas desaparecidas ocuparon un lugar central. Andrea Horcasitas habló de la búsqueda y de “la promesa del reencuentro”. Fue entonces cuando Moisés anunció que una delegación zapatista viajaría a Ciudad de México para escuchar a madres y padres que buscan. No dirigirlos. No incorporarlos a una estructura. Escucharlos. Para los zapatistas, dijo, son un ejemplo.
El comunicado del 9 de agosto fue más lejos. El EZLN calificó a las buscadoras y buscadores como el movimiento más grande en dignidad y consecuencia de México y Centroamérica. Propuso encontrarse con cuantos colectivos sea posible sin importar adscripciones religiosas, políticas o ideológicas, y una movilización bajo la demanda común “verdad y justicia para las ausencias”.
Quizá nadie revele hoy con mayor claridad el funcionamiento real del país que las familias buscadoras. Por eso el reconocimiento zapatista resulta más interesante que cualquier intento de absorberlas dentro de la oposición al gobierno. No son la nueva base social de nadie. Sus desaparecidos provienen de territorios, clases, religiones e historias políticas distintas. Las enlaza una verdad material imposible de borrar mediante propaganda. Ese hueco desbarata el relato triunfalista de cualquier gobierno.
Durante años, el progresismo latinoamericano sostuvo que era posible administrar un “capitalismo con rostro humano”: distribuir algo más de riqueza sin alterar la maquinaria extractiva, militarizar por razones nobles, construir megaproyectos por el bien de los pobres, concentrar poder para poder transformar. México llevó esa fantasía especialmente lejos. Mientras desde Palacio Nacional se decretaba una transformación histórica, en buena parte del territorio las comunidades siguieron viviendo asediadas entre el Ejército, la Guardia Nacional, las fiscalías, los cacicazgos y las corporaciones criminales. De ahí que la pregunta zapatista vuelva a resultar incómoda. No quién gobierna. Quién manda. No qué partido administra el Estado, sino qué relaciones materiales organizan la vida y la muerte. Y, sobre todo, cómo nos organizamos abajo para que la vida deje de depender de quienes producen la catástrofe.

 

METALES PESADOS

Francisco Alejandro Leyva Aguilar desayunaba cerca de su casa cuando lo mataron. Era miércoles 22 de julio. En un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla –municipio conurbano de Oaxaca–, dos hombres se aproximaron en una motocicleta. Uno descendió, caminó hacia él y le disparó tres veces por la espalda. Las balas le alcanzaron el cuello y la cabeza. Así terminó la vida de un periodista que había pasado años hablando en público sobre los riesgos que corría y que incluso había dejado asentado quiénes, desde su perspectiva, debían responder si algo llegaba a sucederle.
Tenía alrededor de 60 años. Había sido director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) durante el gobierno de Alejandro Murat y, más recientemente, publicaba en redes sociales una columna llamada El zumbido del moscardón. El nombre describía bien tanto su método como el efecto que buscaba: volar alrededor del poder, hacer ruido, incomodar, detenerse una y otra vez sobre aquello que el discurso oficial prefería mantener cubierto. Hablaba de corrupción, inseguridad, delincuencia organizada y posibles vínculos entre autoridades y redes criminales. Sus señalamientos podían ser excesivos, discutibles o ásperos. Nada de eso disminuye un milímetro la obligación del Estado de garantizar su vida como a cada una y cada uno de los periodistas y comunicadores de Oaxaca.
La libertad de expresión no es una concesión personal que el poder otorga a quienes informan, ni depende de que las autoridades estén de acuerdo con lo que se publica. Es un derecho colectivo. Cada vez que un periodista investiga, pregunta, denuncia, rectifica o irrita a un gobernador, no actúa sólo en nombre propio: ejerce una función que pertenece a toda la comunidad. Por eso, cualquier amenaza, campaña de desprestigio, persecución judicial o ataque armado contra un comunicador no se agota en la persona agredida. Es también un ataque contra quienes tienen derecho a saber qué ocurre, cómo se ejerce el poder, quién se beneficia de él y qué se intenta ocultar. Las afirmaciones de un periodista se responden con datos, derecho de réplica y argumentos. Nunca colocándolo públicamente en la mira, como acostumbran los actuales gobiernos. Silenciar una voz es también reducir el campo de verdad disponible para todas y todos.
Alejandro Leyva llevaba tiempo diciendo que estaba en riesgo. Según la organización Artículo 19, después de ser exhibido en la sección gubernamental llamada Trapitos al sol, de Salomón Jara, recibió amenazas y hostigamiento digital. Presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y una denuncia por amenazas. La Defensoría desestimó su queja porque no encontró elementos para determinar posibles violaciones cometidas por autoridades estatales ni municipales. La Fiscalía General de la República se declaró incompetente. En noviembre de 2025, además, Artículo 19 documentó un procedimiento administrativo iniciado en su contra por hechos supuestamente ocurridos seis años antes, cuando dirigía la Cortv, y lo consideró una forma de acoso judicial.
Después del asesinato, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, declaró que durante esta administración no se habían registrado ataques provenientes del gobierno estatal contra periodistas. La frase revela una manera muy tramposa y ya sistematizada de la autollamada 4T de entender la responsabilidad pública. Un gobierno no queda exonerado sólo porque no se haya demostrado que uno de sus funcionarios apretó el gatillo. También responde por las condiciones que crea, por las amenazas que ignora, por la protección que no ofrece de manera confiable, por el uso del aparato público para hostigar voces incómodas y por la estigmatización que ejerce diariamente desde tribunas financiadas con dinero público.
La violencia contra la prensa rara vez comienza con un disparo. Comienza cuando desde el poder se divide a los periodistas entre buenos y malos, honestos y vendidos, aliados y enemigos. Cuando una conferencia oficial se utiliza para exhibir nombres, fotografías, números teléfónicos, entorno privado, familiar y medios. Cuando una investigación periodística sobre inseguridad es presentada como una campaña opositora. Cuando el gobernante llama mentira a cualquier dato que contradiga su relato. Ese lenguaje no mata por sí solo, pero vuelve legítimo el desprecio contra quien informa, reduce el costo social de agredirlo y comunica a funcionarios, caciques, policías y grupos criminales que ciertas personas se encuentran fuera del círculo de protección.
El gobierno de Salomón Jara ya había sido advertido sobre esta conducta. En agosto de 2023, Artículo 19 condenó la estigmatización de la periodista Ángeles Nivón después de que ella publicara una columna sobre homicidios y feminicidios basada en cifras oficiales. Desde su conferencia, el gobernador habló del “tumor de la mentira” y de una guerra sucia; su secretario de Gobierno proyectó la publicación de la periodista para descalificarla. El mensaje no podía ser más claro: quien contradijera la narración oficial sobre la seguridad de Oaxaca sería tratado como adversario político.
Alejandro Leyva fue asesinado en el momento más rentable del calendario oficial. Mientras su familia velaba el cuerpo, Oaxaca estaba tapizada con los colores y la música de la Guelaguetza. El contraste se volvió todavía más brutal el sábado siguiente. Familiares y amigos de Leyva acudieron al parque El Llano para manifestarse pacíficamente durante el desfile de delegaciones. De acuerdo con su testimonio, personas vestidas de civil comenzaron a fotografiarlos y dos policías armados se colocaron frente a ellos. Más tarde, un grupo de unas treinta personas los rodeó y los obligó a retroceder. Había mujeres, menores de edad, adultos mayores y una mujer embarazada. El gobernador, que encabezaba el desfile, abandonó el recorrido antes de llegar al punto donde se encontraba la familia. Cuatro días después del asesinato, Salomón Jara no se había acercado personalmente a los deudos.
Durante 2025, el fotoperiodista mazateco David Peralta Betanzos sobrevivió a un intento de homicidio en Eloxochitlán de Flores Magón: mientras tomaba fotografías, intentaron atropellarlo dos veces y tuvo que lanzarse a un río para escapar. En México han sido asesinados 181 periodistas desde el año 2000 en posible relación con su trabajo, según Artículo 19. Alejandro Leyva fue el séptimo en lo que va de 2026 y el quinto en apenas seis semanas. Cada homicidio funciona como una forma de censura colectiva: no sólo elimina la voz de una persona, sino que envía una advertencia desde el poder a todos los demás.
¿Cuántos más?

La nueva Recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene casi 900 páginas. Nunca antes la CNDH había intentado reconstruir el caso Ayotzinapa con semejante ambición. Pero discutamos parte por parte.
La recomendación reconoce que la llamada “verdad histórica” fue una fabricación sostenida por diligencias irregulares, tortura y manipulación de pruebas. Rechaza la tesis de la incineración masiva en el basurero de Cocula. Amplía el universo de víctimas a 92 estudiantes y civiles. Pero, al mismo tiempo, redefine el núcleo mismo del caso. Ya no habla de 43 desaparecidos, sino de 40, al considerar acreditada la muerte de tres normalistas. Y, sobre todo, introduce una categoría inédita: la “anti-verdad histórica”. Con ella no se refiere a la mentira fabricada por la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, sino a las investigaciones que durante más de una década orientaron la mirada hacia el Ejército: los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), parte del trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos. No es un cambio terminológico. Es un ignominioso cambio de paradigma.
Vale la pena detenerse ahí. Durante años discutimos si la “verdad histórica” era sostenible. Ahora la discusión ya no gira únicamente alrededor de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Por increíble que parezca, la nueva recomendación desplaza el centro del debate hacia quienes investigaron esa noche. Dedica centenares de páginas a cuestionar la consistencia de los informes del GIEI, a revisar mensajes telefónicos cuya autenticidad considera insuficiente, a discutir las conclusiones de la CoVAJ, a reconstruir la historia institucional y hasta el financiamiento de organizaciones como el Centro Prodh, Fundar o Tlachinollan. El expediente ya no versa nada más sobre la desaparición de los normalistas. Versa también sobre la legitimidad de quienes disputaron la versión oficial del Estado. Ése es el verdadero centro político del documento.
Porque la recomendación no guarda silencio sobre el Ejército. Al contrario: habla extensamente de él. Examina el papel del soldado Julio César López Patolzin, la presencia militar en el C-4 de Iguala, los reportes de inteligencia, los movimientos de tropas, los documentos solicitados por el GIEI y las pruebas utilizadas por la CoVAJ. Pero el movimiento argumental radica en otro lugar. La pregunta deja de ser qué sabía el Ejército para convertirse en quién construyó la narrativa contra el Ejército. La CNDH sostiene que no existen elementos objetivos para atribuir responsabilidad institucional a las fuerzas armadas y que una parte importante de las investigaciones posteriores terminó edificando una supuesta “anti-verdad” que desplazó artificialmente el foco hacia la Sedena. No basta con disentir de esa conclusión. Hay que observar el desplazamiento: el objeto principal de escrutinio deja de ser la institución armada y pasa a ser quiénes insistieron en investigarla. Absurdo.
Ángela Buitrago, integrante del GIEI durante los años más decisivos de la investigación, acusó a la CNDH de omitir elementos fundamentales del expediente y de reeditar viejas campañas de descalificación contra quienes acompañaron el caso. El Centro Prodh sostuvo que la recomendación exime de responsabilidad institucional al Ejército y cuestiona el trabajo de organismos nacionales e internacionales que contribuyeron a desmontar la “verdad histórica”. Quinto Elemento Lab ha documentado, por su parte, el progresivo debilitamiento de las investigaciones cuando comenzaron a acercarse a las estructuras militares de inteligencia. Estas respuestas revelan la profundidad del conflicto: ya no estamos frente a una sola verdad oficial, sino frente a instituciones que, con acceso privilegiado a expedientes, archivos y peritajes, producen relatos profundamente incompatibles sobre un mismo crimen de lesa humanidad para encubrirse a sí mismas.
La paradoja es devastadora. El Estado mexicano primero construyó una verdad oficial. Después creó mecanismos extraordinarios para desmontarla. Permitió el regreso del GIEI, instauró una Comisión para la Verdad y prometió que ninguna institución quedaría fuera del escrutinio. Hoy la Suprema Corte revisa precisamente el mecanismo extraordinario que nació porque las instituciones ordinarias habían fracasado. Y, casi al mismo tiempo, la CNDH presenta una recomendación que cuestiona buena parte del trabajo realizado por ese entramado excepcional. No afirmo que exista una conspiración entre todas estas decisiones. No tengo elementos para sostenerlo. Lo que sí puede observarse es otra cosa: el Estado administrado hoy en día por la 4T no deja de producir versiones sobre sí mismo. Cada una corrige a la anterior. Cada una descalifica parte de la precedente. Cada una promete acercarnos un poco más a la verdad. Mientras tanto, la pregunta original permanece intacta: ¿dónde están?
Desde el pensamiento crítico siempre hemos desconfiado del monopolio estatal sobre la violencia. Ayotzinapa nos obligó a desconfiar también del monopolio estatal sobre la producción de la verdad. Cuando una misma estructura concentra la capacidad de investigar, clasificar documentos, decidir qué archivos existen, cuáles permanecen reservados, qué hipótesis prosperan y cuáles deben ser descartadas, la verdad deja de ser únicamente un problema de evidencia. Se convierte en una disputa de poder.
Por eso la discusión de fondo ya no es si la “verdad histórica” del PRI fue sustituida por una “anti-verdad” impuesta por la 4T. Esa oposición, en el fondo, sigue atrapada dentro del mismo horizonte: el de una verdad administrada por el Estado. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿qué clase de verdad puede producir un Estado obligado a investigarse a sí mismo?
Tal vez ahí resida la lección más amarga de estos 11 años desde la noche trágica de Iguala. La “verdad histórica” pretendió clausurar el caso. La nueva recomendación pretende clausurar la legitimidad de buena parte de quienes la desmontaron. Entre una y otra han pasado seis informes del GIEI, una Comisión para la Verdad, miles de fojas judiciales, decenas de peritajes, nuevas búsquedas, gobiernos distintos y casi 900 páginas más de la CNDH. Lo único que dolorosamente sigue sin aparecer es aquello que ninguna disputa institucional ha conseguido producir: el paradero de los 43.

 

 

En México, el poder fáctico no sólo asesina periodistas: con esa práctica se vacía el territorio de testigos, escribí en este espacio hace unas semanas. Los meses transcurren, pero cada vez con menos posibilidad archivo, con menos posibilidad de una memoria común o posibilidad de contraste entre la narrativa del poder y la de la colectividad en todo el país. Y Veracruz acaba de actualizar esa tesis con una precisión brutal.
A principios de junio, Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad en Nanchital, Veracruz. Hombres armados irrumpieron en su domicilio. Su familia fue agredida. Parte del ataque quedó grabado. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación. Días después se anunciaron detenciones vinculadas al caso. Según reportó la agencia informativa AP, entre los detenidos hay cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y dos civiles. Según el diario El País, uno de los arrestados fue identificado por aparecer en el video del ataque. Al momento de cerrar esta columna, Roxana Guzmán aún no ha sido localizada.
Nueve días después del secuestro de la periodista, el 11 de junio, Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia de Veracruz, fue asesinado en la colonia Cazones de Poza Rica. La organización Artículo 19 pidió a las autoridades no descartar su labor periodística como línea de investigación. Pero el dato decisivo es este: Luis Ángel contaba con medidas básicas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas desde febrero pasado, después de denunciar hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
No estamos, entonces, como aseguran algunos, frente a la ausencia absoluta del Estado mexicano. Estamos frente a algo más grave: una presencia insuficiente, fallida, pero aquiescente, cómplice. El Estado había reconocido el riesgo. Lo había registrado. Lo había clasificado. Había dictado medidas básicas. Cuatro meses después, Luis Ángel fue asesinado. Una medida de protección que no protege no es una garantía, es una coartada burocrática.
De acuerdo con Artículo 19, Veracruz es el estado con mayor registro de asesinatos de periodistas desde el año 2000: 33 casos. El más reciente es Luis Ángel. Pero antes, el 8 de enero de este mismo año, también en Poza Rica, fue asesinado Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista independiente enfocado en cobertura de seguridad. Artículo 19 condenó entonces el crimen. El Comité para la Protección de los Periodistas también pidió investigar si el asesinato estaba relacionado con su trabajo.
La continuidad también puede leerse por sexenios. Según el recuento de Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados en México 177 periodistas y personas comunicadoras en posible relación con su labor. De esos casos, 47 ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 10 se han registrado ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Otros conteos, como el de Propuesta Cívica y reportes retomados por Reporteros Sin Fronteras, elevan a 12 los comunicadores asesinados en el actual sexenio. Incluso las cifras más prudentes muestran que el cambio de gobierno no interrumpió la maquinaria.
Lo que se percibe es el mismo patrón territorial: periodistas y comunicadores locales expuestos a una violencia que no sólo busca castigar una publicación, sino clausurar la posibilidad de que una comunidad se mire a sí misma. Porque allí está el punto. Cuando se llevan a una comunicadora local, no desaparece sólo una persona de una estadística: desaparece una voz que nombraba. Cuando asesinan a un reportero policiaco, no matan sólo a quien cubría hechos de seguridad: cercenan una continuidad de registro. Cuando un portal regional queda bajo amenaza, no se pierde nada más una página en internet: se pierde una zona de visibilidad. Esos espacios los ocupan la versión oficial, la versión criminal, el boletín de la fiscalía y el miedo de la colectividad.
La violencia de un narco-Estado no sólo mata: disciplina. Disciplina a quien sobrevivió, al medio pequeño que decide no publicar, al reportero que baja una nota, a la familia que pide silencio, a la comunidad que entiende el mensaje de esta especie de didáctica del terror. Eso es un país sin testigos: no un país donde nadie sabe lo que ocurre, sino un país donde muchos saben y ya pocos pueden decirlo.
Por eso Veracruz importa tanto. Porque muestra la continuidad de una maquinaria que no depende de un solo gobierno ni de un solo partido. La violencia contra la prensa ha sobrevivido a sexenios, alternancias, fiscalías y mecanismos. Y cuando el Estado no puede proteger ni siquiera a quien ya había sido reconocido como vulnerable, la pregunta deja de ser administrativa, se vuelve moral y política.
La privación de la libertad de Roxana Guzmán y el asesinato de Luis Ángel López Valdez no son episodios separados. Son una actualización brutal de la misma tesis: en México no sólo se ataca a periodistas sistemáticamente, se desmonta la posibilidad de que los territorios conserven memoria pública de su propia violencia. Y sin esa memoria, gana la fuerza. Gana quien impone la versión a base de miedo. Gana quien borra a las voces de quienes incomodan.

 

Olga Tokarczuk anunció que dejará de escribir novelas. Pero, durante algunos días, buena parte de la conversación literaria internacional giró alrededor de una noticia también inquietante: Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura y autora de algunas de las novelas más ambiciosas de nuestro tiempo, estaba escribiendo con inteligencia artificial. La noticia era falsa o, al menos, profundamente imprecisa. La escritora polaca aclaró después que utilizaba estas herramientas para investigar, contrastar información o explorar ideas preliminares, pero que su próxima y última novela no había sido escrita por una máquina.
Sin embargo, la parte más interesante de la historia no era la inteligencia artificial. Tampoco Tokarczuk ni su renuncia a la novela. Lo verdaderamente interesante era la facilidad con que una discusión sobre literatura terminó convirtiéndose en una discusión sobre tecnología. Como si ya nos resultara más sencillo debatir herramientas que obras. Como si la sospecha sobre una máquina despertara más interés que una novela de más de mil páginas como la magistral Los libros de Jacob.
Entre las declaraciones que quedaron sepultadas por el ruido aparecía una observación mucho más inquietante: la dificultad creciente para sostener las condiciones materiales que exige una novela extensa. Años de investigación. Años de escritura. Años de incertidumbre estética, personal y económica. Durante siglos una novela podía demandarle años a un escritor y semanas o meses a un lector, sin que nadie considerara aquello una excentricidad. Aunque ciertamente esa herramienta europea, romántica y patriarcal ya comienza a causar sospechas. Hoy basta observar alrededor para advertir que vivimos en una época que parece haber declarado su animadversión a toda actividad que requiera duración, compromiso.
¿Qué ocurre cuando los intelectuales dejan de ocupar el centro de la producción de sentido? Durante mucho tiempo los libros no fueron el único mecanismo de legitimación, pero sí ocuparon una posición más central dentro de él. La crítica, las universidades, los suplementos culturales, los premios y las editoriales giraban alrededor de las obras. Hoy no está claro que siga ocurriendo lo mismo. La conversación literaria parece haber adquirido una vida propia fuera de las obras. Por ejemplo, en las universidades y reseñas se leen los resúmenes de inteligencia artificial de Los libros de Jacob. Pero casi nunca la novela. La novela larga fue una de las grandes tecnologías de la paciencia y de conocimiento. No porque enseñara virtudes morales, sino porque obligaba a habitar una temporalidad y sensibilidades distintas. Aunque es cierto que, como modelo estético, encarnaba hasta hace poco la paradoja de ser un vehículo colonial. Todo aquello que la volvía excesiva –como Moby Dick, Cien años de soledad o El Quijote– era precisamente lo que le permitía construir una experiencia del mundo imposible de condensar en un resumen de IA, en una serie de Netflix o en el libro o canal de un influencer. La gran novela enseñaba a leer el mundo que representaba desde la sensibilidad y la inteligencia. Demandaba compromiso.
Hoy la situación es distinta. Nunca hubo tantas formas de información disponibles. No obstante, pocas veces habíamos dispuesto de tan poco tiempo para procesarla. Nunca fue tan fácil acceder a bibliotecas enteras desde un teléfono y, a la vez, tan difícil sostener la atención sobre una sola cosa durante horas seguidas. La paradoja no afecta únicamente a los lectores, también alcanza a quienes escribimos.
Lo interesante en el caso Tokarczuk no es que sea una escritora utilizando una herramienta nueva. Es que estamos hablando de alguien que ocupa una de las posiciones más altas de reconocimiento simbólico que existen en la literatura contemporánea. Y, sin embargo, incluso desde ahí aparece la sensación de que algo se ha vuelto más difícil. De que algo se ha roto. Y eso sí debería llamar la atención.
Nunca hubo tantos festivales literarios. Nunca tantas becas, ferias, encuentros internacionales, mesas, conversatorios, listas, premios millonarios y mecanismos para producir reconocimiento. El problema aparece cuando uno comienza a preguntarse qué es exactamente lo que esas instituciones están produciendo. Porque el prestigio y la literatura no son la misma cosa. Tampoco la visibilidad. Hay otros capitales en juego que han cobrado centralidad en lo que antes conocíamos como la creación de una obra.
La lógica no es exclusiva de la literatura. Forma parte de una transformación capitalista más amplia en la que la representación e incluso la suplantación comienzan a sustituir lentamente a la experiencia. Conocemos la conversación alrededor de los libros antes que los libros. Conocemos casi siempre la polémica antes que experimentar la lectura. Conocemos la imagen pública, los premios, el abolengo, la vida en las metrópolis y las opiniones de los autores mucho antes que sus páginas escritas.
Quizá por eso la discusión sobre Tokarczuk terminó girando en torno a la inteligencia artificial y nunca alrededor de Los libros de Jacob. Nos resulta más fácil discutir una herramienta que una novela de más de mil páginas escrita por un ser humano. El problema no es la existencia o falta de lectores ni de libros. El problema es qué formas de atención, memoria y experiencia humana siguen siendo posibles a través de la lectura.
Porque una cultura capitalista es capaz de producir prestigio sin lectores. También puede producir lectores, ventas y reconocimiento sin producir obras memorables. Lo verdaderamente raro es otra cosa: producir libros capaces de modificar la imaginación de una época. Eso sí escasea. Tal vez algún día descubramos que la verdadera crisis de la literatura no comenzó cuando las máquinas aprendieron a escribir frases: comenzó cuando una economía organizada alrededor de la velocidad, la visibilidad y el rendimiento volvió cada vez más difícil el tiempo que ciertas obras exigen.

 

En 2016 escribí una columna a favor de los maestros por idénticas circunstancias a las de hoy. No porque creyera entonces, ni crea ahora, que un sindicato esté por encima de la crítica. Ni porque las dirigencias no puedan equivocarse en cuestiones políticas. La escribí por una razón más elemental y, al parecer, todavía necesaria el día de hoy: porque me parecía insoportable la velocidad con que una parte del país podía ponerse del lado de la represión cuando los cuerpos sometidos eran los cuerpos de las y los profesores.
Hoy, como entonces, aunque sea otro el régimen que gobierna, reaparecen los insultos de siempre hacia el magisterio: flojos, revoltosos, privilegiados, enemigos de la libre circulación. El mito del maestro flojo es una de las mentiras más útiles del poder mexicano. Permite borrar de un plumazo la situación real: miles de escuelas sin agua, sin luz, sin internet, sin caminos seguros. Para escuelas primarias, por ejemplo, Mejoredu reportó que en el ciclo 2022-2023 tenía alguna carencia de servicios básicos el 28.2 por ciento de los planteles; eso equivalía a 24 mil 448 de 86 mil 695. Además, 18.1 por ciento carecía de agua potable, 4.9 por ciento no contaba con electricidad, 14.1 por ciento no tenía lavamanos y 346 primarias tampoco tenían sanitarios. El mito del maestro flojo también permite olvidar las aulas multigrado pauperizadas, las comunidades bilingües y apartadas en las que laboran, los salarios castigados y las jubilaciones amenazadas. Permite, sobre todo, convertir un conflicto social en un problema de limpieza urbana previo al Mundial de Futbol. La protesta magisterial vuelve a aparecer entonces como una mancha sobre la postal que el país quiere vender hacia afuera.
Lo que está de fondo son las demandas. La CNTE demanda la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 –impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón y no revertida por Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum–, que sustituyó el horizonte de una jubilación solidaria por el régimen de cuentas individuales; exige además el retorno a un sistema público de pensiones y rechaza las Afores, aumento salarial de 100 por ciento, pagos pendientes y mejores condiciones laborales. En el caso de Oaxaca, la Sección 22 ha puesto también sobre la mesa adeudos como el pago de uniformes escolares y la reforma a una ley estatal educativa que, según el magisterio, lo excluyó de decisiones fundamentales.
Oaxaca sabe demasiado bien cómo opera esa tragedia. En 2006, el gobierno de Ulises Ruiz intentó desalojar el plantón magisterial del zócalo de la ciudad; aquéllo terminó detonando uno de los movimientos sociales más dolorosos de la historia reciente del estado y del país. Entonces, como ahora, se dijo que los maestros molestaban, que ahuyentaban al turismo, que secuestraban la ciudad.
Diez años después, en 2016, Nochixtlán, Oaxaca, dejó de ser sólo el nombre de una comunidad mixteca y se convirtió en una herida nacional. El operativo policial para liberar vialidades del bloqueo magisterial derivó en asesinatos, heridos y una larga exigencia de verdad y justicia. La CNDH terminó calificando aquellos hechos como violaciones graves a derechos humanos y señaló que el operativo de Estado estuvo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado.
En 2026 la escena se repite con otra escenografía. Maestros de la CNTE intentaron instalarse en el Zócalo de Ciudad de México y fueron contenidos por la policía del gobierno morenista. Un maestro oaxaqueño, Ignacio Ismael Arriaga Villar, originario de Pinotepa Nacional, murió en el plantón, presuntamente por un infarto. En San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, durante las protestas de la Sección 22, se reportaron detonaciones de arma de alto poder contra los profesores y 15 personas heridas. El alcalde morenista Esaú López Quero que ordenó la represión se encuentra separado de su cargo para permitir las investigaciones de la Fiscalía del estado.
La secuencia es brutal por su claridad: 2006, ciudad de Oaxaca; 2016, Nochixtlán; 2026, Ciudad de México y Mitla. Cada década cambia el régimen, pero permanece la operación del poder: borrar las causas reales de la protesta. El Mundial de Futbol no inventa el conflicto, sólo vuelve más incómoda su visibilidad. Lo que incomoda no es que haya maestros inconformes, sino que aparezcan justo cuando el país quiere aparentar lo que no es. El gobierno en turno quisiera ofrecer una ciudad sin lonas, sin maestros durmiendo en el suelo, sin jubilados empobrecidos, sin madres de desaparecidos, sin escuelas rurales, sin pobres interrumpiendo la transmisión. Pero esto no es un país mundialista. Es una fosa.
No se trata de canonizar a la CNTE ni de absolver de antemano cada una de sus decisiones. Se trata de mirar el fondo material del conflicto. La deuda educativa no comenzó con este plantón ni terminará cuando retiren las lonas del Centro Histórico. Está en las aulas multigrado, en los techos de lámina vencidos, en las escuelas sin servicios básicos, en las comunidades donde el maestro es a veces la única presencia regular del Estado en territorios atravesados por la pobreza, la migración, la violencia, la desaparición de menores y el crimen organizado. Por eso el mito del maestro flojo le resulta tan funcional al poder: le permite culpar al trabajador de la ruina que los de arriba han administrado.
Un país que abandona sus escuelas no tiene autoridad moral para escandalizarse cuando sus maestros toman las calles. El problema no es que el magisterio interrumpa la normalidad nacional. El problema es que, en demasiadas comunidades, esa normalidad consiste precisamente en el abandono.

 

México ya no sólo desaparece personas: ha aprendido a discutir cómo nombrarlas, contarlas, reclasificarlas y administrarlas mientras sus familias las siguen buscando. Pero cuando quienes desaparecen son niñas, niños y adolescentes, la catástrofe toca una zona todavía más honda del fracaso público. La infancia, escribió alguna vez Walter Benjamin, no es una edad transparente sino un territorio de restos, juguetes rotos, umbrales, miedos y revelaciones; una forma de mirar el mundo antes de que el mundo termine de imponer su ley. En México, ese territorio ha sido invadido por otra ley: la del reclutamiento, la trata, la explotación sexual, el trabajo forzado, el halconeo, el sicariato y las fosas. Se trata de infancias capturadas por economías adultas de violencia y por un Estado cómplice.
El nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México, presentado este mes, debería haber sido recibido por el gobierno federal como una alarma de Estado. No como una ofensa. No como un documento que hay que neutralizar con el reflejo ya tan acostumbrado de la soberanía herida. La CIDH sostiene que la desaparición en México es generalizada, que ocurre en diversas regiones del país, que involucra tanto al crimen organizado como a agentes estatales y que se sostiene sobre impunidad, debilidad institucional, crisis forense y desconfianza profunda de las familias hacia las autoridades.
Más de 128 mil personas desaparecidas o no localizadas. Más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, de acuerdo con estimaciones independientes. Hay números que no necesitan adjetivos porque su sola enunciación debería alterar la respiración de un país. Pero parecería que México ha desarrollado una habilidad atroz para seguir hablando encima de sus ausentes y de quienes los buscan.
¿Por qué importa volver a insistir en el tema de las desapariciones? ¿Por qué volver a nombrar una y otra vez la desaparición, cuando el país parece haberse habituado a escucharla como ruido de fondo? Este nuevo informe desplaza el centro del debate. Ya no basta escribir sobre “violencia” en México. Esa palabra está agotada. El concepto operativo ahora es desaparición como infraestructura: una tecnología de gobierno territorial, de mercado criminal, de disciplina social, de gestión de residuos humanos y de producción de silencio. Para la CIDH, el reclutamiento de menores no es una simple “entrada al crimen”, es toda una forma de explotación prohibida por el derecho internacional. Afirma que niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser captados y utilizados por organizaciones criminales, y le recuerda al Estado mexicano que el reclutamiento para actividades ilícitas como el narcotráfico debe ser prohibido y eliminado con urgencia.
El informe coloca explícitamente dentro del universo de víctimas a niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres y niñas víctimas de violencia de género, migrantes sujetos a explotación laboral o sexual, periodistas y personas defensoras desaparecidas por denunciar o buscar. La desaparición ya no es descrita sólo como ausencia: es una zona de captura económica de los cuerpos. No es únicamente “se los llevaron”; es “los incorporaron a un régimen de uso”: halconeo, sicariato, trata, trabajo forzado, explotación sexual, castigo territorial, control de rutas, etcétera. Un compleja y cada vez más vasta pedagogía del terror.
Es estremecedor el apartado sobre infancias en el que pone la focalización este nuevo informe. La CIDH registra 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos al 19 de agosto de 2025. Señala que entre menores desaparecen ligeramente más niñas que niños. Además, en el segmento de 12 a 16 años, la desaparición de mujeres supera a la de varones.
La CIDH remarca algo decisivo: la desaparición en México ya no puede entenderse sólo bajo el molde clásico de la desaparición forzada de Estado. Sus formas han mutado. El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó una tragedia enorme. Nadie serio podría atribuirle el origen de una crisis que viene de lejos, atravesada por la guerra sucia, por la militarización de la seguridad, por la expansión de los cárteles, por la colusión de autoridades, por el abandono deliberado de territorios enteros. Pero heredar una catástrofe no autoriza a administrarla con gestos defensivos ni con altanería. Gobernar sobre el desastre no significa repetir que no se niega el problema, sino actuar como si cada día de demora en cada caso de desaparición fuera, en efecto, una forma adicional de violencia.
El país no necesita otra disputa semántica sobre cómo llamar a la catástrofe. Necesita encontrar personas. Identificar restos. Proteger a las buscadoras. Investigar redes de complicidad. Abrir archivos. Aceptar cooperación técnica. Construir instituciones forenses que sobrevivan a los sexenios. Y, sobre todo, dejar de tratar a las familias como un problema de comunicación política. Mientras eso no ocurra, cada cada niña desaparecida, niño desaparecido, seguirá siendo también una acusación contra el país que no supo protegerlos, contra el Estado que no supo buscarlos y contra una sociedad que aprendió demasiado pronto a naturalizar a lo que en realidad era una forma de administración gubernamental de la vida y de la muerte.

 

Cada 3 de mayo la libertad de prensa vuelve a ocupar un lugar aceptable en el vocabulario público. Gobiernos, organismos internacionales, medios y funcionarios repiten su importancia con fórmulas comunes. La dificultad empieza cuando la libertad de expresión deja de ser un principio democrático y se observa como trabajo cotidiano: quién investiga, en qué condiciones, con qué salario, con qué respaldo legal, bajo qué amenazas, frente a qué autoridades o en qué municipio.
En México, la libertad de prensa no se deteriora sólo cuando alguien censura una nota. También se deteriora cuando el periodista local trabaja sin contrato, cuando un portal digital sustituye a una redacción empobrecida, cuando un fotógrafo freelance cubre homicidios para varios medios y ninguno responde por él si hace falta, cuando una reportera denuncia amenazas y la protección estatal no evita lo más trágico, cuando el Estado cuenta los casos pero rara vez modifica las condiciones que los hicieron posibles. Una y otra vez.
Artículo 19 ha documentado 176 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000 en posible relación con su labor. Según su registro, 47 ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y nueve en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa y directora de Quinto Poder, cubría política local, corrupción y abusos de autoridad en el norte de Veracruz. Fue asesinada el 30 de marzo de 2020, en Papantla. Después de su asesinato, su hija Fernanda de Luna Ferral, también periodista, asumió la exigencia de justicia y fue atacada dos meses más tarde junto con sus escoltas.
Gustavo Sánchez Cabrera era periodista independiente en el Istmo de Tehuantepec. Dirigía el portal Noticias Minuto a Minuto. Había denunciado amenazas y solicitado protección. El 17 de junio de 2021 fue asesinado en Oaxaca mientras viajaba en motocicleta con su hijo adolescente. Su hijo sobrevivió. Gustavo estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque organizaciones como Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras señalaron que sus medidas no habían sido implementadas en su totalidad.
Su caso no es una anomalía dentro de Oaxaca. Una nota de La Jornada, publicada este 4 de mayo de 2026, informa que el estado ocupa el segundo lugar nacional en personas adscritas al Mecanismo de Protección, sólo detrás de Ciudad de México. El registro citado por el diario contabiliza 194 beneficiarios en la entidad: 161 personas defensoras y 33 comunicadores. La organización Educa ha documentado, además, los asesinatos de 33 activistas desde el inicio del gobierno morenista de Salomón Jara, en diciembre de 2022. Este altísimo número de personas “protegidas” es el síntoma más grave de un clima de riesgo que parece sistemático en la entidad.
En enero de 2022, Tijuana concentró dos asesinatos que exhiben otra dimensión del problema. El 17 de enero fue asesinado Alfonso Margarito Martínez Esquivel. Era fotoperiodista de nota policiaca y colaboraba como freelance con varios medios locales. La palabra freelance, en este contexto, no describe libertad profesional sino una forma de exposición: cubrir escenas de alto riesgo sin la protección de una estructura laboral.
Seis días después fue asesinada Lourdes Maldonado, también en Tijuana, frente a su domicilio. En 2019 había acudido a una conferencia matutina de López Obrador para pedir ayuda; dijo entonces que temía por su vida. La escena se ha vuelto conocida, pero no por eso ha perdido sentido.
Antonio de la Cruz trabajaba en Expreso, en Tamaulipas. Tenía más de dos décadas de trayectoria. El 29 de junio de 2022 fue asesinado al salir de su casa en Ciudad Victoria. Su hija Cynthia, de 23 años, resultó gravemente herida durante el ataque y murió después. Aquí la categoría “periodista asesinado” queda corta: el ataque alcanzó directamente a su familia. En 2025, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) confirmó que el homicidio estuvo relacionado con su labor periodística, de acuerdo con investigaciones ministeriales citadas por medios nacionales.
Fredid Román Román había trabajado más de 30 años en medios de Guerrero. Dirigió diarios locales como Expresión Popular y La Palabra; en sus últimos años publicaba el semanario La Realidad, ya sólo en redes sociales por el aumento de los costos de impresión. Fue asesinado el 22 de agosto de 2022 en Chilpancingo. Un mes antes habían asesinado a su hijo. Su última columna abordaba el caso Ayotzinapa. En su historia se juntan varias precariedades: la económica, la tecnológica, la familiar, la política, la de un periodismo local que sobrevive con menos recursos y aun así sigue nombrando asuntos que incomodan.
Ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, Carlos Leonardo Ramírez Castro, director de Código Norte Veracruz y corresponsal de Noreste, fue asesinado el 8 de enero de 2026 en Poza Rica. El Comité para la Protección de los Periodistas reportó que tenía 25 años y que fue atacado mientras comía en un restaurante. Cubría temas de seguridad. Había tenido medidas de protección tras un altercado con un policía municipal en 2024, pero éstas expiraron después de que salió de Veracruz. No estamos ante un problema clausurado con el cambio de administración.
La precariedad no es un tema lateral. Forma parte de la arquitectura del riesgo. Muchos periodistas asesinados no pertenecían a grandes empresas nacionales. Trabajaban en medios pequeños, semanarios locales, portales digitales, colaboraciones múltiples, iniciativas personales. Esa fragilidad no explica por sí sola los crímenes, pero sí ayuda a entender por qué el periodismo local queda tan expuesto: menos recursos, menos asesoría jurídica, menos visibilidad nacional, menos protocolos, menos capacidad de reubicación, menos margen para decir no a una cobertura peligrosa.
A esto se suma el discurso desde el poder. Durante el sexenio de López Obrador, Artículo 19 registró 3 mil 408 agresiones contra la prensa: una cada 14 horas. También documentó 179 agresiones a periodistas y medios dentro de las conferencias matutinas. Las “mañaneras” fueron, aparte de un instrumento de comunicación política, un espacio de descalificación recurrente contra periodistas y medios. No todos los ataques contra la prensa derivan del discurso presidencial, por supuesto. Pero el poder sí fija autorizaciones simbólicas. Cuando un gobierno reduce la crítica a enemistad política, corrupción o conspiración, otros actores entienden que el periodista está disponible para el descrédito.
Svetlana Alexiévich dijo en su discurso del Nobel que la verdad no cabe en una sola mente ni en un solo corazón, que está dispersa. El periodismo local trabaja justamente con esa dispersión: voces incompletas, documentos parciales, familias que insisten, expedientes que no avanzan, vecinos que hablan con miedo, funcionarios que administran la demora.
Ricardo Flores Magón escribió que “la prensa es luz”. Leída desde el México actual, la frase exige una pregunta poco cómoda: ¿quién sostiene esa luz, en qué condiciones trabaja, quién la amenaza y quién investiga cuando la apagan? La libertad de prensa no se protege con efemérides. Se protege con justicia, salarios dignos, mecanismos eficaces, medios menos frágiles y gobiernos que entiendan –cosa casi imposible– que la crítica no es una ofensa personal sino una condición mínima de la vida pública.
Cada 3 de mayo es, también, aniversario de la que es ahora mi casa editorial. Este año cumplió 33. No ha sido un camino terso el que se ha atravesado para mantenerse como el periódico independiente más importante y prestigioso de Guerrero: larga vida a El Sur.

 

Madres buscadoras de Jalisco fueron amenazadas, hace apenas un par de días, por hombres armados mientras realizaban labores de búsqueda en Tlajomulco, Jalisco. La escena dice mucho del país: mujeres que salen todos los días con palas y barretas, fotos de sus desaparecidos y una experiencia en campo que el Estado mexicano no tiene. Mientras que hombres armados llegan a recordarles que incluso buscar puede costar la vida. La búsqueda, en México, no es ya sólo un acto de amor, de resistencia o de duelo. Es también una actividad de riesgo extremo.
Ese episodio coincide con otra discusión que en otro país sería escandalosa y aquí parece rutinaria: la disputa por las cifras oficiales de personas desaparecidas. Mientras el gobierno federal ofrece nuevas lecturas y depuraciones del registro, los múltiples colectivos reprochan que esa discusión no parta del territorio, sino del escritorio. No de las fosas, los hallazgos, los restos, los expedientes detenidos y la experiencia y la voz de las familias, sino de un método administrativo que vuelve a colocar la atención en la contabilidad de un Power Point antes que en la verdad. El problema no es sólo cuántos faltan. El problema es, además, que quienes buscan a los desaparecidos siguen siendo amenazadas, asesinadas o desaparecidas.
Por eso conviene, por una vez, bajar la temperatura de la discusión ideologizada, hacer una pausa y regresar a lo esencial. Cuando se nombra a una madre buscadora asesinada por este sistema, hay que nombrar también al hijo, la hija, el hermano o el esposo que cada una de ellas busca. De otro modo, se les desaparece dos veces. Miriam Rodríguez Martínez, por ejemplo, no era nada más una “activista”: buscaba a su hija, Karen Alejandra. Teresa Magueyal, por su parte, no era otra cifra: buscaba a su hijo desaparecido. Blanca Esmeralda Gallardo buscaba a su hija. Rubí Patricia Gómez-Tagle buscaba a su hijo desaparecido desde hace un año. Cecilia García Ramblas formaba parte de un colectivo en Salamanca y había salido, como tantas otras mujeres buscadoras, a hacer el trabajo que las instituciones no hicieron a tiempo. Cada una de esas historias pertenece a una localidad concreta, a una fiscalía concreta, a un vacío concreto del Estado mexicano que por complicidad, omisión o aquiescencia, participó en la muerte de cada una de ellas.
Lo mismo puede decirse de otros nombres que tendrían que formar parte de la memoria pública del país: María Isabel Cruz Bernal, Norma Angélica Bruno Román, Guadalupe Campanur Tapia, Ana Luisa Garduño Juárez, Aranza Ramos Rascón, Bertha Alicia Gatica, Lorenza Cano Flores, Catalina López, María del Carmen Morales. Todas buscaron a hijos e hijas; a esposos, hermanos o familiares cercanos. Todas entraron en la misma intemperie: un país en el que la desaparición se ha vuelto una condición social y la búsqueda una forma de ciudadanía forzada. No buscaron porque tuvieran vocación de peritas, investigadoras o rastreadoras. Simplemente porque alguien tenía que hacerlo.
La dimensión de esa intemperie no se agota en el número de personas desaparecidas. México arrastra también una crisis forense de gran escala, con decenas de miles de cuerpos sin identificar, fosas comunes saturadas, servicios periciales rebasados y familias obligadas a aprender el lenguaje técnico del horror: indicios, cotejos, cadenas de custodia, genética, osteología, exhumación. Esa es la otra cara de la discusión actual sobre los registros: detrás de cada ajuste estadístico hay familias que siguen esperando un nombre, una confirmación, un fragmento de verdad. Y detrás de esa espera hay un Estado que durante años no ha logrado construir una respuesta proporcional a la magnitud del desastre.
En este mismo espacio se ha hablado del pronunciamiento de urgencia de la ONU y del lugar excepcional al que ha llegado México en materia de desapariciones como posibles casos de lesa humanidad. El Comité contra la Desaparición Forzada habló de indicios fundados de una práctica persistente y pidió que la situación mexicana fuera considerada en instancias más altas del sistema internacional. Lo que hoy vemos en Tlajomulco, en Guanajuato, en Sinaloa, en Veracruz, en Sonora, confirma que el problema ya no puede leerse como una suma de tragedias privadas: se trata de una enorme crisis estructural.
Lo decisivo, sin embargo, no está en el lenguaje diplomático ni en la discusión técnica, sino en las historia de vida concretas. Una madre que sale a buscar a su hijo. Una esposa que pega fichas. Una hermana que aprende a leer y a oler la tierra donde hay restos humanos. Un padre que se interna en un predio con una esperanza mínima. Y, del otro lado, un poder criminal que controla territorios y un poder estatal que llega tarde, discute cifras en las conferencias matutinas o sencillamente no llega. De ahí la obscenidad de nuestra normalidad: en México, no basta con sobrevivir a la desaparición de un familiar; además hay que sobrevivir a su búsqueda.
Nombrarlas, entonces, no es un recurso sentimental. Es un deber civil. Porque ellas –las asesinadas, las desaparecidas, las amenazadas, las buscadoras– han sostenido con sus cuerpos la verdad que el Estado, desde Ayotzinapa hasta Teutlitlán, se ha negado sistemáticamente a revelar. Las madres buscadoras nos han obligado a mirar un espesor territorial al que casi todos querían acostumbrarse. Lo mínimo que corresponde es no reducirlas a cifra, no repetirlas como lista, no despojarlas del vínculo por el que buscaron.
En un país que desaparece personas y después extravía su rastro en archivos, nombrar a una buscadora junto al ser querido que busca sigue siendo una de las formas más elementales de justicia.