En América Latina del siglo XXI, donde la retórica del progreso y el desarrollo de los gobiernos “progresistas” se esgrime como un mantra, existe otra realidad paralela y soterrada: la de los pueblos que resisten frente a la maquinaria extractivista que devora territorios, vidas y memoria.
La estrategia de militarización impulsada por Estados Unidos bajo el pretexto de la “guerra contra las drogas” en América Latina y perpetuada hasta la fecha en México por la autonombrada Cuarta Transformación, opera como un claro ejemplo de la “doctrina del shock” descrita por Naomi Klein, donde crisis reales o fabricadas –como la violencia de los cárteles– son aprovechadas para imponer agendas económicas y políticas que profundizan el despo-jo territorial. Esta dinámica se ma-nifiesta en Oaxaca, donde la narco-violencia sirve como cortina de hu-mo que facilita el avance de pro-yectos extractivos, mineros y ener-géticos, en alianza con élites polí-ticas y corporativas (no hay que ol-vidar, como ejemplo, la reunión de hace unos meses de la presidenta Claudia Sheinbaum con Larry Fink, fundador de BlackRock). Mientras la atención se centra en enfrentamientos armados, las co-munidades indígenas sufren un do-ble despojo: por un lado, la violen-cia criminal fractura el tejido social, y por otro, el Estado mexicano omite su obligación de proteger los territorios ancestrales, permitiendo que empresas mineras y energéticas estatales –como la CFE en Ixtepec– avancen sin consulta previa, violan-do el Convenio 169 de la OIT. La retórica de la “seguridad” enmasca-ra así un proyecto neocolonial que prioriza la extracción de recursos sobre los derechos humanos, donde la minería –promovida como “sus-tentable” en foros empresariales– y los megaproyectos energéticos se benefician de la incapacidad estatal para garantizar paz y justicia, perpetuando un ciclo de violencia sistémica que consolida el poder de quienes operan en la sombra.
Esta contradicción se encarna a la perfección en el estado de Oaxa-ca, donde la minería es un negocio que genera miles de millo-nes de dólares para empresas extran-jeras, pero deja a las comunidades en pobreza y violencia. Según datos del Atlas de Justicia Ambiental, entre 2010 y 2024, las dos principales empresas mineras en la región –Gold Resource Corp. y Fortuna Mining Corp.– obtuvieron ganancias por 3 mil 400 millones de dólares por la extracción de oro y plata. A pesar de esto, según documentó el recientemente extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), municipios como San José del Progreso mantienen nive-les de pobreza extrema de 43.5 por ciento y pobreza general de 84 por ciento. Las promesas de desarrollo se han incumplido sistemática-mente, mientras la resistencia co-munitaria ha sido respondida con violencia sistémica. En este con-texto, el Congreso Nacional Indí-gena (CNI) ha persistido desde hace décadas como una voz crucial de denuncia y organización frente al despojo.
Paralelamente, bajo esta doc-trina del shock de la 4T, la violencia contra defensores se ha recrudecido de forma alarmante. De acuerdo con el informe anual de Global Witness, en 2024 México registró 25 asesinatos de defensores ambientales, con Oaxaca como el estado más peligroso, con 15 eventos de agresión documentados. Ejemplos trágicos abundan: Marco Antonio Suástegui, defensor del agua en Acapulco, fue asesinado en abril de 2025; Cristino Castro, defensor en Barra de la Cruz, fue asesinado en febrero de 2025 pese a tener medidas de protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y Arnoldo Romero, autoridad agraria, fue ejecutado por oponerse al Tren Interoceánico, reportó el Centro de Derechos Humanos Tepeyac.
El Estado mexicano aparece como principal agresor, participan-do, según la Red Nacional de Or-ganismos Civiles de Derechos Hu-manos Todos los Derechos para To-das y Todos, en 66.9 por ciento de los eventos de agresión contra de-fensores. Las instituciones mues-tran una clara complicidad a través de consultas y asambleas amaña-das, además de reformas legales vacías que excluyen deliberada-mente el derecho al territorio, se-ñala en un análisis el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La impunidad flagrante permite que operen minas ilegales como Natividad en Capulalpam de Méndez, que sigue contaminando el Río Grande con plomo y arsé-nico a pesar de órdenes de cierre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Foros como el Mexico Mining Forum 2025 promueven el oxímo-ron de una “minería sustentable”, pero los hechos desmienten diaria-mente este discurso contradictorio de origen. Datos de la propia Se-cretaría de Economía muestran que las empresas mineras en Oaxaca pagan aproximadamente 83 millo-nes de pesos semanales en impues-tos, pero las comunidades vecinas no reciben inversión significativa. Peor aún –documenta el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto–, la minería ha causado división social polarizada en el municipio San José del Progreso y otros de la región. El CNI ha respondido a esta estrategia con procesos de unidad territorial, tejiendo alianzas entre comunidades afectadas.
La minería en Oaxaca es un mi-crocosmos del extractivismo glo-bal. Registros del Observatorio de Conflictos Mineros de América La-tina dan fe de la situación: las ga-nancias se externalizan, los cos-tos se internalizan en las comunidades y la violencia se normaliza, en eso que la pensadora Laura Rita Segato llamaría “pedagogía de la cruel-dad”. Frente a esta maquinaria de muerte, los pueblos arraigados en torno al CNI persisten como ejem-plo vivo de resistencia, recor-dán-donos que la defensa del territorio es, ante todo, la defensa de la vida.

 

A diferencia de la retórica solipsista de los gobiernos partidistas, en estos días se está llevando a cabo un llamado global desde Chiapas. Del 2 al 17 de agosto de 2025, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a su Encuentro de Resistencias y Rebeldías Algunas Partes del Todo, en el Semillero Comandanta Ramona, ubicado en el caracol de Morelia, Chiapas. El evento ha reunido a centenares de participantes de 37 países, incluyendo colectivos urbanos, movimientos indígenas, organizaciones feministas y redes anticapitalistas de Europa, América Latina, Kurdistán y Palestina. Bajo el lema “Compartir prácticas, no teorías”, el encuentro prioriza experiencias concretas frente a la destrucción capitalista: defensa de territorios, luchas contra el racismo, arte rebelde y autonomías en crisis, entre otras.
La primera intervención zapatista en el encuentro comenzó con una metáfora poderosa: una asamblea de los caídos en la lucha exige cuentas a los vivos. Los muertos rindiendo cuentas a los vivos. Los muertos advierten que, tras siglos de resistencia, las estructuras de poder se reproducen incluso en los espacios autónomos. Los marez (municipios autónomos rebeldes zapatistas) y las juntas de buen gobierno, diseñados para ser horizontales, habían caído en dinámicas piramidales, a decir de ellos mismos: corrupciones, robos y burocracias. La crítica fue pública, documentada y sin concesiones, algo imposible de ver entre el nepotismo, las prácticas corruptas y los lujos del poder de los últimos días.
La pirámide ardió. Al día siguiente, el EZLN llevó la autocrítica a la acción simbólica: una pirámide de madera, vestida con palabras como “explotación” y “desprecio”, fue incendiada y derribada frente a cientos de asistentes. El mensaje era claro: no basta con cambiar actores, hay que destruir la lógica vertical del capitalismo. El Subcomandante Moisés enfatizó: “Lo que sigue no es simbólico: es organizarse, discutir y decidir colectivamente”.
El encuentro trasciende en lo local como suele suceder en eventos convocados por el EZLN, un movimiento modélico desde hace décadas en todos los continentes. Colectivos como Arto Arte (Colombia), Les Soulèvements de la Terre (Francia) y Acción Palestina Chiapas mostraron cómo las luchas contra el despojo, el colonialismo y el ecocidio se entrelazan. Destacó la participación de redes juveniles urbanas que vinculan la crisis climática con la gentrificación, y de cooperativas europeas como Longo Maï, que practican la autogestión radical.
Un detalle crucial que emerge de este encuentro es cómo las resistencias están aprendiendo a navegar la paradoja de crecer sin institucionalizarse, a diferencia del los gobiernos partidistas. El EZLN demostró con cifras concretas que sus sistemas de salud autónomos atienden a 72 por ciento de la población en territorios zapatistas, mientras sus escuelas bilingües forman a una nueva generación que lee tanto a Marx como a los poetas tzeltales. Sin embargo, advirtieron: “La autonomía no es sostenible si se convierte en isla”. Por eso insistieron en la creacción de redes de trueque con urbanos –intercambiando café orgánico por medicamentos para el cáncer– y en alianzas técnicas como la red clandestina de hackers que protege sus comunicaciones. Fue revelador ver a colectivos palestinos compartiendo tácticas para burlar drones militares, mientras mujeres kurdas enseñaron a documentar violencia estatal sin caer en el activismos de redes sociales. Esta no ha sido una feria de buenas intenciones: es un taller de supervivencia civilizatoria donde cada participante llega con herramientas concretas y se va con estrategias verificables. O, como lo resume una enfermera zapatista: “Antes nos escondíamos para resistir. Hoy nos encontramos para contagiar”.
Pero la autonomía continúa bajo escrutinio en la búsuqeda de claves para una lectura actual. El EZLN admitió que incluso los proyectos emancipatorios pueden replicar opresiones. Su disolución de los marez no es una derrota, sino un reinicio desde la horizontalidad. Mientras que el internacionalismo refrenda que es concreto. Las alianzas ya no son discursivas, pasan por acciones como el bloqueo a megaproyectos o la solidaridad con Kurdistán y Palestina, donde la resistencia es literalmente una cuestión de vida o muerte.
Lo que ocurre en Chiapas durante estas dos semanas no es un ritual de autofagia política, sino un laboratorio de vida. Frente a un sistema que convierte todo –incluso la rebeldía– en mercancía, las redes presentes aquí proponen algo radical: fracasar mejor. Es decir, corregir sobre la marcha, sin líderes ni dogmas, sabiendo que el enemigo no es un gobierno pasajero, sino la pirámide misma. Como señaló el EZLN en su convocatoria: “No somos maestros ni alumnos. Somos partes de un todo que se opone al sistema. Dando y dando”.

 

METALES PESADOS

En su campaña electoral de 2018, el entonces candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, no se cansó de comprometerse una y otra vez en que regresaría a los militares a sus cuarteles para acabar con “la guerra de Felipe Calderón”. Sin embargo, una vez en el poder, él mismo se convirtió en una iteración de eso mismo que juró destruir. Lo que fuimos atestiguando durante el sexenio de AMLO no fue otra cosa que la militarización de la vida pública en México.
Hace unas semanas ambas cámaras legislativas –en su mayoría adscritas al partido de Estado–, aprobaron el dictamen relativo a la reforma de la Ley de la Guardia Nacional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, acorde con los lineamientos impuestos por su antecesor en 2019.
La renovada Ley de la Guardia Nacional de Sheinbaum garantiza finalmente lo que el hoy partido de Estado juraba hace años que jamás realizaría, algo que ni siquiera la derecha más recalcitrante hubiera concebido en sus sueños más profundos: el traspaso definitivo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así se lee en el Artículo 4 de dicha ley.
Esto implica –como lo advertimos desde un inicio quienes hemos sido críticos de este proceso de militarización– la materialización de un cuerpo militar para realizar funciones policiales y patrullar las calles. Un cuerpo adiestrado por contraste esencialmente para aniquilar. Adiestrado para matar.
El nuevo paradigma que pretende justificar la militarización de las funciones policiales y de vigilancia, bajo los gobiernos progresistas de América Latina y el del partido de Estado mexicano en su encarnación actual, ha cambiado del modelo contrainsurgente al contemporáneo, que se arropa en nuevos marcos como la “guerra contra los narcóticos” por imposición de Washington. Organizaciones político-militares, resistencias y muchas otras disidencias, al término de la Guerra Fría fueron perseguidas y anuladas de esta manera; pero actualmente también bajo ese mismo método es que se sigue llevando a cabo la contrainsurgencia y el despojo disfrazados en nuestro país.
No conforme con las múltiples funciones totalmente ajenas a las fuerzas armadas pero entregadas por el expresidente López Obrador, ahora la nueva ley de Sheinbaum les permitirá a los militares incluso postularse a cargos de elección popular, tal como lo dice el Artículo 44 en su apartado III inciso A.
Por eso no habría que olvidar que la Guardia Nacional no está mandatada para sofocar la violencia, el despojo ni el desplazamiento contra los pueblos indígenas. La Guardia Nacional está mandatada, por el contrario, para hacer labores de contrainsurgencia en territorios indígenas organizados y con procesos autonómicos –como en las comunidades zapatistas de Chiapas–, o dejar en el franco abandono y la mera contemplación pasiva en regiones asoladas por el crimen organizado, como en Sinaloa.
La Guardia Nacional no está mandatada para reforzar la soberanía del territorio. La Guardia Nacional está mandatada para desmovilizar la organización y el rechazo contra los megaproyectos de la 4T de inversión extranjera en regiones como el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán, donde malfunciona el Tren Maya, y garantizarle a las empresas privadas –las mineras canadienses, por ejemplo– la cómoda explotación de recursos en suelo mexicano y su instalación con grandes privilegios en las antes llamadas Zonas Económicas Especiales.
La Guardia Nacional no está mandatada para respetar la libre organización ni manifestación de la gente en vía pública a causa de injusticias o atropellos del poder. La Guardia Nacional, como lo establece el Artículo 21 de la Constitución relativo a la seguridad pública, está mandatada, paradójicamente, para convertirse en un superórgano que se encargará de la investigación de delitos. Sus funciones incluyen resguardar la escena del crimen, detener e interrogar a civiles, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares en tiempo real. Funciones sobrepasadas y sin sustento en lo relativo a la seguridad pública que amenazarán alarmantemente los derechos humanos y, por consecuencia, cualquier acceso posterior a la transparencia.
Tan sólo durante el sexenio pasado, la Guardia Nacional fue la dependencia que recibió más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos: mil 816. Un número conservador considerando que ese organismo formalmente autónomo también ha sido cooptado por el partido de Estado: únicamente emitió 13 recomendaciones de esos casi 2 mil abusos.
Es decir, ni la Guardia Nacional ni niguna dependencia del Estado trabajará en contra de los intereses del propio Estado. Pero, pese a las creencias dogmáticas del movimiento en el poder, tampoco trabajará a fin de cuentas para los propósitos de la nueva capataz de turno del régimen: Claudia Sheinbaum. La Guardia Nacional y los militares trabajarán para los verdaderos finqueros ante los que se arrodilla Sheinbaum como ayer se arrodilló AMLO: los grandes capitales nacionales y extranjeros.

 

1. La biometría como dispositivo de control.
La reciente aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México institucionaliza un sistema de identificación biométrica centralizado (Plataforma Única de Identidad, PUI), donde datos como huellas dactilares, iris y rostro quedan vinculados a la CURP. Muy lejos de escuchar a las miles de familias de víctimas de desaparición en México, este mecanismo –promovido por el partido de Estado de la autonombrada Cuarta Transformación como herramienta para combatir la inseguridad– evoca irremediablemente la noción foucaultiana de “biopoder”. Es decir, una tecnología de gestión poblacional que transforma los cuerpos no en sujetos de justicia, sino en meros datos útiles para el control estatal. El pensador Michel Foucault advirtió en su tiempo que el poder moderno opera no sólo mediante coerción sino, además, a través de la normalización de prácticas que internalizan la vigilancia. La PUI, al permitir acceso sin orden judicial a fuerzas de seguridad militares, diluye la frontera entre protección y vigilancia masiva, replicando lo que los teóricos anarquistas como Bakunin caracterizaron como el Estado garante de su propia perpetuación.
2. Telecomunicaciones y la muerte del espacio privado.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones –que sustituye al Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT) por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)– obligará en adelante a registrar líneas móviles con identificación oficial y facilita el acceso estatal a metadatos. Foucault analizó cómo las sociedades disciplinarias evolucionan hacia sociedades de control, donde dispositivos técnicos regulan flujos de información. Esta ley refleja esa transición en todo su esplendor: convierte la comunicación en un acto transparente para el poder, anulando la posibilidad de anonimato. Para el anarquismo, tal mecanismo es síntoma de lo que Proudhon denunció como el hecho de que la propiedad es un robo, pero aplicado a la privacidad de las personas: el Estado expropia lo personal para convertirlo en recurso administrativo y de poder para perpetuarse en el futuro.
3. Militarización y la genealogía del poder punitivo.
La Ley de la Guardia Nacional consolida su carácter militar, otorgándole a esta institución creada por la Cuarta Transformación facultades de inteligencia y operaciones encubiertas. Foucault rastreó en Vigilar y castigar el vínculo entre militarización y disciplinamiento social, mostrando cómo las instituciones castrenses modelan dispositivos civiles. Los anarquistas clásicos, como Kropotkin, identificaron este fenómeno como “la fusión de la policía y el Ejército”, una estructura que neutraliza disidencias, defensores de los pueblos y territorios y luchas sociales bajo el pretexto de la seguridad. La reciente ley promovida en el paquete de la autollamada Cuarta Transformación actualiza esta lógica, donde la “protección” justifica la suspensión de garantías.
4. La paradoja de la servidumbre voluntaria.
Las leyes analizadas presuponen una ciudadanía que acepta intercambiar libertad por seguridad, lo que Étienne de la Boétie (precursor anarquista) llamó “servidumbre voluntaria”. Foucault amplió esta idea al examinar cómo los sujetos internalizan mecanismos de dominación a través de discursos de “orden” o “progreso”. La obligatoriedad de la CURP biométrica para trámites cotidianos en la era de Claudia Sheinbaum ejemplifica esto: la dependencia de servicios públicos ata la supervivencia de las personas a la sumisión a sistemas de verificación.
5. ¿Resistencia fragmentada o insurrección molecular?
Frente a este escenario, Foucault propuso luchas específicas contra dispositivos locales de poder, mientras el anarquismo contemporáneo –como el postanarquismo de Saul Newman y, desde luego, el zapatismo– aboga por prácticas de auto organización que eviten la captura estatal. La mira de la crítica fundamental de nuestros días debería estar, por tanto, no en un cambio más de partidos políticos, sino en desmontar de una vez por todas la ilusión de que el Estado es el único garante posible de seguridad. Como escribió Nemik en Andor, obra ficción citada en medios libertarios: “La autoridad es frágil. La opresión es la máscara del miedo”.
El México de 2025 no es el de 1968, pero se le parece cada vez más. Este nuevo paquete de leyes de talante totalitario promovidas vía fast track por la Cuarta Transformación no son sólo un giro tecnocrático; son la respuesta de un Estado que, incapaz de derrotar al crimen con inteligencia por estar coludido con él, opta por apabullar primero las libertades de la gente a través del control. La retórica oficial habla de “protección”, pero el subtexto es otro: “El que nada debe, nada teme…” siempre y cuando ‘nada’, desde luego, incluya no ser opositor, disidente, periodista o activista. Estemos preparados.

 

 

Aunque su obra crítica arraigada en un profundo pensamiento libertario está repleta de apologías a la libertad de expresión y se opone enfáticamente a la represión desde el poder, en un lejano 1939 Albert Camus escribió un urgente texto contra la censura durante la ocupación nazi en Francia. Este “Manifiesto por la libertad de prensa” de Camus para Le Soir Républicain, desde luego, fue censurado. Pero trayéndolo a nuestros días y a nuestro entorno resulta brutalmente pertinente y contemporáneo.
Sobre el periodismo y la verdad, Camus llegó a afirmar que sin libertad crítica no es posible la existencia de una verdadera democracia. Y, sin democracia, por tanto, no puede existir una libertad duradera. En un país como México, donde 172 periodistas han sido asesinados y muchos más silenciados en los últimos cinco lustros –según datos de la organización Artículo 19–, una revisión del pensamiento camuseano nos debería recordar la importancia del acceso a la información en la consolidación de sociedades más justas.
En el México de la autonombrada Cuarta Transformación, no obstante, los retrocesos cotidianos y los golpes en este rubro resultan cada vez más intolerables. En 2025 se han ido sumando los casos de comunicadores, medios e individuos que se han visto afectados en sus libertades por expresar o publicar ideas no afines al poder, por no alinearse con su narrativa nacional o simplemente por hacer ironía desde las redes sociales contra ese Gran Hermano orwelliano que aspira a ser la 4T.
Desde Artículo 19 se ha alertado esta misma semana de una escalada notoria de casos de censura ocurridos en un corto lapso. Aquí unos ejemplos:
El Tribunal Electoral de Tamaulipas impuso medidas de censura contra el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal por una columna de opinión. Los procesos civiles y penales contra Hernán Gómez y la editorial Penguin Random House por la publicación de un libro aumentaron el acoso judicial para censurar información de interés público (incluso siendo Hernán afín al obradorismo). En el marco de la elección judicial, el medio digital Código Magenta denunció que la candidata a magistrada del Supremo Tribunal Electoral, Tania Contreras, intentó silenciarlo con una denuncia por supuestas calumnias y violencia política en razón de género. El Juzgado del Primer Distrito Judicial de Campeche ordenó al periódico Tribuna y a su ex director Jorge Luis González Valdez pagar 2 millones de pesos por el delito de “daño moral”; la gobernadora morenista Layda Sansores denució a González Valdez y su diario por el delito de incitación al odio, cuya pena incluye hasta dos años de prisión. Similares casos ocurrieron con el periodista Ángel Camarillo de Al Calor Político de Veracruz y el portal Sin Embargo, al que se le ordenó bajar una entrevista a una candidata a la Suprema Corte de Justicia. La diputada federal Diana Karina Barreras emprendió un juicio electoral contra la ciudadana identificada como Karla Estrella por “violencia política en razón de género” a causa de un tuit en la red social X; Karla Estrella recibió una sanción que, entre otras cosas, la obliga de manera humillante a ofrecer disculpas públicas a la legisladora durante 30 días y permanecer 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Caso parecido al de la actriz Laisha Wilkins. Pero más notorio fue el intento de bajar contenidos del portal Aristegui Noticias relacionados con el caso TelevisaLeaks. Por no hablar de la Ley de Ciberseguridad conocida como Ley Censura impuesta ya en Puebla por el gobernador morenista Alejandro Armenta Mier.
Podemos estar o no de acuerdo en las posturas y líneas editoriales de algunos medios y comunicadores. Esto va más allá. Sobre la lucha permanente e irregateable por las libertades como horizonte, Camus nos recuerda que defender la libertad de prensa no es defender únicamente a periodistas en particular, sino reforzar el espacio de la defensa colectiva por el derecho de todas y de todos a construir una contranarrativa a la impuesta desde el poder. La escalada actual de intentos por implantar una mordaza social desde los gobiernos no hace sino reforzar lo obvio: que la libre información es un derecho colectivo por el que vale la pena luchar más allá de los casos individuales.
El terror no se impone sólo con balas, también con silencio. Desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación en 2018, Artículo 19 ha registrado el asesinato de 46 periodistas en razón de su oficio. Los ataques a comunicadores buscan amedrentar a la colectividad en su conjunto. Y Camus denuncia que, no en vano, el miedo es la herramienta predilecta de los autoritarismos.
Es verdad que la prensa libre puede ser buena o mala. Pero sin libertad la prensa sólo puede ser mala. Ante la polarización mediática y la censura de los poderes fácticos, Camus ya advertía que, sin independencia del poder, todo simulacro de periodismo deviene en mera propaganda. En México, cada periodista silenciado por el poder equivale a una pregunta crítica menos en el futuro y la consolidación cada mañana de una narrativa de talante autoritario. ¿Es eso lo que queremos al malbaratar nuestras libertades? Porque es eso lo que hoy está en juego.

 

 

El proceso que llevó a Hugo Aguilar a la presidencia de la Suprema Corte en 2025 no fue una elección, sino una ratificación de poder de la autonominada Cuarta Transformación en la que alrededor de 87 por ciento del electorado optó por no participar, mientras que 20 por ciento de esos votantes decidió anular las boletas. Los informes de la OEA documentaron lo evidente: el mexicano es ahora un sistema judicial diseñado para reproducir la sumisión y perpetuar el poder, no para administrar justicia.
Hugo Aguilar, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte, fue el encargado de coordinar las consultas de los megaproyectos del mal llamado Tren Maya y del Corredor Interoceánico, señaladas por la ONU, pueblos y organizaciones, de incumplir los estándares internacionales a los derechos humanos.
Un operador disfrazado de símbolo. Hugo Aguilar es la ficha perfecta del régimen actual. Un Benito Juárez ante la mirada paternalista y colonial de los intelectuales criollos. Su ascenso no es un triunfo de los pueblos originarios, sino un montaje. El gobierno lo vende como un logro histórico, pero no pocas comunidades lo repudian. Los yaquis, cuyo territorio ha sido saqueado con su complicidad, lo llaman “ese indígena corrupto”. La paradoja es elocuente por sí misma: un hombre que debería representar la defensa de los de abajo es, en realidad, un facilitador del despojo.
No llegó por méritos jurídicos. Hugo Aguilar llegó por lealtad. Fue pieza clave en el “Plan de Justicia Yaqui”, un proyecto más mediático que efectivo. Mientras AMLO posaba para la foto con líderes indígenas, Aguilar se encargaba de limar asperezas con los intereses que realmente mandan: las inmobiliarias, las mineras, el capital que ve en los territorios originarios un obstáculo removible. Su origen mixteco no oculta su pragmatismo.
La Corte, bajo su presidencia, será un apéndice del Ejecutivo. No hay aquí una lucha por la autonomía judicial, sino la consolidación de un sistema donde el poder se reparte entre sus más leales. Aguilar es el rostro presentable de un engranaje que sigue aplastando a los mismos de siempre: las mujeres, los pobres, los indígenas.
Durante su gestión como subsecretario en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en 2018, Aguilar aplicó viejas estrategias priistas para imponer megaproyectos, desde dividir asambleas comunitarias y comprar lealtades con programas sociales, hasta presentar como acuerdos lo que en realidad eran rendiciones. El Corredor Interoceánico fue el laboratorio de la 4T para Veracruz y Oaxaca: asambleas vacías o cooptadas, vigiladas por militares de la Guardia Nacional, firmas falsas, duplicadas o de difuntos que avalaban supuestos acuerdos, cuando ni siquiera se contaba con planos del proyecto del Corredor Interoceánico, mucho menos con manifestaciones de impacto ambiental o claridad sobre la compra de tierras ni de los proyectos industriales futuros.
En un perfil realizado por Beatriz Guillén para el diario El País, el defensor de los pueblos Joaquín Galván, desde Ayutla mixe, afirma que fue “por lealtad a Regino” (Adelfo Regino, director del INPI en el sexenio de AMLO) que el abogado mixteco Hugo Aguilar “cambió de vida” unos años más tarde: “Sale de la lucha social para irse a la búsqueda de cargos públicos. Ellos fueron intelectualmente muy importantes dentro de la lucha, pero cuando empezaron a operar para los intereses del Estado hubo un punto de no reconciliación”. En el mismo perfil, la lingüista mixe Yásnaya Aguilar señala: “Decidieron apoyar abiertamente la candidatura de Gabino Cue (gobernador de Oaxaca de 2010 a 2016) y ahí se creó un cisma, no sólo con ellos, sino con el movimiento indígena. Se les acusó de haber traicionado al movimiento”.
En 2023, Servicio de Noticias de la Mujer México reveló que Hugo Aguilar intentó silenciar con dinero a la defensora Sandra Domínguez para que desistiera de denunciar los reclamos de mujeres mixes sobre la existencia de un chat denominado Sierra XXX, donde participaban más de cien hombres y funcionarios pertenecientes a la etnia mixe y en el que se compartían imágenes íntimas y se sexualizaba a mujeres también hablantes de lengua ayuuk. El cuerpo de Sandra fue encontrado sin vida el pasado 28 de abril luego de seis meses de su desaparición.
La Corte que ahora presidirá Hugo Aguilar tiene pendientes 32 amparos contra el Tren Maya y 17 casos de criminalización de opositores al Corredor Interoceánico, ¡los mismos conflictos que él mismo ayudó a crear desde el gobierno obradorista!
En 2019, tras la toma de poder de la autonominada Cuarta Transformación que hoy se culmina con una elección del Poder Judicial a modo, el EZLN decía: “Entendemos que el actual capataz se formó en el PRI y en la concepción ‘indigenista’ en la que los originarios anhelan vender su dignidad y dejar de ser lo que son, y que el indígena es pieza de museo, artesanía multicolor para que el poderoso oculte lo gris de su corazón. Por eso su preocupación de que sus muros-trenes (el del Istmo y el mal llamado ‘Maya’) incorporen al paisaje las ruinas de una civilización, para que deleiten al turista.”
Y advertía: “Pero los originarios estamos vivos y rebeldes y resistiendo; y el capataz ahora pretende reeditar a uno de sus caporales, un abogado que alguna vez fue indígena, y que ahora, como a lo largo de la historia mundial, se dedica a dividir, perseguir y manipular a quienes alguna vez fueron sus semejantes. El titular del INPI se talla todos los días la conciencia con piedra pómez para eliminar todo rastro de dignidad. Piensa él que así se blanquea su piel y su razón es la del mandón. El capataz lo felicita y se felicita: no hay nada mejor para tratar de controlar rebeldes que un arrepentido, convertido por paga en títere del opresor”.
Claudia Sheinbaum no eligió a un jurista indígena mediante una farsa electoral impuesta a base de acordeones que dictaban por quién había que votar. Eligió a un operador. Por eso lo premió con la Corte. Porque necesita jueces a modo para que nadie se atreva a cuestionar su “humanismo mexicano”. Es decir: su progresismo extracti-vista.

 

METALES PESADOS

El gobierno de Claudia Sheinbaum, como muchos otros de sus pendientes históricos, heredó un conflicto más que la autoproclamada Cuarta Transformación no ha sabido resolver: la situación magisterial y la deuda educativa siempre postergada con los estudiantes del país.
La que se ha resquebrajado aún más con el distanciamiento del gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no es una tensión nueva, pero sí una que cada sexenio se maquilla de distintas formas sin atender de verdad el fondo. En 2025, la discusión sigue siendo la misma: ¿cómo educar en un país que se niega a reconocer la realidad de sus profesores? Y, sobre todo, ¿cómo exigirles supuestos estándares de excelencia cuando el Estado les ha entregado escuelas sin luz, sin agua, sin conectividad, sin tiempo completo y sin alimentación incluso en zonas marginadas?
Ha sido particularmente Oaxaca el epicentro de la resistencia magisterial durante las últimas décadas, el corazón histórico de la CNTE, donde el magisterio ha mantenido una lucha constante desde los años ochenta. La CNTE en Oaxaca no es sólo un movimiento sindical, sino una fuerza social que ha llenado vacíos donde el Estado no llega.
Sin embargo, para un amplio sector de la opinión antimagisterial –ya sea de derecha o, más recientemente, de la izquierda oficialista– existe el viejo mito del “maestro flojo”. Nada más lejano. Quienes vivimos en el sureste mexicano, quienes hemos sido educados en las escuelas públicas con todas sus carencias y quienes somos hijos y amigos de profesores normalistas rurales, conocemos de primera mano la precaria situación de la educación desde hace más de un cuarto de siglo. Hay una narrativa cómoda, repetida hasta el cansancio en ciertos círculos políticos y mediáticos: que los profesores de la CNTE son unos “revoltosos”, unos “flojos” que “exigen privilegios” y “no quieren ser evaluados”. Pero esa caricatura ignora lo esencial: estos maestros trabajan donde los gobiernos sólo acuden cada tanto tiempo para repartir prebendas y coartar los votos.
En la Mixteca, en la Sierra Juárez, en la Sierra Sur, en la Costa Chica, por ejemplo, los profesores de la CNTE imparten clases en salones inhóspitos y alejados que son más cercanos a una choza que a una escuela. ¿Cómo puede, por ejemplo, un docente del sureste del país –que atiende numerosos grupos multigrado y bilingües– ser evaluado con los mismos parámetros que uno de Ciudad de México o Monterrey, si su realidad y sus necesidades son diametralmente opuestas?
Desde 2007, cada gobierno federal en turno ha intentado imponer su propia reforma educativa homogenizadora. Felipe Calderón la llamó “Alianza por la Calidad”. Enrique Peña Nieto la ató a la permanencia laboral en una reforma de carácter más bien laboral que Andrés Manuel López Obrador reivindicó en su mandato. Es cierto que AMLO le quitó el filo punitivo, pero es innegable que mantuvo su esencia tecnocrática y neoliberal. Claudia Sheinbaum, por ahora, repite su libreto: habla de diálogo, pero no toca los puntos neurálgicos. Las reformas, en su obsesión por los números, han preferido ignorar la parte humana del conflicto. Pero, sobre todo, han ignorado de manera irreparable a las infancias.
Oaxaca en todo este tiempo ha sido un espejo incómodo para el poder. Mientras en Ciudad de México se discuten teorías pedagógicas y un supuesto “humanismo mexicano” que no trasciende más allá de la retórica, en Oaxaca la educación y la compartición de saberes son un auténtico acto de resistencia. Los maestros lidian, al mismo tiempo, con la falta de recursos, la migración masiva de alumnos, la violencia en las comunidades, la paramilitarización y la indiferencia de las autoridades. El Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) promovido por la CNTE es, en ese sentido, un intento honesto por construir desde abajo. Pero el gobierno federal, en su sordera centralista, insiste en imponer por igual una Nueva Escuela Mexicana (NEM): un modelo que, otra vez, nace en los escritorios del “bienestar obradorista”.
Antes de criminalizar las protestas magisteriales, habría que recordar que si hay algo que la CNTE ha demostrado es que, sin recursos, sin apoyo y hasta sin sueldos ni retiros puntuales, sus profesoras y profesores mantienen viva la educación en las zonas más pobres del país.
Ante los coqueteos con el poder de la CNTE desde la llegada del obradorismo –que terminó por traicionarlos, como a muchos otros movimientos de izquierda–, ¿podría decirse que la actual aún se trata de una huelga justa o de una lucha perdida? Las movilizaciones de la CNTE suelen tacharse de caprichosas, pero lo cierto es que ocurren en el marco de un sistema educativo de Estado al borde del colapso. No son héroes ni villanos: son trabajadores que, con aciertos y errores, mantienen operando escuelas en zonas donde el Estado ha fallado rotundamente. Mientras las autoridades debaten teorías pedagógicas, estos profesores siguen frente a grupo en comunidades sin infraestructura básica y en condiciones que ningún otro profesional toleraría.
El verdadero fracaso no es de los maestros, sino de un sistema que los obliga a llevar a cabo movilizaciones y acciones directas contundentes para ser escuchados. Sheinbaum tiene la oportunidad de cambiar eso. Pero hasta ahora, parecería estar más cómoda en seguir culpándolos a ellas y a ellos que en asumir finalmente que el problema educativo es muchísimo más grande que su agenda política, y que, en los hechos, ya ha marcado a varias generaciones de niñas y niños en todo México.

 

Si hablamos del México de 2024 hablaremos prácticamente de un país donde defender el territorio equivalía lo mismo que a una sentencia escrita de muerte. Y hasta la fecha, aunque 2024 fue uno de los años más violentos para las personas defensoras del territorio. Crimen organizado, gobierno y empresas son los responsables de estas agresiones.
En 2023, Voces silenciadas, el más reciente informe de Global Witness, señalaba a México como el cuarto lugar del mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 138 personas defensoras y periodistas fueron víctimas de asesinato en el país entre 2019 y 2023.
Con cifras de 2024, el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentado hace unas semanas es contundente: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz –donde el CNI ha plantado resistencia desde hace décadas– son hoy los estados más peligrosos para defender la tierra.
Pero no son casos aislados los que recopila Cemda. Se trata de 25 asesinatos políticos, 25 respuestas del capitalismo depredador abrigado por el actual necrogobierno contra quienes se atrevieron a decir “ya basta”. Entre ellos, personas defensoras que el Congreso Nacional Indígena (CNI) no olvida: luchadores y luchadoras que caminaron bajo la consigna zapatista del “mandar obedeciendo”.
El informe detalla que 21 fueron homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas: Carmen López Lugo (Chiapas, CNI, 12/01); Javier Ochoa Tejeda (Veracruz, opositor a un relleno sanitario, 13/02); los guardabosques José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro (Puebla, 25/02); la familia López: Ignacio, Isidra Sosme, Rosalinda, Alfonso, Teresita, Yohari y Dolores (Chicomuselo, 12/05); Minerva Pérez Castro (Baja California, pesca sustentable, 08/07); Antonio Regis Nicolás (Michoacán, Santa María Ostula, 07/05); Marcelo Pérez Pérez (Chiapas, sacerdote tzotzil, 20/10); Abraham Alejandro Gobel Gómez (Jalisco, calidad del aire, 04/11); Marcos Sánchez Perea (Puebla, comisario ejidal, 27/11); los hermanos Alberto y Jorge Cortina (Veracruz, defensores del agua, 20/06); las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García (Oaxaca, movimiento triqui, 06/11); Ricardo Lagunes Gasca (Colima, abogado nahua); Silvia López Méndez (Yucatán, antiporcicultura); Fernando Torres García (Baja California, kumiai) y Carmen Mendoza Bautista (Guerrero, antiminería).
Del total de 236 agresiones perpetradas el año pasado, los tipos más documentados fueron la intimidación (27), el homicidio (21), hostigamiento (23), criminalizaciones (20) y difamaciones (19).
Cemda documentó que el Estado mexicano fue el principal agresor. Su responsabilidad ocurrió en 62 eventos de agresión de un total de 94. Es decir: 65.9 por ciento de las agresiones contra defensores del territorio en el país. Este porcentaje aumentó drásticamente, considerando que en 2023 la cifra fue 49.5 por ciento. El informe hace hincapié en el incremento de la cantidad de agresiones en las que participaron empresas privadas y grupos del cimen organizado: un total de 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente.
Según las conclusiones publicadas por la organización oaxaqueña Educa, Oaxaca es la entidad que encabeza la lista de agresiones contra personas defensoras, con 15 casos, Chiapas, 9; Michoacán, 9; Puebla, 9; Veracruz, 8. “En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados en el país”, lo cual equivale a 53.1 por ciento. En estos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236, lo cual representa 53.8 por ciento. “Otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo (7), Ciudad de México (7), Sonora (5) y Baja California Sur (5)”, señala Educa.
La misma organización, a través de su conteo sobre agresiones a personas defensoras, ha documentado que el sur-sureste del país es la región más peligrosa para la defensa comunitaria. En los últimos seis años solamente, Oaxaca registró 58 personas defensoras asesinadas. Le siguen Guerrero, con 39, y Chiapas, con 17. Estos 114 homicidios de personas defensoras en el sur-sureste representan 51 por ciento de todos los casos en México.
El CNI lo ha dicho desde 1996: “No queremos desarrollo, queremos vida”. Pero el Estado insiste en traducir vida como mercancía. AMLO dejó un infierno de agresiones a defensores ambientales, y el gobierno entrante sigue el mismo libreto: megaproyectos con disfraz de progreso; balas para quien se oponga. El crimen organizado opera como ejército irregular de este despojo, pero los mandatos vienen de arriba.
La ONU-DH señala que 90 por ciento de estos crímenes nunca se investigan. Es la ley no escrita del capital: si matas al defensor, matas la resistencia. Pero los pueblos en resistencia saben que la memoria es semilla.

 

“Para nosotros, el arte no es adorno, es arma cargada de futuro”, escribió el EZLN en uno de sus comunicados previos al encuentro Rebel y Revel Arte. Esta frase encierra la esencia de lo que ocurrió en Chiapas entre los días 13 y 19 de abril. Mientras más de mil artistas de 28 países transformaban el caracol Jacinto Canek y el Cideci-Unitierra en un hervidero de creación, el Estado mexicano preparaba su respuesta habitual: más botas militares, más puntos de vigilancia, más desapariciones.
El contraste no podría ser más brutal. Por un lado, el EZLN demostró una vez más que sus procesos organizativos y de vida –a diferencia de la contrainsurgencia militarista de muerte de la llamada Cuarta Transformación– siguen vivos también a través del pensamiento, la palabra y la imaginación.
El Rebel y Revel fue un festival sin precedentes que reunió a más de mil artistas que compartieron sus obras, performances, procesos creativos de diferentes disciplinas con las comunidades tzeltales y tzotziles. Y, a su vez, la compartencia fue mutua al poder atestiguar la variada y fecunda creación hecha por las y los jóvenes zapatistas en completa autonomía. El arte se instauró esos días como una lengua común. En los murales colectivos se mezclaron grafitis urbanos con símbolos mayas, el hip-hop en tzeltal y tzotzil, los corridos insurgentes y la abundancia de una pedagogía mutua, como los talleres donde niños y niñas aprendieron a usar la serigrafía para contar sus historias.
Mientras esto ocurría, el Estado respondía como mejor sabe hacerlo: con violencia. El hostigamiento contra los pueblos zapatistas se ha incrementado en últimas fechas. Según el Frayba, por ejemplo, los patrullajes militares aumentaron 40 por ciento en tiempo real durante el evento artístico zapatista. El Frayba documentó: “En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policial, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes. Ubicamos la presencia de fuerzas de seguridad del estado de Chiapas y las Fuerzas Armadas en las rutas e inmediaciones de las sedes del Rebel – Revel Arte, situación inusual en el territorio”.
Además, se lograron documentar retenes de revisión carreteros en múltiples puntos alrededor del evento, y “se vieron patrullajes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano compuestas por cinco camionetas en total, en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al caracol de Jacinto Canek”.
El sábado 19 de abril de 2025, aproximadamente a las 18:50, el subcomandante insurgente Moisés denunció en el encuentro Rebel y Revel Arte que hubo rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de Cideci-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Por si fuera poco, el 24 de abril, cuando apenas se secaba la pintura de los últimos murales, las fuerzas combinadas de la Sedena y la policía chiapaneca desaparecieron a José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, bases zapatistas del ejido Morelia. La operación fue un manual de contrainsurgencia, pues ocurrió sin órdenes judiciales, sólo por la fuerza bruta de quienes actúan con total impunidad. Fueron 55 horas de angustia, el tiempo que ambos tardaron en “aparecer” en un juzgado.
“Desde inicio de este año –denuncia el Frayba–, distintas comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos en Chiapas han denunciando graves violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de los operativos policiacos y militares en donde se ha violentado a los pobladores, robos en sus viviendas, incluido detenciones arbitrarias”.
El mensaje de la autonominada Cuarta Transformación es claro: al arte libre se le combate con fusiles.
En este México donde el gobierno actual gasta 3 mil por ciento más en armamento que en arte y cultura, el zapatismo sigue demostrando que otro mundo es posible. Durante Rebel y Revel y el cerco militar impuesto a su alrededor se pudo ver claramente el contraste: donde el Estado pone retenes militares, los zapatistas ponen talleres de grabado y obras de teatro; donde el Ejército envía drones para hostigar, ellos levantan murales que podían verse desde ese mismo cielo; donde el poder desaparece personas, el arte libre hace resonar y multiplicar sus voces.
“Abajo y a la izquierda, el arte camina”, afirma otro comunicado zapatista reciente. Y así es. Mientras Baldemar y Andrés enfrentan procesos judiciales amañados, los murales pintados durante el festival siguen ahí, testigos visuales de que en Chiapas hay dos fuerzas en pugna: la que quiere pisotear las historias de abajo y la que las crea para que sean visibles desde lo más alto. El verdadero “día después” que imaginaron los zapatistas es de resistencia convertida en color, convertida en palabra digna.

 

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció el viernes 4 de abril la apertura de un proceso con “carácter de urgente” para pedir al gobierno de México información sobre la crítica situación de las desapariciones forzadas. No es un asunto menor. Este proceso inédito en la historia de México podría conducir estos casos a la consideración de la Asamblea General de la ONU.
El gobierno mexicano, como ningún otro, ha perfeccionado un arte macabro: el de la negación como estrategia de Estado. Frente al reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas –que señala una crisis “generalizada y sistemática”–, la respuesta oficial ha sido, nuevamente, un ejercicio de cinismo institucional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ejmplo, en vez de asumir su rol ético y constitucional se convirtió una vez más en vocera del oficialismo, acusando a la ONU de estar “totalmente descontextualizada” y negando lo que las fosas clandestinas gritan desde hace lustros.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez había insistido en que, “en el pasado, el Comité ya señaló que en México las desapariciones son ‘generalizadas’ y que ocurren en un ‘contexto de impunidad’. Esta calificación debe mantenerse en el próximo informe, porque las condiciones no han cambiado sustancialmente y porque esta crisis no es ‘la herencia dolorosa del pasado’, sino una crisis del presente”.
La respuesta inmediata y tajante fue un comunicado donde el gobierno federal encabezado por Claudia Sheibaum “rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”.
Mientras los voceros del oficialismo descalificaban el procedimiento de la ONU como “injerencista”, las colectivas de buscadoras –esas mujeres que en su dignidad han sustituido al Estado en su obligación más elemental– celebraban la intervención internacional. ¿Qué dice esta contradicción? Que en México la verdad tiene dos versiones: la de las que excavan los restos de sus familiares con uñas y picos, y la de los que entierran la evidencia bajo retóricas nacionalistas.
El informe de la ONU no es una exageración. Es el reflejo de una realidad que el gobierno federal insiste en maquillar con cifras manipuladas y discursos de “paz”. México acumula más de 120 mil personas desaparecidas. Pero, a diferencia de dictaduras latinoamericanas con menor número de desapariciones, aquí sólo hay un patrón como consecuencia: la militarización del territorio, la colusión con el crimen organizado con los gobiernos y la revictimización de quienes buscan y exigen justicia.
El documento del Comité de la ONU es contundente: señala la participación directa de agentes estatales en desapariciones forzadas y también su responsabilidad por aquiescencia: por tolerar, encubrir o facilitar esos crímenes. Esto viola abiertamente la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008, que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar estos actos.
El caso de Guerrero es paradigmático. En el estado –donde el fantasma de los 43 de Ayotzinapa merodea– las desapariciones no son un “error” del sistema, sino su lógica más perversa. El Centro Prodh ha documentado cómo las fuerzas armadas participan activamente en estos crímenes, en tanto las fiscalías archivan casos con la complicidad de jueces locales. ¿Por qué entonces la sorpresa cuando la ONU señala que las desapariciones son “forzadas”? El eufemismo “personas no localizadas” –tan común en la narrativa oficial–no borra la huella del terror.
La reacción del Estado mexicano sigue un libreto previsible. Primero, la descalificación (“la ONU no entiende”); luego, la victimización nacionalista (“atentan contra nuestra soberanía”); y finalmente, la simulación (“fortaleceremos las instituciones”). Pero las familias de desaparecidos ya no creen en esos guiones. Tal como lo dijo una madre de Sonora en entrevista para CNN: “Si el gobierno no nos escucha, que al menos nos oiga el mundo”.
El negacionismo es la última fase de la impunidad. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tildaba a los organismos internacionales de “conservadores”, o cuando la CNDH cuestiona metodologías avaladas por el derecho internacional, están enviando un mensaje claro: no importan los miles de cuerpos sin nombre en fosas, ni las madres que mueren buscando; lo único que importa es proteger la gran ficción del “proyecto transformador”. En México la verdad se define por decreto presidencial.
Los discursos sobran en un país donde los muertos no descansan. Mientras el gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación siga negando lo evidente, cada informe, cada condena internacional será un doloroso recordatorio: aquí, la desaparición forzada no es un crimen del pasado, es la política del presente.