El domingo 25 de enero de este año Oaxaca realizó la primera revocación de mandato estatal del país. No fue un ejercicio espontáneo de control ciudadano sobre el poder ni un impulso súbito de democracia participativa: fue una consulta montada desde el poder con un marco legal reciente. La Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca fue aprobada por el Congreso local el 21 de diciembre de 2022 y promulgada en 2023. Establece que el ejercicio procede si lo solicita al menos 10 por ciento de la lista nominal, con criterios de distribución territorial, y que para revocar se requiere un piso de 40 por ciento de participación. Ese último dato, el umbral, es crucial: el propio diseño dice qué esperaba el régimen del proceso. Si se coloca un mínimo lleno de obstáculos, no estás invitando a corregir al poder, estás construyendo lo que al partido-gobierno Morena le encanta: una ratificación simbólica del mismo. Una farsa. Y, sin embargo, incluso esa ratificación terminó revelando sobre el gobernador morenista Salomón Jara lo contrario de lo que buscaba exhibir.
En el sistema oficial de cómputo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través del Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato, el dato de “participación ciudadana obtenida” llegó a un raquítico 29.9 por ciento. Es decir, ni siquiera cerca del 40 por ciento propuesto. Con ese solo dato se derrumba la narrativa de “fiesta democrática”: lo que se montó no fue un mecanismo ciudadano de rendición de cuentas, sino una demostración de poder del propio partido-gobierno. Y, aun considerando la fuerza del régimen, el resultado fue mediocre.
Aquí está el corazón del asunto. La revocación no midió respaldo ciudadano, midió capacidad de movilización y capacidad de control. En Oaxaca, cuando un gobierno necesita convertir la participación en “operativo”, el voto deja de ser termómetro democrático y se vuelve un mero pase de lista. Y el pase de lista, por definición, se sostiene en la misma lógica del corporativismo del viejo PRI: estructura territorial, dependencia laboral, cuotas, presión, propaganda desde el presupuesto público. No se trata de “gente participando”, se trata de gente siendo acarreada
Para entender por qué el proceso se sintió parchado, improvisado o directamente irrelevante para amplias capas del estado, hay que mirar el dinero. Animal Político documentó que el IEEPCO solicitó 270 millones de pesos para organizar la consulta y solo recibió 99 millones. Esa brecha afectó logística, cobertura, instalación y percepción pública. Una consulta que se presume histórica pero se financia como trámite austero nace doblemente coja: institucionalmente precarizada, políticamente saturada de propaganda. Esa combinación produce un efecto muy oaxaqueño: la gente huele a leguas la simulación. Por eso la crítica de organizaciones como Consorcio Oaxaca no suena exagerada cuando señala el ejercicio como pérdida de tiempo o como una consulta sin trascendencia real; la revocación no se vivió como rendición de cuentas, sino como un espectáculo de legitimación para un rey desnudo. Ante el ejercicio oficial de revocación de mandato, además de Consorcio, 33 organizaciones oaxaqueñas manifestaron su rotundo rechazo en un desplegado público a lo que consideraron “un ejercicio de legitimación forzada y un uso faccioso de las instituciones democráticas”.
Si el oficialismo quería que la jornada pareciera una fiesta cívica impecable, la realidad se encargó de ensuciar el montaje. Animal Político registró que el Consejo General del IEEPCO reportó 524 incidentes durante la jornada. Se puede discutir la naturaleza de cada uno, pero el número por sí mismo ya dice algo: hubo ruido operativo, fallas, tensiones, episodios de fuerza. La política institucional vivida como coacción.
En Santa Lucía del Camino, específicamente en la casilla 579 básica de San Martín Mexicápam, se reportó que un grupo introdujo boletas de manera forzada y amenazó a funcionarios de casilla con la frase “por las buenas o por las malas”. Luego regresaron para exigir que se borrara la hoja de incidencias, pidieron cubrir cámaras y amedrentaron incluso al policía asignado. En otros puntos se reportaron boletas marcadas irregularmente, quema de boletas y quema de urnas. También se habló de carpetas de investigación por posibles delitos electorales. Esto no es una anécdota marginal, es el retrato de una “democracia” que, cuando no alcanza por convicción, intenta sostenerse por intimidación. Y cuando un ejercicio de legitimación requiere amenaza para funcionar, deja de ser democracia: se vuelve disciplina.
A ese cuadro hay que sumarle la dimensión partidista real del proceso. El diario El País lo narró sin rodeos: la revocación exhibió la fractura entre Morena y el PT en Oaxaca, con éste llamando a la no revocación, denunciando irregularidades y convirtiendo una consulta supuestamente ciudadana en un pleito dentro del mismo bloque de poder. Aquí aparece un giro que vuelve todo más oscuro: la revocación deja de ser mecanismo ciudadano y se vuelve una burda tecnología de facción. Una pelea interna disfrazada de “participación popular”. Por eso el dato central no es quién “ganó”, sino cuánta gente acudió sin presión, sin consigna, sin nómina. Y ese magro 29.9 por ciento del tablero institucional es precisamente el tamaño del desgaste.
El punto es brutal y sencillo: la maquinaria de Morena puede mover cuerpos, puede disciplinar, pero no puede mover conciencias ni generar convicción.
Aunque el revocatorio no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un estado atravesado por tensiones territoriales, por criminalización del disenso, por violencia política y por una lógica de gobernabilidad que se apoya cada vez más en la administración del miedo. Ahí es donde la amalgama se vuelve completa.
En enero de 2026, UCIZONI denunció hostigamiento, amenazas armadas y vigilancia ilegal contra integrantes de su organización; en particular contra Carlos Beas, su coordinador. Los hostigamientos ocurren en un territorio que para los intereses de Morena se volvió estratégico por el megaproyecto del Corredor Interoceánico.
La desconexión entre propaganda y realidad no se resuelve con urnas, ni con espectaculares, ni con consultas instrumentales. Se resuelve con garantías mínimas de vida pública. Y esas garantías en Oaxaca no existen. La baja participación también se lee desde un ambiente de violencia y de criminalización. Educa Oaxaca ha contabilizado 44 agresiones contra activistas desde el inicio de la administración del gobernador Jara, que comenzó el 1 de diciembre de 2022. La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca investiga 17 agresiones contra periodistas durante el gobierno de Jara, con cifras en el periodo 2023-2024. La Jornada reportó 429 desapariciones en Oaxaca entre enero y julio de 2024, con señalamientos sobre omisiones institucionales. Milenio habló de más de 10 mil familias indígenas desplazadas y de 156 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con el retorno seguro. ¿Qué significa esto, puesto junto? Significa que la participación política no ocurre en un laboratorio limpio. Significa que el abstencionismo no se reduce a apatía: a veces es defensa, a veces es hartazgo, a veces es desconfianza y, muchas otras, es el cálculo elemental de que exponer la vida no sirve y sí puede costar.
Con ese fondo, el 29.9 por ciento deja de ser un dato electoral y se vuelve un diagnóstico político. La revocación no fracasó por falta de operativo, sino por exceso de aparato. Se movilizó lo movilizable –la estructura, la nómina, la presión– y aun así no le alcanzó.
Y es ese mismo aparato que simula su legitimación el que convive con –y en algunos casos activa– mecanismos de intimidación contra todos aquellos que estorban a su falso relato de progreso.
Con ese fondo y ese aparato, es revelador que en la capital de Oaxaca (solamente) el rubro “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza” haya obtenido 70 por ciento de votos, contra el 28.4 por ciento para “Que siga en la gubernatura”*.

 

El último encuentro convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas –semillero De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores, realizado del 26 al 30 de diciembre de 2025 en CIDECI-Unitierra, San Cristóbal de Las Casas– no fue un “festival” sino, como suelen serlo las convocatorias zapatistas, un dispositivo de lectura política para la realidad actual. Y lo más útil de ese dispositivo está en una pregunta técnica: ¿cómo se reproduce la dominación incluso en los espacios que dicen combatirla?
Ahí entra la pertinente ponencia de Raúl Zibechi. En la relatoría publicada por Radio Zapatista, Zibechi nombró “las pirámides de abajo”: las jerarquías que aparecen dentro de movimientos sociales –mandos que se eternizan, delegaciones sin control comunitario, burocracias militantes, etcétera. Su hipótesis es dura: las revoluciones “triunfantes” que toman el poder terminan siendo incapaces de transformar el mundo porque reproducen la pirámide y se vuelven nueva clase dominante; pone ejemplos como el PRI, el Estado soviético y Nicaragua. Y advierte que esa lógica también opera “abajo”: incluso movimientos con logros enormes –menciona CONAIE (Ecuador) y MST (Brasil)– pueden reintroducir estructuras de mando.
Esa discusión no es moral, es organizativa y crucial para los horizontes de las luchas de los abajos. Porque el 1 de enero –madrugada del aniversario del levantamiento del EZLN–, el Subcomandante Moisés volvió a insistir en una salida que no es una consigna: “lo común” como horizonte y como método –superar la propiedad privada como forma de vida, sostener autonomía, mantener la lucha política pacífica. En la cobertura periodística se registró esa idea como eje explícito del mensaje y se narró como “nueva etapa” dentro de las comunidades zapatistas para dejar atrás la propiedad privada y afirmar una lógica de propiedad-comunidad común.
Paralelamente, el 28 de diciembre de 2025, un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico se descarriló cerca de Nizandá, Oaxaca, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo. El primer saldo reportado fue de 13 personas muertas y 98 heridas. Días después, el 1 de enero de 2026, la cifra subió a 14 fallecidas, tras la muerte de una mujer de 73 años que estaba hospitalizada, según reportes periodísticos basados en información oficial.
La discusión pública se fue por el carril predecible: oposición vs. gobierno, “accidente” vs. “sabotaje”, ruido de redes. Pero el Congreso Nacional Indígena del que forma parte el EZLN –a través de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)– colocó en la agenda otra cosa: responsabilidad política por el proceso de militarización y por imposición. La cobertura consignó el señalamiento directo a los gobiernos autonominados como Cuarta Transformación: “Este crimen tiene responsables”, y ubicó a la Secretaría de Marina como responsable capital por ser la instancia a cargo de la operación, en un proyecto que se le ha impuesto a los pueblos y se ha administrado con la lógica de la fuerza.
Militarización no equivale a seguridad. Equivale, como se ha visto, a impunidad. En su análisis, la APIIDTT y el CNI han vinculado esa impunidad con la violencia y la división comunitaria que requieren los megaproyectos para serles impuestos a los pueblos.
En Ayahualtempa, Guerrero, el CNI y el EZLN denunciaron un ataque armado contra la comunidad, atribuido a un grupo criminal, que –de acuerdo con el pronunciamiento difundido– duró más de 10 horas, dejó tres muertos y siete heridos graves, y se inscribe en el saldo de decenas de asesinatos y desapariciones que ha habido en la región durante años.
En Azqueltán, Jalisco, el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de San Lorenzo de Azqueltán, y las lesiones por arma de fuego a su hermano Gabriel Aguilar Rojas (delegado del CNI), fueron denunciados como parte de una disputa territorial con caciques regionales y una impunidad estructural.
Y si regresamos al Istmo: en 2025, una emboscada que asesinó a integrantes de una organización indígena en Oaxaca recordó que el corredor no llega “solo”, se da en un ecosistema de hostigamiento y contrainsurgencia donde la frontera entre crimen organizado, control territorial y aquiescencia del Estado se vuelve funcional al megaproyecto.
Visto así, el punto de Zibechi deja de ser debate abstracto y se vuelve crucial en las luchas presentes y por venir: si desde “abajo” reproducimos esas mismas pirámides, la defensa del territorio se vuelve más vulnerable, porque los megaproyectos operan justo donde la cadena de mando es opaca, la vocería se separa de la asamblea y la seguridad se terceriza –a veces, literalmente– a actores armados.
En esos días, el EZLN insistió en algo que sirve como conclusión sin consuelo: no se trata de “interpretar” la tragedia ni de administrar su duelo con declaraciones, se trata de discutir “el mandar obedeciendo” (principio zapatista) cuando afuera la infraestructura estratégica se vuelve cuartel y el territorio se vuelve botín. Lo que el Subcomandante Moisés colocó el 1 de enero –“lo común” como horizonte material, no como metáfora– y lo que el semillero enmarcó desde el inicio –pensar en mediano y largo plazo, fuera de la coyuntura– funciona aquí como criterio de verificación: si el Corredor Interoceánico y su militarización producen impunidad, si la violencia sigue cobrando compañeros y compañeras del CNI y sembrando miedo en las comunidades, entonces la disputa real no es meramente retórica, sino por una forma de vida digna capaz de sostener autonomía, rotación, control comunitario y rendición de cuentas. Lo “común” como antídoto práctico contra las pirámides de muerte que imponen los malos gobiernos.

 

El domingo 28 de diciembre de 2025 el Tren Interoceánico descarriló trágicamente en una curva cercana a Nizanda, agencia de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, sobre la Línea Z que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos. Es el sexto descarrilamiento en los últimos dos años en los proyectos de nuevos trenes de Morena. Y siempre cobrados con la vida de los más pobres. En el Interoceánico viajaban 241 personas pasajeras y nueve tripulantes; el saldo confirmado fue de 13 personas fallecidas hasta hoy, lunes 29, y 98 lesionadas, con cinco en condición crítica. Treinta y seis quedaron hospitalizadas y 139 fueron reportadas fuera de peligro. Los reportes ubicaron el hecho entre Chivela y Nizanda, en el kilómetro Z-230+290/230+300, un dato que importa porque vuelve verificables las preguntas sobre el estado real de la vía y del mantenimiento. Ese mismo día se informó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación y que autoridades federales acudieron a la zona. Paradójicamente, la nueva fiscal impuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum será la encargada de dichas investigaciones: Ernestina Godoy, la fiscal de Ciudad de México cuando ocurrió el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro que dejó un trágico saldo de 27 personas sin vida y 80 heridos.
El accidente en Oaxaca, sin embargo, cae sobre un territorio donde la infraestructura nunca ha sido sólo infraestructura. En el Istmo hay larga memoria de proyectos que se anuncian como “progreso”, pero que tienen como objetivo estratégico el reordenamiento territorial. Porfirio Díaz inauguró en enero de 1907 el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, una línea de alrededor de 310 kilómetros entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, concebida para agilizar el tránsito interoceánico cuando el mundo aún disputaba rutas y canales. Aquella obra fue también un dispositivo político, con puertos, aduanas, concesiones y una idea de modernidad que, tal como hoy, dependía de controlar territorio, cuerpos y trabajo.
En los noventa, con el país reconfigurado por el libre comercio, el corredor reapareció con otros nombres. En análisis académicos y relatos regionales se menciona el Plan Alfa-Omega como una de las versiones de gran escala para el Istmo; y en el sexenio de Ernesto Zedillo se presentó un programa integral de desarrollo que delimitaba municipios de impacto y ejes de inversión. Después vendrían variaciones ligadas a corredores multimodales y plataformas logísticas. No hace falta una arqueología completa para ver el patrón: cada relanzamiento de este proyecto necro-político promete empleo y bienestar, pero desplaza la discusión sobre explotación, contrainsurgencia, tierra, agua, militarización, comunalidad y autodeterminación de los pueblos.
La versión reciente, inaugurada para pasajeros en diciembre de 2023, recuperó con fuerza la comparación geopolítica: convertir al Istmo en ruta neoliberal estratégica de comercio internacional. Ahí se vuelve decisivo el detalle –no menor– de una administración que otorga centralidad a la Marina en la operación y conducción del proyecto. No es un matiz, cambia la forma en que se resuelven conflictos y se administra la información. Cuando un megaproyecto se trata como asunto de seguridad, la rendición de cuentas tiende a ser opcional para el poder: se pide confianza, se pide paciencia, se pide no “politizar” las muertes.
Por eso, mucho antes del descarrilamiento, los pueblos organizados ya advertían que el corredor no era sólo un tren. Articulaciones vinculadas al Congreso Nacional Indígena y a la campaña “El Istmo es nuestro” han descrito el megaproyecto como un corredor industrial, comercial, energético y militar, y han exigido su cancelación cuando amenaza la vida comunal. En julio de 2023, una Misión Civil de Observación difundida por el propio CNI documentó violaciones a derechos humanos relacionadas con el megaproyecto; y en junio de 2024, la organización Artículo 19 habló de criminalización y violencia contra personas y comunidades defensoras del territorio en el Istmo. Esas alertas eran diagnósticos tempranos sobre cómo opera un modelo que prioriza el calendario político, la corrupción y la inversión sobre el tejido comunitario.
Hoy el lamentable descarrilamiento obliga a dos lecturas simultáneas. La primera es técnica y no admite atajos: en qué condiciones estaba la vía en ese tramo, qué peritajes existían, qué límites de velocidad aplicaban en la curva; qué dicen las bitácoras de mantenimiento, quién certificó balasto, durmientes y rieles; qué contratista ejecutó, qué supervisor firmó recepción, qué registraron los sistemas del tren en los minutos previos. Si la investigación quiere ser creíble, debe publicar hallazgos y cadena de responsabilidades, no sólo encubrimientos como en el caso de la Línea 12 del Metro.
La segunda lectura es política y contractual: qué significa administrar un corredor “estratégico” con opacidad, y cómo se blindan las decisiones cuando aparecen redes de influencia. Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que su hijo Gonzalo López Beltrán “ayudó” de forma “honorífica” en el proyecto. Paralelamente, investigaciones periodísticas han vinculado al entorno de los hijos del ex presidente y a Amílcar Olán con presuntas gestiones de negocios alrededor de insumos y contratos. Son señalamientos que no equivalen a sentencia pública, pero sí obligan a una exigencia democrática mínima: transparencia verificable en contrataciones, supervisiones, dictámenes de seguridad y mantenimiento por tramo.
Conviene no olvidar que el conflicto no comenzó con el descarrilamiento. Desde 2019, cuando la autollamada Cuarta Transformación simuló una consulta indígena sobre el corredor, comunidades y organizaciones señalaron rechazo y asimetrías de información para legitimar un proyecto ya decidido desde la Presidencia. En los años siguientes crecieron los litigios y las denuncias de imposición en asambleas, así como el hostigamiento y asesinatos contra opositores. En 2023 hubo desalojos de bloqueos comunitarios ligados a las obras ferroviarias; y en 2024, Artículo 19 documentó un clima de criminalización y violencia contra personas y comunidades defensoras del territorio en el Istmo.
El punto no es usar la tragedia como pretexto para una consigna, sino impedir que la tragedia sea usada para cerrar el debate. Si el Estado insiste en vender el Corredor Interoceánico como modernización, debe aceptar su responsabilidad, es decir auditorías, datos abiertos, no militarización, respeto a la autodeterminación de los pueblos, supervisión independiente y reparación integral a víctimas. Si no, el Istmo quedará otra vez como estación de paso porfirista: un lugar donde las mercancías cruzan libremente pero en el que las comunidades y los más pobres pagan el costo con sus vidas.

 

 

“No estamos en guerra”. Es la frase esquizoide que repiten en México diariamente los gobiernos de todos los niveles. Como si una simple enunciación pudiera borrar las fosas y a los desaparecidos.
El índice de conflictos y violencia política 2025 de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés) coloca a México en el nivel de riesgo “extremo”: cuarto lugar mundial, tan sólo detrás de Palestina, Myanmar y Siria. El detalle es todavía más aterrador: octavo lugar en letalidad; segundo en peligro para civiles; tercero en fragmentación de grupos armados. Además de una violencia capaz de extenderse y mutar como una mancha de aceite sobre el mapa. Los grandes conflictos del planeta tienen trincheras visibles; el nuestro tiene rutas, cobros, colusiones con los gobiernos y fuerzas armadas, paramilitares, desaparecidos, extorsiones y una administración cotidiana del terror de parte del necrogobierno.
Lo que la ACLED describe con indicadores fríos, aquí se vuelve una meteorología diaria del miedo. El “país sin guerra más peligroso del mundo” no es un simple titular cada vez más común: es una forma de organizar la vida cotidiana. Y esa forma de vida tiene una consecuencia directa sobre las libertades. Si se mata para controlar territorio, también se mata para controlar el relato. No basta con dominar una calle, hay que dominar lo que se cuenta de esa calle desde las conferencias matutinas.
En ese paisaje, el periodismo funciona como un testigo incómodo. Y el testigo, en México, suele ser prescindible, desechable. Desde el 1 de octubre de 2024 –inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum– Artículo 19 ha documentado ocho asesinatos de periodistas y personas comunicadoras en posible relación con su labor. Ocho nombres para un año y fracción. Mauricio Cruz Solís fue asesinado en Uruapan, Michoacán, tras entrevistar al alcalde. Patricia Ramírez González, Paty Búnbury, fue asesinada en Colima. Calletano de Jesús Guerrero, en el Estado de México. Alejandro Gallegos de León, en Tabasco. Kristian Uriel Martínez Zavala, en Guanajuato. Raúl Irán Villarreal Belmont, también en Guanajuato. Ángel Sevilla, en Sonora. Miguel Ángel Beltrán Martínez, en Durango.
Pero incluso este conteo no es un consenso y allí aparece una segunda capa de violencia: la disputa de criterios y narrativas desde el poder. Hay organizaciones que sólo incluyen casos con móvil confirmado por la labor periodística; otras incorporan comunicadores locales, administradores de páginas web noticiosas, trabajadores de medios o casos donde el móvil sigue “en investigación”. Esa diferencia metodológica no es un pleito académico; es una pólaroid de una impunidad que convierte el asesinato en una duda permanente y administrada, lo que lleva a una revictimización de cada caso. Cuando no se investiga, el crimen se disuelve en un expediente y la verdad se vuelve un trámite. El efecto es perverso. Cada comunicador asesinado queda atrapado en un nuevo silencio: el silencio de la burocracia.
Por eso conviene mirar el cuadro completo. La Universidad Iberoamericana –retomando el balance de Reporteros Sin Fronteras– recuerda que en 2025 fueron asesinados nueve periodistas en México y que, sin guerra declarada, el país se sostiene como el segundo más mortífero del mundo para la prensa. A esos nombres habría que sumar, en listas más amplias, a comunicadores asesinados en Guerrero, Puebla o Quintana Roo, y a quienes trabajan con una cámara o un celular en mano y terminan atrapados en la misma lógica: la violencia como lenguaje dominante, la impunidad como institución informal, el terror como política pública de facto.
Y la historia larga es aún peor. Artículo 19 documenta 175 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000, en posible relación con su labor, y distribuye la cifra por sexenios como una contabilidad del fracaso o de la complicidad: 48 en el de Felipe Calderón; 47 en el de Peña Nieto; 47 con López Obrador; y ocho ya en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Si cada gobierno hereda la violencia, entonces el Estado no es sólo incapaz de detenerla: ha aprendido a convivir y a lucrar con ella.
No se trata únicamente de agresiones, hay un desgaste previo contra los comunicadores. El descrédito, el odio, la precariedad, la estigmatización desde las conferencias presidenciales. Según datos citados por la propia Ibero, una mayoría del gremio reporta discursos de odio y campañas de deslegitimación. Se erosiona primero la credibilidad del periodista, se le aísla, se le vuelve “enemigo”. En un entorno donde la ACLED coloca a México como uno de los escenarios más graves del planeta para civiles, esa secuencia es parte del mecanismo: deshumanizar antes de eliminar.
Así que la pregunta no sería cuántos periodistas asesinados van o cómo se cuentan, sino qué país se construye cuando decir la verdad es un trabajo de alto riesgo y cuando la categoría “sin guerra” –pero con coches bomba y drones con bombas– funciona como coartada. Tal vez nuestra derrota cotidiana sea ésta: acostumbrarnos a enumerar asesinatos para abrir una columna de opinión más y cerrar la página como si nada ocurriera.
No hay democracia posible con un periodismo que vive en la incertidumbre. Mientras el país siga manteniendo un “riesgo extremo” para los cuerpos y para la palabra, la violencia seguirá gobernando la realidad.

 

Los pueblos del sur enfrentan una ley que promete justicia y reparte despojo.
Mientras en San Lázaro los diputados discuten a toda prisa la nueva Ley General de Aguas –una reforma presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada en comisiones en el Legislativo con el argumento de garantizar el derecho humano al agua–, en los territorios indígenas la guerra informal sigue viva. En el país de las represas, los gasoductos y los corredores interoceánicos, el agua se ha vuelto un recurso que da pie a más de una batalla.
El pasado 26 de noviembre fue asesinado en la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, Jalisco, el comunero y defensor del territorio Marcos Aguilar Rojas. Su hermano resultó gravemente herido cuando ambos intentaban defender tierras comunales invadidas por ganaderos. Sólo unos días antes, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunciaron ataques armados contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata. En cada caso se repite el patrón: invasión de tierras, paramilitares, complicidad de autoridades, silencio y connivencia institucionales. En el fondo, una misma disputa: quién decide sobre el agua, la tierra. Quién decide sobre la vida.
La llamada Ley General de Aguas declara su intención de priorizar el uso humano, evitar acaparamientos y transparentar concesiones. Pero detrás de este lenguaje pretendidamente progresista se esconde una amenaza: la centralización del control estatal sobre pozos, manantiales y ríos que durante generaciones han sido administrados por asambleas y usos y costumbres. Donde antes bastaban la palabra y los acuerdos comunales, ahora se exigirá un permiso; donde había autonomía, habrá un secuestro burocrático de los recursos. La reforma, que se votará en el pleno antes de fin de año, no reconoce plenamente los derechos colectivos ni el principio de libre determinación de los pueblos firmado por México en el Convenio 169 de la OIT.
En el papel, la ley busca justicia; en el territorio, puede traducirse en despojo. Comuneros, agricultores y pueblos enteros temen perder el acceso al agua que sostiene sus cultivos y su subsistencia. En Oaxaca, Chiapas, Puebla y Jalisco, los conflictos hídricos se cuentan por decenas. En el Istmo, las obras del megaproyecto neoliberal conocido como Corredor Interoceánico han modificado cauces y contaminado pozos. En la Montaña de Guerrero, la minería a cielo abierto drena manantiales. En la selva chiapaneca, la militarización avanza junto a los proyectos energéticos. Cada megaproyecto tiene su costo invisible: la sequía de las comunidades, la desmovilización social y el desahucio de la tierra.
El gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación defiende esta ley diciendo que busca “acabar con los privilegios” de grandes concesionarios. Pero sin participación real de los pueblos, la norma corre el riesgo de concentrar el poder en nuevas manos: las del Estado aliado con las grandes corporaciones. Regular el agua sin reconocer la soberanía de quienes la habitan es otra forma de despojo. Y cuando los pueblos defienden sus ríos, el Estado responde con represión.
El país vive una paradoja cruel bajo el gobierno de la llamada Cuarta Tranformación. Se legisla en nombre del pueblo, pero se criminaliza y se reprime su defensa. Se prometen derechos, pero se niega la justicia. Cada comunero asesinado –como Marcos Aguilar– es prueba de que la supuesta modernización no es neutra: tiene víctimas que generalmente son de los pueblos organizados y en resistencia. Los comunicados del CNI y del EZLN insisten en que la guerra no terminó: simplemente cambió de nombre. Lo que antes era conquista o contrainsurgencia ahora se llama “desarrollo regional”. Por eso la resistencia sigue: asambleas, bloqueos, jornadas de lucha. Desde Chiapas hasta Jalisco, se repite la consigna “El agua no se vende, se defiende”.
La nueva guerra por el agua es también una guerra por la memoria. Porque cuando se pierde un río, se pierde la historia, la narrativa y la lengua completa de un pueblo. El gobierno que utiliza y presume a sus pueblos indígenas en sus eventos oficiales y conferencias parece al mismo tiempo decidido a olvidar que de los manantiales que quiere expropiar nacieron esos mismos pueblos.
No bastará una ley neoliberal escrita en oficinas centralistas para corregir siglos de despojo. Hace falta escuchar a quienes todavía viven con y del agua, reconocer su autonomía, respetar sus sistemas normativos. Hace falta exigir un alto total a la violencia que cae sobre ellos.
El agua, como la dignidad, no se concede: se respeta. Y mientras el país legisla contra sus propios pueblos, son ellos quienes –en silencio, entre montes, a la orilla de los manantiales– continúan recordándonos que sin ríos libres no hay justicia ni democracia posibles.

 

 

El viernes 14 de noviembre se presentaron en mi casa dos personas que dijeron ser de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca. Llevaban chalecos guindas idénticos a los del partido Morena, camioneta con logos oficiales y una ficha de búsqueda en mano. Pero el nombre, los apellidos y los datos no correspondían a ningún vecino de mi calle que yo conociera. Dudé. Les dije que aquí nos conocemos todos, y ellos afirmaron que tampoco los vecinos originarios lo reconocían. Insistieron que “ésta era la ubicación”. Tomé nota de todo. Luego, al revisar la página oficial del gobierno de Oaxaca, la misma ficha tenía otro nombre completamente distinto. Parecía hecha con inteligencia artificial. Un cartel genérico, sin rostro verdadero. A quien buscaban los funcionarios del gobierno era un adulto mayor de 75 años llamado Juan Agustín Banuet Ríos. Pero la ficha en la página lo anunciaba con el nombre de Michel Salvador García Sandoval. ¿A quién de las dos identidades nos pedían, entonces, que buscáramos?
¿Qué está ocurriendo con la Comisión de Búsqueda de Personas de Oaxaca? ¿Por qué solicitaron mis datos y los de mis vecinos? ¿Y si en realidad fuera mi vecino al que estamos buscando? ¿Por qué nos visitan con datos distintos a los de su página web? Y lo más importante: si fuera un ejercicio o simulacro, ¿por qué no lo informan tanto en las visitas como en las fichas de su página? ¿Por qué no están, en cambio, buscando a las más de 120 mil personas oficialmente desapare-cidas en el país? Cualquiera de estos casos es delicado y grave.
Según el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), México vive una emergencia humanitaria sostenida: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 116 mil 752 personas desaparecidas o no localizadas hasta octubre de 2025. Si se incluyen los casos no denunciados y expedientes archivados, la cifra real podría superar las 160 mil. Nueve de cada 10 desapariciones han ocurrido desde 2006. En promedio, 40 personas desaparecen cada día bajo la actual administración federal de Claudia Sheinbaum Pardo. Tan sólo este octubre fue el mes con más desapariciones en la historia reciente: mil 426.
En donde resido, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca (CEBPEO) es la instancia responsable de localizar a las personas ausentes. Sin embargo, mi experiencia personal –una visita no clara, una ficha falsa o duplicada, preguntas personales– plantea tres interrogantes que van más allá de un error administrativo.
1. Autenticidad y rendición de cuentas. Si las instituciones se legitiman en la transparencia de sus registros, cualquier ficha debe ser verificable y trazable. En mi caso, los datos entregados no coincidían con la información oficial. Eso indica una falla grave o un uso indebido de la identidad institucional. Si se trataba de un simulacro, ¿por qué no se notificó? Si era una búsqueda real, ¿por qué los elementos no eran verificables?
2. Protección de datos y derechos de las familias. México enfrenta una crisis forense sin precedente: más de 55 mil cuerpos sin identificar se acumulan en morgues y fosas comunes. Que funcionarios acudan a domicilios sin protocolos claros no sólo es ineficaz, sino potencialmente violatorio de derechos. Las familias buscadoras han construido a pulso la ética de la búsqueda en todo el país, con confianza, claridad y acompañamiento. Cualquier acto que erosione esa confianza multiplica el daño de una desaparición.
3. Significado simbólico y ético de la búsqueda. La desaparición en México no es un accidente: es una práctica sistemática derivada de la colusión entre crimen organizado y estructuras del Estado. Las comisiones de búsqueda deberían ser espacios de reparación, no de simulación. Cada ficha mal hecha, cada visita irregular, cada respuesta burocrática, son extensiones de la misma violencia.
Durante el primer año de gobierno de Sheinbaum Pardo, el promedio diario de desapariciones subió de 28 a 40 casos. El incremento acumulado entre 2024 y 2025 alcanza 74 por ciento respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Menos de 3 por ciento de las carpetas abiertas derivan en sentencia. Y aunque se han anunciado reformas –una base forense nacional, la CURP con fotografía y huellas dactilares–, en la práctica las familias siguen buscando solas.
En Oaxaca, la CEBPEO reporta haber intervenido en poco más de mil 200 casos activos en el último año, pero no publica información sobre bajo qué protocolos realiza visitas domiciliarias. Su informe de gestión no menciona auditorías externas ni mecanismos de supervisión. Si una comisión opera sin control, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de confusión antes que en un canal de verdad.
Volviendo a mi calle en Oaxaca: lo que viví me deja un doble temor. Que la institución de búsqueda esté actuando sin control, y que ello pueda confundirse con proselitismo político. Cuando los chalecos institucionales se mezclan con los colores partidistas, la línea entre la búsqueda y la simulación se borra. En un país donde la impunidad es estructural, esa ambigüedad también es otra forma de violencia.
Ya en 2023, durante un ejercicio similar de visitas a domicilio para levantar el censo oficial de personas desaparecidas que pretendía rasurar las cifras, Mario César González, el padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se sorprendió cuando aparecieron estos visitadores del gobierno para preguntarle si su hijo había vuelto a casa. Se puso furioso. Y cómo no.
Mi petición es simple y mínima: que la Comisión Estatal de Búsqueda de Oaxaca publique de inmediato sus protocolos de campo, que toda visita sea registrada y verificable, y que concentre sus esfuerzos en lo esencial: localizar a las personas ausentes, identificar cuerpos, acompañar a las familias.
Ninguna institución tiene derecho a jugar con la esperanza de quienes buscan.
Porque cada ficha alterada, cada visita sin fundamento o proselitismo para maquillar cifras con fines políticos, cada omisión, son también formas de desaparición. Y en México, donde los ausentes ya sobrepasan cualquier umbral de horror imaginable, lo último que necesitamos son nuevas simulaciones disfrazadas de búsqueda.

Existe un México paralelo, un territorio fantasma cuyas coordenadas se materializan entre fosas clandestinas y registros forenses saturados. Este País de los Desaparecidos ha crecido de manera tan devastadora que traspasó fronteras burocráticas y obligó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a activar su protocolo más severo: el artículo 34, reservado para crisis que son generalizadas o sistemáticas. La respuesta del Estado mexicano, fiel a sus prácticas, ha sido tejer su propia cartografía de la negación.
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo heredó el manual de Andrés Manuel López Obrador. Ambos sexenios han insistido en presentar el horror como un asunto de criminalidad común, y no como el colapso institucional que realmente representa. La Secretaría de Relaciones Exteriores declaró con desdén que las acusaciones de la ONU “carecen de sustento” y el embajador Héctor Vasconcelos argumentó en la Asamblea General que este mecanismo es para “situaciones excepcionales”. Como si las más de 133 mil personas desaparecidas y los más de 72 mil cuerpos sin identificar en las morgues fueran para ellos ya parte del paisaje normal en México. La impunidad ronda el 99 por ciento y las cifras oficiales siguen creciendo; sin embargo, la narrativa del poder se empeña en minimizar la catástrofe y en evadir cualquier responsabilidad estatal en lo que ellos llaman simplemente “un problema de delincuencia organizada”.
Frente a este relato oficial se alzan las voces que cartografían la verdadera dimensión del desastre humanitario. Santiago Corcuera, ex presidente del mismo Comité de la ONU, ha explicado que la desaparición forzada incluye los actos de particulares con la autorización o aquiescencia del Estado, y ha subrayado que la negación gubernamental equivale a rechazar un diagnóstico médico grave –es que “no nos gusta el doctor”–, impidiendo cualquier posibilidad de cura.
Los colectivos de búsqueda, conformados principalmente por mujeres, caminan los territorios con palas y mapas satelitales; sus integrantes, como Carlos Ramírez del colectivo Hasta Encontrarles, denuncian la sistemática invisibilización, además de enfrentar una obstrucción burocrática que comienza en el momento mismo de querer presentar una denuncia –obstaculización que continúa en cada fiscalía, en cada carpeta de investigación que se archiva, en cada cuerpo que no es identificado. La ley en la materia existe desde 2017, pero nació más de la presión social que de una convicción estatal genuina; su implementación ha sido lenta, ha estado marcada por la falta de recursos reales y por una evidente falta de voluntad política para desmantelar las estructuras que permiten y encubren estas desapariciones.
Casos recientes, como la desaparición forzada de cinco jóvenes en Veracruz el mes pasado, donde existen fuertes indicios de participación policial, demuestran que la maquinaria de terror no se ha desmantelado. La máquina de hacer desaparecer personas sigue operando con una eficacia aterradora, con una impunidad casi absoluta. La activista Nadín Reyes Maldonado, quien busca a su padre, el luchador social Edmundo Reyes Amaya, ofrece una perspectiva histórica que debería, al menos, indignarnos como sociedad: México tiene más personas desaparecidas que muchas dictaduras del Cono Sur; y esta práctica funciona, ahora como ayer, como un método de control social para infundir terror, para silenciar cualquier disidencia, para recordarle a la población que el Estado puede, cuando quiere, ejercer su poder más absoluto sobre los cuerpos de las y los ciudadanos.
La activación del artículo 34 no es un ataque a la soberanía nacional. Puede leerse como un llamado de auxilio de la comunidad global. O como la última esperanza institucional para miles de familias que han agotado todas las vías nacionales, que han recorrido cada fiscalía, que han esperado años fuera de cuarteles militares y oficinas gubernamentales. El gobierno mexicano encabezado por Sheinbaum, no obstante, insiste en mirar hacia otro lado, y con ello renuncia a su deber fundamental de garantizar justicia; prefiere refugiarse en un nacionalismo ramplón que sólo sirve para ocultar su incapacidad y su simbiótica complicidad con este engranaje de muerte.
El mapa de las fosas clandestinas en todo el país es el mapa del fracaso del proyecto de nación de la autonominada Cuarta Transformación. Pero cada cuerpo sin nombre en una morgue es una derrota de la civilización.

 

La necropolítica en México no es más que la administración de la muerte como modelo de negocio promovido por los gobiernos capitalistas que se han asumido tanto de derecha como “progresistas”.
El filósofo camerunés Achille Mbembe desarrolló un concepto certero y perturbador para entender las formas contemporáneas del poder: la necropolítica. Si para Michel Foucault el poder soberano moderno se caracterizaba por decidir cómo y dónde vive la población, Mbembe da un giro al señalar que la expresión última de la soberanía reside en el poder de decidir quién debe morir y quién puede vivir. Esta institucionalización del homicidio no es un acto de barbarie primitiva, sino una tecnología de gobierno que se perfecciona en los espacios poscoloniales. Traer este concepto a la realidad mexicana no es una exageración, sino una herramienta necesaria para diagnosticar la maquinaria de despojo y violencia que ha convertido regiones enteras del país en lo que Mbembe denominó “mundos de muerte”: espacios donde vastas poblaciones son sometidas a condiciones de vida que les confieren el estatus de muertos en vida.
En México, la necropolítica no opera de manera abstracta sino a través de una alianza estructural entre el poder político, los intereses económicos y las organizaciones criminales. Como señala la investigadora Ariadna Estévez, esto configura un “Estado criminal”, una fusión donde el poder estatal se entrelaza con actores ilegales, dando como resultado instituciones y políticas dedicadas a la administración de la muerte. El objetivo último de esta simbiosis es la reproducción de la acumulación ilegal de capital. Bajo esta lógica, la violencia extrema descrita por la filósofa mexicana Sayak Valencia como “capitalismo gore” se revela no como un exceso caótico, sino como el método racional de una economía que encuentra en la muerte y el despojo su negocio más rentable. Esta máquina se alimenta de la precarización de la vida, donde diversos sectores de la sociedad son obligados a existir en un estado precario, sometidos a diversas formas de violencia que funcionan tanto como mecanismo de control como distorsionada forma de supervivencia en estos mundos de muerte.
El rostro de este necropoder se manifiesta, en primer lugar, en el control territorial y la economía ilegal. Los grupos del crimen organizado han diversificado sus negocios más allá del narcotráfico. Hoy ejercen un necropoder sobre territorios enteros, controlando la minería ilegal, la tala clandestina, el cobro de piso, el desvío de agua y tráfico ilegal de combustibles (conocido como “huachicol”). Su poder soberano no desafía necesariamente al Estado, en muchos casos lo coopta o lo reemplaza en sus funciones básicas: imponer orden, cobrar impuestos a través de la “cuota” y administrar una justicia expedita y letal. Siguiendo a Mbembe, estos actores funcionan como máquinas de guerra semiautónomas que administran la muerte como una forma de gestión territorial.
Un segundo rostro del necropoder es el despojo y el desplazamiento forzado. Las comunidades indígenas y campesinas, cuyos territorios son ricos en recursos, son el blanco principal de esta maquinaria. El despojo de sus tierras es un objetivo estratégico, no un simple daño colateral. El desplazamiento forzado de poblaciones enteras en estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán es la materialización de una política que busca vaciar el territorio para facilitar su explotación por megaproyectos o economías ilegales. Esto convierte a sus habitantes en lo que Mbembe identifica como poblaciones sometidas a condiciones de vida que las convierten en “muertos en vida”, desarraigadas y despojadas de su lugar en el mundo.
El tercer rostro lo constituye la militarización como paisaje del poder. La creciente presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública crea el escenario perfecto para la operación de la necropolítica. Lejos de desarticular a los poderes fácticos, en muchos casos la militarización consolida un “estado de excepción” donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. Los datos que señalan un aumento en el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas reflejan esta normalización de la violencia. La opacidad en el actuar de estas instituciones impide el escrutinio público y “gubernamentaliza” la administración de la muerte.
Frente a este panorama, la resistencia no se ha extinguido, ha mutado. Mbembe señala que incluso en los “mundos de muerte” surgen “resistencias distópicas”. En México, estas resistencias tienen el rostro de los colectivos de búsqueda que, con pico y pala, desafían la narrativa oficial y se enfrentan a la maquinaria de la desaparición forzada; de las comunidades indígenas que organizan guardias comunitarias para defender sus bosques y manantiales; de las mujeres de Ayutla, Guerrero, o de Eloxochitlán, Oaxaca, que enfrentan a los poderes que buscan despojarlas. Estas no son luchas convencionales por el poder político, sino luchas por la vida y la dignidad en un contexto donde ser abandonado a la muerte es una amenaza constante.
El pensamiento de Achille Mbembe, traído a la realidad mexicana, nos deja una conclusión incómoda: en vastos territorios del país, gobernar es administrar la muerte. La promesa moderna del Estado que garantiza la vida se ha quebrado, dando paso a una forma de soberanía perversa que extrae rentabilidad de la muerte y el sufrimiento. La “muerte lucrativa” se ha convertido en el principio organizador de una economía que depreda personas, comunidades y recursos naturales. Desmontar esta lógica exige más que políticas de seguridad, exige una reorganización radical del poder que desarticule las alianzas entre el crimen, el capital y el Estado, y que reconozca que la única soberanía legítima es aquella que decide, de manera irrevocable y desde abajo, que toda vida debe vivir con dignidad, nunca más sobrevivir y ser administrados como muertos en vida.

 

 

METALES PESADOS

La administración de Claudia Sheinbaum hereda y profundiza una crisis humanitaria que ha ido en aumento durante los sexenios pasados de todos los colores partidistas: la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México. Un fenómeno y una responsabilidad también del gobierno federal actual, ante los cuales la presidenta ha preferido guardar total silencio.
Según el balance anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el número de personas de entre 0 y 17 años que continuaban desaparecidas en el país aumentó 77.8 por ciento entre 2023 y 2024. Esta cifra no es un dato aislado, es el síntoma más grave de un proyecto de seguridad a todas luces fallido. Pero, además, puede leerse como una franca política de complicidad o aquiescencia ante un evidente juvenicidio en México. Una generación completa de jóvenes exterminada a la luz del día y la inacción de los gobiernos de todos los niveles.
La Redim, una coalición de organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo de documentación es fundamental para visibilizar esta emergencia, reportó recientemente que, en contraste con la disminución en delitos como el secuestro, las desapariciones son la mancha más oscura en el panorama de los derechos de la infancia. La tendencia no da señales de detenerse. De enero a junio de 2025, los delitos contra menores en general aumentaron 2.5 por ciento anual, con casos de corrupción de menores y lesiones que han alcanzado máximos históricos.
La desaparición de menores es una crisis nacional con epicentros claros. El Estado de México concentra uno de cada cinco casos a nivel nacional, con 4 mil 116 niñas, niños y adolescentes reportados. Le siguen Ciudad de México (8.9 por ciento, mil 628 casos) y Tamaulipas (8.6 por ciento, mil 578 casos). En conjunto, estas tres entidades reúnen dos de cada cinco desapariciones de menores en el país, según el registro actualizado al 5 de septiembre de 2025.
Esta violación a los derechos humanos afecta desproporcionadamente a las mujeres. Los datos oficiales revelan que dos de cada tres personas de 0 a 17 años registradas como desaparecidas en México son niñas y mujeres adolescentes (79 mil 187 de 118 mil 690 casos). A la misma fecha, también había más mujeres desaparecidas sin localizar (9 mil 366 frente a 8 mil 876 hombres). No obstante, entre las víctimas localizadas sin vida, la proporción se invierte: 804 hombres frente a 336 mujeres, lo que sugiere diferentes patrones de violencia según el género.
El contexto es una violencia estructural que tiene cómplices. Como ha señalado la columnista Belén Fernández del medio Al Jazeera, los grupos criminales “están usando a los cuerpos juveniles como aceite, como gasolina para mantener funcionando sus negocios”. Esta máquina de la desaparición opera con una impunidad que el Estado no ha podido o no ha querido desmantelar. La estrategia de seguridad del gobierno anterior, caracterizada por la militarización y la política de “abrazos, no balazos”, no sólo fue insuficiente, sino que permitió que los cárteles expandieran su control en simbiosis ya comprobada con el propio gobierno.
Sheinbaum se ha comprometido a continuar con el proyecto de su mentor Andrés Manuel López Obrador, y su protección incondicional, frente a una ciudadanía a la que ellos apelan como la base de su legitimidad electoral, pero que cada vez se muestra más escéptica. La seguridad fue una de las principales preocupaciones durante las elecciones más violentas de la historia moderna de México. Aunque la presidenta goza de aprobación, la desconfianza hacia su capacidad para resolver la crisis de seguridad y el problema del crimen organizado persiste y ya están dejando huellas y expandiéndose como un cáncer dentro de su propio partido.
Mientras el gobierno se concentra en otros frentes –como la austeridad y el oxímoron que implican los casos de corrupción y lujos dentro de sus filas–, los cuerpos no combatienes de las infancias mexicanas siguen siendo el combustible de una guerra no declarada. La desaparición de un menor no es un caso aislado, es la evidencia de un Estado que, al no buscar, al no encontrar, desaparece a las víctimas por segunda vez. Hasta que la máquina necropolítica no sea desmantelada, el país seguirá llenándose de fosas y de preguntas sin respuesta.
A 11 años del caso de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa continuamos exigiendo verdad y justicia.

 

Como cada 30 de agosto desde hace décadas, México no conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: lo padece en carne propia. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), el país supera la conservadora cifra de las 128 mil personas desaparecidas. Una crisis que crece a un ritmo de 12 por ciento anual.
Sin embargo, los números, fríos y oficiales, esconden una completa geografía del terror: 75 por ciento de los municipios mexicanos reportan casos de desapariciones, mientras que cinco entidades –Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León– concentran casi la mitad de todas las desapariciones, de acuerdo con datos de Red Lupa. Pero la epidemia se expande en otras regiones sin que tenga el foco mediático ni gubernamental. Tabasco, por ejemplo, registra un aumento de 87 por ciento en los últimos meses, seguido por Hidalgo, Baja California, Guanajuato y Chiapas, todos con incrementos de 20 por ciento. Sólo Yucatán parece respirar, con una reducción de 5 por ciento.
Pero, como sabemos, en las estadísticas se esconden historias, patrones brutales. Según el propio RNPDNL, 76.82 por ciento de las víctimas de desapariciones son hombres, predominantemente jóvenes entre 25 y 29 años. Aunque las mujeres, desde luego, no escapan a esta máquina de violencia: 21 por ciento de las desapariciones femeninas corresponden a niñas y adolescentes de entre 15 a 19 años. Ciudad de México, aunque no figura entre los estados más afectados en términos absolutos, vive un repunte alarmante en la desaparición de mujeres y niñas; es un recordatorio de que ningún territorio en la actualidad es inmune.
Frente a la inoperancia estatal, las familias buscadoras –encabezadas casi siempre por mujeres– asumieron la tarea que el gobierno abandonó. Según Amnistía Internacional, 97 por ciento de estas mujeres enfrentan violencia durante sus labores de búsqueda, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos. Mujeres como Aída Karina Juárez, quien buscaba a su hija Goretty en Zacatecas, fue desaparecida el pasado 25 de junio y encontrada asesinada en San Luis Potosí en agosto. El perfil cotidiano de Aída Karina, como el de muchas otras, esconde la dualidad de miles de mujeres en todo el país que alternan la vida familiar con la excavación en fosas clandestinas porque el Estado las ha orillado a ello. Al menos 30 buscadores han sido ejecutados desde que comenzó 2025, según documentan colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundec).
La respuesta institucional sigue siendo decepcionante y siempre indolente. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en marzo pasado seis medidas contra las desapariciones –entre ellas, la eliminación del requisito de esperar 72 horas para buscar y la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana–, su Primer Informe de Gobierno, presentado el 1 de septiembre, omitió toda mención sustantiva al tema. Es decir, desapareció a los desaparecidos. El silencio fue estratégico: una negación oficial de la magnitud de la crisis, a pesar de que organismos internacionales –empezando por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas– han activado mecanismos de urgencia, como el Artículo 34, para exigir acciones concretas. El gobierno de México, en cambio, respondió con una nota diplomática rechazando las observaciones.
La impunidad en estos casos, cercana al 95 por ciento, alimenta un ciclo perverso de terror. Según investigaciones de InSight Crime, el crimen organizado innova en métodos para hacer desaparecer cuerpos –desde hornos subterráneos, campos de exterminio, hasta restos mezclados con escombros de construcción– mientras el Estado sigue llegando tarde, sin recursos, sin coordinación y, lo más grave, sin voluntad política o en franca colusión. Las desapariciones no son un efecto colateral de la violencia, son un proyecto de exterminio tolerado por omisión, como documenta el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila.
Es ingenuo asumir que esta crisis opera en el vacío. La colusión es simbiótica entre crimen, capital y Estado. Un engranaje perverso donde gobiernos, crimen organizado y capital transnacional convergen, según análisis, por ejemplo, de Open Society Justice Initiative. La desaparición forzada se ha integrado a una lógica de acumulación capitalista que beneficia a élites económicas globales. El crimen organizado genera entre 1.6 y 2.2 billones de dólares anuales, equivalente al PIB de países enteros, y gran parte de estos flujos se lavan en centros financieros globales mediante la complicidad de instituciones formales, revelan datos del International Law & Economic Development Center. En México, la alianza entre cárteles y autoridades locales es evidente: el CJNG en Jalisco opera con impunidad gracias a la colusión con gobiernos municipales y estatales, que facilitan el control territorial a cambio de beneficios económicos o políticos; es un caso que documentó DW en una investigación sobre infiltración criminal. Esta simbiosis convierte a las víctimas en mercancías desechables en una cadena de valor criminal que explota cuerpos, territorios y recursos. La “economía ilícita” no es marginal, es un pilar del capitalismo contemporáneo incluso para gobiernos que se asumen progresistas, donde las desapariciones son tanto un instrumento de terror como un mecanismo de acumulación.
Este año, como cada 30 de agosto, a México sólo le queda la rabia de miles que excavan con palas y la dignidad herida de quienes, como Aída Karina al buscar a su hija Goretty, pagaron con su vida el derecho a buscar. El informe de gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación calló una vez más, pero las fosas, como desde hace sexenios, siguen gritándonos.