Existe una fecha que en México las autoridades ignoran. El 24 de marzo la ONU conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se antoja como un recordatorio incómodo para gobiernos que prefieren el olvido a la justicia. En México, ese día pasa entre discursos vacíos y cifras maquilladas, mientras fosas clandestinas como el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, siguen brotando y se convierten en símbolos de un Estado que sistemáticamente desaparece, extermina y emplea similar cantidad de recursos y de poder para borrar las evidencias. Las madres buscadoras que recorren esos terrenos con picos y palas saben que, a diferencia de los gobiernos que usan la palabra para mentir, la verdad no es algo abstracto: se materializa diariamente en los huesos calcinados, en los zapatos abandonados, en las mochilas vacías con logotipos y leyendas partidistas, en las prendas rotas, en los dientes humanos que algún fiscal “perdió” en el expediente. Pero, como si no bastara, hoy, incluso, el dolor de los casi 200 colectivos de madres buscadoras es criminalizado por el movimiento partidista que prometió dar verdad y justicia a la crisis de desapariciones.
El rancho Izaguirre, descubierto en 2021 gracias a la insistencia de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, funciona como un espejo de la impunidad de los gobiernos mexicanos. Según lo reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las fiscalías estatales llegaron antes que los peritos independientes, alterando el terreno donde después se encontrarían restos humanos calcinados y mezclados con cal. “Llegamos a ver huellas de maquinaria pesada y áreas que parecían recién removidas”, declaró Ana Karen López, integrante del colectivo Hasta Encontrarles.
La respuesta institucional ha seguido un guión conocido: primero la negación, luego la minimización. El 23 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un pronunciamiento en el que denunciaba cómo la Fiscalía de Jalisco ha retrasado por meses la entrega de resultados periciales. Paralelamente, las madres buscadoras enfrentan campañas de desprestigio desde instancias federales: desde acusaciones de “profanación” hasta señalamientos de que “obstaculizan” las investigaciones oficiales o que, llanamente, ellas mismas realizaron un montaje y una campaña para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum.
El rancho Izaguirre como campo de exterminio, sin embargo, no es una excepción: es el modelo. Entre 2006 y 2024, de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, más de 140 mil desaparecidos evidencian que el horror es sistémico. Nos hemos cansado de llamarlos “los desaparecidos de Calderón”, “los desaparecidos de Peña” y “los desaparecidos de AMLO” (7 mil más si contamos los casos de desapariciones que van en el sexenio de Sheinbaum), pero son los desaparecidos de un necro-Estado mexicano podrido hasta la médula. Hoy, como hace 10 años, ha vuelto el viejo reclamo en todo el país: fue el Estado. Es el Estado. Las fosas son eso: el síntoma más aterrador de una necro-política de Estado.
Las fiscalías cómplices son una pieza capital de este entramado. Las autoridades limpiaron el rancho Izaguirre en días pasados antes de permitir de vuelta el acceso a familias. “Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”, denunciaron las madres buscadoras al atestiguar la profunda manipulación del lugar. “Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”. La mentira institucional perdura. El gobierno de Sheinbaum, como el de Peña Nieto, como el de AMLO, como el de Calderón, primero negó, luego minimizó. Como con Ayotzinapa, como con los 72 de San Fernando. El guión es el mismo hasta la ignominia: “No pasó. Bueno, pasó, pero no fue tanto. Es decir, sí fue, pero ya estamos investigando”.
No “llegaron todas”, como afirma la presidenta Claudia Sheinbaum: las madres buscadoras se siguen enfrentando por propia mano al monstruo institucional que ahora ella encabeza.
Este patrón no es exclusivo de Jalisco. Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, ha señalado que “el Estado mexicano gasta más recursos en limpiar su imagen que en limpiar las fosas”. La afirmación cobra fuerza al revisar casos como Ayotzinapa, donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ha sido acusado por organizaciones como Centro Prodh y Serapaz de boicotear las pesquisas internacionales. Esa misma estrategia se replica en Teuchitlán por el mismo fiscal: dilación, opacidad y criminalización de quienes buscan.
Aunque esa actitud de indolencia y estrategia de gobierno no es para sorprenderse. El silencio sobre la crisis de desapariciones de parte de Sheinbaum siempre ha sido ensordecedor. Un análisis de las 100 propuestas para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación (disponibles en la plataforma digital de Sheinbaum) revela que el tema de desaparecidos no apareció nunca, ni como subtema en seguridad ni en su horizonte de derechos humanos. Esta omisión resulta particularmente grave. Y ya ante el estallido del tema, trata de parchar con propuestas viejas, insuficientes, y sin escuchar, de nuevo, a las víctimas.
Sin verdad no puede existir democracia. Y los casi 200 colectivos de víctimas –cifra de la ONU en 2023– son humillados e ignorados una y otra vez por la 4T en su búsqueda por verdad. Las madres buscadoras en su dignidad lo saben: la justicia no vendrá de arriba. Por eso cavan sin descanso aun a riesgo de sus propias vidas. Por eso, en pleno 2025, el rancho Izaguirre se ha convertido en el primer gran monumento de los gobiernos de la Cuarta Transformación: un monumento olímpico a su total impunidad, aquiescencia y complicidad.

 

El asesinato de Samir Flores, activista indígena nahua y defensor del territorio, ocurrido el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, no fue un crimen aislado. Fue un mensaje político escrito con sangre. Una advertencia dirigida a quienes osan oponerse a los megaproyectos impulsados por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Samir, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, fue asesinado por su firme oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) pocos días después de ser estigmatizado en un mitin público por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. El plan para el PIM defendido por la 4T inició con Felipe Calderón e incluye dos termoeléctricas en Huexca, un gasoducto, una línea eléctrica que pasa por Yautepec y un acueduto en Cuautla. Este proyecto que jamás fue sometido a consulta, ha sido rechazado por las comunidades indígenas y campesinas de la región desde su imposición. El asesinato de Samir no sólo expone la violencia sistemática contra defensores ambientales en México, sino también la hipocresía de un gobierno que se autoproclama progresista mientras perpetúa el despojo y el terror de los gobiernos neoliberales a los que critica.
Samir Flores no era un desconocido. Muchas veces recibió a las familias de Ayotzinapa y a quienes las acompañábamos en las caravanas nacionales por justicia. Su voz resonaba en las asambleas del Congreso Nacional Indígena (CNI), en las marchas, en la radio comunitaria y en los foros públicos. Era un hombre que creía en la palabra, en la organización colectiva, en la resistencia pacífica. Pero en México, la palabra de los pobres, de los indígenas, de los que defienden la tierra, vale menos que el silencio. Y el silencio, en este país, es cómplice. El silencio del gobierno de AMLO ante el homicidio de Samir fue ensordecedor. No hubo condena firme, no hubo justicia expedita, no hubo voluntad política para desmantelar las redes de poder que operan detrás de estos crímenes. En su lugar, hubo desdén, indiferencia, sorna, y, en el mejor de los casos, un discurso vacío que repite consignas de transformación mientras los defensores son asesinados uno tras otro.
La 4T llegó al poder prometiendo un cambio radical, un giro histórico que pondría fin a la violencia, la corrupción, el nepotismo, la impunidad. Sin embargo, los números no mienten: durante este sexenio, México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales y de derechos humanos. Según organizaciones como Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), los asesinatos de activistas han aumentado de manera alarmante. Solamente en 2023, más de una decena de defensores fueron asesinados, muchos de ellos vinculados a la oposición a megaproyectos respaldados por el gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum no ha escapado a esta lógica de violencia y despojo. Aunque su imagen pública se construye sobre un discurso progresista y ambientalista, repleto de bastones de mando –huecos–, su gestión ha estado marcada por la promoción de proyectos que priorizan el desarrollo económico por encima de los derechos de las comunidades. El caso más emblemático es el del Tren Maya, un megaproyecto que ha sido denunciado por organizaciones indígenas y ambientalistas por sus impactos ecológicos y sociales. Sheinbaum, como parte del círculo cercano a AMLO, ha sido cómplice de esta política de despojo que criminaliza la protesta y silencia a quienes se atreven a alzar la voz.
En febrero de 2025, al cumplirse seis años del asesinato de Samir Flores, el CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) organizaron una serie de manifestaciones y pronunciamientos públicos para exigir justicia y denunciar la continuidad de la violencia contra los pueblos. En un comunicado conjunto, el CNI y el EZLN señalaron que el crimen de Samir Flores es un ejemplo emblemático de la política de exterminio que enfrentan las comunidades indígenas en México. “Seis años después, la impunidad sigue siendo la norma. Samir fue asesinado por defender la vida, por oponerse a un proyecto de muerte, y su sangre sigue clamando justicia”, declararon.
Las manifestaciones, que incluyeron marchas, plantones y foros en varias partes del país y el extranjero, fueron acompañadas por consignas que responsabilizan directamente al gobierno de la 4T por la violencia estructural contra los defensores. “No hay transformación sin justicia”, afirmaron los manifestantes en Morelos; en Chiapas, el EZLN realizó un acto simbólico en el que quemaron efigies que representaban a los megaproyectos y a los funcionarios que los promueven. “El gobierno habla de cambio, pero sigue matando a los que luchan por un verdadero cambio”, dijo una vocera del CNI durante un mitin en Ciudad de México.
El contexto en 2025 no es alentador. A pesar de las promesas de cambio, la violencia contra los defensores no ha cesado. Por el contrario, se ha recrudecido en un clima de impunidad y complicidad estatal. Los megaproyectos, lejos de ser cancelados, se han multiplicado bajo el viejo argumento del “desarrollo nacional”, mientras las comunidades que se oponen son criminalizadas, hostigadas y, en el peor de los casos, eliminadas físicamente.
Samir Flores no fue el primero, ni será el último. Su homicidio es un recordatorio de que, en México, la defensa de la tierra y el agua es un acto de resistencia que puede costar la vida. Pero también es un llamado a no claudicar, a no rendirse ante la impunidad ni el olvido. La verdadera transformación no llegará desde arriba, desde los discursos grandilocuentes y los megaproyectos faraónicos. Llegará desde abajo, desde las comunidades organizadas, desde la memoria de quienes, como nuestro compañero Samir, supieron defender la vida.

 

 

El 28 de abril de 2023 el Campamento Tierra y Libertad –convocado por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni)– cumplía 61 días de bloqueo a las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en el tramo Mogoñe Viejo-Vixidu. Los pueblos organizados en la Ucizoni mantenían esta acción directa en abierta protesta contra la imposición gubernamental del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Los integrantes del campamento fueron brutalmente reprimidos ese día por un amplio contingente de elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca. Además de ser golpeados por las fuerzas armadas, seis ejidatarios mixes del campamento fueron detenidos y durante horas se desconoció su paradero.
El poder sin precedentes que se le ha otorgado en las administraciones federales de la autodenominada Cuarta Transformación a las fuerzas armadas lleva un velado propósito contrainsurgente. Y esta condición no hace más que agravarse. El pasado 22 de enero nuevamente las y los integrantes de la Ucizoni denunciaron la criminalización de 24 defensores por oponerse al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En un comunicado, denunciaron que, además de 16 habitantes de Mogoñe Viejo contra los que hay procesos penales, han sido demandados ocho defensores de Rincón Viejo, del municipio de Santa María Petapa, que se sumaron a la lucha: “Las familias están siendo amenazadas por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico para que desalojen sus viviendas a cambio de un pago único por 36 mil pesos, sin importar el valor de su patrimonio”.
En el comunicado se relata que “El pueblo Mixe (ayuujk) de Mogoñe Viejo del municipio de Guichicovi en Oaxaca inició la lucha por la defensa de su territorio desde el año 2019 cuando se anunció el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En febrero de 2023 decidieron ante las afectaciones el establecer un plantón permanente en sus tierras, así como fue que nació el Campamento ‘Tierra y Libertad’. El movimiento tuvo la finalidad de proteger sus hogares y solares que estaban siendo afectados por las obras del Tren Interoceánico”.
Si realizamos el mapeo de los escenarios en que el poder está llevando a cabo una sistemática represión desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta la fecha –comenzando con el asesinato del defensor Samir Flores a inicios del sexenio obradorista por formar parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) en resistencia contra la termoeléctrica de Huexca después de ser señalado por el propio presidente, y siguiendo con la represión a las bases de apoyo zapatistas en Chiapas y los asesinatos a defensores del territorio en Oaxaca, por poner sólo tres ejemplos de los muchos que existen–, ya podríamos caracterizar este fenómeno de los últimos años como una guerra de baja intensidad contra los pueblos en resistencia a los proyectos neoliberales de éste y el pasado gobierno.
La Ucizoni no es la única organización de pueblos indígenas que se opone al megaproyecto del Corredor Interoceánico. Recordemos que el proyecto de un corredor transístmico fue originalmente planeado para Oaxaca y Veracruz por el dictador Porfirio Díaz. Paradójicamente, hoy ha sido revivido como uno de los proyectos insignia de la autodenominada Cuarta Transformación.
En un desplegado conjunto tras la brutal disolución de las primeras protestas de Mogoñe Viejo-Vixidu por parte de las fuerzas armadas, el CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional afirmaron: “Con la acción orquestada por las corporaciones militares y policiacas en contra del Campamento Tierra y Libertad nos queda claro, una vez más, que los actuales gobiernos están al servicio de las grandes empresas trasnacionales y que la militarización, la violencia patriarcal y la represión son la vía que han escogido para enfrentar la lucha y la resistencia de nuestros pueblos al Corredor Interoceánico y al Tren Maya, al despojo y la guerra capitalistas”.
Las y los integrantes de la Ucizoni fueron claros en sus denuncias: “En Oaxaca no se puede hablar de gobernabilidad democrática cuando se están violando los derechos de mujeres y hombres indígenas y no existe diálogo para resolver los problemas que existen. Por ello le solicitamos (a la presidenta Claudia Sheinbaum) que instruya al gobernador de Oaxaca el ingeniero Salomón Jara Cruz para que abra espacios de diálogo serio y respetuoso, diálogo que tanto presume y que en realidad no existe”.
Tal como el teórico Raúl Zibechi ha advertido, un factor de este nuevo escenario 2025 es que todo gobierno en América Latina, incluyendo los gobiernos progresistas de izquierda, han adoptado procesos de militarización contrainsurgente: “Este es un patrón que llegó para quedarse, como en México con López Obrador; como el gobierno progresista en Argentina, en donde los proyectos extractivos se militarizaron; como en Chile en Walmapu, en territorio mapuche, que hoy hay más militares que durante los gobiernos neoliberales, podría hasta haber el mismo número que en la dictadura de (Augusto) Pinochet”.

 

 

A decir del pensador Raúl Zibechi, el EZLN “consiguió colocar la autonomía en el centro de los objetivos de algunos movimientos sociales de América Latina. Hasta ese momento no existía una corriente política y cultural orientada en esa dirección, implantada en la mayoría de los países de la región latinoamericana, como sucede en estos momentos”.
Pero Zibechi también ha sido enfático en su lectura de la realidad actual, a 31 años de la irrupción pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: “El progresismo es la ofensiva más fuerte contra los pueblos. Está envuelta con los códigos de los pueblos. Y eso representa la 4T. Una de las ofensivas más fuertes contra el EZLN”.
A diferencia del grueso del territorio a cargo del Estado mexicano que se encuentra en una guerra simbiótica de despojo de la mano del propio crimen organizado, los territorios zapatistas están libres de feminicidios, narcotráfico, asesinatos dolosos y desapariciones forzadas. No en vano los modos de organización y el andar zapatistas –a diferencia de cualquier partido político camaleónico y disfrazado de progresista– se han vuelto modélicos para colectivos y movimientos de abajo en todos los continentes.
Sin embargo, el asedio contra las bases de apoyo zapatistas iniciado por el PRI en los años noventa se mantuvo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante una guerra paramilitar de baja intensidad, como castigo al EZLN por no haberse alineado a su proyecto monolítico de izquierda capitalista y extractivista.
Los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2024 –justo antes de la celebración del XXXI aniversario del alzamiento del EZLN– se realizaron los Encuentros de Resistencia y Rebeldía en Cideci-Unitierra, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los ejes de las ponencias, que incluyeron tanto a adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona como voceros de la Comisión Sexta del EZLN, estuvieron divididos en los siguientes temas: Mesa I: La tormenta: el crimen, el verdugo y las víctimas. Mesa II: La tormenta capítulo México: el crimen, el verdugo y las víctimas. Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas, parte I: Genealogía del común zapatista. La Cofa del Vigía: Un largavista hacia el ayer. Mesa Rebeldía y Resistencias, parte II: Mujeres. Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas, parte III: Los primeros pasos del común zapatista. La Cofa del Vigía: Señales al mañana.
El concepto de “el común”, luego de un consenso tras largos meses de asambleas entre las bases de apoyo zapatistas y el aprendizaje de todas estas décadas de organización con la autonomía como brújula, en palabras del Subcomandante Moisés, consiste en “establecer extensiones de la tierra recuperada como del común. Es decir, sin propiedad. Ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial. Una no-propiedad de la tierra. Como quien dice: ‘tierra sin papeles’. Entonces, en esas tierras que se van a definir, si preguntan de quién es ese terreno o quién es el propietario, pues se va a responder: ‘de nadie’, es decir ‘del común’.
“Una parte importante es que, para que se pueda lograr esto, tiene que haber un acuerdo entre los pobladores sin importar si son partidistas o zapatistas. O sea que tienen que hablar entre ellos, no con los malos gobiernos. Eso de buscar el permiso de los malos gobiernos sólo ha traído divisiones y hasta muertes entre mismos campesinos”.
Mientras que Anselma Margarito, representante de la comunidad otomí residente en Ciudad de México, hizo un llamado elocuente para estos tiempos: “Luchemos todas juntas como indígenas; estamos triplemente despreciadas. A Claudia Sheinbaum se le olvida que no llegamos todas. Se le olvida que no llegaron las mujeres indígenas. Que no llegaron las mujeres desaparecidas. Que no llegaron las mujeres asesinadas. Que no llegaron las mujeres presas políticas. Que no llegaron las mujeres ausentes por feminicidio, ni las mujeres periodistas asesinadas, ni las niñas violadas, robadas y secuestradas. Que no llegaron las otroas. Que no llegaron las mujeres migrantes. Que no llegaron las madres buscadoras. Que no llegaron las mujeres indígenas otomís, porque tampoco nos interesa llegar. Que no llegaron las mujeres que luchan y resisten en los pueblos originarios y comunidades indígenas y en la ciudad”.
Por su parte, el Capitán Insurgente Marcos llamó a las bases a no ceder ante los recientes ataques paramilitares y el asedio sistemático contra los pueblos zapatistas: “Están escuchando el 30 de diciembre de 1993 y lo están volviendo a escuchar el 29 de diciembre de 2024”. Y concluyó: “Les estamos planteando una empresa imposible, no hay condiciones, el capital está en todos lados, pero vamos a desafiarlo, vamos a molestarlo, vamos a ser incómodos… pero con un objetivo, que el día después haya alguien que diga ‘hay otra opción y no esa que te ofrece el capital’”.

 

 

El foco de la agenda gubernamental pretende relegar a un tercer plano los asesinatos de personas defensoras del territorio a nivel local: unas veces, a un mero plano de conflicto territorial entre pueblos, otras, a un asunto meramente anecdótico.
Pero si, como sugería Borges en La muerte y la brújula, nos enfocamos en las letras más grandes del mapa entero y no sólo en las minúsculas que describen peculiaridades, encontraremos que el asesinato de defensores y defensoras del territorio en 2024 forma parte de un operativo sistemático. No sólo en México, sino en gran parte de los territorios conocidos como Abya Yala que hoy conforman lo que también se reconoce como América Latina y más allá.
Los recursos que en una primera etapa de colonialismo no pudieron ser arrebatados, están siendo despojados sistemáticamente bajo la aquiescencia de los gobiernos neoliberales que se hacen llamar progresistas. Así sean tildados anacrónicamente a estas alturas de “derecha” o de “izquierda”: todos, sin excepción, al servicio del capital. Esto ocurre paralelamente a la estrategia de despojo de guerras contra los narcóticos que encubre procesos gubernamentales de militarización y paramilitarización que son, en esencia, contrainsurgentes.
Una relectura con esta óptica de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, con el pretexto del lanzamiento de la serie limitada en Netflix no está de más. Incluso para darnos cuenta de las omisiones que hace la plataforma estadunidense de streaming: en la versión gringa de Cien años de soledad que acaba de estrenarse en diciembre, fue censurado –involuntaria o voluntariamente– el episodio sanguinario de la matanza de las bananeras cometido por United Fruit Company y el Ejército Nacional Colombiano en 1928 del que hace referencia y denuncia alegórica García Márquez en su libro.
La “masacre de las bananeras” fue perpetrada por los militares colombianos para proteger a sus aliados estadunidenses de la multinacional hoy conocida como Chiquita Brands International, en un mes de diciembre como éste, pero de 1928. La represión fue ordenada por el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez para poner fin a la huelga de un mes de los trabajadores de las bananeras en el municipio de Ciénaga, Magdalena (y escenificada en la ficcional Macondo de la novela de García Márquez, por supuesto). Si bien las cifras oficiales de la masacre van desde los 13 obreros asesinados por los militares hasta los 2 mil contados por colectivos y organizaciones, no está clara aún –como en tantas masacres cometidas por militares en nuestros países– la magnitud de ese episodio sanguinario silenciado también hoy por Netflix. En el libro Cien años de soledad, sin embargo, García Márquez es enfático en la cifra:
“José Arcadio Segundo no habló mientras no terminó de tomar el café.
–Debían ser como 3 mil –murmuró.
–¿Qué?
–Los muertos –aclaró él–. Debían ser todos los que estaban en la estación”.
Según datos del informe 2024 de la organización Global Witness, el año pasado fue un año sangriento en todo el mundo en cuanto a asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y el territorio. A lo largo de 2023 –periodo en que cierra su informe 2024– fueron asesinadas 196 personas defensoras por su labor.
En Brasil el informe reporta 25 asesinatos, en Colombia 79, Ecuador 1, Estados Unidos 1, Filipinas 17, Ghana 1, Guatemala 4, Honduras 18, India 5, Indonesia 3, Nicaragua 10, Panamá 4, Paraguay 2, Perú 4, República Democrática del Congo 2, Ruanda 1, Venezuela 1.
México ocupa en este informe un oprobioso cuarto lugar, con un total de 18 asesinatos de personas defensoras. Aunque el gobierno niegue o minimice sus muertes, sus nombres y sus historias no deben quedar en el olvido. Por eso hoy les nombramos.
Abisal Pérez Romero, asesinado el 12 de febrero; Alejandro Ortiz Vázquez, desaparecido el 20 de abril; Alfredo Cisneros Madrigal, asesinado el 21 de febrero; Álvaro Arvizu Aguiñaga, asesinado el 23 de octubre; Antonio Díaz Valencia, asesinado el 14 de enero; Cuauhtémoc Márquez Fernández, asesinado el 11 de junio; Eustacio Alcalá Díaz, asesinado el 31 de marzo; Félix Vicente Cruz, asesinado el 12 de abril; Higinio Trinidad de la Cruz, asesinado el 24 de noviembre; Isaúl Nemesio Zambrano, asesinado el 11 de enero; Jesús Toral García asesinado el 23 de octubre; Juan Medina, asesinado el 13 de abril; Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, asesinado el 9 de agosto; Manuel Flores Reyes, asesinado el 3 de julio; Miguel Estrada Reyes, asesinado el 11 de enero; Ricardo Arturo Lagunes Gasca, asesinado el 14 de enero; Rolando Magno Zambrano, asesinado el 11 de enero; Román Flores Hernández, asesinado el 3 de julio.
A todos ellos les honramos en este fin de año.

 

METALES PESADOS

 

Esta columna jamás debió existir. “Las masacres no existen. Hemos terminado con las masacres. Nunca más se dará la orden a las fuerzas armadas de atacar al pueblo”.
A estas alturas del terror no necesito citar la fuente de este conocido proverbio goebbeliano de un régimen promilitar.
Y, sin embargo, con todo su descarnado terror cotidiano acechando a la vuelta de la esquina, las masacres, hoy mismo, existen.
Y, sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas a manos de las fuerzas armadas –con un poder sin precedente– contra la población civil inerme abundan y resultan oprobiosas por su cotidianidad y su extensiva pedagogía del terror por todo el país. Existen.
Es por eso, paradójicamente, que esta columna jamás debió existir. Pero, muy a mi pesar, existe. Como existen y nombramos la más reciente ola de masacres que tuvieron lugar tan sólo el fin de semana pasado. Treinta personas asesinadas.
Hecatombe. Su etimología proviene de la misma voz en latín hecatombe. Y, a su vez, del griego hekatómb?, que reúne ??????, hekatón (cien) y ????, bo?s (buey).  El uso de la palabra se extendió a cualquier sacrificio que implicara a un gran número de víctimas. En la Ilíada tiene lugar una hecatombe de 12 bueyes. Otra de 50 carneros. Mientras que en la Odisea se narra una hecatombe de 81 bueyes. En su origen en la Grecia antigua, la hecatombe representaba al pie de la letra el sacrificio de 100 reses u otras víctimas en el mismo número para sus dioses. Más adelante el concepto se extendería para cualquier sacrificio ritual en el que es mayúsculo el número de víctimas. Inmolación. Desgracia. Catástrofe. Pero, también, mortandad de personas pertenecientes a una misma comunidad. O, como solemos citar en este espacio, la instauración de una “pedagogía del terror” mediante la inmolación de cuerpos no combatientes en aras de un supuesto bien mayor administrado por el Estado capitalista patriarcal.
Si bien hay que guardar con estricto cuidado y respeto las obvias proporciones, un término más actual allegado a una hecatombe –sobre todo en lo tocante a sus peculiaridades prácticas y morales– se acuñó durante el cambio de paradigma estadunidense de guerra contra el comunismo al de la contemporánea guerra contra los narcóticos. Es decir, los “daños colaterales”.
Si ya en su tiempo el ex presidente Felipe Calderón –que importó el paquete contrainsurgente y retórico de Estados Unidos de “guerra contra las drogas” para validar su triunfo en las urnas– no tuvo reparos en hacer un símil moral de la hecatombe mexicana propiciada por él, con el de los miles de civiles aniquilados por sus fuerzas armadas como “daños colaterales”, es verdad que también el ex presidente López Obrador solía representar en la misma escuela a los millones de pobres como “animalitos” a los que había que alimentar, y a esas masacres en las que moría el “pueblo bueno”, como inexistentes.
En Jiutepec, Morelos, este fin de semana, como un eslabón más en esta interminable hecatombe sexenal, un escuadrón armado y montado en motocicletas acribilló a siete personas en la colonia Vista Hermosa. Los reporteros locales afirman que en el interior de la casa donde estaban las víctimas había una fiesta. En los mismos días, en Cancún, Quintana Roo, otro grupo armado mató a cuatro personas, entre las que se encontraban dos menores de edad en las afueras de su domicilio. Y en el infierno en que se ha convertido Sinaloa durante los últimos dos meses, 11 personas fueron asesinadas. Por si fuera poco, en Apaseo El Grande, en Guanajuato, fueron ejecutados ocho civiles más: dos de ellos eran bomberos, Ulises Ramírez Vázquez y Alejandro Ortega; Ricardo López Ortega, paramédico, y Arturo Escobar Ramírez, trabajador del Comité de Agua Potable del municipio.
Por las 30 personas a las que quitaron la vida el fin de semana en medio de esta guerra, esta columna jamás debió existir. Porque ninguno de esos asesinatos, masacres, feminicidios y desapariciones forzadas tampoco debieron haber tenido lugar jamás. Y, sin embargo, existen con toda su tragedia y su dolor. Como existe también el hecho oprobioso de que, tan sólo durante el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum –continuadora de la guerra calderonista y del militarismo obradorista– ocurrieron más de 10 masacres como las aquí relatadas en todo el país: Chiapas, 12 de octubre, con cuatro muertos; Tabasco, 26 de octubre, tres muertos; Chiapas, de nuevo el terror, 30 de octubre, tres asesinatos más; Guanajuato, 2 de noviembre, tres muertos; Tabasco, 3 de noviembre; Puebla, 4 de noviembre; Chiapas, nuevamente, 3 asesinados; Guerrero, una pesadilla sin fin, 6 de noviembre, 11 muertos; Querétaro, 9 de noviembre, una matanza de 10 personas; Estado de México, 10 de noviembre, cinco personas asesinadas.
En total, 2 mil 564 homicidios dolosos únicamente durante su primer mes como administradora del Poder Ejecutivo: 6.6% más asesinatos que en la guerra de su antecesor López Obrador. (Y a la fecha se han acumulado 4 mil 948 homicidios dolosos, según el monitoreo La guerra en números, de Carlos Penna Charolet en TResearch). En tanto que los feminicidios aumentaron 2.9% interanual. Si su protector López Obrador mintió sobre el hecho de haber terminado con las masacres en el país, ahora el sello de la casa de su cancerbera Sheinbaum son justamente las masacres.
La hecatombe actual y cotidiana que vive México nunca debió tener lugar. Es obscena. En su etimología: lo que debería ocurrir fuera de escena, lo impúdico, lo que no debería existir. Tal como esta columna obscena que acumula dato tras dato de una guerra sangrienta y que, por principio, tampoco debió existir.

 

El 13 de noviembre pasado, las miles de familias de víctimas de este país recibieron un mensaje lapidario y una bofetada para sus demandas de verdad y justicia de parte de la autonominada Cuarta Transformación.
La palabra ombudsperson proviene de la voz sueca destinada para un alto funcionario público encargado de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía ante los poderes públicos. No obstante, el término se ha corrompido en México hasta niveles escandalosos. Tal lo confirma la reciente reelección impuesta, desde el poder político, de Rosario Piedra, una nepo baby más de las que abundan –merced de sus apellidos y no de su quehacer ni de su trayectoria– en la 4T.
Desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el nuevo régimen se destacó no sólo por su tozuda negativa a recibir y escuchar los dolores de las familias buscadoras y familiares de las víctimas de todo el país, sino, sobre todo, por el profundo desprecio y desprestigio político que cotidianamente ejerció en su contra desde la principal tribuna del poder del Estado.
A pesar de las puntuales y duras críticas de cientos de organizaciones a su administración en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la señora Piedra fue impuesta descaradamente en el Senado por el oficialismo; a pesar, incluso, de la rebelión y protestas en contra de los propios integrantes de su movimiento.
El observatorio ciudadano Designaciones Públicas –integrado por Fundar y Artículo 19–, publicó un extrañamiento sobre la desaseada reelección de carácter oficialista de la señora Piedra. En el texto resaltan el evidente carácter político-partidista de la designación y el hecho de que manda un mensaje de profundo desdén e imposición autoritaria de parte del partido mayoritario hacia las miles de decenas de víctimas en este país. Deja claro, además, “la intención de continuar encubriendo graves violaciones a los derechos humanos como las cometidas por las fuerzas armadas”.
Rosario Piedra ha sido acusada severamente por cientos de organizaciones de la sociedad civil por su inoperancia y aquiescencia para beneficiar al oficialismo y sus prácticas represoras y contrainsurgentes, además de solapar a los principales aliados del régimen autoritario desde un órgano antes autónomo y construido por la sociedad civil durante décadas de lucha para erradicar los abusos históricos del poder ejecutados por los militares.
Sin embargo, la CNDH no ha sido, desde su creación por decreto presidencial en 1990, una institución perfecta ni un espacio que no se haya prestado anteriormente para solapar al Estado mexicano en otros crímenes de lesa humanidad. Recordemos, para no ir más lejos, el informe entregado en diciembre de 2018 a las familias de Ayotzinapa por Luis Raúl González Pérez, entonces presidente de la CNDH y fallido fiscal en el caso Luis Donaldo Colosio. Ante sus desplantes y prepotencia tras leer una versión casi idéntica a la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, las familias y sus abogados abandonaron el recinto: “¡La tarea de la CNDH no es leer informes de la PGR (hoy FGR) del pasado; su tarea es investigar!”, le dijeron al entonces ombudsman antes de levantarse e irse indignadas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha sido muy puntual en su balance de la desastrosa primera gestión de Rosario Piedra (2019-2024) al señalar que “el debilitamiento de la CNDH se inserta en un contexto más amplio de disminución del espacio cívico y deterioro de la institucionalidad democrática en el país durante el sexenio que culminó, generando un ambiente adverso para los derechos humanos y su defensa. Esto es evidente, por ejemplo, en los múltiples mensajes públicos del expresidente Andrés Manuel López Obrador deslegitimando la labor de organizaciones de sociedad civil o en las iniciativas legislativas para la eliminación de órganos autónomos que tienen por mandato tareas vinculadas a la garantía de derechos humanos”.
Con sus debidas proporciones, parecería que la recién impuesta ombudsperson del nuevo régimen autoritario no cumplirá una función distinta a la de excolegas suyos en su mismo puesto: hacerse de la vista gorda ante los abusos de los militares.
Rosario Piedra, para fines prácticos, ha sido y seguirá siendo la ombudsperson de las fuerzas armadas dentro de la nueva era de esta guerra bajo un régimen militarista.

 

 

La mañana del 20 de octubre fue asesinado el párroco Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando salía de oficiar misa de la parroquia de Cuxtitali.
El “Padre Marcelo”, como se le conocía, era de origen tsotsil. Nació en San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas. Este nuevo asesinato dentro del sistemático aniquilamiento de defensores en Chiapas y en todo México se distingue por la cercanía y largo caminar del padre Marcelo en la defensa de los pueblos indígenas.
Este lunes 4 de noviembre se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas una magna marcha en la que concurrieron miles de creyentes católicos organizados desde distintos municipios en exigencia de la paz y el desarme ante la actual guerra en Chiapas; pero, sobre todo, marcharon concitados por este último episodio en el que se enmarcan el asesinato del padre Marcelo y el natalicio del obispo Samuel Ruiz García.
Dentro de las consignas que se pudieron escuchar en la protesta estaban las demandas por el alto al desplazamiento forzado de los pueblos de Chiapas mediante grupos paramilitares con los que el Estado no sólo muestra negligencia sino una franca aquiescencia. Pero los manifestantes también se posicionaron con claridad ante la creciente militarización en la región y los concurrentes megaproyectos de muerte que dicha militarización acompaña.
Al cabo de la marcha, la organización Pueblo Creyente ofreció una rueda de prensa. Respecto al asesinato del párroco tsotsil Marcelo, el vocero eclesiástico Rodrigo Aguilar denunció: “A nosotros no ha llegado ninguna comunicación oficial. Lo que saben ustedes es lo que la Fiscalía ha dado a los medios noticiosos, esperamos información oficial para nosotros”.
Por su parte, el vocero del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, exigió claridad de parte de las autoridades sobre los responsa-bles y cómo ocurrieron los hechos: “Estamos en la etapa de investigación complementaria; hay una persona vinculada a proceso y dos personas con órdenes de aprehensión sin ejecutar”.
Como todas las personas defensoras de los pueblos en México, el padre Marcelo sabía que su vida estaba en riesgo. Él solía hacer la lectura que comparten muchos pueblos en resistencia: “Chiapas es una bomba de tiempo”. Pero fue en los últimos meses cuando más había causado incomodidad su lucha contra los grupos criminales que están sosteniendo una auténtica pedagogía del terror en los Altos de Chiapas. Marcelo llegó afirmar en varias entrevistas que sabía que estaban tras de él: “He luchado en contra de las injusticias, luchamos por la paz, en Simojovel le pusieron precio a mi vida”, dijo para El Heraldo de Chiapas.
En un comunicado, la Compañía de Jesús expresó su más enérgica condena: “El padre Marcelo ha sido un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas durante décadas, defendiendo la dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera. Su compromiso con la justicia y la solidaridad lo convirtió en un referente para quienes anhelan un futuro sin violencia ni opresión. Rechazamos cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados. El crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en diversas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado”.
A pesar de los esfuerzos cotidianos del gobierno federal por minimizar la crisis de asesinatos y desapariciones de defensores en México, las cifras son elocuentes y por demás aterradoras. En el contexto del Día de Muertos en Oaxaca, la organización Educa publicó los resultados de su monitoreo “Todos sus nombres, todas sus luchas”: en los últimos seis años, en México se han registrado 252 atentados a la vida contra personas defensoras. Estos casos de violencia letal incluyen desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos registrados, 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones.
Los estados con mayor incidencia de asesinatos contra defensores no son casuales: Oaxaca, con 58; Guerrero, con 39; Michoacán, con 21, y Chiapas, con 17.
Un dato a destacar para un gobierno que afirma no cometer ejecuciones: en 42 de estos 225 casos, las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial. Todo ante la mirada permisiva y, por tanto, cómplice de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.
En palabras de Educa: “El propósito de la presentación de estos resultados es honrar la memoria de todas las personas que ofrendaron su vida en la lucha de defender derechos, así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos”.

 

Tres integrantes del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad Sobre la Guerra Sucia dieron a conocer su informe final, Fue el Estado (1965-1990). Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, en agosto pasado –y hasta el último día de septiembre, un segundo equipo del mismo mecanismo no había difundido públicamente su otro informe, Verdades innegables: Por un Me?xico sin impunidad, que la Segob recibió en julio y subió a su sitio casi en secreto. Luego, a dos días de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quienes elaboraron el documento Fue el Estado optaron por entregarlo a la presidenta que ha asumido el cargo este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, ante la negativa del gobierno federal saliente a recibirlo de manera formal.
Quizás la razón de ese rechazo, aunque la Comverdad para la guerra sucia fue creada por decreto presidencial de AMLO, reside en el contenido de los seis volúmenes que conforman el extenso reporte del MEH, el cual abarca violaciones graves a derechos humanos en todo el país –en Guerrero, por ejemplo, miles de desapariciones forzadas y asesinatos por parte del Ejército– durante el periodo de 1965 a 1990; es decir, el periodo en que el régimen autocrático impuso la llamada doctrina de seguridad nacional contra las disidencias políticas y partidistas, periodistas, movimientos populares campesinos y urbanos, sindicales, estudiantiles y disidencias sexo-genéricas, entre otras que se identifican puntualmente. (Esto ocurrió, cabe decirlo, no sólo en México, sino en toda América Latina bajo el fantasma del “enemigo interno” que pretendía solapar las atrocidades de Estado).
El documento responde a un derecho negado durante décadas a miles de víctimas del Estado mexicano: el derecho a la verdad. Pero también reclama la necesidad de generar memoria, la justicia y la no repetición del daño para la sociedad entera. El título del informe, de manera bastante simbólica, recoge el grito y la denuncia que ha arropado las protestas por la verdad y justicia para el caso emblemático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada: Fue el Estado.
“Fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de la investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con la misma contundencia con la que se ha demostrado también que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hace casi una década atrás. Decimos que fue el Estado porque la enunciación de esta consigna, de esta denuncia, conecta los dolores viejos con los nuevos, el pasado con el presente. Decimos que fue el Estado porque fue éste el primero y el último responsable de las violaciones graves a derechos humanos durante el periodo 1965-1990, más allá de las responsabilidades de los perpetradores individuales. Fue el Estado porque desde éste se construyó la narrativa hegemónica que justificó la violencia, en aras de mantener una supuesta paz social y estabilidad del país, cuando lo único que hizo fue sostener intereses políticos y económicos espurios”.
En su introducción a los seis volúmenes que conforman el documento, Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart –parte de los miembros del MEH— hacen énfasis en la vigencia de este extenso y encomiable documento en la actualidad no sólo como un ejercicio imprescindible de memoria, sino como el contexto y los mecanismos en que ocurre la continuación de esa misma violencia de Estado en nuestros días. Aunque, como ellos mismos apuntan, el nuevo paradigma bajo el que se pretende justificar dicha violencia de Estado en los gobiernos progresistas ha cambiado del modelo contrainsurgente al actual, que se arropa en nuevos marcos como la guerra contra los narcóticos. Organizaciones político-militares, resistencias y muchas otras disidencias, al término de la Guerra Fría han sido perseguidas de esta manera. También bajo ese mismo método es que se sigue llevando a cabo el despojo en nuestro país.
A una conclusión fundamental que llega el MEH es el hecho comprobado de que la institución perpetradora de los crímenes de Estado por antonomasia en el periodo abarcado en el informe es el Ejército. “Esto es así no sólo porque las fuerzas armadas hayan sido las responsables directas de gran parte de las atrocidades cometidas durante el periodo, sino porque éstas constituyeron uno de los pilares ideológicos de un régimen presidencialista que se presentó ante la sociedad como civil, desmilitarizado y revolucionario, en el que el poder castrense estaba estrictamente subordinado al poder civil y carecía de cualquier injerencia política”.
Esta conclusión resuena con estruendo en la realidad actual en que se ha aprobado la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército por imposición aplastante del régimen. Quizá este nervio tan sensible –la subordinación del Poder Ejecutivo a las fuerzas armadas– sea el que el Mecanismo haya tocado en sus recomendaciones finales y advertencias sobre los peligros de la militarización de la vida pública que pretende perpetuar la llamada Cuarta Transformación. No en balde el Estado institucional no cumplió con la recepción pública del informe; además de que, contrario a sus compromisos firmados en el decreto presidencial, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hoy llega a su fin, no dio difusión ni seguimiento al valioso documento. Más aún: politizó el tema y, fiel a su estilo, abonó para la división y obstaculizó los procesos de verdad y justicia.
Lo que parecía no querer ver y silenció López Obrador es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y lo interpelan a él, como titular del Ejecutivo que fue. Las comisiones de la verdad en todo el mundo no son para hacer borrón y cuenta nueva como él pretendía cada vez que apelaba al perdón cristiano. Si el pasado no se confronta, estaremos condenados a padecerlo una y otra y una vez más.
“Fue el Estado, decimos, porque el cambio del paradigma contrainsurgente al paradigma de la guerra contra las drogas sólo significó una vuelta de tuerca más en esta larga historia de represión, una puesta al día de la justificación de un régimen profundamente corrupto y antidemocrático, salvaje contra el pueblo y servil con las élites. Fue el Estado, que condenó a las grandes mayorías de este país a sufrir la violencia estructural de la pobreza y la miseria, y a sufrir su violencia armada a quienes lucharon por un México más equitativo. Fue el propio Estado el que engendró las causas de la rebelión y la disidencia, y el que se encargó de ahogarlas a sangre y fuego. Fue ese Estado, en su avaricia, en su despotismo y su sevicia. Fue el Estado quien, por su acción, omisión o aquiescencia, permitió la comisión de violaciones graves a derechos humanos; fue quien les negó la justicia a las víctimas, y a quien ahora demandamos la no repetición”.
En 1968 fue el Estado: 2 de octubre no se olvida.

@tryno

 

 

1. El horror. La cronología es de sobra conocida. La noche del 26 de septiembre comenzó a esparcirse el rumor de lo que unas semanas y pocos meses más tarde se nos volvería un genuino trauma como sociedad. Lo que inició con la nota que involucraba a más de 80 –y luego poco más de 60– estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa asesinados en la ciudad de Iguala, con el goteo de las horas y días se fue decantando en esta otra devastadora verdad que hoy conocemos y que continúa en total impunidad por la fuerza de los gobiernos mexicanos y de su Ejército cómplice: 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada. Tres más fueron los asesinados en los distintos eventos que conformaron esa larga noche de horror, y numerosas las víctimas que no pertenecían a la Normal.

2. El acompañamiento

Quienes hemos acompañado a familias y sobrevivientes, fuimos llegando poco a poco y según nuestras posibilidades a Tixtla, Guerrero, un pueblo que no conocíamos. Muchas y muchos de mis colegas podrán constatar que en esos primeros días en los campamentos improvisados por colectivos de diversas partes del mundo, gente solidaria, medios de comunicación, familiares y normalistas, lo que nos habitaba a todas y a todos era el horror en lo más profundo del corazón. Corrijo: no era el horror, sino una emoción más perturbadora, siniestra y desconocida. Una emoción que, hasta el día de hoy, no hemos sabido nombrar. El silencio que se vivía cada noche en el campamento de la cancha central, a pesar de la muchedumbre, era escalofriante. Más adelante algunas madres me compartirían una misma metáfora para ello: “Es como si cada mañana se te volviera a desgarrar el corazón”.
Después entendimos que no era fortuito: el Estado mexicano había operado muchos de sus medios, agentes, cómplices y recursos para sembrar el terror entre la población y quienes se atrevieran a acompañar el movimiento. “Si se meten en eso va a pasarles lo mismo”.
A la pregunta que le hacíamos ingenuamente a madres y padres de cuánto creían que tardarían en volver sus hijos, las primeras impresiones eran de que tan sólo días. Quizá unas semanas. En los dormitorios de los compañeros de clase entonces semivacíos se hablaba de lo mismo, pues los distintos niveles de gobiernos solían retener a los normalistas durante las represiones por las protestas.
Hoy se cumplen 10 años de esa esperanza. Una esperanza muchas veces rota.

3. La rabia

Las protestas nacionales e internacionales rompieron el cerco mediático al que el Estado quiso someter la información del caso para explicarlo como un asunto local. Aunque la represión recrudeció con los años no sólo contra los colectivos y organizaciones solidarias con el movimiento, sino contra las propias familias en su exigencia de justicia.
Tal vez el ícono más emblemático de este momento haya sido la quema de la efigie del ex presidente Enrique Peña Nieto en el zócalo de Ciudad de México. Peña Nieto y su secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, fueron los creadores detrás de la “verdad histórica” que hablaba de la incineración de los normalistas. El general Cienfuegos fue repatriado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la “verdad histórica” se volvió a presentar reeditada y con mayor indolencia ante la opinión pública para defender, a toda costa, a los militares.
4. El dolor

Durante estos 10 años, el único objetivo de las instituciones del Estado y sus representantes no ha sido sino burocratizar y administrar el horror y el sufrimiento. Esa burocratización del dolor no es más que una segunda etapa en esta guerra en la que los cuerpos los ponen las colectividades no combatientes, las colectividades sometidas y explotadas. México padece la estrategia de un narco-Estado que instauró una abierta pedagogía del terror. Y la autollamada Cuarta Transformación es su versión más acabada. Los militares deben volver a los cuarteles. Las cadenas de mando deben ser enjuiciadas civilmente.
El dolor Ayotzinapa y el dolor de las decenas de miles de víctimas de la guerra informal que esos mismos gobiernos capitalistas han promovido, requiere un nuevo tipo de justicia que surja desde abajo. La justicia digna y la sanación que necesita México jamás vendrán de arriba, mucho menos de una voluntad individualizada. No hay procesos de sanación y justicia reales si no toma parte de ellos la colectividad. Cualquier intento de darle continuidad a las prácticas impositivas de burocratizar las pérdidas, pasando incluso por encima del dolor de las víctimas, está destinado al fracaso. Las víctimas no quieren más consultas a modo. Los derechos no se someten a consulta. El dolor Ayotzinapa es un dolor que, como país, nos ha dejado sin palabras. Y, de nuevo, valdría la pena reconocerlo: el dolor Ayotzinapa es un trauma del que todavía no nos recuperamos. Ya no nos alcanza el llanto mientras acompañamos el caminar de las madres, los padres, los hermanos y de los hijos de Ayotzinapa. El dolor Ayotzinapa nos ha arrancado el sentido. De pronto contar hasta 43 en las marchas se vuelve tan descorazonador como contar el día de mañana por la masacre o desaparición de la semana: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas estima 14 diariamente. ¿Hasta cuándo?
El dolor Ayotzinapa nos demanda que pasemos a otra etapa del duelo y que recobremos ese sentido; que recobremos y que acuerpemos la palabra. Que pasemos a la ofensiva. Que nos acuerpemos como colectividad y recobremos la palabra valiente, humilde, honesta, fuerte y digna que, como pueblos y ciudades, nos quieren arrebatar a base de la pedagogía del terror. Necesitamos recuperar la palabra digna que nos haga no sólo gritar “Yo digo ya basta”, sino “Nosotrxs decimos ya basta y nos organizaremos y actuaremos en consecuencia”.