La crisis de violencia que están atravesando los pueblos de Chiapas es indignante y exige un inmediato cese por parte de los gobiernos. La guerra desatada y tolerada en Chiapas sólo se compara en magnitud con los niveles de inoperancia, sordera y complicidad de los distintos niveles de malos gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación.
En su afán neoliberal y con tal de impulsar el despojo y los llamados megaproyectos –tal como hizo el ex presidente Carlos Salinas de Gortari–, estos recientes gobiernos han mantenido una guerra contrainsurgente a conveniencia y en simbiosis con el crimen organizado y grupos paramilitares financiados por ellos mismos en el sur.
En su comunicado “Chiapas al borde de la guerra civil” del 19 de septiembre del 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya advertía una vez más la situación crítica de asedio, incertidumbre y violencia contra los pueblos organizados por parte de grupos paramilitares auspiciados desde el Estado. En esa ocasión lanzaron el llamado y la denuncia por el secuestro de dos compañeros zapatistas: José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, autoridades autónomas de la junta de buen gobierno de Patria Nueva, Chiapas.
Pero el secuestro de las autoridades autónomas se sumó a la posterior agresión armada del 22 de mayo del 2023 contra la comunidad Moisés Gandhi y bases de apoyo del EZLN. En el ataque fue baleado Jorge López Santiz, base de apoyo zapatista. Los perpetradores, una vez más –como han reportado organizaciones de derechos humanos– fueron miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).
A decir del EZLN en su comunicado, “la ORCAO es una organización político-militar de corte paramilitar, tiene uniformes, equipos, armas y parque obtenidos con el dinero que reciben de los programas sociales. Se quedan con una parte y la otra la dan a los funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo con el asistencialismo. Con esas armas disparan todas las noches contra la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi”.
En aquel episodio el EZLN agotó los canales posibles para la solución, en tanto que el gobierno estatal de Rutilio Escandón obstruía las negociaciones. Fueron organizaciones defensoras de derechos humanos y “la Iglesia católica progresista” las que valoraron con justeza lo que podría ocurrir. Si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, afirma el EZLN, fue por la intervención de los párrocos, las organizaciones, las movilizaciones y denuncias que hicieron eco en México y en Europa.
Desde entonces “el desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo todo lo posible por que se desestabilice al suroriental estado mexicano de Chiapas. Sus alianzas con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha”.
En un caso más reciente, este 7 de agosto, después de una intensa campaña en la que participaron colectivos, organizaciones y simpatizantes del EZLN, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) anunció la libertad de José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN y preso político cho’ol, luego de casi tres años de su detención arbitraria y tortura.
Este último hostigamiento contra comunidades indígenas abiertamente zapatistas lo relata El Capitán –antes conocido como Subcomandante Marcos y Galeano– en un texto titulado “Supongamos sin conceder” del pasado 8 de agosto: “Supongamos, sin conceder, que usted, como cho´ol, tuvo la mala suerte de nacer y vivir cerca de la finca de un personaje poderoso. Supongamos, sin conceder, que su nombre o gracia de usted es José Díaz Gómez, y está prisionero en una cárcel de Chiapas acusado de ser cho´ol y de… ser zapatista. Ahora, cambiando de canal, supongamos que usted puede tener acceso a lo que se dice en juzgados, estaciones de policía y cárceles de Chiapas. No sin pena ajena usted escucha lo siguiente: ‘Es zapatista, de los que critican y no apoyan al presidente. El jefe va a estar contento de que castiguemos a uno de los conservadores que se niegan a ser salvados por la modernidad y el progreso (o sea la 4T)’”.
O todo esto resumido en palabras del pensador Raúl Zibechi: “El progresismo es la ofensiva más fuerte contra los pueblos. Está envuelta con los códigos de los pueblos. Y eso representa la 4T. Una de las ofensivas más fuertes contra el EZLN”.
Alto a la guerra de la 4T contra las comunidades zapatistas.

 

METALES PESADOS

El 14 de septiembre de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió en el Centro Cultural Tlatelolco con colectivos y defensores de derechos humanos, es decir: representantes de víctimas de esta guerra, una de las causas con las que él realizó una campaña política cooptando las demandas de verdad y justicia. La expectativa y la confianza cifradas en ese primer –y último– encuentro eran altas, promisorias.
A pesar de la renuencia del equipo de AMLO, los seis ejes sobre los que los colectivos demandaron que discurriera dicha reunión para llegar a acuerdos fueron: 1) el diseño del sistema de justicia transicional; 2) la restructuración del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas; 3) el diseño de una comisión de la verdad; 4) la creación del sistema contra la impunidad con incursión de organismos internacionales; 5) la reparación integral del daño; y 6) la creación de un sistema de protección a víctimas y testigos.
La justicia transicional tiene que ver fundamentalmente con las víctimas. A decir del International Center for Transitional Justice, este proceso “se centra en sus derechos y dignidad como ciudadanos y seres humanos y busca la rendición de cuentas, el reconocimiento y la reparación de los daños sufridos. Al poner a las víctimas y su dignidad en primer lugar, la justicia transicional señala el camino a seguir para un contrato social renovado en el que se incluye a todos los ciudadanos y se protegen los derechos de todos”.
Sin embargo, contrario a la celebrada promesa central de López Obrador de impulsar un proceso de justicia transicional y devolver a los militares a sus cuarteles –tras brutales masacres extrajudiciales y desapariciones forzadas recientes en las que han participado, como Tlatlaya o Ayotzinapa–, con sus más de 100 mil efectivos patrullando el territorio mexicano, la llamada 4T ha puesto al mayor número histórico de militares en las calles para realizar labores de seguridad. El necronegocio va viento en popa.
Al día de hoy, la Guardia Nacional y el proceso de militarización de AMLO acumulan mil 912 quejas de casos de violaciones a derechos humanos de población civil. Entre ellas, ataques sexuales, abuso de la fuerza pública, tortura, tratos inhumanos y asesinatos. México ha recibido 318 recomendaciones internacionales de la ONU en contra del proceso de militarización que se ha llevado a cabo durante los últimos tres sexenios, pero que se ha recrudecido en el actual. Al conocerse que la Guardia Nacional pasaría a estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la ONU se pronunció por considerarlo “un retroceso en seguridad pública”; resaltó, además, que las fuerzas armadas no tienen un sistema de rendición de cuentas, por lo que en los casos de abusos y ejecuciones extrajudiciales impera, invariablemente, la impunidad.
No obstante, el proceso de militarización iniciado durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, continuado en el de Enrique Peña Nieto y robustecido sin precedentes históricos por López Obrador, tendrá ahora una nueva vida. La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha enfatizado abiertamente su deseo no sólo de que continúe la injerencia de los militares en labores civiles que no les corresponden, sino de que se concrete la imposición de un mando militar para la Guardia Nacional.
Serán esas mismas tropas militares que violan cotidianamente los derechos humanos las que se perpetúen en las calles con el uniforme de Guardia Nacional, imponiendo entre la población una pedagogía de la crueldad, sembrando una didáctica cotidiana del terror para la contrainsurgencia, la desmovilización y el despojo de los recursos, los cuerpos y el territorio.
Desde aquella lejana reunión de 2018 en Tlatelolco con los colectivos de víctimas de esta guerra, ellas gritaron muy claro su rechazo al perdón incondicional para los perpetradores de los crímenes que sufrieron sus familiares y que proponía AMLO. Ellas continúan exigiendo hasta hoy verdad, memoria, reparación, no repetición y justicia. Pero han sido traicionadas una y otra vez. Tan sólo en el sexenio terminal de AMLO las cifras de horror de los crímenes consecuencia de la guerra se dispararon a niveles históricos: casi 200 mil asesinatos dolosos y poco menos que 50 mil desapariciones.
La máxima traición del primer gobierno de la 4T a las víctimas y sus familias no sólo consistió en ignorarlos por completo en cuanto tomó el poder: también empoderó como nunca a los perpetradores de esos crímenes.
Hoy, más que nunca, se vuelve vital como sociedad organizarnos, re-imaginar y desmontar los dispositivos del necropoder en los convulsos tiempos militaristas de la que se llama a sí misma “Cuarta Transformación”.

 

En abril de este año fue aprobado por el Senado el dictamen para la Ley de Amnistía propuesta por el titular saliente del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Hace dos semanas entró en vigor esta ley, sin importar –como muchísimas de las políticas de la “Cuarta Transformación”– que el proyecto sea una ley totalmente contraria a los estándares internacionales.
A decir de AMLO, la Ley de Amnistía tiene la finalidad de facultar al presidente de la República a que pueda otorgar amnistías discrecionales a personas sentenciadas o bajo proceso penal. Pero esto solamente en caso de que aporten información fidedigna para el esclarecimiento de casos notables para el Estado mexicano.
AMLO está desesperado. Tiene demasiada prisa. Y, como muchas cosas en su gobierno, la urgencia termina siendo la mejor hermana de la incompetencia, de la corrupción y de la injusticia.
Esta iniciativa tiene una dedicatoria muy clara. La Ley de Amnistía –en palabras del propio representante del Ejecutivo– lleva como sustrato la verdadera urgencia a última hora de la más oprobiosa de sus muchas mentiras de campaña incumplidas: el caso Ayotzinapa.
No obstante, a diferencia de otras experiencias internacionales donde están vigentes leyes similares para la amnistía acompañadas de procesos de justicia transicional, la nueva ocurrencia en el contexto mexicano no termina de ser del todo clara –y ecuatorialmente distanciada del prometido escenario abrazado por dicho proceso de justicia transicional. No es clara ni en sus alcances ni en su discrecionalidad. Mucho menos en su propósito supuestamente original a unos meses de que AMLO abandone su cargo: dar con la verdad y la justicia para dolorosos casos de lesa humanidad en los que el Estado mexicano ha sido cómplice y solapador. Como el de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa.
A pesar de la voluntad desnudamente política de AMLO, voces críticas como la del especialista en derecho internacional y justicia transicional Jacobo Dayán en su espacio de Aristegui Noticias, han asegurado que esto no es mínimamente suficiente para resolver el caso Ayotzinapa y que “el presidente busca una facultad extralegal para lograrlo”. Dayán ha advertido desde hace mucho tiempo que “el presidente busca cerrar el caso Ayotzinapa antes de terminar su sexenio”, y ahora lo intenta mediante la liberación de algunos implicados a cambio de información. Es decir: un carpetazo insensible al vapor antes de bajar las cortinas y largarse. La Ley de Amnistía de AMLO resulta, en opinión de Dayán, “totalmente contraria a los estándares internacionales”.
Digámoslo con todas sus letras: ante la falta a su palabra para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, y su subordinación evidente a las fuerzas armadas que participaron en esa desaparición, AMLO busca ya desesperadamente la facultad de liberar a un puñado de personas para decir que resolvió el caso Ayotzinapa. Y lavarse las manos. Aun a costa del dolor y la falta de justicia y verdad para los centenares de familiares y sobrevivientes de entre los estudiantes.
Esta ley no sólo puede calificarse, por tanto, de una nueva simulación para esclarecer crímenes de lesa humanidad sino, en los hechos, de un arma más para la acumulación regresiva del poder unipersonal de la Presidencia en los años sucesivos. Como en el maximato. O en la época dorada del PRI.
“Lo que está buscando AMLO es una facultad extralegal –reitera Dayán–, porque cuando se litigue en la Suprema Corte, o incluso en tribunales internacionales, México lo va a perder. Es un hecho. Hay antecedentes. Hay que recordar las amnistías argentinas que se tuvieron que echar para atrás. Cuando se trata de esos crímenes no hay amnistía”.
Mientras tanto, el pasado 26 de junio –al cumplirse 116 meses del operativo estatal contra los normalistas en Iguala– madres y padres de los 43 y sus representantes legales denunciaron que la Fiscalía General de la República se encuentra buscando y analizando restos óseos en el área, negando los avances de los últimos 10 años de los peritos de las familias y los organismos internacionales.
¿Será que con estos últimos movimientos, tanto del Ejecutivo como de la Fiscalía, se pretende construir una desesperada e improvisada “verdad histórica” como la de Enrique Peña Nieto a unos cuantos meses de que termine este gobierno? Muchas y muchos quisiéramos pensar que no. Pero, para quienes hemos acompañado y estado cercanos a Ayotzinapa, la miseria humana y la incondicionalidad al poder militar de AMLO nos ha contradicho una y otra vez durante los últimos seis años.

 

1. Abel García Hernández.
2. Abelardo Vázquez Penitén.
3. Adán Abrajan De la Cruz.
4. Han pasado 116 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
5. Antonio Santana Maestro.
6. Alexander Mora Venancio.
7. Benjamín Ascencio Bautista.
8. El próximo 26 de septiembre se cumplirán 10 años y dos gobiernos federales sin que se esclarezca el caso.
9. Bernardo Flores Alcaraz.
10. Carlos Iván Ramírez Villarreal.
11. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz.
12. El ocupante de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, finalizará en unos meses sus obligaciones sin otorgarles verdad ni justicia a los familiares y sobrevivientes.
13. César Manuel González Hernández.
14. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
15. Cristian Tomás Colón Garnica.
16. El propio Alejandro Encinas –antiguo subsecretario de Gobernación, en el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj)– afirmó que Omar García Harfuch fue uno de los funcionarios que tuvieron reuniones relacionadas con la “verdad histórica”.
17. Cutberto Ortiz Ramos.
18. Dorian González Parral.
19. No obstante, Encinas abandonó a su suerte la comisión del caso sin hacerse responsable con tal de perseguir su ambición política. No sólo se retractó por sus palabras, sino que avaló la candidatura del propio García Harfuch como senador por Cdmx.
20. Emiliano Gaspar de la Cruz.
21. Everardo Rodríguez Bello.
22. Felipe Arnulfo Rosas.
23. García Harfuch recibió su constancia como senador y el apoyo público de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Esto le otorga fuero y lo vuelve intocable a pesar de las líneas de investigación que lo vinculan con la construcción de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas en la que él participó.
24. Giovanni Galíndez Guerrero.
25. Israel Caballero Sánchez.
26. Israel Jacinto Lugardo.
27. El tercer debate de las aspirantes a la presidencia de la República tuvo lugar en el Centro Cultural Tlatelolco. La entonces candidata Claudia Sheinbaum afirmó su compromiso con las luchas estudiantiles y su compromiso por la verdad y justicia en el caso Tlateloco. Mentira.
28. Jesús Giovanni Rodríguez.
29. Jhosivanni Guerrero De la Cruz.
30. Sheinbaum evitó a toda costa mencionar el paralelismo hiriente y obvio entre la matanza de Tlatelolco y el caso Ayotzinapa. ¿Por qué?
31. Jonás Trujillo González.
32. Jorge Álvarez Nava.
33. Pero, sobre todo, Sheinbaum evitó recordar que entre los perpetradores de la masacre de Tlatelolco y la represión llevada a cabo en ese tiempo por el régimen del PRI se encontraban Javier García Paniagua (titular de la Dirección Federal de Seguridad, policía política de entonces) y Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en 1968 y quien comandó a los militares en esa masacre.
34. Jorge Aníbal Cruz Mendoza.
35. Jorge Antonio Tizapa Leguideño.
36. Jorge Luis González Parral.
37. Es decir: el padre y el abuelo de su protegido Omar García Harfuch.
38. José Ángel Campos Cantor.
39. José Ángel Navarrete González.
40. José Eduardo Bartolo Tlatempa.
41. Tlatelolco y Ayotzinapa cierran un círculo dinástico de represores y asesinos en el poder. Pero también delinean la clara simbiosis entre el viejo régimen del PRI y su mutación llamada Morena.
42. José Luis Luna Torres.
43. Julio César López Patoltzin.
44. Leonel Castro Abarca.
45. AMLO y su movimiento-partido Morena han traicionado a las familias y normalistas de Ayotzinapa múltiples veces durante los últimos seis años.
46. Luis Ángel Abarca.
47. Luis Ángel Francisco Arzola.
48. La primera traición a Ayotzinapa, que hoy persiste, ocurrió el 25 de mayo de 2018 en Iguala. En campaña electoral, López Obrador prometió delante de padres y madres de los 43 normalistas que, tan pronto como “triunfara” el movimiento que él encabezaba, habría justicia para los jóvenes de Ayotzinapa. Pero él ya se va. Y la justicia jamás llegó.
49. Magdaleno Rubén Lauro Villegas.
50. Marcial Pablo Baranda.
51. El último agravio ocurrió el 3 de junio pasado. Tras posponer el mayor tiempo posible una reunión con las familias y sus representantes por motivos electorales, AMLO se reunió con ellos. Todo para que familiares y abogados declararan contundentemente al término de la reunión: “No hay avances sustantivos”.
52. Marco Antonio Gómez Molina.
53. Martín Sánchez García.
54. Mauricio Ortega Valerio.
55. Un agravio más a Ayotzinapa ocurrió cuando el gobierno abandonó a su suerte a madres y padres de los normalistas desaparecidos que debieron vérselas por sí mismos en la búsqueda de sus hijos. Es responsable, por tanto, de las muertes de Minerva Bello, Bernardo Campos y Tomás Ramírez.
56. Miguel Ángel Hernández Martínez.
57. Miguel Ángel Mendoza Zacarías.
58. Saúl Bruno García.
59. Los agravios del gobierno de AMLO a Ayotzinapa ocurren, además, cada vez que refuerza su protección incondicional a los militares implicados en el caso. Comenzando por el rescate del general Salvador Cienfuegos –que era el secretario de la Defensa Nacional el 26 de septiembre de 2014– de una Corte de Nueva York por cargos de narcotráfico. AMLO manifestó en 2018 su desacuerdo con quienes afirmaban que si se aclaraba lo ocurrido la noche de Iguala se afectaría al Ejército. Sin embargo, hoy protege a toda costa a ese mismo Ejército, hace acuerdos bajo la mesa para garantizar la impunidad de los militares, persigue y ataca a quienes han demostrado la participación castrense durante la noche de Iguala y a los fiscales especiales como Omar Gómez Trejo, que hoy está exiliado. No sólo eso: se niega a entregar la información militar requerida para las líneas de investigación que apuntan claramente a los militares. AMLO hoy afirma, contradiciendo el ethos de toda su campaña electoral, que no, “no fue el Ejército”.
60. Es el Ejército. Desencuartelen la verdad.

 

En México se vive cotidianamente una crisis de personas desaparecidas. Esta crisis se suma al desbordamiento e inoperancia por los que hace años está transitando también el sistema forense en todo el país. El papel del Estado en estas materias, se sabe, lo han tenido que asumir y llevar a cuestas las familias de las y los desaparecidos. La administración federal se ha dedicado a hacerse de la vista gorda sobre las decenas de miles de desapariciones con fines electorales, pero no solamente: ha operado además un censo a modo para desaparecer a los desaparecidos. Esto, con miras exclusivamente políticas. Lo que la llamada Cuarta Transformación se empecinó en denominar “humanismo mexicano” parece haber derivado en un “ostracismo del gobierno mexicano”, incapaz de sensibilizarse o empatizar mínimamente con las miles de familias y madres buscadoras. Todo en aras de no perder votos en las urnas.
Ante el negacionismo tozudo y sistemático de la administración de Andrés Manuel López Obrador –y a muy pocos meses de su término–, familiares y colectivos de familias de personas desaparecidas de todo el país han retomado una campaña de hackeo simbólico a las elecciones partidistas para el próximo 2 de junio. O como las promotoras de la iniciativa lo asientan en su página votaxdesaparecidos.wordpress.com:
“Las acciones que realizamos las familias no son nuevas ni en contra de un sector político en concreto, tenemos años exigiendo a todos los gobiernos que asuman su responsabilidad en la búsqueda y localización de nuestros familiares. Quizás lo que ocurre cuando se preguntan ¿dónde estaban antes?, en un intento de desacreditar nuestra lucha, la pregunta debería de ser: ¿dónde han estado todos estos años que no nos habían visto?”.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han redactado un documento técnico detallado y puntual sobre su propuesta de las y los votantes sobre cómo votar por una persona desaparecida. Lo que equivale a un método de acción directa en un sistema secuestrado por un grupúsculo de partidos políticos perpetuados en el poder durante las últimas décadas. En la introducción del documento titulado Votar por las personas desaparecidas se explica que “Las personas desaparecidas en México constantemente son víctimas de la desaparición de su cuerpo, de su nombre, de su historia, de su rostro, en un intento del Estado por borrar a todas aquellas personas que han sido víctimas de desaparición. Frente a eso se tienen las acciones que desde las familias de personas desaparecidas se han realizado para evitar que las personas desaparecidas queden en el olvido”.
El documento reafirma un tema central sobre el que las campañas electorales vigentes de los partidos políticos han guardado un silencio cómplice: la crisis de desapariciones en el país. “Ante un escenario en el que se ha mostrado un desprecio del Estado y se ha consolidado el pacto de impunidad que tiene desaparecidas a más de 100 mil personas y un proceso electoral en el que la crisis de desaparición ha sido un tema absolutamente ausente, se hace necesaria una acción de protesta que genere que distintos actores sociales y políticos se pronuncien en el marco de la próxima elección del 2 de junio”.
En la propuesta para visibilizar un problema capital al que el Estado cómplice ha recortado recursos, oídos y corazón, los colectivos recuerdan que, en uno de sus primeros actos como presidente electo, en 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió: “Vamos a sacar al país de esta tremenda desgracia (la crisis de desapariciones), vamos a estarnos viendo, va a ser reunión permanente (…) Yo les aseguro que va a haber cambios, que no va a ser lo mismo, que no voy a fallarle al pueblo”. El discurso lo dio frente a decenas de familiares de personas desaparecidas en el marco de los Diálogos por la Paz, la Verdad y la Justicia convocados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 14 de septiembre de 2018.
Dicen los zapatistas que lo único que tenemos es la palabra. Pero, en una acción todo menos solidaria y ética, López Obrador, no obstante, falló a su palabra, jamás volvió a recibir a familiares de víctimas y se negó contundentemente a reunirse con ellas y con ellos, tachándolos de “adversarios”, de “provocadores”, de realizar “politiquería” y pretender “manchar la investidura presidencial”.
En vista del inminente voto nulo en todo el país, en su documento los colectivos llaman a utilizar la boleta electoral para visibilizar la tragedia sin atención estatal de las desapariciones forzadas escribiendo el nombre de algún desaparecido. Y van más allá, pues “en las plataformas electorales presentadas por los partidos políticos no se encuentran propuestas concretas y desarrolladas sobre cómo se abordaría la problemática de las desapariciones”. Es decir: los desaparecidos han desaparecido de origen también en las plataformas de los partidos-políticos-franquicia.
La plataforma votaxdesaparecidos.wordpress.com incluye un listado de nombres de personas desaparecidas por distrito por las que se puede votar legalmente. Dado que jurídicamente una persona en calidad de desaparecida tiene derecho a votar y ser votada según la Constitución, las familias desoídas y ninguneadas por el poder nos llaman esta vez a visibilizar en cada distrito electoral a uno de sus seres desaparecidos.
Hasta que la dignidad se haga costumbre.

 

Pegasus es el potente software de espionaje contratado por gobiernos en todo el mundo para vigilar a periodistas, activistas, disidentes políticos y opositores. Pegasus fue desarrollado por el grupo israelí NSO Group. Se trata, a decir de especialistas y organizaciones, de un programa bastante sofisticado. Se ha vendido a gobiernos de Estados-nación que enarbolan la excusa retórica del “combate al terrorismo” o la “guerra contra las drogas” para instaurar una permanente vigilancia contra sus pueblos.
Pegasus es un spyware que es capaz, entre otras múltiples funciones de vigilancia, de activar el micrófono y la cámara del teléfono celular en tiempo real desde un panel de control remoto. Aunque para su instalación requiere forzosamente lo que se conoce como “ingeniería social”. En el contexto de seguridad informática, se le llama así a la manipulación sicológica o a un truco basado en la confianza de la víctima para cometer un fraude en su contra, dar acceso a su información o tomar decisiones que no son de su interés. Estas funciones las llevan a cabo personas infiltradas –militares en algunos casos– en los movimientos sociales y organizaciones políticas. Estos infiltrados suelen ganarse la confianza de la gente para, mediante el uso abusivo de los dispositivos, instalar el spyware o, en su defecto, hacer que activen ligas comprometedoras a enlaces en mensajes de texto mediante los llamados exploits. Una vez infectado el dispositivo telefónico, Pegasus funciona como geolocalizador: esto le permite a militares y gobernantes conocer con exactitud en tiempo real dónde se encuentra la persona propietaria del celular y todos sus movimientos; pero además les da la oportunidad de tener acceso a sus contraseñas, micrófono, cámara y actividades en redes y aplicaciones.
El primer caso conocido de infección maliciosa por Pegasus en un sistema iOS ocurrió en agosto de 2016. El defensor de derechos humanos árabe Ahmed Mansoor recibió un mensaje de texto donde le eran prometidos “secretos” sobre la tortura en las prisiones de Emiratos Árabes Unidos, seguido de un enlace. Mansoor envió el enlace al equipo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, quienes le confirmaron, en efecto, la violación a su privacidad.
El spyware Pegasus cobró notoriedad a partir de que se dio a conocer periodísticamente que los gobiernos de México se convirtieron en sus mayores usuarios en el mundo. No es una exageración. Una investigación de The New York Times de 2023 revela que “ningún lugar ha tenido más experiencia con las capacidades y los peligros de esta tecnología que México, el país que inauguró su difusión por todo el mundo”.
Si bien ha sido revelado que el gobierno del expresidente Peña Nieto abusó del software espía para mantener la vigilancia sobre abogados, periodistas y familiares que han acompañado el caso Ayotzinapa –entre muchos otros–, está igualmente documentado que durante el sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se han mantenido vigentes los acuerdos con la compañía israelí de inteligencia encargada de Pegasus y que también se ha recrudecido el acecho contra la privacidad e información de defensores, activistas, disidentes políticos y familiares de víctimas.
Según The New York Times en su reportaje del 18 de abril de 2023, “México comenzó a utilizar la herramienta de vigilancia contra civiles que se enfrentaban al Estado, abusos que el país insiste en haber detenido. Pero el Times descubrió que México sigue utilizando Pegasus para espiar a personas que defienden los derechos humanos, incluso en meses recientes”.
A pesar de la negativa del Poder Ejecutivo para reconocer las pruebas que implican el espionaje militar contra la sociedad civil durante la presente administración, el contrato millonario con la compañía israelí NSO Group para el empleo de Pegasus continúa vigente con el propio dinero del pueblo.
En este contexto –a un año de que se comprobara mediante el propio Citizen Lab de la Universidad de Toronto que dos de sus integrantes han vuelto a ser víctimas de espionaje con este mismo spyware y dado el asedio mediático y descalificaciones cotidianas de AMLO a causa del acompañamiento que hacen a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, el Centro Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos (Centro Prodh) hizo un enérgico llamado: “1. A que autoridades investiguen estos ataques de forma exhaustiva, imparcial y transparente. 2. Que cese la retórica estigmatizante desde el poder hacia organizaciones defensoras de derechos humanos. 3. Y a la comunidad internacional que siga atenta a exigir el fin de la impunidad”.

 

El escritor británico J.G. Ballard publicó en 1965 la novela La sequía. En la distopía apocalíptica de La sequía grandes cantidades de polímeros derivados de desechos industriales –hoy los llamarían “microplásticos”– conforman con una velocidad alarmante una corteza sintética sobre la superficie de los océanos. Este fenómeno adelantado en su tiempo en la ficción por Ballard impediría eventualmente la evaporización y condensación del agua y, por lo tanto, la consecuente generación de lluvias.
El escenario geopolítico que se crea en el planeta a partir de esta sequía propiciada por el sistema de explotación capitalista y sus desechos, es llevado a un punto extremo por la brillante imaginación de Ballard: las guerras que están exterminando a las poblaciones son ahora por el dominio de las costas cada vez más replegadas.
La novela protagonizada por el anti-héroe Charles Ransom recorre un arco amplio que va desde las primeras advertencias e indicios de la sequía hasta las últimas batallas post apocalípticas donde el instinto individualista campea con tal de hacerse de un poco de agua para la más elemental supervivencia –igual que en muchos relatos del imaginario colonial europeo y estadunidense, como La carretera de Cormac McCarthy. Lo que se echa de menos en este tipo de género distópico es el vislumbre de la aparición de focos de resistencias o colectividades organizadas para hacerle frente a una crisis civilizatoria.
El Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua ha actualizado sus reportes sobre las inusuales sequías en todo el territorio hasta el 31 de marzo de este año. Y resultan alarmantes. Esta herramienta de monitoreo contiene los municipios afectados por alguna condición: “desde anormalmente seco (D0) hasta sequía excepcional (D4). Para el periodo 2003 a 2015 se asignó la categoría de sequedad o sequía (D0 a D4) cuando la categoría cubría al menos el 40 por ciento de la superficie de dicho municipio”. Es inquietante constatar un creciente avance de las extensas zonas marcadas en rojo (D4) en las representaciones gráficas del monitor por todo el país.
A estados que típicamente pasan por periodos de sequía se les han sumado otros como Oaxaca que transitan por distintos niveles de sequía. La capital de Oaxaca vive una crisis hídrica causada por las mineras de los valles, embotelladoras y la gentrificación sin freno. Actualmente, siguiendo estos datos, 75 por ciento del país padece distintos grados de sequía. De ellos, 45 por ciento se considera severa y 28 por ciento extrema.
A este avance del fenómeno lo suelen acompañar los megaproyectos de extracción y despojo en zonas usualmente industriales, como Nuevo León o Querétaro; pero, a partir de hace unos años de administración federal, también en zonas del sur y sureste mexicanos que contenían hasta hace poco la mayor biodiversidad y suficiencia hídrica.
En este contexto se realizó la IV Asamblea Nacional por el Agua y la Vida convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), los pasados 23 y 24 de marzo. Ahí se dieron cita 154 colectivos, redes, organizaciones, pueblos originarios y comunidades indígenas. Los ejes de trabajo fundamentales sobre los que se generaron acuerdos para continuar la lucha contra el despojo partidista, patriarcal y capitalista que se lleva a cabo durante el presente gobierno federal fueron: 1) Militarización, crimen organizado y violencia de Estado-empresas contra defensores del territorio. 2) La participación y resistencia de las mujeres en la defensa del agua y la vida. 3) Autonomía y autodeterminación de los pueblos frente a políticas gubernamentales contra el despojo del agua. 4) Los bosques y montes como forma de vida amenazada. 5) Ordenamiento territorial, proyectos de urbanización y turismo como mecanismos de despojo. 6) Frente a la guerra capitalista construyamos “el común” zapatista.
“Defendemos nuestro territorio con nuestros cuerpos y acciones ante el saqueo de la minería, la tala, la extracción y contaminación de agua, impidiendo la entrada de maquinaria de los despojadores y recuperando espacios del poder y el capital, convirtiéndolos en lugares donde se construye ‘El Común’ (cultura, educación, alimentación, salud, trabajo)”, se afirma en la declaratoria final. “Ejemplos tenemos, como es La Casa de los Pueblos y Comunidad; Altepelmecalli, en la toma de Bonafont; el centro comunitario El Amate en Juan C. Bonilla, y la Biblioteca comunitaria Tlalmachtiloyan en San Gregorio Atlapulco”.
Y concluye: “Por todo lo anterior y ante la omisión del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos, las garantías individuales y nuestros derechos constitucionales; pero que en contraste, este sistema de muerte, impone al pueblo de México una Guerra de Exterminio. Desde la IV Asamblea Nacional por el Agua y la Vida llamamos a fortalecer la autonomía, la autodeterminación, la colectividad, velar por nuestros derechos, coordinar el cuidado y defensa del territorio, nuestra madre tierra, el agua y por ende la Vida, dejamos una pregunta: ¿Cómo nos vamos a organizar para destruir este sistema capitalista que impone un régimen de concesiones, cómo nos vamos a organizar para que el agua y la tierra dejen de ser una mercancía y pasen a ser un derecho de todos, es decir, un bien común?”.
Quizá las palabras en la distopía de Ballard por el agua puedan ser evitadas así, mediante el llamado hacia El Común zapatista: “La lluvia… Al recordar que la palabra había tenido algún sentido, Ransom miró el cielo. Ni una nube, ni una gota de vapor empañaba la fuerza del sol que colgaba allá arriba como un genio siempre solícito. La misma luz invariable, un palio amarillo esmaltado que embalsamaba todo en calor, cubría los campos y caminos al borde del río”.

 

 

La traición a Ayotzinapa ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La traición a Ayotzinapa ocurrió cuando, bajo la oleada de indignación y de protestas por todo el país, Peña Nieto llamó a “superar” el caso y promovió una “verdad histórica” ignominiosa.
La traición a Ayotzinapa viene ocurriendo en los últimos 98 años, a la par de la lucha histórica por la supervivencia de las normales rurales que dan educación y dignidad a miles de hijos de campesinos.
La traición a Ayotzinapa ocurrió cuando los gobiernos asesinaron a Lucio, a Genaro. Pero también ocurrió cuando asesinaron a Alexis y Gabriel el 12 de diciembre de 2011. Ocurrió cuando le arrancaron el rostro a Julio César y cuando dispararon a sangre fría a Daniel y a Julio.
La traición a Ayotzinapa ocurrió cuando el gobierno abandonó a su suerte a padres y madres de los normalistas desaparecidos que debieron vérselas por sí mismos en la búsqueda de sus hijos. Es responsable, por tanto, de las muertes de Minerva Bello, Bernardo Campos y Tomás Ramírez.
La traición a Ayotzinapa que hoy persiste también ocurrió el 25 de mayo de 2018 en Iguala. En campaña electoral, el hoy ocupante de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, prometió delante de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos que, tan pronto como “triunfara” el movimiento que él –y nadie más que él– encabeza, habría justicia para los jóvenes de Ayotzinapa. Pero él ya se va y la justicia jamás llegó.
La traición a Ayotzinapa ocurre cada vez que se refuerza la protección incondicional del hoy ocupante del palacio a los militares implicados en el caso. Comenzando por el rescate del que era titular de la Secretaría de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, de una Corte de Nueva York por cargos de narcotráfico. AMLO manifestó en 2018 su desacuerdo con quienes afirmaban que si se aclaraba lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, se afectaría al Ejército. Sin embargo, hoy protege a toda costa a ese mismo Ejército, hace acuerdos bajo la mesa para garantizar la impunidad de los militares, persigue y ataca a quienes han demostrado la participación castrense durante la noche de Iguala y al fiscal especial Omar Gómez Trejo, hoy exiliado. No sólo eso: se niega a entregar la información militar requerida para las líneas de investigación que apuntan claramente al Ejército. AMLO hoy afirma, contradiciendo el ethos de toda su campaña electoral, que no, “no fue el Ejército”.
La traición a Ayotzinapa tuvo lugar también cuando Omar García Harfuch fue cobijado por Morena, AMLO y Claudia Sheinbaum. La libreta de contactos de Sidronio Casarrubias –líder del grupo criminal Guerreros Unidos implicado en la simbiosis entre Estado y crimen organizado en torno al caso Ayotzinapa– fue obtenida tras su captura en 2014. Pero se le ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: en ella aparecía García Harfuch, entonces coordinador estatal de la Policía Federal –corporación también implicada en el caso–. A sabiendas de esto, y contrario a las demandas de madres y padres de Ayotzinapa al respecto, García Harfuch fue nombrado posteriormente secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México bajo el respaldo de Morena y de la jefa de gobierno ahora candidata presidencial Claudia Sheinbaum. García Harfuch participó en las reuniones de trabajo de autoridades estatales y federales para conformar la “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam y promovida por el ex presidente Peña Nieto, en la que se afirmaba que los 43 normalistas fueron incinerados.
La traición a Ayotzinapa ocurre hoy mismo, durante la mayor crisis de desapariciones en la historia. Ocurre cuando el gobierno de la llamada Cuarta Transformación deja a su suerte a familias buscadoras por todo el país, les cierra las puertas y el corazón e impone un oprobioso y enrevesado censo nacional de desaparecidos que rasura las cifras con meros fines electorales. Instauraron la desaparición oficial de los ya desaparecidos.
La traición a Ayotzinapa sucede cada vez que AMLO criminaliza, estigmatiza y se burla –llamándoles “fresas” y “seudo estudiantes”– a los compañeros de los 43 normalistas que han exigido justicia frente a las puertas de su palacio.
La traición a Ayotzinapa ocurrió cuando policías estatales de Guerrero asesinaron a sangre fría al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo. Tan sólo 35 horas antes, Yanqui había exigido justicia para los 43 normalistas desaparecidos junto a sus compañeros de academia frente al palacio de AMLO. Pero el presidente sólo se burló de ellos desde su conferencia diaria mostrando una resortera y tachándolos de provocadores.
Justicia para Ayotzinapa. Justicia para Yanqui Kothan.

 

Este 2 de marzo la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa cumplió 98 años. Prácticamente un siglo de plantar la constante semilla de la consciencia y la resistencia no sólo entre la gente de abajo, sino también en ciudades y más allá de las fronteras. Durante las últimas décadas Ayotzinapa ha llevado a la práctica la máxima del movimiento zapatista: “La educación es el corazón de la autonomía”.
Sin embargo, en la capital del país, el aniversario de un bastión como Ayotzinapa en resistencia en momentos presentes de una guerra informal en Guerrero y en todo México, pareció pasar inadvertido para los de arriba. El proyecto autodenominado “Cuarta Transformación”, como ha hecho con otras tantas decenas de miles de familias en México, le dio la espalda a los familiares de Ayotzinapa. Literalmente. Las imágenes del pasado 1 de marzo fueron, en efecto, elocuentes: durante el inicio de la campaña en el Zócalo de la Ciudad de México para ocupar nuevamente el poder partidista en la presidencia del país, Morena –que, no hay que olvidar jamás, se colgó del dolor de las víctimas de Ayotzinapa para ocupar el poder– le dio la espalda a las familias de los desaparecidos. Y no sólo eso: su candidata Claudia Sheinbaum no dedicó ni una sola palabra a las familias que tuvo todo el tiempo delante de ella.
Por kafkiano que pueda resultar, parecería que para el gobierno de la Cuarta Transformación los desaparecidos, simplemente, han desaparecido.
En la novela El castillo, de Franz Kafka, el personaje K intenta, sin éxito, ser recibido en el palacio donde habitan quienes gobiernan al pueblo. Los esfuerzos infructuosos del protagonista de la novela inconclusa de Kafka por ser recibido en una audiencia dentro del palacio son interminables, frustrantes y, a últimas cuentas, imposibles. A lo largo de esas páginas, el aparato laberíntico del Estado que retrata Kafka resulta infranqueable.
De idéntica manera –con cambios de colores de partidos de por medio– las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el narco-Estado mexicano han tenido que sortear durante casi una década un sistema enmarañado en aras de conocer el paradero final de sus hijos. Un sistema que ha burocratizado el dolor sin fin de las víctimas para no evidenciar su profunda corrupción y su simbiosis con el crimen organizado.
A falta de resultados sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los evidentes retrocesos a lo largo de la administración de Andrés Manuel López Obrador para proteger al Ejército y a los militares de todos los rangos involucrados en la desaparición forzada, desde el pasado 27 de febrero las familias de los desaparecidos instauraron un plantón permanente delante del Palacio Nacional, sin que sus demandas y dolores, como en El castillo de Kafka, sean ya siquiera escuchados.
Vidulfo Rosales, representante legal del movimiento integrado por familias de Ayotzinapa, declaró a El Sur: “Nos queda claro que este gobierno ha fracasado en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, nos queda claro que este gobierno ha incumplido una promesa que hizo pública de esclarecer a cabalidad los hechos. Lo que hace (AMLO) es empezar y desplegar una andanada de descalificaciones ya contra los expertos, ya contra los abogados, ya contra el ex fiscal. Culpando, tratando de culparnos de su incompetencia, tratando de culparnos de su incapacidad, cuando tiene un fiscal especial en el caso Ayotzinapa, que es su amigo, que es un inepto frente a la institución, no ha impulsado las líneas de investigación”.
Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, frente a Palacio Nacional, en el frío de la placa de concreto mientras el presidente de México dormía plácidamente sin prestarles atención a ella ni a las otras madres, dijo: se cumple “otro día más. Es de noche y estamos en el plantón. Tenemos que resistir. Por el amor a nuestros hijos seguiremos aquí. Deben asumir sus responsabilidades. Es el Estado y seguirá siendo el Estado. Pues aunque tengan sus campañas, aunque sea un color diferente, tienen la culpa de haber desaparecido forzadamente a 43 muchachitos que su único pecado es querer ser maestros y alzar la voz”.
Ante las crecientes protestas por la falta de avances sobre el caso Ayotzinapa y la abierta protección a los militares que participaron en la desaparición de los estudiantes, Andrés Manuel López Obrador está siguiendo al pie de la letra la misma estrategia de su antecesor Enrique Peña Nieto: ni les presta oídos, ni les presta corazón. Cobija al Ejército.
Y tal como parece concluir Kafka en su novela El castillo, miles de familiares de víctimas de esta guerra tienen que enfrentarse así, cada día, a un monstruoso sistema de gobierno creado por humanos pero que, a fin de cuentas, es todo, menos humano.

 

En su más reciente texto en estilo epistolar en la revista Proceso, Javier Sicilia –como lo hizo con los dos administradores anteriores del narco Estado mexicano– le recrimina a Andrés Manuel López Obrador con justeza: “Nunca sabremos el motivo de tu traición y desprecio. Lo cierto es que al final de tu sexenio, fracasado y, como tus antecesores y la mayoría de los criminales en México, terminarás impune. Llevas contigo no sólo las más de 170,000 víctimas que hasta el momento ha cobrado tu sexenio, sino también las más de 300,000 que cobraron los gobiernos de Fox, Calderón y Peña. También las de la Guerra Sucia que, junto con Ayotzinapa, nunca resolviste. Dejas, con ello, un país más destruido y más capturado por el crimen organizado, la degradación moral, el odio, la impunidad, la inseguridad y la normalización del infierno. Eres la continuación de lo que decías despreciar y en realidad amabas”.
Alguna vez coincidí con el poeta Javier Sicilia. Ocurrió en marzo de 2015 por invitación del maestro Francisco Toledo para inaugurar junto a ellos la muestra de carteles por Ayotzinapa en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Entre los asistentes estuvo, en primera fila, una comisión de familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Al final del evento, el maestro Toledo compartió con los familiares 43 papalotes con los rostros de cada uno de los estudiantes desaparecidos por el Estado mexicano. (Años después tuve todavía oportunidad de contarle al maestro Toledo que muchas de las familias prefirieron atesorar esos papalotes en sus casas y otras más colocarlos en las butacas vacías de los muchachos en la Normal).
Pero ¿qué sentido tiene, entonces, la poesía, el arte, cuando como sociedad habitamos un infierno impuesto por gobiernos con políticas esencialmente de muerte?
En la masacre del 28 de marzo de 2011 en Morelos, donde fueron acribilladas siete personas más dentro de esta absurda guerra que prevalece hasta hoy, al joven hijo de Sicilia, Juan Francisco, como a miles de otros hijos a lo largo de estas últimas décadas, le arrancaron la vida de la forma más absurda. El viejo régimen del PRI, afirmó Sicilia en aquella ocasión, creyó que podría administrar el infierno. Administrar el infierno de la guerra que inauguró Felipe Calderón y que continuaron Enrique Peña Nieto y, hoy en día, AMLO bajo la oprobiosa máxima de “abrazos, no balazos”.
Se trata de una guerra que ha sembrado miles de casos dolorosos como el del propio poeta. Casos tan obscenos –es decir, todo aquello que por su horror debiera estar “fuera de escena”, no existir siquiera– que no hay una palabra en ningún idioma para nombrarlos. Si para los hijos que pierden a sus padres muchas lenguas los nombran huérfanos, para la condición en que los padres y las madres quedan sin un hijo, en cambio, ni siquiera hay vocablo en ninguna cultura que se atreva a describirla. Así para los horrores y el infierno que el narco Estado mexicano nos ha impuesto desde hace muchos años: tampoco conocíamos una palabra para esto. Como no conocemos hoy palabra alguna, por ejemplo, para describir el rostro desollado del joven Julio César Mondragón, uno de los estudiantes caídos durante la desaparición de sus 43 compañeros.
Al referirse a la pertinencia de la poesía en medio de este horror inédito en el que cotidianamente habitamos, el crítico literario James Wood recurre en uno de sus ensayos a una escena de la película El eclipse, de Antonioni. En ella vemos a un corredor de bolsa perder todo su capital en la caída de la economía italiana. Monica Vitti, la protagonista, lo sigue por las calles de Roma temiendo que el hombre se quite la vida. En un café, el corredor de bolsa pide un trago y pergeña algunos garabatos en una servilleta. Cuando se marcha, Monica Vitti se apresura a tomar el papel temiendo algún indicio de lo que podría ser una nota suicida. Pero lo que ella encuentra inesperadamente es el dibujo detallado de un bella flor. La poesía, es decir, la vida, subsistiendo incluso en momentos de crisis sistémicas.
Tal como en la escena de Antonioni, en aquella única ocasión en que pude escucharlo, Sicilia hizo un recorrido sobre la función de la poesía y de la palabra en momentos críticos del país en los que el horror ha rebasado al lenguaje, momentos en que lo ha despojado de significado, momentos de horror en los que se ha extraviado el sentido. Y con él, por tanto, se ve amenazada la continuidad de los ciclos del tiempo y de la milpa. Es decir: la continuidad de la vida a capricho de un régimen capitalista y necropolítico.
La poesía –y el arte en general– crea tensión con el poder. Lucha por el espacio de enunciación y territorio simbólico también en pugna cuando el trauma como colectividad nos ha dejado sin palabras. Cuando el trauma colectivo –tal cual nos ocurrió como país con Ayotzinapa– nos ha dejado desapalabrados.
El Estado, el poder, por su lado, luchan no sólo por imponerse a toda costa. Luchan también para plantar sus símbolos, para instaurar una narrativa monolítica dictada por éstos. Es entonces que la palabra, que la poesía, el arte, pugnan por abrir grietas, por sembrar desde abajo la semilla de la crisis en las narrativas de los de arriba.
Javier Sicilia, padre de Juan Francisco, al igual que Mario González, padre de César Manuel de Ayotzinapa, le espetaron en su momento al entonces administrador de este infierno Enrique Peña Nieto: “Usted no tiene corazón”. Cómo se puede hablar de superar el dolor cuando decenas de miles de padres y madres no tienen a sus hijos, ni los cuerpos de sus hijos y, a cambio, les ofrecen polvo y muerte y olvido.
Hoy, a 13 años del asesinato de Juan Francisco y a nueve de la desaparición forzada de César Manuel y sus 43 compañeros de Ayotzinapa dentro de la misma guerra, no tememos equivocarnos ya respecto al profundo desprecio de AMLO por las víctimas que su gobierno y los anteriores han dejado regadas por todo el país: ese hombre no tiene corazón.